El juez archiva la denuncia por introducir modificaciones en la biografía de Javier Arenas en Wikipedia

SEVILLA.- Un juez de Sevilla ha archivado la denuncia por la introducción de alteraciones y modificaciones en la biografía en Wikipedia del vicesecretario de política autonómica y local del Partido Popular y expresidente del partido en Andalucía, Javier Arenas, han informado hoy fuentes judiciales.

   En este sentido, las mismas fuentes consultadas han señalado que fue el pasado día 11 de octubre cuando el juez de Instrucción nº 7 de Sevilla, Fernando Martínez, dictó un auto en el que archivaba de manera provisional dicha denuncia, que por el momento "no consta" que haya sido recurrida por el PP.

   En esta causa ha llegado a haber varias personas imputadas --algunas residentes fuera de la comunidad autónoma-- tras la denuncia interpuesta en 2009, pero finalmente el juez instructor ha decidido archivar la misma debido a que ha transcurrido el plazo legal estipulado sin que pueda emprender la acción penal contra ninguno de los imputados, han apuntado las mismas fuentes.

   La investigación judicial se inició después de la denuncia interpuesta por el PP-A, quien acudió a los tribunales tras "conocer" además que desde un ordenador de la Junta de Andalucía se estaban realizando modificaciones y se estaban incluyendo "falsedades e insultos" en la biografía de Arenas, así como contra sus familiares más directos.

   En este sentido, dos altos cargos de la Junta de Andalucía declararon en 2010 ante el juez que tenían identificado el ordenador desde donde se realizaron esas modificaciones, aunque no a la persona o personas que las hicieron.

   De esta manera se expresaron entonces Alberto Díaz López, en calidad de director general de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SAU), y María Pilar Rodríguez López, en calidad de secretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

   Ambos señalaron entonces que las modificaciones de la biografía de Javier Arenas en la Wikipedia se llevaron a cabo desde un ordenador ubicado en la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Jaén, lo que motivó, según las fuentes consultadas, que el PP-A solicitara al juez instructor que se identificara a la persona o personas que hubieran utilizado el día en cuestión el referido ordenador.

La Junta insta al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos"

ALMERÍA.- El delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, José Manuel Ortiz Bono, ha instado al Ayuntamiento de Almería a poner en marcha la desaladora "para dejar de sobreexplotar los acuíferos del Poniente" tal y como tenía comprometido a través del convenio que firmó con el Gobierno andaluz por el que "se comprometía a surtir agua desalada y a dejar de bombear de los pozos de Bernal, de El Ejido". 

   Ortiz Bono ha indicado que desde que comenzó a funcionar en 2006, "apenas rinde al 20 por ciento de su capacidad, por lo que el Ayuntamiento sigue surtiéndose principalmente de los pozos de Bernal, y contribuyendo así a la sobreexplotación de los acuíferos del Poniente".

   El Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía suscribieron un convenio de colaboración el 14 de julio de 1999 para la finanaciación de las obras de construcción de una planta desalinizadora de agua de mar por el que el 85 por ciento de la inversión lo asumía el Ministerio de Economía con fondos de Cohesión de la Unión Europea mientras que el 15 por ciento restante lo asumía la Junta de Andalucía "a pesar de que la competencia del abastecimiento es municipal".

   Así, apunta a que si bien la inversión prevista inicialmente era de 35,2 millones de euros, los modificados de obra y liquidaciones elevaron la elevaron a algo más de 47 millones, cuando "el encargado de la licitación y adjudicación de la obra fue el Ayuntamiento". La finalidad de la desaladora es la de dejar de extraer del acuífero "sobreexplotado" del Campo de Dalías, por lo que obtuvo financiación europea.

   "El hecho de que se disponga de una desaladora con capacidad para desalar hasta 20 hectómetros cúbicos, y que sólo desalen unos cinco supone un despilfarro del dinero público de casi 50 millones de euros de fondos comunitarios y de todos los andaluces", ha remarcado Ortiz Bono, quien además ha señalado la "insolidaridad" del Ayuntamiento con los municipios del Poniente "que tienen dificultades para abastecer a sus poblaciones que lo están pasando mal, sobre todo Vícar, Roquetas de Mar y El Ejido".

   Considera que también es una "muestra de insolidaridad" con los regantes, "que ven cómo cada día empeora la calidad de las aguas subterráneas para riego mientras el Ayuntamiento de Almería deja sin poner el marcha la desalinizadora y extrae más de diez hectómetros cúbicos de agua al año según sus datos, puesto que ni siquiera tiene instalados contadores para medir el agua que bombea".

   Además, la "infrautilización" de la planta de Almería "contrasta con el hecho de que en el Poniente, en Balerma, se esté construyendo una desaladora para atender las necesidades de riego de la zona, inversión que también se está haciendo con fondos públicos".

   El delegado ha recordado además al Ayuntamiento la necesidad de regularizar su situación respecto de las fuentes de suministro para sus ciudadanos, ya que debe solicitar concesión tanto para el agua subterránea como para el agua desalada que está ya utilizando. Asimismo, es preciso que se adapte a lo establecido en el Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre "y al que el Ayuntamiento de Almería no ha formulado ninguna alegación".

   En este documento, según ahonda la Junta, se establece la planificación hidrológica para los próximos 15 años, de forma que en el horizonte 2015 el agua subterránea que le corresponde a Almería es, como máximo, 3,5 hectómetros cúbicos, mientras que en 2027 sería de 1,8 hectómetros cúbicos.

   Así las cosas, el delegado asegura que el Consistorio almeriense "tiene la obligación de adaptarse a esta norma de obligado cumplimiento y debe dar ejemplo tanto de respeto a las normas como de un buen uso de los fondos públicos que se emplearon en la desaladora además de ser solidario con el resto de usuarios del Poniente y consecuente con las obligaciones medioambientales que aceptó cuando decidió construir la desaladora con fondos europeos y del presupuesto  de la Junta de Andalucía".

   Ortiz Bono recomienda así "en base al principio de lealtad institucional y de cooperación", que este asunto quede resuelto en el documento del PGOU que va a someter a informe, puesto que "solo podrá obtener todos los beneplácitos de la Junta de Andalucía si se adapta a la normativa en vigor".

La Junta reclama al Gobierno una revisión del reparto definitivo del FLA para que Andalucía reciba lo que ha pedido

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno de la Nación una revisión del reparto definitivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para que Andalucía reciba la cantidad que ha solicitado, de 4.906 millones de euros.

