miércoles, 12 de diciembre de 2012

Griñán mueve ficha contra el PP en Almería y regionaliza el 'caso Auditorio', de Roquetas / Pepe Fernández

Griñán ha movido ficha política en Almería. 
Tarde, pero movida está una pieza de incalculables consecuencias políticas y, muy posiblemente, judiciales. El máximo dirigente del PSOE-A y presidente federal de la organización ha mandado allí hoy a su número dos, Mario Jiménez, para decir algo que la mayoría sabían, pero que todos los que tenían la obligación de contarlo y actuar silenciaban:
-“ Algo huele mal en Roquetas de Mar”, proclamaba gráficamente Jiménez. 
Huele que apesta, sí, el que ya se denomina en las redes sociales, esas que tanto detesta don Gabriel Amat por sus "falsos periodistas" que no controla, como el “Caso auditorio de Roquetas”.
Una obra faraónica, auspiciada hace años por el ayuntamiento que preside el líder de la derecha almeriense, incondicionalmente apoyado por Arenas, y cuyo coste final, según denunció hoy Jiménez, ha superado casi el 120% de lo presupuestado. Una obra, y aquí está la clave, que se realizó en contra de los informes técnicos oficiales pertinentes, según una sentencia del TSJA que lleva meses rodando por Almería sin que nadie quiera coger en serio esa patata tan caliente. El número dos del PSOE andaluz se preguntaba hoy en la rueda de prensa, ¿donde están esos siete y pico de millones de euros gastados de más en el Auditorio “más caro del mundo”?. Todo en un edificio cultural, por cierto, que compite en su cartelería con los teatros más renombrados del país en la programación de grandes estrellas de la música y el teatro contemporáneo.
También ha anunciado el líder socialista que auspiciarán una investigación a fondo para conocer como Amat ha gestionado esos fondos públicos, al tiempo que instan a la Fiscalía a trabajar sobre la denuncia que en su día presentaron algunos cuadros socialistas con la más absoluta y discreta confidencialidad. Entre otras cosas porque conviene resaltar un hecho que confirma el clima de “omertá” política en Almería, una especie del vamos a llevarnos bien, todo lo que haya que llevarse, en definitiva un pacto de silencio general al que tanto me he referido en artículos anteriores. La vieja guardia del PSOE local le guarda un insólito respeto reverencial a Don Gabriel Amat, gran especialista en tener “trincado” al adversario con las miserias y corruptelas de todo cargo público que se precie o destaque en un contexto tan viscoso como el que les ha tocado vivir a un puñado de personajes y personajillos.
La respuesta hoy de Gabriel Amat ha sido tan fulminante como poco meditada, tras conocer lo que había dicho una hora antes Jimenez ante los medios almerienses que, esta vez necesariamente, se tendrán que hacer eco mañana del “Caso Auditorio”. (De todos los periódicos tan solo Ideal de Almería hizo referencia en su día a la sentencia en su edición digital. Por otra parte El País es el único rotativo que está facilitando información sobre irregularidades de todo tipo en Roquetas), Amat ha arremetido con cierta furia, improvisadamente, contra Griñán, echándole a la cara de su Vicesecretario General que antes que denunciarle a él debiera denunciar a su jefe.
-“Tendría que tener vergüenza – se refería a Mario Jimenez- de ponerse ante una cámara para hablar de responsabilidades sin primero denunciar a su presidente, el secretario general del PSOE, el presidente de todos los andaluces. ¿Donde están los mil millones de euros que se han comido y se han malgastado, se-han-co-mi-do-y-se-han-mal-gas-ta-do, y no son capaces de devolverlos a los ciudadanos que son los dueños de eso?”
Con un débil bagaje argumental para defenderse de tan certero ataque en su línea de flotación, Amat se ha precipitado en su comparecencia y no ha meditado ni calculado sobre las consecuencias que podrán tener las amenazas que ha lanzado contra quienes, en el PSOE, han firmado la denuncia ante la Justicia.

“Les puede estallar algo en las manos”

“Que tengan cuidado aquellas personas que han firmado" el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que "algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos". Así, ha remarcado que el TSJA "ha dicho claramente que no se gastó ni un euro más" y entiende que, de haber encontrado indicios de delito, habría contactado con el Ministerio Público para que investigara al respecto.
Hablan en San Telmo: Nada le daría más placer a Pepe Griñan y al equipo dirigente actual del PSOE-A, de que se cumpliesen las amenazas del Sr. Amat. Sería una ayuda inestimable para “limpiar” el partido de “indeseables que han metido la mano”, en palabras de alguien muy cercano al Presidente. Confían, por tanto, en que Amat haga estallar sus granadas de mano  “y lo antes posible”.
Don Gabriel parecía sorprendido esta mañana ante el inesperado ataque desde lo más alto del PSOE-A, desde Sevilla, entre otras cosas porque se sentía cómodo y habituado a una relación de caballeros con casi todos sus paisanos socialistas. Una tranquilidad que estaba convencido continuaba garantizada bajo el mandato del nuevo SG del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, “inmaduro y condicionado, pero un buen chaval” según le ha definido en privado el líder del PP. En la larguísima etapa de Martin Soler al frente del partido, se fraguaron estas alianzas anti natura que nunca entendió, elección tras elección, el electorado de izquierdas en Almeria. Ahora pacto con el PP de Amat no denunciar corrupción; ahora pacto con el PAL de Juan Enciso y manejo la Diputación desde las sombras. De locos, como vulgares salteadores de la democracia.
Mario Jimenez ha roto hoy con una práctica autodestructiva para el PSOE, con una situación que ha conducido a su partido en Almería a quedarse en resultados residuales, gobernando solo algunos pueblos como Vícar o las delegaciones de la Junta y la Universidad. (Donde el figura del rector Molina, ese que ayer se sumaba al coro de rectores demandando menos recortes, hoy se ha sabido que cobrará cerca de veinte mil pavos de plus, del casi medio millón que se repartirán unos 90 cargos de la UA). Con fichajes así, el PSOE ha perdido notable poder e influencia en Almeria, mientras que la derecha liderada por Amat se ha convertido en la poderosa mano que maneja casi todos los resortes políticos y administrativos de aquella provincia.
No obstante la indisimulada sorpresa de Amat hoy en la rueda de prensa, convocada, casualmente, para presentar la planificación cultural del Auditorio, creo que fue en parte fingida. Amat es un tipo hábil, alpujarreño y huele el peligro a distancia como nadie. Hace tiempo que se siente solo en el partido, según ha llegado a confesar en la intimidad a un amigo, el mismo tiempo en que viene temiéndose lo peor de la soledad, que es la debilidad y la muerte política. Ya ni Javier Arenas, “su hermano pequeño” y cabeza de cartel por la provincia, le llama como solía antes del 25 de marzo. Se agarra a la chaqueta de Zoido y le proclama candidato a la Junta en el Congreso de El Ejido, pero el ex juez es más listo de lo que a muchos les pueda parecer.

