sábado, 14 de julio de 2012

La Diputación busca atraer turistas de países escandinavos a la costa almeriense


ALMERÍA.- El Patronato Provincial de Turismo de Almería continúa con su intensa labor de negociación tanto con empresas turísticas y hoteleras como con responsables municipales de la provincia para intentar abrir el destino 'Costa de Almería' a nuevos mercados, centrando su enfoque en países como Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega o Islandia. 

   Según ha informado la Diputación de Almería en una nota, el vicepresidente de Diputación, Javier A. García, y la gerente de este organismo, Natalia Díaz, han mantenido diferentes reuniones con el director comercial en Andalucía del tourperador sueco 'Sehrs Tourism', así como con empresarios y representantes municipales de diferentes localidades, para estudiar la posible ampliación de los acuerdos de colaboración existentes con esta empresa escandinava.
   Así, se han producido encuentros entre la gerente y el representante de 'Sehrs Tourism' con responsables turísticos y empresarios de Vera, Mojácar, Níjar, El Ejido y Roquetas de Mar. Durante estas reuniones, se ha analizado la incidencia que ha tenido la llegada de turistas suecos a la provincia y la posibilidad de abrir algunos de estos municipios como oferta hotelera para éstos.
   Asimismo, también han analizado las perspectivas que hay de renovar con los mercados vigentes en la actualidad y, además, ampliar a otros nuevos como son los finlandeses, daneses, noruegos e islandeses.
   Según ha explicado el vicepresidente de Diputación, de cara al próximo año se quiere lograr que Almería sea el "destino preferido" por los países escandinavos, que son en la actualidad los de mayor poder adquisitivo.
   "No obstante, la gerente ya está trabajando para diversificar la demanda y está preparando un nuevo Plan Estratégico de Acciones Comerciales que permita negociar con touroperadores la llegada de turistas de toda Europa y de países vecinos como Portugal y Francia", ha detallado Javier A. García.

El caso de El Algarrobico sigue su curso, al margen de la nueva ley

MADRID.-  El caso del hotel "El Algarrobico" seguirá su curso, encaminado previsiblemente a su demolición, y queda al margen de la nueva ley de costas, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Gobierno en Consejo de Ministros.

Así lo ha asegurado hoy el responsable del Programa Marino de WWF, Jose Luis García Varas, tras recordar que el pasado 9 julio el Gobierno central y la Junta de Andalucía anunciaron que habían encargado a la empresa de licitaciones públicas Tragsa un informe sobre la demolición de este hotel de 20 plantas y 400 habitaciones, situado en el parque natural Cabo de Gata.
Existe una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que establece en 100 metros el deslinde urbanístico en esa zona protegida, lo que, a juicio de Greenpeace, hace "ilegal e ilegalizable" la edificación, que se levanta a sólo 50 metros de la playa conocida como El Algarrobico.
La futura Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido y cuenta con una "cláusula anti algarrobicos", para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que la futura norma tampoco permitirá obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes, hoteles...), y que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
En sus disposiciones adicionales la futura ley amnistía a un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, lo que no significa, según Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.

Opina el alcalde de Carboneras

El alcalde de la almeriense localidad de Carboneras, Salvador Hernández, ha señalado este sábado que la reforma de la Ley de Costas, en la que se incluye la denominada cláusula 'antialgarrobicos', llega tarde porque "el daño ya está hecho". 
   La reforma de la Ley de Costas de 1988, anunciada este viernes por el Consejo de Ministros, elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.
   La norma incluye además la denominada cláusula 'antialgarrobicos', una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la legislación.
   Sin embargo, en opinión del alcalde de Carboneras, el problema existente con el hotel construido en el paraje del Algarrobico, es un problema que no puede ser resuelto a estas alturas, esto "viene de antes". La solución por parte del Gobierno llega, "como siempre", tarde, pues "el daño ya está hecho", el problema "no se puede hacer retroactivo", añade Hernández.
   "Me parece muy bien que esta reforma se apruebe para evitar que en un futuro pase lo que ha pasado en El Algarrobico, pero esto no soluciona ningún problema, porque el daño ya está hecho", ha señalado el alcalde de la localidad almeriense.  
   "¿Dónde está la seguridad jurídica en España?", se pregunta Hernández, "el hotel tiene todos los permisos en regla, sino no se hubiera podido construir. Por eso ahora no sirve de nada que siga paralizado. La solución es que el edificio se ponga en funcionamiento. Es una inversión de 50 millones de euros y manteniéndolo paralizado no se resuelve ningún problema", concluye el dirigente.

También opina Equo

Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo,  Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".
El calificativo de tibieza por parte del Gobierno en relación al Algarrobico y su demolición, le "parece poco" al líder de Equo, para quien el Ejecutivo "está dando marcha atrás" en algo que ha habido un amplio consenso social y espero que ese consenso se mantenga y finalmente se derribe.
Se puede, ha concluido, asumir el coste de su derribo: no es un problema de coste. Hay elementos que se convierten en símbolos de tal calibre que realmente el coste económico es pequeño en comparación con lo que supone el mensaje que se lanza.

Rajoy pide a la militancia del PP andaluz que no se avergüence por las medidas


GRANADA.- El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha pedido este sábado a la militancia andaluza de su partido que no se "avergüence" por las medidas "nada fáciles" de tomar que se han tenido que aprobar y que salga a la calle con la "cabeza bien alta y con el orgullo de que no estáis defendiendo los intereses particulares de nadie, sino trabajando en beneficio de todos los españoles". 

   Durante su intervención en Granada en la clausura del 13º congreso regional del PP-A, Mariano Rajoy ha manifestado que se está trabajando en "beneficio de los que nos aplauden, de los que se callan e incluso de los que protestan, sin atender a ninguna consideración partidista". Ha indicado que comprende las "frustraciones y el malhumor" que están provocan los "sacrificios" que estás medidas suponen, pero ha advertido de que si no se adoptaran "las cosas estarían mucho peor".
   "No vengo hablar de números ni de cosas técnicas ni decretos ni del BOE ni de leyes ni de reglamentos", ha expresado Rajoy, quien sí ha venido a este congreso regional a decir que hay una tarea "por delante gigantesca" que solo se puede llevar a cabo desde la firme convicción de que "hacemos lo que debemos hacer" para superar esta crisis. "A lo mejor no hacemos lo que nos gustaría, pero hacemos lo que debemos, que es nuestra principal obligación ante el conjunto de los españoles", ha sentenciado Rajoy, quien tiene la convicción de que su Gobierno está cumpliendo con su deber y que está siguiendo el único camino que conduce a la recuperación, el crecimiento económico y la creación de empleo.
   Ha expresado que si hay algo que da sentido a las decisiones que está adoptando su Gobierno son los más de cinco millones de personas que no pueden trabajar porque no encuentran un empleo, entre ellos muchos jóvenes, y todos esos ciudadanos que pasan dificultades y que sienten "desánimo, que tienen dudas y que viven con estrecheces".
 "Cuando digo que hacemos lo que debemos hacer es porque estamos pensando en ellos", ha apuntado.
   Rajoy es consciente de que se están tomando decisiones que "no son agradables ni populares y desde luego que no son nada fáciles de tomar". 
"Son muy difíciles de tomar y no es agradable ni para mí ni para los ministros ni para el PP subir los impuestos o reducir sueldos ni ver como viven muchos españoles, pero es nuestro deber", ha indicado.
   Rajoy ha hecho mención a la herencia recibida del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "sabíamos que la situación era muy difícil, pero cuando llegamos, nos dimos cuenta que era mucho más difícil de lo que pensamos", lo que ha llevado a tener que adoptar ahora un "camino difícil y cargado de sacrificios por el que necesariamente hay que transitar para salir del pozo".
   Ha querido dejar claro que pretender abordar la actual situación sin sacrificios y sin acometer reformas "es absurdo, pura ingenuidad y es imposible, porque nadie nos va a regalar nada".
   Asimismo, el presidente ha querido dejar claro que va a decir en cada momento la verdad de lo ocurre porque la economía necesita credibilidad y los españoles, que no esperan milagros, tienen como mínimo derecho a conocer la verdad.
   Se ha mostrado convencido de que España saldrá de esta difícil situación porque "vamos por el buen camino" y hay un Gobierno que tiene "determinación y es plenamente consciente de dónde está y cual es el objetivo y las medidas que hay que adoptar".
   El presidente también se ha mostrado seguro de que una gran mayoría de españoles sabe que las medidas que se han adoptado son necesarias y que España acabará saliendo adelante. Rajoy ha rechazado los tópicos sobre España, "no los aguanto", que hay en estos momentos en otros países de la Unión Europea.

