Paradores presenta un plan de reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla

MADRID.- La dirección de Paradores ha presentado este lunes a los sindicatos un plan de reestructuración, que supone la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, medida que afecta tanto a los establecimientos como a los servicios centrales de la cadena hotelera.

En un comunicado, la compañía que preside Ángeles Alarcó ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "garantizar la continuidad de Paradores de Turismo, adecuándose a la realidad del sector y a la de la actual demanda" y asegurar "la supervivencia de la compañía".

El plan contempla el control de costes operativos para situar a la cadena en una posición competitiva y reducir así las pérdidas que acumula desde 2007.

"La situación financiera de la compañía es insostenible", subrayó la compañía, que advierte de que "de no tomar medidas en el año 2013 las pérdidas alcanzarán los 139 millones de euros".

Para 2012, la cadena prevé cerrar el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 30 millones de euros. "A la caída de la demanda, que ha pasado de un índice de ocupación del 70% en 2007 al 52% en 2012 se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011", apuntó.

Hasta octubre de este año, Paradores, que acumula un déficit de 110 millones de euros, logró ahorrar en torno a 20 millones de euros, con la aplicación de su plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, la reducción de costes operativos, de consumos y de gastos comerciales, así como la optimización de los procesos internos.

"Estas medidas, aunque efectivas y acertadas, han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios", apuntó la cadena.

Paradores subrayó que por ello se hace "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, ya que actualmente está "muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".

La dirección de Paradores indicó que la compañía va a realizar "todo el esfuerzo posible" para aplicar "un plan social que minimice los efectos de la medida".

La compañía ha trasladado a los representantes de los trabajadores la apertura inmediata de un periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que le obligar a tomar "tan difícil situación" y de tratar de "alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes".

UGT y CC.OO. convocaron a los 4.600 trabajadores de la cadena pública a una huelga en el conjunto de la red, 94 establecimientos, para todos los puentes del año a partir del pasado 12 de octubre, paros que afectaban a los días 2 y 3 de noviembre, que fueron desconvocados, y a los próximos 7 y 8 de diciembre y 31 y 1 de enero.

La Junta da viabilidad a dos parque eólicos de 51 megavatios plateados en Oria y Chirivel

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha dado viabilidad a la autorización ambiental unificada (AAU) al anteproyecto de los parques eólicos 'Herrán Alamicos' I y II, con una potencia nominal de 51 megavatios planteado en los términos municipales de Oria y Chirivel, en Almería. 

   Según se expone en dichas resoluciones,  la compañía WPD Renovables Meridional II aportó varios estudios acústicos en el caso del parque de Chirivel que contenían una serie de deficiencias ya corregidas, encaminadas a cambiar el modo de operar los aerogeneradores en el periodo nocturno para hacerlos más silenciosos.

   En concreto, se trata de una instalación en Oria sobre terrenos de titularidad privada en el paraje Las Cumbres con nueve aerogeneradores de 27 megavatios en su conjunto y una instalación en Chirivel, de 24 megavatios distribuidos en terrenos privados de los parajes Alamicos y Aspilla.

   Asimismo, la sociedad aportó los informes los informes sobre la actividad arqueológica de prospección, a fin de determinar si ésta actuación podría afectar a posibles yacimientos arqueológicos o elementos que pudiesen estar protegidos a tenor de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

   La autorización de ambas instalaciones expone que antes de la aprobación del proyecto de ejecución definitiva se deberá redactar un proyecto de restauración ambiental y paisajística y establecer un programa de control de los riesgos sobre la avifauna para determinar la incidencia de los parques eólicos sobre las especies de la zona.

IU aprueba sus delegados para las asambleas andaluza y federal lideradas por González y Fernández Guardia

ALMERÍA.- Un total de 24 delegados de IULV-CA en Almería acudirán en representación de la provincia a la Asamblea andaluza de la federación que se celebra el próximo 1 de diciembre, de los cuales 23 de ellos componen la lista "mayoritaria", encabezada por el secretario de organización provincial, Rodrigo González, mientras que Gaspar Cañizares, de la CUT-BAI, acude por parte de la lista "minoritaria". 

   Así lo ha indicado Rodrigo González, quien ha destacado la "alta participación" y el "debate fructífero" de la asamblea provincial de IU celebrada este domingo en Almería. El secretario de organización ha señalado que la lista encabezada por él mismo ha obtenido el 88 por ciento de los respaldos del centenar de representantes reunidos este domingo, mientras que un doce por ciento ha apoyado a la lista de Cañizares.

   En esta asamblea se han decidido, además de los delegados que acudirán al cónclave andaluz, los que lo harán a la Asamblea Federal que se celebra entre los días 14 y 16 de diciembre. Para esta cita, acudirán desde la provincia de Almería seis delegados, con la coordinadora local de IU en El Ejido, Ángeles Fernández Guardia, a la cabeza, todos de la "lista mayoritaria".