Amat, el hombre que susurraba a los medios

Si por algo destaca la política de Amat es por su exquisita atención a la hora de regar con dinero público, a veces con innecesaria y cara publicidad institucional, a los medios de comunicación que le bailan su música y sirven a sus objetivos e intereses. Ha prodigado inversiones importantes recientemente e incluso reconocido una deuda mediática de 700.000 Euros a Novotecnia (La Voz y Cadena SER) contraída durante la etapa de Juan Carlos Usero (PSOE) en la Diputación, cuyo soporte documental es cuestionado desde la oposición de IU. (El PSOE ha tragado siempre, hasta ahora, con todo lo que ha promulgado don Gabriel). A cambio, alguno de esos medios escandalosamente reforzados en su cuenta de explotación en plena crísis con dinero público, han llegado a estar dispuestos a cortar la cabeza de algunos periodistas incómodos para el Sr Amat, sus intereses privados, tribales y partidistas.
En este contexto de comportamiento medieval, puro feudalismo en pleno Siglo XXI, el “Caso Auditorio” de Gabriel Amat ha salido de la remunerada placidez informativa almeriense y se acaba de colocar en primera línea de la actualidad andaluza. En el PSOE, después de dos años tremendos con los Eres, claman ajustar cuentas con el PP -y más en el feudo adoptivo de Arenas- a propósito de los Eres, oportunamente sacado a pasear hoy contra Griñán por el presidente de la Diputación y alcalde de Roquetas. Amat, sin meditarlo, ha pretendido desviar el golpe al atacar como lo ha hecho a Griñán, pretendiendo, en el fondo, que el follón se traslade a Sevilla y que sea Juan Ignacio Zoido el que tome la muleta y le eche un capote en tan difícil y comprometida situación.
Pero esa no debiera ser la cuestión, que también, dado el cariz del Caso Auditorio. Ahora quienes deben recibir el mensaje de alerta son los miembros de la Fiscalía y en especial el Fiscal Superior de Andalucía, Jesús García Calderón, a quien corresponde urgir a responder a la denuncia que hace tiempo fue presentada por representantes del PSOE ante la Fiscalía de Almería a cuenta del Caso Auditorio y todavía no ha sido respondida. Teniendo en cuenta que en un juzgado de Almeria parece que duermen el sueño más injusto los 80.000 folios de la Operación Poniente, con cerca de 70 imputados y unos quinientos millones saqueados de las arcas públicas de El Ejido, no es de extrañar que muchos se pregunten ¿por qué la Fiscalía de Almería permite que lleve la OP más de año y medio prácticamente paralizada? La respuesta a esta pregunta quizás aportase muchas claves de lo que sucede en Almería con demasiados casos de corrupción, pero sobre todo la provincia con más paro porcentual de Andalucía.

La Junta andaluza pedirá acogerse al Fondo de Liquidez de 2013

SEVILLA.- La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha anunciado que la Junta de Andalucía solicitará antes del próximo lunes acogerse nuevamente al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2013 y ha indicado que sigue negociando con el Gobierno de la Nación para que esta Comunidad pueda recibir 1.000 millones más con cargo al FLA del presente año 2012. 

   Aguayo ha hecho este anuncio durante una comparecencia en el Parlamento andaluz en la que ha expresado su "sorpresa" por haber conocido hace 24 horas la decisión del Ministerio de Hacienda de no proceder a la operación de endeudamiento de Loterías para aportar 6.000 millones de euros al FLA, lo que supone dejar esa cantidad "sin distribuir" entre las comunidades autónomas.
   La titular andaluza de Hacienda ha asegurado que, tras las conversaciones con la administración central, la Junta tenía la "expectativa" de incorporar "mil millones más" a los 2.133 ya recibidos con cargo al FLA, una cantidad que aunque "no colmaba las necesidades" de 4.906 millones reclamadas inicialmente por el Ejecutivo andaluz, sí permitía atender nuevos pagos a proveedores.
   Ha apuntado que la petición de acogerse al FLA de 2013 se formulará antes del 17 de diciembre, y ha señalado que la Junta adoptará las medidas oportunas para "intentar reconducir el referido mecanismo para subsanar los problemas de discriminación" a Andalucía.
   Martínez Aguayo ha expresado que en estos momentos tiene una vía de diálogo abierta con el Ministerio de Hacienda que espera "que dé sus frutos" en lo que respecta a la cuantía de 2012, porque es reparto que se ha hecho hasta ahora no es "equitativo ni razonable". Ha pedido al PP-A que acompañe a la Junta en esta reivindicación
   Durante su intervención, la consejera ha aprovechado para exponer que el mecanismo del FLA debe ser "mejorado" por parte del Estado, por cuanto se "ha estigmatizado" a aquellas comunidades que se han adherido al mismo, con un "mensaje incorrecto de su significado como fondo de rescate autonómico" percibido por algunos agentes económicos, lo que ha provocado un "injusto deterioro" de la imagen de las regiones que han acudido al fondo.
   Ha señalado que ese mensaje, sin duda, es "incorrecto" porque en realidad se trata de un mecanismo que sitúa al Estado como intermediario entre los mercados financiero y las comunidades autónomas.
   Martínez Aguayo ha indicado que desde el Gobierno central "no se ha sabido trasladar adecuadamente el significado de este fondo en un momento tan delicado como el actual". En cualquier caso, ha señalado que el Ejecutivo andaluz "aplaude" el FLA como un mecanismo de pago a proveedores en un contexto en el que el Estado está buscando financiación para resolver los problemas de liquidez no solo de las comunidades, sino también de los ayuntamientos y del sistema bancario.
   Ha recalcado que la Junta tampoco está de acuerdo con el diseño del FLA, que no ha sido "muy fino", porque "penaliza" a las comunidades más cumplidoras en términos de deuda. Ha indicado que el hecho de que Andalucía sea de las comunidades menos endeudadas "merma las oportunidades" de acudir al mecanismo. Se ha preguntado por qué nuestra comunidad y proveedores tienen que soportar más retrasos en los pagos porque otras comunidades, como Cataluña o Valencia, se "llevan un montante más elevando por amortizaciones de deuda".
   Ha rechazado que la determinación del importe al que puede aspirar cada comunidad en el tramo de proveedores sea en función del PIB de cada una de ellas, algo que "no es razonable", porque al final se hace un reparto que no es proporcional ni con el nivel de población ni del presupuesto de Andalucía.
   Según ha explicado la consejera, el importe finalmente asignado a Andalucía representa el 8,5 por ciento de los ingresos no financieros de la comunidad, mientras lo que ha asignado a Cataluña representa el  26,3 por ciento de sus ingresos financieros; Comunidad Valenciana (el 20,6 por ciento) y a Murcia, Canarias o Baleares más del 13 por ciento. El resultado, a su juicio, es realmente "sorprendente".
   De otro lado, la consejera ha expuesto que, a pesar del contexto económico y financiero adverso, en Andalucía se ha conseguido formalizar una cuantía de pagos "bastante razonable", ya que, hasta el 30 de noviembre, última información disponible, la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas han efectuado pagos por importe de 27.152,41 millones de euros.
   A juicio de la consejera, este nivel de pagos es "comparativamente mejor que el realizado en otras Comunidades Autónomas" ya que, de acuerdo con la información disponible en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hasta el tercer trimestre de 2012 en Andalucía se ha pagado un 86,9% de las obligaciones reconocidas, un porcentaje superior al de comunidades como Castilla La Mancha (78%), Valencia (79,9%), Baleares (79,5%), Murcia (82%), Cataluña (83,6%) y Extremadura (86%).
   Aguayo ha indicado que, si se consideran sólo las operaciones corrientes, el porcentaje de pagos materializados se eleva hasta el 91,3% de las obligaciones reconocidas, por encima de la media de las Comunidades Autónomas que se sitúa en el 89,1%.
   Por su parte, el diputado del PP-A, Rafael Carmona, ha rechazado las críticas de la consejera al FLA, apuntando que, sobre todo, es para atender las deudas financieras sobre todo porque hay falta de confianza en los mercados financieros. "Si a lo que están llamando es a que no se pague a los bancos, se llega a una situación insostenible", ha advertido Carmona a la consejera, a quien ha recordado que la Junta, desde el verano de 2010, "no coloca deuda pública en los mercados" y gracias a que está el Gobierno de Mariano Rajoy, que "nos está salvando la vida", ha podido acudir a mecanismos como el del FLA.
   El parlamentario del PSOE-A Francisco Menacho ha aludido "a las zancadillas" del Gobierno de Mariano Rajoy a Andalucía y lo ha acusado de actuar como un "bombero, pero primero como un pirómano, diciendo que las comunidades no tienen solvencia".
   El diputado de IULV-CA Ignacio García ha manifestado que con el FLA, el Gobierno está "actuando a su antojo, como si el dinero fuera suyo" y ha preguntado con qué criterio se adjudican las porciones del FLA que se van a repartir entre las comunidades. Ha lamentado la "discriminación" hacia Andalucía por recibir menos cantidades que otras comunidades.