   Susana Díaz ha manifestado que espera que el Gobierno central, finalmente, haga un reparto equitativo del FLA, porque no puede ser que Cataluña haya recibido en torno al 90 por ciento de lo que solicitó y que Andalucía esté prácticamente por debajo del 50 por ciento de la cantidad que demandó.

   En este sentido, ha confiado en que el Gobierno de la Nación sea coherente y responsable en ese reparto del FLA y Andalucía, como una comunidad autónoma "cumplidora, reciba lo que le corresponde". Para Díaz, no es de recibo que se premie a las comunidades que están más endeudadas, como es el caso de Cataluña, en detrimento de otras que están haciendo los deberes, como es el caso de Andalucía.

   A su juicio, debe de haber una revisión del reparto definitivo del FLA porque "hay margen para hacerlo, ya que los datos dicen que en torno a 5.000 millones no han sido asignados aún a las comunidades autónomas, y por lo tanto hay margen para esa revisión".

   Asimismo, ha indicado que la consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, no ha dejado de negociar, de dialogar y de buscar el entendimiento con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, desde que se inició la solicitud de acceso al FLA. Díaz espera que ese diálogo continuo tenga al final un resultado favorable para los intereses de esta comunidad.

   De otro lado, ha manifestado que la decisión del Gobierno central de crear un impuesto estatal sobre depósitos de clientes en entidades de crédito a tipo cero para evitar que las comunidades autónomas puedan aplicar uno propio ha sido "lamentable". A su juicio, el Gobierno solo pretende evitar que las comunidades puedan seguir adelante "con la voluntad clara y nítida de que la banca contribuya también a la salida de esta crisis".

   Asimismo, ha considerado "lamentable" que el Ejecutivo nacional no haya hablado con las comunidades afectadas y que haya adoptado la decisión "por la puerta de atrás". Ha indicado que la Junta va a analizar la letra pequeña y hasta dónde quiere llegar el Gobierno, y va a defender aquello de lo que está convencida, que es que "la banca en este país tiene que contribuir al momento que estamos atravesando".

   "No se le puede subir a los ciudadanos el IRPF, el IVA o las tasas judiciales y, en cambio, buscarle las vueltas al TC para que las entidades financieras no aporten en las comunidades autónomas que están convencidas de que tienen que hacerlo", ha indicado.

   Susana Díaz ha agregado que la Junta tiene la clara voluntad de mantener la cifra prevista de recaudación por ese impuesto en los presupuestos de la comunidad de 2013 para que los bancos contribuyan a la situación de crisis por la que estamos atravesando.

IU pretende "una transformación profunda" para ser un partido "de masas" y alternativa al bipartidismo

MADRID.- Las federaciones de IU debatirán a partir del próximo viernes una "transformación profunda" que lleve a la formación a ser un partido de "masas" y una alternativa política al "neoliberalismo bipartidista" que, a su entender, ejercen tanto PP como PSOE en España.

   En un comunicado, IU ha explicado las líneas generales que se debatirán a partir del próximo 14 de diciembre y durante el fin de semana con la celebración de la X Asamblea Federal de la formación, que reunirá a federaciones y militantes del partido.

   Además de los anteriores debates, IU propondrá tambien la organización de "una rebelión democrática" frente a un "golpe de Estado silencioso" que está teniendo lugar en España. En este sentido, este partido buscará "hacer confluir la lucha" de los sindicatos junto con los objetivos de plataformas y colectivos como los del movimiento 15-M.

   Asimismo, también contempla la propuesta de una alternativa económica para los más de cinco millones de personas paradas y ofrecer "una confrontación directa con el capitalismo más salvaje que ha conocido la historia reciente".

   IU considera que se encuentra "frente a una responsabilidad, un compromiso y una oportunidad histórica".

 "En sus más de 26 años de historia pocas asambleas de IU han sido tan trascendentes en relación a una coyuntura de cambios profundos de la sociedad, la política y los espacios políticos en nuestro país", ha señalado.

   La formación ha calificado de "importante paso adelante" la celebración de este encuentro y entiende que es "un claro ejercicio de madurez y de responsabilidad política" el "satisfactorio" cumplimiento por parte de sus militantes y simpatizantes.

Cayo Lara critica que el 80% de la AEAT se dedique a inspeccionar a pymes y autónomos

MADRID.- El coordinador federal de IU, Cayo Lara, critica que el 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria (AEAT) se dedique a inspeccionar las cuentas de pymes y autónomos cuando el 71,7% de la evasión fiscal la realizan multinacionales, y reclama al Gobierno que destine más recursos humanos a la nueva oficina de lucha contra el fraude internacional.

   Según consta en una pregunta parlamentaria, el presidente del grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso no ve "adecuado" que el 80% de la plantilla de la AEAT se dedique a "investigar las irregularidades y fraudes de los autónomos y microempresas, de pequeñas compañías y trabajadores" cuando "el 71,7% de la evasión fiscal se produce en las multinacionales, en las grandes fortunas y grandes corporaciones empresariales".

   Por eso, pregunta al Ejecutivo qué le parecen estas cifras, y también si "considera necesario abordar una reasignación de los recursos humanos de la AEAT para optimizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal".

   En la misma línea, Lara también critica la decisión de asignar 50 empleados de la AEAT a la nueva Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, que se encargará de implementar el acuerdo firmado recientemente con Estados Unidos para mejorar el cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).

   A su juicio, esta cifra --aportada por los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)-- es "claramente insuficiente" para hacer frente a un problema de esta magnitud, por lo que pregunta al Gobierno si una plantilla de esas dimensiones le parece "suficiente" para abordar la lucha contra el fraude internacional.

COAG ratifica su postura ante el acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- El secretario provincial de la organización agraria COAG en Almería, Andrés Góngora, ha defendido este sábado el discurso que dicha entidad mantiene en relación al acuerdo de asociación UE-Marruecos, que, en su opinión, "siempre ha sido el mismo", y, por ello, ha lamentado que al PP "ahora, cuando gobierna en Madrid, no le guste, y en cambio antes, cuando estaba en la oposición, sí simpatizaba con él".