UGT-A y CCOO-A llaman a los andaluces a "boicotear" las medidas del Gobierno

SEVILLA.-   Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han llamado a los andaluces a protagonizar una "disidencia activa" contra las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, instando no sólo a salir a las calles de forma sostenida y permanente para contestarlas sino a realizar un "boicot" a las mismas desde la Comunidad autónoma, subrayando que no descartan convocar una nueva huelga general antes de que termine el año.

   Los secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero, han realizado este llamamiento después de mantener una reunión con el coordinador general de IULV-CA y vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien ha resaltado la "coincidencia casi total" de su fuerza política con los planteamientos de los sindicatos, que le llevará a "caminar juntos frente a los ataques del Gobierno", comenzando por la manifestación prevista para el próximo 19 de julio.
   Pastrana ha afirmado rotundamente que ya "no es suficiente con manifestarse por las calles", sino que ha llegado el momento de realizar "un auténtico boicot" a determinadas medidas planteadas por el Ejecutivo. En este sentido, ha indicado que "los medicamentos se cobran si se pagan, pero si no se pagan, no se cobran".
   Y es que el dirigente de UGT-A ha lamentado tanto la "obsesión del Gobierno por atacar a Andalucía todo lo posible para que vaya a la quiebra económica" como las decisiones "inmorales" tomadas en Consejo de Ministros este viernes sobre la reducción de la prestación por desempleo, la subida del IVA o la reducción de los salarios y condiciones de trabajo de los empleados públicos.
   Así, ha asegurado que estas medidas "no son consecuencia del déficit de España" sino de del "préstamo a la banca" realizado desde Europa. "Decía Rajoy que la intervención no iba a tener consecuencias para los ciudadanos (...) y ahora resulta que nos traslada una catarata inmensa de castigos sobre los más débiles como consecuencia de ese rescate al que no quiere llamar rescate", ha aseverado.  
   Por su parte, Francisco Carbonero ha criticado que si "Rajoy ha decidido perseguirnos hasta la tumba" --lamentando que "hoy cuesta 100.000 pesetas más morirse que ayer", en referencia a la subida del IVA al 21 por ciento en servicios funerarios--, los sindicatos también van a "perseguir" en Andalucía las políticas del Gobierno.
   De este modo, ha apostillado que el Gobierno de Rajoy "no va a ser bien recibido" en la Comunidad andaluza, y "menos los ministros andaluces". Así, ha criticado que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, "no puede decir que sube el IVA porque hay economía sumergida" cuando "no busca una política fiscal equitativa" en el país, mientras "extorsiona a la Junta al no transferir los recursos necesarios" y "ha quitado las políticas activas de empleo".
   Por tanto, ha animado a todos los andaluces a secundar la movilización del próximo 19 de julio, porque considera que actualmente "sólo cabe el camino de confrontar la sociedad andaluza" contra unas políticas "absolutamente injustas que buscan hacer más pobres a los pobres para que los ricos sean cada vez más ricos".
   El líder de IULV-CA y vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas, ha asegurado que su formación se unirá a las movilizaciones planteadas por los sindicatos mayoritarios andaluces, comenzando por la del 19 de julio, pues su federación va a estar "en la lucha" por la defensa de los derechos de los trabajadores y un combate frente al "sadismo económico de los recortes" del Gobierno de España.
   Así, ha manifestado que, frente a estas políticas, considera necesario consultar a los ciudadanos sobre cómo "combatir" las mismas, por lo que ha indicado que "si hay que llegar a hacer un referéndum, estamos dispuestos a abrir este paso".
   En este sentido, Valderas ha asegurado que la "actitud hostil" de las medidas del Ejecutivo "sitúa a la comunidad andaluza al pie de la asfixia económica". No obstante, ha vuelto a subrayar que "no se puede admitir que haya una doble línea de ataque a los funcionarios públicos por la política de recortes del Estado y del Plan de Equilibrio Económico de Andalucía".
   Por este motivo, ha asegurado que planteará personalmente al Consejo de Gobierno la necesidad de "retirar, congelar o aplazar todo lo que significa en el plan de equilibrio el Capítulo I", así como el Grupo de IU en el Parlamento trasladará el mismo planteamiento a la Cámara andaluza.

El sector lácteo almeriense es el primero andaluz en exportaciones y el cuarto de España gracias a sus cabras

ALMERÍA.- El sector lácteo de Almería es el cuarto de España y primero de Andalucía que más leche ha exportado en el primer cuatrimestre de este año, en el que han vendido 640.000 litros de leche de cabra fuera de las fronteras españolas, esto es, un 0,78 por ciento más que en el mismo periodo de 2011. 

