jueves, 23 de enero de 2020

Las 10 tendencias de consumo que triunfan en Japón y que imitaremos

BARCELONA.- El comercio español mira a Japón como referente del futuro consumidor. Consumidores cada vez más mayores y personas que viven solas marcan algunos de los perfiles que crecen para los próximos años. Esto está pasando en Japón y pasa progresivamente en España, como consecuencia de una pirámide de población en la que los más mayores predominan y los hogares con niños, antaño motor del consumo, tienden a ser excepción, relata El Periódico.

Productos saludables, raciones individuales y lineales adaptados a personas mayores son algunas de las medidas que los distribuidores japoneses han tomado para adaptar su negocio a dos perfiles poblacionales que también crecen en España, los mayores y los 'singles'.
La asociación multisectorial Aecoc llevó a Tokio a 12 directivos del sector de la distribución español para analizar cómo la industria japonesa ha adaptado su oferta y sus servicios a los cambios, especialmente en lo que respecta el envejecimiento de la población.
Todo indica que en el futuro el comercio debe adaptar su oferta a ese cliente habitual tipo que se avecina. Aseguran los expertos de Aecoc que "Japón es uno de los mercados que mejor anticipa dos de los fenómenos que marcarán el futuro de la distribución en España: el envejecimiento de la población y el crecimiento de los hogares unipersonales". 
En España, los mayores de 65 años equivalen al 30% de la población activa, y se calcula que este porcentaje llegará al 50% en no más de 15 años. En Japón, el peso de los seniors es aún mayor: el 36% de los japoneses tiene más de 65 años, y en el 2060 duplicarán la población infantil.
Además, la tasa de natalidad de ambos países no augura que estas proporciones puedan cambiarse: en España, el índice de hijos por mujer es de 1,3, mientras que en Japón es de 1,4.
Las similitudes entre ambas pirámides de población invitan a pensar al sector de la distribución que soluciones exitosas en el país nipón podrían tener cabida en el mercado español.
El responsable del área de Retail Knowledge de Aecoc, Pablo de la Rica, considera que el conocimiento del mercado japonés de gran consumo permite avanzar tendencias de mercado.
Las principales detectadas apuntan a que los consumidores apuestan por hacer compras pequeñas y frecuentes. De media, los japoneses acuden a los supermercados entre 3 y 4 veces a la semana, por lo que su volumen de compra es pequeño. Las grandes compras hipermercadistas de hace 20 años ya han dejado de ser frecuentes. 

LAS 10 TENDENCIAS EN AUGE

1.- Impulso El 80% de las compras en Japón no son planificadas. El impulso es cada vez más motor de adquisiciones. 
2.- Hogares pequeños Las raciones individuales ganan peso en la cesta de la compra. Los hogares están compuestos por pocos miembros y cada uno de ellos tiene un rol intrafamiliar distinto y autónomo. Los pisos compartidos también son cada vez más en número en las grandes ciudades españolas, algo que también agudiza el fenómeno de las familias monoparentales japonés, también creciente en Europa.
3.- Salud El consumidor quiere cada vez más productos vinculados con la salud. En los lineales de los productos japoneses destacan los productos saludables, con menos grasas y surtidos muy orientados a la prevención de enfermedades. 
4.- Apariencia La importancia de la apariencia: el hecho de que la mayor parte de las compras no sean planificadas lleva a que los 'retailers' japoneses dediquen grandes esfuerzos a la presentación de sus productos. Destacar en la estantería es fundamental para atraer la atención del consumidor. La apariencia de los alimentos es un elemento clave en la decisión de compra 
5.- Frescura Las marcas saben que sus consumidores exigen productos frescos, por lo que los supermercados reponen hasta cuatro veces al día su surtido de alimentos, en función de los momentos de consumo diario
6.- Conveniencia La comida lista para comer es un área de fuerte crecimiento en Japón, que llega a representar el 20% de la venta de alimentos en algunos de los distribuidores más relevantes. Los supermercados dedican grandes espacios para la venta de bentos -bandejas preparadas-, congelados, refrigerados y frescos a temperatura ambiente que tienen especial éxito entre los jóvenes de 20 a 30 años que viven solos y no cocinan, y para los trabajadores de la ciudad, que no suelen contar con el tiempo para cocinar. En España se registraron crecimientos del 10% en la venta de productos precocinados, una de las áreas de mayor crecimiento en el sector de la distribución alimentaria.
7.- Comercio 'on line' El alto volumen de población single también ha llevado a un crecimiento del e-commerce en la alimentación, que ya representa un 7,5% sobre el total del negocio, mientras que en España tan solo supone un 1,8%. 
8.- Inversión tecnológica El gran peso de la población mayor de 65 años ha hecho que las empresas dediquen grandes inversiones a aumentar el uso de tecnologías como las cajas automatizadas y el pago a través de reconocimiento facial para mejorar la experiencia de compra y, a la vez, combatir la escasez de mano de obra. En España, algunas cadenas de distribución también han optado por la automatización de las líneas de caja. Pero la automatización del proceso de compra puede no tener tanto éxito como en Japón por la propia naturaleza del consumidor español. 
9.- Población senior Además de estas tendencias generales, algunos de los distribuidores japoneses se han convertido en referentes a la hora de adaptar sus servicios a la población senior o single. Entre las medidas adoptadas se encuentran algunas pragmáticas, como el diseño de cartelería con letras de gran tamaño, estanterías más bajas de lo habitual para facilitar el acceso a los productos, carros de aluminio muy ligeros y con lupa de lectura de envases, pasillos más anchos que, en muchos casos, incluyen información sobre la distancia a recorrer para llegar a las diferentes secciones. La organización de los lineales está tan condicionada por el impacto de la población mayor de 65 años en Japón que incluso existen zonas de alimentación en la que los productos se ordenan de mayor a menor dificultad a la hora de masticarlos. 
10.- Servicios  Se abren posibilidades también en el campo de los servicios específicos en los centros comerciales a los más mayores. Los de más éxito son los de pedicura, atención médica y nutrición, así como zonas de descanso y puntos para la descarga del carro de la compra y envío a domicilio pensados para la población mayor de 65 años. Algunas poblaciones en España ha abierto servicios de autobuses para acercar a supermercados a los más mayores. El supermercado se convierte en una especie de centro cívico de cada barrio, lo que aumenta la fidelidad de los consumidores y lleva a un aumento notable de las ventas: el 70% de las personas que participan en estas actividades acaban comprando. La firma AEON es una de las más activas en Japón en esa sofisticación de los servicios.

Almería da el relevo a Murcia como capital española de la Gastronomía


MADRID.- El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, (PP), ha abogado hoy por una "red de gastrociudades" en el traspaso de la Capitalidad Gastronómica a Murcia en el marco de Fitur 2020.

"Iniciativas como la Capitalidad Gastronómica de España es un poderoso elemento de convergencia hacia un debate mucho más inteligente, que supone pensar menos en lo que se es, y generar dinámicas destinadas a lo que queremos llegar a ser", ha valorado.
El alcalde almeriense ha felicitado además a "Murcia por su nombramiento, a mi buen amigo José Francisco Ballesta, su alcalde, y a Capital Española de la Gastronomía por el acierto en la elección".
"Murcia, que es un territorio de cercanía y afecto sincero para todos los almerienses, también tiene los mejores ingredientes para lograrlo".
Por su parte, el regidor murciano Ballesta ha felicitado al Ayuntamiento de Almería "por el excelente legado que ha dejado para la Capitalidad 2020 y el buen trabajo desarrollado por su alcalde".
Durante el acto, al que han asistido, entre otras personalidades, la consejera de Turismo, Juventud y Deportes de la Región de Murcia, Cristina Sánchez, y el presidente de Capital Española de la Gastronomía, Mariano Palacín, el regidor murciano ha señalado que Murcia "también tiene los ingredientes para ser una gran Capital gastronómica como 'Huerta de los 1001 Sabores'", como recoge su eslogan. 

