La pensión media en la provincia de Almería aumenta un 50 por ciento desde 2018, situándose en la actualidad en 1.133,88 euros

 ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado hoy el compromiso del Gobierno de España con el fortalecimiento del Estado del bienestar, poniendo en valor la evolución de las pensiones en la provincia y el reciente refuerzo de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobado por el Consejo de Ministros.

Durante un balance de los datos de pensiones correspondiente al mes de junio, Martín ha señalado que la Seguridad Social abona actualmente 122.475 pensiones contributivas en la provincia de Almería, frente a las 103.985 de junio de 2018, lo que supone un incremento de 18.490 prestaciones, cerca de un 18 % más en apenas ocho años.

El subdelegado ha subrayado especialmente la mejora experimentada por las cuantías de las pensiones. 

Así, la pensión media en Almería ha pasado de 758,25 euros mensuales en 2018 a 1.133,88 euros en la actualidad, “lo que representa un incremento de 375 euros al mes, aproximadamente un 50 % más, gracias a la revalorización anual vinculada al IPC impulsada por el Gobierno”, tal y como ha asegurado el subdelegado.

Martín ha explicado que estas medidas tienen un impacto directo sobre la economía provincial. En la actualidad, la Seguridad Social destina 138,9 millones de euros mensuales al pago de pensiones contributivas en Almería, frente a los aproximadamente 79 millones de euros que se abonaban hace ocho años.

 Ha subrayado que este mismo mes de junio, la cifra asciende a cerca de 260 millones de euros en la provincia de Almería gracias al ingreso de la paga extraordinaria de junio”.

 "Estamos hablando de más de 60 millones de euros adicionales cada mes que llegan a los hogares almerienses, sostienen el consumo, dinamizan el comercio y generan riqueza en nuestros municipios", ha señalado.

Además, durante el último año el número de pensiones ha aumentado un 3,2 %, la pensión media ha crecido un 5 % y la nómina mensual destinada a los pensionistas se ha incrementado un 8,3 %, hasta rozar los 139 millones de euros mensuales.

Por tipología de prestaciones, en la provincia se abonan actualmente 75.241 pensiones de jubilación, que representan más del 61 % del total y alcanzan una cuantía media de 1.297,64 euros mensuales.

 Asimismo, la Seguridad Social protege a 29.217 personas viudas, con una pensión media de 831,35 euros; a 11.968 personas beneficiarias de incapacidad permanente, cuya prestación media asciende a 1.168,41 euros; además de 5.514 pensiones de orfandad y 535 prestaciones en favor de familiares.

Además, ha destacado que este es el quinto año consecutivo en el que las pensiones se actualizan conforme al IPC, consolidando un modelo que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas.

Durante su comparecencia, Martín también ha informado del acuerdo aprobado recientemente por el Consejo de Ministros para reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Gobierno de España destinará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, elevando la aportación estatal hasta 5.513,8 millones de euros en 2026 y 7.239,4 millones en 2027, con el objetivo de que el Estado financie el 50 % del sistema, junto a las comunidades autónomas.

Esta medida permitirá reforzar la atención a cerca de 1,7 millones de personas beneficiarias, reducir las listas de espera, ampliar los servicios y mejorar las condiciones de quienes prestan los cuidados. Martín ha explicado que se estima que la provincia de Almería reciba aproximadamente 100 millones de euros para la mejora de la dependencia.

Asimismo, las aportaciones estatales por persona beneficiaria aumentarán de forma significativa a partir del 1 de julio de 2026. En los casos de gran dependencia (grado III) pasarán de 290 a 660 euros mensuales; para la dependencia severa (grado II) se duplicarán, de 130 a 260 euros, mientras que para la dependencia moderada (grado I) aumentarán de 76 a 90 euros al mes.

El subdelegado ha concluido asegurando que "el Gobierno de España continúa consolidando un Estado del bienestar que protege a las personas durante todas las etapas de la vida, garantizando pensiones dignas, reforzando el sistema de dependencia y asegurando que nadie quede atrás".

La pensión media de febrero en Andalucía se sitúa en 1.231 euros, un 4,86% más que hace un año

 SEVILLA.- La Seguridad Social ha abonado en febrero 1.561.501 pensiones en Andalucía, 769.060 a mujeres y 792.439 a hombres, con un importe medio de 1.231,03 euros, lo que representa un crecimiento del 4,86% respecto al pasado año.

Según ha informado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, del conjunto de pensiones abonadas, 471.919 ha contado con complementos a mínimos, según los datos publicado este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Así, del total de pensiones, las de jubilación han alcanzado en Andalucía los 1.424,49 euros y han sido abonadas a 1.016.864 personas. 

Le siguen en cuantía las de incapacidad permanente, que han rondado los 1.170 euros de media para 226.398 personas; los 904,68 euros de las 393.994 pensiones de viudedad; 780,41 euros las pensiones a favor de familiares (12.635) y, por último, de orfandad, que ha sido abonada a 68.178 personas, con un importe medio de 524 euros.

El Gobierno de España incrementa alrededor de 2,2 millones de pensiones y prestaciones en Andalucía desde el 1 de enero

 SEVILLA.- Alrededor de 2,2 millones de prestaciones y pensiones subirán entre un 2,7% y un 11,4% en Andalucía desde el próximo 1 de enero en base a la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno de España en el último Consejo de Ministros en aplicación de la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Según ha detallado la delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, para el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, "esto supone la consolidación de una medida fundamental, la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo para más de dos millones de personas en Andalucía".

En contexto, la subida es del 2,7% con carácter general para el 2026, de acuerdo con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. En este sentido, Pedro Fernández ha puesto de relieve que la revalorización anual de las pensiones responde a "una firme voluntad del Gobierno de España, que sigue trabajando para reforzar un sistema que es referente entre las principales economías del entorno y que avanza hacia mayores cotas de equidad y solidez".

Asimismo, la revalorización beneficiará a más de 1,7 millones de pensiones del sistema de la Seguridad Social, entre ellas, las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

No obstante, la medida se aplicará a más de 144.900 pensiones de Clases Pasivas, correspondientes a funcionarios públicos incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado. En el caso de las pensiones mínimas la revalorización será de del 7% y del 11,4% en 2026 para las pensiones con cónyuge a cargo y en las de viudedad con cargas familiares.

Por otro lado, aumentarán un 11,4% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15 del Pacto de Toledo.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

Así, tomando como referencia la pensión media de jubilación correspondiente al mes de noviembre (1.369,98 euros), la revalorización en Andalucía supondrá, de forma aproximada, unos 520 euros más al año para quienes perciben una pensión media de jubilación.

En este sentido, Fernández ha puesto de manifiesto que "este incremento contribuye al mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas" y ha resaltado que, "en diciembre de 2018, la pensión media era de 860 euros mensuales, lo que representa un aumento de más del 63%".

De este modo, el delegado del Gobierno ha puesto de manifiesto que "esta actualización aporta certidumbre y estabilidad a más de dos millones de andaluces, y refuerza la confianza en un sistema público de pensiones que se adapta a la realidad económica sin perder su vocación social".

En concreto, la fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, mediante la cual se fijó la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social de sistema público de pensiones.