   Del mismo modo, en la asamblea se han presentado más de un centenar de enmiendas a los documentos Político, Económico y Estatutario, algunas mayoritarias y otras minoritarias. Una vez incluidas, la asamblea ha votado favorablemente estos documentos con un "amplio respaldo".

Sánchez Gordillo y Cañamero pagarán 60 euros tras no recurrir la condena por ocupar 'Asociafruit'

SEVILLA.- El parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, han decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que los condena a pagar una multa de 60 euros por ocupar en 2008 la sede de la asociación 'Asociafruit' hasta que fueron desalojados por la Policía.

   En este sentido, fuentes del caso han informado hoy que ni Sánchez Gordillo ni Cañamero ni tampoco los otros 67 militantes del SAT que fueron condenados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial van a recurrir la sentencia, por lo que deberán abonar una multa de 60 euros.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Sevilla los condenó al considerar probado que, "reivindicando un problema laboral", accedieron a las instalaciones de 'Asociafruit' "sin ejerce violencia e intimidación para ello", permaneciendo en dicho lugar durante varias horas "contra la voluntad" del gerente y los trabajadores de la sociedad. A consecuencia de la "aglomeración" de personas durante el encierro, se produjeron desperfectos en las instalaciones valorados en 483 euros.

   Contra esta resolución, recurrió el propio Diego Cañamero, que solicitó la nulidad del juicio al no haberse concedido el derecho a la última palabra y, subsidiariamente, su absolución, recurso que fue rechazado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que confirmó la condena.

   Así, la Sección Séptima argumenta que "la mera omisión del trámite, que sin duda es un defecto procesal evidente --tanto que no se entiende que por ninguna de las partes presentes en el juicio se hiciera notar--, por sí sola no justifica esa vulneración de derecho que pueda provocar una nulidad", añadiendo además que el recurrente no acudió a la vista, "lo que bastaría para rechazar" el motivo del recurso.

   No obstante, asegura en la sentencia, que el presente procedimiento "se caracterizó por la decisión de la gran mayoría de los denunciados presentes --excepto tres-- a acogerse a su derecho a no declarar".

   Cañamero también recurrió por error en la valoración de la prueba, "pues ni el denunciante ni ninguno de los testigos identifican ni señalan a cual o cuales de los imputados podrían reputar autores de la falta, pues en ningún momento se identifica a quienes entran y a quienes quedan fuera del establecimiento, sin individualizar conductas", a lo que se añade, según Cañamero, que "la acción se cometió en el ejercicio del derecho a la libertad sindical".

   Ante ello, la Audiencia asegura que "todos los condenados ocupaban el inmueble, pues fueron identificados conforme fueron saliendo del inmueble por los agentes desplazados a la zona, y en cuanto a que la acción se cometa en el ejercicio de la libertad sindical señala que "no competía a la magistrada sino valorar si se daban o no se daban los presupuestos de la infracción".

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.

   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.

   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".

   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".

   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".

   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.

   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    

   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.

   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.

   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".

   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.

   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.

Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las CCAA

MADRID.-   La nueva presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario.

   "Nos lo han prometido y creemos que la van a encontrar", según ha asegurado tras apuntar que, tras las conversaciones mantenidas con los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios e Igualdad, la solución para acometer dicha deuda podría estar en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   Sanz ha valorado "muy positivamente" cómo se resolvió "con eficacia" la deuda que las comunidades mantenían con la industria de años anteriores gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   "Se resolvió un problema que empezaba a ser insostenible para nuestras compañías", según ha reconocido, ya que se debían más de 6.300 millones de euros con más de 500 días de atraso en muchos casos.

   Sin embargo, desde 2012 las comunidades han vuelto a demorar los pagos y la deuda vuelve a crecer, de ahí que exijan una respuesta del Ejecutivo que impida llegar a las cifras alcanzadas en 2011.

   "Todavía no tenemos certeza de que el pago sea posible, pero sí de que tienen una voluntad firme de hacerlo", ha aseverado la presidenta de Farmaindustria, quien considera que "sería una pena que, pese al esfuerzo que se hizo, volvamos a estar en una situación tan difícil para todos".

   Además, Sanz recuerda que este sector es "una fuente importante de empleo para el país", con empleo "de calidad" y una apuesta decidida por la I+D. De hecho, el 20 por ciento de la investigación privada que se realiza en España procede de este sector, que es el quinto en número de exportaciones.

   "Somos una industria que debemos aportar el punto de crecimiento que nuestra economía también requiere", ha defendido, al tiempo que advierte de que para ello necesitan una regulación "que salvaguarde sus intereses" y, "sobre todo, que asegure el acceso de los pacientes a la innovación al mismo nivel que el de otros ciudadanos europeos".

