Cerco al fraude laboral para convertir a 80.000 temporales en indefinidos

  MADRID.- El Gobierno quiere investigar el año próximo 470.000 contratos y convertir a 80.000 trabajadores temporales fraudulentos en indefinidos mediante actuaciones de control del fraude laboral, con las que además prevé ingresar 1.050 millones de euros en 2021. Según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, la recaudación de la lucha contra el fraude para el año que viene es la misma cuantía que en los dos años anteriores. 

Estas actuaciones serán desarrolladas por el Organismo Autónomo Estatal de Inspección en el Trabajo y Seguridad Social, que cuenta por primera vez en su historia con un presupuesto propio dotado con 175,8 millones de euros, tal y como explicó esta semana en el Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey.

La inspección de Trabajo y Seguridad Social ha visto afectada su actividad durante 2020 por la situación de la pandemia, que ha requerido un notable esfuerzo para realizar más de 100.000 inspecciones para controlar las prestaciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o la connivencia con las de desempleo. También ha llevado a cabo 116.189 inspecciones para controlar la protección de los trabajadores frente al riesgo de contagio por la Covid-19, 30.813 informes sobre ERTE y 2.876 inspecciones sobre los derechos laborales de los trabajadores vinculados a la pandemia.

En general, la realización de las actuaciones inspectoras durante 2020 se ha visto dificultada por la disminución de la actividad económica provocada por la pandemia, la declaración del estado de alarma y los cierres de las empresas a causa de los ERTE, imposibilitando el adecuado cumplimiento de la planificación de la actividad inspectora. 

Teniendo presente que las actuaciones pueden verse modificadas por la evolución de la pandemia, uno de los objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021 es el control del fraude en los contratos a tiempo parcial, para lo que prevé investigar 450.000, que derivarían en 40.000 ampliaciones de jornada.

Asimismo, la Inspección quiere garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, para lo que potenciará las inspecciones en la materia y creará una Oficina Estatal de Lucha contra la Discriminación. Para ello, contempla llevar a cabo 27.000 actuaciones encaminadas a controlar el tiempo de trabajo en las empresas y 22.000 para vigilar el cumplimiento de la normativa en materia salarial, así como investigar la posible discriminación de género sobre 35.000 trabajadores.

El presupuesto de la Inspección incluye la lucha contra los falsos autónomos con la previsión de regularizar la situación de 22.000 trabajadores, actuaciones sobre las nuevas formas de economía irregular, lo que afectaría a 12.000 empleados, y la revisión de 3.500 contratos de falsos becarios.

La Inspección prevé llevar a cabo 87.000 visitas a centros de trabajo para comprobar las medidas sobre prevención de riesgos y de siniestralidad laboral e investigar si se cumplen los derechos sindicales de 25.000 trabajadores. Dentro de las actuaciones orientadas al control de la economía irregular y el trabajo de extranjeros en situación irregular, la Inspección prevé llevar a cabo 140.000 visitas a empresas y 360.000 actuaciones.

De cara al próximo ejercicio, la Inspección prevé facilitar la utilización del buzón de denuncias de actuaciones fraudulentas, mejorar su comunicación y reforzar sus medios humanos y materiales, con la incorporación de manera activa al cuerpo de inspección 214 funcionarios y otras 180 personas en prácticas.

Los inspectores de Hacienda alertan sobre el aumento de la economía sumergida

MADRID.- La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Berta Tomás, ha advertido de que durante la situación excepcional del estado de alarma y en la crisis económica que vendrá posteriormente es muy probable que se incremente la economía sumergida, por lo que ha indicado que la Agencia Tributaria pondrá en marcha "toda su capacidad" para evitar las actividades ocultas.

"Por supuesto que somos conscientes de que la llamada economía ilegal o sumergida puede aumentar, y con independencia de lo que esta representa respecto del PIB, no cabe duda de que sectores de la población quedarán gravemente afectados", ha alertado Tomás.

Por ello, asegura que el posible aumento de las actividades económicas fuera del control de Hacienda es un problema que habrá que evaluar, primero durante la duración del estado de alarma, y una vez terminado el confinamiento, será necesario "desplegar toda la capacidad" de la Inspección para perseguir este tipo de actuaciones.

"En periodos de crisis económica se puede producir un incremento de la economía sumergida", alerta Tomás, quien no obstante subraya que, frente a aquellos que actúen de esta manera, la Agencia Tributaria velará "por erradicar estas conductas que producen una violación directa de los principios contenidos en el artículo 31 de la Constitución: contribución al sostenimiento de las cargas públicas, igualdad y justicia tributaria".

Más concienciación fiscal

En este sentido, apuesta por "intensificar" las actuaciones de lucha contra el fraude, "que tiende a incrementarse en este tipo de situaciones excepcionales" como el estado de alarma, y por otro lado, la Agencia Tributaria tiene que seguir transmitiendo "con fuerza" el mensaje de que es necesaria una mayor concienciación y responsabilidad fiscal por parte de los contribuyentes.

En opinión de Tomás, la reconstrucción que va a necesitar España tras la pandemia reclama que el tradicional 'Hacienda somos todos' "sea asumido sin ningún género de dudas y con generosidad por parte de los que más tienen y, en consecuencia, más pueden aportar".

También derivado de la situación de confinamiento, aunque se trata de una actuación prioritaria de los últimos años, la Inspección de Hacienda sigue extremando el control sobre el comercio online, que está aumentando "exponencialmente" como consecuencia del estado de alarma.

Control sobre la venta 'online'

Berta Tomás reconoce que las nuevas fórmulas de negocio que se encuentran dentro de la llamada 'economía digital' ya era uno de los objetivos clave expuestos en los últimos planes de control tributario, especialmente la información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica, sobre todo el comercio electrónico.

"Se mantiene una estrategia coordinada, sucesiva e intensa de lucha contra la ocultación de ingresos derivados de estas fórmulas nuevas de negocio, con una atención específica de las plataformas de venta por internet de bienes o servicios que, en estos momentos de confinamiento, se está incrementando exponencialmente", reitera Tomás.

En relación a la flexibilización de los plazos de atención de requerimientos, presentación de alegaciones, pago de obligaciones tributarias e interposición de recursos que ha llevado a cabo Hacienda por el estado de alarma, Berta Tomás subraya que además se ha ordenado suspender todos los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores, de revisión y ejecuciones de fallos, salvo en el caso de la realización de trámites imprescindibles.

Plazos de trámites suspendidos

Pese a ello, aclara que en aquellas inspecciones iniciadas antes del estado de alarma, los trámites se hacen telemáticamente y con el "impulso" del obligado tributario, es decir, si se presenta alguna documentación es a iniciativa del contribuyente, puesto que los plazos de cumplimentación de trámites se encuentran suspendidos.

También precisa que, a pesar de la normativa que deja en suspenso los plazos tributarios, se pueden iniciar procedimientos inspectores nuevos, si bien todos los trámites quedan demorados hasta el 20 de mayo, sin perjuicio de la posible iniciativa de los contribuyentes aportando documentación de manera telemática, puesto que la inmensa mayoría de los inspectores de Hacienda y de los funcionarios de la Agencia Tributaria están trabajando desde casa "a la perfección".

En cuanto al desarrollo de la Campaña de la Renta, que se inició a comienzos de abril, los inspectores de Hacienda valoran de forma positiva que se haya mantenido la fecha de inicio porque Hacienda devuelve todos los años a un número importante de contribuyentes, pero no descartan que si se prolonga el estado de alarma, haya que prolongar también la finalización de la Campaña, que concluye el 30 de junio.

Alargar la campaña de la Renta

Así, Tomás indica que están estudiando "con mucho detalle" la campaña presencial de elaboración de declaraciones de IRPF, dado que este año se va a llevar a cabo teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad, y añade que la ampliación del plazo de la Campaña "dependerá de cuánto dure el confinamiento".