El número de pensiones contributivas percibidas por los andaluces creció en más de 32.500 en 2024

 SEVILLA.- En 2024, el número de pensiones contributivas percibidas por los andaluces fue de 1.674.715, creciendo en más de 32.500 respecto a 2023, dato que supone un crecimiento del 2,0%, según ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

De esta manera, el IECA ha actualizado la publicación de las Pensiones Contributivas de la Seguridad Social de los Residentes en Andalucía, incorporando los datos de 2024 a la serie disponible desde 2011.

El valor de la pensión media mensual en Andalucía en 2024 fue de 1.137,03 euros, mientras que las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla se volvieron a situar por encima de ese valor medio, el resto de provincias estuvieron por debajo.

Por sexo, en todas las provincias el valor medio de las pensiones percibidas por hombres superó ese valor medio de referencia, sin embargo, el valor de la pensión media percibida por las mujeres no superó ese valor en ninguna provincia.

De esta manera, los resultados muestran que en el año 2024 en Andalucía el número de hombres (773.152) que percibieron pensiones contributivas de la Seguridad Social continuó siendo mayor que el número de mujeres (747.288).

Sin embargo, el número de pensiones percibidas por las mujeres en 2024 (872.097) fue mayor que el de hombres (802.615). El valor medio de estas pensiones fue de 948,6 euros para las mujeres y 1.341,8 euros para los hombres.

Además, el número de personas que percibieron ingresos en pensiones superiores a 1.500 euros en 2024 alcanzó el 25,1% del total de pensionistas, lo que supone un incremento de 2,2 puntos respecto a 2023.

En 2024, en el análisis municipal, el 50% de los municipios tuvo un valor de la pensión media mensual superior a 916 euros. Entre estos municipios se encuentran las 8 capitales de provincia.

En 2024 continuó el descenso de los pensionistas que únicamente percibieron pensión de viudedad en Andalucía (-1,3% respecto al año anterior) alcanzando la cifra de 243.618 pensionistas, de los cuales el 95,4% eran mujeres.

En esta línea, también ocurre a la inversa con la pensión de jubilación, de los 846.490 pensionistas que solo percibieron pensión de jubilación, el 66,8% fueron hombres (0,6 puntos menos que en 2023).

La pensión media de jubilación en Andalucía se sitúa en septiembre en 1.367 euros, un 4,7% más que hace un año

 SEVILLA.- La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 1.704.197 pensiones a 1.548.829 andaluces --786.121 hombres y 762.705 mujeres--, con un importe medio del sistema que se sitúa en los 1.179,86 euros mensuales, un 4,72% más que hace un año. La de jubilación es la de mayor importe, con una media de 1.367,31 euros mensuales, un 4,72% más que en agosto de 2024, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la pensión de incapacidad permanente, que ha sido a abonada a 221.522 personas en Andalucía, ha ascendido a 1.122,10 euros, mientras que la de viudedad se ha situado en los 867,52 euros, que han cobrado 394.685 pensionistas andaluces. Un total de 69.089 personas han recibido la de orfandad (498,69 euros) y 12.638 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 744,83 euros.

Del total de pensiones abonadas en Andalucía, a 205.153 se le aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

En todo el país, la nómina de agosto asciende a 13.638,1 millones de euros, con 10.379.309 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema alcanza los 1.314 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.508,7 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.667,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,9 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.907,7 euros, y de 1.671,8 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 936,3 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.639,1 euros, según los últimos datos disponibles (agosto). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.753,2 euros al mes.

La nómina mensual de pensiones contributivas alcanzó en agosto la cifra de 13.638,1 millones de euros. Como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan el 73% del total (9.969.135 millones de euros).

 A pensiones de viudedad se han destinado 2.197,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.256,5 millones; la de orfandad, a 178,6 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

Hasta agosto (inclusive), último dato disponible, se han registrado 241.188 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,3% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. 

En conjunto, el 72,8% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,8% en seis años y solo suponen el 27,2% del total de nuevas jubilaciones.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

En cuanto a la media de tiempo de resolución de los expedientes, en agosto (último dato disponible) fue de 9,4 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,5 días en el caso de las pensiones de viudedad. 

Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En septiembre, 1.143.647 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 85% corresponden a mujeres (972.493). El importe medio de este complemento es de 75,2 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,7% corresponden a pensionistas con un hijo (282.370), el 47,9% de los beneficiarios, con dos hijos (547.827); el 18,2% lo percibe por tres hijos (208.025), y por cuatro hijos, el 9,2% (105.435).

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.674,9 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible. En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 94,6 millones de euros (6% de variación anual).

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 725.631, que son 14.288 pensiones más que en agosto de 2024, con un crecimiento cercano al 2% anual.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. * La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.

Asimismo, la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.

El Gobierno destaca que la pensión media de jubilación en Andalucía se revaloriza un 36% en siete años, de 999 a 1.365 euros

 SEVILLA.- La evolución en Andalucía de la pensión media de jubilación arroja un crecimiento del 36% en los últimos siete años, han destacado desde la Delegación del Gobierno central en Andalucía, punto en el que han explicado que una persona jubilada en la comunidad andaluza cobraba de media 999,23 euros y su prestación en la actualidad asciende a los 1.365,36 euros de media, lo que supone un incremento de 366 euros desde la entrada del actual Ejecutivo.

En un comunicado, han indicado que según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, correspondientes al mes de julio, la Seguridad Social abonó el último mes un total de 1.699.876 pensiones en Andalucía a 1.545.046 personas, con una medida de 1.178.02 euros, un 4,77% más que hace un año, siendo las de jubilación las que representan el mayor volumen, 1.003.565 nóminas.

Le siguen las pensiones de viudedad, que han alcanzado en julio las 394.861 pensiones, con un ingreso medio de 866,76 euros; por incapacidad permanente, 219.590 pensiones (1.120,88 euros); a favor de familiares, que han acumulado 12.596 nóminas con un importe medio de 743,67euro y, por último, por orfandad, de las que se han abonado un total de 69.263, con una media de 498,07 euros.

Además, el pasado mes, 191.361 pensiones incluyeron en Andalucía el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

Esta evolución ascendente en el sistema de pensiones del Gobierno hace, según ha manifestado el delegado del Ejecutivo en la comunidad, Pedro Fernández, "que las personas jubiladas andaluzas hayan incrementado su poder adquisitivo. Al año la pensión media de jubilación se ha incrementado en más de 5.000 euros con respecto a 2018".

"Este Gobierno progresista ha ido estableciendo las medidas necesarias para garantizar unos ingresos dignos a la mayoría social, a los colectivos más vulnerables, entre los que están los jubilados y jubiladas de Andalucía, con subidas muy por encima del 0,25% establecido por el anterior Gobierno en 2013", ha explicado.

Así, ha precisado que "si en 2018 la pensión media de jubilación en Andalucía se situaba en 999,23 euros al mes, al año siguiente se incrementó hasta los 1.032,83 euros, en 2020 alcanzó los 1.056,96 euros, una nueva subida en 2021 la estableció en los 1.079,75 euros, en 2022 llegó hasta los 1.137,73 euros y así sucesivamente hasta los 1.365,36 euros de la actualidad".

Por en contrario, Fernández ha recordado que "si se hubiera mantenido el coeficiente establecido por el anterior Gobierno, la pensión media de jubilación sería hoy de apenas 1.016 euros, unos 350 euros al mes menos que la actual, rebajando el poder adquisitivo de los jubilados andaluces a niveles de 2019".