   La presidenta de Farmaindustria se ha mostrado comprensiva con la necesidad del Gobierno de tomar medidas "extraordinarias" ante circunstancias que "también lo son". Sin embargo, también recuerda que han sufrido cuatro Reales Decretos en dos años que han "cambiado de modo radical" su sector. "Todos hemos perdido mucha competitividad", ha advertido Sanz.

   Asimismo, Sanz también ha recordado la responsabilidad mostrada por las farmacéuticas, que siguen suministrando medicamentos pese a que las comunidades tardan en pagar.

   "Las compañías son libres de tomar cualquier medida en caso de que consideren que la situación de impago les sea insostenible", según ha reconocido, si bien asevera que desde Farmaindustria se recomienda mantener los suministros.

Una jueza de El Ejido suspende ejecuciones hipotecarias acogiéndose a lo dicho por la Unión Europea

EL EJIDO.- Una magistrada de Primera Instancia de El Ejido ha acordado suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se siguen en su juzgado y ha dictado un auto en el que fundamenta su decisión en la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona.

   La resolución recoge que "ante las dudas en relación a la compatibilidad" del procedimiento de ejecución hipotecaria con la directiva europea que rige sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, procede la suspensión del trámite hasta que recaiga resolución por parte de la Justicia de la UE.

   La titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de El Ejido, Ana Fariñas, resalta que en el fundamento tercero del auto existen "dudas más que evidentes" sobre dicha compatibilidad según se desprende de las conclusiones emitidas por la Abogada General en el proceso que se sigue ante el TJUE.

   Rechaza, sin embargo, pedir al tribunal europeo que se pronuncie con carácter prejudicial sobre tal cuestión de acuerdo al artículo 267 de Tratado de Funcionamiento de la UE "pese a estar facultada para ello" para, según añade, evitar las dilaciones que provocaría en el proceso ya iniciado el planteamiento de una nueva cuestión "con el mismo objeto".

   El auto dictado por el órgano judicial que preside Fariñas deriva de la vía legal abierta por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona a raíz del caso de un vecino de Martorell.

   El titular paró su desalojo para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible indefensión de los consumidores frente a la aplicación de "cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios. La Abogado General de TJUE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de 8 de noviembre que pagar intereses de demora del 18,75 por ciento era un ejemplo de esta irregularidad.

   Esta vía aparece citada, asimismo, en escrito que El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores para pedir la paralización de la ejecución hipotecaria.

   La paralización se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   El juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia de Almería están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.

   Ha advertido, no obstante, de que la situación no ha sido abordada en Junta de Jueces y que, por tanto, la actuación "queda dentro de su potestad jurisdiccional de acuerdo a cada caso".

 "Sé que algunos jueces están revisando y, en algunos casos, paralizando", ha añadido.

La Junta pide a la CE que "vigile" el acuerdo con Marruecos ante el aumento de un 25% en la entrada de tomate

ALMERÍA.-   La Junta de Andalucía se ha dirigido al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Magrama) para que inste a la Comisión Europea (CE) a "vigilar el cumplimiento efectivo" del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos después de que se haya detectado un incremento del 25 por ciento en la entrada en mercados europeos de tomate marroquí y a un precio inferior al mínimo que estipula el citado acuerdo.

   Así lo ha indicado el consejero andaluz del ramo, Luis Planas, quien ha trasladado que "comparte" la "preocupación" expresada en los últimos días por los agentes del sector, que ha cuantificado en un 37 por ciento la caída del tomate español en las últimas semanas debido a la entrada "incontrolada" de producto marroquí superando en hasta un 70 por ciento los contingentes.

   Al hilo de esto, Planas ha precisado que, en la semana 45 que discurre entre el día 5 y el día 10 de noviembre, se ha constatado "entradas a un precio inferior a los 0,46 euros y en un 25 por ciento más" que en el mismo periodo de las tres últimas campañas agrícolas.

   "Llamamos la atención de la CE para que se apliquen los aranceles correspondientes y no se vuelva a producir situaciones de este tipo y llamamos la atención sobre la necesidad de vigilar el contenido de acuerdo", ha remarcado para, a continuación, señalar que se trata de un postura "compartida" con el ministerio.

Los grupos de oposición de Roquetas critican "el abuso de poder" del PP ante la aprobación de los presupuestos

ROQUETAS DE MAR.- Los tres grupos municipales que forman la oposición en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar -- PSOE, IU-LVCA e Indapa-- han criticado "el absoluto desprecio a la vida democrática local que manifiesta el PP" ante la próxima aprobación de los presupuestos municipales para el año 2013 ya que dispondrán solo de tres días para el estudio de los documentos.