"Si se alarga (el estado de alarma) hasta después de la finalización del plazo de presentación de declaraciones de IRPF, lo lógico sería alargar ese plazo porque, como sabemos, la operatividad no es la misma si no puedes salir de casa que si uno puede hacerlo con total libertad", reitera la presidenta de la organización de inspectores.

La economía que le «roba» 50.000 millones a España y no tiene derecho a ayudas sociales

MADRID.- ¿Con IVA o sin IVA?. Una pregunta que seguro todos hemos escuchado en algún momento de la vida de parte del «manitas» de turno, el transportista de la mudanza, el mecánico del taller de confianza... Esa actitud engrosa la llamada economía sumergida, en «B», informal; tiene múltiples nombres, aglutinados todos ellos bajo un concepto: estar fuera del sistema. Trabajadores y empleadores se ahorran las cotizaciones y declarar ingresos en la Renta; se llenan los bolsillos poniendo una venda en los ojos al Estado, a juicio de Abc. 

Pero ninguno repara en que, cuando vienen mal dadas, el daño vuelve como un bumerán para hacer sangre cuando más se necesita el dinero. Esto mismo ocurre ahora en tiempos del Covid-19. Millones de personas que se mueven por los rincones más oscuros de la economía y que ahora sufren más que nadie el golpe de esta nueva crisis.

España es de los países que tienen una alta tasa de economía sumergida. Aunque los expertos recuerdan que es difícil de medir y cuantificar, todos coinciden en que la eminencia en esto se llama Friedrich y se apellida Schneider. Un investigador focalizado en estudiar este fenómeno cuyas cifras son casi mantras en esto. En uno de sus trabajos para el Fondo Monetario Internacional (FMI) puso números a la economía en «B» en 158 países desde principios de los años 90 hasta 2015.

La evolución en España es clara: en 1992 la economía sumergida suponía el 28,04% del PIB y en el último año estudiado se reduce al 22,01%. Esto se traduce en 240.000 millones de euros más negros que blancos. Aun así, todos los analistas consultados destacan que los datos pueden variar en función de la metodología que se utilice. 

De hecho, Schneider utiliza hasta tres métodos distintos de medición, siendo el mostrado sobre estas líneas el más amplio en cuanto a concepto de economía sumergida y evolución en el tiempo.

Más cifras. Diversos autores estiman que solo el 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si pasara a tener luz y taquígrafos. La propia Agencia Tributaria hace suyo ese dato en su Plan Estratégico 2020-2023 y explica que multiplicándolo por la presión fiscal (35,2% en España) surge la recaudación que se pierde cada año. Utilizando las cifras de Schneider, nuestro país estaría perdiendo cada ejercicio el 4,65% del PIB, más de 50.000 millones.

El problema macroeconómico es claro. Y el micro, en estos tiempos de crisis, también. El Gobierno, ante el Covid-19, ha puesto en marcha ayudas públicas para que los trabajadores formales y autónomos -para estos últimos con mucha polémica por las medidas adoptadas, o más bien por las no adoptadas- cobren prestaciones y puedan acceder a líneas de crédito avaladas por el Estado y beneficios para los alquileres, entre otros asuntos. 

Todo ello está ligado a poder demostrar la situación de insolvencia o despido con papeles. Siempre papeles. Y la economía sumergida si por algo se caracteriza es por ser tan respetuosa con los árboles que ni gasta en papeles.

«Si los autónomos tienen problemas y siguen cotizando, los que están en la economía sumergida tienen todavía más problemas. No tienen acceso a ayudas ni a nada», dice Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de CEOE. 

Y añade: «Cuando hay un albañil que tiene todo en regla y otro señor que no paga impuestos ni cotiza, este último está haciendo competencia desleal». Por ello, Amor rechaza que ahora «papá Estado» salga al rescate también de estas personas. Sin contribución, no hay derecho a las prestaciones.

Misma postura sostiene Javier Sáenz de Olazagoitia, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra y profesor asociad de la Universidad de Navarra: « Quien no está en el sistema no se puede beneficiar luego del sistema , que te da cobertura y colchones económicos; el hecho de renunciar a contribuir provoca que renuncias también a recibir un apoyo financiero ». 

Sin embargo, este experto establece una distinción. Están los que tienen toda su actividad en negro y los que solo ocultan una parte. Estos últimos sí que tienen capacidad para acceder a las ayudas, aunque solo sobre el total de lo que pueden demostrar.

La economía sumergida, ya de por sí particular, tiene dos condicionantes claros en esta crisis del coronavirus. «Son millones de personas más vulnerables por varias razones. Primero, porque es un colectivo que vive muy al día y no tiene un colchón para aguantar sin ingresos. Y segundo, por no estar cotizando ni declarando, tienen mucho más difícil acceder a las ayudas », explica Daniel Vaccaro, profesor de Fiscalidad en EAE Business School.

Pese a que todos los expertos y autoridades coinciden en que hay que luchar contra este tipo de fraude, no siempre las personas escogen estar en «B». 

En ocasiones se opta por permanecer en la economía sumergida y otras veces es forzado por el empleador, que no da más opción que esta para conceder un trabajo. A todo ello, además, como señala Vaccaro, hay que sumar la corresponsabilidad que tiene el consumidor en todo esto. El mercado laboral es responsable pero también los consumidores que piden la manida frase del «sin IVA».

Raymond Torres, director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, no duda en señalar que ahora la economía sumergida se expone al cierre total de su negocio. Y desliza un factor a tener en cuenta a futuro: está desapareciendo el uso del dinero en metálico por el temor al contagio por las monedas y billetes. Una vez pase la crisis, con un menor uso de esta forma de pago, también puede afectar al auge (o no) de estos colectivos que utilizan el efectivo para no dejar rastro.

Con todos estos condicionantes, la economía sumergida y quienes viven de ella afrontan el panorama en muchas mayores dificultades que el resto. Ni pueden trabajar ni reciben asistencia del Estado. Habrá que ver qué ocurre tras la emergencia sanitaria, cuando España se adentre en una más que posible crisis económica de corto-medio plazo. 

Aquí conviene echar la vista a lo ocurrido, por ejemplo, en la crisis desatada en 2008. La economía sumergida suponía hasta ese año el 21,53% del PIB; cuando todo se torció subió hasta tres puntos porcentuales para empezar a reducirse en la etapa de la recuperación.

«Un paro prolongado y generalizado de la actividad productiva derivará en una destrucción masiva de empleo. Los expertos en la materia consideran que en situaciones de altas tasas de desempleo y elevados costes laborales hay una mayor propensión a incumplimientos respecto de las obligaciones laborales y con la Seguridad Social», comenta Pedro Llorente, consejero de Cuatrecasas. En otras palabras, que el frenazo económico que estamos viviendo amenaza con dar pie a un crecimiento de la economía en negro.

Sáenz de Olazagoitia, de la Universidad de Navarra, hace hincapié en los ciclos que siguen estos fraudes laborales y tributarios. «Normalmente aumenta la economía sumergida en este tipo de crisis. Hay ciertos criterios lógicos que llevan a pensar que esto tiene que ser así. A cualquier analista le chirría pensar que un país como España pueda vivir tan bien con las tasas de paro que tenemos. ¿Qué hay detrás de ese paro? Aparte de colchones familiares y subsidios, economía sumergida. Esto quiere decir que una parte del paro hace algo; poco o mucho, pero algo. Sí que es natural pensar que habrá menos gente ocupada y al menos una parte de ella estará en la economía sumergida», dice. 

Sin un trabajo estable y sin la posibilidad de autoemplearse, esta situación se antoja como el caldo de cultivo idóneo para que España sufra un alza de estas actividades. Del «sin IVA», «sin factura».  

Varias fuentes consultadas apuntan, en mayor o menor medida, a que la única opción para subsistir para estos trabajadores es encomendarse a la tan comentada renta básica. Una idea que viene ya directamente del Gobierno, con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, como principal valedor junto a la rama más a la izquierda del Ejecutivo liderada por Pablo Iglesias, vicepresidente segundo. 