Fernández ha puesto el foco en que "las progresivas revalorizaciones se han puesto en marcha con la máxima legitimidad social y política tras las recomendaciones del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y el gran acuerdo con los interlocutores sociales de 2021, que se firmó en el Palacio de la Moncloa".

Igualmente, ha valorado que "gracias a este fortalecimiento y blindaje del escudo social del Gobierno en Andalucía, los más de dos millones pensionistas y perceptores de otras prestaciones, sumando pensiones contributivas, no contributivas, clases pasivas, Ingreso Mínimo Vital (IMV) y prestaciones por hijo a cargo con discapacidad, van a ver garantizado su poder adquisitivo en un contexto de alta inflación desconocido desde hace más de 30 años", ha apostillado.

La Seguridad Social abona en mayo casi 1,7 millones de pensiones en Andalucía con un importe medio de 1.177 euros

 SEVILLA.- La Delegación del Gobierno en Andalucía ha informado que la Seguridad Social ha abonado a fecha 1 de mayo en la región un total de 1.692.660 pensiones, de las que casi un millón corresponden a jubilación, con un importe medio de 1.177,33 euros, lo que supone un incremento del 4,86% con respecto al año anterior.

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la actualidad el número de pensionistas andaluces asciende a 1.538.661 personas, de los que 781.804 (50,9%) son hombres y 756.855 (49,1%) son mujeres, ha trasladado la Delegación en una nota.

Dentro del global en Andalucía, la pensión de jubilación ha ascendido de media en mayo a 1.364,78 euros, seguida del colectivo de prestaciones por incapacidad permanente, que ascendió a 1.119,88 euros. La de viudedad se sitúa en esta ocasión en los 866,32 euros y las de orfandad, más de 498,31 euros. Las abonadas en favor de familiar superan de media en la comunidad los 742,37 euros mensuales.

En cuanto a número de abonadas, la pensión de jubilación es la más numerosa, con 999.671 pensiones, seguidas de las de viudedad, con 394.137 prestaciones, y de las de incapacidad permanente, que a 1 de mayo fueron 217.294. Siguen las pensiones por orfandad (69.002) y las prestaciones a favor de familiares (12.556).

Además, según los datos a 1 de mayo de este año, un total de 180.655 pensiones andaluzas sumaron el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros mensuales.

La pensión media de la Seguridad Social en Andalucía se sitúa en 1.174,93 euros en marzo

 SEVILLA.- La Seguridad Social ha abonado en Andalucía 1.689.409 pensiones en la nómina de marzo a 1.536.070 pensionistas, que se ha situado en los 1.174,93 euros de media, un 4,88% más que hace un año y un incremento del 28,7% respecto a marzo de 2018, es decir, 337,8 euros más, ya que la pensión media de hace seis años se situaba en los 837,05 euros, según ha detallado la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha puesto el foco en cómo "cerca de un millón y medio de pensionistas andaluces se benefician cada mes del blindaje de las pensiones garantizado por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que se traduce en una subida media de 340 euros este mes de marzo, al pasar de los 837 euros al mes que cobraba de media un pensionista andaluz en 2018 a los 1.175 euros en 2025".

"Éste es el alcance real de las medidas que adopta un gobierno progresista que tiene a las personas en el centro de su acción y que garantiza una pensión digna para los andaluces, lo que, a su vez, repercute de forma indirecta y positiva en el consumo y en el sector servicios de nuestra comunidad", ha destacado Fernández.

Del total de perceptores en marzo, el 49,1% son mujeres (755.281) y el resto, 780.788, hombres, dato que incluye la cuantía de las distintas clases de pensión --jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares--.

La pensión media de jubilación, que perciben 998.587 personas en Andalucía, ha ascendido en marzo a 1361,97 euros mensuales. Por su parte, la pensión de viudedad, que se ha abonado a 394.286 personas, se ha situado en los 865 euros; la de incapacidad, que atiende a 214.991 pensiones, ha sido de 1.117,55 euros; la de orfandad, en los 497,01euro (69.060 perceptores), y, por último, en favor de familiares se han abonado 12.485, con un importe medio de 740,23 euros.

Por otro lado, en marzo 172.963 pensiones en Andalucía incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 83 euros. Este complemento, en vigor desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, incluido el primero, y debe solicitarse al mismo tiempo que la pensión.

Dos tercios de los titulares y más de la mitad de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en Andalucía son mujeres

 SEVILLA.- La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en febrero en Andalucía a 217.594 hogares en los que viven 676.930 personas. Si se le aplica el matiz de género a estas cifras, el 73,4% de los titulares de esta prestación, 159.723, son mujeres, que además representan el 53% de los beneficiarios, 359.194, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, recientemente publicada por el INE, la pobreza severa tiene una mayor incidencia en las mujeres que en los hombres para la población adulta: medio punto en el caso de las mujeres en edad de trabajar y casi dos en las mayores de 65 años.

Esta brecha es aún mayor en el caso de la tasa de pobreza general, que llega a ser de 4,5 puntos en el caso de las mujeres mayores de 65 años, y de 1,5 puntos en el caso de las mujeres en edad de trabajar (18 a 64 años). Igualmente, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social (Arope) también es superior entre las mujeres que entre hombres adultos.

En una nota, la Delegación del Gobierno en la región ha trasladado que la cuantía media de la prestación de febrero en la comunidad andaluza ha sido de 482,24 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de febrero ha ascendido a 116,2 millones de euros.

Más de dos tercios de los hogares cubiertos por el Ingreso Mínimo Vital en Andalucía incluyen a menores de edad, en concreto el 72,5%. En total, son 157.804 hogares con menores entre los que hay 33.945 monoparentales. Por otro lado, el 40% de los beneficiarios son niños y adolescentes, hasta un total de 271.694.

En este sentido, el Ejecutivo señala que una de las principales herramientas de lucha contra el riesgo de pobreza infantil es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Este mes, el CAPI ha llegado en Andalucía a 158.250 unidades de convivencia con una cuantía media de 67,02 euros por cada menor y de 115,55 euros por hogar con menores. 

Esta modalidad de IMV supone una ayuda de 115 euros por hogar al mes en el caso de niños de 0 a 3 años; de 80,5 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años; y de 57,5 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años.

En febrero se contabilizaron 41.044 prestaciones activas más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 23,25%. En estos hogares, conviven 131.897 beneficiarios más que los registrados en febrero de 2024 (+24,2%).

Desde que en junio de 2020 se pusiera en marcha el IMV, 921.707 personas en la región han sido protegidas con esta prestación, según detalla la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Asimismo, recuerda que se adelantó la solicitud del IMV por pobreza sobrevenida, que se puede presentar desde el 1 de enero, cuando el plazo habitual comienza en abril. Para la aprobación de estas solicitudes, se tiene en cuenta la situación de los últimos tres meses, lo que puede beneficiar especialmente a los damnificados por la gota fría de finales de octubre.

Todos los beneficiarios del IMV tienen a su disposición el teléfono corto 020 donde se proporciona información de este subsidio; un canal que se ha visto reforzado con un incremento del 40% en su plantilla.