   En una nota conjunta remitida por los grupos políticos, afirman que desde la comisión informativa de Hacienda, donde se presentarán los presupuestos, hasta la celebración del pleno de carácter extraordinario, "solo mediarán escasos tres días para su estudio", algo "insuficiente dada la magnitud y trascendencia que tienen estos documentos para la vida de los vecinos del municipio".

   Desde las tres formaciones han indicado que ninguno de los concejales de la oposición cuenta con dedicación exclusiva ni con personal de apoyo, "algo de lo que sí goza el equipo de gobierno". Así, este viernes en la junta de portavoces se ha propuesto a la Alcaldía y al grupo del PP "desplazar la celebración del pleno a la semana siguiente, para garantizar la correcta labor fiscalizadora de los grupos y de la consulta a los distintos colectivos del municipio".

   No obstante, según manifiestan, la respuesta del alcalde, Gabriel Amat, "ha sido tajante en cuanto a su negativa de acceder a reprogramar la fecha de celebración del pleno".

 "Con esta actitud, el PP de Roquetas de Mar demuestra una vez más su auténtica cara y forma de entender la política".
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar llevará a pleno la próxima semana los presupuestos del Consistorio para el ejercicio de 2013 que asciende a unos 80 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto al año en vigor de cuatro millones en las cuentas generales, que además incorporan una partida específica para la "creación de empleo".
   Así lo ha indicado en una nota el concejal de Hacienda de Roquetas de Mar, Pedro Antonio López (PP), quien ha convocado a los grupos políticos a la comisión informativa con este objetivo. Así, el alcalde roquetero, Gabriel Amat (PP), ha convocado también para este viernes la junta de portavoces para trasladar los contenidos del documento.
   López ha calificado los presupuestos de "reales, solidarios, coherentes, racionales, y sobre todo, austeros, generadores de empleo e infraestructuras y, sobre todo, pegados a la realidad social del municipio". Así, ha destacado el aumento en infraestructuras y equipamiento local en más de 1.700.000 euros.
   A este respecto y "como principal novedad", las cuentas recogen una partida específica "para la creación de empleo" en Roquetas de Mar. Así, asegura que es "la acción con el calado social más importante que podemos realizar, ya que los ciudadanos más que ayuda piden trabajo, y desde su ayuntamiento vamos a tratar de ayudar a cuantos podamos, con nuestras restricciones pero con mucha ilusión por un futuro más prospero en nuestra ciudad".
   Así, ha incidido en que "el gran objetivo" de estos presupuestos es "la austeridad en la generación de un nuevo remanente de tesorería positivo que vaya mitigando el, por otro lado, racional y controlado déficit municipal cumpliendo tanto con el plan de saneamiento como con el plan de ajuste".

El PSOE presenta a Joaquín Jiménez como nuevo portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Almería

ALMERÍA.-   La secretaria general de la Comisión Ejecutiva municipal del PSOE de la capital, Josefa Requena, ha presentado a Joaquín Jiménez como nuevo portavoz del grupo municipal del PSOE de Almería y a María del Carmen Núñez como coordinadora del colectivo de ediles después de que Juan Carlos Usero renunciara al cargo que asumió tras las elecciones locales de 2011 pese al "apoyo de todos los concejales" para "no discrepar" con la dirección de la Agrupación municipal. 

   Requena, por su parte, ha señalado en una nota que Usero "presentó su dimisión por motivos personales" lo que "nos ha obligado naturalmente a que tanto el grupo municipal como la comisión ejecutiva local nos sentemos a ver la nueva portavocía y la estructura del grupo".

   La secretaria ha informado de que el nuevo portavoz "tendrá un carácter más institucional" mientras que Nuñez realizará "un trabajo de carácter más interno de organización y de relación con el partido". Así, ha señalado que este modelo de funcionamiento ya se aplicar en el grupo provincial en la Diputación y "da buenos resultados de trabajo".

   Con esto, Requena ha instado a "pasar página" solo "si es que esto ha supuesto algún tipo de freno coyuntural en el funcionamiento del grupo" así como a "seguir trabajando como lo llevamos haciendo desde mayo del año pasado" para recuperar la Alcadía de Almería.

   Jiménez ha mostrado su agradecimiento "a la generosidad que ha demostrado la agrupación municipal y también el resto de compañeros y compañeras del colectivo" a la vez que ha detallado que "hay una fortaleza y es que no somos siete concejales sino 1.007, un millar de militantes que van a ser nuestros aliados, a quienes también hay que darles tarea y nosotros ser sus altavoces en la parte institucional que nos corresponde en el Ayuntamiento y en la parte política porque hay que recuperar la calle". 

El nuevo portavoz ha expresado su reconocimiento a su antecesor, quien "lo ha sido prácticamente todo en esta ciudad y en esta provincia".