   Góngora ha reaccionado así a las críticas lanzadas a la organización esta semana por el diputado autonómico del PP en Andalucía José Cara, quien culpó a COAG de estar comportándose "más como un apéndice del PSOE que como un defensor de los intereses de los agricultores" después de que dicha entidad anunciase protestas en el caso de que se produjera un comité hispano-marroquí de frutas y hortalizas entre los gobiernos de España y Marruecos.

   El representante de COAG en Almería ha confesado sentirse "sorprendido" por esas palabras, que proceden, según ha apuntado, de una persona a la que "conoce bien" por su condición de alcalde del municipio almeriense de La Mojonera, lo que, en su opinión, le debería servir para "conocer perfectamente a COAG" y saber que esta entidad "ha estado siempre en el mismo sitio, esto es, al lado de los trabajadores", ha subrayado.

   Además, y frente a lo afirmado por Cara, ha negado que la organización pidiese el voto para el PSOE en las últimas elecciones autonómicas. "Ni para el PSOE ni para el PP ni para ninguna formación, porque COAG jamás ha pedido el voto para nadie", ha recalcado Góngora, que considera que el representante 'popular' debería haber "demostrado" esa afirmación.

   En todo caso, y tras señalar que los dirigentes de su organización son "apolíticos" o "de distintas ideologías", el secretario provincial de COAG no ha querido concederle mucha más atención a las referidas palabras del alcalde de La Mojonera, con las que, según ha apostillado, su organización "no se da por aludida", y que "sólo dejan en mal lugar a quien las pronuncia".

   "Cara debería preocuparse de su cargo y no de defender al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete", sostiene Góngora, que lamenta que "el PP almeriense refrendase antes la posición de COAG en relación a la problemática con Marruecos, pero ahora que el partido gobierna en Madrid ya no", ha concluido.

Seguimiento desigual de la segunda jornada de huelga en Paradores andaluces

SEVILLA.- La segunda jornada de huelga en los Paradores de Turismo españoles en contra de los planes de la compañía, que conllevarían expedientes de regulación de empleo (ERE) y cierres de establecimientos, está registrando un seguimiento desigual y menor al de este viernes en los 16 paradores ubicados en Andalucía, según la información que manejan los sindicatos CCOO y UGT, que, no obstante, cifran "entre un 75 y un 80 por ciento" el seguimiento medio de la jornada de paro en el conjunto de la comunidad.

   No obstante, el respaldo ha descendido hasta niveles "del 30 o el 40 por ciento" en el caso del parador de Ayamonte (Huelva), que, con una plantilla de más de 30 trabajadores, es uno de los que podrían ser cerrados según los planes iniciales de la empresa, y ha sido "escaso" en el de Carmona (Sevilla), donde el paro "sólo ha sido secundado por los cinco delegados sindicales" frente al seguimiento "del 75-80 por ciento" del día anterior, según han indicado fuentes de UGT.

   Desde este sindicato han coincidido en apuntar al deseo de evitar la merma económica que conlleva para los trabajadores secundar una huelga --ya que pierden el dinero correspondiente a esa jornada de trabajo-- como causa que explicaría esta bajada del seguimiento, junto al "miedo a posibles represalias" por parte de la empresa.

   Con todo, el secretario general de la Federación de Turismo y Comercio de CCOO-A, Gonzalo Fuentes, se ha mostrado satisfecho por el seguimiento alcanzado también en esta segunda jornada de huelga en contra de los planes de la empresa, a la vez que ha querido destacar que, en algunos casos, los trabajadores "no han secundado el paro por miedo o para no perder dinero, pero sí se han sumado a las concentraciones" que se han desarrollado a las puertas de los distintos establecimientos.

   De esta manera, según sus informaciones, el seguimiento ha sido "un poco más flojo" en paradores de la provincia de Málaga como el de Antequera o el de Gibralfaro, aunque, "en general, la respuesta a la huelga ha sido positiva".

   Además, este dirigente de CCOO-A ha asegurado que "la mayoría" de los eventos que habían sido contratados para este fin de semana en los diferentes paradores andaluces "han sido anulados" como consecuencia de la huelga, ya que "los clientes, quienes los habían reservado, no quieren convivir con conflictos laborales en sus días de descanso".

   Por eso, Fuentes espera que, a raíz de estas protestas, "el Gobierno rectifique sus planes la próxima semana y renuncie a la posibilidad de cerrar paradores", algo que, en su opinión, supondría "un duro golpe" a la economía de los municipios en los que se asientan, en los que ejercen de "motores" de desarrollo. "Carmona no sería Carmona sin su parador", ha puesto como ejemplo.

   Partiendo de esa base, el responsable de Turismo y Comercio de CCOO-A ha animado a los alcaldes de los municipios que resultarían más afectados por los planes de la empresa a presentar mociones en los respectivos ayuntamientos para rechazar estas medidas.

   Con ese mismo fin, el sindicato del que forma parte ha convocado una manifestación para el próximo día 31 de este mes de diciembre en Málaga, una acción que pretende que también se lleve a cabo de forma simultánea el mismo día en el resto de provincias andaluzas.

   Además, Fuentes no ha descartado que antes de la jornada de Nochevieja, para cuando está convocado un nuevo paro en el conjunto de España, pueda celebrarse una nueva huelga, así como una marcha hacia Madrid, actuaciones que, en todo caso, tendrían que ser aprobadas en próximas fechas por el Comité Intercentros, según ha explicado.

   "Los Paradores son rentables y aportan prestigio a España en el extranjero", sostiene el secretario general de Turismo y Comercio de CCOO-A, quien, por ello, considera "contradictorio" que el Gobierno central, que "defiende tanto la 'marca España', consienta estos planes de la empresa, que en último término persiguen la privatización de los Paradores", ya que éstos son "iconos de este país".

 "Lo mejor que podría hacer el Gobierno es ponerse en huelga, porque así se evitarían muchas huelgas", ha señalado Fuentes en este sentido.

   Como se recordará, el plan de viabilidad diseñado por Paradores de España contempla, para el caso de Andalucía, el despido de 118 trabajadores y 50 modificaciones de contratos, así como el cierre del establecimiento de Ayamonte (Huelva) y la reconversión de los paradores de Cazorla (Jaén) y Arcos de la Frontera (Cádiz), que se cerrarían en alguna época del año.

La Junta firmará un contrato-programa con RTVA para garantizar su viabilidad los próximos tres años

SEVILLA.- La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha anunciado que este mes firmará un contrato-programa con la Dirección de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) para garantizar la viabilidad de la cadena autonómica en los próximos tres años (2013-2015).

