martes, 26 de junio de 2018

'Ryanair' afronta un parón salvaje a finales de julio que afectará a 115.000 pasajeros españoles al día


MADRID.- Ryanair está a punto de empezar su verano más convulso. Alrededor 5.000 tripulantes de cabina (TCP) de la mayor aerolínea europea paralizarán sus vuelos en el ecuador del estío si la compañía irlandesa no se decide finalmente a reconocer a sus sindicatos, avanza El Mundo. 

De uno a tres días puede durar este parón de actividad que sólo en España afectaría a 115.000 pasajeros al día, a razón de al menos seis vuelos diarios con una media de 190 pasajeros para la flota de casi 100 aeronaves que Ryanair basa en nuestro país. En España, previsiblemente, unos 1.800 TCP la secundarán.
Sin embargo, el conflicto no se circunscribirá a España; alcanzará a varios países. 
En una acción sincronizada, Bélgica, Portugal y previsiblemente Alemania y Holanda se sumarán a los TCP españoles en esta más que probable convocatoria en defensa de su derecho a contar con sindicatos en las condiciones en que los ampara la legalidad vigente en sus respectivos Estados. 
Italia, pendiente de una cuestión jurídica debida a un preacuerdo firmado, espera poder aunar sus fuerzas. Mientras el Reino Unido, donde el personal de Ryanair alcanzó un acuerdo hace unas semanas, gracias a que sus contratos sí eran conformes a la legislación británica, se sumará con acciones de apoyo.
El anuncio de huelga, que puede abocar a la legalidad laboral más estricta a la única gran aerolínea que se mantenía al margen en Europa, se producirá en Dublín -sede principal de la compañía- vencido el plazo de este sábado, 30 de junio, para alcanzar un acuerdo. 
Son los días 3 y 4 de julio, cuando los representantes unilaterales de los tripulantes de cabina de la low cost en los distintos países europeos se han dado cita para anunciar medidas.
Según ha podido saber El Mundo, la huelga se ha planeado con un preaviso más amplio que el legalmente obligado, por lo que coincidirá con fechas en el apogeo anual de la actividad aérea.Es decir, que la compañía, que cuenta con 39 bases en Europa, se puede ver paralizada en los últimos días de julio y/o los primeros de agosto.
Ambas partes, hablarán así, a partir de la semana que viene con una huelga sobre la mesa.
Para los representantes sindicales en España, la compañía insiste en mantener determinados aspectos que no se ajustan a la legislación. Entre ellos estarían no reconocer el derecho a la acción sindical que comprende que en las reuniones entren representantes de los trabajadores que no son sólo empleados directos de Ryanair, es decir, de los contratados por las reclutadoras de la aerolínea, Crewlink y Workforce, a cuyo nombre están dos tercios de los contratos. O no estar aún dispuesta a aceptar que los futuros delegados sindicales deben tener tiempo para trabajar en su labor sindical.

