Otoño caliente / Ignacio Ramonet

Como si las vacaciones de verano fuesen un manto de olvido que disipase la brutalidad de la crisis, los medios de comunicación han tratado de distraernos con dosis masivas de embrutecimiento colectivo: Eurocopa de fútbol, Juegos Olímpicos, aventuras estivales de ‘famosos’, etc. Desean hacernos olvidar que una nueva andanada de recortes se avecina y que el segundo rescate de España será socialmente más lastimoso… Pero no lo han conseguido. Entre otras razones, porque los audaces aldabonazos de Juan Manuel Sánchez Gordillo y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) han roto el conjuro y mantenido la alerta social. El otoño será caliente.

En una conversación pública mantenida en agosto pasado (1) con el filósofo Zygmunt Bauman coincidíamos en la necesidad de romper con el pesimismo imperante en nuestra sociedad desengañada del modo tradicional de hacer política. Debemos dejar de ser sujetos individuales y aislados, y convertirnos en agentes del cambio, en activistas sociales interconectados. “Tenemos el deber de tomar el control de nuestras propias vidas –afirmó Bauman–. Vivimos un momento de grave incertidumbre donde el ciudadano no sabe realmente quién está al mando, y esto hace que perdamos la confianza en los políticos y en las instituciones tradicionales. El efecto en la población es una situación constante de miedo, de inseguridad… Los políticos sugestionan a los ciudadanos para que siempre tengan miedo, y así poder controlarlos, constreñir sus derechos y limitar las libertades individuales. Estamos en un momento muy peligroso, porque las consecuencias de todo esto afectan nuestra vida diaria: nos repiten que debemos tener seguridad en el trabajo, mantenerlo a pesar de las duras condiciones de empleo y de precariedad, porque así obtendremos dinero para poder gastar... El miedo es una forma de control social muy poderosa”.

Si el ciudadano ya no sabe quién está al mando es porque se ha producido una bifurcación entre poder y política. Hasta hace poco, política y poder se confundían. En una democracia, el candidato (o la candidata) que, por la vía política, conquistaba electoralmente el poder Ejecutivo, era el único que podía ejercerlo (o delegarlo) con toda legitimidad. Hoy, en la Europa neoliberal, ya no es así. El éxito electoral de un Presidente no le garantiza el ejercicio del poder real. Porque, por encima del mandatario político, se hallan (además de Berlín y Angela Merkel) dos supremos poderes no electos que aquél no controla y que le dictan su conducta: la tecnocracia europea y los mercados financieros.

Estas dos instancias imponen su agenda. Los eurócratas exigen obediencia ciega a los tratados y mecanismos europeos que son, genéticamente, neoliberales. Por su parte, los mercados sancionan cualquier indisciplina que se desvíe de la ortodoxia ultraliberal. De tal modo que, prisionero del cauce de esas dos rígidas riberas, el río de la política avanza obligatoriamente en dirección única sin apenas margen de maniobra. O sea: sin poder.

“Las instituciones políticas tradicionales son cada vez menos creíbles –dijo Zygmunt Bauman– porque no ayudan a solucionar los problemas en los que los ciudadanos se han visto envueltos de repente. Se ha producido un colapso entre las democracias (lo que la gente ha votado), y los dictados impuestos por los mercados, que engullen los derechos sociales de las personas, sus derechos fundamentales”.

Estamos asistiendo a la gran batalla del Mercado contra el Estado. Hemos llegado a un punto en que el Mercado, en su ambición totalitaria, quiere controlarlo todo: la economía, la política, la cultura, la sociedad, los individuos… Y ahora, asociado a los medios de comunicación de masas que funcionan como su aparato ideológico, el Mercado desea también desmantelar el edificio de los avances sociales, eso que llamamos: “Estado de bienestar”. 

Está en juego algo fundamental: la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, se está privatizando (o sea: transfiriendo al mercado) de forma silenciosa la educación. Con los recortes, se va a crear una educación pública de bajo nivel en el que las condiciones de trabajo estructuralmente van a ser difíciles, tanto para los profesores como para los alumnos. La enseñanza pública va a ­tener cada vez más dificultades para favorecer la emegencia de jóvenes de origen humilde. En cambio, para las familias acomodadas, la enseñanza privada va a conocer seguramente un auge mayor. Se van a crear de nuevo unas categorías sociales privilegiadas que accederán a los puestos de mando del país. Y otras, de segunda categoría, que sólo tendrán acceso a los puestos de obediencia. Es intolerable.

En ese sentido, la crisis probablemente actúa como el shock, del que habla la socióloga Naomi Klein en su libro La Doctrina del shock (2): se utiliza el desastre económico para permitir que la agenda del neoliberalismo se realice. Se han creado mecanismos para tener vigiladas y bajo control a las democracias nacionales, para poder aplicar (como está pasando en España y pasó antes en Irlanda, Portugal o Grecia) feroces programas de ajuste vigilados por una ­nueva autoridad: la troika que ­forman el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo; unas instituciones no democráticas cuyos miembros no son elegidos por el pueblo. Instituciones que no representan a los ciudadanos. 

Y sin embargo, esas instituciones –con el apoyo de unos medios de comunicación de masas que obedecen a los intereses de grupos de presión económicos, financieros e industriales– son las encargadas de crear las herramientas de control que reducen la democracia a un teatro de sombras y de apariencias. Con la complicidad complaciente de los grandes partidos de gobierno. ¿Qué diferencia hay entre la ­política de recortes de Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy? Muy poca. Ambos se han ­inclinado servilmente ante los especuladores financieros y han obedecido ciegamente a las consignas eurocráticas. Ambos han liquidado la soberanía nacional. Ninguno de los dos tomó decisión política alguna para ponerle freno a la irracionalidad de los mercados. Ambos consideraron que, ante los dictados de Berlín y el ataque de los especuladores, la única solución consiste –a semblanza de un rito antiguo y cruel– en sacrificar a la población como si el tormento inflingido a las sociedades pudiera calmar la codicia de los mercados.

En semejante contexto, ¿tienen los ciudadanos la posibilidad de reconstruir la política y de regenerar la democracia? Sin duda. La protesta social no cesa de amplificarse. Y los movimientos sociales reivindicativos se van a multiplicar. Por ahora, la sociedad española aún cree que esta crisis es un accidente y que las cosas volverán pronto a ser como eran. Es un espejismo. Cuando tome conciencia de que eso no ocurrirá y de que estos ajustes no son “de crisis” sino que son estructurales, que ­vienen para quedarse definitivamente, entonces la protesta social alcanzará probablemente un nivel importante. 