«Ya se hablaba en foros académicos y está dando un salto hacia adelante. Para estas personas esto sería un asidero al que agarrarse. Es un debate complejo, tiene muchos tecnicismos, y requiere un análisis sobre si incentiva o no el trabajo. Hay que ver cómo diseñarla para que cumpla su función sin efectos negativos», comenta Vaccaro, de EAE. A falta de establecerse, la Airef, entonces bajo la batuta del mismo Escrivá, calculó en 2017 que una renta mínima tendría un coste de entre 6.000 y 15.300 millones; en un informe posterior, con alrededor de 1,8 millones de beneficiarios, el montante lo redujo a 5.000 millones e , incluso más, hasta 3.500 millones suprimiendo otras prestaciones nacionales y autonómicas. El Gobierno, ahora con Escrivá en el Consejo de Ministros, también hace sus cálculos para implantarla como medida «anticoronavirus».

Llorente, por su parte, solo da una solución al problema de la economía sumergida: aflorar, aflorar y aflorar. La Agencia Tributaria se dedica a ello con ahínco pero sin demasiados efectos. La labor contra el fraude que pude realizar Hacienda deja beneficios plausibles pero apenas tocan la punta del iceberg de todo lo que supone la economía sumergida en España.

Todo apunta a un incremento de los trabajos en negro cuando pase la crisis sanitaria, con más de 50.000 millones de euros que pierde nuestro país por estas actividades opacas. Una pérdida anual que llega en una situación de deuda pública disparada estos últimos años en el entorno del 95-100% del PIB nacional, déficit al alza ya en 2019 y todavía más este 2020 y gasto público que necesariamente habrá de subir para impulsar la economía con ayudas sociales como las que el Ejecutivo ya ha implantado. 

A la espera de una respuesta contundente desde la Unión Europea que alivie el peso de la factura económica de la crisis, en este escenario, las fuentes consultadas indican que el país no puede permitirse más daño vía economía sumergida y urgen al Gobierno a tomar medidas. Porque los trabajadores en «B» sufren los estragos del Covid-19, sí, pero también el resto de la población.

El virus deja sin ingresos a 2 millones de trabajadores que operan en negro

MADRID.- La pandemia del coronavirus tiene ya una larga lista de víctimas en el terreno económico, pero también hay que sumar otro registro menos conocido en el plano estadístico, aunque sí en términos sociales. Son los trabajadores empleados, total o parcialmente, en la economía sumergida. O informal, como se prefiera, plantea El Confidencial.

Aquellos cuyas rentas dependen de trabajos esporádicos o cobran una parte de sus ingresos en negro, y que están esparcidos por casi todos los sectores productivos, principalmente servicios y agricultura. Y que se ceba, en particular, en los trabajadores más precarios, si bien en los últimos años la economía sumergida, por mor de la subcontratación o de la desregulación laboral, cada vez afecta más a profesionales cualificados que forman parte de una cadena de actividad que vive al margen de la economía oficial.

Nadie conoce el número concreto o, ni siquiera, aproximado. Se trata, por lo tanto, de estimaciones. Pero sí hay evidencias de que el fenómeno del empleo fuera de los cauces legales es muy relevante. ¿En qué medida?

La mayoría de los expertos considera que entre dos millones y cuatro millones de personas estarían trabajando de una forma u otra en los canales subterráneos de la economía y que ahora, por razones de la reclusión general de la población y por la congelación de la actividad productiva, se encontrarían en una situación límite. Sin contar aquellos colectivos muy dependientes de propinas o gratificaciones para completar su salario, y que normalmente no se declaran a Hacienda.

Ninguno de los instrumentos desplegados por el Gobierno en las últimas semanas contempla cuantía alguna. A lo sumo, y cuando se ponga efectivamente en marcha, tendrían acceso al Ingreso Mínimo Vital que prepara el ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Claro está, siempre que el trabajador no perciba alguna prestación de subsistencia que pagan ahora las comunidades autónomas.

La punta del iceberg

Sí se conoce, por el contrario, el empleo aflorado en los últimos años por la actuación de la inspección de trabajo, pero es solo la punta del iceberg. En 2018, en concreto, se afloraron 117.738 empleos en negro, de los que la gran mayoría, 90.872, fueron porque el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Un número, en todo caso, muy reducido (la falta de medios de la inspección es estructural y viene de muy lejos) en relación con la realidad que dibujan todos los estudios académicos.

El trabajo más reciente ha sido coordinado por el profesor Lago Peñas, catedrático de la Universidad de Vigo, para Funcas, y en él se recuerda que Friedrich G. Schneider, la primera autoridad europea en la materia ha estimado que la economía sumergida en España representaba un 24,5% del PIB en 2015. Otros estudios de la misma naturaleza, utilizando idéntica metodología, lo rebajan hasta algo menos de 18% en 2016, porcentaje que sería el mínimo desde 1989.

En todo caso, niveles muy elevados que sitúan a España "en una mala posición" tanto si la referencia es la OCDE como la Unión Europea a 15, que integra a los países más avanzados. El propio INE ha puesto en marcha una revisión de la Contabilidad Nacional para identificar, con datos de la inspección de trabajo y de Hacienda, el volumen de economía sumergida.

En términos de empleo, ¿cuánto representa alrededor de la quinta parte del PIB instalado en la economía sumergida? Asempleo, la patronal de las agencias de trabajo temporal, ha estimado que más de cuatro millones de empleos "están bajo la sombra de la economía sumergida", lo que equivale al 9% de toda la población. Es decir, más de un 13% de toda la población comprendida entre los 16 a 65 años y un 18% de toda la población activa.

Fraude laboral

En opinión de su servicio de estudios, si solo se considera la cohorte de empleos sumergidos que se han producido directamente por fraude laboral —considerando como tal aquel que ofrece, tanto al empleador como al empleado, no pagar las cargas impositivas correspondientes a la jubilación y seguridad social y, a su vez, que exime al empleado del pago de los tributos directos correspondientes a sus ingresos frente a Hacienda— se estaría hablando de 1,3 millones de empleos efectivos. Es decir, serían personas que oficialmente se han declarado como desempleadas, y el resto serían trabajadores con alguna actividad laboral reconocida pero que realizan una parte sin declarar.

Otros trabajos, como el de la Fundación de Estudios Financieros, han estimado que en torno a un 8% del PIB es consecuencia del fraude en materia laboral, lo que en términos de empleo equivaldría a, al menos, un millón de puestos de trabajo a tiempo completo. Mientras que en este trabajo del FMI (2018) se sitúa a España entre las naciones avanzadas con peores registros en economía sumergida, tres veces más que Austria o Suiza.

El profesor Santos M. Ruesga, un especialista en economía sumergida ya desde los años 80, cuando el primer Gobierno socialista encargó un informe seminal sobre la materia, estima que, de una forma u otra, total o parcialmente, la economía sumergida "podría afectar a entre dos millones y tres millones de personas".

En su opinión, lo relevante es que está cambiando el perfil de los trabajadores que cobran en negro. Junto a sectores 'clásicos' como la agricultura, la construcción, la hostelería o el comercio ambulante, hay nuevos segmentos profesionales que han caído en la red del dinero negro al amparo de las "formas atípicas de empleo". Por ejemplo, el trabajo a tiempo parcial. O el que se hace desde casa al margen de la economía oficial.

Horas extras

Un número significativo de trabajadores estaría realizando muchas más horas de las que se corresponden respecto de lo que establece su contrato de trabajo, y esas horas 'extra' se remuneran sin pagar los correspondientes impuestos o cotizaciones, lo que tiene un efecto devastador en situaciones como estas. El trabajador no tiene a quién reclamar ni tiene alternativas laborales.

Como se sabe, los servicios públicos de empleo pagan en función de la base reguladora (el 70% durante los primeros seis meses), por lo que si el salario real es superior al que marca el contrato, no se contabiliza. El último informe de la inspección revela que en 2018 se detectaron 23.325 situaciones en las que el tiempo real de trabajo de empleados con contrato a tiempo parcial superaba en más de un 50% lo estipulado.