Amate (IU) acusa al PP y Vox de “meter la mano en el bolsillo de más de 250.000 almerienses”

ALMERÍA.- “Rocío de Meer, Maribel Sánchez, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, diputados por Vox y Partido Popular, elegidos por nuestros vecinos para que defendieran sus intereses en Madrid, son los culpables directos de que a partir de febrero de más de 250.000 almerienses dejen de cobrar más de 117 millones de euros al año y deben rendir cuenta ante sus votantes”.

 Así de contundente se ha mostrado la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería, María Jesús Amate, después de que el Congreso de los Diputados rechazara la convalidación de dos reales decretos con los votos en contra de Junts, Vox y PP.

“Estamos acostumbrados a las salidas de tono de los unos y los otros, pero ha sido especialmente doloroso ver cómo han dejado en la cuneta a jubilados, pensionistas, familias en situación de vulnerabilidad, jóvenes y mujeres, los principales beneficiarios del real decreto de medidas urgentes, para alinearse una vez más con las grandes compañías energéticas y rentistas de nuestro país”, ha señalado Amate, “pero su obsesión casi enfermiza contra el gobierno de coalición no justifica el gran daño que han causado a tantas y tantas familias, y esperemos que rindan cuentas ante ellos cuando haya casas donde llegue la factura de la luz, de esas compañías que siempre defienden, y no tengan con qué pagar porque les han bajado la pensión”.

La coordinadora de Izquierda Unida en la provincia ha cogido papel y lápiz para justificar los datos que denuncia: “Si en Almería hay en torno a 71.200 jubilados que van a dejar de percibir 475 € de revalorización de media al año, hablamos que nuestra provincia dejará de ingresar casi 34 millones de euros. 

Del mismo modo, si de los casi 150.000 trabajadores que se iban a beneficiar de la subida del Salario Mínimo Interprofesional, en torno a 100.000, entre las que se encuentran más de 20.000 trabajadoras del manipulado hortofrutícola, ya no se beneficiarán de esos 54 € mensuales, lo que supone una pérdida de 756 € al año; una merma de 756 millones de euros que no van a estar en las cuentas corrientes de los trabajadores más precarizados de nuestra tierra. 

Tampoco verán a partir de febrero la subida del 9% del Ingreso Mínimo Vital los casi 15.000 hogares inscritos en nuestra provincia, que ya no recibirán una media de 530 euros al año, es decir, casi 45.000 personas en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos niños y ancianos, no recibirán casi 8 millones de euros, con particularidad de que ahora se encuentran con una espada de Damocles sobre sus cabezas al decaer también la prohibición de desahuciar a familias vulnerables.

 Sin olvidar que no son los únicos afectados, hay que añadir a otros 40.000 pensionistas por incapacidad o viudedad donde, por ejemplo, las pensiones de viudedad con familiares a su cargo, que a partir del mes que viene ya no contarán con la subida del 9’1%, o el aumento del gasto de las familias trabajadoras al caer las ayudas a los bonos de transporte que tras el rechazo de PP, Vox y Junts subirá prácticamente el doble”.

Más de 180.000 almerienses se beneficiarán de las subidas de las pensiones y de las prestaciones impulsadas por el Gobierno

 ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha presentado esta mañana las novedades del Real Decreto-Ley aprobado el pasado mes de diciembre, y por el que se establece la revalorización de las pensiones y otras prestaciones abonadas por el sistema de la Seguridad Social en el presente año 2025. 

Y ha destacado que “en Almería más de 180.000 personas se beneficiarán de la subida de las pensiones y prestaciones impulsadas por el Gobierno de España, una cifra que repercutirá favorablemente en 1 de cada 4 almerienses”.

La subida de pensiones es efectiva desde el 1 de enero y va a beneficiar en Almería a más de 180.000 ciudadanos almerienses que conservan o aumentan su poder adquisitivo entre beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, los de Clases Pasivas, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad igual o superior al 65%. Alrededor del 25% de los ciudadanos almeriense se beneficiarán de la subida que garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas.

Las pensiones de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, y las pensiones del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado- que se refiere a los funcionarios incluidos en este régimen se revalorizarán con carácter general un 2,8% para 2024.

Esta cantidad es la inflación media entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024, como consecuencia de la fórmula establecida en la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales. Es el cuarto año que se revalorizan las pensiones de acuerdo con el IPC: un 2,8% en 2025, un 3,8% en 2024, un 8,5% en 2023 y un 2,5% en 2022.

En Almería este incremento va a beneficiar al total de 117.228 pensiones contributivas que se perciben en Almería lo que supondrá incrementar la pensión media de 1.034,81 euros a 1.063,78 euros. Además el subdelegado ha detallado que “la evolución de la pensión media de jubilación en Almería ha pasado de 895 euros en el año 2018 a 1.191 en 2024”.

En concreto, en cuanto a las pensiones de jubilación, las 71.278 pensiones de jubilación que se perciben en Almería se incrementarán de media 33, 35 euros, pasando de 1.191,14 euros a 1.224,49 euros. El número de pensiones de clases pasivas que se beneficiarán de este incremento en Almería es de 9.685.

Las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital se revalorizarán un 9%, y las de viudedad con cargas familiares un 9,1%. 

Debe tenerse en cuenta que en Almería el 30,1% de las pensiones están complementadas a mínimos, un total de 35.240 pensiones. Si atendemos a una distinción por sexo, el 36,7% de las pensiones percibidas por mujeres están complementadas a mínimos frente al 22,6% de las percibidas por hombres.

Por su parte, se beneficiarán en Almería de un incremento del 9%, las 6.462 pensiones no contributivas de jubilación e invalidez actualmente existentes en la provincia y los 57.439 beneficiarios almerienses del INMV, de los que hay que recordar que 25.151 son menores de edad.

El complemento para la reducción de la brecha de género de las pensiones contributivas queda fijado para 2025 en 35,90 euros mensuales. Es el resultado de sumar un 5% adicional al porcentaje general de revalorización del 2,8%. En Almería son 11.887 las pensiones con complemento de brecha de género.

En su intervención, el subdelegado ha detallados las principales cifras relacionadas con el empleo en la provincia. 

En este sentido, ha puesto en valor que “Almería ha cerrado el año con un descenso de 5.005 parados con respecto a diciembre del pasado año, un 9.8 % menos con una evolución de las cifras del paro que nos hace ser muy optimistas con la evolución del empleo en la provincia”.  

El número personas registradas en las oficinas del SEPE en Almería al finalizar el mes de diciembre se ha reducido en -1.281 trabajadores en relación con el mes noviembre, es decir, un -2,71%, situándose la cifra total de parados en 46.067 personas.

Además, Martín ha subrayado “el crecimiento que Almería ha registrado en afiliados a la Seguridad Social. En diciembre la cifra de la afiliación en Almería ha sido 338.183 personas, 42.334 afiliados más que en diciembre del año 2018”. 

Esto significa en términos interanuales, que hay registrados 9.418 afiliados más que hace un año, es decir, en diciembre de 2023, lo que en términos porcentuales es un 2,26 % de incremento. 

La cifra de 338.183 trabajadores afiliados medios es la más alta registrada en Almería en toda la serie histórica, superando el actual récord, que se registró el pasado noviembre con 334.354 afiliados.