¿Qué exigirán los protestatarios? Nuestro amigo Zygmunt Bauman lo tiene claro: “Debemos construir un nuevo sistema político que permita un nuevo modelo de vida y una nueva y verdadera democracia del pueblo”. ¿A qué esperamos?

(1) En el marco del Foro Social organizado en el seno del Festival Rototom Sunsplash en Benicàssim (Castellón) del 16 al 23 de agosto de 2012. www.rototomsunsplash.com/es

(2) Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre, Paidós, Barcelona, 2007.

Cuatro supuestos activistas marroquíes intentan ocupar el Peñón de Vélez de la Gomera a cambio de dinero y fama

 MELILLA.- Un grupo de cuatro supuestos nacionalistas marroquíes han tratado por motivaciones económicas y fama en su país de "ocupar" este miércoles el Peñón de Vélez de la Gomera, un territorio de soberanía española situado frente a las costas marroquíes. Pero fracasaron y fueron detenidos y esposados por militares españoles de los Regulares de Melilla, que vigilan permanentemente el enclave, según las informaciones facilitadas por los propios activistas.

La acción ha sido organizada por el Comité de Coordinación para la Liberación de Ceuta y Melilla, según ha explicado su presidente y alcalde de la localidad de Beni Enzar (localidad situada al sur de Melilla), Yahya Yahya, quien estaba presente a distancia en la costa marroquí como organizador de la intentona.

Según Yahya, los cuatro activistas han llegado al peñón con varias banderas marroquíes que pensaban plantar en la cima, pero han sido detenidos nada más llegar por la guarnición militar española de los Regulares que guarda el lugar, situado a medio camino entre Ceuta y Melilla, y unido a tierra por un amplio istmo de arena.

El presidente de la organización ha señalado que los manifestantes fueron "esposados y tumbados en el suelo", y ha agregado que creía que serían trasladados en helicóptero, hacia las costas españolas. Su versión no ha sido confirmada por fuentes oficiales españolas.

Versión española
 

Fueron siete los nacionalistas (uno de ellos para dejar testimonio gráfico de la burda intentona) que de madrugada se acercaron al Peñón de Vélez y se fotografiaron al amanecer frente a la roca y cuatro de ellos, que Yahya describió como «jóvenes universitarios», escalaron sus paredes y ondearon algunas banderas marroquíes.

Según el relato del activista, también organizador, Saíd Chramti, igualmente presente en la acción, la intentona de los jóvenes duró un cuarto de hora: tras fotografiarse con las banderas entre las paredes rocosas, comenzaron a gritar «Alá es grande» y «Viva el Rey» (de Marruecos), y fueron esos gritos los que alertaron a los soldados españoles de Regulares que resguardan el Peñón.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla aseguraron que los Regulares solicitaron a los jóvenes que abandonaran el Peñón y que «en ningún momento se utilizó la fuerza», lo que es completamente incierto a tenor de las imágenes distribuidas posteriormente vía Internet.

Esas mismas fuentes españolas desmintieron que los cuatro jóvenes hayan sido detenidos, como había denunciado Yahya, quien aseguró que sus cuatro compañeros habían sido «esposados y tumbados en el suelo», extremo visible en las fotografías, donde se les ve boca abajo a los cuatro.

Las fuentes de la Delegación del Gobierno de Melilla aseguraron que los supuestos activistas abandonaron «voluntariamente» el Peñón, tras declarar a los soldados que actuaron «por motivaciones económicas», en alusión a un posible pago por su acción, lo que también parece más que probable, según se desprende de las fotografías propagandísticas realizadas.

El tal Chramti, que también se quedó en la playa para evitar ser detenido o tiroteado, puntualizó falsamente que la acción ha sido «puramente una iniciativa de la sociedad civil, y el Gobierno marroquí no ha tenido nada que ver», y de hecho criticó a su gobierno por no haber puesto entre sus prioridades «la liberación de Ceuta y Melilla».

De hecho, siete horas después de producirse el asalto, los medios oficiales marroquíes ni siquiera se habían hecho eco de él, al quedar convertido en una chapuza como la de isla Perejil.

«Es solo el principio de una serie», dijo Yahya, quien anunció, sin dar detalles, nuevas acciones para «liberar» las islas y peñones de posesión española que reclama Marruecos (Ceuta, Melilla, los peñones de Vélez y de Alhucemas y las Islas Chafarinas), unas acciones para las que cuentan con «cientos» de voluntarios.

El Comité que preside Yahya ha protagonizado en el pasado acciones de reivindicación nacionalista junto a la frontera de Melilla.

Para la Delegación del Gobierno de Melilla, el suceso de hoy ha sido un mero «acto de propaganda en contra de los intereses» de España, y subrayó que este grupo ya ha tratado de «focalizar en Melilla y Ceuta acciones de tipo partidista y contrarías a la soberanía española de ambas ciudades».

La Delegación «lamenta y condena» los hechos que se han producido y los circunscribe a «intentos fallidos de tensionar y entorpecer las relaciones entre España y Marruecos», pues la acción fue protagonizada por «activistas antiespañoles» en un peñón cuya única presencia es militar.

Nunca fué marroquí

El Peñón de Vélez de la Gomera (35°10′21.29″N 4°18′2.89″O) es un peñón español, que originalmente, era una isla rocosa hasta el terremoto de 1930, y se encuentra situado en el norte de África, a 126 km al oeste de Melilla y a 117 km al sudeste de Ceuta, limita con el continente por un istmo de arena, o tómbolo. Tiene una extensión de 19.000 m² aproximadamente y una altitud máxima de 87 m sobre el nivel del mar. Actualmente y de forma permanente, este peñon esta habitado por efectivos de varias unidades del Ejercito de Tierra, para proteger y evitar posibles intentos de ocupacion por parte del Estado de Marruecos.
Esta isla es uno de los enclaves militares de España en el norte de África, en la costa que se encuentra entre Ceuta y Melilla, cuya posesión retuvo España después de la independencia de Marruecos, debido al hecho de que no formaba parte del protectorado español de Marruecos.
En concreto este peñón fue ocupado por primera vez por los españoles el 23 de julio de 1508, cuando una escuadra española mandada por Pedro Navarro aniquiló al poderoso núcleo de piratas que lo defendían. En 1522 Muley Mohámed, señor del territorio en el que se encontraba el Peñón (Badis), consiguió apoderarse del mismo. Finalmente, el 6 de septiembre de 1564, García Álvarez de Toledo y Osorio, marqués de Villafranca del Bierzo y Virrey de Cataluña, recupera el Peñón para España por orden de Felipe II. Para ello contó con una Armada compuesta por 93 galeras y 60 buques menores.
El Peñón de Vélez de la Gomera se ha mantenido ininterrumpidamente bajo soberanía española desde ese momento. En 1921, en el contexto de la Guerra de Marruecos, se decidió reforzar la presencia española en el mismo. El peñón fue atacado, y se evacuó a la población civil en abril de 1922 con los submarinos B-1 e Isaac Peral (A-0), apoyados por el acorazado España; posteriormente, tuvo que ser abastecido en junio de 1922 por los submarinos A-3, Isaac Peral (A-0) y B-1.
Hoy día carece de valor estratégico militar y ya en las Cortes de 1872 se propuso su abandono o voladura, aunque estas propuestas no llegaron a prosperar.
El antiguo islote rocoso quedó unido a tierra firme por los efectos de un terremoto en 1930.
En la actualidad depende de la capitanía marítima de Melilla.