   La importante cabaña de ganado caprino hace que el cien por cien de este producto --elaborado como cuajada-- se comercialice en Francia, donde es utilizado para la elaboración de sus quesos. Y es que la leche de cabra de Almería, principalmente la de la raza murciano-granadina, es muy apreciada por el sector lácteo francés por sus cualidades y su gran calidad, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
   De acuerdo con sus datos, la venta de leche de Almería entre enero y abril ha superado los 2,6 millones de euros, un 12,6 por ciento más que en periodo de referencia. Esta facturación supone el 4,3 por ciento de las exportaciones de leche desde España, donde sólo tres provincias --por la producción de leche de vaca-- venden más producto que Almería: Lugo, con una cuota de mercado del 42,7 por ciento, Asturias  con un 21,2 por ciento, y Salamanca, con un 4,9 por ciento.
   En la clasificación provincial de sectores exportadores, el de la leche ocupa el decimocuarto puesto, con una cuota del 0,2 por ciento, según el último informe del Icex. El sector lácteo almeriense produjo el pasado año algo más de 45,4 millones de litros de leche --500.000 menos que en 2010--, valorados en 23,3 millones de euros, es decir, medio millón más que en el ejercicio anterior.
   La mayor parte de la producción de leche corresponde al ganado caprino, que el año pasado produjo casi 41 millones de litros, con una facturación de 21,8 millones de euros. El resto, unos 4,5 millones de litros, fueron de leche de vaca, cuya producción obtuvo un valor de 1,5 millones de euros.
   El sector lácteo de Almería, aunque de forma testimonial, también vende fuera productos elaborados. En el primer cuatrimestre del año ha exportado 260 kilos de queso, un 38 por ciento más que el año pasado, en operaciones comerciales por las que ha facturado casi 2.000 euros, un 95,3 por ciento más que el año pasado. El cien por cien del queso que exporta Almería se vende en el mercado de Andorra.  
   La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente apoya la apuesta del sector lácteo almeriense por la diversificación y la mejorara de la calidad de sus productos, así como por la búsqueda de nuevos mercados. Una muestra de este apoyo es la subvención pública de casi un millón de euros concedida hace unos meses a las agroindustrias La Pastora de Taberno, Los Filabres y Caprinova para mejorar la estructura productiva de sus explotaciones ganaderas.
   Asimismo, este año, la Administración autonómica ha respaldado proyectos como el de la empresa Quesos Monteagud, de Uleila del Campo, aprobada recientemente en el Grupo de Desarrollo Rural Filabres-Alhamilla; o la aprobada en el Grupo de Desarrollo Rural del Levante, para la creación de una quesería artesanal en Bédar, para la elaboración de queso de cabra de alta calidad.

La nueva ejecutiva socialista de Sánchez Teruel es respaldada por casi el 78% de los delegados


ALMERÍA.-   La nueva Comisión Ejecutiva del PSOE de Almería resultante del XII Congreso provincial del partido, que trabajará bajo la coordinación del reelegido secretario general, José Luis Sánchez Teruel, ha sido respaldada por un 77,73 por ciento de los votos de los delegados.

   Según ha informado el PSOE en un comunicado, además de la reestructuración de los órganos de la dirección del partido a nivel provincial, también se ha renovado la composición del Comité Provincial, la Comisión de Ética y la Comisión Revisora de Cuentas, además de la representación del PSOE de Almería en el Comité Director del PSOE de Andalucía
   En la nueva Ejecutiva del PSOE de Almería, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla Rodríguez, ha sido renombrado presidente del partido, y Juan Carlos Pérez Navas, secretario de Organización. Mientras, Adela Segura deja la Secretaría de Movilización y Acción Electoral, que ocupará desde ahora Mª Carmen de la Paz, para hacerse cargo de la Secretaría de Política Municipal e Institucional.
   Por otro lado, de la Secretaría de Economía y Empleo se encargará Francisco Giménez; de la de Salud y Servicios Sociales, Gracia Fernández; de Formación y Nuevos Afiliados, Francisco Guil; de Educación y Cultura, María Gádor; de la Secretaría de Agricultura, Ana Belén Zapata; y de Ideas, Antonio Amérigo.
   Entretanto, Rubén Rodríguez será a partir de este sábado el secretario de Participación, Redes e Innovación; Emilio Sánchez de Amo, su homólogo en Comunicación e Información a Militantes. Además, la Secretaría de Turismo corresponderá a Manuel Zamora; y la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a José Manuel Rodríguez.
   Entre los secretarios comarcales, dentro de la Ejecutiva provincial de los socialistas de Almería se ha nombrado a Antonio Cabrera en la comarca de Los Vélez; María González del Levante; Basilisa Ibáñez de la comarca de Nacimiento; José Berruezo y Francisco Martínez de la comarca de Almanzora; Domingo Ramos y Clemente Morales de la comarca de los Filabres; Rafaela Ortega, Cristóbal Baños y Juan Jiménez Tortosa serán los responsables de la Secretaría de la comarca del Andarax; y por último José Miguel López se hará cargo de la comarca del Poniente.
   Por su parte, los vocales de la Ejecutiva regional son: Josefa Requena, Mª Petronila Sánchez, Emma Sola, Antonio López, María del Carmen Núñez, Paqui Pérez, Juan Antonio Lorenzo, Antonio Fernández, José Joaquín Martínez (vocal secretario) y María Isabel Juárez.
   Respecto a la renovación de la composición del Comité Provincial, la candidatura de Isabel Arévalo ha sido respaldada con un 72,2 por ciento, mientras la de Ana Cano lo ha hecho con un 27,8 por ciento. Además, la propuesta de Antonio Bonilla para el Comité Director ha sido apoyada por un 73,7 por ciento, frente a la de José Miguel Alarcón que obtuvo un 26,3 por ciento.
   De la misma manera, en el cónclave provincial se ha aprobado la Comisión de Ética con un respaldo del 81,17 por ciento de los delegados; al igual que la Comisión Revisora de Cuentas, que ha obtenido un apoyo del 81,33 por ciento.

Sánchez Teruel, reelegido secretario general del PSOE provincial con el 81,6% de los votos

ALMERÍA.- José Luis Sánchez Teruel ha resultado este sábado reelegido como secretario general del PSOE de Almería con el 81,6 por ciento de los votos emitidos por los delegados asistentes al XII Congreso Provincial de esta formación, según ha informado el partido.

   Tras conocer el resultado de la votación, Sánchez Teruel ha asegurado que este sábado comienza "un nuevo tiempo" en el que el PSOE debe "sumar más que nunca, porque los retos a los que se enfrenta" son "mayores que nunca".
   El "compromiso" que, a juicio del líder de los socialistas almerienses, tiene el PSOE provincial con los ciudadanos consiste en "trabajar para darle respuesta a sus problemas" sobre la base de "los valores que inspiran el socialismo", que son, en su opinión, "el respeto a la libertad de las personas, la igualdad de oportunidades y la justicia social como reglas básicas de convivencia, y la solidaridad como garantía y expresión de humanidad".
   "En tiempos de dictadura de los mercados, donde la política está intervenida por los hombres de negro, la libertad hay que defenderla más que nunca, porque más que nunca está amenazada", ha remarcado Sánchez Teruel, para quien "la igualdad de oportunidades es la única que, estando presente en las decisiones políticas, evita que se fomenten las distancias entre grupos sociales", algo que, según ha indicado, "es ahora la mayor amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas".
   Además, el reelegido secretario general del PSOE de Almería se ha referido también a la justicia social y la solidaridad como "las únicas armas que pueden garantizar que los más débiles no queden excluidos en nuestra sociedad".
   Sánchez Teruel, que ha definido su reelección como secretario general del PSOE almeriense como "la culminación de un trabajo y un punto y seguido para que Almería marque el camino", se ha mostrado convencido de que "vamos por el camino seguro", a la vez que ha querido remarcar que, "como siempre, está y estará al lado" del líder de los socialistas andaluces, José Antonio Griñán, con quien ha asegurado compartir "la misma motivación, la misma ilusión y el mismo entusiasmo".
   Además, ha querido dedicar palabras de agradecimiento tanto a los compañeros que le han votado como a los que no lo han hecho, porque "su opinión y su trabajo también han servido para ser más constantes si cabe, para rectificar aquello que no se estaba haciendo bien, para tender la mano a quien quisiera compartir con nosotros este proyecto colectivo y para perseverar en el cambio que había que darle al partido".
   En opinión del líder de los socialistas almerienses, el PSOE se enfrenta a "desafíos que invitan a sumar a todo el que quiera sumarse, desde la lealtad mutua de ida y vuelta y desde el compromiso con el trabajo para que el PSOE de Almería gane siempre".
   "Aquí dentro nos espera un reto, y ahí fuera nos espera otro", ha advertido antes de explicar que el reto interno es "hacer un gran partido en Almería, un partido más permeable con la sociedad, más abierto, y cuyo lema sea el trabajo, el trabajo y el trabajo"; mientras que "fuera esperan los tiempos difíciles que debemos, con nuestro trabajo, capacidad y esfuerzo, hacer más fáciles a los ciudadanos", ha concluido Sánchez Teruel.