Cómo se gestó

La entrada de los sindicatos en Ryanair está siendo un proceso largo pero que se ha precipitado en el último año. Hace sólo seis meses que la irlandesa comunicó su decisión de reconocer a los sindicatos de sus pilotos, que aún siguen en su lucha por lograr derechos laborales mediante una negociación sindical.
Pero la mecha de este conflicto la encidieron los TCP españoles. Fue el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Líneas Aéreas (Sitcpla) quien les abrió camino. En 2009 Sitcpla asistía ya «a un pequeño número de empleados», a los que apoyó a título individual» al defenderlos por «aspectos disciplinarios de Ryanair», dice el portavoz del sindicato, Antonio Escobar. La experiencia fue buena, «mantuvieron su puesto de trabajo», explica.
En 2017 «viene ya un nutrido grupo que quiere que Ryanair comience a evolucionar hacia el siglo XXI», cuenta Escobar, y deciden, a finales del pasado julio, hacer una hoja de ruta con ocho puntos. Constitutir una sección sindical; lograr afiliación masiva; hacer asambleas; convocar elecciones para elegir a sus representantes; notificar la constitución de la sección a la Administración, vía Dirección General de Empleo, y también a Fomento y las diferentes instancias autonómicas relacionadas con la materia. 
Y, sobre todo, notificar a Ryanair la existencia de la nueva sección constituida legalmente y pedir su reconocimiento como tal, algo que se produjo el 6 de octubre.
A partir de ahí se lanzan a denunciar con una carta pública «los seis incumplimientos más groseros en materia laboral y de seguridad social que Ryanair hacía en España», recuerda el portavoz. Pero en el lapso de julio a octubre una sentencia crucial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló que el personal de vuelo de Ryanair tuviera derecho a acudir a los tribunales laborales de cada país donde tiene sus bases.
Además se tocaron palos en el plano jurídico contratando a dos despachos de abogados externos sólo para temas de Ryanair y el sindicato visitó sus 13 bases en España para canalizar las demandas de derechos por áreas temáticas y de forma grupal. 
Poco después presentaba ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo sus reclamaciones y ésta les pedía un dosier que entregaban a finales de enero de 2018, con unas 300 páginas.
«Paralelamente hubo conversaciones oficiales» hasta que la sección en Sitcpla se plantó tras las seis sanciones de Ryanair a empleados españoles que rechazaron trabajar en vuelos de la compañía en Portugal justo cuando los TCP vecinos estaban en huelga el pasado abril. Sí continuaron las charlas oficiosas, sin fruto.
Ahora «están hechos a la idea de que tendrán que aplicar la legislación española, adelanta Escobar. Lo demuestra que «Ryanair ya tiene un despacho de abogados en España; hace un año era inconcebible». 
Aún así «habrá huelga porque en la dirección de Ryanair quedan personas enrocadas como el consejero delegado Michael O'Leary o el responsable de recursos humanos, Eddie Wilson». 
 La junta de accionistas del 18 de julio será clave en este aspecto. 
«Los accionistas tendrán que tomar decisiones de orden mercantil». Y «la primera consecuencia de una huelga es que bajan las reservas, pero luego lo hacen las acciones», señala Escobar.
Ryanair declinó hacer comentarios ante la consulta de El Mundo. «No hacemos comentarios sobre las negociaciones con nuestra gente», remarcó un portavoz.

Las tasaciones de viviendas para hipotecas suben un 8,4% hasta marzo

MADRID.- El número de tasaciones de viviendas con fines hipotecarios se incrementó un 8,44% en el primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2017, según la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

El total de las tasaciones efectuadas entre enero y marzo por las 24 sociedades que constituyen la AEV fue de 284.429 valoraciones completas efectuadas, lo que supone un descenso del 5%.

La patronal explica esta caída, la primera en cuatro años, por el número de valoraciones ligadas a requerimientos contables de las entidades financieras, que estima cercano al 17%, debido a la "venta masiva" de carteras de activos inmobiliarios "que se está produciendo" en los últimos meses.

Las entidades financieras, según AEV, están sacando estos inmuebles de los balances bancarios y eliminan así la obligatoriedad de seguir tasándolos periódicamente.

AEV destaca en una nota que, por primera vez desde el inicio de la recuperación, ha descendido el número de tasaciones con fines hipotecarios de edificios en proyecto durante el primer trimestre.

En concreto, cifra este descenso en casi 700 unidades con respecto al primer trimestre del año pasado, hasta cerca del millar de proyectos.

La secretaria general de AEV, Paloma Arnaiz, advierte de un "cierto cambio de composición" de la actividad de las tasadoras, que a su juicio pasarán "paulatinamente a destinar la mayor parte" de sus recursos a la tasación con finalidades hipotecarias.

Lo explica por la venta de carteras que están llevando a cabo las entidades financieras y añade, como novedad para la labor de las tasadoras, el asesoramiento a fondos de inversión y otros nuevos actores en el sector.

