MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado ayer martes 5, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
un Real Decreto por el que se establecen las bases de las ayudas
estatales a las explotaciones ovinas y caprinas que han tenido
dificultades en la comercialización de corderos y cabritos en los meses
de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones derivadas por el
estado de alarma frente a la COVID-19.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas
ayudas hasta un límite de 10 millones de euros, y las CCAA también
podrán aportar financiación complementaria, con el límite de 25.000€ por
beneficiario en tres años fiscales, que serán automáticamente todos los
perceptores de la PAC que ya cobren la ayuda asociada.
Unas
ayudas destinadas a paliar la situación de un sector estratégico en el
ámbito económico, social y medioambiental, con una producción muy
estacional, ligada a un consumo mayoritario durante los meses de marzo y
abril y casi en su totalidad a través del canal de la restauración y la
hostelería, cerrado por la actual crisis sanitaria.
Estas subvenciones, para el ejercicio 2020, constituyen un
complemento de las ayudas destinadas al pago por oveja y cabra
establecidas en el Real Decreto 1075/2014 de ayudas de la Política
Agraria Común (PAC). Por ello, para reducir las cargas administrativas,
el hecho de ser perceptores de la PAC a estas producciones hará que sea
automáticamente beneficiario de la subvención.
Las ayudas se
otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con los
criterios que fijarán las comunidades autónomas, pero se tomará en
cuenta la condición de joven agricultor.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación financiará estas ayudas hasta un límite de 10 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para 2020.
Las
autonomías podrán también aportar financiación complementaria, con el
límite de 25.000€ por beneficiario en tres ejercicios fiscales, de
acuerdo con lo previsto sobre ayudas «de minimis» en el sector agrícola.
Podrán
ser acogerse a estas ayudas máximas de 25.000€ por beneficiario las
personas físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que
presenten en 2020 la solicitud única y que sean titulares de una
explotación inscrita en el registro general de explotaciones ganaderas
(REGA).
En concreto podrán optar a estas subvenciones los titulares de las
explotaciones de ovino con una clasificación zootécnica de «reproducción
para la producción de carne», «reproducción para la producción de
leche» o «reproducción para producción mixta» con más de 50 hembras
reproductoras.
También podrán solicitar estas ayudas los titulares
de explotaciones de caprino con una clasificación zootécnica de
«reproducción para la producción de carne», «reproducción para la
producción de leche» o «reproducción para producción mixta” con más de
30 hembras reproductoras conforme a la última declaración censal
obligatoria.
No obstante, las autoridades competentes de las
comunidades autónomas podrán rebajar el límite inferior de más de 50 o
30 hembras reproductoras en caso de que su censo de ovino o caprino,
respectivamente, sea inferior al 2 % respecto del censo nacional.
En
cuanto al número de animales con derecho a ayuda, se considerarán
“hembras elegibles” aquellas ovejas y cabras mantenidas como
reproductoras que estén correctamente identificadas y registradas a
fecha 1 de enero de 2020 y cuya producción de corderos y cabritos se
haya visto afectada por la situación creada entre el 14 de marzo y el 30
de abril.
La ayuda se concederá al número de ovejas y cabras
elegibles, con un máximo de 100 animales por beneficiario y una
subvención máxima por animal de 12 euros. La autoridad competente de la
comunidad autónoma calculará, a partir de la información contenida en el
Sistema Integral de Trazabilidad Animal (SITRAN), el número de animales
con derecho a ayuda de los beneficiarios, pudiendo establecer los
controles que considere necesarios.
La tramitación, resolución,
justificación, pago y control de las ayudas corresponderá a las
comunidades autónomas, que se encargarán también de publicar las
correspondientes convocatorias.
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