El subdelegado ha detallado también los números de los contratos indefinidos donde se ha registrado un avance positivo en la provincia de Almería en los últimos años al pasar de 30.479 en 2018 a 137.125 con una variación que supera las 106.00 personas y que supone un 350% más en estos últimos seis años en la provincia. 

 

Así, ha finalizado poniendo en valor “la creación de empleo con garantías y de calidad para que Almería siga creciendo  gracias a un sector laboral fortalecido”.

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 12.974,2 millones en diciembre, un 7% más

 MADRID.- La Seguridad Social destinó en el presente mes de diciembre la cifra récord de 12.974,2 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 7,04% más que en igual mes de 2023, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La nómina mensual ordinaria de las pensiones superó por primera vez en julio de 2023 los 12.000 millones de euros y este mes ha vuelto a marcar un nuevo récord, cerca ya de alcanzar los 13.000 millones de euros, tras la subida de las pensiones contributivas en un 3,8% para 2024.

Tres cuartas partes de la nómina de pensiones contributivas corresponden a pensiones de jubilación, como es habitual. En concreto, estas pensiones suponen el 73,1% de la nómina, con 9.491,8 millones de euros.

A pensiones de viudedad se han destinado 2.116 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.160,8 millones; la de orfandad, a 171 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 34,5 millones.

En diciembre de este año se han abonado 10.281.477 pensiones contributivas, casi un 1,7% más que hace un año, a algo más de 9,3 millones de pensionistas.

Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en diciembre un 5,2% interanual, hasta los 1.449,9 euros mensuales.

Por su parte, la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), se incrementó un 5,3% interanual, hasta situarse a 1 de diciembre de este año en 1.261,9 euros mensuales.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.607,4 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 967,4 euros.

En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media es de 2.812,2 euros, y de 1.605,4 euros en el Régimen del Mar. La cuantía mensual de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en noviembre a 1.548,5 euros de media, según los últimos datos disponibles. En cuanto a la pensión media de viudedad, en diciembre alcanzó los 899,3 euros al mes.

Crecen las jubilaciones demoradas

Entre enero y noviembre de 2024, último dato disponible, se han registrado 338.771 nuevas altas en pensiones de jubilación. Del análisis de los datos, se desprende que la cifra de jubilaciones anticipadas se ha reducido considerablemente y se sitúa por debajo del 30% del total (29%).

En total, son 98.204, lo que supone un descenso del 11% de jubilaciones anticipadas respecto a 2019 cuando se anticipaba el 40% de las nuevas jubilaciones. El 71% accedieron con edad ordinaria (216.772).

En este mismo período, el 9,4% de las altas correspondieron a la modalidad de jubilación demorada frente al 4,8% que suponían en 2019. Son 31.876 altas de este tipo, mientras que en 2024 no llegaron a 14.000.

La edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años

Como resultado del retraso voluntario del momento de retiro y del menor adelanto, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,2 años, cuando en 2019 era de 64,4. Hay que recordar que en 2022 entraron en vigor nuevos incentivos la demora en el acceso a la jubilación y también se ha reconfigurado el marco de la jubilación anticipada.

La media de tiempo de resolución de los expedientes en noviembre (último dato disponible) fue de 11 días en el caso de la pensión de jubilación y de 9,48 días en el caso de las pensiones de viudedad.

Complemento para la reducción de la brecha de género

En diciembre, 913.208 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que en un 89% de sus titulares son mujeres (812.130). El importe medio mensual de este complemento en la pensión es de 70,1 euros. Del total de pensiones complementadas, el 24,7% corresponde a pensionistas con un hijo (225.927); el 47,1% de los beneficiarios, con dos hijos (429.967); el 18,5% lo percibe por tres hijos (168.855), y por cuatro hijos, el 9,7% (88.459).

Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija de 33,20 euros al mes por hijo, tras la revalorización aplicada en 2024. La solicitud debe realizarse en el momento en el que se solicita la pensión.

Clases pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.612,6 millones de euros en el mes de noviembre (último dato disponible). Esta cifra supone un aumento de 106,4 millones de euros respecto a la del año anterior, un 7,1% más.

El número de pensiones en vigor fue de 721.275, que son 14.810 pensiones más que en el mismo mes del año anterior (2,1% de variación anual).

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.

Subida de pensiones en 2025

En este contexto, el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado el Real Decreto-ley de revalorización de las pensiones para 2025, por el que desde el 1 de enero del próximo año más de 12 millones de pensiones verán incrementadas sus cuantías.

Por su parte, las pensiones mínimas subirán el 6% en 2025. Un porcentaje que será mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas se revalorizarán un 9%.

Esta medida se aplicará a los 6,5 millones de pensiones de jubilación y a los 2,4 millones de pensiones de viudedad del sistema de Seguridad Social, además de a las pensiones de incapacidad permanente (995.503), orfandad (339.837) y en favor de familiares (46.312). La revalorización también se aplicará a las 721.275 pensiones de Clases Pasivas (fundamentalmente, funcionarios).

En cuanto al número de pensionistas, en diciembre ascendió a 9,3 millones, que serán los que vean revalorizadas sus pensiones. De ellos, 4,7 millones son hombres y 4,6 millones, mujeres.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 600 euros adicionales al año para las personas con una pensión media de jubilación, mientras que las pensiones medias del sistema aumentarán en torno a 500 euros anuales.

Plaza (PSOE) critica a la Junta por la "reducción sistemática" de las prestaciones a la población vulnerable

 ALMERÍA.- La diputada nacional por el PSOE de Almería Inés Plaza ha criticado que el Gobierno de la Junta de Andalucía esté "reduciendo sistemáticamente" las prestaciones sociales a la población vulnerable desde que gobierna, "hasta alcanzar un 66 por ciento en la actualidad".

"Por cada persona en Andalucía que cobra la renta mínima de la Junta del PP, hay siete que cobran el Ingreso Mínimo Vital del Gobierno de España", según ha indicado la senadora en una nota.

Según ha defendido en el Congreso, el Ingreso Mínimo Vital "es una prestación de referencia en el ámbito nacional, suponiendo un modelo enormemente innovador y sofisticado con un enorme potencial para afrontar situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de pobreza con especial atención a la pobreza infantil".

Asimismo, Plaza ha asegurado que en Almería, según la última estadística del INSS, "esta nómina llega a 16.812 hogares en los que viven 56.728 personas".

Para la diputada socialista, esta ayuda es una prestación que "está en continua evaluación y mejora ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha dejado de trabajar en propuestas, modificación y mejoras a corto, medio y largo plazo para el acceso a la prestación".

Además, Plaza ha destacado que "se articulan mecanismos que hagan más flexible esta prestación "adecuándola tanto a la realidad económica de las personas beneficiarias, como a las circunstancias de convivencia".

En la comisión, la diputada socialista ha manifestado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha el Plan Integral de Accesibilidad al Ingreso Mínimo Vital.

Este plan, según ha explicado, "se sostiene sobre tres pilares, siendo el primero la agilización de procesos, que incluye un refuerzo de la atención y de la interoperabilidad

Además, ha señalado que se ha puesto en marcha el teléfono corto 020 "para reforzar la información y resolver consultas de los solicitantes, además de trabajar para la simplificación del lenguaje y de los formularios".

Plaza ha asegurado que el Gobierno de España "apuesta por la transparencia, lo que incluye la publicación de estadísticas mensuales, el impulso de campañas específicas para cubrir las brechas de cobertura y la evaluación de los itinerarios de inclusión".

