sábado, 23 de junio de 2012

La Diputación de Almería asesora al Ayuntamiento de Tetuán sobre la contaminación en vertederos

 
ALMERÍA.- Responsables políticos y personal técnico de las diputaciones de Málaga y Almería y del Ayuntamiento de Tetuán han participado en un encuentro celebrado esta semana en la ciudad marroquí, en el marco del proyecto europeo transfronterizo Reconver, cuyo principal objetivo es la reducción de la contaminación en vertederos de los tres territorios. La reunión ha permitido intercambiar experiencias sobre acciones de mejora de la calidad ambiental de los vertederos.

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga actúa como promotor del proyecto, en tanto que las diputaciones de Málaga -a través del servicio de Recursos Europeos- y Almería y el Ayuntamiento de Tetuán participan como entidades socias.

El encuentro ha servido para dar a conocer a responsables políticos de Tetuán (entre ellos el vicepresidente de su ayuntamiento y la concejal de Medio Ambiente) las diferentes acciones de Reconver, con especial atención a las que se desarrollarán en Marruecos.

Actuaciones en Málaga y Almería

Reconver también contempla actuaciones en las provincias de Málaga y Almería. En el primer caso se centrarán en los vertederos de Antequera y Casarabonela, que dan servicio a 89 municipios con una población de 560.000 habitantes. En este caso, el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga realizará mejoras en la red de pluviales, en la gestión de lixiviados (líquidos muy contaminantes por la descomposición de los residuos) y en la desgasificación del vertedero de Casarabonela. Ello supondrá un desembolso de unos 350.000 euros.

En la provincia de Almería, la Diputación colabora con tres consorcios de residuos. En este proyecto concreto participa el de Almanzora-Levante-Vélez, que cubre 45 municipios con unos 155.000 habitantes. Las actuaciones se desarrollarán en el vertedero de Albox, donde se llevará a cabo una desgasificación del vertedero, la realización de mejoras en la red de pluviales y la gestión de los lixiviados.

Acciones del consorcio de Málaga en Tetuán

Además, en la reunión se ha expuesto el resultado de un primer diagnóstico sobre la situación real del vertedero de Tetuán, que da servicio a unas 320.000 personas. y se han debatido posibles acciones para aliviar el problema de la contaminación que sufre. Todas ellas las ejecutará el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.

Este proyecto se basa en una mejora en la gestión de los lixiviados a través de diversas obras y en la búsqueda de inversores para implantar la desgasificación del recinto con aprovechamiento energético, dado que se ha considerado la viabilidad de la explotación comercial de los gases que generan las basuras.

Igualmente, se realizará un plan de vigilancia y control que permitirá determinar cómo actuar en casos de lluvias fuertes o ante posibles movimientos de las montañas de residuos, y se proporcionarán equipos para la medición de la contaminación en el vertedero.

Esta acciones supondrán una importante mejora en la calidad ambiental de la población más cercana al vertedero de Tetuán, lo que ha sido muy valorado por los responsables políticos marroquíes.

En esta visita han participado el diputado de Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, Juan Jesús Bernal; el gerente del mencionado Consorcio, Daniel Sánchez; el diputado de Empleo, Promoción Económica e Iniciativas Europeas de la Diputación de Almería, Amós García Hueso; el diputado de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación de Almería, Óscar Manuel Liria, y personal técnico de las tres zonas.

Reconver forma parte de la segunda convocatoria de proyectos del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX), financiada con fondos FEDER de la Unión Europea, que contempla actuaciones conjuntas en el sur de España y el norte de Marruecos. El importe global del proyecto es de 1,5 millones de euros, de los que el FEDER aporta el 75% (1.125.000 euros).

Unicaja dice que los informes indican que no requiere ayuda pública

MÁLAGA.- Unicaja ha celebrado este sábado su asamblea general ordinaria, durante la cual han destacado que los análisis de simulación realizados por la entidad con la metodología e hipótesis utilizadas en los informes publicados sobre las necesidades de capital de la banca española, realizados por las firmas Oliver Wyman y Roland Berger, reflejan que Unicaja no necesitaría recapitalizaciones externas "ni siquiera en los supuestos más exigentes de evolución de la economía española y de nuestro sistema financiero".

   Incluso, el proyecto de integración con Caja España-Duero tampoco necesitaría recapitalizaciones adicionales a las ya contempladas y aprobadas en el plan de negocio conjunto de ambas entidades, han informado durante la asamblea, que se ha celebrado en Málaga y en la que se ha aprobado, por unanimidad, las cuentas anuales de la caja correspondientes a 2011, que arrojan un beneficio neto de 106,5 millones de euros.
   Estos informes realizados por las firmas Oliver Wyman y Roland Berger, que fueron presentados este pasado jueves, se refieren a las necesidades globales de capitalización del conjunto del sistema financiero español, sin que en los mismos se evalúen las posibles necesidades individuales de capital para cada entidad, con la única excepción de una referencia genérica, y en solo uno de los dos informes, a un conjunto determinado de entidades, han especificado desde Unicaja en un comunicado.
   Con respecto a la situación económica y financiera de la entidad, han destacado que los niveles de morosidad y cobertura de Unicaja Banco "siguen siendo mejores que los del conjunto de las entidades financieras españolas". En concreto, la entidad registró al cierre del primer trimestre del año un índice de morosidad del crédito al sector privado del 5,4 por ciento --8,4 por ciento para el conjunto de las entidades españolas-- y un nivel de cobertura del 78 por ciento, frente al 55 por ciento de cobertura del sector.
   En cuanto a los niveles de solvencia, la entidad mantiene unos niveles superiores a los mínimos exigidos, han subrayado, destacando que el coeficiente de solvencia del Grupo Unicaja se situó en el período indicado en el 14,1 por ciento --mínimo legal del ocho por ciento-- y el coeficiente de capital principal en el 12,4 por ciento --mínimo legal del 10 por ciento--.
   En definitiva, han apostillado, Unicaja, "en coherencia con su trayectoria, mantiene unos niveles de capitalización y solvencia que se sitúan entre los más elevados del sistema financiero español".
   La asamblea ordinaria, que supone la segunda de la caja de ahorros tras la segregación de la actividad financiera en Unicaja Banco, ha dado el visto bueno a las cuentas anuales de la caja correspondientes a 2011, las cuales arrojan un beneficio neto de 106,5 millones de euros, y al presupuesto de la Obra Social para 2012.
   Éste, cuya cuantía es de 39 millones de euros, permite el mantenimiento de 166 centros y la realización de más de 3.250 actividades anuales, con un alcance de 2,6 millones de beneficiarios directos y 300 municipios donde realiza algún proyecto. El impacto en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional de la Obra Social de la entidad es próximo a los 80 millones de euros, lo que supone una creación en torno a 1.800 empleos directos e indirectos.
   La asamblea ha puesto en valor la cifra aprobada del presupuesto de la Obra Social de Unicaja, "obra social privada de referencia en Andalucía, que supone el mantenimiento de su función tradicional, lo que cobra mayor relevancia en el entorno adverso de la economía", han precisado. Igualmente, ha destacado el "esfuerzo" realizado por Unicaja Banco en relación con el cumplimiento de los requisitos de capital y solvencia necesarios para la actividad financiera.
   La Obra Social de la entidad continúa su actividad en sus diversas áreas de actuación, priorizando el área social y asistencial para "atender las demandas actuales en una situación de crisis económica como la que vive la sociedad".
   Por otro lado, el presidente de Unicaja, Braulio Medel, ha puesto de manifiesto durante su intervención en la asamblea la posición del Grupo Unicaja como uno de los cinco grupos de cajas españolas no nacionalizados existentes en la actualidad, dentro del análisis realizado del contexto económico y de la reestructuración que registra el sector financiero y, particularmente, las cajas de ahorros.
   Medel ha señalado que, "en el ejercicio en curso, en el difícil entorno macroeconómico y sectorial, la entidad financiera ha mantenido sus principales líneas de actuación, orientadas a la conservación de su posición de referencia en el sistema financiero, tanto en lo que se concierne a la solvencia y la calidad de los activos como en lo relativo a la rentabilidad y la capacidad de generación de recursos". Además, ha añadido, la entidad "ha centrado esfuerzos en su adaptación a los nuevos requerimientos normativos de provisiones financieras".
   Los avances en el proceso de integración con Caja España-Duero ha sido otro de los puntos a tratar en la asamblea, que ha tenido lugar en la sede de la entidad en Málaga, a las puertas de la cual se han concentrado más de un centenar de delegados sindicales para protestar contra el "incumplimiento" del acuerdo laboral de Unicaja y para exigir que se establezca una nueva mesa laboral.
   Según han trasladado este sábado las organizaciones sindicales Csica, CCOO y Secar a los periodistas, "existen alternativas de ahorros de coste estructurales que ayudarían a reducir de forma cuantiosa y permanente los gastos de personal mediante la puesta en marcha de un plan de prejubilaciones, como han hecho el resto de entidades del sector". En este sentido, han indicado que, si no se abren negociaciones, "seguiremos presionando para ello".
   Por su parte, la entidad ha explicado que, dentro de los trabajos de integración de las dos entidades figura la negociación de un acuerdo laboral para la regulación de las condiciones de las respectivas plantillas. Al respecto, ha reseñado que "la negociación laboral no se ha visto interrumpida en ningún momento".
   "Unicaja Banco ha respetado escrupulosamente el último acuerdo laboral firmado en la entidad, en mayo de 2011 con motivo del traspaso de la plantilla de Unicaja hacia Unicaja Banco", ha expresado.
   En línea con lo previsto en dicho acuerdo, ha continuado, está abierto un proceso de negociación con los sindicatos de un acuerdo laboral de integración para el conjunto de las dos entidades, "bajo la premisa de la viabilidad económica del proyecto de la entidad resultante".
 "La entidad financiera reitera su disposición a la negociación y al diálogo, en el contexto apuntado", ha concluido Unicaja.