Los alcaldes cobrarán en función de la población del municipio

MADRID.-  El Gobierno fijará el salario de los alcaldes en función de la población del municipio que gobiernan y estará en relación con lo que cobran los altos cargos del Estado. De acuerdo con esta homologación salarial, ningún regidor cobrará más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales del Estado ronda los 68.000 euros, según han informado fuentes de la negociación. Esta retribución será para los alcaldes de las grandes ciudades, el resto cobrará por debajo de ese tope, modulado según el número de habitantes.

   El establecimiento de ese tope salarial implicará una rebaja sustancial en la remuneración que reciben muchos regidores, especialmente los de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, ya que Ana Botella y Xavier Trias superan los 100.000 euros anuales.
   El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando en unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos de la Administración del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local.
   A la espera de concretar los tramos, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes --como Madrid o Barcelona-- tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros).
   En el segundo escalafón, aunque está por definir la horquilla de población, cobrarán como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, el sueldo será como el de un director general (50.832 euros), un tramo en el que previsiblemente se situarán la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia. Eso sí, habrá más tramos para los regidores de municipios más pequeños, a los que se les pagará como a un director general menos un determinado porcentaje en función de la población del consistorio.
   Las retribuciones de los concejales también se ajustarán a estos baremos, de forma que si el alcalde de un municipio cobra como un secretario de Estado sus concejales percibirán un sueldo un poco menor, que se fijará restando un determinado porcentaje al sueldo del regidor.
   El Ejecutivo también trabaja en una reducción del número de concejales, que no será una disminución generalizada del 30 por ciento como se dijo el pasado verano sino que se modulará en función de las circunstancias del consistorio.
   Las fuentes consultadas barajan que esa reducción pueda oscilar entre el 20 y el 30 por ciento y para ello se tendrán en cuenta algunas variables como la población del municipio o los presupuestos del mismo.
   Paralelamente, el Gobierno quiere aprovechar estos cambios para rebajar el número de ediles con dedicación exclusiva, de tal manera que sólo cobrarían un suelo los liberados, mientras que el resto percibiría dietas por asistencia a los Plenos.
   Aparte de los sueldos municipales, uno de los principales asuntos en los que está volcado el Gobierno es la clarificación de competencias, ya que evitar duplicidades y solapamientos constituye la principal fuente de ahorro de la reforma local.
   Así, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local delimitará "en positivo" cuáles son las competencias de los ayuntamientos, con el fin de corregir las llamadas competencias impropias que asumen la mayoría de los consistorios en este momento.
   Junto a esas competencias exclusivas, los ayuntamientos podrán ejercer otras contando con financiación suficiente y teniendo previamente resuelta la financiación de las suyas propias. Además, las comunidades autónomas podrán cederles alguna competencia siempre que vaya acompaña de la financiación necesaria y de un convenio que fije el número de años que la ejercerá, explican las fuentes consultadas.
   El Ministerio de Hacienda, el PP y el PSOE está perfilando aún cuáles serían esas competencias municipales, uno de los aspectos de la reforma local en los que el Partido Popular espera que haya consenso, según fuentes 'populares'.
   En principio, el borrador que se presentó este verano --sobre el que se está trabajando-- propone que los ayuntamientos dejen de tener competencias en materia educativa y sanitaria y se centren en el resto de las que ya realizan, como el urbanismo, la asistencia social primaria o el abastecimiento de agua.
   La reforma local eliminará buena parte de las mancomunidades, que deberán presentar sus cuentas en tiempo y forma, es decir, cumplir la ley y reunir unos estándares de calidad para no desaparecer. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado en diversas ocasiones que las diputaciones son la "mancomunidad natural", según la Constitución, entidades que prestan servicios agrupados a distintos ayuntamientos y reducen así los costes.
   En España existen 1.432 mancomunidades y el 71,3 por ciento no cumple su obligación de presentar cuentas anuales según el informe de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el anteproyecto de reforma de esta ley. El cálculo del departamento es que el ahorro por la supresión de estas entidades puede ascender a 700 millones de euros.
  Las fuentes consultadas consideran que el Consejo de Ministros aprobará esta reforma de la Ley de gobierno local en la primera quincena de enero, dejando estas semanas de Navidad para lograr el máximo consenso con los socialistas.
   Si la reforma de la Administración Local entra en vigor el próximo verano, como calculan las fuentes consultadas, los consistorios dispondrán de cierto respiro económico con el ahorro que implica la clarificación de competencias.
  El Ejecutivo no tiene previsto aprobar por el momento una reforma de la Ley de Haciendas Locales, un tema que se pondrá encima de la mesa cuando se revise la financiación autonómica, algo que empezará a abordar a partir de 2013.