Las pensiones contributivas y de clases pasivas subirán en torno a un 2,8% en 2025

 MADRID.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, ha aprobado este jueves un Real Decreto-ley con medidas en materia laboral y de prevención de riesgos relacionados con el cambio climático y catástrofes.

La norma contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido, el llamado "permiso climático", que blinda el derecho de los trabajadores a no acudir al trabajo en caso de catástrofes o alertas climáticos.

En concreto, los trabajadores dispondrán de permisos remunerados de hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado este jueves que a partir de esos cuatro días las empresas podrán ubicar a esos trabajadores en un ERTE de fuerza mayor o prorrogar el permiso, contribuyendo a sufragarlo.

 "Por tanto, por primera vez en España, siguiendo el modelo de Canadá, vamos a tener permisos auténticamente climáticos", ha subrayado Díaz.

La empresa podrá establecer el trabajo a distancia en el marco de la ley 10/2021 si su actividad lo permite.

La ministra ha precisado que estos permisos que se incorporan a la legislación permitirán a los trabajadores no acudir a su puesto de trabajo por razones de emergencia climática, como se ha hecho provisionalmente con los trabajadores afectados por la DANA de finales de octubre.

"España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la DANA. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país", ha señalado la ministra en un vídeo remitido a la prensa.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dejado claro que "estos permisos climáticos" serán posibles cuando no se pueda acudir físicamente al trabajo y no se pueda trabajar a distancia.

"Aquí lo que tenemos es una casuística bien recogida de las causas que pueden dar lugar a estos permisos climáticos y que tienen que ver con la imposibilidad de acudir físicamente al trabajo. Se le da también un rol particularmente importante a los representantes de los trabajadores a la hora de ser capaces de identificar estas casuísticas. Y tiene que darse la característica conjunta de que no se puede realizar el trabajo de manera remota", ha apuntado Cuerpo.

Díaz, por su parte, ha subrayado que, con esta norma, los trabajadores quedarán protegidos frente a incumplimientos o la denegación de estos permisos climáticos. "Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello", ha recordado la ministra.

La norma aprobada este jueves también establece la obligatoriedad de que los convenios incluyan un protocolo de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos específicamente referidas a la actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

"Vamos a darle un mandato a la negociación autónoma colectiva en las empresas, en cada una de las empresas, para que legislen de conformidad con la emergencia climática. Frente al negacionismo climático de las derechas, el Gobierno de España está comprometido con las políticas verdes y lo estamos demostrando justamente hoy con estas normas", ha apuntado la ministra.

La representación legal de las personas trabajadoras contará, a partir de ahora, con un nuevo derecho de información de las medidas de actuación previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos y, en su caso, podrán parar la actividad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social elaborará, en un plazo máximo de 12 meses, un Real Decreto que aborde la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.

Las medidas laborales aprobadas este jueves en el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.

Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.

Las empresas tendrán un plazo de 12 meses para tener diseñados protocolos climáticos en sus respectivos ámbitos.

"Ningún lugar mejor que cada una de las empresas en función de la actividad que presten, de las necesidades que tengan para ajustar esos protocolos que ya van a formar parte de nuestras vidas. Por tanto, hoy España es mejor, damos certidumbre y tenemos normas que van de la mano de la emergencia climática", ha remarcado la ministra.

Estos protocolos que habrán de hacer las empresas en el plazo de un año se tendrán que adaptar los riesgos climáticos de cada una de ellas.

"Los riesgos climáticos no son los mismos para un trabajador que trabaja en una empresa de construcción o a la intemperie que para el que trabaja por ejemplo, en la enfermería o el que lo hace en una biblioteca. Por tanto, les damos a las empresas españolas, a todas ellas, el mandato de que en 12 meses tienen que tener protocolos de actuación, como tenemos protocolos para la violencia machista, para la prevención de las violencias LGTBI", ha explicado esta mañana la ministra en una entrevista con TVE.

El SEPE abona en el mes de febrero prestaciones por encima de los 36 millones a más de 50.000 desempleados almerienses

 ALMERÍA.- El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha gestionado el pasado mes de febrero prestaciones en la provincia de Almería  por encima de los 36 millones de euros, principalmente por el pago, a mes vencido, de las prestaciones por desempleo a 51.490 personas que están en situación de desempleo en la provincia, 21.312 hombres y 30.178 mujeres.

Al hilo de lo anterior, la Subdelegación de Gobierno en Almería ha señalado en una nota que la mayor parte de las personas en desempleo en Almería, un total de 33.545, son del sector servicios. 

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, que ha visitado la sede provincial del SEPE, donde se ha reunido con su director en Almería, José Carlos Lara, ha destacado la "ingente" labor que se realiza en las 13 oficinas del SEPE repartidas por la provincia.

En concreto, el SEPE atiende a una media diaria de mil personas en la Almería. Además, esta entidad es la encargada de abonar las prestaciones y subsidios por desempleo, las prestaciones contributivas, la renta activa de inserción, la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios y el subsidio agrícola para trabajadores eventuales del Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social (Seass).

Igualmente, también se ha encargado de gestionar los ERTE durante la pandemia. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Almería ha señalado que su labor fue "imprescindible" para gestionar los casi 38.000 expedientes de regulación temporal de empleo que se registraron en la provincia durante este periodo.

Otra de las funciones que desarrolla el SEPE es la subvención de los jornales de las obras que se ejecutan con cargo al Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). El año pasado, se realizaron en Almería 245 obras en 89 municipios del interior en las que han trabajado un total de 5.493 personas.

Para este año, el Gobierno de España ha destinado, a través del SEPE, 10,8 millones para sufragar el coste de los 5.500 contratos de los trabajadores de 250 obras en 89 municipios de la provincia almeriense. 

En este contexto, Martín ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno con el PFEA, programa que sirve "para corregir los desequilibrios entre territorios a través de la inversión propiciando una mayor igualdad de oportunidades entre los almerienses".

Asimismo, el SEPE ha realizado también cursos de alfabetización digital para mujeres, en los que han participado hasta la fecha más de 3.000 mujeres almerienses. Para su puesta en marcha, la entidad ha invertido 1.100.000 euros.

De igual forma, este servicio controla la correcta bonificación a la Seguridad Social de la formación a demanda de las empresas, "que supone un coste cercano a los dos millones de euros anuales", según ha destacado Lara.

El último Consejo de Gobierno del año aprobará este miércoles subir un 10% el complemento a pensiones no contributivas

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar este miércoles, 27 de diciembre, en su última reunión del año, una subida del 10 por ciento para el complemento que destina a los beneficiarios de pensiones de jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, de ayudas sociales del Fondo de Asistencia Social (FAS) y del Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos (SGIM) para el año 2024.

El orden del día de la reunión semanal del Consejo de Gobierno incluye sendos acuerdos que establecen la dotación de las ayudas sociales de carácter extraordinario que reciben los perceptores de pensiones no contributivas y asistenciales.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha avanzado este martes en un acto en Puente Genil (Córdoba), dicha subida del 10% para las pensiones no contributivas, muy por encima de lo que se hacía "en etapas anteriores", en las que se subían "solo el IPC", según ha puesto de relieve, y superior también a los incrementos acordados por la Junta el año pasado --que fue del 9%--, y el que se acordó para 2022, que fue del 5,6%.