Fernández-Pacheco ha propuesto la creación de la "red española de gastrociudades" que generar "sinergias" y "potenciar" aquellos destinos que han ostentado la Capital Española de la Gastronomía (CEG) que Almería ha disfrutado en el último año y ha traspasado a Murcia para 2020.
En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), el primer edil almeriense ha manifestado su "satisfacción" con el "trabajo bien hecho" que ha permitido "posicionar a Almería como destino turístico gastronómico", sentido en el que, según ha asegurado, la promoción de la capital seguirá este camino bajo el lema 'Ciudad Gastronómica. Para comérsela'.
Así, el Ayuntamiento de Almería ya trabaja en la celebración de un congreso con ponentes de prestigio dedicado a este sector y en impulsar junto a la entidad Capital Española de la Gastronomía la red de "gastrociudades". 
Según ha indicado el Consistorio en una nota, la gastronomía es el principal motivo de viajar para el 21 por ciento de la población y supone el 40 por ciento del gasto de cualquier turista a nivel mundial, según indicadores especializados y, para el alcalde, Almería "ha sabido aprovechar el potencial de la gastronomía para consolidar la imagen de marca y posicionarnos como destino turístico y gastronómico".
Las cifras que maneja el Ayuntamiento indica que la capitalidad gastronómica ha retornado un impacto en promoción que equivaldría a una inversión publicitaria de 17,95 millones de euros. Además, el mensaje de Almería 2019 ha llegado a una audiencia de 335 millones de personas.
Fernández-Pacheco ha recordado "el apoyo de la Diputación y de la Junta de Andalucía y la ayuda entusiasta de los profesionales del sector hostelero almeriense". Almería 2019 deja un balance de más de 600 actividades, más de 600 empresas y colectivos se han adherido a la Capitalidad, se han organizado 272 talleres, han ofrecido desayunos saludables a más de 3.500 escolares, y, en total, han pasado por la sede 67.909 personas.

El Gobierno murciano estudiará el 'pin parental' y tomará "medidas" para reconducirlo si no es legal


MURCIA.- El Gobierno murciano ha anunciado hoy que está estudiando jurídicamente "con mayor profundidad" el requerimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional que insta a retirar el denominado 'pin parental', y ha afirmado que tomará "medidas" para "reconducir" esta medida si se agota el trámite previsto en la ley y, llegado el recurso de inconstitucionalidad, se determina que no es legal, pero ha asegurado que no se retractará por la aplicación de "un 155".

"Nosotros tenemos el informe jurídico y de la inspección que dicen que la medida es legal", ha defendido Celdrán. No obstante, ha señalado que el Ejecutivo murciano va a hacer un informe "con mayor profundidad" y tomará medidas para "reconducir" el 'pin parental' si así se determina tras agotar todo el trámite que otorga "la ley de derecho".
En concreto, ha recordado que este trámite permite que una parte "pueda requerir a la otra; que la otra pueda contestar; y, si no hay acuerdo, ir a una bilateral; y, si en la bilateral no hay acuerdo, ir a un recurso de inconstitucionalidad; y, si en el recurso de inconstitucionalidad se entiende, en ese caso se tomarán las medidas para reconducirlo", ha reconocido.
"En cualquier caso, creemos que tenemos todos los informes para que esto se pueda aplicar con total normalidad" ha ratificado Celdrán en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la aplicación de esta medida.
También se ha referido al hecho de que el Defensor del Pueblo haya pedido información a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno murciano sobre las instrucciones para el 'pin parental'.
En este sentido, Celdrán ha considerado que "detrás de esta polémica no está más que el intento de algunos colectivos, partidos políticos e, incluso, del Gobierno de España de crear una cortina de humo que tape lo que de verdad es grave y que está pasando en España contra la Región de Murcia".
Ha defendido que la autorización parental "garantiza la libertad de los padres a conocer quienes pueden transmitir cualquier experiencia o información a sus hijos en ámbitos concretos, fuera de la neutralidad que se le exige a un docente". No obstante, ha insistido en que eso no significa que se vayan a prohibir las charlas.
De hecho, se ha mostrado convencido de que los padres darán la autorización "en la inmensa mayoría de los casos", pero entiende que los progenitores tienen algo que opinar "si hay un riesgo de falta de neutralidad de un externo al docente".
En cuanto a las movilizaciones convocadas para protestar contra la aplicación de este 'pin parental', Celdrán ha reconocido que "todos tenemos el derecho a manifestarnos dentro de la ley, a estar a favor o en contra". 
Sin embargo, a su juicio, "detrás de esta polémica se esconde realmente una cortina de humo para que no se hable de la infrafinanciación que padece la Región y de la modificación del sistema de financiación autonómica; o de que el Gobierno central nos tiene con dos trasvases cero con un criterio político y no técnico", según Celdrán, quien insta a "salir de esta confrontación estéril" y quitar esas "cortinas de humo que nos tienen entretenidos con temas que son menos importantes".
Ha insistido en que el hecho de que exista una autorización expresa de los padres para charlas impartidas por personal ajeno al docente "no quiere decir que se esté prohibiendo nada" sino que los padres o el tutor legal puede no dar su autorización "en los casos mínimos en los que entiendan que puede haber una falta de neutralidad".
Al ser preguntado por el hecho de que comunidades como Madrid y Andalucía, gobernadas también por el PP, se nieguen a aplicar esta medida, Celdrán ha destacado que "también ha habido otras iniciativas que se han realizado en otras comunidades donde alguien ha sido el primero".
Al ser preguntado por el hecho de que no hubiera ninguna queja sobre la impartición de estas charlas hasta ahora, Celdrán ha recordado que esta autorización expresa de los padres para actividades complementarias impartidas por personal no docente "se está aplicando desde el mes de septiembre, cuando se implantó la instrucción" y, en todos estos meses, "no ha habido ningún problema".
"En estos cinco meses que lleva aplicándose no ha habido manifestaciones, no ha habido quejas, no ha habido intervenciones con requerimiento del Estado", ha destacado Celdrán, quien ha insistido en que "el problema es el interés que tiene una parte, especialmente política, y también de la sociedad, de desestabilizar a una Comunidad que está gobernada por un partido diferente al del Estado". 
A su juicio, "alguien pretende tumbar los Presupuestos" de la Comunidad para 2020.
Al ser preguntado por si el Gobierno regional "duda", por ejemplo, de los profesionales a los que está formando para impartir charlas de contenido afectivo-sexual, Celdrán ha asegurado que en el Ejecutivo autonómico no "dudan" de "absolutamente nadie" sino que se limitan a dar a los padres "la libertad de dar su autorización" a que sus hijos asistan.
"Es algo que ocurre también, por ejemplo, cuando nuestros hijos se van de excursión a un teatro o centro de educación ambiental: nos llegan a los padres con una autorización y la damos", ha señalado el consejero.
Celdrán también ha negado tajantemente que esta medida pueda estar coartando el derecho de los menores a recibir determinados contenidos, porque el docente "tiene la obligación de dar los contenidos obligatorios que vienen en el currículum, incluidos los de educación sexual o los de evitar la drogodependencia" porque "tiene autonomía para dar esa formación en el aula con neutralidad, porque es lo que le exige el ser docente".
Ha puesto como ejemplo la posibilidad de que la charla sea impartida por "un cazador o un torero" que vaya al aula a contarle "los beneficios que tenga la caza o lo importante que es el toreo como elemento cultural". 
Ha defendido que el Gobierno regional "simplemente está informando a los padres y darles la posibilidad de poder elegir la asistencia a actividades impartidas por personas ajenas al aula que no tienen exigencia de neutralidad".