viernes, 22 de junio de 2012

La Junta destaca que "ninguna caja nacida andaluza está inmersa" en el rescate financiero

SEVILLA.- El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha lamentado la "excesiva falta de concreción y excesiva falta de certidumbre" en torno al rescate del sistema financiero, tras lo que ha resaltado que "ninguna caja nacida andaluza está inmersa en este proceso".

   En declaraciones a los periodistas, el consejero considera que en el temas del rescate financiero está habiendo "excesiva falta de concreción y falta de certidumbre cuando precisamente se echa en falta confianza, certidumbre y cierta responsabilidad".
   "A veces, como cualquier ciudadano, no doy crédito que unas veces den unas cantidades de 4.000 millones de euros, que acaban siendo 23.000, pero que pueden ser hasta 100.000 millones pero al final se quedan en 62.000 millones", ha lamentado Ávila, quien considera que "ello no se genera ningún tipo de seguridad, ni tampoco lo genera el procedimiento".
   En ese sentido, tras indicar que se está pendiente de "cual será la información detallada por entidades financieras", Ávila pide que el proceso "se haga responsablemente, se haga bien, como se tiene que hacer, se pongan los datos sobre la mesa y se explique a los ciudadanos el porqué sí es posible que haya un endeudamiento público para rescatar el sistema financiero y no puede haber endeudamiento público para atender otras necesidades, no ya de servicios sociales, sino de políticas de crecimiento".
   Sobre la situación de las entidades financieras andaluzas, el consejero ha resaltado que "ninguna caja nacida andaluza está inmersa en este proceso", tras lo que ha recordado que las cajas de ahorros andaluzas "están ahora representadas e incorporadas en bancos, que son otras corporaciones y grupos que han tomado decisiones de bastante estabilidad y no parece que estén sometidos en términos de rescate a las necesidades que tienen otros grupos como Bankia, las cajas del Levante, cajas gallegas y una parte del sistema financiero".
   "Resulta curioso, pero es así; no ya ninguna caja nacida andaluza que esté inmersa en ese proceso", ha resaltado Ávila, quien no obstante, asegura que "entre todos debemos trabajar para que el escenario macroeconómico sea el mejor posible".

La Junta niega "deuda atrasada" con los centros concertados

GRANADA.- La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha defendido este viernes el "esfuerzo" realizado por su departamento para abonar a los centros concertados los pagos correspondientes al "trimestre en curso", negando que exista "una deuda atrasada" de otros periodos. 

   Así lo ha señalado Moreno a preguntas de los periodistas en Granada sobre las críticas de la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE) en Andalucía, la cual asegura que la Junta les adeuda desde el pasado noviembre la partida de 'otros gastos' que viene anualmente fijada en los Presupuestos Generales del Estado.
   A este respecto, la consejera ha argumentado que "todas las administraciones de España, y también la Junta de Andalucía", tienen ahora "más dificultades de tesorería y por lo tanto de pago", si bien ha defendido que la comunidad andaluza no es "la que tiene más retrasos en el pago a proveedores ni a las entidades con las que colabora" que, en el caso de los colegios concertados, "se abona por trimestres".
  "Estamos haciendo continuamente un esfuerzo para abonar --a los centros concertados-- el trimestre, que en este caso está en curso, es decir, no hay una deuda atrasada, nada más que la del trimestre que está en curso", ha insistido la consejera de Educación.

Gracia: "Chamizo ha expresado lo que piensa mucha gente, pero quizá no era el lugar, el momento ni la forma"

SEVILLA.- El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, se ha mostrado convencido de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, "ha expresado lo que piensa mucha gente" cuando aseguró en comisión parlamentaria que los ciudadanos están "hasta el gorro de los políticos" y les instó "a resolver los problemas del personal" y dejar de lado "la pelea" política, pero ha defendido que "quizá no era el lugar, el momento ni la forma" de hacerlo.

   En una entrevista en Canal Sur Radio, Gracia ha asegurado que "personalmente" no le "han sentado mal" las palabras de Chamizo, pero sí ha querido dejar claro que "ni el momento, ni el lugar ni la forma era los idóneos para expresarlo".
   "Yo mismo en mi discurso cuando fui elegido presidente del Parlamento hablé de la necesidad de que fuéramos capaces de representar a la ciudadanía anteponiendo los intereses generales a nuestras disputas partidarias y que no era ejemplar para los ciudadanos el espectáculo que a veces se daba en un Parlamento de la pelea por la pelea", ha recordado Gracia, que ha destacado que es "la misma idea que expresó Chamizo pero dicha de una forma más respetuosa con la propia institución".
   En este sentido, el presidente de la Cámara autonómica ha apuntado que "el Defensor quizá ha olvidado al decir eso en sede parlamentaria que él es un comisionado del Parlamento y no está por encima del Parlamento y que por lo tanto él no puede hablar en nombre de la gente porque en nombre de la gente sólo puede hablar el Parlamento y no él".
   En cualquier caso, Gracia no ha ocultado que Chamizo "ha expresado lo piensa mucha gente", pero ha insistido en que "quizá no era el lugar, el momento ni la forma".

El Gobierno aprueba el Plan Nacional de Turismo

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT), al que destinará en el periodo comprendido entre 2012 y 2016 entre 1.600 y 1.800 millones de euros con el fin incrementar la actividad turística y su rentabilidad, generar empleo, lograr unidad de mercado y mejorar el posicionamiento internacional.