Cofradías de Pescadores crean una base de datos para garantizar la sostenibilidad del sector

GERONA.- Las cofradías de pescadores de Palamós (Gerona), San Pedro del Pinatar (Murcia) y Motril (Granada) se han asociado para crear una base de datos ambiental y socioeconómica que fomente el desarrollo del sector de forma sostenible.

Según informa la primera de estas entidades, el proyecto, denominado Cofradedmed, cuenta también con la participación de biólogos pesqueros y expertos en medio ambiente.

La pesca sostenible estaría basada en la protección de los recursos marinos vivos y los ecosistemas y, para ello, las tres cofradías, que desarrollan su actividad dentro del espacio de protección europeo Red Natura 2000, han desarrollado una tecnología común de localización de áreas con presencia de alevines de especies de alto interés.

El proyecto también contempla el intercambio de conocimiento entre los profesionales, así como su divulgación tanto a la sociedad como a los actores implicados en el sector.

Por el momento, se han determinado las especies a estudiar y se han realizado encuestas y embarques para realizar el muestreo de tallas de peces capturados con el que diseñar cuadros comunes de buenas prácticas y extraer resultados.

Cofradedmed se lleva a cabo con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca.

Las cotizaciones no cubren la esperanza de vida de los jubilados: se 'agotan' tras 12 años de pensión

MADRID.- Las cotizaciones sociales que un trabajador acumula durante toda su vida laboral se agotan en unos 12 años, esto es, que una vez transcurrido ese periodo de tiempo la Seguridad Social ya habría abonado a los jubilados lo equivalente a los derechos que generaron con sus aportaciones al sistema, según los cálculos de El Mundo. 

Sin embargo, la esperanza de vida supera de manera holgada esa cifra, tanto que según el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), los españoles viven una media de 83 años. 
Y si se acude a la misma fuente, se observa que, en el momento de poner fin a su vida laboral, los jubilados presentan hoy una esperanza de vida de unos 21 años superior, lo que indica que vivirán hasta los 86. Por lo tanto, y aunque la Seguridad Social es un sistema de reparto en el que los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados actuales, resulta evidente que el desfase existente entre el periodo que acumulan las aportaciones y el que se prolonga la prestación supone otro punto de presión para el diezmado sistema.
«La Seguridad Social española es muy justa. De hecho, es injusta por exceso, porque a los 12 años de haberte jubilado te ha devuelto todas tus cotizaciones», explica José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (Afi) y presidente del Foro de Expertos Independientes del Instituto BBVA de Pensiones. 
Por ello, entre otros motivos, Herce es un defensor de la necesidad de elevar la edad de jubilación de manera notable y de acometer una profunda reforma en el sistema de la Seguridad Social.
Por su parte, Eduardo Bandrés, director de economía pública de Funcas eleva el periodo en el que se agotan las cotizaciones. En su opinión puede llegar hasta los 15 años en función del régimen, pero aun así ese tiempo sigue siendo inferior tanto a la esperanza de vida actual como a la que presentan los nuevos pensionistas.  
Este aumento de vida y desajuste respecto a lo cotizado se suma, además, a que las prestaciones son cada vez más altas y numerosas. De hecho, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publicó ayer que en el actual mes de junio, y por primera vez en la historia, la nómina mensual de las pensiones superó los 9.000 millones de euros. 
De esta manera, la nómina mensual de las pensiones prosigue con el marcado ascenso que viene experimentando en los últimos años. De hecho, si se hace una comparativa con la situación de hace 10 años, se observa que en 2008 la factura era de 6.138 millones de euros, lo que supone que en la última década se ha disparado un 46%.
Este espectacular incremento viene dado, como ya se ha señalado, por el mayor importe de las pensiones y por el aumento de las mismas. «La pensión media de jubilación asciende a 1.083 euros, lo que representa un aumento del 1,93% respecto al año pasado», explicaba el informe mensual publicado por Trabajo. 
De nuevo, si se hace una comparación con lo que ocurría antes del inicio de la crisis, el resultado es que se ha producido un incremento de más de 250 euros al mes de media. Asimismo, «la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), alcanza los 937,19 euros mensuales, lo que supone un aumento interanual del 1,8%» y unos 220 euros más que en 2008.
Y en cuanto al número total de prestaciones, los datos de la secretaría de Estado de Seguridad Social evidencian que el sistema «supera los 9,6 millones de pensiones contributivas, un 1,13% más respecto al año pasado». 
«Más de la mitad», añade Trabajo, «5.919.154 concretamente, son por jubilación», que son precisamente las que presentan una mayor cuantía media. «2.359.486 corresponden a viudedad; 952.456 a incapacidad permanente; 340.797 a orfandad y 41.748 a favor de familiares», añade.
En este complejo contexto, el propio Gobierno reconoce que la Seguridad Social se encuentra en una situación de déficit casi crónico, tal y como apuntó la semana pasada la ministra de Industria, Reyes Maroto, en Santander. Para atajarlo, Valerio ya ha afirmado que el Ejecutivo se plantea buscar nuevas vías de ingresos a través de impuestos e impulsar una mayores cotizaciones a través de incrementos salariales.

Informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE: pocos pasajeros y sobrecostes

LUXEMBURGO.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha publicado este martes un informe sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea en el que denuncia la falta de pasajeros en algunas de las líneas españolas y sobrecostes en las obras, así como que los trenes circulan en algunos casos a una velocidad muy inferior a la prevista.

Los auditores europeos han visitado España, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Austria para analizar el gasto en más de 5.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, lo que representa alrededor del 50% del total del bloque comunitario. Su principal conclusión es que, aunque "la longitud de las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad está en crecimiento, no se alcanzará el objetivo de triplicar la longitud de las líneas hasta los 30.000 kilómetros en 2030".
En concreto, el documento analiza diez líneas de alta velocidad (entre las que se encuentran el Eje Atlántico gallego y las líneas Madrid-León, Madrid-Barcelona-frontera francesa y Madrid-Galicia) y cuatro interconexiones transfronterizas (entre ellas, Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la 'Y vasca').
El documento resalta que España es el Estado miembro que ha recibido más fondos europeos para invertir en redes ferroviarias de alta velocidad, con 11.200 millones de euros desde el año 2000 hasta 2017. Esto representa el 47% de los 23.700 millones de euros que la UE ha desembolsado a todos los países en el mismo periodo de tiempo.
A nivel general, los auditores europeos han detectado que los análisis coste-beneficio "no se usaron adecuadamente" y que "la decisión de construir líneas de alta velocidad se basa habitualmente en consideraciones políticas". 
 "En España la mayoría de los informes tienen ratios coste-beneficio muy bajos y algunos no eran viables desde una perspectiva socioeconómica", señala el informe.
Además, dos líneas españolas de alta velocidad (el Eje Atlántico y Madrid-León) registraron un número de pasajeros bastante inferior al umbral de nueve millones (o seis en su primer año de funcionamiento) que establece la UE para que sean viables. Si se tiene en cuenta el nivel de "pasajeros potenciales" en cada área, el informe denuncia que las inversiones tampoco serán viables en las líneas Figueras-Perpiñán y en la 'Y vasca'.

Sobrecostes y menor velocidad

En relación a los sobrecostes, la línea Madrid-Barcelona-frontera francesa es la que más se ha desviado entre las españolas con respecto a su presupuesto original (un 38,5%, hasta los 12.109 millones de euros), seguida de Madrid-León (un 33,3%) y el Eje Altántico (un 26,3%). El informe no aporta datos sobre la línea Madrid-Galicia.
No obstante, el mayor sobrecoste entre las líneas auditadas corresponde a la conexión Stuttgart-Múnich, cuyo presupuesto original era de 1.800 millones y se ha disparado un 622% hasta los 13.273 millones. Las obras de esta vía, además, siguen en marcha.
Con respecto a la velocidad real de los trenes, la línea Madrid-Galicia circula a una velocidad alcanza sólo el 29% con respecto a la prevista (110 kilómetros por hora, frente a los 350 kilómetros por hora esperados). 
Esto ocurre también en las conexiones Madrid-León (39%), Eje Atlántico (50%), Madrid-Barcelona (54%) y Figueras-Perpiñán (36%).
El informe también recoge los años que tardaron en completarse las obras de cada una de las líneas, que asciende a 16 años en el caso de la conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa y alcanza los 25 años si se cuenta desde que comenzó a planificarse. 
A su vez, la línea Madrid-Galicia tardaría 18 años en construirse si se cumple el plazo de terminarla en 2019, mientras que se tardó 14 años en finalizar las obras del Eje Atlántico y de la conexión Madrid-León.