Las cajas de ahorro preparan una nueva oleada de despidos masivos para el otoño

MADRID.- Los empleados de las cajas de ahorro se enfrentan a un otoño caliente, con una nueva ronda de despidos que en algunos medios digitales cifran en más de 5.000 personas. La fecha clave para el pistoletazo de salida se producirá tras la primera quincena de septiembre, cuando las auditorías independientes detallen qué entidades recibirán ayudas del rescate europeo, según http://www.elboletin.com.

Según los cálculos de los sindicatos, desde que se inició la crisis más de 30.000 trabajadores de los bancos y cajas han perdido su empleo, un 11,1% de las plantillas que existían en 2008. La nueva ronda de ayudas del rescate de 100.000 millones de euros llevará aparejadas nuevas condiciones de reestructuración por parte de Bruselas. En otras palabras, más despidos y cierres de sucursales.

Una entidad que podría tener que recibir ayudas es BMN. La entidad, de la que el ministro de Economía, Luis De Guindos, fue consejero antes de asumir su cartera, quedó fuera de la nueva ronda de fusiones y tiene difícil poder realizar los saneamientos del ladrillo a cargo de sus resultados. El grupo surgido de la fusión de Caja Murcia, Sa Nostra, Caja Granada y Caixa Penedès, necesita algo más de 1.000 millones de euros para realizar las provisiones exigidas por los dos reales decretos aprobados por el Gobierno este año.

Por lo pronto, BMN ha iniciado en la segunda quincena de agosto el ‘Segundo Plan de Adecuación Laboral’, que estará ejecutado previsiblemente para principios de octubre. 389 trabajadores han presentado solicitudes para adherirse a esta nueva reestructuración de la plantilla, de los que 353 han pedido bajas voluntarias, 25 suspensiones y 11 excedencias.

Las entidades en procesos de fusión también deberán recortar sus plantillas al regreso del verano si finalmente reciben parte del rescate. Es el caso del proceso de Unicaja y Caja España Duero. Los rumores apuntan a que 1.800 empleados podrían abandonar la entidad. En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores.

Más complicado es el caso de la fusión a tres bandas entre Ibercaja, Liberbank y Caja3, ya que, según han publicado algunos medios digitales, si el proceso finalmente requiriese ayudas públicas, Ibercaja podría plantearse romper el acuerdo o, como poco, reformular el reparto de poder.

Se da el hecho de que Liberbank surgió precisamente de una fusión rota, cuando Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura, las tres entidades que la conforman, rompieron su acuerdo con la CAM hace aproximadamente un año. Su unión ya provocó un ajuste que afectó a 1.227 empleados, un 17% de su plantilla.

Casos aparte son los de las tres entidades nacionalizadas, Bankia, Novagalicia y CatalunyaCaixa, que aglutinarán la mayor parte de las ayudas públicas, y cuyo futuro está incluso en el aire al abrirse la puerta a que el FROB liquide entidades.

Bankia, formada por Caja Madrid, Bancaja y las cajas de Avila, Segovia, La Rioja, Insular de Canarias y Laietana, ya aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 3.700 trabajadores, el 16% de la fuerza laboral, tras su fusión.

Mientras, Novagalicia ha eliminado un total de 1.904 empleos para cumplir con las exigencias de su plan de reestructuración, a los que se sumarán 700 puestos de trabajo más hasta el 2013, según el expediente de regulación de empleo (ERE) en vigor, que contempla además otras 1.400 suspensiones de contratos. CatalunyaCaixa eliminó 1.300 puestos de trabajo con la fusión de las cajas de Catalunya, Tarragona y Manresa. Otra incógnita es qué ocurrirá con Banco de Valencia, que cuenta con 2.000 empleados.

Ocho cosas que no hay que olvidar / Eduardo Punset *

Lo peor que le puede ocurrir a los españoles en este mes de agosto es creerse que les viene un mal año encima. Es paradójico que el conocimiento más sencillo indique a las claras que «se acabó lo que se daba» y que no hay más remedio que volver a empezar, esta vez en serio; y que podemos hacerlo perfectamente si no nos empeñamos en decir que la culpa es de los alemanes. Tal vez por ello valga la pena recordar las ocho cosas que no debiéramos haber olvidado nunca.