   "Este Plan tiene como objetivo mejorar la competitividad del sector turístico para que éste sea motor de impulso y uno de los sectores sobre los que se asiente la recuperación económica del país", ha destacado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
   En concreto, Soria ha apuntado que en 2012 se destinarán al turismo 438 millones de euros, al igual que en 2013, mientras que en 2014 el sector recibirá 460 millones de euros y en 2015, un total de 480 millones de euros.
   Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que este Plan persigue la dinamización de la economía y el crecimiento, y ha insistido en que el turismo es "una política de Estado" para el Gobierno, recalcando que el Ejecutivo ha hecho un "esfuerzo importante" en cuanto a cambios legislativos para reforzar la seguridad jurídica de los que quieren invertir y disfrutar como turistas.
   El Plan Nacional e Integral de Turismo consta de 28 medidas y 104 acciones y ha sido elaborado en los últimos seis meses por la Secretaría de Estado de Turismo a través del Instituto de Turismo de España (Turespaña), con la aportación de las comunidades autónomas, las organizaciones empresariales, los sindicatos y demás representantes del sector.
   Los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Plan son la fuerza de la marca España, mediante su promoción coordinada; la orientación al cliente; la gestión encaminada a la fidelización de los mercados maduros; la unidad de mercado a través de la armonización de la legislación, y el fomento de la colaboración público-privada.
   "Se trata de una hoja de ruta con un enfoque pragmático, con medidas inmmediatas, concretas y medibles en cuanto a resultados y efectos", ha apuntado Soria, para después subrayar que esta herramienta marcará las líneas maestras para mejorar la competitividad del sector.
   Durante su intervención, Soria ha detallado las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector turístico en los próximos años. Así, ha apuntado que España posee "ventajas comparativas" frente a los mercados emergentes en 'sol y playa' y cuenta con el apoyo de la Unión Europea para la potenciación de las pymes.
   No obstante, ha identificado como amenazas la crisis económica y su repercusión en los en la renta de los visitantes potenciales de España, junto con la pronta recuperación de los destinos del arco mediterráneo afectados por la 'primavera árabe'. "No podemos basar la competitividad en el mal ajeno", ha destacado.
   Del mismo modo, ha valorado negativamente la 'sobreoferta' del mercado y el alto precio del petróleo, subrayando la alta notoriedad de la marca turística España y el alto grado de fidelización que existe entre los turistas que visitan el territorio nacional.
   Para Soria, es importante que España "consolide" su posición de liderazgo turístico mundial en los próximo años, por lo que ha instado al sector a no quedarse "impasible".
   Uno de los ejes clave del Plan se centra en la mejora del posicionamiento de la marca España, tanto en los mercados consolidados como en los no tradicionales, gracias a la promoción del destino mediante una estrategia conjunta elaborada por Turespaña y el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
   En cuanto a la orientación al turista, la herramienta desarrollará un plan de fidelización para los visitantes con la finalidad de que regresen mediante unas tarjetas a las que podrán asociarse empresas españolas y que funcionará con un sistema de acumulación de puntos.
   Por otra parte, se reitera la intención del Ejecutivo de agilizar la expedición de visados, y se contempla el establecimiento de bonificaciones en las tarifas aeroportuarias para días valle en los aeropuertos de Canarias, y de los meses de invierno en los aeródromos de Baleares, materia para la que se creará un grupo de trabajo.
   También ha resaltado la importancia de estimular la demanda nacional y promocionar los destinos de interior, motivo por el que se pondrá en marcha una campaña. "Esta es una de las debilidades debido a la propia atonía de la economía nacional y a la caída del nivel de renta destinado al turismo", ha destacado el titular de Turismo.
   Además, la hoja de ruta considera "fundamental" el apoyo a la transformación "integral" y "real" de los destinos maduros a través de la puesta en marcha de líneas de crédito para las empresas del sector con el objetivo de renovar las infraestructuras.
   Así, Segittur trabajará en un sistema de calificación de "Destinos Inteligentes"; se creará una red de Agencias Gestoras de Experiencias Turísticas en destino; se homogeneizará la clasificación de los establecimientos hoteleros, rurales y campings; se incentivará la participación de los empresarios del sector y se buscará poner en valor el patrimonio nacional, cultural y enogastronómico.
   Del mismo modo, se busca favorecer la corresponsabilidad público-privada mediante el impulso de la unidad de mercado, y se incluye la perspectiva del turismo en la modificación de leyes como la reforma laboral, la ley de costas, la de arrendamientos urbanos o en la ley de aguas.
   Otra de las acciones de este Plan es la reorganización de las Oficinas Españolas en el Extranjero, actualmente 33, así como la colaboración de Segittur con el ICEX y las embajadas españolas y la modernización de las Consejerías de Turismo de España en el Exterior.
   Además, se contempla la transferencia al INE de las estadísticas del sector y se busca la potenciación del talento y el emprendimiento a través de la creación de líneas de créditos para jóvenes emprendedores, y la elaboración de un programa dedicado a ellos.
   Soria ha recordado en varias ocasiones durante su comparecencia que el turismo representa más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y supone un 11,39% del empleo en términos de Seguridad Social, con cerca de 2,5 millones de puestos de trabajo.

Para fomentar el empleo agrario se aprueban 168 proyectos en 11 municipios almerienses

ALMERÍA.- La comisión provincial de seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) se ha reunido este viernes en la Subdelegación del Gobierno donde ha acordado afectar 168 proyectos de diversos municipios de Almería al programa por un importe total de 6.617.535 euros.

Según informa la Subdelegación en una nota, la comisión destinará 180.000 euros al pago de la mano de obra necesaria para la realización de trabajos de conservación y acondicionamiento en colegios públicos de pequeñas localidades de la provincia, lo que se hace por sexto año consecutivo y siempre en colaboración con las demás administraciones.
Dentro de esta actuación coordinada entre las administraciones, se va a actuar en los municipios de Alhama de Almería, Felix, Fines, Los Gallardos, Huércal Overa, Instinción, María, Partaloa, Rágol, Turre y Sierro. La ejecución de estos proyectos se va a desarrollar durante el periodo de las vacaciones escolares, a fin de que las obras finalicen antes del inicio del curso escolar.
También se han informado proyectos generadores de empleo estable para 24 municipios y dos mancomunidades de la provincia. El importe de estos proyectos ascenderá a un millón de euros para el pago de la mano de obra a emplear en los mismos. El importe total del PFEA para 2012 asciende a 8.455.458,04 euros, mediante los cuales se desarrollan gran cantidad de obras, cuyo objeto es generar empleo y mejorar la infraestructura en los municipios de Almería.
En dicho programa, en el que colabora la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía, participan 89 municipios de la provincia. De la cantidad total señalada, 8.455.458,04 euros son aportados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal. De dicho importe se destinan 7.455.458,04 euros al Programa de Garantía de Rentas y un millón de euros al Programa de Empleo Estable.
Además, dichas cantidades para mano de obra se incrementarán con las asignaciones correspondientes de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial de Almería para sufragar el coste de los materiales empleados en dichos proyectos. 
La reunión ha estado presidida por el subdelegado, Andrés García Lorca, y ha contado con la participación de la delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía de Almería, María Isabel Requena, así como con otros representantes de la Administración del Estado, de la Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Almería y agentes sociales.

jueves, 21 de junio de 2012

Ecologistas lleva a la Fiscalía al alcalde de Carboneras por "incumplir" sentencias del Algarrobico

ALMERÍA.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Almería al alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), al entender que está "haciendo caso omiso" a las recientes sentencias que declaran "espacio protegido no urbanizable" el paraje del Algarrobico y sitúan el hotel de Azata del Sol al margen de la Ley de Costas ya que no se ha modificado la calificación de urbanizable que la zona tiene en la normativa urbanística municipal ni se ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras.

   La denuncia presentada el pasado día 19, hace referencia, asimismo, a que el regidor, "lejos de cumplir las resoluciones judiciales contrarias a la apertura del hotel", está "incitando" a los ayuntamientos de la provincia "para que se sumen a la desobediencia" con una moción, ya aprobada por las mancomunidades de municipios del Levante y el Almanzora, en la que se afirma "la legalidad incuestionable" del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones. "Incluso --añade-- ha creado una mesa para conseguir la reactivación del hotel".
   La organización ecologistas explica en su escrito a la Fiscalía Provincial que, después de que el Ayuntamiento no haya contestado a sus requerimientos para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), solo le "resta la vía penal" para conseguir que se "respete el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se adopten medidas coactivas necesarias para obligar a los responsables municipales de Carboneras a someterse a las más elementales reglas de un Estado de Derecho".
   La denuncia, que sostiene que la actuación de Hernández podría ser constitutiva de delitos de desobediencia y prevaricación, recuerda que, con anterioridad a que el Supremo dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.
   En esta línea, Ecologistas en Acción señala que el Ayuntamiento "se niega a adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedece" el fallo del TSJA que devuelve al Algarrobico en nivel de protección que tenía en 1994 y resta validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
   "A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le orden seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas --ahonda-- de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario".
   La normativa municipal en vigor donde el sector ST-1 aparece como urbanizable fue aprobada en 2009 por la corporación local carbonera, entonces gobernada por el socialista Cristóbal Fernández. El TSJA acordó cuatro meses después prohibir al exalcalde que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtió de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.
   La denuncia recuerda este episodio a la Fiscalía y sostiene que, desde ese momento, el Ayuntamiento "ha venido actuando con total impunidad haciendo caso omiso a los numerosos autos y sentencias contrarias a la clasificación del Algarrobico como urbanizable".