Se acabó cobrar el paro y trabajar 'en negro'

MADRID.- El servicio público de empleo podrá suspender el abono de la prestación por desempleo a un parado "cuando se aprecien indicios suficientes de fraude" en el curso de investigaciones realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

   Así lo establece el Gobierno en el Real-Decreto ley de medidas antidéficit aprobado ayer y publicado este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), añadiendo así un nuevo párrafo al artículo 229 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social referido al control de prestaciones.
   El Ejecutivo también precisa en la norma que, entre las obligaciones de los perceptores de prestaciones por desempleo, estará la de acreditar ante los servicios públicos de empleo aquellas actuaciones que han emprendido dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción laboral o la mejora de su ocupabilidad.
   En este sentido, se advierte de que "la no acreditación" implicará que el desempleado ha incumplido el compromiso de actividad que firmó con la oficina pública de empleo.
   En cuanto a la Renta Activa de Inserción (RAI), el Gobierno señala que durante la inscripción como demandante de empleo deberá buscarse activamente empleo, "sin haber rechazo oferta de empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión" dirigidas a incrementar la ocupabilidad.
   Asimismo, la salida al extranjero, "por cualquier motivo o duración" interrumpirá la inscripción como demandante de empleo. En aquellos supuestos en los que se interrumpa la demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12 meses "ininterrumpido" desde la nueva inscripción.

Intervención / Manuel Castells *

Ya es oficial: la economía española ha sido intervenida bajo la tutela de la Comisión Europea, el BCE y el FMI. Y aunque los eufemismos terminológicos de un gobierno falaz intenten suavizar la imagen, las 32 condiciones del memorándum aceptado por el Gobierno a cambio del rescate financiero no dejan lugar a duda. Era necesario. Buena parte del sistema financiero está quebrado o en peligro, exceptuando por ahora Caixa Bank, Santander y BBVA. Incluso en estos hay activos inmobiliarios hoy fuera de mercado. Es necesario un "banco malo", una entidad gestora de activos devaluados que sólo pueden reflotarse a largo plazo. Entidad financiada con fondos externos para no agravar la situación de los bancos o del FROB cuyos recursos son insuficientes para enfrentarse a la insolvencia potencial del sistema. 

Como todo esto lleva tiempo (ni siquiera existe aún el MEDE , futuro gestor de los fondos europeos de estabilización) y la situación es insostenible, se inyectarán 30.000 millones de inmediato en el sistema bancario para evitar el colapso de las cajas nacionalizadas y el pánico que podría cundir cuando la gente sepa que el Fondo de Garantías de Depósitos apenas cuenta ya con recursos para cubrir los depósitos en caso de quiebra generalizada. A cambio de este rescate, Europa impone una política macroeconómica y presupuestaria de extrema austeridad. Y retira el control del Banco de España al Gobierno, con lo que nuestro banco central se convierte en el gestor de la supervisión europea de nuestro sistema financiero. 

Esa es la consecuencia de la gestión irresponsable y prepotente de Fernández Ordóñez, que ninguneó en su momento las airadas objeciones de los competentes inspectores del Banco de España. Si se imputa a Rato, con razón, con mucha más razón debería imputarse a quien le permitió a él y a otros muchos prácticas presuntamente fraudulentas que eran comentadas entre expertos europeos y negadas tozudamente por el exgobernador y sus jefes (¿recuerda la proclama de Zapatero en Nueva York vanagloriándose de que los bancos españoles estaban entre los más solventes del mundo?)

Mentiras, incompetencia, arrogancia y, a veces, estafa han caracterizado una gestión privada y una supervisión pública que han llevado a la bancarrota. Nada de crisis estructural del capitalismo (que también la hay, pero por otras vías), sino falta de transparencia en el sistema financiero y déficit democrático en la política. Por eso no es necesariamente negativa la intervención. Parecen más fiables los interventores que los intervenidos desde el punto de vista profesional y de responsabilidad. El problema de una intervención externa en términos tecnocráticos es que ni conoce ni le interesa la realidad del país, desequilibra el Estado autonómico y desestabiliza la sociedad. Por eso la crisis no se contiene, al contrario, ahora empieza en serio.

¿Por qué los mercados siguen incrementando la prima de riesgo y el interés de la deuda pública situándolos a niveles insostenibles ¿Por qué la Bolsa sigue cayendo? ¿Por qué el euro se devalúa frente al dólar a pesar de la debilidad de la economía estadounidense?

Porque los inversores saben que sin crecimiento no se podrá pagar la deuda pública y privada española o italiana o de tantos otros países y que, por tanto, en algún momento habrá que aceptar una quita masiva de la deuda en la que bancos y gobiernos se destrozarán para saber quién paga. Y como el gasto público es lo único que puede reactivar a corto plazo la economía, dando tiempo a los factores creadores de futuro (emprendiduría , innovación y exportación) para inducir la salida de la crisis, por ahora la contracción de la demanda en la eurozona reduce drásticamente el negocio, desvía la inversión hacia otras latitudes y hace dudar de la recuperación económica.

El escepticismo de los mercados refleja la desconfianza con respecto a las instituciones políticas, europeas y nacionales, carentes de una estrategia común, opacas entre ellas y alejadas de sus ciudadanos. Estamos en un mundo en que nadie confía en nadie, ni los bancos entre ellos, ni las empresas en los gobiernos, ni los gobiernos entre ellos, y mucho menos los ciudadanos en sus representantes y los clientes en sus bancos. Se ha destruido la confianza, que es la base de un mercado dinámico y de una democracia estable. Es el sálvese quien pueda. Y por eso cuando se piden sacrificios suena a manipulación cínica. 

¿Cómo viven los políticos y cómo viven los financieros en este momento mientras se piden sacrificios al pueblo? ¿En función de que se acepta el sacrificio, sobre todo cuando cualquier propuesta alternativa se acalla con rodillo parlamentario y cualquier protesta de disuelve a porrazos?

La inestabilidad institucional, social y política en la que desemboca necesariamente la intervención económica sin correctivos sociales no permite pensar en una estrategia de largo plazo para reconstruir la economía sobre bases socialmente sostenibles. La supervivencia día a día se va agotando mientras las familias se comen sus ahorros, los bancos retienen sus créditos y los políticos, casi todos compinchados, se apropian un poder que se suponía delegado y cierran puertas a la ciudadanía.