El PSOE presenta una Proposición No de Ley para que el Cable Inglés cuente con fondos del 1% cultural

SEVILLA.- El grupo del PSOE en el Parlamento de Andalucía ha registrado una Proposición No de Ley para que la Cámara pida al Consejo de Gobierno que inste a su vez al Ministerio de Fomento del Gobierno central a que la obra de rehabilitación de la segunda fase del antiguo cargadero de mineral, conocido como el Cable Inglés, cuente con el 1% cultural. 

   La propuesta, presentada ante la Comisión de Cultura y Deporte, señala que la primera fase de rehabilitación de El Alquife, de la que resta su recepción oficial, ha contado con una inversión de 2,9 millones de euros cofinanciados por la Junta de Andalucía y el Ministerio de Fomento a través del programa del 1% cultural.

   Este BIC, según recoge la propuesta, "necesita de la cofinanciación de las administraciones para que sea una realidad la rehabilitación total del patrimonio industrial almeriense". Para ello, ahonda, se ha de contar con los fondos del 1 por ciento cultural del Estado, ya que "es imposible que la Junta de Andalucía asuma la totalidad de las obras, pudiéndose quedar sin terminar la rehabilitación de este emblema del pasado minero del Sureste peninsular".

   La PNL fue presentada diez días después de que el consejero de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, visitara las obras de dicho espacio, donde expresó su temor a que infraestructura se quedara sin partida presupuestaria, solicitada ya a raíz de la primera petición formulada para las obras de la primera fase, según especificó.

   En este sentido, la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte cuenta con dos solicitudes de financiación a cargo del 1 por ciento cultural sobre los salones nobles del Castillo de Vélez-Blanco y el frente norte del primer recinto de La Alcazaba de Almería.

   Este antiguo cargadero de mineral fue construido por la compañía británica The Alquife Mines en 1904, e inaugurado por el rey Alfonso XIII. La instalación, que representa una época de esplendor minero, fue utilizada como medio de transporte, almacenaje y embarque del hierro que se extraía de las prósperas canteras almerienses y se transportaba por vía marítima.

   El Cable Inglés tiene una altura de 17 metros y comunica a lo largo de un kilómetro la estación de tren con el Parque de las Almadrabillas, antesala del Puerto de Almería. Está previsto resucitar el viejo cargadero de mineral y rehabilitar los 1.600 metros cuadrados para destinarlos a la cultura y el ocio.

El Ayuntamiento de El Ejido pedirá al juez del 'Poniente' que "bloquee" el pago de 12,8 millones de euros a Elsur

EL EJIDO.- El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de El Ejido, José Francisco Rivera (PP), ha anunciado esta semana que el Consistorio se dirigirá al Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería, que instruye la investigación de la operación 'Poniente' sobre una supuesta trama de corrupción en el municipio, para tratar de "bloquear" el pago de 12,8 millones de euros a la empresa mixta de servicios municipales Elsur --situada en el centro de supuesta trama-- al que ha obligado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 3 de Almería a través de una sentencia. 

   Según ha detallado en rueda de prensa tras la junta de gobierno, el equipo de gobierno solicitará una ampliación de las medidas cautelares que el instructor del caso 'Poniente' ya adoptó al ordenar la intervención y retención de los créditos concedidos para satisfacer las facturas de ocho de las sociedades implicadas en la presunta trama de corrupción política y empresarial y que están incluidas en el plan de pago a proveedores presentado por el Ayuntamiento.

   Rivera, quien ha lamentado no tener "otro tipo de suerte con este tipo de juicios", ha puntualizado la dificultad de recurrir la sentencia de lo contencioso, cuyo procedimiento se inició con el anterior equipo de gobierno (PAL) liderado por el exalcalde imputado Juan Enciso, al haberse efectuado un "reconocimiento expreso" de la deuda. "Viendo el éxito que hemos tenido en vía administrativa y los documentos que obran en el expediente, entrar a recurrir una sentencia de más de 12 millones de euros con lo que implica en costas, creo que es desaconsejable", ha apostillado.

   Así, considera que es "más razonable" acudir a la vía penal para "asegurar" posibles responsabilidades económicas hasta que se resuelva la operación 'Poniente'. "El principal problema que ha tenido la defensa de este juicio ha sido el reconocimiento expresa del anterior equipo de gobierno de la deuda, a partir de ahí se complica todo", ha insistido el portavoz municipal.

   Con esto, ha concretado que la deuda reconocida por el juzgado de 12,8 millones de euros responde a intereses devengados y no pagados de facturas emitidas entre 2006 y 2010 así como a la financiación del crédito para unas obras de infraestructuras en Almerimar. El resto de las cantidades reclamadas, que hacían ascender la deuda reclamada por Elsur hasta 71,6 millones de euros, fue satisfecha en aplicación del plan de pago a proveedores.