La Cámara de Cuentas cifra en 13.543 millones la deuda viva de la Junta a junio de 2011

SEVILLA.- La deuda viva de la Junta de Andalucía, sus organismos autónomos y agencias asciende a 30 de junio de 2011 a 13.543 millones de euros, según ha indicado el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, durante la presentación del informe de la Cuenta General de la Junta de Andalucía de 2010 y de la Memoria de la Cámara de Cuentas de 2011 y el Plan de Actuación de 2012.

   López ha indicado que la cifra total de deuda vida al cierre del ejercicio 2010 asciende a 11.891 millones de euros, cifra que supone un incremento del 24,5 por ciento respecto a 2009, que fue de 9.550 millones, y representa el 47,52 por ciento de los ingresos corrientes en 2010.
   Tras precisar que el 92,8 por ciento de la deuda total se ha materializado a largo plazo y el 7,2 por ciento restante a corto plazo, el presidente ha indicado que con posterioridad la Cámara de Cuentas ha elaborado un informe sobre la evolución del endeudamiento de la Junta, de forma que se cifra en 13.543 millones a 30 de junio.
   El tipo medio de interés del endeudamiento a cierre de 2010 se ha reducido, pasando al 3,85 por ciento y posee una vida media de 7,23 años. Asimismo, el ahorro bruto se cifra en 270 millones de euros en 2010, lo que supone un descenso del 87,63 por ciento en relación con el ejercicio anterior.
   Asimismo, el consejero mayor ha precisado que el resultado presupuestario en 2010 sigue siendo negativo, ascendiendo a -3.442 millones de euros.
   De esta forma, el saldo presupuestario de la Administración de la Junta pasa a ser positivo en 2010, hasta los 1.450 millones de euros. El superávit de financiación de 2010 asciende a 2.046 millones.
   En cuanto al remanente de tesorería para gastos generales, presenta un superávit de liquidez de 1.307 millones en 2010, lo que supone un importante incremento del 173 por ciento en relación con 2009.
   Dentro del remanente de tesorería, las obligaciones pendientes de pagos asciende a 5.264 millones y los derechos pendientes de cobro ascienden a 4.662 millones, e incluyen 2.476 millones de deuda pública autorizada pendiente de emisión. En cuanto a los libramientos pendientes de justificar, los de 2010 ascienden a 792 millones y los de ejercicios anteriores a 2.632 millones.
   El grado de ejecución del presupuesto de gastos en 2010 se sitúa en el 88,89 por ciento, 3,38 puntos menos respecto a 2009. En cuanto al estado de ingresos del presupuesto, el grado de ejercicio es del 94,05 por ciento, 3,39 puntos porcentuales más que en 2009.
   En su informe, López demanda que se establezcan unos criterios mas depurados para la determinación de los saldos que resulten de difícil o imposible recaudación a través de un método "mas prudente y realista que singularice cada uno de los expedientes de los deudores".
   La Cámara de Cuentas recomienda a la Dirección General de Presupuestos que "recabe de los órganos gestores la fijación de objetivos presupuestarios concretos y medibles y que sean susceptibles de seguimiento a través de indicadores cuantificables, de modo que sirvan para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos que se especifican en los programas presupuestarios y sean herramientas útiles para la toma de decisiones".
   López reconoce las limitaciones al alcance de este informe e insta a adoptar las medidas oportunas para que "la información contable sea correcta" y recomienda la elaboración de la normativa contable para determinar los criterios de formulación de los estados consolidados.
   En cuanto a las entidades públicas empresariales, el volumen de fondos percibidos de la administración autonómica por estas entidades durante 2010 asciende a 3.032 millones, un 23 por ciento menos que en 2009. El 62,3 por ciento de estos fondos se concentran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, la Empresa de Gestión de Medioambiental (Egmasa), Infraestructuras y servicios educativos, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y la Empresa Pública de la Radio y la Televisión de Andalucía.
   El endeudamiento financiero a 31 de diciembre de 2010, asciende a 825 millones de euros, lo que supone un aumento del 135 por ciento respecto al ejercicio anterior. En ese punto, precisa que las entidades públicas empresariales que mantienen los niveles más altos de endeudamiento son la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), Egmasa y la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, de forma que las deudas de estas tres entidades representan el 74 por ciento del total del endeudamiento financiero.
   El resultado negativo en el ejercicio 2010 se ha incrementado un 57 por ciento, pasando de -89 millones en 2009 a -140 millones en 2010, de forma que las pérdidas han crecido en 51 millones.
   En cuanto a las fundaciones, donde el ente fiscalizador pide que todas las fundaciones que pertenecen a la Junta deben incluirse en el Presupuesto de la Comunidad y en la Cuenta General, ha apuntado que los fondos percibidos de la Junta por las fundaciones ascienden a 575 millones, mientras que a cierre del ejercicio, el conjunto de fundaciones han obtenido un resultado negativo por 43.000 euros.
   Sobre los consorcios, el ente fiscalizador pide que con vista a la Cuenta General de 2011 "se pongan las medidas para definir cuántos y cuáles son los consorcios que pertenecen a la Junta" y cifra la deuda total de los consorcios en 37,56 millones, un 51,96 por ciento más que en 2009.
   Sobre los fondos sin personalidad jurídica, López aboga por "revisar el procedimiento que se está siguiendo para conceder estos  recursos, así como formalizar los convenios reguladores de los fondos con mayor antelación, de manera que las operaciones de financiación puedan ser formalizadas en el mismo ejercicio en el que se solicitan".
   En cuanto a la contratación pública, durante el ejercicio 2010 la Administración de la Junta de Andalucía adjudicó un total de 37.182 contratos, por una cuantía de 1.515,33 millones. A través del procedimiento abierto se adjudicó el 48,98 por ciento de la inversión realizada en el ejercicio 2010, equivalente al 20,58 por ciento del total de contratos formalizados. Mediante el procedimiento negociado se ha tramitado el 22,26 por ciento de la inversión total, 1.690 contratos que representan el 38,17 por ciento de los adjudicados.
   Antonio López ha puesto de manifiesto la necesidad de "mejorar los tiempos de elaboración de los informes" y cree que en lo que respecta al Informe de la Cuenta General, sería conveniente que su rendición a la Cámara de Cuentas, que ha de realizarse con anterioridad al 30 de septiembre del ejercicio inmediato siguiente, tal como establece la legislación actual, "se adelante al 30 de junio, lo que permitiría presentar el correspondiente informe definitivo antes de la finalización del año siguiente al que hace referencia".
   Esta petición fue bien recibida por el conjunto de los partidos políticos, quienes también reconocieron la necesidad de ampliar los medios y recursos humanos.
   López también defendió el empleo de auditorías externas para apoyar los trabajos de fiscalización, y propone una experiencia "piloto", que supondría "un coste muy razonable, cuatro o cinco veces menor". Esta propuesta fue rechazada por el diputado del PP Rafael Carmona, que considera que ello puede suponer "externalizar y privatizar estos servicios".
   López ha hecho mención de toda la actividad efectuada en 2011 y ha apuntado el plan de actuaciones para 2012 en los diferentes ámbitos.
   Por su parte, el portavoz de IU Ignacio García ha apostado por "reforzar el empoderamiento de la Cámara de Cuentas para actuaciones de oficio" y la mejora de medios, además de considerar positivo la "metafiscalizacion", esto es, análisis de las fiscalizaciones de manera sistemática para hacer un seguimiento de éstas.