La propia Agencia Tributaria, en su último plan estratégico, ha puesto también números a este problema. Para ello, se han incluido en la economía sumergida actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial. 

Por ejemplo, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales y, además, en ocasiones se pagan impuestos incluso desarrollándose actividades ocultas (por ejemplo, el IBI). Todo ello, dice Hacienda, lleva a algunos autores a considerar que solo un 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si se regularizase. En concreto, una cantidad equivalente al 6,7% del PIB.

La situación, como sostiene Ruesga, no es mejor para aquellos colectivos que complementan sus rentas con trabajos esporádicos que se sitúan completamente al margen de la legalidad. Y que afectan a colectivos como jubilados que dedican algunas horas a trabajar, estudiantes universitarios o pluriempleo ocasional.

Sin contar a la inmigración irregular, históricamente el colectivo más afectado por la economía sumergida y por los bajos salarios. Principalmente, en territorios de la costa mediterránea o Canarias, que tradicionalmente ha sido la comunidad autónoma con mayores niveles de trabajo al margen de los cauces oficiales.

La Inspección de Trabajo afloró 122.608 empleos en 2019

MADRID.- La Inspección de Trabajo afloró 122.608 empleos en 2019. Estos datos los facilita el Gobierno en la respuesta que ha dado por escrito al grupo parlamentario de Ciudadanos, que le interpelaba por el impacto de la subida del Salario Mínimo Interprofesional en las empleadas del hogar y por la economía sumergida. 

En el escrito del Gobierno se detallan las principales medidas del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020, entre las que está la lucha contra la economía irregular en el sector de las empleadas domésticas.

El Ejecutivo destaca la realización por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de visitas de inspección en horarios especiales, como el nocturno o los fines de semana y días festivo, "para evitar que en esas franjas horarias prolifere el trabajo no declarado".

Ciudadanos pedía conocer las medidas que el Gobierno va a poner en marcha para cumplir con la directiva europea relativa al principio de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y para asegurar la plena adopción del Convenio sobre trabajo digno para los trabajadores domésticos de la OIT.

En la contestación del Ejecutivo se remarca que la actuación inspectora en el sector de las empleadas del hogar está sometida a unos límites, ya que si el centro sometido a inspección coincidiese con el domicilio de la persona física afectada, la Inspección debe obtener el expreso consentimiento de aquel o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.

No obstante, el Gobierno incide en que una de las medidas del Plan Director es la creación del Buzón de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para luchar contra el fraude laboral o contra la discriminación o acoso sexual por razón de sexo.

También recuerda que se harán cruces de bases de datos, para detectar posibles situaciones de discriminación salarial entre empresas, tanto directas como indirectas.

El Gobierno reforzará las competencias de la Inspección de Trabajo en el campo

MADRID.- La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, estudia medidas y cambios legislativos para reforzar las competencias de la Inspección de Trabajo en el sector agrario.

Según ha avanzado este viernes en una entrevista en RNE, este asunto será abordado en la reunión que mantendrá con los sindicatos agrarios de Andalucía y Extremadura, a la que también asistirá el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

La ministra ha asegurado que quiere "reaccionar rápido al informe del relator de ONU que ha descrito con una crudeza y evidencia grande las condiciones en las que trabajan y viven las personas en la recolección de fresa en Huelva".

Según ha explicado, la Inspección de Trabajo "no puede operar ahora porque no tiene competencia", por lo que el ministerio está trabajando "rápidamente en los cambios legislativos para actuar en esos lugares".

Respecto a una eventual reducción del número de peonadas requeridas para acceder al subsidio agrario (PER), la ministra ha explicado que no está previsto abordar este asunto en la reunión de hoy, pero ha reconocido que la situación actual de precios y de distribución podrían propiciar que se aborde una revisión.

"Las rebajas de las peonadas se han producido en situaciones de urgencia a lo largo de muchos años, por razones climáticas, y esta ministra es sensible a lo que podamos hacer", ha apuntado.

"A lo mejor yo pienso que rebajar las peonadas es bueno y dar una respuesta inmediata", ha indicado Díaz, quien quiere escuchar, no obstante, a los agentes sociales: "A lo mejor me hacen otras aportaciones y yo las recogeré y las estudiaré y evaluaré económicamente", ha señalado.

El ministerio "está trabajando en una redefinición" del sistema de protección social en su conjunto, ha dicho Díaz, que ha avanzado que el objetivo es "ensanchar la protección social en sentido integral y extender el tiempo y mejorar la protección".

La ministra Yolanda Díaz pone al frente de la Inspección de Trabajo al diputado de Unidas Podemos, Héctor Illueca

MADRID.- La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha puesto al frente de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social al inspector y profesor asociado de la Universidad de Valencia Héctor Illueca. Illueca es diputado en el Congreso de los Diputados de Unidas Podemos desde el pasado año y ha asesorado en el pasado al grupo confederal en la elaboración de propuestas legislativas en materia laboral.

Illueca ha sido nombrado este martes director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, puesto que bajo el mandato de Magdalena Valerio ha ocupado la también inspectora María Soledad Serrano Ponz. Bajo su dirección queda el cuerpo de funcionarios encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de proponer sanciones ante comportamientos negligentes.

Pese a algunas dudas iniciales de dónde recaerían las competencias sobre la autoridad laboral con la división del Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social en dos carteras diferenciadas, finalmente se confirma que la Inspección depende de Trabajo, como aseguraban a este medio que era "más lógico" fuentes sindicales y de la Inspección.

Los dos principales sindicatos de Inspectores de Trabajo mostraron su rechazo a que el Ministerio se dividiera en dos antes de que se hiciera efectivo, pero finalmente la partición se concretó en una cartera de Trabajo en manos de la abogada laboralista de Unidas Podemos Yolanda Díaz y otro Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y MIgraciones, que dirige el hasta ahora presidente de la AIReF, José Luis Escrivá.

Inspector de Trabajo y doctor en Derecho, Héctor Illueca llegó al Congreso de los Diputados en 2019, tras obtener escaño por Valencia y asumir responsabilidades en el debate político en materia de pensiones. En la pasada y fallida legislatura, fue elegido presidente de la Comisión de Trabajo y vicepresidente en la Comisión del Pacto de Toledo en la Cámara Baja.

Autor de varios libros sobre el modelo de trabajo y la precariedad laboral, destaca entre sus obras Descentralización productiva y prevención de riesgos laborales en las obras de construcción (2015), así como ensayos de temática política escritos junto a Manuel Monereo, como Por un nuevo proyecto de país (2015) y España: un proyecto de liberación (2017).

En el pasado ha estado vinculado al grupo confederal en el Congreso de los Diputados como experto, asesorando en la preparación de algunas propuestas legislativas en materia laboral. Fuentes próximas al nombramiento explican que Illueca tuvo una participación destacada en la redacción de la Proposición de Ley sobre reforma de las pensiones y otras medidas del orden social, de la Proposición de Ley de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, y de la Proposición de Ley contra la Precariedad y por la Estabilidad en el Empleo.

La intención del nuevo Gobierno de coalición es intensificar las actuaciones de la Inspección de Trabajo, "particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular", recoge el programa de Gobierno que presentaron PSOE y Unidas Podemos para lograr los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez. En su anterior mandato, el Gobierno socialista ha intensificado las actuaciones de la Inspección mediante planes de choque contra la temporalidad y parcialidad fraudulantes, que han logrado elevar mucho las infracciones detectadas.

Además, el nuevo Ejecutivo se ha comprometido a endurecer "el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas".

La 'policía laboral' de Podemos elevará las inspecciones y endurecerá las multas contra el fraude en la contratación, el registro horario o la igualdad de género

MADRID.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social dependerá del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el departamento capitaneado por Yolanda Díaz que ha caído en la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno de Coalición. El destino de esta área ha sido uno de los principales puntos de fricción a la hora de separar Trabajo de Seguridad Social y finalmente serán los de Pablo Iglesias los encargados de coordinar estas políticas. Su agenda pasa por la intensificación de las actuaciones y el endurecimiento del régimen de infracciones y sanciones. Otro claro aviso a las empresas, a juicio de La Información.