El presidente Sánchez anuncia ayudas urgentes en Andalucía por el temporal

PALMA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará para este viernes una reunión "urgente" con la que "activar todos los mecanismos" para ayudar a las zonas afectadas por los efectos de la borrasca 'Gloria', sin "esperar al Consejo de Ministros del martes". "No vamos a escatimar ningún recurso", ha prometido.

Así lo ha anunciado Sánchez en declaraciones a los medios desde Cala Rajada, un núcleo del municipio mallorquín de Capdepera afectado por el temporal. En la visita, Sánchez -que antes ha sobrevolado áreas dañadas de Cataluña- se ha mostrado "conmovido" por la situación en el Delta del Ebro.
Sánchez, ha anunciado que activará "inmediatamente" los mecanismos para conceder ayudas de urgencia a los damnificados por la borrasca Gloria en la Región de Murcia, Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.
Sánchez ha pedido "hacer una reflexión" y desarrollar "una cultura de prevención" atendiendo al cambio climático, ya que "está agudizando los efectos" de este tipo de fenómenos meteorológicos.
"No vamos a esperar al Consejo de Ministros del próximo martes, sino que mañana mismo vamos a tener una reunión de urgencia para activar todos los mecanismos" para impulsar las ayudas a particulares, empresas y administraciones afectadas, ha explicado el presidente.
Además de la reunión interministerial de mañana para poner en marcha las ayudas, el jefe del ejecutivo ha anunciado que este sábado continuará las visitas a las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.
Sánchez ha planteado que los destrozos causados por Gloria deben servir para "hacer una reflexión" sobre cómo el cambio climático está agudizando y agravando, en consecuencia, los efectos de esos fenómenos meteorológicos".
A juicio del presidente, las políticas de todas las administraciones públicas deben considerar los efectos del cambio climático y "la ciudadanía, de la mano de las administraciones públicas" tiene que "empezar a desarrollar una cultura de prevención y de seguridad" que preserve vidas y bienes materiales ante los fenómenos meteorológicos extremos.

La base mínima de cotización subirá a 1.108 euros y afectará principalmente a las pymes

MADRID.- El Gobierno consiguió cerrar ayer miércoles la negociación abierta sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2020 con un incremento del 5,56%, hasta 950 euros al mes en 14 pagas. Esta alza empujará a su vez la base mínima de cotización a la Seguridad Social del Régimen General, que siempre se ha prorrateado a 12 mensualidades del SMI. El Ministerio de Seguridad Social confirma que también respetará este equilibrio en 2020, de modo que la base mínima subirá este año a 1.108 euros.

Esto supone un aumento de 58 euros al mes en las bases de cotización, cuantía sobre la que posteriormente hay que aplicar el porcentaje correspondiente de la cuota a la Seguridad Social. Con esta medida, se garantiza que la aportación a la Seguridad Social se realiza en línea con el nuevo salario mínimo y así mejoran también los ingresos del sistema. Aunque el Gobierno todavía no tiene elaborado un cálculo de la recaudación que logrará con esta medida, superará claramente los 180 millones de euros, según El Confidencial.
En 2019, la subida de la base mínima, que fue de 164 euros, se estimó en 600 millones de euros de recaudación adicional (todavía no hay cifras concretas de cierre del ejercicio). Si se traslada en la misma proporción a 2020, los ingresos aumentarían en 181 millones de euros. Pero si se tiene en cuenta que el número de trabajadores afectados este año será superior (más de dos millones de asalariados, según la estimación preliminar del ministerio), porque el SMI es cada vez más alto, entonces es previsible que la recaudación adicional se sitúe por encima de los 200 millones de euros.
Lo que todavía está pendiente de negociación es qué ocurre con la base máxima del Régimen General, que tiene mayor capacidad recaudatoria. Esta discusión no se abordó en la reunión del miércoles, pero es que tampoco era el marco para hacerlo, ya que esta cuestión ya no depende del Ministerio de Trabajo, sino del nuevo Ministerio de Seguridad Social. 
También se han quedado pendientes las negociaciones sobre la subida de las bases y cuotas a los trabajadores autónomos. En su caso, esta discusión se enmarcará dentro del diálogo para mejorar la protección de este colectivo y avanzar hacia la cotización por ingresos.
La subida de la base mínima de cotización y del salario mínimo afectará principalmente a las pymes, en especial las de menor tamaño, y a los autónomos con asalariados. Es este sector de la actividad privada el que concentra la pobreza laboral, ya que sus bajos niveles de productividad y rentabilidad provocan que sus empleos sean también precarios. 
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el 58% de los asalariados que al final de año no alcanzan un salario de 750 euros al mes trabaja en empresas de menos de 10 empleados.
El presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, Gerardo Cuerva, lamentó la subida del salario mínimo tras alcanzar el acuerdo. “Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el SMI hasta 1.000 euros”, señaló Cuerva. “Le pido al ministerio que tenga en cuenta a la empresa, no entiendo velar por los trabajadores si no se vela también por la empresa”. 
En términos similares se pronunció Lorenzo Amor, presidente de ATA. En su opinión, esta subida es “el daño menos malo que se podía encontrar” para los autónomos, pero esta subida “no les gusta”.
Para las pymes no es un buen acuerdo, pero es menos malo que subir el salario mínimo interprofesional hasta 1.000 euros
Por el contrario, los sindicatos defendieron la importancia de la subida para atajar la pobreza laboral en España y para mejorar la productividad. “No prevemos destrucción de empleo por esta medida, al contrario, ayudará a elevar la demanda de los hogares y a crear empleo”, señaló Unai Sordo, secretario general de CCOO. 
La existencia de un SMI alto evita la tentación de muchas empresas de mantener actividades de bajísimo valor añadido que no generan rentabilidad y que lo que hacen es extender la precariedad.
“Si bajáramos el salario mínimo a 100 euros, mucha gente se plantearía no comprar una lavadora y contratar a un trabajador para que lo hiciera”, señaló Pepe Álvarez, secretario general de UGT. En su opinión, las subidas del SMI estimulan también la inversión de las empresas para cubrir con tecnología las actividades menos rentables, y así mejorar la productividad del país.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que todos los informes del ministerio apuntan a que la subida del salario mínimo interprofesional de 2019 no afectó a la creación de empleo y que tampoco lo hará el incremento de 2020.

La reforma laboral

Una vez solucionada la subida del SMI de 2020, la mesa tripartita tendrá que empezar a negociar la contrarreforma laboral. Díaz se reafirmó en su intención de derogar la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Este “desmonte” se hará en dos fases, pero irá “muy rápido”.
La primera fase consistirá en la derogación de los aspectos que figuran en el acuerdo de gobierno firmado por el PSOE y Unidas Podemos. Esto es, se recuperará la ultraactividad de los convenios vencidos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. 
También se modificará el artículo 52.D del Estatuto de los Trabajadores, que contempla el despido objetivo por absentismo laboral justificado. Este último punto comenzará a negociarse en los próximos días, con el objetivo de que esté listo lo antes posible para evitar más despidos por esta norma.
En la segunda fase, se tratarán “los elementos más complejos”, como son “la causalidad de la contratación, las modificaciones sustanciales de los convenios, los despidos...”, explicó la ministra. “Estos aspectos requieren un tempo diferente, pero también les digo que vamos a correr”, zanjó.
Díaz aseguró que las negociaciones siempre tendrán en cuenta el diálogo social y que el objetivo de su ministerio es que la derogación de la reforma laboral se haga con consenso. Eso sí, no dio poder de veto a ninguna de las partes, ni sindicatos ni patronal. 
“El enorme reto consiste en tener un estatuto del trabajo que dé respuesta a las nuevas necesidades del mercado laboral”, explicó.