Gordillo no votará "ningún recorte" y no comprende la "ceguera" de IULV-CA

SEVILLA.- El diputado de IULV-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha advertido de que no votará "ningún recorte" en el Pleno del Parlamento andaluz, en relación al plan de ajuste de la Junta, al tiempo que ha dicho no comprender "tanta ceguera" por parte de la dirección de IULV-CA, que se sitúa "fuera del programa", para lo que, en su opinión, "no hay justificación".

   Así se ha pronunciado este jueves Sánchez Gordillo en su cuenta de Twitter, en la que también ha explicado que la "sencilla razón" por la cual no votará "ningún recorte por ningún motivo" es que suponen "un trasvase de rentas de los trabajadores a los señores banqueros".
   Para el parlamentario de IULV-CA y también alcalde de Marinaleda, la crisis "no es mas que la lucha de clases sin caretas". Y es que, a su juicio, "los recortes son objetivamente una violencia y un robo de la burguesía capitalista contra la clase obrera".
   Tras asegurar que ayer estuvo en la manifestación contra los recortes convocadas por los sindicatos y que volverá a estar cuando se convoquen otras, Sánchez Gordillo ha considerado que el Gobierno andaluz "lo quiera o no se sitúa de rodillas frente al mercado que debería combatir".
   Asimismo, ha dicho alegrarse del comunicado enviado este miércoles por las Juventudes Comunistas de España y de Sevilla "criticando la sumisión de IU a medidas tan procapitalistas", en relación también al plan de ajuste económico de la Junta, cuyo decreto se convalidará o derogará en el próximo Pleno del Parlamento.

La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía elegirá nuevo presidente en septiembre

ALMERÍA.-   La Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA) celebrará el próximo 6 de septiembre una asamblea general extraordinaria en la que se elegirá la nueva junta directiva, de forma que su actual presidente, Bienvenido Cayuela, pondrá final a tres años de mandato al frente de la asociación, según ha trasladado en una nota la organización. 

   Cayuela ha mostrado su convencimiento de que esta asociación empresarial "seguirá trabajando por los intereses de los empresarios del sector de la piedra natural" de la comarca de Macael y empresas afines, de manera que ha agradecido a los miembros de junta directiva su apoyo "firme e incondicional".
   Igualmente, el presidente de AEMA ha reconocido que "aunque han sido unos años difíciles para el sector afectado gravemente por la actual crisis y con continuos cambios en la Administración" también han sido unos años "gratificantes e ilusionantes". Las candidaturas se deberán presentar completas y cerradas  avaladas con la firma de un cinco por ciento de los socios con derecho a voto hasta las 14,00 horas del día 21 de agosto.

El Ayuntamiento culmina la compra de inmuebles en la calle Pendiente para la mejora de los accesos a La Alcazaba

ALMERÍA.- El Consejo de Gerencia celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad la compra, por procedimiento negociado, de los últimos cuatro inmuebles situados en la calle Pendiente, necesarios para la ejecución del proyecto de actuación previsto por el Ayuntamiento para la ampliación de la calle Fernández y la mejora de los accesos a La Alcazaba. 

   Los acuerdos suscritos se refieren a la compraventa de los inmuebles de los números 2,6 y 14 en la calle Pendiente. El Consejo de Gerencia además ha acordado además la adquisición del número 4 de esta vía, con lo que ha modificado un acuerdo anterior respecto a esta compra al quedar condicionada a la cancelación de la hipoteca que recae sobre el inmueble.
   El concejal responsable del Área de Economía y Territorio, Pablo Venzal, ha subrayado el trabajo desarrollado por el equipo de gobierno en el último año y el "esfuerzo" realizado para culminar hasta 13 expedientes diferentes de compra, incluyendo todos los relativos a la calle Pendiente. El concejal de Urbanismo se ha congratuladoa así por la culminación de un proceso "muy complejo desde el punto de vista administrativo que, sin embargo, hemos resuelto desde la vía de la negociación con los propietarios".
   "Ahora hay que pensar en el objetivo final de todo este proceso, acelerado en las dos anteriores corporaciones, y que queremos coronar durante la actual con la construcción de un vial de doble sentido que permita mejorar la accesibilidad al casco histórico, a La Alcazaba y a su entorno más cercano, objetivo final de toda esta actuación", ha dicho el edil.
   La superficie registral de estos cuatro inmuebles suma 179 metros cuadrados, aproximadamente. Se trata de tres casas de planta baja y una vivienda de dos plantas. Alrededor de 260.000 euros abonará el Ayuntamiento al conjunto de propietarios de estos inmuebles que pasan ya, de esta manera, a ser propiedad municipal.
   La actuación es también "fundamental" para la puesta en valor y recuperación de las Cuevas del Mesón Gitano que abordará también la iniciativa Urban. De hecho, se justifica la adquisición de estos inmuebles al estar incluidos dentro de la zona calificada en el actual PGOU como Plan Especial de equipamiento e infraestructura, plan especial de iniciativa municipal que fue aprobado definitivamente el 11 de mayo de 2005.
   Por otra parte, el Consejo de Gerencia ha aprobado la propuesta de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Almería, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería para la inspección periódica de construcciones y edificaciones (ITE) tras ser aprobada recientemente la ordenanza que regula la obligación de propietarios, comunidades de propietarios y titulares de derechos de uso de construcciones y edificaciones, de efectuar una inspección periódica dirigida a determinar el estado de conservación de las mismas.
   El convenio que se firmará próximamente por las partes pretende ser un "instrumento de colaboración" que facilite la viabilidad de la ITE, así como la participación de profesionales, aparejadores y arquitectos, tanto en el procedimiento como en la actuación sustitutoria del Ayuntamiento en el caso de incumplimiento por parte de los propietarios de edificios de su deber de realizar la inspección.

CCOO manifiesta su "total rechazo" al ERE extintivo de Elsur y exige el Ayuntamiento que rescate el servicio

ALMERÍA.- El sindicato CCOO ha manifestado este jueves su "total rechazo" al nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo planteado para 143 trabajadores de la empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido, de forma que ha trasladado que pondrá "todo su empeño" para "paralizar esta medida dañina" a la vez que ha exigido el Ayuntamiento ejidense (PP) que cumpla su "promesa electoral de rescatar el servicio municipal".

   Para el coordinador del sector de Administración Local de FSC de CCOO Almería, Juan López, "se trata de un nuevo intento de hacer pagar a los más débiles los presuntos desmanes que los responsables municipales  y gestores de la filial ejidense de Abengoa pudieran haber cometido y que dio lugar a la conocida operación 'Poniente'", según ha trasladado el sindicato en una nota.
   CCOO, a pesar de no ostentar en estos momentos la mayoría en el comité de empresa, a través del coordinador del sector de Administración Local, ha asegurado que "pondrá todos sus esfuerzos en conseguir, una vez más, la paralización de tan dañina medida" para lo que exigirá al equipo de gobierno "el cumplimiento de su promesa electoral de rescatar el servicio municipal y prestar, a través de una empresa participada al cien por cien por el Ayuntamiento, los servicios que en la actualidad presta la filial de Abengoa".
   En este sentido, asegura que desde el mes de febrero, el sindicato tenía conocimiento de la nueva iniciativa de Abengoa, a través del consejo de administración de Elsur "que, como es conocido, es presidido por Francisco Góngora, actual alcalde de El Ejido".
   López recuerda que "la capacidad de provocar sufrimiento por parte de los gestores de la empresa no es nueva". Así, ha rememorado como a principios de 2009 se presentó el primer ERE en las subcontratas Arborimar y Maviroad, que "fue contraatacado por CCOO, sindicato con mayoría absoluta de representación en su momento en estas empresas, siendo el resultado el del archivo de la propuesta empresarial".
   Igualmente, indica que durante los años 2010 y 2011 se sucedieron diversas movilizaciones "todas ellas lideradas por CCOO en asuntos tales como el embargo de las cuentas y créditos municipales a las empresas de Juan Antonio Galán, con el consiguiente retraso e impago de salarios a sus trabajadores y la presentación de hasta tres ERE que fueron sistemáticamente desmontados por la representación sindical y obtuvieron la negativa de la administración autonómica o la resolución judicial contraria del juez de lo Mercantil".