   El concejal ha reconocido la situación "complicada" en la que se encuentra el Ayuntamiento para hacer frente al pago de las facturas atrasadas, por lo que el equipo de gobierno se ha mostrado contrario a abonar aquellas cantidades que puedan estar ligadas a la operación 'Poniente' hasta que se resuelva la misma, dado que "genera problemas serios" al Ayuntamiento.
 José Francisco Rivera ha señalado que es "prácticamente insalvable" el expediente de regulación de empleo (ERE) sobre 145 trabajadores de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, que ya ha sido reconocido incluso por el Juzgado de lo Mercantil de Almería tras extinguir el concurso de acreedores al que estaba sometida la entidad.
   Rivera ha puntualizado que se han mantenido "muchas reuniones" tanto con los representantes de los trabajadores como con los responsables de la empresa, participada en un 70 por ciento por Agua y Gestión para abordar la dimensión de la plantilla, si bien ha admitido que el actual canon municipal que se paga a la empresa --unos 12 millones de euros anuales-- hace "muy complicado y casi imposible mantener el cien por cien de la plantilla".
   Ante esto, ha instado a "trabajar con inteligencia" y a apelar a la "generosidad" de Elsur para buscar un "equilibrio" en el seno de la empresa con el fin de que "el coste social sea el menor posible".
 "Quisiéramos pagar más canon y tener más gente prestando servicios, pero la situación económica es la que es", ha dicho Rivera.
   En este sentido, ha augurado un canon prácticamente similar para los próximos años, de forma que para los presupuestos de 2013 se verá incrementado únicamente a tenor de las cifras del IPC, esto es, en unos 300.000 euros. "Va a seguir en esa línea durante bastante años si no cambia el panorama", ha admitido el edil 'popular'.
   Asimismo, Rivera ha recordado que la empresa encargada de hacer la auditoría del Consistorio tiene encomendada también la tarea de analizar y obtener argumentos que permitan rescindir o rescatar por interés público el contrato con Elsur.

Ferrmed pide priorizar las inversiones en zonas de "rentabilidad socioeconómica" frente a la "cohesión territorial"

ALMERÍA.- El secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, ha pedido al Gobierno que a la hora de ejecutar inversiones a través del Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi) se tengan en cuenta los criterios de "rentabilidad socioeconómica" que vienen recogidos en el plan elaborado por organismo para mejorar la "complicada" situación económica del país, aunque éstas dejen en segundo plano la "cohesión territorial". 

   Esta semana en Almería, Amorós ha puntualizado que le consta que el Gobierno "está analizando" el proyecto realizado por el ente ante una próxima reunión en la que se definirá un plan de actuación. "Hemos insistido muchísimo en que tengan en cuenta para hacer las nuevas inversiones los criterios de rentabilidad", ha insistido el secretario general del ente.

   "Nosotros estamos a favor de la cohesión territorial, que quede claro, pero en estos momentos críticos habría que concentrar las inversiones en zonas como esta donde --Almería-- se demuestra, según el estudio, que hay rentabilidad socioeconómica", ha añadido antes de indicar que, según los plazos propuestos, las inversiones en materia de conexión ferroviaria en la península deberían estar realizadas antes del 2025.

   Ha puntualizado que la vertiente mediterránea se muestra "mucho más rentable" en cuanto a los tráficos de mercancías que pueden generarse en sus puertos, así como su transporte al resto de Europa mediante el Corredor Mediterráneo. "Otra cosa es la prioridad. El Gobierno es el que establece las prioridades y tenemos que acatar lo que diga", ha dicho Amorós al ser preguntado por las inversiones planteadas por el Ejecutivo en cuanto a la conexión por Alta Velocidad de Galicia.

   En este sentido, cree que no es "muy lógico" que se prevean tres líneas de Alta Velocidad para ir a Galicia ya que entre otras cuestiones "no hay color entre los puertos mediterráneos y los puertos atlánticos en España", puesto que los primeros "se llevan casi el 70 por ciento de los tráficos"; una situación que a su juicio "va a ir 'in crescendo'".

   Considera así que un tráfico que llega de Asia o norte de África tienen más posibilidades de descargar en los puertos españoles, especialmente en su vertiente mediterránea, para trasladar mercancías a Centroeuropa, que los que provienen del norte de América, que "en pocas horas" pueden alcanzar el puerto de Rotterdam. "Los puertos atlánticos, no digo que no vayan a captar tráficos, pero no tiene color con los del Mediterráneo", ha dicho antes de nombrar los de Algeciras, Valencia, Barcelona y Tarragona como los más importantes.

Y tu más / Gabriel Sánchez

El cruce de acusaciones entre el vicesecretario del PP, Miguel Ángel Castellón, y el secretario general del PSOE de Almería, José Luís Sánchez Teruel, por el asunto de Somontín, resulta no solo bochornoso también esperpéntico al comprobar la pobreza de argumentos de quienes nos representan.