Despojada de la gestión de las pensiones públicas, que se queda el independiente José Luis Escrivá, nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Díaz ha peleado hasta el último momento por hacerse con la 'policía laboral'. Se trata de una herramienta básica y prioritaria para su cartera, pues desde allí vigilará el adecuado  funcionamiento de sectores y empresas en base a la legislación laboral vigente y podrá lanzar campañas específicas contra el fraude en materias como la contratación, el registro horario o la igualdad de género.

La hoja de ruta del PSOE y Unidas Podemos es contundente en esta materia. Respecto a la contratación, por ejemplo, apuestan por reforzar el control de los contratos a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y garantizar unas condiciones iguales al tiempo completo. Para ello intensificarán las actuaciones de la Inspección, particularmente en materia de tiempo de trabajo y de economía irregular, y endurecerán el régimen de infracciones y sanciones aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de la empresas. También reforzarán la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Todos estos aspectos son prioritarios.

Asimismo, en el acuerdo programático de los socios de la coalición progresista se avanza que se revisarán las causas del despido, otra materia que corresponde al área de Yolanda Díaz, con la derogación de la reforma laboral del PP en un horizonte no muy lejano. 

El objetivo es hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y aquí apuestan por reforzar el papel de la ITSS y la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos y en otros expedientes de regulación de empleo. 

El impulso a la lucha contra el fraude laboral se hará desde las nuevas tecnologías, "automatizando y conectando procesos y 'big data' de diversas unidades administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador", reza el documento. 

Los esfuerzos se centrarán en tres áreas: el abuso de la contratación temporal concatenada; el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial; y las relaciones extra laborales llevadas a cabo en casos de falsos autónomos, falsos cooperativistas o falsos becarios.

Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras. En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Más carga para los inspectores

En definitiva, mayor control... y más carga de trabajo para los inspectores. Unos profesionales que han denunciado en numerosas ocasiones la saturación y la falta de medios ante los nuevos planes de choque puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez: los 'riders', las camareras de piso, la contratación temporal, el salario mínimo, el registro de jornada... 

Durante la etapa de Magdalena Valerio se alcanzó una plantilla récord de 2.055 efectivos, pero insuficiente para hacer frente a la carga de actuaciones, según se quejan los sindicatos de inspectores.

Este control también se llevará al área de igualdad, política medular del nuevo Gobierno. Aquí Díaz hará tándem con Irene Montero para legislar en materia salarial y aumentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad en las empresas, entre otros asuntos. Para velar por el cumplimiento de estas medidas aquí también quieren potenciar las inspecciones laborales e incrementar las multas a las empresas incumplidoras. En paralelo, se creará la Oficina Estatal de lucha contra la discriminación, integrada en el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

A esta sobrecarga de trabajo se añade la incertidumbre sobre la nueva situación. Fuentes de la Inspección trasladan que, aunque dependan directamente del Ministerio de Trabajo, seguirán teniendo competencias en distintas áreas como Igualdad, Inclusión y Migraciones... y Seguridad Social. Y es que el contrato de trabajo empieza con el alta en el sistema de la Seguridad Social y, por tanto, esa base de datos es indispensable para el desempeño de la labor de los inspectores.

Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social habían reclamado permanecer en el área que dirige Escrivá tras la división del Ministerio, poniendo en valor que gracias a esa base de datos han podido convertir más de 270.000 contratos temporales en indefinidos, cerca de 66.000 contratos a tiempo parcial en tiempo completo y aflorar casi 160.500 empleos irregulares que antes no estaban dados de alta. 

Para poder seguir en esta línea los inspectores reclaman a las distintas administraciones (ministerios y comunidades autónomas) que pongan en marcha mecanismos de colaboración en función de sus competencias.

La Inspección de Trabajo consigue solo con una carta que empresas regularicen 81.700 contratos en fraude

MADRID.- La autoridad laboral también destapa abusos y fraude sin que sus inspectores pongan un pie en los centros de trabajo. Una sola carta "informativa" de la Inspección de Trabajo, en la que advierte a las empresas de que han detectado un presunto fraude en la contratación de sus trabajadores, logra que los empleadores regularicen miles de puestos de trabajo de manera "voluntaria". Este año, entre agosto y octubre, se han beneficiado de esta actuación 81.714 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo y recoge www.eldiario.es

De estas 81.714 personas, 59.359 trabajadores han pasado de tener contratos temporales a indefinidos en sus empresas y 22.355 empleados que tenían contratos a tiempo parcial han logrado ampliar sus jornadas laborales. En el caso de 12.305 trabajadores los incrementos de la jornada son iguales o superiores al 50% respecto a lo que figuraba en sus contratos hasta el momento, por lo que se presume que sus empleadores mantenían la mitad de su jornada o incluso más en la economía sumergida.

Son los resultados de la primera fase de los Planes de Choque aprobados por el Gobierno contra la temporalidad y la parcialidad abusivas, que se aplicaron por primera vez el año pasado y que el Ejecutivo volvió a lanzar este 2019. En total, este año se mandaron 85.000 misivas a empresas presuntamente incumplidoras, que afectaban a un total de 238.015 empleados, lo que supuso un aumento de las compañías y trabajadores alcanzados. 

¿En qué consisten estos planes y cómo detecta la Inspección de Trabajo los presuntos incumplimientos? Las campañas cuentan con dos fases. En la primera, la autoridad laboral da un plazo para las regularizaciones "voluntarias", como las denomina el Ministerio. La Inspección de Trabajo envía las cartas con los presuntos incumplimientos a las empresas, tras detectar indicios de fraude a través de la Herramienta de Lucha contra el fraude. Se informa en las misivas de los datos obtenidos e insta a las compañías a regularizar los contratos de forma "voluntaria" o justificar que se está cumpliendo con la ley (si es el caso) en el plazo de un mes.

La segunda fase de los planes pasa por comprobar qué han hecho las empresas con estos avisos. Cuando los empleadores no modifican los contratos, o solo lo hacen parcialmente, son "objeto de una actuación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la comprobación de tales extremos", recoge la instrucción de la autoridad laboral que dirige la actuación de los inspectores.

Se repite la efectividad de 2018

El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a lanzar estos dos Planes de choque este año después de considerar que habían tenido muy buenos resultados en su primera puesta en marcha, el año pasado. En las campañas de 2018, se transformaron 61.445 contratos temporales fraudulentos en indefinidos –el 76% de los afectados por el plan– y 8.824 personas con contratos abusivos a tiempo parcial vieron ampliar su jornada de trabajo –el 17,5% de los casos analizados–.

Si se atiende solo a la primera fase del año pasado y de este 2019, se observa que por el momento se repite la efectividad de los planes, e incluso se mejora un poco en el caso de la temporalidad abusiva.

En la etapa de regularizaciones "voluntarias" de 2018, las empresas convirtieron en indefinidos a 51.941 trabajadores temporales (el 64,50% del total de trabajadores alcanzados por esta campaña). En el plan contra la parcialidad fraudulenta, las cartas motivaron la ampliación directa de la jornada de 7.591 personas (el 15% del total de trabajadores analizados).

Este año, el porcentaje de efectividad en esta primera fase mejora un poco en la campaña contra la falsa temporalidad (66,5%) y se mantiene igual en el plan sobre contratos parciales (15%).

El Ministerio de Trabajo explicó el año pasado la menor efectividad de la campaña contra la parcialidad abusiva por la mayor dificultad para detectarla, para lo que esperaba que el nuevo registro de jornada obligatorio facilitara la tarea de la Inspección de Trabajo. El control horario está en vigor desde el pasado 12 de mayo, pero muchas empresas aún no lo han implantado pese a ser obligatorio. El sector de la banca, por ejemplo, firmó esta semana el acuerdo con los sindicatos sobre el registro y se ha dado tres meses para implantarlo.