• Primera. Aunque pocos se acuerden, hubo una cosa llamada «el milagro español», que, obviamente, muchos creían que se había instalado para siempre. Ni aquello podía durar toda la vida, como creían muchos políticos y un gran número de ciudadanos, ni la crisis de ahora va a durar eternamente. El milagro español empezó a mediados de los años 60 con los primeros turistas; el famoso boom inmobiliario lo mantuvo hasta 2007.
• Segunda. La demanda de pisos fue la mayor registrada por ningún país industrializado, de tal manera que el sector público y, sobre todo, el sector privado no pararon de aceptar préstamos del extranjero hasta situarse en el segundo puesto de países más endeudados del mundo. Solo nos ganaba en deuda con el extranjero Estados Unidos, con la gran diferencia de que el dólar seguía siendo una moneda que cualquiera quería aceptar como reserva y que el endeudamiento en porcentaje del producto no representaba ni de lejos el estrafalario porcentaje de España.
• Tercera. Poco a poco fuimos aceptando que con el euro habíamos empezado la casa por el tejado, constituyendo la unión monetaria antes de la unión económica; de manera que cada uno podía ir a su bola y anular el invento si no se imponían medidas de precaución.
• Cuarta. Habrá habido quien haya recordado el pasado nazi de los alemanes y su responsabilidad en las dos guerras mundiales, olvidándose de que España estuvo al lado de los supuestamente culpables y por mucho más tiempo.
• Quinta. El Gobierno alemán, gracias a su influencia en Bruselas y en el Banco Central Europeo, ha sabido recordar a los políticos españoles que había llegado el momento de la verdad. Que era imposible volver a empezar a pedir prestado sin apenas condiciones y sin iniciar en serio las reformas necesarias para salir del atolladero.
• Sexta. Que la negociación con la Unión Europea no es una negociación similar a la que tiene un estado autonómico con su Gobierno central. Ni el Gobierno de Cataluña ni el Gobierno andaluz pueden comportarse como niños malcriados alegando que, pase lo que pase, ellos tienen sus propias prioridades que pasan por encima de todo el resto. La Unión Europea es la suma de varios Estados que en su conjunto tienen un peso específico y un proyecto de futuro bastante más serio que el nuestro.
• Séptima. El Fondo Monetario Internacional ha comprobado el sistema elemental para medir la situación económica y financiera de un país. Mi experiencia de economista del Fondo Monetario Internacional –en la que cada dos meses estaba de analista de lo que le pasaba a un país del universo– es que muy a menudo los economistas y políticos instalados en el país observado no sabían o no querían aprender lo que les pasaba. Y sin embargo, bastaba con conciliar las cuatro tablas de la balanza de pagos, del sistema bancario, del acumulado fiscal y de la evolución del producto para saberlo.
• Octava. Si en lugar de insultarse, este país decidiera sacar pecho no para arremeter contra los demás, sino para poner en marcha procesos tan serios como los que fue capaz de llevar a cabo en el pasado –salir de la dictadura a la democracia e iniciar el proceso de apertura al exterior–, los españoles podrían pasar un buen año.

Frutas y legumbres, estrellas de la exportación española

MADRID.- Hay sectores ecónomicos que crecen, como es el caso de las exportaciones. Las ventas de productos fabricados en España, lejos de contraerse, crecieron un 3,4% en el primer semestre del año con ingresos de 109.974,4 millones de euros. Gracias a estos incrementos, el saldo comercial con la Unión Europea registró un superávit de 5.539,5 millones, mucho mayor que el de 1.587 millones del mismo semestre de 2011, según Abc. 

En comparación con el resto de socios europeos, desde que empezó la crisis en 2009 (y hasta finales de 2011), las exportaciones españolas son las que más han crecido, un 36%, frente al 32% de subida en Alemania y el 30% de Italia. Además, la previsión total para 2012 sitúa a España por delante de las grandes potencias europeas, con un aumento del 2,1% anual, frente al 1,3% de Francia, el 1,7% de Alemania o el 0,9% calculado para Italia, según el Fondo Monetario Internacional. 

Pero, ¿cuáles son los productos españoles que nos hacen triunfar en el extranjero? Todos los sectores suben de forma global, excepto el decadente sector del automóvil, con un marcado protagonismo de las frutas y legumbres, maquinaria para la industria y material para la construcción de transporte, según el último informe de comercio exterior del Ministerio de Economía.

Bienes de equipo

Las exportaciones del sector de bienes de equipo registraron un aumento del 0,2% interanual en el primer semestre y reportaron un total de 21.166 millones de ingresos por productos incluidos en esta área. Dentro de ella, destaca la maquinaria para la industria que reportó 5.935,6 millones y el material para la construcción de transporte (4.859 millones), con especial relevancia en volumente del utilizado en las carreteras (aunque disminuyó respecto al año pasado). Sí cayó especialmente la exportación del material para la construcción de buques con un 71,6% menos.

Alimentos

La venta de productos alimentarios gana peso (16.746,2 millones de euros), un 9,5% más interanual, en detrimento de otros sectores como el del automóvil, que perdió un 9,9% de importancia en el primer semestre. La huerta española fue la reina en este ámbito con un monto de 6.893,9 millones de euros obtenidos con la venta de frutas y legumbres. Por detrás se situó la carne (2.229,6 millones), bebidas (1.558,4 millones) y la pesca (1.412 millones). Pese al buen dato de exportaciones, hay que tener en cuenta que España mantuvo un nivel alto de compras de alimentos en el extranjero que supusieron un total de 13.459 millones de euros, con un peso predominante de las bebidas importadas del exterior.

Automóvil

Pese a ser el tercer sector en ventas con 16.238 millones, fue el único que registró una caída interanual del 9,9% de enero a junio. El descenso de la compra de coches también hizo caer las importaciones en este área un 9,3%, aunque todavía suponen una cifra elevada de 12.787 millones.

Productos químicos

Representaron un total de 15.894 millones en ingresos. En este sector, los más exportados fueron los medicamentos por valor de 4.338,3 millones y en segundo lugar, los plásticos (4,211,9 millones).

Textiles, calzado y juguetes

Las cifras positivas en este área (8.932 millones en el segundo semestre) quedaron eclipsadas por un dato aún mayor de los bienes que fueron importados, 11.648 millones de euros. No obstante, la tendencia evoluciona claramente a favor de España con un aumento de las exportaciones (6,8%) frente a un descenso de las importaciones (-8,5%).

Sector energético

Aquí encontramos el talón de Aquiles de España. Tenemos una gran dependencia del exterior en productos energéticos (31.145 millones en importaciones en el primer semestre de 2012) como el petróleo y derivados (24.173 millones), gas (5.941 millones) y carbón y electricidad (1.031,4 millones). Las exportaciones expañolas en este área se quedan muy lejos y supusieron apenas 7.398 millones en el mismo periodo.

Los países que más compran a España

Los países que importaron un mayor volúmen de productos españoles en el primer semestre de 2012 son los siguientes (en millones de euros):

 

Francia 18.947,5 (-1,6%)

Alemania 11.822,7 (+7,4%)

Italia 8.123,4 (-6,9%)

Portugal 7.448,1 (-9,3%)

Reino Unido 6.669,4 (-2,3%)

E.E.U.U. 4.284,9 (+1%)

Ceaccu denuncia a Ryanair por los aterrizajes forzosos en Valencia por falta de combustible

MADRID.- La Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (Ceaccu) ha elaborado una demanda que presentó esta mañana ante la Dirección General de Aviación Civil contra la compañía Ryanair por el incidente ocurrido el pasado 26 de julio en el aeropuerto de Valencia cuando tres aviones tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia por falta de combustible.