Esta pelea sin sustancia más propia de niños malcriados no es más que una cortina de humo para no involucrarse en lo que de verdad preocupa a la ciudadanía. Si en vez de perder el tiempo con nimiedades y asuntos sobre los que un juez ya se ha pronunciado lo hiciesen con actuaciones para crear empleo, lejos de criticarles den por hecho que les aplaudiría, aunque mucho me temo que siendo tan cortitos de mente prefieran seguir engañándonos con el jueguecito de “ Y tu más” toda vez que carecen de ideas y hasta ganas para sacarnos de este infierno en el que ellos( unos y otros) con su nefasta forma de gobernar, nos han metido.

Hay quien dice que decir idioteces y estar acusándose mutuamente en prensa todos los días es la escusa que justifica su sueldo, es muy posible que sea verdad, juzguen ustedes mismos.

Lean esta noticia que hace referencia al fallo de la sentencia, pero por el amor de Dios no se echen las manos a la cabeza:
“Un juez ha condenado a siete años y nueve meses de inhabilitación para empleo o cargo público al alcalde de Somontín y diputado provincial, Ramón Rueda (PP), por autorizar el suministro de agua a una vivienda propiedad de su suegro, teniendo conocimiento de que no contaba con la preceptiva licencia de obras ni de primera ocupación y con desprecio de las normas exigidas por el ordenamiento jurídico".

Me comunican que Gabriel Amat en petit comité no da crédito al fallo judicial aunque de cara a la galería dice que lo respeta, eso si provocando una dimisión por la que él no hubiera dimitido, tampoco lo hace una senadora que durante meses disfruto de su luz y agua en el lujoso chalet en el que vivía en Aguadulce propiedad de su esposo cuando carecía de licencia de primera ocupación, por cierto ese año el alcalde de Roquetas era el mismo de ahora. Y si de agua hablamos por qué el número uno de los socialistas roqueteros (Ortega Paniagua) por entonces concejal en la oposición no denunció las horas de agua vendidas al módico precio de un millón de pesetas de aquel famoso pozo propiedad de conocido político que por no tener no tenía ni agua ni motor con la que sacar la misma. Sepan que entonces lo importante era justificar esas horas para poder construir y a fe que lo hacían toda vez que quien las vendía era el mismo que más tarde autorizaba la edificación.

Si tienen que sacar las armas que las saquen de una vez, sin amagos, sin tirar la piedra y esconder la mano como lo vienen haciendo en ese pacto de no agresión que cumplen a rajatabla siempre que de asuntos de calado se trate. Mordeos en vez de ladraros tanto y aclaradnos de una puñetera vez las relaciones políticamente incorrectas entre Amat y Soler, entre Amat y Paniagua o entre Soler y Enciso y el silencio que para no levantar más muertos hay entre PSOE y PP.

El Gobierno central asegura que no se baraja un nuevo trasvase del Ebro

MADRID.- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha señalado que "no se baraja" un nuevo trasvase del Ebro y que no es "una prioridad" para el Gobierno porque "hay muchas cosas que resolver antes".

   Ramos ha explicado que el Ministerio ha recogido "una herencia difícil" y antes que pensar en el trasvase "se necesita hacer otras cosas".

 "Hemos hablado del Plan Hidrológico Nacional y un gran Pacto Nacional sobre el Agua y primero hay que terminar con los planes de cuenca", ha indicado.

   Precisamente, en relación a los planes de cuenca, Ramos ha indicado que el compromiso que adquirió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, es que estén listos en diciembre de 2013. Según ha explicado, "luego se podrán mejorar" pero hay que entregarlos en dicha fecha "para que España pueda incorporarse a la segunda fase del proceso" sin cuentas pendientes.

   En este sentido, el secretario de Estado ha apuntado que "es triste" que en la última visita del comisario europeo de Medio Ambiente a España les asegurara que "no entendía como un país pionero en materia de agua y al que se le había tenido como ejemplo en muchas decisiones sea ahora tan incumplidor". 

"Este es el mensaje que nos dejó el comisario y el departamente hará todo lo posible para volver a la cabeza otra vez", ha apuntado.

   Del mismo modo, ha señalado que su departamento trabaja para que "España no sea el país al que siempre sancionan".

 "Estamos comprometidos", ha indicado Ramos, quien ha añadido que, al mismo tiempo, son "realistas" y saben que "España tiene por delante mucho desarrollo". A su juicio, está pendiente que el país mejore en fiscalidad verde y en buscar políticas que sean "más eficaces para proteger al ciudadano".

   Además, ha destacado que "la economía verde genera puestos de trabajo cualificados" y que es "un sector de futuro como demuestra que es el que menos destrucción de empleo ha sufrido en los años de crisis".