Aún hay algo más. Hay indicios de una gigantesca especulación de enormes masas de capital apostando contra el euro y preparándose a comprar a precio de saldo empresas, bienes raíces, instituciones financieras y hasta países enteros aprovechando la devaluación masiva que supondría la desintegración del euro. Resistir a esta megaespeculación global sí es una razón concreta para defender el euro; no los cuentos de terror para hacer tragar a la gente la destrucción de servicios esenciales en su vida.

 Esa resistencia pasa por un saneamiento integral del sistema financiero, incluyendo nacionalizaciones, liquidaciones y sanciones a los responsables. Y por una relegitimación del sistema político porque al Gobierno actual se le votó con un programa totalmente distinto. O sea nuevas elecciones. Si no se abren compuertas a la sociedad en una política renovada, hay riesgo de que la crisis financiera se convierta en crisis social de amenazantes perfiles.

(*) Catedrático de Sociología en España y Estados Unidos

El Gobierno exige a las Autonomías que se apliquen recortes en el aparato político

MADRID.- El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. 

“Las autonomías se tienen que redimensionar igual que hacemos todos”. Es el mensaje machacón que en los últimos días repite en público la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría y en privado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los consejeros de Economía de los gobiernos regionales. Los responsables de las comunidades insisten en que entre el 70 y el 80% de sus fondos van a los servicios de sanidad y educación para los ciudadanos, mientras el Ejecutivo afirma que les queda espacio para recortar: aparato político y de propaganda, más las empresas públicas, fundaciones y entes paralelos.

Sáenz de Santamaría no concretó nombres ni detalles después de que el Consejo de Ministros aprobara la mayor subida de impuestos y recorte de gasto público de la democracia, pero se le entendió claramente dónde cree que todavía hay margen de ahorro en la estructura del Estado. La vicepresidenta recordó que el Gobierno ha reducido y fusionado ministerios y suprimido puestos de altos cargos y asesores en toda la Administración central. Además, está agrupando o liquidando empresas, fundaciones, consorcios, observatorios, órganos reguladores y demás sector público paralelo.

La vicepresidenta pudo presumir ayer de la reforma de la administración local que el Gobierno puede acometer con su mayoría absoluta, y que supone entrar en un ámbito de autonomía municipal en que ningún Ejecutivo se había atrevido a entrar. Con el proyecto aprobado se establecen baremos salariales a los alcaldes (algunos ganan casi el doble que un ministro) en los Presupuesto Generales del Estado, se suprime el 30% de los concejales (21.000) que hay en España, se liquidan las mancomunidades de municipios, se quita la prestación de servicios a los más pequeños para que se lo queden las Diputaciones y se eliminan las empresas y entes municipales, lo que equivale a ahorrar 3.500 millones de euros, según los cálculos del Gobierno. Sólo eliminar las mancomunidades evitará al Estado gastar 700 millones al año.

En el Gobierno consideran que con los recortes ya aprobados, más los que aplicará en las próximas semanas a las empresas del sector público pendientes y los que planea hacer en los próximos Presupuestos Generales del Estado (reducción de plantillas de empleados públicos), están haciendo todo lo que tienen en su mano para reducir al mínimo la administración central sin tocar los servicios básicos: seguridad, justicia y defensa. Ayer, el Ejecutivo aplicó el mismo modelo a la administración local. Pero queda todo el ámbito de la administración autonómica que no puede tocar, sólo invitar a seguir el mismo camino y amenazar con el principio de estabilidad presupuestaria incluido en la Constitución y desarrollado en la ley orgánica correspondiente.

El Gobierno no tiene capacidad legal para imponer recortes políticos a las CCAA, aunque gestionen ya la mitad de los fondos públicos, pero sí controla sus fuentes de financiación. Al borde la quiebra técnica y con problemas hasta para pagar las nóminas de sus funcionarios, la mayoría de los gobiernos autonómicos (incluidos algunos del PP) se resisten a meter la tijera en su aparato político. Esperanza Aguirre se quedó sola al proponer una reducción del 50% en el número de diputados de la Asamblea de Madrid. El Gobierno no se atreve a pedir tanto en público, pero sí reprocha a los gobiernos autonómicos que no se apliquen, por ejemplo, a liquidar todo su sector empresarial público, que la mayoría ni ha tocado.

Sáenz de Santamaría encadenó ayer las explicaciones sobre la reducción del 30% en el número de concejales de los ayuntamientos con el llamamiento a la responsabilidad de las autonomías que se resisten a cumplir con el límite de su déficit fijado en un 1,5% para el próximo año. “No hay otro remedio”, insistió la vicepresidenta del Gobierno para añadir: “si todos hacemos un esfuerzo tendrán que redimensionarse todas las administraciones”.

Según la número dos del Ejecutivo, en la administración central ya se ahorra “al céntimo” y las autonomías tendrán que hacer lo mismo. “El autogobierno tiene otra cara, la de la responsabilidad con los ciudadanos”, agregó. Como se aprobaba el mecanismo de ayuda para que los gobiernos autonómicos con problemas puedan financiarse, también dejó claro que ese apoyo extraordinario, también tendrá condiciones especiales. No quiso detallar pero se entendió que si no acometen planes severos de ajuste tampoco obtendrán apoyo financiero. Lo mismo que desde Bruselas y Berlín le dicen (y aplican) a Rajoy.

viernes, 13 de julio de 2012

La Escuela Pública de Golf prevé una "reducción al máximo" de la hierba natural en sus instalaciones


ALMERÍA.- La futura Escuela Pública de Golf proyectada por la Junta de Andalucía en terrenos de El Toyo priorizará el uso de césped artificial así como el uso de especies que se sustenten con un bajo consumo de agua y con mayor tolerancia a las sequías, con lo que se plantea una "reducción al máximo" el uso de hierba natural en la superficie del campo.

   Así lo recoge el proyecto promovido por la Consejería de Turismo y Comercio, denominado 'Proyecto de ejecución de Centro Deportivo para Escuela Pública de Golf en El Toyo', en el que se incluye el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental que desde esta semana se encuentra en exposición pública para ka obtención de la autorización ambiental unificada por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
   El documento expone una serie de medida a tener en cuenta para conseguir el mayor ahorro posible de los recursos hídricos, por lo que incide en practicar una "reducción" de especies naturales en la zona deportiva y plantear el uso de materiales "que pueden sustituir con solvencia las zonas que habitualmente son de riego intensivo".
   En este sentido, se apuesta por el uso de césped artificial en los puestos de salida de los 'tees' de prácticas y en algunas zonas de 'aproach'. Para aquellos espacios que obligatoriamente tengan que soportar hierba natural, el proyecto apuesta por plantas "de bajo consumo de agua, fácil mantenimiento, resistencia a las pisadas y más tolerancia a las sequías".
   Con esto, se aconseja además el uso de la variedad de gramínea Bermuda --'Cynodon dactylon'-- para la calle de prácticas y un híbrido de la misma variedad para la zona de 'greens' dado el bajo consumo de agua que supone, estimado en cuatro litros por metro cuadrado al día. El estudio detalla que no se ha comprobado en la zona, en la que predomina el matorral y la pita, la distribución de 'Androcymbium europaeum', una especie floral endémica y en peligro de extinción conocida como el 'azafrán del Cabo de Gata'.
   La Escuela Pública de Golf, destinada a cubrir la parcela de suelo urbano no sectorizado SUN-TOYO II, recibió recientemente el plan de recursos hídricos con informe favorable. El proyecto, que en su seguda fase prevé un centro de cuatro pistas de tenis --una con graderío-- y ocho pistas de pádel, contará con una casa-club e instalaciones complementarias deportivas y terciarias tales como una cafetería, tienda de material deportivo, almacén y maquinaria, entre otros.
   El equipamiento proyectado dibuja un campo de golf de nueve hoyos complementario al existente al otro lado del bulevar, de 18 hoyos. Así, se planea una calle de prácticas con una superficie aproximada de 23.000 metros cuadrados, el 'tee' de prácticas con 65 metros de longitud y un ancho de plataforma de 6,5 metros, con capacidad para albergar 30 puestos en planta baja y otros 30 en planta de cubiertas, distribuidos en boxes de 2,20 metros y separados por divisores metálicos fijos; y dos 'putting greens' o greenes de prácticas de 250 metros cuadrados y 700 metros cuadrados respectivamente, complementados por zonas en el entorno, 'entregreeen', o zona de 'chippeo' de 500 metros cuadrados y zona de 'approach' de 400 metros cuadrados, entre otras instalaciones.