    Díaz ha explicado que dicho contrato-programa, la primera vez que se hace en Andalucía y que viene a cumplir con la Carta de Servicios Públicos aprobada por el Parlamento, supondrá "garantizar el servicio público en su conjunto", tanto en lo que respecta a la calidad del mismo como al mantenimiento de los puestos de trabajo.

   "Esto es radicalmente opuesto a lo que está pasando en las televisiones autonómicas de las comunidades gobernadas por el PP", según ha expresado la consejera, quien ha denunciado el interés del Partido Popular por "especular con las televisiones autonómicas".

   Se ha mostrado convencida de que si el PP-A gobernara en esta comunidad haría lo mismo que en esos territorios.

   "Nosotros tenemos, sin duda, una hoja de ruta distinta para la RTVA, que queremos que siga siendo una televisión pública, con público", ha precisado la consejera, quien ha puesto en valor el trabajo serio y riguroso que se ha desarrollado dentro de la propia cadena autonómica para garantizar la viabilidad de la misma.

   Se ha referido, por ejemplo, al esfuerzo de la dirección general de la RTVA para acometer una importante reducción del presupuesto del ente en el próximo ejercicio, preservando en todo momento la calidad del servicio público.

   Ha querido dejar claro que los socialistas conciben la RTVA "como un servicio público que se tiene que proteger, en unos momentos en que los medios de comunicación están en una situación de extrema debilidad".

   Díaz ha señalado que el PP-A solo quiere "desacreditar" a la RTVA, pero va a tener enfrente a un Gobierno andaluz que tiene claro que le va a dar estabilidad a la cadena autonómica "porque es un servicio público necesario para vertebrar esta comunidad".

La Junta dice que la "ralentización" de la declaración de varios BIC se debe a la "acumulación de solicitudes"

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha manifestado que la declaración como Bienes de Interés Cultural de varios espacios y monumentos de la provincia, cuyos expedientes se incoaron entre 1982 y 1993, se ha visto "ralentizada" a causa "de la acumulación de solicitudes e iniciativas planteadas desde diversos sectores sociales" ante el "deseable y creciente nivel de valoración" que la sociedad hace de su patrimonio. 

   Así consta en la respuesta parlamentaria en la que el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, señala el estado de algunos expedientes como el de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Abla, incoado en 1982 y que está "en fase de finalización" de su tramitación administrativa, por lo que se espera que "sea resuelto en breve plazo" por el Consejo de Gobierno de la Junta.

   La respuesta, motivada por las preguntas del diputado autonómico del PP Jesús Gázquez, indica además que la finalización de los expedientes de las zonas arqueológicas de Cíavieja, en El Ejido, y Cerro de Monte Cristo, de Adra, ha constituido "una prioridad en la política pública de protección del patrimonio histórico de Andalucía".

   Con esto, señala que gran parte de ambos yacimientos posee titularidad pública y cuentan con protección como suelo no urbanizable por legislación sectorial, mientras que, por otra parte, los efectos legales de tutela, derivados de la incoación de ambos yacimientos y que garantizan la protección plena de los mismos "constituyen las causas fundamentales de esta demora".

   No obstante, asegura que actualmente los técnicos de la Delegación Territorial de Cultura en Almería "están estudiando la última documentación técnica redactada de acuerdo con los hallazgos descubiertos en las últimas intervenciones, con el fin de concluir la tramitación administrativa de ambas zonas arqueológicas lo antes posible".

   Sobre la Casa Fuentes de Carboneras --cuyo expediente se incoó en 1989-- manifiesta que tras la publicación de la Ley 14/2007 se ha procedido a la revisión de los expedientes de protección que se encontraban iniciados en ese momento, con el fin de adaptarlos a la nueva legislación vigente. Tras evaluar los valores patrimoniales actuales del edificio "se ha considerado que, en estos momentos, el nivel más adecuado de protección para este inmueble es la inscripción como bien de catalogación general del patrimonio histórico andaluz".

   En cuanto a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Vélez Rubio, "ya cuenta con la correspondiente documentación técnica, donde han quedado reflejados sus valores patrimoniales y se ha delimitado el entorno de protección del citado bien". Así, tras evaluar dichos valores patrimoniales "se ha considerado que el nivel más adecuado de protección para este inmueble es la inscripción como bien de catalogación general del patrimonio histórico andaluz".

   En relación a los expedientes de declaración de BIC del El Cerrillo, de Chercos, y la Alcazaba de Villavieja, de Berja, la Consejería apunta que no se han resuelto porque, en el primer caso, en la delimitación propuesta inicialmente para declarar el yacimiento "existe una cantera legalmente autorizada, siendo necesario rehacer el expediente para compatibilizar este ámbito con el resto del yacimiento"; mientras que en el segundo caso, "la fortificación está ya protegida y es Bien de Interés Cultural, por lo que se está delimitando el bien y su entorno, con el fin de adaptarlos a la nueva legislación vigente".

El PSOE pide a la Fiscalía la reapertura de diligencias contra Amat (PP) por el caso del Teatro 'Auditorio'

ALMERÍA.-   El PSOE de Almería ha pedido al Ministerio Fiscal que solicite al Juzgado de Instrucción nº3 de Roquetas de Mar la reapertura de las diligencias contra el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat (PP), con el fin de esclarecer si existen responsabilidades penales después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara la aprobación del proyecto de ampliación y de terminación del Teatro 'Auditorio', así como la modificación del contrato de obra, al considerar que no son ajustadas a derecho. 

   El escrito, rubricado por el secretario provincial del PSOE de Almería y diputado autonómico, José Luis Sánchez Teruel, y el secretario provincial de Organización y senador, Juan Carlos Pérez Navas, solicita que se retome la querella que se interpuso por dicha causa y que se archivó ya que, previamente, se había interpuesto un recurso contencioso-administrativo.

   Así, los querellantes indican en el documento, cuyo contenido adelanta este viernes el diario 'El País', que "ya no existe probabilidad de que pueda darse duplicidad de procedimientos o sentencias contradictoras", dado que la sentencia del TSJA, en la que se subraya que el Consistorio debió resolver el contrato con la UTE integrada por 'Hispano Almería SA', 'Gea 21 SA' y 'Rochina SA' ya que la variación contractual producida, que supuso un aumento casi del 120 por ciento en el precio inicial de la obra; es firme.