¿Por qué no funcionan las oficinas de empleo en Andalucía?

SEVILLA.- La intención de la Junta de contar con agencias privadas de colocación para buscar una salida laboral a los desempleados que están en sus registros ha provocado cierto malestar entre los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que lamentan que se recurra a la externalización de estos trabajos ignorando así de alguna manera los recursos públicos personales y materiales de que dispone la administración autonómica, según adelanta hoy El Mundo. 

Varios de estos trabajadores han dirigido un escrito tanto a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, como al gerente del SAE, Miguel Ángel Terrero, reclamando una reforma del sistema de trabajo de las oficinas de Empleo, largamente demandada por los técnicos, que permita remover los obstáculos que impiden un mejor funcionamiento en las tareas de asesoramiento e inserción laboral de la población desempleada.
La Consejería de Empleo ha justificado esta contratación externa dada la escasa eficacia demostrada hasta la fecha por el sistema tradicional de intermediación de la administración pública. Según los datos facilitados por la propia Junta, el SAE apenas participa en el 2,7 por 100 de los contratos laborales que se firman en Andalucía.
Además, en las últimas semanas, la consejera Blanco se ha preguntado en declaraciones a varios medios de comunicación por las razones de que cada año haya que recurrir a mano de obra extranjera para la campaña de la fresa en Huelva, habiendo miles de desempleados en la provincia y en la comunidad. 
Igualmente, la consejera ha apuntado la necesidad un cambio en la normativa estatal que permita abordar aquellos casos de parados que cobran una prestación por desempleo y, sin embargo, rechazan una oferta de trabajo adecuada a su perfil y su situación.
Pues bien, los funcionarios aseguran que llevan años planteando una reforma integral de los criterios que emplea el SAE y le recuerdan a Rocío Blanco que ya existen esas herramientas legales para actuar contra quienes rechazan un empleo de forma injustificada, aunque la administración ha hecho dejación de funciones en esa responsabilidad.
Los técnicos consideran que una de las cuestiones que en mayor medida lastra la eficacia del sistema tiene que ver con la aplicación del criterio de antigüedad en la ordenación de los candidatos a un puesto de trabajo. 
Es decir, el SAE está obligado a llamar a los demandantes de empleo que llevan más años registrados, aunque estos sistemáticamente rechacen las ofertas que se les hagan. En cambio, quienes aceptan un puesto, aunque solo sea por un día, pierden posiciones en las listas de candidatos precisamente porque pierden la antigüedad como demandantes.
«El obsoleto criterio de antigüedad nos obliga a llamar a personas inscritas desde el año 1988 que durante estos 31 años se han negado a participar en las ofertas para las que han sido propuestas», se afirma en el escrito dirigido a sus superiores.
Además, los trabajadores recuerdan que existe un régimen sancionador para los demandantes que rechazan sistemáticamente las ofertas, tanto si cobran una prestación, que se arriesgan a perder, como si no. Para estos últimos, la sanción es competencia de las comunidades autónomas y consiste en darlos de baja temporalmente de las listas de demandantes.
Solo el hecho de poder discriminar entre quienes realmente realizan una búsqueda activa de empleo y quienes no lo hacen, solo eso -insisten- permitiría trabajar en las oficinas del SAE con más agilidad y eficiencia.
El concurso que ha emprendido la Junta, por un importe de casi 2 millones de euros, se enmarca en un mecanismo de colaboración público-privada que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010. Desde entonces, otras comunidades autónomas han utilizado este sistema para complementar el trabajo de las agencias públicas.
Cada año el Gobierno central distribuye unos fondos para este fin que el ejecutivo de Susana Díaz había devuelto de forma sistemática. Entre 2015 y 2018 se dejaron de emplear 78,5 millones de euros de esos recursos.
Es, por tanto, la primera vez que Andalucía se apunta a este modelo y lo hará de forma «experimental». Estas agencias de colocación gestionarán las demandas de 4.000 personas desempleadas.
En respuesta a las quejas de los trabajadores, la Consejería de Empleo ha trasladado a El Mundo que "está trabajando para mejorar la eficacia del servicio que se presta y tiene reformas en marcha para dar la mejor respuesta a la demanda de las personas que se inscriben como demandantes de empleo y también de las empresas". 
"Tenemos un Plan Director de Ordenación recientemente aprobado que recoge proyectos que en breve podrán dar un resultado satisfactorio, y que contempla la exploración de todas las vías al alcance de la administración andaluza para que las personas que están buscando empleo puedan tener las mayores posibilidades de éxito".

La ministra Montero congela las cuentas de las CCAA y no les pagará los 2.500 millones que les debe


MADRID.- Los barones del PP se han rebelado contra Hacienda tras el Consejo de Ministros del pasado martes. Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León continúan exigiendo a María Jesús Montero los 2.500 millones que les debe a las CCAA por la liquidación del IVA de 2017, y que la ministra se niega a reembolsar, según www.libremercado.com. 


En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero echó un jarro de agua fría sobre los líderes autonómicos al asegurar que la devolución de esta liquidación "correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y rechazar las fuerzas parlamentarias (los del PSOE), decayó la medida", zanjó la socialista. 
Montero enterraba así el pago de esta importante cifra.
La respuesta de la ministra ha hecho estallar a las regiones del PP, que hasta amenazan con llevar a los tribunales a Hacienda. 
Así lo dejó caer ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que instaba a al Gobierno socialista a rectificar "en las próximas horas" o "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y todos los derechos que emanan de la Constitución", declaró.
El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, fue un paso más allá de Feijoó, y llegó a calificar al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno moroso, gobierno mentiroso". Galicia reclama 200 millones de euros de la liquidación del IVA del 2017 debido al cambio contable en la recaudación de este impuesto que el PP introdujo hace tres años a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria. Entonces, sólo se contabilizaron 11 meses.

No se creen la excusa de Montero

Burlados y chantajeados se sienten en Andalucía. "No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los andaluces para pagar las hipotecas de su investidura", aseguró su presidente en su cuenta de Twitter, el canal que han utilizado muchos de los barones para mostrar su descontento con la decisión de Montero, aunque antes del Consejo de Ministros también lo hicieron por carta.
Juanma Moreno aludía al chantaje porque María Jesús Montero ha culpado al PP de rechazar sus Presupuestos para 2019 en los que los socialistas se comprometían a abonar de esos 2.500 euros impagados. 
Entonces, la versión oficial que dio el Ejecutivo del PSOE el pasado mes de octubre fue que, en funciones y sin Presupuestos, su Gobierno no podía realizar ese pago. Las regiones del PP no se creyeron la explicación de Montero, ya que había dado la misma excusa para no pagar tampoco las entregas a cuenta y, finalmente, había obtenido el visto bueno de la Abogacía del Estado. ¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debían legítimamente de IVA?
"El Gobierno central se ríe de los andaluces. No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y servicios sociales", añadió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, mientras que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, calificó este hecho de "robo inadmisible. Los andaluces calculan que les deben 537 millones de euros.
El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también acusó al Ejecutivo Socialista de "robar a todos los murcianos los 85 millones del IVA que pagamos de nuestros bolsillos en 2017". 
En Castilla y León, su presidente, el popular Alfonso Fernández Mañueco, reclama "142 millones de euros del IVA que nos debe. Seremos exigentes y estaremos en primera fila para defender los intereses de nuestra tierra".
En Madrid, el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido a Montero que "de una vez deje de retener el IVA del año 2017". En la región cuantifican que les pertenecen 337 millones de euros. Madrid ha sido la única que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta deuda. Lo hizo el pasado mes de octubre.

