SEVILLA.- La consejera de Salud y Bienestar Social,
María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que los pensionistas
andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de
los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta
pública, más allá lógicamente de los tramos fijados en el Real Decreto
Ley 16/2012 de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud, y que comprenden una horquilla mensual de pago que va de los 8
a 18 y 60 euros (en función del nivel de renta de cada contribuyente).
Montero, que ha defendido que la comunidad tiene competencia para
llevar a cabo esta medida, ha explicado en rueda de prensa en Sevilla
que el RDL 16/2012 fija para todo el Estado el que los pensionistas
abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le
sería reintegrado de forma semestral si supera sus límite mensuales en
función de los topes fijados por Sanidad para su nivel de renta.
Según ha precisado, el sistema que permitirá ahora a los
pensionistas andaluces no tener que adelantar más dinero hasta su
reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno
central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI.
En concreto, este sistema, "accesible prácticamente al 100 por
cien de los andaluces" y que ya permite a los usuarios retirar sus
medicinas sin necesidad de acudir a los centros de salud para renovar
sus tratamientos en caso de que sean crónicos, recogerá ahora una
pestaña o suerte de 'contador de euros' en cada historial digitalizado
de cada paciente.
De esta forma, y una vez superado el límite fijado por Sanidad de
copago mensual de las recetas de un pensionista andaluz dado, el mismo
no tendría que pagar más por alentado la retirada de nuevos fármacos
durante ese mismo mes, ya que el contador 'avisará' al farmacéutico de
que ese usuario ha llegado al tope de abono de ese usuario.
A modo de ejemplo, Montero ha expuesto un caso común y real: una
persona pensionista que padezca Alzheimer, hiperplasia benigna de
próstata, insuficiencia cardíaca, EPOC y diabetes, que además requiera
de absorbentes y tiras reactivas, tendría que abonar más de 42 euros al
mes por los 22 medicamentos necesarios para controlar estas enfermedades
(el 10% del coste total del tratamiento, estimado en 424 euros
mensuales). Salud evitará a este paciente tener que esperar más de medio
año para que le devuelvan los 204 euros extra que pagará por seis meses
de tratamiento (unos 40 euros superan el tope cada mes), ya que el
sistema Receta XXI de la comunidad detectará cuándo ha llegado al pago
de los 8 euros impuesto por el Gobierno central e informará a la
farmacia de que no tiene que seguir cobrando al usuario ese mes.
De hecho, la estrategia digital Diraya permite cruzar directamente
los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información
económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esto
significa que la Consejería de Salud podrá cada mes actualizar en qué
situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le
corresponde pagar antes de que vaya a la farmacia. Asimismo, garantizará
a los usuarios en paro que han perdido derecho a prestación que no
paguen nada cuando retiren sus fármacos.
"Con esta medida, y en estos momentos de crisis, intentamos ayudar
a los pensionistas andaluces frente a un decreto de Rajoy que supone en
la práctica una impuesto para la enfermedad de los más débiles y una
bajada real de las pensiones, ya que el Estado está empezando a dejar de
ocuparse den los pensionistas", ha reprochado Montero.
Del mismo modo, ha defendido que con esta medida Andalucía se
salva de las "posibles tensiones de Tesorería" que otras comunidades
pueden sufrir "cuando a los seis meses tengan que devolver ese dinero a
sus pensionistas, pero puedan tener problemas incluso para devolver esos
pagos por adelantado como consecuencia de esta crisis".
En este mismo sentido, ha resaltado que Andalucía también quedará
exenta de los posibles "picos de tensión de Tesorería" que también
puedan sufrir otras comunidades para obtener liquidez con los que hacer
frente al reintegro de las cantidades abonada de más por sus ancianos.
Junto a ello, ha resaltado que el sistema andaluz evitará al
paciente tener que reclamar el dinero que cada mes haya excedido del
tope que le corresponda y esperar cada seis meses la devolución,
minimizando así el coste de los trámites burocráticos necesarios para
ejecutar los abonos.
Según los datos que maneja el departamento que dirige Montero,
cerca de medio millón de pensionistas andaluces mayores de 65 años
consume más de cinco recetas al mes.
No obstante, los datos que maneja Salud revelan que la imposición
de esta normativa va a afectar al colectivo de los pensionistas
andaluces (1.679.801 en la actualidad), que ha recibido la medicación
prescrita por su médico de manera gratuita desde la década de los 60. A
partir del 1 de julio, Sanidad les obligará a contribuir con entre el 10
por ciento y el 60 por ciento del coste del tratamiento hasta un máximo
mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros.
Más concretamente, 1.414.873 pensionistas (el 85% del total)
estarán en el tramo que pagarán 8 euros al mes según la norma, 260.895
abonarán hasta 18 euros al mes, y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60
euros mensuales.
Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al
retirar sus medicinas de las oficinas de farmacia. En concreto,
1.148.402 aportarán el 50% del coste (se trata de la población con una
renta comprendida entre 18.000 y 100.000 euros que antes de la entrada
en vigor del Decreto asumía el 40%), y 20.826 usuarios abonarán el 60%
(con una renta por encima de los 100.000 euros, antes contribuían con el
40% del coste también).
No hay comentarios:
Publicar un comentario