El promotor de Hoya Altica presenta alegaciones a su proyecto turístico de golf e introduce cambios

ALMERÍA.- Los promotores del proyecto turístico de golf de Hoya Altica, en Almería, han presentado alegaciones a la suspensión determinada por la comisión técnica de calificación para proyectos susceptibles de ser calificados como de interés turístico, de forma que han trasladado cambios sustanciales en el proyecto, tal y como exigía el órgano dependiente de la Consejería de Turismo y Comercio. 

   Fuentes de la Administración andaluza han indicado que el promotor ha remitido en el plazo adecuado un amplio documento en el que trata de solventar los aspectos requeridos por la comisión, de forma que la Consejería deberá estudiar los cambios aplicados ya que, hasta el momento, se ha realizado únicamente una lectura preliminar del mismo.
   No obstante, se ha dado cuenta de que los cambios aplicados por los promotores afectan a los dos puntos que, principalmente, incumplía el proyecto para ser catalogado como de interés turístico y que están relacionados con el uso de suelo turístico y con el planeamiento urbanístico de la zona. De esta forma, la comisión deberá ahora estudiar los cambios antes de emitir un nuevo pronunciamiento sobre su adecuación.
   El proyecto presentaba hasta el momento un campo de golf de 18 hoyos y 71 hectáreas, un hotel de cinco estrellas y un residencial de más de 1.800 viviendas así como un colegio privado, entre otros equipamientos, con lo que, en su conjunto, proponía la creación de 4.300 puestos de trabajo. En concreto, el proyecto planteado en 248 hectáreas entre núcleo poblacional de Retamar y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se completaba con un balneario spa, un complejo deportivo, un centro comercial abierto y alojamiento específico para la tercera edad y estudiantes, entre otros aspectos.
   La actuación a desarrollar en el área de oportunidad turística Hoya Altica definida por el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería (Potaua) en tramitación, también propone un complejo deportivo en un espacio de 107.900 metros cuadrados, un balneario-spa con capacidad para 2.000 personas al día y un 'town center' de 4,6 hectáreas que incluiría un centro comercial, así como apartahoteles, 1.400 viviendas unifamiliares y 470 plurifamiliares, un colegio internacional concertado, y un centro tecnológico internacional de innovación en alimentación, bienestar y salud.

Los pensionistas andaluces no abonarán sus fármacos si superan los límites

SEVILLA.- La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta pública, más allá lógicamente de los tramos fijados en el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y que comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros (en función del nivel de renta de cada contribuyente).

   Montero, que ha defendido que la comunidad tiene competencia para llevar a cabo esta medida, ha explicado en rueda de prensa en Sevilla que el RDL 16/2012 fija para todo el Estado el que los pensionistas abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le sería reintegrado de forma semestral si supera sus límite mensuales en función de los topes fijados por Sanidad para su nivel de renta.
   Según ha precisado, el sistema que permitirá ahora a los pensionistas andaluces no tener que adelantar más dinero hasta su reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI.
   En concreto, este sistema, "accesible prácticamente al 100 por cien de los andaluces" y que ya permite a los usuarios retirar sus medicinas sin necesidad de acudir a los centros de salud para renovar sus tratamientos en caso de que sean crónicos, recogerá ahora una pestaña o suerte de 'contador de euros' en cada historial digitalizado de cada paciente.
   De esta forma, y una vez superado el límite fijado por Sanidad de copago mensual de las recetas de un pensionista andaluz dado, el mismo no tendría que pagar más por alentado la retirada de nuevos fármacos durante ese mismo mes, ya que el contador 'avisará' al farmacéutico de que ese usuario ha llegado al tope de abono de ese usuario.
   A modo de ejemplo, Montero ha expuesto un caso común y real: una persona pensionista que padezca Alzheimer, hiperplasia benigna de próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, que además requiera de absorbentes y tiras reactivas, tendría que abonar más de 42 euros al mes por los 22 medicamentos necesarios para controlar estas enfermedades (el 10% del coste total del tratamiento, estimado en 424 euros mensuales). Salud evitará a este paciente tener que esperar más de medio año para que le devuelvan los 204 euros extra que pagará por seis meses de tratamiento (unos 40 euros superan el tope cada mes), ya que el sistema Receta XXI de la comunidad detectará cuándo ha llegado al pago de los 8 euros impuesto por el Gobierno central e informará a la farmacia de que no tiene que seguir cobrando al usuario ese mes.
   De hecho, la estrategia digital Diraya permite cruzar directamente los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto significa que la Consejería de Salud podrá cada mes actualizar en qué situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le corresponde pagar antes de que vaya a la farmacia. Asimismo, garantizará a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no paguen nada cuando retiren sus fármacos.
   "Con esta medida, y en estos momentos de crisis, intentamos ayudar a los pensionistas andaluces frente a un decreto de Rajoy que supone en la práctica una impuesto para la enfermedad de los más débiles y una bajada real de las pensiones, ya que el Estado está empezando a dejar de ocuparse den los pensionistas", ha reprochado Montero.
   Del mismo modo, ha defendido que con esta medida Andalucía se salva de las "posibles tensiones de Tesorería" que otras comunidades pueden sufrir "cuando a los seis meses tengan que devolver ese dinero a sus pensionistas, pero puedan tener problemas incluso para devolver esos pagos por adelantado como consecuencia de esta crisis".
   En este mismo sentido, ha resaltado que Andalucía también quedará exenta de los posibles "picos de tensión de Tesorería" que también puedan sufrir otras comunidades para obtener liquidez con los que hacer frente al reintegro de las cantidades abonada de más por sus ancianos.
   Junto a ello, ha resaltado que el sistema andaluz evitará al paciente tener que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del tope que le corresponda y esperar cada seis meses la devolución, minimizando así el coste de los trámites burocráticos necesarios para ejecutar los abonos.
   Según los datos que maneja el departamento que dirige Montero, cerca de medio millón de pensionistas andaluces mayores de 65 años consume más de cinco recetas al mes.
   No obstante, los datos que maneja Salud revelan que la imposición de esta normativa va a afectar al colectivo de los pensionistas andaluces (1.679.801 en la actualidad), que ha recibido la medicación prescrita por su médico de manera gratuita desde la década de los 60. A partir del 1 de julio, Sanidad les obligará a contribuir con entre el 10 por ciento y el 60 por ciento del coste del tratamiento hasta un máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros.
   Más concretamente, 1.414.873 pensionistas (el 85% del total) estarán en el tramo que pagarán 8 euros al mes según la norma, 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes, y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60 euros mensuales.
   Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al retirar sus medicinas de las oficinas de farmacia. En concreto, 1.148.402 aportarán el 50% del coste (se trata de la población con una renta comprendida entre 18.000 y 100.000 euros que antes de la entrada en vigor del Decreto asumía el 40%), y 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros, antes contribuían con el 40% del coste también).

miércoles, 20 de junio de 2012

Elsur presenta un nuevo ERE sobre 143 personas, el 40% de su plantilla de servicios municipales en El Ejido

EL EJIDO.- La empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido, ha presentado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa participada en su mayoría por el socio privado Agua y Gestión, y en un 30 por ciento por el propio Ayuntamiento de El Ejido. 