El Parlamento Andaluz da luz verde al decreto de protección de litoral

SEVILLA.- El Pleno del Parlamento acogerá este miércoles el debate de convalidación o derogación del Decreto-Ley del Gobierno andaluz sobre medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral.

   La sesión plenaria comenzará este miércoles con el citado debate y, a continuación, se sustanciarán una comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre los compromisos de pago con empresas concesionarias, proveedores y empresas que prestan servicios públicos. Acto seguido, la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, dará cuenta del informe sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las consejerías implicadas en materia de violencia de género durante el año 2011.
   Por su parte, la consejera de Educación, Mar Moreno, informará sobre los resultados de la Conferencia Sectorial de Educación, con la que se cerrará la primera jornada del pleno.
   El jueves se reanudará el Pleno con el debate de una moción relativa a política general en materia de política social, que será defendida por el Grupo parlamentario Popular, y, a continuación, comenzarán las preguntas orales.
   Entre ellas destacan las que se dirigen al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. El portavoz del grupo parlamentario IULV-CA, José Antonio Castro, le preguntará sobre el debate territorial y financiación de las comunidades autónomas; el portavoz del grupo socialista, Francisco Álvarez de la Chica, lo hará sobre autonomía financiera y tributaria de las comunidades, y el presidente del grupo popular, Juan Ignacio Zoido, preguntará a Griñán acerca del balance del periodo de sesiones.
   La sesión plenaria finalizará con el debate y votación de cuatro proposiciones no de Ley: una de IULV-CA sobre la demolición del Hotel Algarrobico; dos del PP-A, relativas a la auditoría de las políticas llevadas a cabo por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y al cumplimiento de los compromisos financieros con las entidades locales de Andalucía, y una última del PSOE-A acerca del rechazo a Ley de Tasas Judiciales y a la supresión del impuesto autonómico sobre depósitos en entidades de crédito.

El PSOE reta al PP a investigar los convenios urbanísticos en Roquetas, que "siempre benefician a los mismos"

ALMERÍA.- El secretario provincial del PSOE y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel, ha retado al PP de Almería ha abrir una comisión de investigación para revisar los convenios urbanísticos de la última década suscritos por el alcalde de Roquetas de Mar y presidente del PP almeriense, Gabriel Amat, de los que "siempre se benefician los mismos". 

   El líder de los socialistas almerienses ha respondido a las declaraciones del parlamentario andaluz del PP de Almería José Cara, quien cree que el PSOE usa la sentencia del TSJA sobre el aumento casi del 120 por ciento con respecto al precio inicial de la obra del Teatro Auditorio de Roquetas como "una cortina de humo para tapar las vergüenzas de la Junta" y para "desviar la atención".
   Sánchez Teruel ha considerado que el también alcalde de La Mojonera, "que habitualmente va con mucha velocidad" y "se pasa de frenada", trata de "confundir" a la opinión pública sobre el contenido de la sentencia del alto tribunal y de carácter firme, por lo que ha anunciado que va a difundir su contenido a través de las redes sociales y la página web del partido.
   Así, ha detallado que la sentencia señala que "la obra se hizo antes que el expediente administrativo" con "informe desfavorable del interventor y del Consejo Consultivo de Andalucía" con lo que, "en definitiva, se hizo de forma ilegal". A partir de esta resolución, según ha explicado, es cuando el PSOE ha decidido solicitar a la Fiscalía la reapertura de diligencias penales contra el regidor roquetero.
   "El problema es que saben que el PSOE va a llegar hasta el final y es lo que les molesta, por lo que mienten y manipulan", ha considerado el secretario provincial del PSOE, quien ha asegurado en esta línea que la gestión de Amat al frente del Consistorio de Roquetas "está llena de sentencias condenatorias".
   El parlamentario socialista se ha mostrado de acuerdo con Cara en que "en política no todo vale" y ha recordado que "la ley es para todos igual". Así, entiende que la sentencia "no es un plato de buen gusto" pero "ha sido él --en referencia a Amat-- el que ha generado este problema con su rapidez y celeridad".

La compraventa de viviendas se dispara en Andalucía

MADRID.- La compraventa de viviendas aumentó un 12,8% en octubre respecto a igual mes de 2011, hasta un total de 25.261 operaciones, de las que el 50,7% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 49,3% sobre inmuebles nuevos, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En octubre, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (105) y Comunidad Valenciana (93).
   Más del 61% de las compraventas de viviendas efectuadas en el décimo mes de 2012 se registraron en Andalucía (5.323 operaciones), Comunidad Valenciana (3.818), Cataluña (3.404) y Madrid (2.893).
   Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas en octubre fueron Navarra (224 operaciones), La Rioja (271) y Cantabria (305).
   Las regiones donde más se incrementó la compraventa de viviendas en valores interanuales fueron Castilla-La Mancha (+34,8%) y Baleares (+30,1%), mientras que las que presentaron los mayores retrocesos fueron Navarra (-36%) y Cantabria (-16,7%).
   Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), el total de fincas transmitidas en octubre fue de 130.109, con un aumento del 6,5% sobre octubre de 2011 y del 6,8% respecto a septiembre.
   Por compraventa se transmitieron un total de 57.182 fincas, un 11,2% más que en octubre de 2011, mientras que 4.656 fincas se transmitieron por donación (+4,8%), 691 por permuta (-10,7%) y 31.361 inmuebles por herencia (+11%).
   En el apartado de compraventa, el 83,9% de las transacciones efectuadas en octubre correspondieron a fincas urbanas y el 16,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 52,6% fueron compraventas de viviendas.
   Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 10,6% en octubre en tasa interanual, hasta las 9.193 operaciones, mientras que el de fincas urbanas repuntó un 11,3%, hasta las 47.989.
   El número total de fincas transmitidas en octubre por cada 100.000 habitantes fue mayor en Castilla y León (600) y Castilla-La Mancha (577).
   Las comunidades con mayor tasa de variación interanual fueron Castilla-La Mancha (+15,8%) y Cataluña (+15%), mientras que los mayores descensos se los anotaron La Rioja (-16,3%) y Cantabria (-14,1%)..

martes, 11 de diciembre de 2012

Fitch otorga a la nueva Cajamar la calificación de 'bono basura'

MADRID.- La agencia Fitch ha situado la calificación de riesgo a largo plazo del nuevo grupo Cajamar -Grupo Cajas Rurales Unidas, tras la fusión con la valenciana Ruralcaja- en "BB", considerada de "grado especulativo" o "bono basura".

Fitch, que coloca la calificación en perspectiva estable, ha justificado la decisión por el deterioro de los activos, el aumento de la morosidad, que según sus cálculos podría alcanzar el 12 por ciento a finales de 2012, la alta dependencia de la financiación del Banco Central Europeo (BCE), y la situación general de recesión del país, según ha detallado en un comunicado.

Estos mismos factores, ha añadido, justificarían también la rebaja de la calificación del Grupo Cooperativo Cajamar, de "BBB-" a "BB".