   El fallo del Alto Tribunal expone que el Consistorio menoscabó el principio de publicidad y concurrencia de la licitación. En concreto, recoge que el Ayuntamiento adjudicó en el año 2000 la obra por un precio de 7.063.094,25 euros y que, en diciembre de 2003, se aprobó un presupuesto complementario y de terminación por importe de 8.408.159,34 euros.

   Según se detalla en la sentencia, de la que es ponente la magistrada Beatriz Galindo y dictada el pasado día 2, la dirección de la obra presentó el citado proyecto y lo justificó en "algunos condicionantes desconocidos" al redactar el proyecto inicial tales como las características  físico-geológicas del terreno; la ampliación de aforo solicitada por el ayuntamiento; la inclusión de nuevos materiales de mayor calidad; mobiliario, útiles y equipos necesarios para la puesta en uso del edificio; centro de transformación y grupo electrógeno; local de climatización y aljibe, iluminación artística y ornamental exterior del edificio; vallado; acerado y jardinería perimetral, así como la línea de media tensión.

   La modificación fue informada favorablemente por el técnico municipal pero contó con el informe desfavorable del secretario municipal y del interventor, quien "puso de manifiesto que la diferencia entre el importe de la modificación y el crédito disponible era superior al gasto autorizado".

   En esta línea, ambos subrayaron la "necesidad" de un acuerdo de pleno para autorizar la modificación de gasto y "justificar la improcedencia de la convocatoria de una nueva licitación", así como de un dictamen de la comisión especial de cuentas al superar el contrato los seis millones de euros y de dictamen del Consejo Consultivo, un extremo con el que se muestra de acuerdo la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo.

   Recoge, asimismo, que las obras fueron ejecutadas antes de la aprobación de la modificación del contrato y que, por tanto, se hallaban finalizadas al momento del dictado del acto administrativo que se impugna, por lo que, a juicio del TSJA, "han de entenderse incumplidos todos los trámites previos necesarios a la ejecución de las obras hasta obtener la aprobación del proyecto ampliatorio".

   El Alto Tribunal extrae también como consecuencia de los datos expuestos que no se cumplieron los trámites exigibles para la modificación aprobada y alude al artículo 136 del Reglamento General de Contratación y a la cláusula tercera del pliego de contratación.

   A esto añade que la modificación no se justificó, "lo que constituye una grave infracción procedimental" y rechaza que obedeciera a razones de interés público como alegó el Consistorio. En atención a lo expuesto, el fallo considera "claro" que concurría causa de resolución contractual y que la variación contractual producida era tal que alteró "la esencia cuantitativa y cualitativa del contrato al incrementarse el precio inicial en casi el 120 por ciento, resultado menoscabado --ahonda-- el principio de publicidad y concurrencia".

Carmen Crespo cree que el nuevo mapa de desahucios permitirá "evitar más casos" con respecto a los actuales

EL EJIDO.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha valorado este viernes la estadística trimestral introducida por el Gobierno en el Plan Estadístico 2013-2016 para contabilizar los desahucios en España, ya que, permitirá "evitar más casos" con respecto a los que se suceden en la actualidad, una medida que se suma a la reforma de la Ley Hipotecaria a fin de "retrasar" posibles lanzamientos. 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de El Ejido, Crespo se ha referido a esta medida aprobada este viernes en Consejo de Ministros con la que se "va a ayudar a muchas familias" una vez se obtenga la información que se contabilizará mediante la nueva estadística.

   "Hay que estudiar donde están, qué tipo de desahucio es y cuál es su situación", ha dicho la delegada del Gobierno en Andalucía, quien ha considerado que con este mapa se podrá actuar "de forma más concreta", por lo que desde la Comunidad autonómica "se trabajará" en su elaboración.

   Durante su visita, Crespo ha abordado con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), otros asuntos como el impacto del incumplimiento del acuerdo de asociación agrícola UE-Marruecos, de manera que ha recordado que el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, solicitó en Bruselas el cumplimiento y control sobre el citado acuerdo, especialmente sobre los precios y los contingentes procedentes del país alauíta.

   Así, la delegada ha descartado que esté previsto algún tipo de "concesión adicional" a Marruecos tras las protestas de algunas organizaciones agrarias como COAG, quien sospecha que durante este mes se celebrará un comité hispano-marroquí entre los dos gobiernos para abordar condiciones de mercado. Crespo ha subrayado la importancia de hacer cumplir el acuerdo vigente para evitar la caída de precios de los productos españoles y, en cualquier caso, ha asegurado que las protestas del Gobierno "no han caído en saco roto".

   Por otra parte, la representante del Ejecutivo en Andalucía ha valorado nuevamente las protestas de los alcaldes 'populares' del litoral como el ejidense en cuanto al último decreto ley sobre medidas de protección de la costa aprobado por la Junta, y ha señalado que el Gobierno andaluz tiene que "escuchar" tanto al Gobierno como a los ediles para "estudiar mejor" dicha norma y evitar trasladar "contraposiciones" entre administraciones a la ciudadanía.

El alcalde de El Ejido afirma que seguirá dando órdenes de demolición de chabolas aunque no las ejecute

EL EJIDO.- El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP), ha asegurado este viernes que el Consistorio va a seguir otorgando órdenes que permitan la demolición de chabolas en el municipio aunque, por parte del Ayuntamiento, no se van a ejecutar en virtud del acuerdo alcanzado con otras administraciones locales, colectivos sociales, Junta de Andalucía y Subdelegación de Gobierno en la reunión que mantuvieron a principios de octubre para tratar de erradicar el problema de la infravivienda. 

   En declaraciones a los periodistas tras recibir a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, el regidor ha señalado que ya anunció "de forma muy clara" en el encuentro que el Consistorio ejidense no iba "a paralizar el trabajo que estamos haciendo" aunque "no se va a demoler por parte del Ayuntamiento ninguna chabola ocupada".

   Así, ha explicado que la aprobación en junta de gobierno, posterior a la reunión, se aprobó la demolición de 18 infravivienda ubicadas en el paraje de Tierras de Almería, pero que dichos permisos "están enmarcados en un procedimiento legal que terminará en meses con una autorización de entrada" de forma que es en el transcurso de esos meses donde "la Consejería competente debería hacer su trabajo y decir quiénes son las personas que tienen derecho a un realojo con los medios que tienen a su alcance".