   El abogado de la confederación de consumidores, Eugenio Ribón, explicó que en caso de que se comprueben los hechos, se trata de una "infracción grave" por comprometer la seguridad de los pasajeros, que conllevaría una multa de cuatro millones de euros y tres años de suspensión de licencia para volar por España.

   Los hechos ocurrieron cuando tres aviones de Ryanair tuvieron que ser autorizados a efectuar un aterrizaje de emergencia el pasado jueves 26 de julio en el aeropuerto de Valencia, al que fueron desviados desde Barajas, tras lanzar un aviso por falta de combustible, según informó el 'Sunday Independent', de Dublín.

    En la ciudad levantina tuvieron que permanecer en cola en vuelo, a la espera de recibir permiso para aterrizar, algo que se adelantó a raíz de la llamada de emergencia emitida por los comandantes de Ryanair, que alertaron de que no disponían de combustible suficiente y consiguieron prioridad para aterrizar.

   El combustible que deben cargar los pilotos de la aerolínea irlandesa para sus viajes está estipulado en un plan de eficiencia presupuestaria de la compañía, del que se ha informado a la tripulación en al menos dos memorándum en los últimos meses.

   Así, se obliga a los pilotos a repostar la cantidad "mínima necesaria" para cumplir su plan de vuelo, y cualquier exceso debe ser justificado por escrito. Sin embargo, según el 'número dos' de la Dirección de los pilotos de Ryanair y capitán de la base de Stansted, Shane McKeon, "continúa habiendo un pequeño número de comandantes que parecen tener problemas" con este protocolo.

   "Algunas de las explicaciones dadas por los comandantes de vuelo para cargar fuel de más no son aceptables. La excusa más irracional es que les gusta aterrizar con tres toneladas de combustible. Ésa no es la política de Ryanair, es totalmente inaceptable y no es para lo que se les paga", ha afirmado McKeon.

Los inmigrantes usan con menor frecuencia la mayoría de servicios sanitarios que la población española

ZARAGOZA.-   Las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios, según se pone de manifiesto en un informe elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) sobre la realidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en España y las consecuencias de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

   Este estudio, realizado por Francisco Javier Falo Forniés, profesional con más de 25 años de experiencia en salud pública y colaborador de ECODES, se ha efectuado ante la publicación del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones y la propuesta de hacer pagar a los inmigrantes sin papeles 710 euros anuales por la asistencia sanitaria.

   ECODES ha mostrado su "preocupación" por las repercusiones que pueden derivarse de estas medidas. Respecto al informe, refleja que "pueden ser variadas" las razones por las que las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios.

   Entre ellas, menciona la menor necesidad, las dificultades en la accesibilidad al sistema y los problemas de comunicación, para subrayar que el coste de la atención de la población inmigrante "es menor que para los propios de aquí".

   Según el informe, y al igual que ocurre con la población autóctona, "hay que acudir a los determinantes ambientales y sociales para explicar la frecuencia y la tipología de servicios sanitarios a los que se acude".

   El estudio, además, hace énfasis en las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de las nuevas medidas. "Las personas no dejarán de enfermar porque un decreto lo regule, simplemente los esconderemos y, si hay que atenderlos, lo haremos en un recurso más caro y especializado, el de las urgencias", apunta el estudio.

   Agrega que no hay que olvidar la necesidad que puede haber de intervención en problemas de salud pública "para cortar la transmisión de enfermedades, imposible de plantear si quien padece una enfermedad no tiene medios para ser atendido o comprar medicamentos".

Golpe de Mohamed VI a la corrupción en las fronteras de Ceuta y Melilla

MADRID.- Las fronteras terrestres y portuarias de Marruecos, sobre todo las más transitadas como las de Ceuta y Melilla y los puertos de Tánger y Nador, son un foco de corrupción que padecen con frecuencia aquellos que las cruzan. El rey Mohamed VI ha asestado un golpe a esas malas prácticas ordenando, en plena Operación Paso del Estrecho, una investigación que ha provocado la detención de unos 50 gendarmes, policías y aduaneros, según publica hoy 'El País'.

Para saltarse la larga cola de pasajeros que desembarcan, conseguir que el aduanero no abra todos los paquetes con regalos que trae el emigrante o simplemente obtener la indispensable hoja a rellenar para entrar en el país, es necesario dar un bakshis (propina) al funcionario de turno o a parados que deambulan por la zona fronteriza y que revierten a la autoridad parte de sus ganancias.

Por eso “ciudadanos marroquíes residentes en el extranjero han formulado diversas quejas a raíz de las molestias que padecieron al cruzar varios puestos fronterizos del Reino”, según reconoce un comunicado publicado por el palacio real de Marruecos en vísperas del fin de semana.

Tras recibir esas reclamaciones el soberano convocó en Casablanca una reunión urgente de los ministros de Interior, Mohan Laenser, y de Economía y Hacienda, Nizar Baraka, así como del comandante en jefe de la Gendarmería, el general Hosni Bensliman, y del director general de Aduanas, Zuhair Chorki.

El monarca, que “está siempre a la escucha” del “conjunto de los ciudadanos allí donde estén”, les ordenó que abriesen una investigación “sobre esos comportamientos delictivos de corrupción y de acoso por parte de miembros de los servicios de seguridad destinados en esos puestos fronterizos”. Algunos de ellos han sido ya detenidos “y serán juzgados por los tribunales competentes”.

Marruecos siempre ha mimado a sus inmigrantes, que constituyen una fuente importante de divisas, a los que ahora intenta librar del hostigamiento en las fronteras. Pero las que padecen a diario la corrupción son también las miles de porteadoras marroquíes que introducen a diario mercancías de contrabando procedentes de Ceuta y Melilla. Hace ya diez años el semanario Al Ayam de Casablanca calculó que las “propinas” que entregaban ascendían a unos 90 millones de euros anuales que se repartían los funcionarios destinados en esas fronteras, las más transitadas de África.

La orden de investigar impartida por Mohamed VI obedece, sin duda, a su deseo de reprimir la corrupción, pero también intenta así demostrar al Ejecutivo, presidido por el islamista Abdelila Benkiran, que no tiene el monopolio de la lucha contra esa plaga. Durante su campaña electoral y en su programa de Gobierno, Benkiran puso especial énfasis en anunciar su empeño en erradicar la corrupción.

