MADRID.- El caso del hotel "El Algarrobico" seguirá su
curso, encaminado previsiblemente a su demolición, y queda al margen de
la nueva ley de costas, cuyo anteproyecto aprobó ayer el Gobierno en
Consejo de Ministros.
Así lo ha asegurado hoy el responsable del Programa Marino de WWF, Jose Luis García Varas, tras recordar que el pasado 9 julio el Gobierno central y la Junta de Andalucía anunciaron que habían encargado a la empresa de licitaciones públicas Tragsa un informe sobre la demolición de este hotel de 20 plantas y 400 habitaciones, situado en el parque natural Cabo de Gata.
Existe una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que establece en 100 metros el deslinde urbanístico en esa zona protegida, lo que, a juicio de Greenpeace, hace "ilegal e ilegalizable" la edificación, que se levanta a sólo 50 metros de la playa conocida como El Algarrobico.
La futura Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido y cuenta con una "cláusula anti algarrobicos", para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que la futura norma tampoco permitirá obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes, hoteles...), y que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
En sus disposiciones adicionales la futura ley amnistía a un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, lo que no significa, según Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Opina el alcalde de Carboneras
El alcalde de la almeriense localidad de Carboneras, Salvador Hernández, ha señalado este sábado que la reforma de la Ley de Costas, en la que se incluye la denominada cláusula 'antialgarrobicos', llega tarde porque "el daño ya está hecho".
Así lo ha asegurado hoy el responsable del Programa Marino de WWF, Jose Luis García Varas, tras recordar que el pasado 9 julio el Gobierno central y la Junta de Andalucía anunciaron que habían encargado a la empresa de licitaciones públicas Tragsa un informe sobre la demolición de este hotel de 20 plantas y 400 habitaciones, situado en el parque natural Cabo de Gata.
Existe una sentencia firme del Tribunal Supremo de Justicia que establece en 100 metros el deslinde urbanístico en esa zona protegida, lo que, a juicio de Greenpeace, hace "ilegal e ilegalizable" la edificación, que se levanta a sólo 50 metros de la playa conocida como El Algarrobico.
La futura Ley de Costas no permitirá construir donde antes estaba prohibido y cuenta con una "cláusula anti algarrobicos", para actuar frente a acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, explicó ayer que la futura norma tampoco permitirá obras que modifiquen el actual volumen de todas aquellas propiedades ya construidas en el litoral (casas, restaurantes, hoteles...), y que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre y a las cuales se les amplía la concesión por 75 años más.
En sus disposiciones adicionales la futura ley amnistía a un total de diez barriadas en las provincias de Gerona, Huelva, Alicante, Valencia y Málaga, lo que no significa, según Ramos, que tengan vía libre para aumentar el volumen o la altura de sus casas cuando hagan obras de mejora.
Opina el alcalde de Carboneras
El alcalde de la almeriense localidad de Carboneras, Salvador Hernández, ha señalado este sábado que la reforma de la Ley de Costas, en la que se incluye la denominada cláusula 'antialgarrobicos', llega tarde porque "el daño ya está hecho".
La reforma de la Ley de Costas de 1988, anunciada este viernes por
el Consejo de Ministros, elevará hasta 75 años las concesiones de
viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales
contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para
los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.
La norma incluye además la denominada cláusula 'antialgarrobicos',
una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a
través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en
pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la
legislación.
Sin embargo, en opinión del alcalde de Carboneras, el problema
existente con el hotel construido en el paraje del Algarrobico, es un
problema que no puede ser resuelto a estas alturas, esto "viene de
antes". La solución por parte del Gobierno llega, "como siempre", tarde,
pues "el daño ya está hecho", el problema "no se puede hacer
retroactivo", añade Hernández.
"Me parece muy bien que esta reforma se apruebe para evitar que en
un futuro pase lo que ha pasado en El Algarrobico, pero esto no
soluciona ningún problema, porque el daño ya está hecho", ha señalado el
alcalde de la localidad almeriense.
"¿Dónde está la seguridad jurídica en España?", se pregunta
Hernández, "el hotel tiene todos los permisos en regla, sino no se
hubiera podido construir. Por eso ahora no sirve de nada que siga
paralizado. La solución es que el edificio se ponga en funcionamiento.
Es una inversión de 50 millones de euros y manteniéndolo paralizado no
se resuelve ningún problema", concluye el dirigente.
También opina Equo
Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo, Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".
El calificativo de tibieza por parte del Gobierno en relación al Algarrobico y su demolición, le "parece poco" al líder de Equo, para quien el Ejecutivo "está dando marcha atrás" en algo que ha habido un amplio consenso social y espero que ese consenso se mantenga y finalmente se derribe.
Se puede, ha concluido, asumir el coste de su derribo: no es un problema de coste. Hay elementos que se convierten en símbolos de tal calibre que realmente el coste económico es pequeño en comparación con lo que supone el mensaje que se lanza.
También opina Equo
Sobre la reforma de la Ley de Costas, el político de Equo, Juan López de Uralde, ha juzgado que detrás de la reforma de la ley "lo que hay es ese afán por recuperar el ladrillo como elemento motor de la economía española".
En su opinión, "es lo único que puede justificar -y además las declaraciones de Cañete van en ese sentido- la modificación de la ley, aparte de algunos intereses privados de gente que se pueda ver más o menos afectadas en sus propiedades por la ley de costas".
Para López de Uralde, es muy peligroso para el litoral español que en lugar de apostar por una mayor protección para salvarguardarlo se apueste por el ladrillo, "y que lo que queda de nuestra costa no se convierta en cemento".
El calificativo de tibieza por parte del Gobierno en relación al Algarrobico y su demolición, le "parece poco" al líder de Equo, para quien el Ejecutivo "está dando marcha atrás" en algo que ha habido un amplio consenso social y espero que ese consenso se mantenga y finalmente se derribe.
Se puede, ha concluido, asumir el coste de su derribo: no es un problema de coste. Hay elementos que se convierten en símbolos de tal calibre que realmente el coste económico es pequeño en comparación con lo que supone el mensaje que se lanza.
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