   El primer edil ejidense ha afirmado que por su parte se ha cumplido "fielmente" los compromisos adoptados durante el encuentro, de forma que el pasado 9 de octubre se remitió a la Junta los datos relativos a los asentamientos del municipio, que señalan la existencia de 149 chabolas donde habitan 199 personas, de las que el 70% son ciudadanos sin estancia regulada, mientras que el resto "parece ser que se encuentran sin trabajo".

   "Todos estuvimos de acuerdo en que las administraciones con competencias tienen que involucrarse en este asunto y poner todos los medios a su alcance para ver si es posible el realojo y qué personas", ha dicho Góngora antes de puntualizar que, hasta el momento, no ha recibido noticias por parte de la delegada de la Junta en Almería, Sonia Ferrer, ni de la delegada territorial de Fomento, Encarna Caparrós.

   El alcalde 'popular' añade además que los datos aportados por la administración local tienen que manejarse por parte de la Junta de cara a su plan de vivienda, al que el Gobierno central destina 124 millones de euros, según ha recordado. "Ese estudio no me consta que se haya hecho por parte de la Delegación de Gobierno de la Junta", ha apostillado.

   Góngora ha reconocido asimismo que ha recibido una llamada de Ferrer ante la petición de un colectivo social para organizar una nueva reunión a la que no se opone pese a que, considera, que debería ser la representante del Ejecutivo andaluz en Almería la que "explicara a esos colectivos sociales quiénes van a tener derecho a realojo, quiénes tienen condiciones económicas para acceder y cuáles son las circunstancias del Plan de Vivienda de la Junta para que se pueda producir los realojos, en los supuestos que consideren necesarios y oportunos".

   En este sentido, ha manifestado que "también hay que contemplar la situación general" y "no solo a las personas que habitan en esas chabolas" ya que hay familias que "tienen que afrontar muchas dificultades para poder mantenerlas".

Los trabajadores del Ayuntamiento de Almería suspenden sus protestas ante nuevas negociaciones del convenio colectivo

ALMERÍA.- Los sindicatos CSIF, UEMA, CCOO, UGT y Uplba y el Ayuntamiento del Almería han decidido retomar las negociaciones del convenio colectivo de los empleados municipales, de forma que los trabajadores municipales han anunciado que suspenden las movilizaciones previstas para la próxima semana, hasta la resolución del encuentro con el Consistorio.

   Según informan los sindicatos, la reunión está prevista para el próximo día 13. El equipo de gobierno se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores tras la concentración llevada a cabo en la Plaza Vieja a fin de negociar todos los aspectos que comprenden el documento laboral.

   Conforme a ello, los sindicatos se muestran "satisfechos y consideran "positiva" la actitud del Ayuntamiento de acercar posturas con los trabajadores municipales. Con todo, las organizaciones están "expectantes y contenidas" hasta conocer "en profundidad" todo lo planteado en la mesa de negociación, por lo que anuncian que se suspende el calendario de movilizaciones establecido.

Crespo dice que el Gobierno "ya está dando cantidades" económicas a Andalucía "independientemente" de la amnistía fiscal

El EJIDO.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha indicado este viernes que el Gobierno "ya está dando cantidades" económicas al Gobierno autonómico andaluz "independientemente de que vengan de la mal llamada amnistía fiscal o no" a través de otras medidas, entre las que ha destacado el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). 

   Así se ha pronunciado ante los periodistas en su visita a El Ejido este viernes después de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, afirmara que ha encargado un informe jurídico para determinar si la Junta puede reclamar parte de los fondos recaudados por el Estado con la amnistía fiscal.

   "Todo es posible", ha considerado Crespo, quien ha remarcado que el Gobierno "cumple" con Andalucía y que el FLA cuenta con un nuevo periodo de apertura para el próximo año en caso de que la Comunidad precise de una "posibilidad adicional" para conseguir fondos, "vengan o no de la recaudación" aflorada por la amnistía fiscal.

La Junta de Andalucía insta a la Iglesia a cumplir la Ley de Patrimonio

SEVILLA.- El consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, y el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, han mantenido este viernes una reunión que el titular de Cultura ha calificado de "satisfactoria" y en el marco de la cual se ha tomado la decisión de "adecuar a los nuevos tiempos y reactivar" la comisión mixta, creada en 1986 para analizar las propuestas de restauración y consolidación y de inversión en el patrimonio eclesiástico, que funcionará "antes de finales de enero", aunque se trabajará "paulatinamente" en la misma desde este lunes.

   En rueda de prensa en Sevilla, Alonso ha explicado que en dicha reunión ha quedado claro una idea, y es que ambas instituciones "quieren formar parte de la solución de los problemas, y no quedarse en ellos". Por tanto, ese espacio de diálogo que "puse encima de la mesa en el Parlamento ha sido acogida con buena intención y respuesta por parte de la Iglesia en Andalucía".

   Así, Alonso afirma que lo primero que ha señalado a Asenjo es el "extraordinario" compromiso de la Junta desde 1997 hasta hoy por "conservar y mantener" el patrimonio eclesiástico "para el uso y disfrute de los andaluces". De este manera, ha informado que desde 1997 a 2001 "se han invertido 23.792.277 euros" y desde 2002 a 2011 "70.000.117 euros". Además, la Junta ha intervenido "en 387 bienes muebles titularidad de la Iglesia católica, en 162 muebles catalogados Bien de Interés Cultura (BIC), y en 225 no catalogados BIC pero de gran valor patrimonial".

   "Esta ha sido la formulación que le he hecho a Monseñor Asenjo, las mismas que ya hice en el Parlamento", que los muebles que declarados BIC y que son titularidad de la Iglesia católica "se acogen a la Ley de Patrimonio --aprobada en 2007-- y que obliga a abrir los bienes BIC durante cuatro días al mes para uso y disfrute de los ciudadanos". Por tanto, el principio de legalidad "al que todos tenemos que someternos, debe cumplirse porque la Ley no es discutible y todos tenemos la obligación de hacerla nuestra".

   El segundo tema planteado en este encuentro, ha indica Alonso, es el que se refiere a bienes no BIC pero de gran valor patrimonial como la Iglesia de Santo Domingo en Granada, la de San Sebastián en Antequera o la torre de la Iglesia de San Juan en Écija, patrimonio en el que la Junta "ha invertido a través de los presupuestos", por lo que "le he pedido el principio de reciprocidad", es decir, que "al menos un par de días al mes con fecha y horario fijos puedan ser disfrutado también por los andaluces".