Operación Paso del Estrecho

A los problemas habituales de la Operación Paso del Estrecho (OPE), que organiza el traslado a través de los puertos españoles de los inmigrantes norteafricanos en Europa que regresan de vacaciones a sus países de origen, se ha añadido este año uno más: el atasco crónico de la frontera de Melilla con Marruecos.

La quiebra de dos navieras marroquíes que enlazaban, entre otros destinos, los puertos de Almería y Beni Enzar, en la provincia de Nador, ha desviado parte del flujo de viajeros hacia Melilla, que ha recibido durante la primera parte de la OPE un 10% más de pasajeros y un 22,7% de vehículos.

La demora para cruzar con un coche de Melilla a Marruecos es de entre dos y tres horas de media por lo que el presidente de la ciudad autónoma española, Juan José Imbroda, pidió en julio la colaboración de las autoridades de Rabat para agilizar el paso fronterizo.

Globalmente la OPE registra, sin embargo, este año menos pasajeros y menos vehículos que el año pasado. La disminución se debe, probablemente, a la crisis económica que azota a Europa –los emigrantes marroquíes en paro recortan gastos y renuncian a viajar- y a la competencia de los vuelos de compañías aéreas de bajo coste que enlazan el Viejo Continente con Marruecos.

Políticos opositando: ahí los quiero ver / Arturo Pérez-Reverte *

Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.

Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.

Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.

Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano. 

(*) Periodista y miembro de la Real Academia Española

El PSOE estima que el límite de deuda supondría despedir a 5.000 empleados públicos en la provincia de Almería

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE de Almería y parlamentario autonómico, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado que las medidas impuestas por el Gobierno central en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) pueden suponer "el cierre de algunos de los hospitales de la provincia, echar el cerrojo a colegios e institutos de enseñanza o el despido de más de 5.000 empleados públicos en la provincia".

   En rueda de prensa, Sánchez Teruel ha llamado a la unidad de todas las formaciones políticas para que, como representantes de los ciudadanos de Almería y por encima de sus siglas, exijan al Ejecutivo central que se brinde a Andalucía "el nivel de endeudamiento que le corresponde para mantener así los servicios públicos".

   Con esto, el líder de los socialistas almerienses ha instado al PP e IULV-CA a reclamar "con una sola voz" los intereses ciudadanos, si bien posteriormente ha especificado que el objetivo es que todos trabajen en una misma dirección pero "en el ámbito en el que cada uno pueda intervenir".

   Para Sánchez Teruel, las decisiones adoptadas en el CPFF del pasado martes ponen de manifiesto "que los dirigentes del PP tienen entre ceja y ceja a Andalucía, viven obsesionados con la Junta de Andalucía y con abortar las políticas que ponen de manifiesto que hay un camino diferente para superar las dificultades".

   En este sentido, parlamentario andaluz ha explicado que el nivel de endeudamiento impuesto por el PP a Andalucía demuestra "la doble vara de medir que siempre ha tenido, tiene y tendrá la derecha con los suyos y con los que no son suyos", con lo que ha comparado Andalucía con otras regiones gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana en cuestión de límite de deuda.

   "A las --comunidades autónomas-- de los aeropuertos sin aviones, a los de los trajes, siempre les busca la manera de que los problemas sean menos problemas, y a las demás les aplican el 'que se jodan', la ley del embudo o los recortes, y lo hacen a sabiendas de que asfixiando a Andalucía están asfixiando a los andaluces, algo intolerable e inadmisible en cualquier gobernante", ha criticado Sánchez Teruel.

   De esta forma, ha considerado "cómplices" a los dirigentes del PP de Almería, ya que "aparte de estar de vacaciones y con un retén al mando del diputado Castellón, están ciegos, sordos y mudos" ante las políticas gubernamentales y la situación de los ciudadanos, a quienes ha animado a decirle a Rajoy que "a Andalucía hay que tratarla igual que a las demás y si no contamos con los dirigentes del PP para ello lo haremos el resto de los ciudadanos, sumaremos nuestra voz a la del resto de provincias y juntos lo conseguiremos".

El Gobierno, preocupado por la debilidad del turismo interno

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha destacado la buena marcha del turismo de extranjeros, que podría hacer que España superase a final de 2012 los 58 millones de visitantes internacionales, aunque ha expresado su preocupación por la evolución del turismo nacional.

"Estamos preocupados por el comportamiento del turismo nacional", ha dicho Soria, según declaraciones de la entrevista recogidas en la página web de Expansión.

"Es un reflejo directo de la evolución de la economía y de la caída en los niveles de renta disponible de los españoles, unido al drama que supone la cifra de más 5,6 millones de personas paradas en España".

Tras la debacle del sector inmobiliario, el turismo se ha convertido en una pieza fundamental en la economía española, con un peso del 11 por ciento en el Producto Interior Bruto.

El ministro también se refirió en la entrevista a la esperada reforma energética, reiterando a las empresas energéticas que ningún sector quedará al margen, y que el necesario ajuste lo soportará el sector, el Estado y los ciudadanos.

La reforma busca frenar el déficit de tarifa, un desfase que ya supera los 25.000 millones de euros y que se genera porque los ingresos obtenidos vía recibo de la luz son insuficientes para cubrir todos los costes del sistema.

Con este objetivo Industria intentará "llegar al equilibrio" con un aumento de los ingresos del sistema, que se sustentará en "algunas tasas, algunos cánones, algunos impuestos", dijo Soria, según declaraciones recogidas en lainformacion.com.

De cara al futuro, Soria ha adelantado que el objetivo del Gobierno para este año es "taponar" la generación de déficit de tarifa y que, a partir del próximo año, entrará en la "modificación en profundidad" de la ley del sector eléctrico para abordar aspectos relativos a la fijación de la tarifa de la luz.

"Lo que hay que plantearse es: ¿este sistema sigue siendo un sistema eficaz? ¿Es un sistema que permite obtener el mejor precio al consumidor? Eso formará parte del siguiente paso de la reforma", dijo a la agencia.

La deuda andaluza por habitante es inferior a la de "todos los 'länder' alemanes"

SEVILLA.- La deuda pública por habitante de Andalucía es inferior a la del resto de comunidades autónomas españolas y de todos los 'länders' alemanes, según un informe hecho público por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, donde precisa que en el caso del 'länder' de Bremen, éste "muestra un nivel de deuda por habitante 16 veces superior al de Andalucía, analizando datos de 2010".