Entregas a cuenta congeladas

Otro de los asuntos que le ha afeado Fernández-Lasquetty a Montero sobre lo anunciado en el pasado Consejo de Ministros es la aprobación de los 103.000 millones de euros para las entregas a cuenta de las CCAA. Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben las regiones en concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar de los impuestos del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales). 
Dos años después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de crecimiento, el Gobierno tiene que abonar a las regiones lo que les debe.
María Jesús Montero "ha hablado como si fuera una lluvia de millones que cae para las comunidades autónomas y de eso, nada de nada", aseguró Lasquetty. Lo que ha hecho el Consejo de Ministros es prorrogar las entregas a cuenta de 2019, "con dos pequeños reajustes que se hacen todos los años", aseguró el consejero madrileño, por lo que los 103.000 millones de euros es una cantidad previsiblemente menor que lo que les correspondería a las CCAA según la evolución del PIB –y los ingresos– en el presente ejercicio, según las propias estimaciones del Gobierno. 
Como se observa en el cuadro, apenas hay una diferencia de 200 millones entre los 102.799 millones de las entregas a cuenta que recibieron las CCAA el año pasado –columna amarilla– y lo que van a recibir este –columna gris–, lo que dejaría la financiación a las CCAA prácticamente congelada y podría provocar tensiones de tesorería en alguna de las regiones.
"No es verdad que el Gobierno haya hecho nada extraordinario", aseguró Lasquetty. Las entregas a cuenta de 2020 "no se sabrán hasta que el Gobierno tenga un proyecto de Presupuestos, que está por ver", añadió.
"Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE", explica el Gobierno. Su versión es que "para los anticipos de 2020 se utilizará como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores. 
De esta forma se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta actualizada de 2019". Los territorios empezarán a recibir estos anticipos "en los próximos días".

La Direccion General de Tráfico establece las restricciones a camiones para 2020

MADRID.- Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Resolución del 14 de enero de 2020 de la Dirección General de Tráfico por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2020, según avanza www.transporteprofesional.es.

Como novedad este año, está la decisión de la Dirección General de Tráfico de impedir la circulación de camiones de más de 7,5 tns de masa máxima autorizada por la AP-1 y la N-I desde Burgos en dirección al País Vasco y la frontera francesa, reteniendo así a los camiones a más de 250 kilómetros de la frontera con Francia todos los domingos y festivos del 3 de julio al 13 de septiembre, así como en diversas fechas de los meses de marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre.

La Resolución establece las siguientes restricciones genéricas a vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada:

Todos los domingos y festivos desde el 3 julio al 13 de septiembre en los principales accesos a Madrid, desde las 21 hasta las 23 horas; en AP-1 desde Burgos a Miranda de Ebro,  N-1 desde Rubena hasta Treviño y A-1 desde Burgos a Rubena de 16 a 21 horas sentido Vitoria; en la A-8 desde Lareado a Castro Urdiales de 16 a 21 horas sentido Bilbao; en la A-45 desde Málaga al Alto Las Pedrizas de 17 a 24 horas sentido Córdoba; en la A-49 desde Camas a Bollullos y desde San Juan del Puerto a Camas de 15 a 24 horas y en la N-630 desde El Garrobo a Camas, de 10 a 14 horas en ambos sentidos.

Todos los domingos y festivos, desde enero al 5 de abril y del 1 al 20 de diciembre en la N-230 en varios tramos, de 13 a 19 horas sentido Banabarre y todos los viernes sentido Francia de 17 a 24 horas. Además, se incluye la festividad de semana santa.

Todos los sábados, domingos y festivos de julio y agosto, en A-483 desde Bollullos a Matalascañas, en A-497 desde Huelva a Punta Umbría, en A-5076 de Lepe a La Antilla y en A-370 desde Los Gallardos a Garrucha todos los domingos, de 11 a 22 horas en ambos sentidos. Además, en la N-631 desde el enlace N-630 al N-525 de 0 a 23 horas en ambos sentidos y en esa misma carretera, de 15 a 24 horas todos los viernes de julio y agosto.

Todos los sábados de junio, julio y agosto, en la A-49 desde Camas al kilómetro 23 sentido Huelva y en la A-8, desde Castro Urdiales a Laredo sentido Santander, en ambos sentidos de 11 a 14 horas.

Como continuación al transporte transfronterizo con Francia, todos los sábados del 25 de julio al 22 de agosto, en la N-121B desde Arraioz a Dantxarinea y en la N-135, de Zubiri a Luzaide de 7 a 19 horas. Además, incluyendo la N-121A, de Bera a Erdalatsa, en la A-1 de Ziordia a Alsasua y en la A-15, de Gorriti a Areso los días 12 y 13 de abril, 7, 8, 20 y 21 de mayo, 1 de junio, 13 y 14 de julio y 10 y 11 de noviembre.

Además, la Resolución establece un calendario de fechas en las que se establecen restricciones por ser festividad o celebrarse algún tipo de evento cultural, religioso o deportivo.

Por otra parte, en los transportes de mercancías peligrosas, se amplía en 103 kilómetros la red RIMP (Red de Itinerarios de Mercancías Peligrosas) debido al aumento de los tramos en carreteras ya incluidas, así como a la inclusión de tramos de nuevas carreteras, como la AG-46 (Puente Arande-Cangas) o la PO-11/PO-10 (Marín –Pontevedra).

La nueva Resolución anual de restricciones a camiones de más de 7’5 toneladas de masa máxima autorizada que cada año aprueba la Dirección General de Tráfico no deja de deparar sorpresas para el transporte por carretera, introduciendo nuevas restricciones a la circulación de camiones respecto a las aprobadas en años anteriores.

La restricción en la AP1 y la N-I los fines de semana no es la única sorpresa que ha incluido la Dirección General de Tráfico en la Resolución anual de restricciones a los camiones. Se ha introducido una nueva obligación, sin someterlo a consulta preceptiva previa de las asociaciones nacionales de transportistas, por la que se prohíbe la circulación de camiones todos los fines de semana en la carretera nacional N-230 en la provincia de Huesca. En concreto, la prohibición afecta a todos los viernes, domingos y festivos de enero a abril, semana santa, Puente del Pilar y diciembre, para facilitar el acceso y retorno de los esquiadores a las pistas de esquí, y que su actividad lúdica no se vea alterada por el tránsito de los camiones.

El motivo alegado por la Dirección General de Tráfico para establecer esta restricción es la de garantizar la fluidez de los vehículos particulares en la autopista en los retornos en fin de semana, cuya intensidad circulatoria se ha visto incrementada tras la eliminación del peaje en diciembre de 2018, culpando a los camiones de las posibles congestiones que dicha vía soporta.

El texto íntegro de la Resolución de restricciones de la Dirección General de Tráfico se puede consultar en el siguiente enlace:

Twitter suspende la cuenta de Vox por incitación al odio

MADRID.-El vicesecretario de Comunicación de Vox, Manuel Mariscal, ha denunciado este miércoles que Twitter ha suspendido la cuenta oficial del partido con el argumento de que contiene mensajes que "incitan al odio" aunque Mariscal ha teorizado que podría deberse a "presiones" del Gobierno.