   Además, ambos representantes han hablado sobre el tema de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, un edificio declarado BIC y que, por tanto, "tiene que cumplir el principio de legalidad", y "también le he trasladado que parece poco afortunada la decisión de compartir el cobro entre una empresa turística y la Iglesia para visitarla, en tanto en cuanto la Consejería la restauró íntegramente invirtiendo seis millones de euros". Por ello, y ante la Asamblea de los Obispos que se celebrará en torno al 20 de enero, "le he pedido que los andaluces que han restaurado estos bienes a través de los presupuestos de la comunidad, no tengan que contribuir económicamente".

   Ante todo ello, "hemos llegado al acuerdo de adecuar a los nuevos tiempos la comisión mixta Junta e Iglesia", ya que cuando se puso en marcha "aún no se había aprobado la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía --de 2007--, ni siquiera la segunda reforma del Estatuto de Autonomía", y además se ha acordado "reactivarla" para que "regularmente esa comisión empiece a trabajar, no solo teniendo en cuenta cuál era la inversión de la Junta en estos bienes, sino también tener en cuenta la apertura al público gratuita o el cumplimiento de los horarios".

   En este sentido, Alonso ha recordado que esta comisión "lleva años sin reunirse" y con su reactivación "quiere abrir un espacio nuevo". Sobre la periodicidad de las reuniones, el consejero ha manifestado que "probablemente en los primeros tiempo deban acentuarse las reuniones, y luego se harán periódicamente".

Un patrullero de la Armada expulsa del mar de Alborán a un 'cazatesoros' de EEUU

MADRID.- El patrullero 'Infanta Cristina' de la Armada expulsó ayer jueves de aguas nacionales en el mar de Alborán a un buque comercial que supuestamente se encontraba realizando sondeos con el objeto de localizar navíos hundidos.

   Según ha informado hoy la Armada en un comunicado, desde el pasado mes de octubre se estaba investigando la actividad de un buque con bandera panameña, propiedad de una empresa estadounidense, con el objetivo de saber si estaba relacionada con exploración, investigación o localización de patrimonio cultural subacuático en la plataforma continental española.

   El buque investigado realizaba la mayor parte de sus trabajos entre 25 y 30 millas de la costa malagueña, zona de aguas internacionales, pero perteneciente a la plataforma continental española.

   Esta misma zona ya fue inspeccionada hace años por la empresa 'cazatesoros' Odyssey, que afirmaba buscar un pecio británico. En 2012, Odyssey fue condenada por un tribunal norteamericano a devolver a España el tesoro de la fragata hundida 'Nuestra Señora de las Mercedes'. Según han informado fuentes de la Armada, la empresa que está detrás del buque de bandera panameña no es Odyssey.

   Finalmente, el patrullero de la Armada llevó a cabo una inspección al barco comercial, con la conformidad de su capitán, con el fin de corroborar que no estaba realizando actividades ilícitas.

   Durante el registro, los militares españoles comprobaron que el buque contaba con material técnico especializado para la búsqueda de pecios, tales como un sónar de barrido lateral y un sondador monohaz. El capitán del barco confirmó de hecho que ésa era la tarea que estaban realizando.

   Tras el registro y el interrogatorio, el 'Infanta Cristina' les remitió una carta invitándoles a cesar su actividad en virtud del artículo 77 de la Convención de Naciones Unidas sobre la Ley en la Mar (conocida como Ley del Mar) y el artículo 10.2. de la Convención de Naciones Unidas sobre Protección del Patrimonio. Debido a esto, el barco comercial abandona la zona.

Los autobuses de línea podrán pedir una subida extraordinaria del billete

MADRID.- Las empresas de autobuses que prestan servicios regulares de transporte público de viajeros por carretera podrán solicitar "de forma individual" al Ministerio de Fomento realizar una subida extraordinaria del precio del billete en caso de que la línea que explotan en concesión presente un desequilibrio económico.

   Así lo recoge el anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) aprobado este viernes en Consejo de Ministros, y que ahora emprende su tramitación parlamentaria.

   Con la modificación de esta Ley, el Ejecutivo busca optimizar la competitividad y la eficiencia del sector y sus empresas, mejorar el servicio público de transporte e introducir una mayor transparencia y control, según destacó la ministra de Fomento, Ana Pastor, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

   En la misma línea, Pastor garantizó que no se traducirá en un aumento del precio de los billetes de los autobuses de línea el canon anual que, en virtud de esta nueva Ley, Fomento cobrará a las empresas de autobuses que las explotan. Según aseguró, la Administración seguirá fijando las tarifas máximas.

   "El establecimiento de un canon no subirá el precio del billete, pero aumentará la eficiencia del servicio, dado que se buscará aumentar el volumen de recaudación de recursos", argumentó la ministra.

   El cobro de este canon se introducirá así en las 47 concesiones de transporte de viajeros por carretera que Fomento calcula se renovarán en 2013, casi la mitad del total de 101 que actualmente mantiene. Con estos servicios se atienden a 3.330 poblaciones y se transportan 36 millones de viajeros al año.

   Según explicó la ministra, serán las empresas las que indiquen el canon a pagar en las ofertas que presenten para hacerse con la concesión, de forma que será "un elemento determinante para su adjudicación".

   Pastor defendió el sistema de explotación de líneas de transporte de viajeros en autobús en régimen de concesión, al asegurar que, además de no requerir subvención pública alguna, garantiza la cohesión territorial, la capilaridad y la accesibilidad y movilidad de los ciudadanos, "todo ellos a un precio muy competitivo".

   Entre el resto de novedades que introduce la nueva LOTT en cuanto a las concesiones de líneas regulares destaca la limitación de los plazos de concesión a un máximo de diez años, frente hasta noventa que se alargaban algunos casos actualmente.

   También sobresale la posibilidad de realizar transportes combinados, por ejemplo de trabajadores y escolares. Además, obliga a los concesionarios a inscribir los contratos en el registro para así mejorar su transparencia.

   En cuanto a los servicios de transporte de viajeros en autobús que no sean concesiones administrativas, se suprime la tarifa mínima del servicio que hasta ahora fijaba el Gobierno.