   Según este informe, en términos per cápita, los 'länders' presentan niveles de deuda pública "muy superiores a las comunidades autónomas en España, 7.800 euros, frente a 3.035 euros", de forma que "las regiones alemanas deben más del doble por habitante que las españolas".

   En este contexto, apunta que Andalucía, con una deuda pública por habitante de 1.699 euros per cápita, "se sitúa por debajo de todas las comunidades autónomas y de todos los 'länders' alemanes, donde destaca Bremen, que muestra un nivel de deuda por habitante 16 veces superior al de Andalucía, esto es, 27.282 euros por habitante, según el dato referido a 2010".

   El informe reconoce que la economía española "está registrando una presión creciente en los mercados de deuda soberana, que se está reflejando en un aumento continuado de la prima de riesgo, esto es, el diferencial entre el rendimiento del bono español respecto al alemán". Se apunta que entre las causas que se argumentan para explicar este fenómeno se encuentra la situación financiera de las comunidades autónomas.

   En ese sentido, el estudio esgrimido por la Junta apunta que "sin embargo, si se comparan los datos financieros de gasto público y deuda de las comunidades autónomas españolas con los de los Estados alemanes ('länder'), se observa que los resultados en las regiones españolas son relativamente más favorables".

   Así, en relación con el gasto público, con información homogénea de la OCDE ('Government at a glance 2011'), referida al año 2009, las comunidades autónomas españolas "realizan más de la mitad del gasto público llevado a cabo por el conjunto de administraciones públicas (50,9 por ciento), porcentaje muy superior al que suponen los Länders alemanes (37,6 por ciento del total)".

   Asimismo, apunta que las necesidades de financiación en los 'länders' alemanes, en términos de déficit público, "supusieron en 2011 el 36,1 por ciento del total de las administraciones públicas, peso similar al del gasto", pero agrega que "en cambio, la participación de las regiones españolas en el déficit público total (34,9 por ciento), es significativamente inferior al peso que tienen en el gasto".

   En términos de deuda, las comunidades autónomas españolas "concentraron en 2011 menos de la quinta parte (19,1 por ciento) del total de las administraciones públicas en España, 11,4 puntos menos que los estados alemanes, que concentraron el 30,4".

   Asimismo, la deuda pública acumulada en 2011 de las regiones españolas era de 140.083 millones de euros, "casi cinco veces menor que la de los 'länders', donde ascendía a 637.630 millones de euros".

   Si estas cantidades se ponen en relación con el PIB generado en 2011, "mientras que en España la deuda de las comunidades autónomas era del 13,1 por ciento del PIB, en Alemania era casi el doble, el 24,8 por ciento del PIB", mientras que en Andalucía, la deuda pública "fue menor, del 9,8 por ciento del PIB".

   Por tanto, según el informe, "las comunidades autónomas españolas, que concentran un porcentaje del gasto público total muy superior a la que se observa en los 'länders' alemanes, presentan una posición mucho más favorable en términos financieros de contribución al déficit y la deuda pública que en Alemania".

Griñán: "Si no reclamara a Rajoy lo que nos corresponde, estaría prevaricando"

SEVILLA.- El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha querido dejar claro que si la Junta no reclamara al Gobierno de la Nación lo que corresponde a esta comunidad "estatutaria o legalmente, estaría prevaricando" y ha advertido de que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy no puede esperar que se le diga "sí bwana" a los decretos ley que ha aprobado sin "hablarlos con nadie" por el hecho de que Andalucía "comparta el objetivo de país".

   Griñán ha expresado su voluntad de dialogar y de buscar consensos con el Gobierno central para afrontar esta difícil situación económica y ha aludido a la "sintonía" que hubo en la entrevista que mantuvo el pasado lunes en Moncloa con el presidente español, Mariano Rajoy, diluida un día después por las diferencias surgidas entre Junta y Gobierno en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Tras la sesión del CPFF, de la que se marchó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, por desacuerdo con el límite de endeudamiento fijado para la comunidad, el jefe del Ejecutivo andaluz no dudó en exigir al Gobierno central "responsabilidad y lealtad institucional", lo que exige "diálogo, comunicaciones previas e información anterior a las reuniones y que no se produzcan imposiciones de ningún tipo" para facilitar acuerdos.

   Frente a ello, Griñán ha destacado que en su encuentro con Mariano Rajoy hubo "cooperación para objetivos compartidos, pero lealtad para la crítica", además de mucha coincidencia en el diagnóstico de la crisis. "Por primera vez le vi hablar de la crisis no aludiendo ni a herencias recibidas ni a promesas cumplidas o incumplidas, sino de la situación real, más allá de los propios mercados financieros", ha expresado.

   También se ha felicitado por la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, apuntando que esa reunión debe servir para determinar cuál es el objetivo fundamental de gasto que hay que priorizar y ha incidido en que para Andalucía, es básico el gasto en educación.

   "Hubo sintonía, sin perjuicio, como le trasladé al presidente del Gobierno, de cooperación para objetivos compartidos, pero lealtad para la crítica", según Griñán, quien ha querido dejar claro que, en modo alguno, puede compartir ni la reforma laboral ni que para afrontar el problema de la sanidad tengamos que cambiar un sistema de cobertura universal por un sistema de aseguramiento ni una reforma en educación que es "una regresión".

   En todo ello, según ha señalado, "también hay lealtad" porque la ciudadanía tiene que ver que hay dos modelos diferentes, un modelo de derecha y uno de izquierda. Griñán ha insistido en que mantuvo una conversación muy amable con el presidente del Gobierno, en la que ambos encontraron la lealtad de decirse lo que pensaban y de saber que si bien las "políticas nos pueden separar, el valor España nos une".

   El presidente de la Junta ha insistido en expresar su desacuerdo con el camino que está siguiendo el Gobierno central para hacer frente a la crisis, apuntando que una política solo de austeridad "debilita o impide el crecimiento" y ha expresado que parte de la desconfianza que existe hacia España, es porque estamos diciendo que no vamos a crecer.

   "Confrontar, que significa comparar, es la esencia de la democracia y el enfrentamiento ya es otra cosa", ha señalado José Antonio Griñán, para quien confrontar ideas y proyectos distintos es la esencia de la democracia y eso lo va a hacer siempre su Gobierno.

   Asimismo, ha expresado que si su Ejecutivo no reclamara al Gobierno central lo que corresponde a esta comunidad "estatutaria o legalmente, estaría prevaricando", al tiempo que ha indicado que el Ejecutivo central no puede esperar que se le diga "sí gwana" a los decretos ley que ha aprobado sin "hablarlos con nadie".

