SEVILLA.- La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ha
publicado este martes varias resoluciones por las que anuncia la
convocatoria de procesos selectivos de acceso libre para el ingreso en
el Cuerpo Superior de Administración General de la Junta de Andalucía
--régimen jurídico--, en el Cuerpo Técnico Facultativo --prevención de
riesgos laborales--, en el Cuerpo de Subinspección de Ordenación del
Territorio y en el Cuerpo Superior Facultativo --ingeniería de
telecomunicaciones--. En total, cerca de 250 plazas.
En el
caso del concurso para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Administración se convocan 106 plazas en total --97 para turno general y
nueve para el cupo de discapacidad--. La tasa a abonar es de 47,39
euros. Igualmente, este proceso incluye además un 20% de plazas
adicionales de las aprobadas por las ofertas de empleo público con la
siguiente distribución: 19 en turno general y dos en el cupo de
discapacidad, según se detalla en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
La resolución
para el proceso selectivo de acceso libre para ingresar en el Cuerpo
Técnico Facultativo, especialidad en gestión en prevención de riesgos
laborales, convoca 40 plazas en total, distribuidas en 36 para el turno
general y cuatro del cupo de discapacidad. La tasa es de 31,3 euros. Se
le añaden siete plazas de turno general y una de discapacidad, el 20% de
las plazas aprobadas por las ofertas de empleo público.
Estas
plazas --las del 20% adicional-- tienen por objeto cubrir posibles
vacantes a cargo de las ofertas de empleo público de los dos años
siguientes a contar desde la fecha de la finalización del proceso
selectivo. La adjudicación de estas plazas si se produce una vacante "no
podrá efectuarse antes de que se determine la tasa de reposición
correspondiente al año en que se produzca la vacante con el fin de
garantizar que no se supere la tasa de reposición en su caso establecida
y se reduzca la temporalidad".
La Consejería convoca también
diez plazas de acceso libre para el Cuerpo de Subinspección de
Ordenación del Territorio --nueve para el turno general y una para el
cupo de discapacidad--. A esta oferta se le añaden dos plazas más de
turno general, el 20% de las plazas aprobadas por las ofertas de empleo
público. Idénticos números se recogen en la resolución del proceso
selectivo para el Cuerpo Técnico de Gestión, en la especialidad
prevención de riesgos laborales.
Por último, la Consejería que
dirige en funciones José Antonio Nieto convoca 37 plazas --34 en turno
general y tres, en el cupo de discapacidad--, a las que se les añaden un
20% de plazas adicionales de las aprobadas por las ofertas de empleo
--siete en turno general y una plaza en el cupo de discapacidad--. La
tasa del examen está fijada en 47,39 euros.
1. Bajada inmediata de los precios del alquiler. En Almería el precio del alquiler ha subido en torno a un 35% en los últimos cuatro años, mientras los salarios se han mantenido estancados, lo que imposibilita cada vez a más sectores de la población el acceso a una vivienda digna. Por eso, piden una regulación de precios en todo el territorio que acabe con la situación de abuso actual.
2. Formación de un gran parque público de vivienda en alquiler, formado a partir de la recuperación de las viviendas de la SAREB, los bancos y los fondos de inversión, así como de la puesta a disposición pública de las miles de viviendas que a día de hoy se mantienen vacías, que en Almería son casi 15.000.
3. Alternativa habitacional para las personas que viven en asentamientos e infravivienda. En la provincia de Almería, miles de personas, especialmente migrantes, se ven obligadas a malvivir en asentamientos e infravivienda, especialmente en las zonas del Poniente y Níjar. Se debe garantizar que tengan acceso a una vivienda pública en alquiler que garantice unas condiciones de vida dignas para todo el mundo.
4. Prohibición de los desahucios y los cortes de suministros. El pasado año se produjeron una media de 82 desahucios al día y continuamente se usa el corte de suministros como medida coactiva para que los inquilinos abandonen su vivienda, por lo que se hace necesario prohibir estas prácticas y hacer primar el derecho a la vivienda sobre los beneficios de los rentistas.
5. Fin de la represión y el matonismo. Empresas como «Desokupa» y similares, que se dedican a hostigar a los inquilinos con prácticas mafiosas, deben ser prohibidas. De la misma manera, debe derogarse la Ley Mordaza y cesar la represión a los movimientos sociales que luchan por una vivienda y una vida digna.
Con estas reivindicaciones, el movimiento por la vivienda en todo el Estado y, en Almería, la «Asamblea por el Derecho a la Vivienda» llaman a la participación masiva en la jornada de lucha del próximo 5 de abril.