Esta medida beneficiará a casi 95.000 personas (94.853), dentro del grupo de población más vulnerable, y supone un incremento muy superior al Índice de Precios al Consumo (IPC), cuyo porcentaje definitivo ha quedado fijado en el 3,5%. Por lo tanto, supone una revaloración casi siete puntos por encima del IPC y es la más alta que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno andaluz desde 2003, según ha puesto de relieve la Junta.

Por otra parte, el orden del día de la sesión de este miércoles del Consejo de Gobierno también contempla un proyecto de decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2023, así como un proyecto de decreto concreto para la aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2023 de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Además, el Consejo de Gobierno abordará una propuesta de acuerdo para aprobar la I Estrategia andaluza de atención a personas sin hogar 2023-2026 y se aprobará el informe anual en materia de violencia de género en Andalucía en 2022 y se acordará su remisión al Parlamento.

El orden del día también recoge una propuesta de acuerdo por el que se declara desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario a la borrasca Bernard, y se insta la adopción de medidas para paliar sus efectos.

Andalucía en el furgón de cola de las pensiones en España

  MADRID.- Los jubilados vascos y asturianos son los que cobran, de media, una pensión más alta, superior a los 1.400 euros mensuales, mientras que gallegos y extremeños son los que perciben una pensión de jubilación de menor cuantía, inferior a 1.000 euros al mes, según datos de la Seguridad Social, con fecha 1 de noviembre.

En concreto, la pensión media de jubilación más elevada la registra País Vasco, con 1.436,3 euros mensuales, seguido de Asturias, con 1.407,9 euros al mes; Madrid (1.366,8 euros); Navarra (1.321,2 euros); Cantabria (1.245 euros); Aragón (1.223,1 euros) y Cataluña (1.189,8 euros).

Estas siete comunidades se sitúan así por encima de la pensión de jubilación promedio de toda España, que en noviembre alcanzó los 1.169 euros al mes.

Por debajo de esta cantidad pero superando el nivel de 'mileuristas' figuran los jubilados de Castilla y León (1.156,2 euros al mes de media); La Rioja (1.117,5 euros mensuales); Canarias (1.087,7 euros); Castilla-La Mancha (1.083,9 euros); Baleares (1.078,5 euros); Comunidad Valenciana (1.069,6 euros mensuales); Andalucía (1.054,2 euros), y Murcia (1.039,7 euros al mes). 

Cierran la tabla, como únicas regiones con una pensión media de jubilación inferior a 1.000 euros al mes, las comunidades de Galicia (984,94 euros) y Extremadura (969,58 euros mensuales).

La cuantía de la pensión de jubilación depende de las bases de cotización obtenidas en los años anteriores al abandono del mercado laboral. Este año se tienen en cuenta las bases de cotización de los últimos 23 años, aunque en 2021 se considerarán los últimos 24 años y en 2022, los últimos 25 años.

Una vez sumadas las bases de cotización de los últimos 23 años, es decir, los últimos 276 meses, la cifra resultante ha de dividirse entre 322, que el resultado de multiplicar los últimos 23 años por 14 pagas, que son las que los pensionistas reciben a lo largo de un año.

Con esta operación se obtiene la base reguladora de la pensión, sobre la que se calculará la cuantía final de la pensión en función de una serie de porcentajes asociados a los años cotizados. Por ejemplo, con sólo 15 años cotizados (el mínimo para poder acceder a esta prestación), la pensión de jubilación equivaldría al 50% de la base reguladora. Para poder cobrar el 100% de la base reguladora en 2020 se necesitan al menos 36 años de cotización.

No obstante, existen límites a las cuantías mínimas y máximas en la pensión a percibir. En 2020 la pensión no puede superar los 2.683,34 euros mensuales. Por su parte, la cuantía mínima dependerá de las circunstancias personales de cada pensionista (si tiene cónyuge a cargo, si tiene cónyuge pero no a su cargo o si es unidad económica personal) y de la edad a la que accede (65 años y más o menos de 65 años). Estas circunstancias hacen variar la pensión mínima de jubilación desde los 604,4 euros mensuales hasta los 843,4 euros al mes.

La base de cotización, que determina la base reguladora de la pensión a percibir, es la remuneración mensual bruta que recibe el trabajador, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Por tanto, cuanto mayor sea el salario bruto, mayor será la pensión de jubilación.

Si se observan los salarios por comunidades se aprecia cierta correspondencia con las pensiones medias percibidas por sus jubilados, aunque no en todos los casos. En los salarios influye mucho la estructura productiva, de forma que las regiones con un mayor peso de la industria suelen presentar sueldos más altos que las que viven principalmente del sector servicios.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque corresponden a 2018, sí sitúan a País Vasco como la región con el salario medio bruto anual más elevado (28.470 euros anuales), pero no le sigue Asturias, sino Madrid, con 27.010 euro al año. De hecho, Asturias (23.914 euros) se sitúa en quinta posición, viéndose superada también por Navarra (26.636 euros) y Cataluña (25.552 euros).

En el caso de las pensiones medias de jubilación más bajas, que corresponden a Extremadura y Galicia, sí se observa que la primera es la región con el menor salario bruto medio anual (19.947 euros), pero no ocurre lo mismo con Galicia que, con 22.244 euros al año, está por encima de otras seis comunidades, siempre teniendo en cuenta que los datos corresponden al ejercicio 2018. Pese a ello, la pensión media de jubilación en esta región no llega a los 1.000 euros.

Si se atiende a datos más recientes del INE, los correspondientes a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del segundo trimestre, la situación es parecida: Madrid, País Vasco y Navarra son las regiones con mayor coste salarial por trabajador y mes, por encima de los 2.000 euros, mientras que Asturias y Cataluña se sitúan en cuarta y quinta posición.

Los costes salariales más bajos se danen Canarias, Baleares y Extremadura, con entre 1.282 euros y 1.533 euros, respectivamente, mientras que Galicia se halla a mitad de tabla, con 1.668,8 euros al mes.

Además de los años cotizados y del sueldo percibido, hay que tener en cuenta que no todos los pensionistas se jubilan al llegar a la edad legal, sino que hay algunos que, si cumplen una serie de requisitos, la anticipan, con el consiguiente coeficiente reductor, que merma la cuantía de su prestación.

Escrivá garantiza que no habrá recorte de pensiones

MADRID.- El Gobierno garantiza que no habrá ningún tipo de recorte en las pensiones. "Absolutamente, absolutamente", en palabras de José Luis Escrivá. En una entrevista concedida a TVE, el ministro de Seguridad Social ha asegurado de esta manera que el Ejecutivo no llevará a cabo ningún tipo de recorte en las prestaciones de los jubilados y pensionistas, posibilidad que desde algunos ámbitos económicos se había apuntado como medida para contener el gasto ante los desequilibrios que la crisis del coronavirus va a provocar, según recoge El Mundo. 

"Va a haber una aumento de deuda bastante significativo, pero va a ser un aumento de una vez y para siempre. No pone en peligro la sostenibilidad de las cuentas públicas, de hecho las primas de riesgo y los indicadores habituales que podrían poner en duda la solvencia del sistema, se mantienen", ha afirmado. 

