SEVILLA.- La intención de la Junta de contar con agencias privadas de colocación
para buscar una salida laboral a los desempleados que están en sus
registros ha provocado cierto malestar entre los funcionarios del Servicio Andaluz de Empleo (SAE),
que lamentan que se recurra a la externalización de estos trabajos
ignorando así de alguna manera los recursos públicos personales y
materiales de que dispone la administración autonómica, según adelanta hoy El Mundo.
Varios de estos trabajadores han dirigido un escrito tanto a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, como al gerente del SAE, Miguel Ángel Terrero,
reclamando una reforma del sistema de trabajo de las oficinas de
Empleo, largamente demandada por los técnicos, que permita remover los
obstáculos que impiden un mejor funcionamiento en las tareas de
asesoramiento e inserción laboral de la población desempleada.
La
Consejería de Empleo ha justificado esta contratación externa dada la
escasa eficacia demostrada hasta la fecha por el sistema tradicional de
intermediación de la administración pública. Según los datos facilitados
por la propia Junta, el SAE apenas participa en el 2,7 por 100 de los contratos laborales que se firman en Andalucía.
Además,
en las últimas semanas, la consejera Blanco se ha preguntado en
declaraciones a varios medios de comunicación por las razones de que
cada año haya que recurrir a mano de obra extranjera para la campaña de
la fresa en Huelva, habiendo miles de desempleados en la provincia y en
la comunidad.
Igualmente, la consejera ha apuntado la necesidad un
cambio en la normativa estatal que permita abordar aquellos casos de
parados que cobran una prestación por desempleo y, sin embargo, rechazan
una oferta de trabajo adecuada a su perfil y su situación.
Pues bien, los funcionarios aseguran que llevan años planteando una reforma integral de los criterios que
emplea el SAE y le recuerdan a Rocío Blanco que ya existen esas
herramientas legales para actuar contra quienes rechazan un empleo de
forma injustificada, aunque la administración ha hecho dejación de
funciones en esa responsabilidad.
Los
técnicos consideran que una de las cuestiones que en mayor medida
lastra la eficacia del sistema tiene que ver con la aplicación del criterio de antigüedad en
la ordenación de los candidatos a un puesto de trabajo.
Es decir, el
SAE está obligado a llamar a los demandantes de empleo que llevan más
años registrados, aunque estos sistemáticamente rechacen las ofertas que
se les hagan. En cambio, quienes aceptan un puesto, aunque solo sea por
un día, pierden posiciones en las listas de candidatos precisamente
porque pierden la antigüedad como demandantes.
«El obsoleto criterio de antigüedad nos obliga a llamar a personas inscritas desde el año 1988
que durante estos 31 años se han negado a participar en las ofertas
para las que han sido propuestas», se afirma en el escrito dirigido a
sus superiores.
Además, los trabajadores recuerdan que existe un
régimen sancionador para los demandantes que rechazan sistemáticamente
las ofertas, tanto si cobran una prestación, que se arriesgan a perder,
como si no. Para estos últimos, la sanción es competencia de las
comunidades autónomas y consiste en darlos de baja temporalmente de las
listas de demandantes.
Solo
el hecho de poder discriminar entre quienes realmente realizan una
búsqueda activa de empleo y quienes no lo hacen, solo eso -insisten-
permitiría trabajar en las oficinas del SAE con más agilidad y eficiencia.
El concurso que ha emprendido la Junta, por un importe de casi 2 millones de euros,
se enmarca en un mecanismo de colaboración público-privada que puso en
marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010. Desde
entonces, otras comunidades autónomas han utilizado este sistema para
complementar el trabajo de las agencias públicas.
Cada año el
Gobierno central distribuye unos fondos para este fin que el ejecutivo
de Susana Díaz había devuelto de forma sistemática. Entre 2015 y 2018 se
dejaron de emplear 78,5 millones de euros de esos recursos.
Es,
por tanto, la primera vez que Andalucía se apunta a este modelo y lo
hará de forma «experimental». Estas agencias de colocación gestionarán
las demandas de 4.000 personas desempleadas.
En
respuesta a las quejas de los trabajadores, la Consejería de Empleo ha
trasladado a El Mundo que "está trabajando para mejorar la eficacia del
servicio que se presta y tiene reformas en marcha para dar la mejor
respuesta a la demanda de las personas que se inscriben como demandantes
de empleo y también de las empresas".
"Tenemos un Plan Director de
Ordenación recientemente aprobado que recoge proyectos que en breve
podrán dar un resultado satisfactorio, y que contempla la exploración de
todas las vías al alcance de la administración andaluza para que las
personas que están buscando empleo puedan tener las mayores
posibilidades de éxito".
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