Fuentes del Ministerio de Trabajo precisan que la modificación de contratos parciales "efectivamente sigue siendo baja si la comparamos con la conversión en indefinidos, pero dentro de esto, la Inspección está razonablemente satisfecha" con los resultados. Estas fuentes oficiales reconocen que "el registro de jornada tiene una implantación lenta", pero añaden que "poco a poco va dando resultados".

En el Ministerio recuerdan en cualquier caso que "ahora hay que esperar a la fase de inspección" y que los resultados finales dependerán de "si efectivamente los indicios de incumplimiento detectados eran tales o si por el contrario son jornadas parciales justificadas".

C's plantea aflorar parte de la economía sumergida a un tipo impositivo del 10 %

MADRID.- Ciudadanos (C's) plantea hacer aflorar parte de la economía sumergida a un tipo impositivo del 10 %, dentro de un conjunto de propuestas que permitirían aumentar en 18.000 millones de euros los ingresos del Estado sin subir los impuestos.

"En una estimación razonablemente prudente, conseguir aflorar una décima parte de la economía sumergida, a un tipo del 10 %, reportaría al Estado más de 4.000 millones de euros", dice el documento, que de momento no está incluido en el borrador del programa electoral de Ciudadanos que ha trascendido.

El documento sitúa la lucha contra la economía sumergida como prioridad política para sanear las cuentas públicas y avanzar como país, porque se trata -recoge- de un "mal endémico" y "una de las lacras que más severamente lastran nuestra economía".

Explica que con conseguir aflorar una décima parte del dinero no declarado -"con estimaciones que en la actualidad se acercan al 25 % del PIB"-, a un tipo del 10 %, se podrían recaudar 4.000 millones, lo que supondría aflorar bases imponibles por importe de 40.000 millones.

La medida recuerda a la que el gobierno del PP puso en marcha entre junio y noviembre de 2012 por la que los defraudadores, particulares o empresas podían regularizar su situación pagando solo el 10 % del patrimonio aflorado y el 8 % para los dividendos procedentes de fuente extranjera o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.

Ciudadanos, que defiende que se pueden aumentar los ingresos "sin asfixiar al contribuyente", contempla en el documento otras medidas frente a la economía sumergida como reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) o endurecer las multas a las entidades financieras que cooperen en el blanqueo de sus clientes.

Asimismo, poner la lupa sobre las monedas virtuales, garantizar el derecho a pagar cualquier bien o servicio con tarjeta de crédito o potenciar la digitalización de la Administración.

También propone luchar contra el fraude fiscal y reducir el gasto superfluo de las administraciones con el objeto de incrementar la recaudación en otros 14.000 millones.

Urge una nueva Ley de lucha contra el fraude fiscal y recuerda que si aflorara alrededor de un tercio de las estimaciones de fraude manejadas por la Agencia Tributaria se recaudarían unos 6.000 millones de euros.

A ello, suma impulsar una reforma comunitaria del Impuesto sobre Sociedades para "evitar que la regulación laxa de algunos países sirva para erosionar el Estado del bienestar del resto", luchar contra los paraísos fiscales, eliminar los regímenes fiscales privilegiados no justificados, reformar el delito fiscal para rebajar su umbral y endurecer las penas, e incrementar los medios de la Agencia Tributaria.

En cuanto a la eficiencia del gasto mantiene la necesidad de suprimir organismos duplicados y diputaciones, así como reforzar la revisión del gasto en subvenciones "para garantizar que no se malgaste dinero público".

"Ahorrar en costes políticos, subvenciones injustificadas y eliminación de burocracia duplicada, como estamos llevando ya a cabo en Andalucía con éxito, podría aportar alrededor de 8.000 millones de euros en una estimación prudente", incide el documento.

El borrador del programa de C's incluye también ampliar la lista de morosos con Hacienda que se publica cada año, reduciendo su umbral del millón actual a los 600.000 euros.

También habla de desgravar en el IRPF el valor de los gastos realizados en el pago de servicios en el hogar, siempre que se acredite con factura y se pague por medios electrónicos, para disuadir el pago en negro.

CCOO-A pide a Gobierno y Junta que investiguen la economía sumergida y que favorezcan a empresas "que cumplen"

MÁLAGA.- El sindicato CCOO de Andalucía ha solicitado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que hagan "todo lo que esté en su mano" para investigar la economía sumergida y los fraudes en la contratación; además de favorecer a aquellos empresarios que sí "cumplen" con un empleo calidad y que aplican los convenios colectivos.

   El secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO-A, Gonzalo Fuentes, ha destacado el incremento de todas las variables turísticas en lo que va de año: pernoctaciones, viajeros recibidos, estancia media y gasto turístico; sin embargo, la creación de empleo no sigue esa senda, sino la contraria puesto que ha disminuido un 2,6 por ciento.

   Esto ha llevado a Fuentes a afirmar que en la Comunidad Autónoma andaluza "tenemos a los empresarios más rácanos" en cuanto a creación de empleo de toda España. "Nos parece un escándalo y un fiasco que la industria turística andaluza, que tiene mejores datos en pernoctaciones que en el conjunto del Estado, el empleo baje", ha insistido.

   La única provincia andaluza que ha creado empleo turístico ha sido Almería, en concreto un 4,24 por ciento. En el resto cae, una pérdida de puestos de trabajo a la que hay que sumar, según Fuentes, "el aumento de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial, que no está justificado por la estacionalidad porque para ello está el contrato fijo-discontinuo aunque se sigue dejando de lado en beneficio de la eventualidad pura y dura".

   En este punto, ha indicado que la temporalidad de los trabajadores de la hostelería en Andalucía llega al 50 por ciento; con una diferencia con el resto de España del nueve por ciento. "El problema, visto de cerca, es aún más grave, ya que no sólo disminuye el empleo en proporción a la producción  sino que disminuye el tiempo de ocupación de ese empleo y aumentan las jornadas a tiempo parcial", ha asegurado.

   También ha aludido a la reforma laboral, ya que, según el sindicalista, "el poco empleo que se ha creado ha sido más precario y uno de cada dos contratos realizados ha sido a tiempo parcial". A ese "poco y mal empleo" se suma, en opinión de Fuentes, un aumento de las cargas de trabajo así como del empleo "parcial fraudulento puesto que se da de alta al trabajador cuatro horas y echa ocho o 12".

   Por todo ello, ha reclamado a los empresarios andaluces que apuesten por "empleos de calidad". Esto supondría también una "mejora" en la calidad turística: "un trabajador satisfecho, un cliente satisfecho". Y es que, a juicio del responsable de Turismo de CCOO en Andalucía, si no se cambia la actitud "lo pagaremos a medio y largo plazo porque los empleados aportan un plus de calidad a ese servicio turístico de excelencia que se da".

   Fuentes ha resaltado los buenos datos de la actividad turística desde el pasado mayo, con crecimientos constantes que han posibilitado que hayan sido los mejores meses de la última década. Además, destaca el incremento en Andalucía de la llegada de viajeros nacionales y de pernoctaciones, a pesar de la situación económica.

   Sobre el turismo nacional, según el responsable de Turismo del sindicato CCOO-A, "tenemos claro que se debe a que tanto España como Andalucía en concreto se están beneficiando de conflictos internos de otros países competidores directos". A su juicio, hay que "fidelizar" a estos "turistas prestados", algo que debe ser "un objetivo prioritario" de las administraciones con competencias en turismo.

La economía sumergida moverá 195.600 millones en España este año

MADRID.-  La economía sumergida alcanzará un valor total estimado de 195.600 millones de euros a finales de este año, lo que supone un 18,6% del PIB, ligeramente inferior al de 201.300 millones de euros (un 19% del PIB) contabilizado al cierre de 2012, según un estudio elaborado por Visa.

   Estos datos sitúan a España, junto con Portugal, en el tercer puesto entre los países de Europa Occidental cuya economía sumergida equivale a un porcentaje mayor respecto al PIB. Por volumen total de economía sumergida en euros, España sería el quinto país del ranking, por detrás de Alemania, Italia, Francia y el Reino Unido.