Según ha explicado Mariscal, la suspensión de la cuenta tiene origen en un intercambio de mensajes que se produjo el sábado entre Vox y la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.
En un mensaje, Lastra acusó a Vox de "retrógrado" por defender el pin parental en los colegios, a lo que el partido de Santiago Abascal respondió asegurando que lo que no soporta Vox es que "con dinero público" se promueva "la pederastia", en referencia al programa Skolae en Navarra (centrado en la educación sobre la igualdad de género).
Por este último mensaje, Twitter comunicó al partido que no podría publicar más mensajes por incitar al odio si no borraba el tuit polémico, algo a lo que se negaron.
"No lo haremos. Somos un partido legalmente constituido, somos tercera fuerza política en España, representamos a más de 3,6 millones de votantes y, como nosotros, miles de ciudadanos españoles están sufriendo la censura en Twitter y en otras redes sociales. Y decimos, 'Basta'", ha afirmado Mariscal, que se pregunta si la Twitter ha sufrido "presiones" del Gobierno.
Además, según la versión de Vox, el mismo sábado, Twitter ya se puso en contacto con el partido para comunicarles que estaban recibiendo quejas sobre el tuit en cuestión, pero que no podían identificar ningún incumplimiento de las reglas de la red social. 
"¿Por qué Twitter cambió de opinión? ¿Recibió presiones de algunos 'lobbies'? ¿Tal vez, del propio Gobierno?", se pregunta Mariscal, que ha exigido a Twitter que explique públicamente por qué mantiene cerrada la cuenta.

'Gloria', la más devastadora borrasca en años, se repetirá


GINEBRA.- La borrasca Gloria ha sido un "fenómeno meteorológico extremo, cuya magnitud es de las más importantes de la historia reciente por la gran extensión a la que ha afectado", de una virulencia "extrema" y "se repetirá debido al cambio climático".

Así lo ha advertido hoy la presidenta de la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Manola Brunet, quien ha argumentado que el fenómeno "se enmarca en el contexto de cambio climático", por lo que "tanto como los daños producidos, se deben valorar los hechos objetivos para actuar de manera preventiva consecuente".
El calentamiento planetario, con el aumento de la temperatura en el Mediterráneo que se viene produciendo en las últimas décadas, en contraste con el aire frío, ha alterado la circulación atmosférica en esta zona y se ha producido este fenómeno "de magnitud tan elevada", ha explicado la científica.
"Si no se actúa, esto irá a más y se repetirán otros Gloria, cada vez más virulentos y persistentes, debido a las condiciones atmosféricas provocadas por el calentamiento global", ha advertido la geógrafa española especialista en cambio climático.
Tanto desde el punto de vista económico como ecológico, los daños producidos por la borrasca Gloria "son muchísimos", ha denunciado Brunet, que ha destacado que el fenómeno "ha golpeado especialmente la zona natural del Delta del Ebro, un humedal único en Europa que necesita su caudal, produciendo un verdadero desastre".
Debido al temporal, en el Delta se han inundado con agua de mar más de 3.000 hectáreas de arrozal, donde el agua ha penetrado casi 4 kilómetros "llevándose por delante miles de hectáreas de arrozales, playas, criadores de mejillones, ecosistemas, caminos y puentes", ha detallado la presidenta de la Comisión de Climatología de la OMM.
El agua de mar "ha engullido el Delta, rompiendo su estructura de suelo", que "sólo se podrá recuperar con el tiempo, si hay actuaciones decididas de inclusión de agua fluvial con sedimentos abundantes y no se repite un fenómeno como el temporal que ha ocurrido", ha remarcado la experta en climatología.
El temporal también ha causado abundantes daños en el litoral, ha destacado Manola Brunet, lo que además de a la virulencia del fenómeno, lo ha atribuido a que en la actualidad "casi no hay playas que actúen como colchón de amortiguación natural ante las crecidas del mar".
Por ello, el mar "ha invadido con fuerza espacios que le han sido tomados, donde se han construido edificaciones e infraestructuras como carreteras o puentes", ha explicado Brunet, que ha urgido a "repensar el plan de litoral con un plan de costas eficaz".
En este rediseño del litoral, "si se quieren evitar daños futuros", las construcciones "se deben alejar de la línea de costa, para que el mar pueda volver a tener una playa que amortigüe su impacto".
A pesar de que las políticas de futuro "puedan actuar como preventivas", el "problema hoy" es que el terreno "ya está demasiado modificado por el hombre y se han construido urbanizaciones donde antes había humedales".
La reacción del mar sobre edificios e infraestructuras "es la evidencia de cómo puede llegar a ser de contundente la naturaleza ante la construcción depredadora movida por intereses económicos", según afirma con contundencia la experta.
Las actuaciones para evitar tanto que el cambio climático "vaya a más" como para "mitigar los efectos de fenómenos como el que hemos vivido, que se repetirán, tienen que ser contundentes", ha exigido Brunet.
La científica piensa que las políticas que se aplican en este sentido "no se aguantan por ningún lado", ya que "a pesar de que los políticos están concienciados del problema, hay demasiados intereses económicos en juego" y "no se toman medidas que afecten a sectores económicos muy potentes".
"¿Es sostenible que alguien tenga una casa casi sobre el mar y que sólo la utilice uno o dos meses al año?", se ha preguntado la científica.
En la política de prevención, "quizás se debería contemplar que asuman más colaboración económica aquellos que agreden tanto", ha sugerido la científica.
Por otra parte, la intensidad de la lluvia caída en poco tiempo ha "provocado que ni la tierra ni los ríos puedan absorber la elevada concentración de agua", que "ha acabado saliendo de los cauces de los ríos", lo que ha implicado "sus crecidas y la inundación de las zonas cercanas", ha explicado la científica.
El exceso de agua que el sistema ecológico "es incapaz de asumir, puede acabar provocando desprendimientos de carreteras, afectaciones debido a movimientos de tierras y en cambiar el trazado del propio río", ha añadido.
Que en el actual contexto de cambio climático, debido a estos fenómenos "los ecosistemas se vean afectados y obligados a modificarse para sobrevivir o a trasladarse a zonas más favorables donde seguir perpetuándose" es otra de las consecuencias apuntadas por la científica.

España continúa con un grave problema de corrupción, según 'Transparencia Internacional'

MADRID.- España ha mejorado en cuatro puntos su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción publicado este jueves por Transparencia Internacional, que ha advertido, no obstante, que la corrupción sigue siendo un problema grave y ha instado al Gobierno a impulsar la reformas legislativas necesarias.