Como factores positivos, la agencia de calificación señala que el Grupo Cajas Rurales Unidas, que aglutina el 50% del negocio total y los activos del sector de las cajas rurales españolas, tiene una importante red de sucursales que le proporciona una amplia base de depósitos y añade que cuenta con un potencial de sinergias en costes derivado de la integración.

Las niñas con hábito, los niños con sotana / Gabriel Sánchez

Como un barco a la deriva así va la libertad educativa de la que gozábamos en este país. Hoy veo con preocupación como los logros conseguidos tras la muerte del dictador se esfuman como la niebla con este gobierno incompetente que, en vez de buscar soluciones a los problemas que de verdad preocupan y maltratan a los ciudadanos, se dedica en lanzar una cortina de humo para tenernos entretenidos, utilizando eso sí, una de las piedras angulares de nuestro Estado, la educación.

Pero este plan, perfectamente estudiado, pretende mantenernos entretenidos para que nos olvidemos de lo verdaderamente importante (el paro por ejemplo, casi dos millones más desde que llegaron al gobierno o los muchos recortes sociales), haciéndole de camino el agua clara a la iglesia y plegándose a sus imposiciones para imponernos un modelo de enseñanza que de manera sibilina se pasa la Constitución por el forro, al instaurar encubiertamente en un Estado laico como el nuestro la doctrina católica apostólica y romana como cuando vivíamos en tiempos de Franco.

De casta le viene al galgo (les hablo del ministro Wert) y ni que decir tiene que creyéndole manso nos engañó a todos, pues dejando a un lado la imagen de hombre moderado se ha quitado la mascara enseñándonos su radical forma de entender la enseñanza seguramente porque han aflorado con añoranza en él, aquellos recuerdos de tiempos lejanos, aunque no olvidados, donde éramos obligados por la fuerza, a base de palmetazos, tirones de patillas o guantazos a aprendernos el catecismo mientras un cura salvador de almas nos decía:     “ quien bien te quiere te hará llorar”

¡Y yo que pensaba que el integrismo religioso se practicaba tan solo en los países musulmanes!

A veces pienso que lo que estos talibanes de la política pretenden es ver por narices a nuestros hijos con hábito o sotana, el escapulario al cuello y el catecismo en la mano. No en vano se han empecinado en que todo el alumnado estudie la asignatura de religión y sin, otra asignatura de religiosidad encubierta que al dictado de la curia el ministro Wert se ha propuesto imponernos.

¿No es esta imposición un atentado contra el artículo dieciséis de la Constitución? ¿Acaso no somos libres para practicar la religión que queramos sin que tengan que imponérnosla?

De nada sirven los argumentos que alumnos, asociaciones de padres y demás entes han puesto sobre la mesa para que este intransigente gobierno y el peor ministro de educación de toda la democracia, dé marcha atrás a un modelo de enseñanza del que la mayor parte de la ciudadanía está en contra, a excepción claro está de la iglesia y de sus adláteres, palmeros incluidos, entre los que cabe destacar tertulianos y periodistas en nómina de la misma que ocupan radios, periódicos y sobre todo platós de televisión defendiendo la política del ministro, haciendo campaña en su favor, validando las tesis dictadas por el todopoderoso Opus Dei, los influyentes neucatecumenales o por los legionarios de Cristo del pederasta Maciel, verdaderos ideólogos y artífices de esta propuesta por ser los que marcan a este gobierno plagado de miembros de ultraderecha cual ha de ser la educación que nuestros hijos han de recibir, arrugandose a sus consignas sin importarle atentar contra la carta magna y cargarse de un plumazo nuestra libertad de elegir, religión incluida.

Sin hogueras de por medio, ni procesos, ni maquinas de tormento, son esta caterva de intransigentes, la nueva inquisición del siglo XXI.

Pero ¿hasta están estos negados dispuestos a llegar?.

Mucho me temo que no tengan límites y que se hayan propuesto privatizar la enseñanza, cargándose en consecuencia la enseñanza pública. Para ello nada mejor que ir poniendo piedras en el camino de la misma esquilmando las ayudas, hacinando a los alumnos en las aulas, dotando a los colegios de menos personal docente, marginando a éste con condiciones laborales cada día más denigrantes, proveyendo a los colegios de un presupuesto menor con el fin de crear una enseñanza de peor calidad para que de ésta manera la privada, es decir la de la iglesia en su mayor parte, tenga el camino libre.

Dispuestos a todo y no conformes con su afrenta han disminuido el importe del dinero destinado para becas y ayudas al alumno, subiendo de manera indecente e impúdica los importes de las tasas educativas, créditos y matriculaciones para que al pobre le sea más difícil el acceso a la universidad. Sin un ápice de vergüenza han creado una enseñanza claramente discriminatoria hacia las clases humildes. Saben bien lo que hacen, pues con ésta política jóvenes sin recursos no podrán costearse los estudios y tendrán que dejar de estudiar.

Detrás de todo esto, pensando mal, yo diría que se proponen marginar a la clase obrera impidiendo que sus hijos puedan formarse y es que a estos talibanes le repatea que nuevamente el hijo de un vaquero pueda llegar al poder. Para evitar esto necesitan controlar la enseñanza y ya de paso traer la privatización.

O paramos a este gobierno y les decimos que no estamos dispuestos a que hagan su santa voluntad o generaciones venideras lamentarán que no lo hayamos hecho.

La Fiscalía denuncia al secretario municipal de Zurgena por falsedad documental y malversación


ALMERÍA.- El Ministerio Público ha interpuesto una denuncia contra el secretario del Ayuntamiento de Zurgena, José Antonio A.M., por presuntos delitos de falsedad documental y malversación de caudales públicos después de que el alcalde de la localidad, Francisco Ramos (PP), denunciara ante la Fiscalía que el secretario falsificó la firma del anterior regidor Cándido Trabalón (PA) en diversa documentación durante 2010. 

   Así lo ha confirmado el propio alcalde, quien ha explicado que con la entrada de la nueva corporación el secretario "ya estaba de baja" aunque este extremo no fue comunicado al Consistorio formalmente hasta, al menos, tres meses después, cuando presentó los partes de baja médica, lo que motivó las sospechas del equipo de gobierno.
   En este sentido, el alcalde ha asegurado que ahora revisarán todo el trabajo realizado con este secretario, al que acusan además de haber hecho uso privativo y abusivo de un teléfono móvil municipal "con el que se llevaba noches enteras hablando", y que como consecuencia dio lugar a facturas por valor conjunto de unos 12.000 euros anuales.
   El fiscal ha centrado su denuncia en los posibles casos de falsedad documental y malversación, mientras que ha desestimado investigar otros aspectos solicitados por la acusación, como la veracidad de los partes médicos presentados dada la "amistad" que tiene con una médica, o la ocultación de una carta del Ayuntamiento de Villalpardo (Cuenca) en relación su "obsesión" en controlar la correspondencia postal.
   La denuncia adelantada por 'La Voz de Almería' incorpora también "una factura por 348 euros de un escudo bordado de Zurgena que se desconoce que llegara a las dependencias municipales y una factura de 374 euros en 25 ejemplares de un libro", cuyo paradero se desconoce.

Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.
   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.
   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".
   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.
   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.
   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.
   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.
   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".
   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

IULV-CA, partidaria de suprimir las cesantías si se aprecia "rechazo" ciudadano

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA y vicepresidente primero del Parlamento andaluz, Ignacio García, se ha mostrado partidario de suprimir las cesantías para los parlamentarios en el caso de que "realmente" se aprecie "un rechazo" por parte de la ciudadanía a esta cuestión. "De ser así, se quitan y en paz", ha apuntado.

    García ha explicado que su formación está a favor de abrir este debate, de analizar que significan las cesantías y, a partir de ahí, "tomar una decisión" sobre si se considera necesaria su continuidad o no.
   El parlamentario de IULV-CA, que ha destacado que en muchas ocasiones se habla de las cesantías utilizando "una profunda carga despectiva", ha destacado que la ciudadanía tiene que saber también que los diputados no tienen derecho a paro.
   No obstante, ha dicho estar "totalmente de acuerdo" con que hay que abrir el debate y que "posiblemente" haya algunos "flecos" que revisar, en referencia a la duración de las cesantías o a la cuantía de las mismas, entre otras posibilidades.
   "Hay que afrontar este debate y analizar la cuestión, pero al final quien manda es el pueblo soberano. Y si realmente se aprecia un rechazo de la sociedad a este tema se quita y en paz", ha insistido el diputado de IULV-CA.

Chamizo abre una queja de oficio sobre menores víctimas de desahucios

SEVILLA.- El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para conocer el impacto en menores que son víctimas de lanzamientos de sus viviendas e intentar investigar la entidad del problema. Pero, sobre todo, la Defensoría quiere conocer con esta iniciativa las respuestas que se deben poner en marcha para amortiguar estos efectos "en quienes más sufren la pérdida de sus viviendas".

   La Oficina del Defensor ha anunciado esta actuación de oficio con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, un elenco de pronunciamientos para la dignidad del ser humano que la crisis "hace peligrar" en Andalucía, porque esta situación de crisis "es la peor amenaza para el conjunto de derechos y libertades que esta comunidad ha venido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas", indica a través de un comunicado colgado en su portal web.
   En este sentido, señala que la situación de "grave" crisis económica "provoca un efecto expansivo de la pobreza", con una inmersión de sectores "muy importantes" de la población "hacia situaciones de insuficiencia de recursos propios que afecta de inmediato a la propia unidad familiar y sus miembros con multitud de aspectos que estallan contra la estabilidad de las familias".
 "La crisis se expande entre segmentos sociales, pero también profundiza sus efectos porque los sistemas públicos de cobertura y protección disminuyen o desaparecen", lamenta.
   "Y nos preocupan muy particularmente los menores", continúa en dicho comunicado el Defensor. Así, se refiere a datos de Unicef que indican que, en España, "el 13,7 por cien de las personas menores de 18 años vive en hogares con un nivel de pobreza alta", una cifra que muestra "la gravedad de la situación: hay más niños pobres, y además de crecer en número aumentan sus carencias". "Podemos decir que esta pobreza tiene rostro de niño y que todas las previsiones coinciden en un agravamiento de esta incidencia infantil", advierte.
   Pero, continúa, "existe otro factor esencial que está arrastrando con sus efectos unos daños muy especiales en estos niños, como es la pérdida sobrevenida de la vivienda", con lo que "no resulta difícil imaginar los efectos que se producen", porque los menores "pierden su elemento material de cobijo y resguardo. Su casa es su referente de vida y de relación con el entorno. La vivienda es su escenario vital, su lugar de convivencia y desarrollo. Su domicilio es determinante para su vida escolar, sus relaciones ente iguales y su propio entorno urbano".
 "Si asumimos el efecto de estas expulsiones de los hogares en las personas adultas, en el caso de menores los impactos son mucho más duros", asegura Chamizo.
   Y, sin embargo, se pregunta, "poco sabemos de la dimensión de este problema. ¿Cuántos niños se están viendo lanzados junto a sus padres de las viviendas? ¿Su presencia es un factor condicionante en los procesos judiciales? ¿Actuamos igual o, por el contrario disponemos de recursos específicos cuando estén menores afectados?".
   Así las cosas, el Defensor del Menor de Andalucía ha anunciado una próxima actuación de oficio para dar a conocer esta situación e intentar investigar la entidad del problema. Dicha actuación se dirigirá a la Consejería de Salud y Bienestar Social para investigar las medidas de lucha contra la pobreza en el sector de la infancia.
   Pero, agrega, "también queremos conocer de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), como entidad representativa de los municipios andaluces, la posible existencia de protocolos de atención social de emergencia para atender estas situaciones con menores implicados y de la Consejería de Vivienda, conocer la aplicación concreta de criterios de adjudicación de viviendas protegidas por la existencia de menores necesitados de este preciado bien"

El PSOE-A llevará al Parlamento la "desviación ilegal del 120%" en el coste del Teatro Auditorio, de Roquetas

ALMERÍA/ROQUETAS DE MAR.- El PSOE-A ha anunciado este martes que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, que, según dicta una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.

   Así lo ha indicado en rueda de prensa el vicesecretario general de los socialistas andaluces, Mario Jiménez, quien ha asegurado que la citada sentencia, hecha pública en abril, determinó que, bajo el mandato de Gabriel Amat, se produjo una "desviación ilegal" de manera que las obras "terminaron costando 15 millones de euros".
   "Estamos hablando de ocho millones de euros a los que se les ha perdido el rastro, de los que se dispuso sin respaldo legal", ha remarcado Jiménez, para quien esto "compromete" la gestión de Amat al frente del Ayuntamiento de Roquetas y "como presidente del PP en la provincia de Almería".
   El anuncio llega después de que el PSOE de Almería haya pedido a la Fiscalía Provincial que solicite al Juzgado de Instrucción nº 3 de Roquetas de Mar la reapertura de las diligencias penales contra el regidor, que fueron archivadas de manera provisional a la espera de fallo en el procedimiento contencioso-administrativo que ha resuelto el TSJA anulando la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro Auditorio así como la modificación del contrato de obra, al considerar que "no son ajustadas a derecho".
   Jiménez ha recordado que las obras se iniciaron en virtud de un convenio entre el Ayuntamiento de Roquetas, la Diputación Provincial de Almería y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, por lo que ha trasladado que cree que en las tres administraciones "deben iniciarse investigaciones exhaustivas sobre lo sucedido".
   "La austeridad y el ahorro de los fondos públicos se lo pasan los responsables del PP por el arco del triunfo", ha asegurado para, a continuación, subrayar que, a su juicio, "llegar ya a una desviación del 120%, con informes en contra de técnicos del Ayuntamiento, que decían claramente que no era posible disponer de esos recursos, es una tomadura de pelo y huele mal".
   Jiménez ha asegurado que espera que Amat termine dando "muchas explicaciones" que también ha hecho extensivas al que fuera presidente de la Diputación Provincial y actual alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. "Tendría que aclarar si conocía que se estaba haciendo esa disposición irregular de recursos públicos, contra el criterio de los servicios técnicos, hasta provocar un agujero del 120% en la construcción del que posiblemente sea el auditorio más caro del mundo", ha indicado.
   En esta línea, y ante lo que ha reiterado "es una tomadura de pelo a los ciudadanos, si no es algo más grave", ha demandado "explicaciones" al exlider del PP-A y parlamentario andaluz por Almería, Javier Arenas. 
"Yo no sé si se acuerda de que es diputado por esta provincia, no sabemos si sólo vino aquí con el canasto para llevarse los votos a Sevilla pero sigue teniendo responsabilidades en Almería y de esto tendrá que dar cuenta", ha concluido.