   "La economía sumergida tiene un gran tamaño en España, que supera a las de la mayoría de los países de Europa Occidental, aunque se mantiene en un nivel similar al de la media europea (18,5%), un total de 2,15 billones de euros", indica el informe.

   Según el estudio, el peso de la economía sumergida en España no ha cambiado sustancialmente respecto a los datos de 2008, y se concentra especialmente en los sectores de la construcción, industria, comercios, restaurantes e inmobiliarias.

   Los expertos señalan que la economía sumergida consiste especialmente en trabajos y en ventas no declaradas, y apuntan que, de centrarse en las ventas no declaradas a consumidores o entre empresas podría significar reducir la economía sumergida en España en unos 23.400 millones de euros, un 11,6% del total estimado actualmente.

   Este tipo de práctica se concentra en los sectores de ventas de coches y recambios, bares y restaurantes, taxis, autobuses y transporte comercial, alojamientos de bajo coste, tiendas de venta no especializada y servicios de comedor y catering.

   La economía sumergida se fomenta debido al nivel impositivo relativamente alto y complejo para particulares y empresas y a la burocracia extendida y con bajos niveles de servicio, entre otras causas. También influye el hecho de que el 16% de los billetes de 500 euros que circulan por Europa están en España.

   En este sentido, el director general para España y Portugal de Visa Europe, Luis García Cristóbal, ha explicado que está a favor de reducir el número de este tipo de billetes. "Cualquier medida que se adopte encaminada a reducir el efectivo la apoyaremos. Los pagos en efectivo son menos eficientes y más caros", ha dicho.

   Los autores del estudio destacan que incentivar los pagos electrónicos en un 15% ayudaría a reducir la economía sumergida en un 9%. Esto podría conseguirse gracias a medidas como la instalación de Terminales de Puntos de Venta (TPVs en comercios pequeños), la devolución de impuestos por el uso de tarjetas en comercios o la obligatoriedad del uso de pagos electrónicos para operaciones a partir de un cierto importe hasta el uso y aceptación obligatorio de los pagos con tarjeta en todas las administraciones públicas.

   García Cristóbal ha resaltado que la economía sumergida también se fomenta con la reticencia a aceptar pagos con tarjeta por importes menores a 10 ó 15 euros en muchos comercios, así como la tendencia de algunos sectores como el de la construcción o el inmobiliario a demandar determinados pagos en efectivo.

   Para frenar el avance de la economía sumergida, el director general para España y Portugal de Visa Europa ha señalado que, pese a que se ha realizado una "buena labor" hasta ahora, es necesario seguir tomando medidas.

   "Es necesaria la actuación conjunta y coordinada de las administraciones públicas, entidades financieras, sistemas de pago y comercios para romper con el círculo vicioso del efectivo y luchar así de forma eficiente contra la economía sumergida", ha afirmado.

   Según ha explicado, la tendencia en España es positiva, ya que la economía sumergida se ha reducido en 10.000 millones de euros en los últimos cinco años, pero ha manifestado que aún estamos "a años luz" de países como Italia o Alemania".

   Por este motivo, ha ofrecido su colaboración al Gobierno y ha avanzado que Visa Europa está analizando las fórmulas de otros países para poder proponer medidas similares que aplicar en España.

Asempal alerta del alza de la economía sumergida, que cifra en un 25% del PIB provincial almeriense

ALMERÍA.- La Confederación Empresarial de Almería (Asempal) ha alertado este miércoles del alza de la economía sumergida, que cifra en un 25 por ciento del PIB provincial, y ha advertido de que su erradicación es una "cuestión de supervivencia" para el sector en el que "cada vez se dan más casos de empresas a punto de cerrar por la terrible competencia desleal".

   El presidente de Asempal, José Cano, ha trasladado en un comunicado su preocupación por una "lacra" y una "picaresca" que afecta a la agricultura, el turismo y la hostelería, que debe competir con "alojamientos ilegales no declarados", así como al comercio "con la venta no controlada" y la industria de la panadería.

   Cano ha subrayado, no obstante, que es el sector de la construcción y actividades como carpintería, metal, pintura, electricidad, reparación y de automoción las que aglutinan la indignación de las empresas asociadas a Asempal, "que sí cumplen las reglas del juego de acuerdo a la legislación laboral y fiscal vigente", ha remarcado.

   "Esta situación irregular las permite vender y ofrecer servicios con unos presupuestos que están por debajo de los costes reales de cualquier empresa que cumple con sus obligaciones, y con eso no se puede competir", ha señalado.

   En esta línea, ha indicado que economía sumergida no genera riqueza ni permite que los recursos generados se reinviertan en la economía provincial, a lo que hay que unir un impacto negativo sobre la recaudación de tributos y cotizaciones sociales, desigualdad en el pago de impuestos y la indefensión de los consumidores a la hora de reclamar un trabajo realizado clandestinamente.

   Así, para Cano, que el 25 por ciento de la economía almeriense se mueva en la clandestinidad es insostenible, por lo que calificado de "prioritario ponerle freno" al tiempo que ha considerado "fundamental" la denunciar de las empresas "clandestinas" que cometen irregularidades y que "derivan en fraude, intrusismo y competencia desleal".  Por último, ha destacado la necesidad de "reforzar" el compromiso de empresarios, administración y sindicatos para destapar esta economía irregular.

Por su parte, la Cámara de Comercio ha presentado a una docena de empresas del sector de Habitat el programa 'International Intelligence Construction' con el que se persigue "configurar" un grupo de trabajo "sólido" que, de forma conjunta, "busquen y encuentren las sinergias necesarias" para competir en mercados internacionales como Perú o Paraguay con "grandes oportunidades de negocio".

   Según ha explicado el director-gerente y director de Internacional de la Cámara, Fernando Ruano, la acción se dirige sobre todo a las pymes que desarrollan su actividad en sectores como construcción, hábitat o y transformación agrícola en la provincia de Almería.  

   El programa, que se desarrolla en un horizonte temporal de 18 meses, contempla distintas fases de desarrollo e incluye el análisis del mercado, establecimiento en cuatro o cinco mercados realizando un catálogo de proyectos con presupuestos de dinamización mediante el encaje de las empresas y los proyectos de forma agrupada y, por último, la localización de promotores y entidades que consoliden los proyectos en los mercados previamente seleccionados.

   Tras la presentación de 'International Intelligence Construction', desde la Comisión de Habitat, el asesor para Iberoamérica, Rodrigo Corrales, ha detallado a los empresarios asistentes las ventajas que presentan a día de hoy para estos sectores, mercados como el de Perú, que con  una tasa de crecimiento del PIB del 6 por ciento anual el año pasado y con perspectivas de incrementarse medio punto en 2012, ofrece oportunidades, sobre todo en infraestructuras, edificación, servicios de transformación agrícola, y minería.

   Junto a Perú, Paraguay también ofrece grandes oportunidades de negocio ya que su tasa de crecimiento ronda el 8,5 por ciento anual durante el último año. Los sectores con mayores posibilidades, además de los tradicionales para el país, son igualmente el de infraestructuras, energía y construcción en general.

   En ambos mercados, tanto Perú como para Paraguay, la consultoría de proyectos, también son una oportunidad de negocio, considerando el gran déficit existente en esta área y fundamentalmente en las infraestructuras mínimas necesarias. Son países con una ingente necesidad de desarrollar dichas infraestructuras, para así responder en el corto y mediano plazo a sus ya interesantes tasas de crecimiento y donde las empresas almerienses pueden posicionarse mediante la participación en acciones de la Cámara de Comercio.

El Ministerio de Trabajo destapa un 11,8% más de economía sumergida

MADRID.- “Racionalización de los recursos y organización, porque los inspectores siempre han trabajado mucho”. Así explican en el Ministerio de Trabajo los extraordinarios datos facilitados por la ministra Fátima Báñez (en la imagen) en el transcurso de la reunión con directores territoriales y jefes provinciales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  De enero a septiembre de este año se han realizado 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. El plan de lucha ha permitido que afloren 57.457 empleos hasta septiembre, un 11,86% más que el año anterior, según http://www.hispanidad.com

Los datos son magníficos. La actuación de la inspección permitió detectar  1.064 empresas ficticias y anuló 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que el año anterior.