   Fuentes sindicales de CCOO y del propio comité de empresa han confirmado hoy la intención de poner en marcha este nuevo ERE que ha sido registrado en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Almería, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores voluntario desde el 5 de julio del pasado año dado su estado de insolvencia, que achaca principalmente a una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros, es decir, casi un 80 por ciento de su activo.
   El expediente, que se ha trasladado a última hora de la mañana a las partes implicadas en formato físico distribuido en dos grandes volúmenes, está planteado para reducir el número de trabajadores según el sector y cargo sin proponer nombres concretos. Así, según un primer análisis, estaría basado principalmente en la falta de recursos derivados de la disminución del canon de 12 millones de euros aprobado para este ejercicio por parte del Ayuntamiento de El Ejido así como de otras fuentes de financiación para la empresa.
   Elsur, que según el último sondeo cuenta con 358 trabajadores, constituye además el epicentro de la supuesta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente', en la que se indagan supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la hacienda pública; lo que ha dado lugar a medidas como el bloqueo del pago de deudas a través del plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno, entre otras.
   Con esto, el Juzgado de lo Mercantil deberá ahora dirimir los términos del expediente y determinar si incluye o no el mismo en el concurso de acreedores. Por su parte, el comité de empresa de Elsur, cuya mayoría es ostentada por los representantes sindicales de CGT y USO, se reunirá este jueves para dar a conocer a los empleados los pormenores del ERE y contemplar en este sentido qué actuaciones pueden desprenderse de esta acción.
   La empresa mixta, que asumió a los trabajadores de todas las subcontratas que poseía y que llegó a tener hasta casi medio millar de empleados después de que un juez de lo Social confirmara que se había producido una subrogación ilegal de trabajadores, ya había estudiado en sus órganos la posibilidad de ejecutar un nuevo ERE ante sus posibilidades económicas, si bien ya había sometido a la plantilla a un ERE rotativo y suspensorio durante 18 meses.
   Igualmente, la empresa ya intentó presentar a principios de abril del pasado año un ERE extintivo sobre 156 empleados con una indeminización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades, y que contemplaba la reducción de hasta el 56 por ciento de la plantilla en algunas de sus áreas, como la de jardines, entre otros aspectos. No obstante, este ERE fue archivado por la Junta --aún con competencias sobre el proceso-- ante un defecto de forma a la hora de nombrar al interlocutor de dicho expediente.
   En cualquier caso, la amenaza de ERE sobre Elsur ha sido constante durante el último año, ya que incluso el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), trasladó al inversor privado de la empresa mixta de servicios municipales Elsur una propuesta sobre 105 personas y que se mostraba como alternativa al que la mercantil presentó con anterioridad ante el juzgado, que contemplaba 155 despidos.
   Asimismo, el expediente de regulación de empleo extintivo ha sido uno de los asuntos planteados en los distintos consejos de administración de Elsur en los últimos meses, si bien el alcalde y también presidente del citado consejo recientemente se ha mostrado contrario a que se active un ERE en Elsur, pese a reconocer que el canon destinado este año por el Ayuntamiento al servicio es de 12 millones de euros "pensando en el nivel de los servicios que realmente podemos pagar", según se refirió.
   En relación a la empresa, Góngora adelantó este martes que el Ayuntamiento va a contratar en las próximas semanas una asistencia técnica para revisar "determinadas partidas" con las que se financiaron obras realizadas por la empresa mixta de servicios municipales, Elsur principalmente fuera de canon y con facilidad para su constatación.

Miles de andaluces se manifiestan contra los "recortes" del Gobierno

SEVILLA.- Miles de andaluces, unos 56.000, según los sindicatos UGT y CCOO,  y unos 16.600, según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, se han manifestado este tarde de miércoles en todas las capitales andaluzas para "defender sus derechos y mostrar la respuesta contundente que se merecen las políticas, recortes y agresiones del Gobierno central, rechazando esas agresiones".

   CCOO y UGT pretenden que en esta convocatoria, efectuada a nivel nacional bajo el lema 'No te calles. Defiende tus derechos', los andaluces "tomen las calles" y rechacen "la extorsión económica y la especulación financiera, se opongan a la opción ideológica de la derecha político-económica que nos está arruinando", además de seguir "mostrándose en contra de la reforma laboral y de los recortes de la Junta de Andalucía".
   En Andalucía, todas las manifestaciones han empezado en torno a las 20,00 horas y han salido, en el caso de Almería, de Puerta Purchena, donde, según los sindicatos, se han concentrado 4.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno lo cifra en 1.000 personas; de la Plaza Asdrúbal en el caso de Cádiz, con 8.000 asistentes según las centrales y 2.500 según el Gobierno; de la Glorieta Cruz Roja de Córdoba, con 5.000 asistentes según los sindicatos, en unos datos coincidentes con los de la Delegación del Gobierno.
   En Granada salieron de la Plaza del Triunfo, con 9.000 participantes, según los sindicatos, y 2.000, según el Gobierno; en Huelva, de la fuente de los Bomberos, con 7.000 personas asistentes, según sindicatos, y 800 personas, según el Gobierno; en Jaén, de la Plaza de las Batallas, con 4.000 personas, según las centrales sindicales y 800 según el Gobierno; en Málaga, unas 9.000 personas salieron de la Alameda de Colón según los sindicatos y 1.000 según la Delegación del Gobierno en Andalucía; y en Sevilla la manifestación ha salido de la Puerta de Jerez, con 10.000 asistentes, según los sindicatos, y 3.500 según la Delegación del Gobierno en Andalucía.
   Los secretarios generales de CCOO-A, Francisco Carbonero, y UGT-A, Manuel Pastrana, han participado ambos en la manifestación de Sevilla y consideran que "los recortes en las comunidades autónomas y su afectación a los trabajadores son un exponente más de esta política económica que hay que cargarse, y hay que hacerlo desde la movilización ciudadana".
   El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha vuelto a insistir en que a estas concentraciones están llamados todos los ciudadanos y, en concreto, todos los empleados públicos de la Junta, para mostrar su rechazo contra las políticas de recortes del Gobierno central y contra el Plan de ajustes de la Junta de Andalucía.
   Asimismo, Pastrana, quien ha participado en la protesta de Sevilla junto a Francisco Carbonero, ha advertido de que el sindicato no va a asumir ni recortes ni despidos ni disminución en los derechos.
   Por su parte, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha asegurado que "hay razones más que sobradas para que la gente salga a la calle a rechazar las políticas de recortes impuestas desde Europa y rechace la reforma laboral, que está empobreciendo a la gente".
   Tras pedirle a Rajoy que "no mienta más", Carbonero ha reiterado su llamamiento a la movilización, de forma que se muestra seguro de que "si los gobiernos persisten en esta política, al final saldrán" y ha advertido de que, en el caso de España, "Rajoy no llegará a la próxima legislatura si mantiene estas políticas".

Sindicatos y entidades pactan las condiciones de Cajas Rurales Unidas, que incluye un plan de prejubilaciones

ALMERÍA.-   La dirección y las organizaciones sindicales de Cajamar Caja Rural y de Ruralcaja han alcanzado y firmado este miércoles el preacuerdo laboral de la nueva entidad Cajas Rurales Unidas, que será rubricado formalmente la próxima semana y que contempla un plan de prejubilaciones al que podrán acogerse los empleados de todos los centros de trabajo de la entidad que cumplan 55 años en 2012, o los empleados de Cajamar o Ruralcaja en la Comunitat Valenciana que cumplan 54 ó 53 años en 2012.