"Es una señal positiva", ha destacado la presidenta de Transparencia Internacional en España, Silvina Bacigalupo, en la presentación del informe de 2019, en el que España ha obtenido 62 puntos sobre 100, frente a los 58 de hace un año.
Bacigalupo ha atribuido la mejora a las sentencias sobre los escándalos de corrupción aflorados en los últimos años, así como a la moción de censura al Gobierno anterior como consecuencia de una sentencia y, por primera vez en democracia, un cambio de gobierno.
Con esta calificación, España ocupa la posición 30 entre los 180 países estudiados en el informe de este año, junto a Portugal, Barbados y Qatar, mientras que entre los 28 países de la Unión Europea se sitúa en el puesto 13.
Pese a esta mejora en la puntuación, Transparencia Internacional destaca que España se encuentra por debajo de Estonia, país al que superaba en 2012 -año en que cambió la metodología para poder hacer comparaciones anuales- y que ha aumentado su calificación de manera significativa en los últimos años.
Entre 2012 y 2018, la calificación de España cayó en siete puntos y, con la mejora de este año, sigue por debajo de los 65 puntos que tenía entonces.
Según esta organización, España continúa sin poner en marcha mecanismos de prevención de la corrupción y sin llevar a cabo reformas legales necesarias, como la ley de protección de informadores.
El resultado sigue evidenciando, ha advertido Bacigalupo, que "la corrupción continúa siendo un problema grave que debe llamar a la acción de las autoridades y la sociedad civil".
En su opinión, una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería esta por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad.
Para ello, el informe recomienda, entre otras medidas, afrontar la financiación de partidos políticos, así como la financiación municipal; garantizar que la prestación de servicios y distribución queden lo más al margen posible de los conflictos de interés personales; fortalecer la integridad en los sistemas electorales; proteger a los informadores y periodistas; y reforzar la separación de poderes.
En este sentido, Bacigalupo ha incidido en que "es el momento de ponerse a actuar", una vez recuperado el funcionamiento ordinario del parlamento y formado gobierno tras las últimas elecciones generales.
"No podemos seguir legislando a golpe de escándalos de corrupción ni parcheando imprevistos arreglando las leyes a poquito", ha subrayado la presidenta de Transparencia Internacional en España, para quien "eso solo lleva al destrozo del sistema jurídico y es algo que el sistema democrático no se puede permitir".
Ha insistido en que "no se trata de reformar dos o tres articulitos del Código Penal" y ha confiado en que cuando acabe la legislatura se pueda contar con una ley "fuerte".
Además, ha señalado la necesidad de implicar a la sociedad civil y de sensibilizar en la transparencia y en la rendición de cuentas, porque "si no hay consecuencias, es difícil cambiar comportamientos y también percepciones de la ciudadanía".
En este mismo sentido, el catedrático Manuel Villoria ha afirmado que el Gobierno actual tiene una responsabilidad en fomentar y apoyar a la sociedad civil y desarrollar plataformas para que esté más presente y pueda participar de forma más activa en las decisiones. "Cuántos más ojos ven, más difícil es que haya corrupción", ha destacado.
El Índice de Transparencia Internacional mide exclusivamente la percepción de la corrupción en el sector público de 180 países, a los que asigna una puntuación de 0 (corrupción elevada) a 100 (sin corrupción).
En primera posición del índice se encuentran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 87 puntos, seguidos por Finlandia, que este año ha obtenido 86. Los últimos puestos están ocupados por Somalia, Sudán del Sur y Siria, con nueve, doce y trece puntos sobre 100, respectivamente.

Andalucía ofrece 1.478 plazas para médicos y enfermeros residentes

MADRID.- Un total de 35.473 aspirantes aspirarán este sábado a una de las 9.539 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Se trata de la mayor oferta de plazas aprobada por el Ministerio de Sanidad en su historia. Se ha incrementado un 13,5 por ciento el número de plazas respecto al año pasado (1.137 plazas más) y un 18,6 por ciento en comparación a 2018.
Todas las comunidades autónomas verán aumentadas sus plazas, con Baleares (39,5%, 219 plazas), Navarra (31,5%, 192), Extremadura (27,7%, 249), Castilla y León (26,9%, 576) y Aragón (22,1%, 315) a la cabeza. Andalucía contará con 1.478 (+9,4%), Canarias con 386 (+19,1%), Cantabria 140 (+15,7%), Castilla-La Mancha 412 (+9%), Cataluña 1.433 (+9,6%), Galicia 457 (+13,1%), Murcia 333 (+15,6%), La Rioja 55 (+10%), País Vasco 453 (+1,6%), Asturias 232 (+16,6%), Madrid 1.638 (+8,7%) y Valencia 935 (+19,6%). Por último, el Hospital Central de la Defensa tendrá 16, el INGESA 18 y el Instituto de Salud Carlos III 2.

En las especialidades de Medicina, el Ministerio y las comunidades autónomas acordaron incrementar un 10,5 por ciento las plazas de médico interno residente (MIR). Se convocan así 7.512 plazas. La especialidad médica con mayor oferta será Medicina Familiar y Comunitaria (2.205 plazas, un 15%), seguida por Pediatría (481), Anestesiología y Reanimación (382), Medicina Interna (353), Obstetricia y Ginecología (269), Cirugía General y del Aparato Digestivo (210) y Cardiología (179).

Enfermería también cuenta con un importante incremento. El número de plazas asciende a 1.463, un 34 por ciento más que las 1.092 de la convocatoria anterior. Por especialidades, en cabeza se sitúa igualmente Familiar y Comunitaria (521, frente a las 339 del año pasado, lo que supone un 53%). Por detrás, se encuentran Obsétrico-Ginecología (401) y Pediátrica (188). En el resto de titulaciones, hay 51 plazas para biólogos, 271 para farmacéuticos, 189 para psicólogos, 15 para química y 38 para física. Un total de 665 plazas podrán ser cubiertas por personas con discapacidad y 337 por personas que no sean titulares de autorización para residir en España.

El examen comenzará a las 15.30 horas (14.30 horas en Canarias) y se celebrará de forma simultánea en 21 localidades. En esta convocatoria, se ha avanzado en la presentación electrónica de las solicitudes, aumentando el número de profesionales que han recurrido a esta opción. Asimismo, se ha procedido a la gestión de los expedientes mediante una plataforma digital que ha permitido prescindir del papel en la mayoría de los casos.

La prueba selectiva también ha experimentado un cambio en el número de preguntas y su duración. En esta edición, el examen tendrá una duración de cuatro horas y consistirá en un cuestionario de 175 preguntas más 10 de reserva, cada una de las cuales constará de cuatro opciones de respuesta con solo una correcta. En anteriores convocatorias, el cuestionario tenía 225 preguntas y el examen duraba cinco horas.

Además, este año se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se ha solicitado la certificación académica personal conforme a la citada norma. De este modo, además de proceder a la adaptación normativa, se ha dado respuesta a la solicitud que decanos y estudiantes de Medicina llevaban años trasladando al Ministerio.

La valoración del expediente académico pasará de 0-4 a 0-10, tal y como pedían los decanos de Medicina. Con este nuevo formato, el cálculo de la nota media del expediente académico se realizará en función de la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9 suspenso; 5,0-6,9 aprobado; 7,0-8,9 notable; 9,0-10 sobresaliente. Se han actualizado asimismo los criterios de desempate, "buscando una mayor objetividad y transparencia".

Davos estudia una criptomoneda de oro / Guillermo Herrera *

Los comités de expertos del Foro de Davos están desarrollando nuevas directrices para la política financiera mundial que incluyen una criptomoneda digital respaldada por oro, según informa Sam Oliver. La tecnología de ‘blockchain’ o cadena de bloques ha centrado este jueves varios debates en el Foro de Davos, donde se han expuesto algunos de los retos que afrontará esta tecnología durante 2020, como el cambio de estrategia de China o el frenazo de la ‘Libra’, la criptomoneda de Facebook.
 
Sobre la expansión de esta tecnología y la necesidad de garantizar las transacciones, se han celebrado sendos ‘paneles’ o grupos de expertos, en los que han intervenido representantes de empresas del sector.

El Foro Económico Mundial también llamado Foro de Davos, es una fundación con sede en Ginebra, que se reúne anualmente en el Monte de Davos (Suiza), y que sobre todo es conocida por su asamblea anual en Davos. Allí se reúnen desde 1991 los principales líderes empresariales, los líderes políticos internacionales, así como periodistas e intelectuales selectos, con el fin de analizar los problemas más apremiantes que afronta el mundo, y entre ellos, la salud y el medio ambiente.