Amat se defiende atacando

El alcalde de Roquetas de Mar y presidente de la Diputación, Gabriel Amat (PP), ha defendido este martes la gestión económica que su equipo de gobierno llevó a cabo para ejecutar las obras del Teatro Auditorio del municipio, de manera que ha asegurado que "no hay indicios" de ningún tipo de delito como "bien claro" dice el TSJA, cuya sentencia al respecto recoge que se registró un aumento de casi del 120% con respecto al precio inicial de la obra fijado 7.063.094,25 euros.
   Así ha reaccionado después de que el vicesecretario del PSOE-A, Mario Jiménez, anunciara que pedirá explicaciones en el Parlamento de Andalucía sobre la gestión de los fondos públicos utilizados para la construcción del recinto al entender que se produjo una "desviación ilegal".
   El primer edil 'popular' de Roquetas asegura que hubiera sido "imperdonable" haber dejado a la localidad sin el Teatro Auditorio, con lo que además se habría hecho "un favor a los socialistas", que "son negativos y no tienen capacidad para hacer nada".
   Amat ha asegurado que el PSOE "no tiene ni idea de lo que está diciendo" al respecto y ha recordado que el Ministerio Público ya archivó una querella, si bien este aspecto estuvo condicionado al inicio previo de un procedimiento por la vía contenciosa-administrativa. 
En este sentido, el secretario provincial del PSOE, José Luis Sánchez Teruel, y el secretario de Organización de los socialistas almerienses, Juan Carlos Pérez Navas, han solicitado la reapertura de las diligencias.
   Con respecto a esta denuncia, el también presidente del PP de Almería ha advertido que "tengan cuidado aquellas personas que han firmado" el escrito dirigido a la Fiscalía, ya que "algún día se pueden encontrar con la horma de su zapato y les puede estallar algo en las manos". 
Así, ha remarcado que el TSJA "ha dicho claramente que no se gastó ni un euro más" y entiende que, de haber encontrado indicios de delito, habría contactado con el Ministerio Público para que investigara al respecto.

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.
   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".
 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.
   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".
   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.
   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".
 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

Tres de cada cuatro jóvenes andaluces 'pasan' de la política

SEVILLA.- La consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha presentado el Informe Social de la Juventud en Andalucía, realizado por el Instituto Andaluz de la Juventud y el Centro de Estudios Andaluces, según el cual el 76,6 por ciento de los jóvenes se declaran "desinteresados" por la política y a un 13 por ciento les da igual un régimen que otro, aunque la inmensa mayoría suscribe que la democracia es un preferible a cualquier otra forma de gobierno. El estudio ha sido realizado a través de 3.200 entrevistas a una población de entre 14 y 30 años, de las ocho provincias andaluzas.