   En ambos casos los empleados que se acojan a la prejubilación deberán contar con una antigüedad mayor o igual a seis años. Se trata de una medida que afecta a un número potencial de aproximadamente 550 empleados y que tiene especial significación en el ámbito de la Comunitat Valenciana, según informa Cajamar en un comunicado.
   Quienes decidan acogerse a este plan de prejubilaciones recibirán una renta mensual equivalentes al 95 por ciento del salario neto fijo percibido en el último año, que será revalorizable al 1,5 por ciento anual hasta los 64 años. En materia de pensiones además de una aportación extraordinaria para la jubilación, en función de la antigüedad, se garantiza el aseguramiento de las contingencias de riesgo --fallecimiento o incapacidad, entre otros-- durante el periodo de prejubilación.
   La reestructuración de plantilla contempla también que, en materia de movilidad geográfica, los empleados que deban ser trasladados de oficina recibirán complementos durante los primeros años de desplazamiento, y si la distancia fuera de más cien kilómetros percibirán también una ayuda para vivienda de 600 euros mensuales durante los dos primeros años del traslado y un complemento por desplazamiento de 360 euros mensuales durante los cinco primeros años del traslado.
   Respecto a la homologación de condiciones laborales y económicas es especialmente significativo el planteamiento en la homologación del plan de pensiones al introducir una financiación progresiva que mejora la financiación para los colectivos de más antigüedad en los años previos a la jubilación.
   En general, las entidades aseguran que "se armonizarán las condiciones laborales, manteniendo sustancialmente los derechos de ambas plantillas". A partir del mismo momento en que la fusión sea efectiva quedarán homogeneizadas la jornada y horario, ayudas de estudios y medidas de conciliación de la plantilla, con lo que progresivamente se acometerán la "armonización" de los sistemas de retribución, las clasificaciones profesionales, el plan de pensiones, el complemento 2009 o la bolsa de vacaciones.
   Por parte de Cajamar, el documento ha sido firmado por los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO., UGT y CGT, Matías Iglesias Casquero, José Martínez García y Antonino López López, respectivamente; así como por el director de Recursos Humanos, Francisco Javier Rodríguez Jurado. Por parte de Ruralcaja lo han suscrito los secretarios generales de las secciones sindicales de CC.OO. y UGT, César Cabrera Bellés y Luis Tortajada Pastor, así como el director del Área de Medios, Felipe Aguado Hernández.
   Para el director de Recursos Humanos de Cajamar Caja Rural, Javier Rodríguez, y el director de Medios de Ruralcaja, Felipe Aguado, el preacuerdo supone "una buena solución que genera expectativas a medio y largo plazo" ya que es una "solución no traumática" a la reestructuración de la plantilla, que supone un "importante sacrificio" puesto que "nos vemos obligados a prescindir de un talento muy valioso para la caja".
   Así, consideran que las bases del marco laboral para Cajas Rurales Unidas "respetan de forma general" las condiciones actuales de ambas plantillas, "generando expectativas de mejora en el medio y largo plazo". Por su parte, los agentes sindicales han valorado este acuerdo que supone "estabilidad" en el empleo" y "continuidad" en las condiciones sociales y económicas" para la plantilla.
   "Este preacuerdo prevé la salida ordenada de alrededor de unas 550 personas en toda España, si bien estas salidas se darán principalmente en la Comunidad Valenciana, Málaga y Almería, y asegura el mantenimiento de los puestos de trabajo", según señalan desde los sindicatos que han participado en la negociación.

La Junta comparte con Chamizo que "no es momento de peleas gratuitas"

SEVILLA.-   La consejera de la Presidencia e Igualdad de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado "bueno" el llamamiento "al consenso y el diálogo" entre los partidos realizado por el Defensor del Pueblo en funciones, José Chamizo, y ha defendido que "hay que pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es el momento de peleas gratuitas".

   Díaz se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, al ser preguntada por la intervención de Chamizo en comisión parlamentaria en la que instó a los diputados "a resolver los problemas del personal" y dejar de lado "la pelea" política porque "la gente está muy enfadada, hasta el gorro de todos ustedes".
   "El Defensor del Pueblo es un hombre didáctico y lo explica en un lenguaje en el que se le entiende perfectamente, pero eso es lo que manifestamos los socialistas hace tiempo cuando llamábamos al consenso, al acuerdo y a pensar en los intereses de los ciudadanos por encima del interés de los partidos políticos", ha asegurado la titular de Presidencia, que se ha mostrado convencida de que "en estos momentos hay que preservar el valor de este país y pensar que hay miles de familias que lo están pasando mal y no es momento de peleas gratuitas".
   Tras subrayar que cuando el PSOE planteó "un gran pacto de Estado entre todos los partidos políticos y entre el Gobierno y las administraciones nos referíamos a eso", Díaz ha considerado "bueno que el conjunto de los representantes públicos, porque el Defensor del Pueblo también es un órgano de extracción parlamentaria, llamen al consenso y el diálogo". "Lo ha hecho de una manera muy didáctica en el que se le ha entendido todo, pero es algo que Griñán llamó a ese diálogo y consenso que hoy los ciudadanos nos demandan", ha concluido.

Personal docente e investigador de la UAL cree que la no renovación de asociados hará "peligrar" otros recursos

ALMERÍA.- La Junta de Personal Docente e Invetigador (PDI) de la Universidad de Almería (UAL) ha alertado de que el ahorro que el institución académica pretende aplicar con la no renovación de profesores asociados de cara al próximo curso hará "peligrar" los "retornos" que la universidad ha obtenido a través de ellos con el sector productivo de la provincia, como contratos de investigación o prácticas en empresas. 

   Según informa en una nota el representante de dicha junta, el catedrático de Matemática Aplicada José Antonio Rodríguez Lallena, el ahorro --estimado en 300.000 euros-- que pueda tener la UAL en la contratación de profesores asociados "no es tan grande" si se tienen en cuenta los beneficios que obtiene la UAL en otros términos.
   En este sentido, ha ensalzado el papel de los profesores asociados quienes "tienen una larga trayectoria docente e investigadora" y que "han contribuido al prestigio" de la UAL, a la vez que "llevan a cabo su docencia con generosidad", puesto que sus retribuciones oscilan entre los 200 y 500 euros mensuales. "En lugar de agradecer su papel, desde el equipo de gobierno se ha decidido suprimirlos sin dialogar con ellos ni con sus representantes", critica Rodríguez Lallena.
   Asimismo, ha señalado que la Junta de PDI ha reclamado en varias ocasiones durante el último año que la UAL elaborara e hiciera público un plan de austeridad, para que fuera discutido con los representantes de los trabajadores. "No hemos tenido respuesta en ningún caso", ha apuntado antes de indicar que se ha vuelto a pedir ante el anuncio de no renovación que afectaría a un centenar de profesores.
   Para el PDI, los profesores asociados "tienen un papel muy importante en la docencia" puesto que se trata de especialistas "de reconocida competencia que transmiten a los alumnos conocimientos y experiencia adquiridos en su vida profesional".
 "Su desaparición supondrá una pérdida en la calidad docente de la Universidad de Almería", advierten.

El Tribunal Supremo resuelve el día 4 los recursos de la promotora del hotel del Algarrobico por la Ley de Costas

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo (TS) someterá el día 4 de julio a votación y fallo los dos recursos que presentó la empresa promotora del hotel que se asienta en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras, contra la resolución de la Audiencia Nacional (AN) que determinó que el inmueble viola la Ley de Costas al invadir de forma parcial la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre.

   Los cinco magistrados de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso que dirimirán si procede o no estimar los recursos interpuestos por Azata y Azata del Sol son los mismos que el pasado mes de marzo rechazaron la impugnación del Ayuntamiento de Carboneras al fallo de la AN y confirmaron que el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones se levanta en su mitad sobre los 100 metros de zona de servidumbre y que, por tanto, la orden ministerial de deslinde dictada en 2005 era conforme a derecho.
   Los tres casos, el resuelto y el que aún está por resolver, comparten, asimismo, ponente en el magistrado Jesús Ernesto Peces Morate, según han informado fuentes judiciales a Europa Press. Según la sentencia dictada el 21 de marzo, el Ayuntamiento debió "revisar" el Plan Parcial del sector ST-1 en el que se levanta el hotel para "ajustarlo a la anchura de la servidumbre de protección" que estipulaba la Ley de Costas ya que este se aprobó después de que esta entrase en vigor.
   La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la AN tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse el 4 de julio aún sobre las otras dos impugnaciones.
   La citada orden, firmada por la exministra del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
   Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
   En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carboneras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.

El Gobierno aprobará en semanas la norma contra la economía sumergida

MADRID.- El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida y preguntas relacionadas con el IVA.

   "Existe esa economía sumergida y hay que combatirla y eso es el sentido de la regularización fiscal promovida por el Gobierno", ha señalado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que el Ejecutivo está siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la práctica de otros países desarrollados del entorno, entre ellos Italia, Alemania o Reino Unido.
   Durante su intervención, Montoro ha negado que el Gobierno haya puesto en marcha una 'amnistia fiscal' y ha precisado que se trata de una regularización fiscal, lo que va en paralelo con un proyecto de ley que dotará a la Agencia Tributaria de la mayor capacidad para luchar contra el fraude fiscal.
   "Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda Pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro pais", ha señalado.
   Montoro ha afirmado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está acometiendo una serie de medidas para terminar con el fraude fiscal en un momento de caída de ingresos tributarios, algo que es "muy perjudicial" para sostener el Estado de Bienestar.