"De lo que se trata" cuando esta crisis se supere, ha añadido, es "de reajustar los ingresos y gastos en la Administración, para que la Seguridad Social, que tiene unos niveles de ingresos por cotizaciones bastante elevados, emerja como lo que es: solvente".

Aunque ahora ha pasado a un cierto segundo plano como consecuencia de la crisis, el principal objetivo de Escrivá cuando llegó al Gobierno era el de solucionar la complicada situación del sistema, que sigue acumulando desviación presupuestarias superiores a los 16.000 millones anuales. 

En su opinión, tal como ha vuelto a remarcar hoy, la Seguridad Social es totalmente viable pero es necesario liberar al sistema de gastos impropios. 

"Lo que hemos hecho es sobrecargar la Seguridad Social con todo tipo de medidas que se financiar con cotizaciones sociales. Pero se deben pagar con los Presupuestos y esto genera una fotografía distorsionada", apuntó en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y en la que también apostó por trasladar a Hacienda algunos de estos gastos impropios. Esto es, financiar con impuestos parte del déficit, lo que desde la oposición ha sido tachado como un intento de trasladar el problema de un lado a otro pero no una solución.

Asimismo, al ser preguntado por la renta vital mínima, Escrivá ha apuntado que el Gobierno está trabajando para que la medida se puede llevar a Consejo de Ministros en la segunda quincena de mayo", y ha adelantado que los solicitantes de esta medida deberán someterse a una doble examen o test.

Por una parte y como ya se había apuntado, tendrán que cumplir unos niveles de renta y habrá primas para familias monoparentales y también en función del número de hijos. "Pero además, vamos a hacer también un test de patrimonio neto, es decir, la riqueza neta de cada uno de los potenciales beneficiarios deberá pasar determinados umbrales que estamos calibrando", ha afirmado.

¿Qué son las Clases Pasivas y a qué funcionarios afecta el nuevo decreto sobre pensiones del Gobierno?

MADRID.- El Gobierno ha dado luz verde al traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares, más conocidos como “Régimen de Clases Pasivas”. De este modo, ya no estarán vinculadas al Ministerio de Hacienda sino al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

La medida resultó inesperada entre los más de 657.118 funcionarios a los que afecta esta decisión y que ahora esperan con cierto temor ver qué efectos tendrá sobre ellos. Pero, ¿qué son las Clases Pasivas del Estado? 

Hasta ahora se trataba de un régimen especial de la Seguridad Social en el que se incluyen prácticamente todos los funcionarios públicos y se diferenciaban de los autónomos y asalariados en que sus pensiones las gestionaba Hacienda, a través de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. 

Sin embargo, después de que el Gobierno fulminara por decreto la autonomía de las pensiones de los funcionarios, esta situación ha cambiado.

Otra característica que hace diferente a este grupo del resto es la edad de jubilación. Si bien las clases pasivas tienen una edad obligatoria de jubilación de 65 años, pueden acogerse a la jubilación anticipada a partir de los 60 años, siempre que cumplan los requisitos. 

Mención aparte tienen los docentes, magistrados, fiscales, jueces, secretarios judiciales y registradores de la propiedad, cuya edad de jubilación obligatoria, pese a ser funcionarios públicos, se eleva hasta los 70 años.

Asimismo, el valor de las pensiones de las Clases Pasivas depende de varios factores: la categoría del funcionario, los años que éste ha trabajado para el Estado o el haber regulador, que se establece cada año en los Presupuestos Generales.

Desde el Ejecutivo han asegurado que el coronavirus les ha obligado a acelerar los plazos, ya que seguir los trámites ordinarios generaría “inseguridad jurídica” sobre las pensiones de los funcionarios. ¿Cómo les afectará? 

A expensas de saber cómo se articulará esta decisión, de momento desde los sindicatos y asociaciones profesionales han asegurado que ninguno de los funcionarios “perderá sus derechos” ni sus “prestaciones sanitarias y sociales” actuales.

Quiénes forman parte del Régimen de Clases Pasivas

Los funcionarios adscritos al Régimen de las Clases Pasivas del Estado se enmarcarían, en su mayoría, dentro de estos grupos:

• Los funcionarios de carrera de carácter civil de la Administración del Estado.
• El personal militar profesional, sea o no de carrera, y el personal militar de las Escalas de Complemento y Reserva Naval.
• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías y guardias civiles.
• Los funcionarios de carrera de la Administración de Justicia.
• Los funcionarios de carrera de las Cortes Generales.
• Los funcionarios de carrera de otros órganos constitucionales o estatales, siempre que su legislación reguladora así lo prevea.
• Los funcionarios en prácticas pendientes de incorporación definitiva a los distintos Cuerpos, Escalas y Plazas, así como los alumnos de Academias y Escuelas Militares a partir de su promoción a Caballero Alférez-Cadete, Alférez alumno, Sargento-alumno o Guardiamarina.
• Los ex presidentes, vicepresidentes y ministros del Gobierno de la Nación.
• El personal que cumpla el servicio militar en cualquiera de sus formas y el personal civil que desempeñe una prestación social sustitutoria del servicio militar obligatario.

Un sistema que llega a su fin

El Gobierno ha culminado así la integración de las Clases Pasivas del Estado en la Seguridad Social, algo que ya contemplaba hacer al estructurar los departamentos ministeriales. De hecho, según el Real Decreto-Ley 13/2010, todos aquellos funcionarios que entraron a trabajar para el Estado a partir del 1 de enero de 2011 forman parte ya del Régimen General de la Seguridad Social. Y es que está previsto que en unas décadas las Clases Pasivas desaparezca.

El hecho de que el Régimen Especial de Clases Pasivas llegue a su fin, dejará a los funcionarios en un lugar un poco más vulnerable a la hora de planificar su jubilación.

El Gobierno fulmina por decreto la autonomía de las pensiones de 657.000 funcionarios

MADRID.- El Gobierno ha fulminado la autonomía en la gestión de las pensiones correspondientes a miles de funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas: técnicos de Administración Civil, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de las Cortes Generales, ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros y otros altos cargos, militares de carrera, registradores de la propiedad, profesores universitarios y funcionarios transferidos en su día a las comunidades autónomas, entre otros. 

Sus pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres pasan a estar bajo control José Luis Escrivá, ministro de Igualdad, Seguridad Social y Migraciones, quien ya anunció en su momento su integración en la Seguridad Social para unificar todas las prestaciones.

Con esta disposición adicional, el Gobierno traspasa la gestión de las pensiones de 657.118 funcionarios, que hasta ahora manejaban los ministerios de Hacienda, a través de la dirección general de costes de personal y pensiones públicas, y Defensa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El régimen de clases pasivas era un sistema a extinguir, ya que no admitía nuevos “afiliados” desde 2011 en el caso de los funcionarios de carrera de la Administración Civil del Estado.

Se desconoce si esta transferencia modificará las condiciones “especiales” de las que hasta ahora disfrutaban los funcionarios incluidos en este régimen, que podían jubilarse voluntariamente a los 60 años siempre que hubieran acumulados determinados años de servicio al Estado, entre otras particularidades.

La fecha efectiva del traspaso se determinará en la fecha que establezca el real decreto de estructura del ministerio de Escrivá, aún pendiente de publicación.

La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva.