MADRID.- Los barones del PP se han rebelado contra Hacienda tras el Consejo de Ministros del pasado martes.
Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid y Castilla y León continúan
exigiendo a María Jesús Montero los 2.500 millones que les debe a las
CCAA por la liquidación del IVA
de 2017, y que la ministra se niega a reembolsar, según www.libremercado.com.
En la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, Montero echó un jarro de agua fría
sobre los líderes autonómicos al asegurar que la devolución de esta
liquidación "correspondía en el 2019, porque el sistema tiene dos años
de reparación, y por tanto, al no tener proyecto de Presupuestos y
rechazar las fuerzas parlamentarias (los del PSOE), decayó la medida",
zanjó la socialista.
Montero enterraba así el pago de esta importante
cifra.
La
respuesta de la ministra ha hecho estallar a las regiones del PP, que
hasta amenazan con llevar a los tribunales a Hacienda.
Así lo dejó caer
ayer miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que
instaba a al Gobierno socialista a rectificar "en las próximas horas" o "desde luego, Galicia, sabe lo que tiene que hacer.
Nos vamos a defender con todos los derechos que nos ampara la ley y
todos los derechos que emanan de la Constitución", declaró.
El secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, fue un paso más
allá de Feijoó, y llegó a calificar al Ejecutivo de Sánchez de "Gobierno moroso, gobierno mentiroso".
Galicia reclama 200 millones de euros de la liquidación del IVA del
2017 debido al cambio contable en la recaudación de este impuesto que el
PP introdujo hace tres años a través del llamado Suministro Inmediato de Información (SII), que es el sistema electrónico de gestión del IVA de la Agencia Tributaria. Entonces, sólo se contabilizaron 11 meses.
No se creen la excusa de Montero
Burlados y chantajeados se sienten en Andalucía.
"No aceptaremos chantajes y mucho menos que se utilice el dinero de los
andaluces para pagar las hipotecas de su investidura", aseguró su
presidente en su cuenta de Twitter, el canal que han utilizado muchos de
los barones para mostrar su descontento con la decisión de Montero,
aunque antes del Consejo de Ministros también lo hicieron por carta.
Juanma Moreno aludía al chantaje porque María Jesús Montero ha
culpado al PP de rechazar sus Presupuestos para 2019 en los que los
socialistas se comprometían a abonar de esos 2.500 euros impagados.
Entonces,
la versión oficial que dio el Ejecutivo del PSOE el pasado mes
de octubre fue que, en funciones y sin Presupuestos, su Gobierno no
podía realizar ese pago. Las regiones del PP no se creyeron la
explicación de Montero, ya que había dado la misma excusa para no pagar tampoco las entregas a cuenta
y, finalmente, había obtenido el visto bueno de la Abogacía del Estado.
¿Por qué no hacía lo mismo con lo que les debían legítimamente de IVA?
"El Gobierno central se ríe de los andaluces.
No vamos a parar hasta que Sánchez le dé al PIN de la tarjeta de
crédito para pagarnos un dinero vital para sanidad, educación y
servicios sociales", añadió el portavoz del Gobierno andaluz, Elías
Bendodo, mientras que la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez,
calificó este hecho de "robo inadmisible. Los andaluces calculan que les
deben 537 millones de euros.
El presidente de Murcia,
Fernando López Miras, también acusó al Ejecutivo Socialista de "robar a
todos los murcianos los 85 millones del IVA que pagamos de nuestros
bolsillos en 2017".
En Castilla y León, su presidente,
el popular Alfonso Fernández Mañueco, reclama "142 millones de euros del
IVA que nos debe. Seremos exigentes y estaremos en primera fila para
defender los intereses de nuestra tierra".
En Madrid,
el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha exigido a
Montero que "de una vez deje de retener el IVA del año 2017". En la
región cuantifican que les pertenecen 337 millones de euros. Madrid ha
sido la única que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno ante la Audiencia Nacional por esta deuda. Lo hizo el pasado mes de octubre.
Entregas a cuenta congeladas
Otro
de los asuntos que le ha afeado Fernández-Lasquetty a Montero sobre lo
anunciado en el pasado Consejo de Ministros es la aprobación de los
103.000 millones de euros para las entregas a cuenta de las CCAA.
Las entregas a cuenta son los anticipos que reciben las regiones en
concepto de lo que estima el Estado que van a recaudar de los impuestos
del sistema de financiación (IRPF, IVA e Impuestos Especiales).
Dos años
después, se liquida ese anticipo y, si resulta que al final ha habido
más recaudación de la estimada, una situación habitual en periodos de
crecimiento, el Gobierno tiene que abonar a las regiones lo que les
debe.
María Jesús Montero "ha hablado como si fuera una lluvia de millones que cae para las comunidades autónomas
y de eso, nada de nada", aseguró Lasquetty. Lo que ha hecho el Consejo
de Ministros es prorrogar las entregas a cuenta de 2019, "con dos
pequeños reajustes que se hacen todos los años", aseguró el consejero
madrileño, por lo que los 103.000 millones de euros es una cantidad
previsiblemente menor que lo que les correspondería a las CCAA según la
evolución del PIB –y los ingresos– en el presente ejercicio, según las
propias estimaciones del Gobierno.
Como
se observa en el cuadro, apenas hay una diferencia de 200 millones
entre
los 102.799 millones de las entregas a cuenta que recibieron las CCAA
el año pasado –columna amarilla– y lo que van a recibir este –columna
gris–, lo que dejaría la financiación a las CCAA prácticamente congelada
y podría provocar tensiones de tesorería en alguna de las regiones.
"No es verdad que el Gobierno haya hecho nada extraordinario",
aseguró Lasquetty. Las entregas a cuenta de 2020 "no se sabrán hasta que
el Gobierno tenga un proyecto de Presupuestos, que está por ver",
añadió.
"Estas cuantías serán actualizadas cuando se conozcan las previsiones de ingresos del
ejercicio en el marco del proceso de elaboración de los PGE", explica
el Gobierno. Su versión es que "para los anticipos de 2020 se utilizará
como base de cálculo el importe actualizado de 2019, en lugar de los
valores de la prórroga de 2018, que habrían sido menores.
De esta forma
se consolidan los niveles de financiación que recibieron el pasado curso
y se consigue que las Comunidades Autónoma y las Entidades Locales
mantengan niveles similares a los resultados de las entregas a cuenta
actualizada de 2019". Los territorios empezarán a recibir estos
anticipos "en los próximos días".
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