   En rueda de prensa, Susana Díaz ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que los más jóvenes no se interesen por la política porque "la política es el poder de los que no tienen otro poder", y los jóvenes "como así lo demuestran los datos de desempleo, de dificultad de acceso al mundo laboral, son los que más han sufridos los recortes del Gobierno de la Nación", lo que "debería hacerles participar con más interés en la política y no es así". Por tanto "tenemos un grave problema de confianza en general y en el caso de los jóvenes, que son el futuro de un país, tiene que ser para nosotros prioritario".
   "Esto marca un camino de recuperación de la confianza, de acceso a la gestión desde las instituciones, de mayor transparencia", y ahí "hay un reto para el Gobierno andaluz". Asimismo, y sobre el segundo de estos aspectos, Díaz ha dicho que "es una cuestión bastante más preocupante", porque muchos de estos jóvenes "ven momentos de la dictadura como historia muy historia, y no han conocido otra cosa que la democracia". Por ello, el trabajo de "sensibilización y formación de lo que tuvieron que vivir sus padres y sus abuelos requiere de un fuerzo importante".
   Además, según las conclusiones de este informe, realizado de enero a mayo de 2011 y organizado en siete capítulos, los jóvenes se muestran "muy preocupados" por el desempleo. Así, la juventud considera que el problema principal es el paro y la precariedad laboral, con 72,1 por ciento. Igualmente, la encuesta indica que el 78,9 por ciento de los jóvenes desempleados trataron de buscar un empleo en la últimas cuatro semanas.
   En este sentido, y sobre este problema, Díaz asegura que los jóvenes "están viendo cómo la reforma se ha convertido en una forma de romper las relaciones laborales, romper el modelo de convivencia, con una reforma educativa brutal que va 30 años atrás, y eso se tiene que reflejar en cualquier estudio". Y esto, añade, pese a que "el estudio es de 2011, porque si pregunta hoy seguramente los datos serían más alarmantes, tras una reforma laboral injusta y que castiga a la juventud".
   Siguiendo con la formación y el sistema educativo, el porcentaje de jóvenes con FP ha bajado respecto a 2003, cuando se hizo un estudio similar, pasando del 9,9 al 8,7 por ciento. Sin embargo, aumenta el número con Bachillerato, de 9,8 a 15,8 por ciento, y el de jóvenes con estudios universitarios, del 14,5 al 25,3 por ciento. Las chicas son las que en mayor medida acceden a estudios universitarios de grado medio y superior; el 71,9 por ciento otorga un gran valor a las credenciales educativas como medio de inserción laboral; y el 83,7 por ciento opina que la realización de una carrera supone un esfuerzo económico y más del 89 por ciento defiende la provisión estatal del gasto en educación.
   Los jóvenes andaluces valoran también mucho las relaciones familiares y perciben la relaciones con sus padres como "muy buenas". Además, el 70 por ciento vive en el hogar familiar y un 36,9 por ciento, al ser preguntados cómo prefieren vivir, dicen que en pareja y con hijos. En relación a qué modelo de familiar prefieren, el 81,7 por ciento prefiere un modelo simétrico --ambos trabajo fuera del hogar y reparto de las tareas domésticas--; un 13,1 por ciento prefiere que la mujer trabaje menos horas fuera de casa y se ocupe en mayor medida del hogar; y un 5,3 por ciento, que el hombre trabaje fuere del hogar y la mujer se ocupe de las tareas.
   En relación a la familia, la edad promedio de los jóvenes que dejan el hogar es 20,3 años, el 37,4 por ciento por los estudios; el 30,4 por ciento por la formación de una familia; y el 17,8 por ciento por factores económicos. En cuanto a la independencia económica, el 50 por ciento vive exclusivamente de los ingresos de otras personas y el 22,5 por ciento vive exclusivamente de sus ingresos. Por último, y respecto a tener hijos, el 62,5 por ciento considera que puede ser un obstáculo para la vida profesional de las mujeres.
   En el capítulo salud y calidad de vida, la edad media en que la juventud tiene su primera relación sexual completa es de 16,4 años, frente a los 17,4 de 2003. Además, el 80 por ciento dice usar anticonceptivos, con una mayor conciencia entre los más jóvenes. Respecto al consumo de alcohol, el 76,1 por ciento de los jóvenes de Andalucía ha consumido alcohol alguna vez; de ellos, el 90 por ciento bebe solo de forma ocasional o en fin de semana; y el 60 por ciento de la juventud no consume tabaco, ni siquiera lo ha probado.
   Respecto a las pautas de ocio, consumo cultural y nuevas tecnologías, el 92,2 por ciento se declara consumidor de televisión, y el 91,4 por ciento hace un uso diario o semanal de Internet. Sobre el tiempo de lectura, el 76,2 por ciento de la juventud dedica parte de su tiempo diario a la lectura, y en cuanto a lo que más les gusta en su tiempo libre, tanto chicos como chicas optan por escuchar música en primer lugar, seguido de salir con los amigos y viajar.
   Del mismo modo, la juventud andaluza se muestra "intolerante" a la violencia de género, una intolerancia que también se manifiesta en lo relativo a la contaminación y el suicidio. Sin embargo, es "tolerante" hacia la homosexualidad, la eutanasia y el aborto. Además, su grado de compromiso por la igualdad alcanza el 8,9 sobre diez, seguido de su compromiso por la libertad, los derechos humanos, y la lucha contra el hambre; la paz; el cuidado del medio ambiente; o la lucha contra el racismo en quinto lugar.
   No obstante, Díaz ha sido cuestionada sobre por qué pese a que la juventud tiene una actitud intolerante hacia la violencia de género los casos suben entre los más jóvenes, ante lo que ha mostrado su "preocupación", ya que estos jóvenes "han crecido en libertad, en democracia, y han sido educados en valores". Ante esta situación, ha dicho que "hay que profundizar en la educación entre iguales, en valores y en la Educación para la Ciudadanía, a pesar de que a Wert le moleste", toda vez que ha subrayado que se está realizando un "esfuerzo importante" en este sentido, y ha recordado que en los Presupuestos de la Junta para 2013 "se ha aumentado la partida para sensibilización y prevención de la violencia de género".

Los hosteleros almerienses cifran la ocupación en el 'puente' en "apenas" el 50% de las plazas

ALMERÍA.- La ocupación hotelera en la provincia de Almería durante el Puente de la Constitución ha rozado "apenas" el 50% de las plazas ofertadas aunque este porcentaje se ha visto reducido de manera sensible en los establecimientos de la capital. Por contra, los picos de ocupación se han registrado en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y en los municipios del interior.

   La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha achacado el hecho de que el turismo "no se haya activado" pese a que la climatología "ha acompañado" a la crisis económica y a la cercanía de la Navidad en un puente "que prácticamente sólo depende del turismo nacional al ser solo fiesta en España".
   El "escaso movimiento" se ha dejado sentir especialmente en la capital, donde se ha alcanzado una ocupación del 40%. Los mejores resultados de ocupación, con un 55%, se han producido en la comarca del interior, "que a priori también era la que mejores perspectivas tenía", según ha precisado Ashal en un comunicado.
   Por otro lado, hasta el 50% de plazas se han ocupado en los establecimientos que estos días han abierto en la zona del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. 
La patronal del sector hostelero ya anunció que no tenía "buenas perspectivas" de ocupación para el puente ya que se habían registrado "pocas reservas con antelación".

La Junta pide al alcalde de El Ejido que cumpla sus "compromisos" contra el chabolismo

ALMERÍA.- La delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ha pedido este lunes al alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), que "empiece a colaborar" para erradicar el "urgente" problema que tiene el municipio con los asentamientos chabolistas y que "cumpla sus compromisos" como el resto de ayuntamientos que participaron en la reunión que mantuvieron con la Junta, la Subdelegación de Gobierno y las organizaciones sociales en lugar de "ir por libre". 

  La delegada ha criticado la "deslealtad institucional" del regidor ejidense después de que Góngora asegurara que el Consistorio va a seguir otorgando órdenes que permitan la demolición de chabolas en el municipio aunque, por parte del Ayuntamiento, no se van a ejecutar en virtud del acuerdo alcanzado en dicha reunión, mantenida a principios de octubre.
   "El Ayuntamiento parece que lo único que quiere es derribar chabolas y que el problema se vaya de un sitio a otro cuando lo que hay que hacer es buscar una solución definitiva", ha manifestado Ferrer, quien, al contrario que el alcalde ejidense, ha afirmado que entre los compromisos alcanzados por los ayuntamientos está el de no aprobar nuevas órdenes para ejecución de derribos en infraviviendas, estén ocupadas o no.
   Asimismo, la responsable del Gobierno andaluz en Almería ha manifestado que mientras que otros municipios o la propia Subdelegación "están buscando soluciones", el Consistorio ejidense "se ha negado" a mantener una reunión con técnicos y responsables municipales y las organizaciones sociales para abordar los últimos acontecimientos. "Dijo que él no se reunía con colectivos sociales", ha apostillado la delegada quien le ha recriminado su ofrecimiento en este sentido en declaraciones a la prensa.
   Ferrer asegura que aunque el Ayuntamiento de El Ejido ha remitido a la Junta el censo de infraviviendas encargado a todos los municipios participantes --información que aún se coteja con "otras bases de datos"---, también hay que "tener voluntad de solucionar el problema". En este sentido, ha recordado que las competencias en atención social son compartidas entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales.
   Con esto, la delegada ha remarcado que la actitud del alcalde 'popular' "ha sido desleal y no aporta nada".
 "Mientras que las demás administraciones están colaborando, El Ejido se ha salido de la hoja de ruta", ha señalado Ferrer, quien ha puntualizado que la mesa de trabajo se ha reunido ya en dos ocasiones para estudiar los datos que ya se manejan, con los que resalta El Ejido como "el problema más inminente".

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.
"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.
El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".
Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.
Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".
"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.
Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.
"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".