Las cifras no guardan ninguna relación con el nuevo régimen de empleadas del hogar ni posibles inspecciones ejercidas al respecto para detectar trabajadores sin dar de alta durante este verano, entre otras cosas, porque, según fuentes del propio Ministerio, los hogares son muy difíciles de inspeccionar por su especial condición jurídica.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó, entre los siete meses de enero a septiembre de este año, un total de 160.494 inspecciones en materia de empleo irregular. De ellas, 15.097 guardan relación con las prestaciones por desempleo. Se han detectado 4.730 infracciones de empresarios, un 30% más que en el mismo período del año anterior que se cerró con un saldo de 3.642 infracciones detectadas.

Se ha descubierto a 6.943 trabajadores que, o bien compatibilizaban indebidamente las prestaciones con un trabajo, o las han obtenido mediante el recurso al fraude. El incremento de infracciones detectadas ha sido de un 50% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Las empresas ficticias, otra bolsa de fraude, han sido objeto de la atención del Ministerio de Trabajo. Se han llevado a cabo 14.110 inspecciones, un 70,5 % más que las 8.274 del año pasado. Se han detectado 1.064 infracciones en esta área, frente a las 208 detectadas en los nueve primeros meses de 2011, lo que implica un incremento del 411,5%.

También se anularon 18.118 altas ficticias (contratos de trabajo falsos para acceder a prestaciones), un 65,9% más que en los nueve primeros meses del año 2011 (10.919 altas anuladas).

Báñez puso en valor la labor realizada por los inspectores de trabajo y seguridad social, “un servicio público con más de 100 años de historia…” y ha añadido que los resultados obtenidos “son datos positivos que revelan vuestro trabajo y vuestro compromiso en estos años de crisis económica”.

A la vista de los resultados, la nueva legislación  de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social aprobada por el PP está consiguiendo los resultados esperados. Aunque cabe preguntarse si muchos de los delitos fiscales cometidos, como las altas ficticias, no han aumentado con el empeoramiento de la crisis este último año, lo que da lugar a su detección, lo cierto es que el número de actuaciones se ha incrementado. Los inspectores, por mucho que hayan trabajado antes y después, y sin un incremento significativo de medios, deben estar echando humo.

El Gobierno aprobará en semanas la norma contra la economía sumergida

MADRID.- El Gobierno aprobará el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal en las próximas semanas, según ha anunciado este miércoles el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, quien ha subrayado que dicha norma facilitará a la Agencia Tributaria los medios y los procedimientos jurídicos para erradicar la economía sumergida y preguntas relacionadas con el IVA.

   "Existe esa economía sumergida y hay que combatirla y eso es el sentido de la regularización fiscal promovida por el Gobierno", ha señalado Montoro durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde ha señalado que el Ejecutivo está siguiendo las recomendaciones de la OCDE y de la práctica de otros países desarrollados del entorno, entre ellos Italia, Alemania o Reino Unido.

   Durante su intervención, Montoro ha negado que el Gobierno haya puesto en marcha una 'amnistia fiscal' y ha precisado que se trata de una regularización fiscal, lo que va en paralelo con un proyecto de ley que dotará a la Agencia Tributaria de la mayor capacidad para luchar contra el fraude fiscal.

   "Palo y zanahoria para la regularización de esa economía sumergida, eso es lo que ofrece el Gobierno, una oportunidad única de acabar con esa economía sumergida, de ponerse a bien con la Hacienda Pública y así poder tener ingresos suficientes para garantizar la financiación correcta de los servicios públicos de nuestro pais", ha señalado.

   Montoro ha afirmado que, a diferencia del anterior Gobierno socialista, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está acometiendo una serie de medidas para terminar con el fraude fiscal en un momento de caída de ingresos tributarios, algo que es "muy perjudicial" para sostener el Estado de Bienestar.

La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB

MADRID.-   La economía sumergida en España supone entorno al 17% del PIB, según un estudio de los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez publicado en el último 'Cuadernos de Información Económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).

   Los autores del estudio, que han realizado los cálculos teniendo en cuenta tres metodologías diferentes, concluyen que entre 1998 y 2008 la economía sumergida en España alcanzó el 17,4% con la aproximación monetaria, el 17,6% según el consumo de energía y el 16,7% con el modelo 'MIMIC' (Multiple Indicator and Multiple Causes). 

   Así, en los últimos 20 años (1980-2008), el volumen de la economía oficial medida por el PIB se ha más que duplicado, pero la economía sumergida, en el mismo periodo, se ha multiplicado por cuatro. "Esto pone de manifiesto que economía sumergida y bonanza económica son perfectamente compatibles", indica el estudio.

   A la vista de estos datos, Funcas destaca que la economía sumergida alcanza "niveles preocupantes" en algunas economías como España por sus efectos sobre la equidad, eficiencia y competencia. "Parece existir un amplio consenso en que la economía española está entre ellas, pero también en la dificultad de aportar datos que gocen de una cierta precisión", subraya.

   En términos de recaudación fiscal, el estudio pone de manifiesto que la economía sumergida genera una merma de ingresos fiscales, que estiman en el periodo 1989-2008 entre 30.845 y 32.735 millones de euros anuales de media al año, lo que supone entre el 5,4% y el 5,6% del PIB oficial.

   Además, los autores indican que en el caso de que estuvieran todas las actividades económicas sometidas a fiscalidad y asumiendo que la recaudación fiscal observada no variara, la presión fiscal bajaría de media entre 4,5 y 4,8 puntos porcentuales.

   En cuanto al efecto en el empleo, sea cual sea el procedimiento de estimación de la economía sumergida que se utilice, el empleo sumergido estimado ha crecido desde 1980, pasando de alrededor de 1,4 millones a más de 4 millones al final de la muestra.

   Los autores explican que esta cifra no implica que exista una cifra equivalente de personas que realizan su actividad laboral al margen de la economía oficial, ya que puede ocurrir que algunas de ellas trabajen tanto en el ámbito de la economía sumergida como oficial.

La economía sumergida alcanza el 50% en el sector textil en Andalucía

SEVILLA.- El sindicato CCOO en Andalucía advirtió hoy de que la economía sumergida en el sector textil se ha incrementado del 30 por ciento hasta el 50 por ciento en la Comunidad, como consecuencia de la crisis y de la influencia de distintas circunstancias como el incremento de las importaciones, los precios o las directivas europeas.

El secretario de Organización de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A, Juan Antonio Florido, explicó que esta situación conlleva la "desaparición en gran medida" de las empresas regladas y advirtió de que se continúa "destruyendo y perdiendo empleo" en 2009, cuando se redujeron a la mitad las firmas textiles andaluzas.

Recordó que el desarrollo del plan nacional contó con una adhesión de empresas en Andalucía "insignificante", ya que finalmente no se incorporaron más de tres firmas regionales, "ya que muchas prefieren cerrar antes que acogerse". Así, precisó que la crisis está agravando la situación de un sector que ya estaba viéndose afectado por las importaciones, los precios del textil y las distintas normativas europeas.

"Antes los productos que llegaban a España eran en parte de una calidad lamentable, pero ahora cuentan con un mayor valor añadido, lo que hace cada vez más difícil la situación del sector", añadió Florido. Además, indicó que la "paralización" de los créditos bancarios "hacen que se corte el desarrollo de las empresas, ya que los acreedores están exigiendo pagos al contado, mientras que el empresario cobra en 30, 60 o 90 días".

Además, subrayó que la solución del sector pasa por la innovación y por apostar por el desarrollo de artículos "con menos competencia", además de conseguir que se abra el crédito a las pymes y la puesta en marcha de medidas para procurar el agrupamiento de las empresas textiles para que sean "más competitivas".