El PSOE aspira a conseguir de nuevo la mayoría de los ayuntamientos en 2015 tras su congreso provincial

ALMERÍA.- El secretario de Organización del PSOE de Almería, Juan Carlos Pérez Navas, ha manifestado este viernes que la formación encara su XII Congreso Provincial, que se celebra este sábado en Vícar, bajo una "apuesta decidida por el municipalismo" ya que, según ha precisado, el objetivo del partido para 2015 es "volver a ser la fuerza más votada en las elecciones municipales y conseguir la mayoría de los ayuntamientos de la provincia". 

   Pérez Navas, quien ha adelantado en rueda de prensa algunos detalles de la cita, ha señalado que "de lo que más se hablará" en el congreso "es de los ciudadanos y de la provincia de Almería" y ha asegurado que el PSOE "demostrará a la sociedad almeriense que es un partido fuerte que quiere liderar sus retos".
   A la cita acudirán 262 delegados de todas las agrupaciones socialistas de Almería y más de 120 invitados. Además de la renovación de los órganos de dirección del partido, en los que está previsto que aumente la representatividad de los militantes y las agrupaciones, el XII Congreso del PSOE también incluirá la celebración de dos comisiones de trabajo, que analizarán y votarán las 120 enmiendas presentadas a la ponencia marco.
   El dirigente socialista ha indicado que el congreso, que se centrará afrontará "en la defensa de los ciudadanos y de las políticas públicas de crecimiento" frente "a los recortes que está imponiendo la derecha de Rajoy"; contará con una comisión sobre generación de empleo en la que se abordarán propuestas sobre los sectores productivos de Almería, y otra en torno a la igualdad de oportunidades.

La consejera Aguayo no ve "imposible" cumplir con el 1,5% de déficit este año

MADRID.- La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha declarado este viernes que no ve "imposible" que la comunidad cumpla con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento este año, aunque ha asegurado que el Gobierno central no nombró el pasado jueves a ninguna comunidad autónoma que estuviera "amonestada" en materia de cumplimiento del objetivo de déficit en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   En declaraciones realizadas a ABC Punto Radio, ha asegurado que están trabajando para conseguir este objetivo, y para ello han reducido "algunas partidas" y han realizado "tipos de mejora de compras", cuyos efectos se verán en la "segunda parte del año", en el segundo semestre del año.
   La consejera ha dejado claro que la Junta "está en la senda de intentar cumplir el objetivo de déficit, mediante un plan de ajuste que incluso ha sido elogiado por Mariano Rajoy", de forma que el Gobierno andaluz "está trabajando para conseguir, con muchas dificultades, recortar gastos, mediante medidas duras tomadas en el decreto ley de la junta".
   La consejera no ve "imposible" cumplir con el 1,5 por ciento, aunque deja claro que "aún se está en la primera parte, primer semestre, del año", de forma que "una parte de las medidas, las relativas a reducción de gastos de personal, se han aplicado ahora mismo y tendrán impacto en la segunda parte del año".
   Tras destacar que Andalucía es "una comunidad muy austera" y con un nivel de gasto "comparativamente bajo" con el resto de autonomías, en concreto un 12,1 por ciento inferior a la media del resto de comunidades autónomas, Aguayo ha señalado que en los seis primeros meses del año han ejecutado ya "una reducción muy alta". No obstante, ha reconocido que el margen que tienen para reducir "es menor" que el de otras comunidades.
   La titular de Hacienda ha asegurado que el tono que reinó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera "fue una llamada de atención a que se revisaran modos y maneras". Además ha dicho que el "tono y el planteamiento" que se va haciendo en su seno le hace parecerse más a "un órgano fiscalizador de comunidades autónomas" que a un "órgano cooperador".
 "Las cosas se van complicando, cada comunidad representa ahí su manera de entender", ha añadido.
   La consejera indicó que en el CPFF "no se nombró a ninguna comunidad autónoma", por lo que asegura que no sabe "si Andalucía es una de las comunidades amenazadas o no".
   Ha lamentado asimismo el tono "fiscalizador" e "inadecuado" empleado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, deforma que el CPFF "es un órganos cooperativo, de colaboración institucional en el que todas las comunidades autónomas expresan su mejor voluntad para buscar soluciones, las comunidades no somos islas y el Consejo no debería perder ese cariz y matiz".
   No obstante, lamenta que el CPFF "parece más un órgano fiscalizador, un tribunal impositivo de las comunidades autónomas, como si fuéremos subditos, que un órgano cooperativo, por lo que se debería tener el máximo respeto a todas las comunidades autónomas y el Estado mantuviera un papel coordinador, bajo la idea de absoluta cooperación y respeto".
   "Las cosas que pasan son difíciles de entender y no se aplica la idea de que la Administración que esté mas desviada del objetivo de déficit fuera la que tuviera que hacer y asumir más ajustes; pero el Gobierno plantea que el que esté menos desviado asumir mas ajuste, eso es inexplicable", agrega la consejera, quien lamenta que la Administración General "tiene problemas y se dedica a trasladar el problema, sin ningún juicio crítico, a las comunidades autónomas, culpabilizándolas y poniendo objetivos imposibles de cumplir".
   Considera que este país "necesita credibilidad y ello se obtiene acordando entre todos, pues todos nos sentimos responsables en Europa todos somos Estado y debemos trabajar y cooperar, pero es muy difícil de hacer si se plantean las cosas en términos de poner objetivos y trasladar a otros lo que debería hacer uno".

Protestas por los recortes ante el Congreso regional del PP-A en Granada

GRANADA.-   Policías nacionales y locales, guardias civiles, funcionarios de justicia y del sector sanitario y la educación están protestando por los recortes anunciados por el Gobierno de Mariano Rajoy desde las 15,00 horas de este viernes a las puertas del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada aprovechando que a partir de las 16,00 horas comenzaba el Congreso Regional del PP-A, que reunirá a algunos de los principales líderes del partido y representantes del Ejecutivo.

   Según ha informado el secretario local del Sindicato Independiente de Policía Local de Granada, Israel Vallejo, los concentrados, que ascienden a varios centenares, están profiriendo gritos contra una política que consideran "injusta" contra un sector, el de los empleados públicos, que está padeciendo unos ajustes que los está "asfixiando".
   Por ello, mantendrán las concentraciones, en las que han llegado a lanzar bombas de humo y, algunos, a bajarse los pantalones, hasta que comience el cónclave del PP y no descartan prolongarlas hasta el próximo domingo, cuando está previsto que acuda a la cita el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
   Por otra parte, la formación ecologista Equo ya ha hecho un llamamiento "a todas las personas y organizaciones de Granada y Andalucía" para que acudan con todo tipo de instrumentos a una multitudinaria protesta frente al Palacio del Congresos el próximo domingo, a las 11,00 horas, para hacer una cacerolada contra la política del Gobierno que "está acabando con el estado del bienestar haciendo recortes claramente antisociales que sólo ponen de manifiesto la escasez democrática de este país, donde las decisiones las están tomando en Europa y el FMI al margen del conocimiento de la ciudadanía española", señalan en un comunicado.
   Además, Equo informa de que continuará con su campaña de recogidas de firmas al referéndum sobre el rescate, "ya que queremos transparencia y saber cuáles son las condiciones, porque si es un rescate exclusivamente a la banca española no se entienden los recortes aplicados".

Los nuevos ajustes fiscales en España, datos clave

MADRID.- El Gobierno español anunció este viernes la aprobación de una serie de medidas de ajuste presupuestario para lograr los objetivos de déficit público exigidos por la Unión Europea, que supondrán pasar de un déficit público del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014.

Dentro de esta senda de consolidación fiscal, el déficit de España no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013.
La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, desgranó, junto con los ministros de Hacienda y de Economía, las medidas de reducción de gasto e incremento de los ingresos públicos con los que pretende cumplir estas metas.

A continuación, las medidas anunciadas:

SUBIDA DEL IVA Y OTRAS MODIFICACIONES TRIBUTARIAS
A partir de septiembre
Impuesto sobre el Valor añadido (IVA):
- Tipo general: del 18 por ciento al 21 por ciento.
- Tipo reducido: del 8 por ciento al 10 por ciento.
- Tipo superreducido: mantiene el 4 por ciento para los productos de primera necesidad.
- Algunos productos y servicios pasarán de IVA reducido a normal, incrementando su cuota hasta el 21 por ciento. El Gobierno no ha especificado todavía cuáles.
- Subida del impuesto sobre el tabaco, fijando un tipo mínimo de 119,1 euros por cada 1.000 unidades, para el tabaco de liar su impuesto mínimo se fija en 0 euros por kilo.

VIVIENDA
- Se reduce un 30 por ciento la ayuda al alquiler de viviendas para jóvenes que pasa a ser de 147 euros al mes frente a los 210 euros actuales.
- Se elimina la subvención para préstamos de vivienda protegida para nuevos beneficiarios.
- Eliminación de la deducción por vivienda habitual para nuevos compradores a partir de 2013.
- Se eleva del 4 por ciento al 10 por ciento el IVA para la compra de nuevas viviendas.
- Las obras de renovación y reparación de vivienda que tributaban al 8 por 100 desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
- Reforma de la tributación medioambiental impulsando el principio de que quien contamina paga.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
-Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
-Se incrementan los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
-Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas las empresas en general.
- Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta el 30 de noviembre de 2012.

EMPLEO PÚBLICO
- Suspensión del abono de la segunda paga extraordinaria en 2012, que se paga en Navidad, en empleados públicos y altos cargos de la administración central, autonómica y local. Según fuentes sindicales, la paga de Navidad supone entre un 3,5 por ciento y un 7 por ciento del salario anual de los empleados públicos.
- Para los empleados públicos, esta suspensión será compensada a partir de 2015 con una aportación en forma de fondo de pensiones.
- Reducción del número de días de libre disposición de los empleados públicos de seis a tres.
- Se facilitará su movilidad.
- Se ajustará el número de liberados sindicales.

EN MATERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
- Racionalización y sostenibilidad de la administración local, delimitando competencias, para que los ayuntamientos no puedan prestar servicios sin la financiación necesaria, con un ahorro total de 3.500 millones de euros.
- Mayor control de las cuentas públicas de ámbito local.
- Homogeneización y publicación de las retribuciones de los alcaldes y concejales.
- Se reduce un 31,1 por ciento el número de concejales.
- Eliminación de empresas y fundaciones públicas.
- Se pondrá en marcha un instrumento financiero para dotar de liquidez a las CCAA por importe de 18.000 millones de euros. Aquellas que soliciten el instrumento, que es voluntario, estarán sujetas a condiciones y control adicional del Estado. Las que no paguen podrán ser intervenidas.

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
- El periodo máximo de cobro de la prestación por desempleo seguirá siendo 24 meses, pero a partir del sexto mes, los nuevos receptores verán reducida su prestación por desempleo del 60 al 50 por ciento de la base reguladora para incentivar la búsqueda de trabajo.
- Supresión de gran número de bonificaciones a la contratación, exceptuando las destinadas a emprendedores e integración de discapacitados.
- Reducción de las cotizaciones sociales mínimas en un punto en 2013 y otro punto en 2014.
- Incremento de la base máxima de cotización en cinco puntos porcentuales en 2013 y 2014, aumentando consecuentemente la pensión máxima un punto adicional a la variación del IPC como compensación.
- El Gobierno propondrá al Pacto de Toledo un proyecto de Ley para acelerar la aplicación del factor de sostenibilidad y abordar el tratamiento de la jubilación anticipada.
- Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por ciento al 21 por ciento.

OTRAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN GASTOS
- Nuevo ajuste en las partidas de gasto de los departamentos ministeriales de 600 millones de euros.
- En los presupuestos de 2013 se incluirá un nuevo recorte del 20 por ciento a las subvenciones destinadas a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Se racionalizará el gasto del sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas.

LIBERALIZACIÓN TRANSPORTES
- Se llevará a cabo un proceso de liberalización y en su caso de privatización en el servicio asociado al transporte ferroviario, terrestre, portuario y aeroportuario.

REFORMA EN MATERIA ENERGÉTICA
- Se realizará una reforma del sistema energético español con la idea de solucionar el problema del déficit de tarifa, que supera los 25.000 millones de euros.
- La solución vendrá de un reparto del déficit entre los diferentes sectores implicados.
- Para ello, se impondrá un nuevo sistema de fiscalidad energética.

La nueva Ley de Costas ampliará a 75 años la concesión a viviendas

MADRID.- El Gobierno aprobó este viernes el anteproyecto de la Ley de Costas, que entre otras cosas supondrá que los edificios que están a menos de cien metros del mar no podrán ser derribados en medio siglo.