   En virtud de esta modificación de la LOTT, se reducen también las cargas administrativas para las empresas del sector, de forma que permite obtener una licencia (que será única para todos los servicios) en una hora, se refuerza el marco legal para impedir el intrusismo y se amplían las posibilidades de recurrir a las juntas arbitrales para solventar conflictos.

   En materia de sanciones, se podrá reducir en un 30% la cuantía de las mismas por pronto pago, al igual que ocurre con las multas de tráfico.

   El sector del transporte por carretera está integrado por 3.625 empresas, en cuanto a tráfico de viajeros se refiere, que suman 42.000 vehículos. El subsector de transporte de mercancías lo conforman 104.500 empresas y medio millón de vehículos. Se trata de un sector "muy atomizado", dado que más de la mitad (el 53%) de las empresas tienen un sólo vehículo.

Los despidos de los tres periodistas de la ACL Radio de la Diputación fueron improcedentes

ALMERÍA.- Diferentes sentencias de juzgados de lo Social de Almería, han dado la razón, en sus demandas contra la Diputación Provincial de Almería, a los tres periodistas despedidos de la Agencia de Comunicación Local (ACL Radio), en el mes de diciembre de 2011. La Diputación había realizado despidos por causas objetivas organizativas y el Juzgado he declarado la improcedencia de los despidos.

El fallo, aparte de reconocer la improcedencia del despido, condena a la Diputación a readmitir o indemnizar como despido improcedente, en lugar de indemnizar por despido objetivo. La Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), como ha comunicado a dos de los periodistas que son miembros del colectivo, muestra su satisfacción por estas sentencias que dan la razón a los tres despedidos.

 

Aparte, la sentencia, reconoce como antigüedad la primitiva en ACL Radio, contrariamente a lo que propugnaba la Diputación de que era la de la fecha de transformación de la ACL en Organismo Autónomo Agencia de Comunicación Local, en el año 2006.

La Diputación, ante la sentencia, ha optado por la indemnización, por lo que habrá de pagar la diferencia de ésta, entre la calculada por despido objetivo a razón de 20 días de salario por año de servicio y la correspondiente a despido improcedente con 45 días, así como hacer el cómputo desde la fecha de antigüedad primitiva en ACL. También debe pagar salarios de tramitación de unos 300 días, que son los transcurridos aproximadamente entre la fecha del despido y la de notificación de la sentencia, con las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.

En uno de los despedidos, el periodista es delegado de personal y es a él a quien corresponde el derecho de opción, no a la empresa.

El Gobierno insiste en que tomará medidas contra las comunidades que no cumplan con el déficit

MADRID.- El Ministerio de Hacienda publicará la próxima semana el avance de cumplimiento de los planes económico-financieros de reequilibrio de las comunidades autónomas, aprobado a principios de año con el objetivo de reducir su déficit al 1,5%, si bien el Gobierno da por hecho que no todas las regiones cumplirán, como alguna ya ha admitido, e insiste en que hará cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que le habilita a tomar medidas.

Así lo ha reconocido el propio ministro Cristóbal Montoro en una conversación informal con periodistas durante el acto de conmemoración del Día de la Constitución en el Senado, donde ha subrayado que estos avances de ejecución "darán pistas" de qué comunidades podrán llegar al objetivo de déficit y cuáles no.

De hecho, Cataluña y Andalucía ya han avanzado que no serán capaces de reducir el desequilibrio hasta el 1,5%, aunque el Gobierno no descarta que también haya comunidades gobernadas por el PP que acaben en esta situación.

No obstante, el ministro de Hacienda confía en que pese a ello el Estado sí cumplirá el objetivo general del 6,3% de déficit, y que la Seguridad Social acabará en equilibrio presupuestario este ejercicio.

Tras la publicación de la próxima semana, no se conocerán nuevos datos de déficit autonómico hasta marzo, cuando el Ejecutivo notificará a la Unión Europea el déficit definitivo del ejercicio 2012 y el avance de 2013.

A las comunidades autónomas que no alcancen los hitos de reducción marcados se les aplicará la Ley de Estabilidad, que prevé sanciones e incluso la intervención por parte del Estado para embridar las cuentas públicas. En cualquier caso, Montoro ha recordado que las medidas que finalmente se puedan adoptar dependerán de la desviación que se registre y también de lo que marca la ley.

Finalmente, el ministro ha subrayado que la CE ha reconocido los esfuerzo realizados por España para equilibrar sus cuentas, y ha señalado que a partir de ahora hay que estar "atentos a la senda que nos marque Bruselas" en materia de déficit, que tras el ajuste de este año tendrá que ser reducido en casi dos puntos en 2013 hasta el 4,5% del PIB a no ser que los socios acepten flexibilizar el objetivo.

Los políticos españoles son recibidos al grito de "chorizos" y "mentirosos" al acudir al acto de la Constitución

MADRID.- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los demás políticos que han acudido a la recepción que tiene lugar en el Senado por el Día de la Constitución han sido recibidos al grito de "chorizos" y "mentirosos" por el poco más de medio centenar de personas que se han concentrado en la Plaza de la Marina Española.

   Pasadas las once y media de la mañana sólo una señora ataviada con un silbato hacía patente su malestar con la clase política llamando "ladrón" a todo el que entraba la Cámara Alta, con la sola excepción del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al que alabó por haber sido "el mejor ministro de Trabajo que ha tenido España".

   La única increpada que contestó a sus insultos fue la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, quien, desde el otro lado de la acera, replicaba con un reiterado "no" a los adjetivos que le dedicaba la ciudadana indignada.

   A media que se acercaban las doce del mediodía, un grupo de trabajadores de Telemadrid protagonizó la protesta. "No a los despidos en Telemadrid", "Sí a los despidos de los directivos" o "Queremos informar no manipular", fueron las consignas que corearon cada vez que un invitado pasaba a su lado.

   "Telemadrid pública y social", fue la reclamación que hicieron a gritos cuando se bajó del coche oficial el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien recibió aislados aplausos y también tuvo que aguantar que le llamaran "mentiroso".

   Minutos antes, cuando Pérez Rubalcaba pasó andando por delante de los concentrados, uno de ellos le tildó de "cabrón", otro le reprochó haber "arruinado" al país y sólo uno le aplaudió. También en este caso se oyeron varios "chorizos".  

   Los concentrados, que no llevaban carteles, salvo una señora que sostenía un folio en el que podía leerse "Viva España", también llamaron "mentirosos" a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.