La llamada izquierda, o sea, el
PSOE, se las prometía muy felices cuando estaba en la oposición y
pactaba con la derecha puestos cruciales de la judicatura y del Consejo
General del Poder Judicial. Ahora, en cambio, comprueba a diario como la
telaraña de intereses que han tejido los conservadores con años, peones
y habilidad -el exministro Federico Trillo tiene mucho que ver en ello-
hace que el deep state mande más que el Gobierno y revertir la situación deviene una tarea titánica.
Se
ha visto con la decisión del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación o
no como diputado del president Quim Torra. Después de varios días de
deliberaciones y en contra, incluso, de lo que pedía la Fiscalía, el
Supremo ha dado la razón a la Junta Electoral Central y
ha mantenido la inhabilitación.
Más allá de que es un atropello de los
derechos del diputado y de la soberanía del Parlament en toda la regla,
ya que esta decisión no debería haberse producido hasta que haya una
sentencia en firme del Tribunal Supremo, lo cierto es que provoca una
auténtica batalla campal a partir de ahora sobre lo que se tiene que
hacer.
La Junta Electoral Provincial de Barcelona ya se ha movido y ha dado 48 horas al president del Parlament, Roger Torrent,
para que le comunique el nombre del diputado que sustituye a Torra. Un
dictamen de los letrados de la Cámara catalana elaborado hace unas
semanas decía que la JEC no le podía quitar el acta de parlamentario al
president de la Generalitat. ¿Ahora qué dirán, una vez también ha
hablado el Supremo?
Por en medio está también el posicionamiento
político del Parlament, que fue contundente respecto a la cuestión y
aprobó que solo él, la Cámara catalana, podía retirarle el escaño. Quim
Torra ya ha dicho que no piensa acatar lo dictado por el Supremo y la
JEC y que el lunes estará participando en las votaciones del Parlament.
Es
obvio que, en esta ocasión, el gobierno de Pedro Sánchez no quiere un
incendio en unos momentos en que está tejiendo una relación con Esquerra
Republicana,
que aún está en fase de construcción y de generar confianza; tiene en
puertas una entrevista con Quim Torra en Barcelona, anunciada para la
primera semana de febrero, y debe reunirse la mesa de diálogo entre los
dos gobiernos.
Por eso, ha puesto encima de la mesa la modificación del Código Penal sobre el delito de sedición
como un guiño a los independentistas. Pero la justicia tiene su propio
calendario y su propia agenda. Y la derecha hará lo imposible para que
lo que no puede ganar en el Congreso mediante las mayorías
parlamentarias lo pueda lograr en los tribunales. Y Sánchez ya se
empieza a dar cuenta de ello.
(*) Periodista y director de El Nacional
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