La nueva Ley de Costas sustituirá a una anterior de 1988 que pretendía frenar la paulatina degradación de los 8.000 km de litoral tras décadas de boom de la construcción en un país en el que el sector turístico es uno de los motores de la economía.
El anteproyecto, remitido ahora al Consejo Asesor Medioambiental, pretende proteger el litoral e incluye también una protección jurídica a propietarios y concesionarios de explotaciones próximas a la costa, explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los propietarios, que tenían hasta ahora el límite de 30 años prorrogables otros 30, verán ahora ampliado ese periodo a 75 años y podrán venderla, algo que no podían hacer según la legislación de hace 24 años.
La modificación de la Ley de Costas se ha encontrado con el rechazo frontal de los colectivos ecologistas, que entienden que la actual legislación es un seguro contra la especulación y la corrupción, de la que se han dado numerosos casos en la costa española en las últimas dos décadas.
"Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación", dijo el colectivo en una nota de prensa colgada en su web.
La ley incluye también la "cláusula antialgarrobicos", que pretende acabar con agresiones medioambientales en el litoral y que lleva el nombre del polémico hotel levantado hace algo menos de una década en una playa virgen de un paraje de gran valor ecológico en el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería.
"El Estado podrá intervenir para parar obrar en el dominio público, actuando frente a acuerdos municipales que den licencias a obras contrarias a la legislación ambiental", dijo Sáenz de Santamaría.
Los chiringuitos de playa podrán contar además con concesiones temporales por un periodo de cuatro años, siempre que cumplan las condiciones de protección del litoral, dijo la vicepresidenta.

Lo prohibido sigue prohibido

La futura Ley de Costas, cuyo anteproyecto se ha aprobado hoy en Consejo de Ministros, no permitirá construir donde antes estaba prohibido y ampliará la autorización de 1 a 4 años a los chiringuitos de construcción desmontables que hay en las playas.
Así lo ha explicado hoy a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras señalar que además quieren promover que los propietarios de los chiringuitos se conviertan en aliados del medio ambiente y velen por la conservación del litoral, porque ellos son los primeros interesados.
Ramos ha destacado también el hecho de que distintas barriadas históricas como las de Pedregalejo y El Palo (Málaga) serán excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Se trata de un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, que quedarán fuera del marco normativo de la futura ley, lo que no significa, ha indicado Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Tampoco se permitirán obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes hoteles...), que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
La anterior ley de 1988 expropió a todos estos propietarios sus propiedades al fijar las nuevas lindes públicas marítimo terrestres y a cambio se les otorgó una concesión por 30 años, que ahora se extiende por 75 años más y por la cual tendrán que pagar un canon.
Así por ejemplo, y entre otros, serán beneficiarios de esta ampliación todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo de Empuriabarva (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
La lámina de agua de los canales de este complejo urbanístico serán, no obstante, de dominio público.
En cuanto a Formentera, isla en la que según Ramos la anterior ley había convertido prácticamente a todos sus habitantes en concesionarios, tendrá un tratamiento especial, mediante una disposición adicional.
En cuanto a las papeleras u otras industrias que están también afectadas por la ley de 1988, debido a su ubicación, se les concederá la prórroga de actividad si la autoridad competente medioambiental informa favorablemente.

Excluye diez núcleos del dominio público

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de ministros, excluye del dominio público marítimo terrestre diez núcleos costeros en las provincias de Alicante, Valencia, Gerona, Huelva y Málaga.
Entre los núcleos que dejarán de estar en terreno de dominio público y, por lo tanto vulnerando la normativa, figura Rocafel en el término municipal de Alicante, con unas 800 viviendas de varios edificios, como los Alacant, Helios y Rocafel (construidos en las décadas de 1960 y 1970), y hasta ahora fuera de ordenación, según la Ley de Costas en vigor.
También se excluye del dominio público marítimo-terrestre el puerto de Santa Pola (Alicante), Empuriabrava en Castello de Empuries y Platja d'Aro (ambas en Gerona), Ría Punta Umbria en Punta Umbria, Caño del Cepo en Isla Cristina y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva), Pedregalejo y El Palo (ambos en Málaga) y Oliva en Valencia completan la lista que figura en el anexo del anteproyecto.
En algunos casos, como el de la ciudad navegable de Empuriabrava, (Gerona) el grupo de Convergència i Unió había registrado en marzo el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Costas que pretendía que el texto reconociese particularidades como la del citado núcleo.
La exclusión de estos zonas se hace en virtud de la disposición adicional sexta (en la extensión que fija la planimetría), que entre otras cuestiones señala que los deslindes se revisarán cuando se altere la configuración del dominio público marítimo terrestre.

La CEOE ve "un problema" que en su día se abriera la puerta a inmigrantes

MADRID.-   El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha asegurado que abrir las puertas a la inmigración cuando la tasa de paro española estaba baja, en niveles del 8%, ha generado un problema que ahora dificulta un poco más la recuperación del empleo en España.

   "Hace unos años, en España teníamos un paro del 8% y los empresarios intentábamos contratar trabajadores y prácticamente no teníamos oportunidades de contratar. Entonces abrimos las puertas al exterior y durante una serie de años entraban en España cada año alrededor de 500.000 o 600.000 no nativos. Eso fue un problema y hoy, visto en perspectiva, se ve claramente", ha señalado Rosell en declaraciones a la Cope.
   El dirigente empresarial ha precisado que ese paro del 8% no era real ni tampoco la economía española podía asumir ese flujo de inmigrantes. "Entre todos lo hicimos mal. Por tanto, ahora va a ser difícil esa recuperación con más incremento del empleo, aunque no hay que olvidar que España en este siglo es el país de Europa que más empleo ha creado, a pesar de la destrucción de empleo de los últimos tiempos", ha subrayado.
Por otra parte, la Organización Médica Colegial (OMC) agradece a la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) su decisión de seguir prestando asistencia médica a los inmigrantes sin permiso de residencia en contra de lo que establece la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno, en defensa de "una asistencia digna para todos en estos momentos de crisis".
   La OMC considera que esta entidad ha marcado un "ejemplo a seguir" ya que defiende la objeción de conciencia ante la retirada de la asistencia sanitaria a estos ciudadanos "por considerar que atenta contra los principios éticos y el Código de Deontología Médica".
   De hecho, los médicos piden al Gobierno que "reflexione" tras esta decisión a fin de llegar a acuerdos con las organizaciones profesionales en el modo de resolver estas situaciones conflictivas "en momentos de crisis y sufrimiento social".
   Desde hace meses, la OMC ha venido defendiendo la atención sanitaria a cualquier ciudadano, independientemente de su situación de beneficiario y así lo ha reiterado, más recientemente, su Asamblea General y su Comisión Central de Deontología.
   En concreto, la Asamblea General, celebrada el 15 de junio, aprobó un documento que incluía un punto en el que se expresaba que "el médico velará por la atención a cualquier ciudadano independientemente del reconocimiento de la condición de asegurado o beneficiario e igualmente independiente de si este es extranjero no registrado, ni autorizado, como residente en España, correspondiendo al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las comunidades el reconocimiento y control de esta condición".
   Por su parte la Comisión Central de Deontología de la OMC, aprobó un documento, publicado el 25 de junio, en el que exponía que el Real Decreto-Ley 16/2012 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS, comprometía 10 artículos del Código de Deontología Médica, entre ellos, el referido al deber del médico de atender a todos los pacientes, en concreto, el 6.2 que dice "el médico no abandonará a ningún paciente que necesite sus cuidados".