CAMBIO FINANCIERO

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) lanzó hoy jueves su primera revisión de su estrategia de política monetaria, respetando la estabilidad de precios. Esta revisión implica una redefinición del principal objetivo de la entidad y de las herramientas para alcanzarlo. Mientras se realiza la revisión, se espera que el BCE deje su política monetaria sin cambios, como hizo el jueves. El cambio financiero va con lentitud, debido a la estabilidad financiera de Europa.


La nueva presidenta del BCE Christine Lagarde, ya había expresado anteriormente la necesidad de que la Unión Europea cambiara a un sistema financiero digital basado en el oro y en bienes activos reales. Es por ello que dicha revisión de la política financiera abarca las divisas digitales, el empleo, la inflación, la globalización, la estabilidad financiera y la sostenibilidad del medio ambiente.

Desde 2003, la economía mundial y de la zona del euro han venido experimentando cambios estructurales profundos. La tendencia a la baja del crecimiento, relacionada con el descenso de la productividad y el envejecimiento de la población, junto con el legado de la crisis financiera, han conducido a la bajada de tipos de interés, reduciendo el margen de los bancos centrales para relajar la política monetaria.

FRACASO

El banco central de la eurozona no ha alcanzado durante años su objetivo de inflación de algo menos del 2%, a pesar de las medidas de estímulo cada vez más agresivas del predecesor de Lagarde, el italiano Mario Draghi. Lagarde dijo en rueda de prensa que la revisión probablemente tomaría cerca de un año, pero insinuó que podría llevar más tiempo.

La nueva presidenta, se mostró un poco más optimista sobre las perspectivas económicas en la zona euro, juzgando los riesgos relacionados con los factores geopolíticos, el creciente proteccionismo y la fragilidad de los mercados emergentes son menos pronunciados ahora que disminuyó la incertidumbre en torno al comercio internacional.

NOTICIAS BREVES

Sorpresa por el anuncio de un acuerdo comercial rápido entre la UE y EEUU.- La reacción de sorpresa predominaban este jueves en Bruselas tras el anuncio la víspera en Davos por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de un posible acuerdo comercial en pocas semanas entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El euro tiene futuro.- La moneda común europea tendrá futuro gracias a las inversiones verdes, opina el economista norteamericano Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel. “Con las inversiones verdes termina la larga austeridad, y ahora el euro tiene un futuro” declaró en una entrevista publicada por el periódico “La Stampa”.

El Banco de Inglaterra suaviza el sistema de liquidez para un Brexit ordenado.- El Banco de Inglaterra dijo el jueves que relajará los requisitos de información sobre la liquidez de los bancos que había impuesto para afrontar un escenario en el que Inglaterra dejará la Unión Europea sin un acuerdo de transición.

El secretario del Tesoro promete recortes de impuestos para la clase media.- Steven Mnuchin, prometió el jueves una nueva ronda de recortes de impuestos que, según explicó, beneficiarían a la clase media. "El presidente nos ha pedido que comencemos a trabajar en lo que llamamos un impuesto 2.0", dijo Mnuchin.

La población de los países desarrollados pierde la fe en el capitalismo.- La mayor parte de la población de los países desarrollados considera que el capitalismo perjudica al mundo. Tres cuartas partes de los encuestados estiman que su sociedad es injusta, y aspiran a un cambio, revela un reciente estudio de opinión publicado en vísperas del Foro de Davos.

China se dispone a recuperar su crecimiento económico perdido.- China asegura de que el crecimiento industrial se estabilizará en 2020 tras una fuerte ralentización. Esta recuperación es fruto de numerosos esfuerzos emprendidos por las autoridades chinas para mejorar la situación económica, golpeada por la guerra comercial con EEUU.

China no escatima en recompensas a ciudadanos espías que denuncian a creyentes religiosos.- En su batalla contra la religión, el Partido Comunista Chino ha estado utilizando extensamente incentivos monetarios para los ciudadanos informantes que brinden pistas sobre actividades y grupos religiosos que consideran ‘ilegales’.

Transparencia Internacional denuncia un escaso avance en la lucha contra la corrupción.- La corrupción es más generalizada en países donde puede fluir libremente gran cantidad de dinero en campañas electorales y donde los gobiernos sólo escuchan las voces de individuos ricos o bien conectados.

Capacidades sobrenaturales adquiridas mediante la meditación.- Las investigaciones muestran que es beneficiosa e incluso muchos hospitales ofrecen la meditación como una opción de tratamiento para algunos pacientes. Pero la larga tradición de meditación en Oriente es algo más que quedarse quieto y despejar la mente. No solamente se limita a aliviar el estrés y a promover la salud, sino que también genera capacidades sobrenaturales.

 

(*) Periodista



La justicia como brazo de la derecha / José Antich *

Que Mariano Rajoy dejara en manos de la justicia la política en España y, sobre todo, el conflicto catalán, ha tenido dos grandes consecuencias: es imposible desenredar la madeja de casos que hay en uno u otro tribunal, desde el Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional pasando por juzgados locales y territoriales hasta  llegar al Constitucional o al Tribunal de Cuentas; y, en segundo lugar, le ha dado a la justicia en España tanto poder que marca a diario la agenda informativa y se ha convertido en un verdadero actor en contra del gobierno español. 

La llamada izquierda, o sea, el PSOE, se las prometía muy felices cuando estaba en la oposición y pactaba con la derecha puestos cruciales de la judicatura y del Consejo General del Poder Judicial. Ahora, en cambio, comprueba a diario como la telaraña de intereses que han tejido los conservadores con años, peones y habilidad -el exministro Federico Trillo tiene mucho que ver en ello- hace que el deep state mande más que el Gobierno y revertir la situación deviene una tarea titánica.

Se ha visto con la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación o no como diputado del president Quim Torra. Después de varios días de deliberaciones y en contra, incluso, de lo que pedía la Fiscalía, el Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral Central y ha mantenido la inhabilitación. 

Más allá de que es un atropello de los derechos del diputado y de la soberanía del Parlament en toda la regla, ya que esta decisión no debería haberse producido hasta que haya una sentencia en firme del Tribunal Supremo, lo cierto es que provoca una auténtica batalla campal a partir de ahora sobre lo que se tiene que hacer.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona ya se ha movido y ha dado 48 horas al president del Parlament, Roger Torrent, para que le comunique el nombre del diputado que sustituye a Torra. Un dictamen de los letrados de la Cámara catalana elaborado hace unas semanas decía que la JEC no le podía quitar el acta de parlamentario al president de la Generalitat. ¿Ahora qué dirán, una vez también ha hablado el Supremo? 

Por en medio está también el posicionamiento político del Parlament, que fue contundente respecto a la cuestión y aprobó que solo él, la Cámara catalana, podía retirarle el escaño. Quim Torra ya ha dicho que no piensa acatar lo dictado por el Supremo y la JEC y que el lunes estará participando en las votaciones del Parlament.

Es obvio que, en esta ocasión, el gobierno de Pedro Sánchez no quiere un incendio en unos momentos en que está tejiendo una relación con Esquerra Republicana, que aún está en fase de construcción y de generar confianza; tiene en puertas una entrevista con Quim Torra en Barcelona, anunciada para la primera semana de febrero, y debe reunirse la mesa de diálogo entre los dos gobiernos. 

Por eso, ha puesto encima de la mesa la modificación del Código Penal sobre el delito de sedición como un guiño a los independentistas. Pero la justicia tiene su propio calendario y su propia agenda. Y la derecha hará lo imposible para que lo que no puede ganar en el Congreso mediante las mayorías parlamentarias lo pueda lograr en los tribunales. Y Sánchez ya se empieza a dar cuenta de ello.


(*) Periodista y director de El Nacional