   "Lo que no se puede pensar es que por que coincidamos en el objetivo de país, incluso en un análisis compartido de la crisis económica, tengamos ya forzosa y necesariamente que aceptar cualquier cosa que se decida por decreto ley", ha apuntado Griñán, que también ha querido dejar claro que Andalucía intentará cumplir con el objetivo de déficit fijado para las comunidades.

Comienza este lunes la subasta de una treintena de barcos abandonados en puertos andaluces

SEVILLA.- La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía abre este lunes el proceso de adjudicación de 33 embarcaciones que han quedado abandonadas durante los últimos años en siete puertos autonómicos gestionados directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, una subasta para la que se han recibido, en el plazo habilitado para ello, que concluyó el pasado día 31 de julio, un total de 323 ofertas de interesados en participar en la misma y adquirir alguno de dichos barcos.

   El precio de salida de las pujas oscila entre los 500 y los 25.000 euros en función de la eslora de cada embarcación y del estado de deterioro que presentan, algo que puede consultarse en la página web de la Agencia de Puertos --'www.puertosdeandalucia.com'--, donde se detallan las características de cada barco y se ofrece una fotografía de los mismos.

   Los barcos que entrarán en esta subasta coinciden en ser embarcaciones que no reúnen los "requisitos mínimos" para la navegación de recreo y que carecen de la documentación pertinente, por lo que, según ha recordado la Junta, corresponderá a sus futuros dueños la responsabilidad de solventar estos problemas antes de hacerse con ellos de nuevo a la mar.

   El proceso de adjudicación se realizará desde la oferta económica más alta. En caso de empate entre dos o más ofertas, se adjudicarán primando la fecha de presentación de la oferta más temprana al inicio del proceso. Si aún así se mantiene el empate, se realizará una puja individual en sobres cerrados, a presentar antes del día y hora que fije la mesa de la subasta. En el supuesto de persistir el empate, la embarcación se sortearía públicamente entre los ofertantes.

   Una vez abiertos los sobres este lunes, el proceso de adjudicación se realizará en los 15 días restantes, de manera que los nuevos propietarios puedan abonar la cantidad acordada y en un mes retiren la nave. Si el adjudicatario incumpliera estos plazos "de forma injustificada", el barco se volvería a adjudicar, esta vez a la segunda mejor oferta presentada en la subasta. Los que no resulten adjudicados en todo este proceso serán desguazados y sus restos tratados como residuos.

El Gobierno aprueba la exclusión de la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular

MADRID.- El Gobierno español ha dado hoy luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.

   De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.

   Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.

   Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indican desde este organismo.

   En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".

   Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.

   Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000 millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan.

   Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.

   No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", sostienen desde la institución.

   Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.

   Además, será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya fallecidas".

Cajamar invertirá 15 millones de euros en su edificio del PITA

ALMERÍA.- Cajamar invertirá 15 millones de euros en la construcción de su nuevo edificio en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) que constará de cinco plantas y unos 18.000 metros cuadrados construidos, así como con capacidad para 732 puestos de trabajo donde trabajarán personas de las empresas instrumentales del Grupo Cajamar dedicadas a la innovación y aplicación de conocimiento.

   Según ha trasladado la entidad en una nota, el proyecto del nuevo edificio se ha adjudicado finalmente a Arapiles Arquitectos tras un proceso de selección que se ha extendido durante cuatro meses y en el que han participado una veintena de gabinetes profesionales.

   Así, las previsiones apuntan a que el inmueble a construir en la tecnópolis se comienza a edificar en enero del próximo año, si bien antes el estudio deberá completar y finalizar el proyecto básico para presentarlo en septiembre en el Ayuntamiento de Almería y así solicitar las licencias correspondientes. La entidad ha estimado un plazo de ejecución aproximado de 18 meses, con lo que su finalización se ha previsto para julio de 2014.

   Entre otras dependencias, el inmueble contará con salas de reuniones, salas de formación, servicios, laboratorios y talleres de pruebas, archivo documental y almacenes, cafetería-restaurante, sala de descanso, guardería y espacios verdes. Igualmente, el edificio constituirá un espacio común donde las empresas que prestan su servicio a la entidad desarrollen su actividad de la forma más eficiente posible.

   El Estudio de Arquitectura Arapiles Arquitectos está formado por los arquitectos almerienses Curra Fernández, Segundo Cañadas, Alfonso Monje y Luis Fernández, su director. Además, para esta ocasión, al objeto de garantizar los aspectos técnicos de mayor especialización, han ampliado su equipo técnico habitual con personal de la empresa de ingeniería Savener Proyectos, especializada en sostenibilidad y calificación energética y de Enar Envolventes Arquitectónicas, empresa especializada en la resolución técnica de todo tipo de fachadas y envolventes singulares.

   Cajamar pretende transmitir con este inmueble una imagen de "expresividad, sin que sea ni literaria ni simbolista, sino una expresividad meramente formal", con "la manifestación de sus espacios interiores hacia el exterior". Los criterios estéticos "responden de forma directa a los condicionantes medioambientales del entorno". Se trata de un edificio que tiene cinco fachadas, todas ellas a espacio público y cada una con una orientación dominante.

   Las fachadas de levante y poniente se visten de forma casi idéntica, son orientaciones simétricas y la respuesta es la misma: volúmenes blancos con huecos verticales profundos que impiden la penetración del sol que, en esas orientaciones, siempre está inclinado. Las jambas de los huecos se achaflanan aleatoriamente para facilitar las vistas y matizar la monótona repetición de huecos, tanto al interior como, fundamentalmente, al exterior.

   La fachada sur, fragmentada por los retranqueos producidos por la volumetría, presenta grandes huecos panorámicos protegidos por voladizos horizontales. El sol por allí pasa muy vertical. La cubierta, especializada en la captación solar, la iluminación y la recogida de aguas pluviales, y, resuelta técnicamente para aislar, se muestra como una fachada más para ser contemplada desde el aire.

   La comisión ejecutiva del PITA aprobó en noviembre del pasado año la petición de Cajamar para adquirir por 1,3 millones de euros dos parcelas del recinto con una edificabilidad de más de 11.400 metros cuadrados situadas a la entrada de la tecnópolis en las que ubicar su edificio de servicios avanzados. El centro se ubicará concretamente en las parcelas SCO 1-1 y SCO 1-2 en la Avenida de la Innovación.