   Al respecto ha resaltado el trabajo realizado con el borrador de la Ley de Aguas, que el Gobierno espera tener listo en diciembre y que, según ha indicado, intentará fijar "un marco estable y seguro para que la inversión privada entre en agua".

El PSOE de Níjar rechaza aplicar una "amnistía" a la normativas urbanísticas para urbanizar en La Fabriquilla

NÍJAR.- La portavoz del grupo del PSOE de Níjar, Esperanza Pérez, ha rechazado este martes aplicar una "amnistía" a las normativas de carácter urbanístico que rigen en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para urbanizar en la zona de La Fabriquilla, después de que una sentencia del Tribunal Supremo reconociera que los 15 propietarios del suelo tienen derechos adquiridos para urbanizar en la zona. 

   Pérez ha indicado que si bien hay que "respetar" las sentencias judiciales, ya que incluso en este caso "denegarla supondría un coste a la ciudadanía ante la indemnización que le correspondería al Ayuntamiento" nijareño; también es necesario que la ejecución de la misma "se adapte a unas normativas urbanísticas".

   En este sentido, ha considerado que la ejecución de la misma, que reconoce el derecho a urbanizar en el parque natural, puede tener "alguna corrección" que habría que tener en cuenta. "Si se cumple con la legalidad para ejecutar esa sentencia, que se cumpla, pero que no por el hecho de tener una sentencia hay que aplicar una amnistía a otro tipo de normativas que sí le serían de aplicación", ha dicho la edil.

   La sentencia del Supremo que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios deriva de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño.

   En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.

   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".

   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.

   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio de ese mismo año.

La Junta rechaza el residencial en la zona protegida de Cabo de Gata

ALMERÍA.-   La Junta de Andalucía ha trasladado este martes que "mantiene" la postura de rechazo al proyecto que contempla la construcción de un residencial de 150 viviendas y un hotel en el paraje de La Fabriquilla, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, al tiempo que ha avanzado que, de iniciarse de nuevo la tramitación del Plan Parcial, presentará alegaciones en contra por vulnerar la normativa ambiental que rige en el espacio protegido.

   Así lo ha indicado el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz Bono, quien ha señalado que, a su juicio, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), "ha corrido demasiado" al asegurar que la intención del equipo de gobierno que preside es "continuar" con el proyecto.

   Ortiz Bono ha señalado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que reconoce como un derecho adquirido el de los 15 propietarios de la SAU FA-1 a urbanizar, "no es definitiva" y ha apuntado que aún deberá pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la nulidad o no del acto administrativo por el que se denegó la aprobación de forma definitiva del citado Plan Parcial.

   Al hilo de esto, y en caso de que se anulase el acuerdo mencionado, la Junta "alegará en contra" ya que el paraje goza de protección medioambiental en virtud del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural en vigor desde 2008 como zona "sujeta a protección y regulación especial por su diversidad biológica y paisajística".

   "No se qué tipo de intereses tiene el Ayuntamiento de Níjar pero han corrido demasiado y lamentablemente, está engañando a la ciudadanía, tanto a la que se opone al proyecto como a la que lo respalda. Deberían haber sido más cautos aunque en cuanto haya sentencia firme, la acataremos", ha concluido.

   La sentencia del Supremo que reconoce el derecho a urbanizar de los propietarios deriva de un recurso de casación interpuesto por los propietarios contra un auto del TSJA que daba la razón al Ayuntamiento nijareño.

   En el citado auto, que ahora retrotrae el Supremo, el Alto tribunal andaluz estimó que no procedía anular el acuerdo por el que se denegó dar luz verde al Plan Parcial y señaló que el derecho a urbanizar de los promotores reconocido por el Supremo en 1997 ya se ejecutó cuando se incluyó en suelo como "apto para urbanizar" en el planeamiento municipal elaborado en 1999.

   El TS, sin embargo, no comparte esta tesis y subraya que la plena ejecución "no termina con la mentada clasificación sino con la posibilidad real y efectiva de urbanizar el citado suelo" y que el fallo de 1997 "resulta estéril" si la administración impide "el desarrollo urbanístico".

   Añade, en esta línea, que el TSJA se contradice porque reconoce que la administración "ha persistido en su actitud de contradecir los derechos de la ejecutante ya adquiridos por sentencia firme" pero da prevalencia a la aplicación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que considera 'La Fabriquilla' espacio protegido.

   Indica, asimismo, que los demandantes presentaron "distintas propuestas de planes parciales, viéndose abocados a interpones recursos administrativos que cristalizaron en la aprobación inicial del Plan Parcial, que perdió efectividad al denegarse la aprobación definitiva por haber entrado en vigor" en febrero de 2008 el citado PORN, "que lo impedía". Cabe recordar que la aprobación provisional de ese Plan Parcial se produjo en marzo y el rechazo en junio de ese mismo año.