Los jóvenes españoles siguen emigrando: son el doble de los que vuelven

MADRID.- Los jóvenes españoles siguen yéndose de España. El saldo migratorio entre los jóvenes (20-40 años) nacidos en España desvela que en el año 2017 se fueron 23.000 personas mientras ‘solo’ 10.000 jóvenes de esa franja de edad volvieron, según www.elboletin.com. 

Una cifra similar a todos aquellos jóvenes que tienen nacionalidad española y que participaron en movimientos migratorios: la emigración afectó a 44.000 de ellos y la inmigración a 25.000.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca los datos sobre las migraciones durante el pasado año. Entre otras, el saldo migratorio positivo. En 2017, la inmigración supuso la llegada de 532.482 personas a España. La emigración, por su parte, registró la partida de 367.878 personas. Un saldo migratorio positivo de 164.604 personas.
Uno de los registros más destacables del informe presentado por el INE es que siguen yéndose más españoles de los que vuelven. Entre nacidos en España y personas con nacionalidad española, se fueron 87.685 personas y volvieron 78.058.
El grupo de edad más afectado por esos movimientos migratorios fue el que comprende entre los 20 y los 40 años de edad. El principal punto de destino, Reino Unido, por lo que el Brexit no parece un inconveniente a la hora de buscar trabajo en el extranjero.
Además de Reino Unido, Francia, Estados Unidos de América, Alemania y Ecuador, fueron los principales lugares donde emigraron los españoles durante el 2017.
“Cabe destacar que en casos como los de Ecuador, Colombia o Bolivia se trata, fundamentalmente, de población no nacida en España o de niños menores de 16 años, lo que parece indicar una migración de retorno de ciudadanos extranjeros que han adquirido la nacionalidad española junto con sus hijos nacidos en España”, asegura el INE.
La emigración de jóvenes españoles (nacidos en España y/o quienes tienen la nacionalidad) ha aumentado paulatinamente en los últimos 4 años. La cifra más alta se produjo en 2015, cuando emigraron cerca de 42.000 jóvenes. Ese mismo año, el retorno de personas dentro de esa franja de edad (nacidos en España y/o con nacionalidad española) no superó los 17.500.

Atún, cerámica o albaricoques: las otras barreras comerciales que Trump aplica a España

MADRID.- EE UU está ahora mismo gravando las exportaciones de acero y aluminio de España, con un impacto para la industria española de 7.700 millones de euros. Pero no son los únicos aranceles que está aplicando. Un informe de la Secretaría de Estado de Comercio detecta hasta cinco conflictos sin resolver, denunciados por los exportadores españoles. Al ya conocido de la aceituna negra se suman otros cuatro, revela hoy Cinco Días.

España es el primer suministrador de aceituna negra a EE UU, con un volumen de negocio que escaló a 58 millones de euros. Además del arancel aplicado durante el pasado ejercicio por vender supuestamente por debajo de coste, el 100% de los contenedores son parados en puertos e inspeccionados en destino, lo que supone, según estimaciones empresariales, perdidas del 5% sobre la ventas. Ambas afectan a 20 empresas.
Otra barrera de acceso al mercado estadounidense la sufren los productores de bebidas alcohólicas. Un grupo de 1.700 empresas españolas, que exportan por valor de 300 millones de euros, denuncian que están siendo discriminadas frente a los productores locales, ya que les obligan a negociar con distribuidores y minoristas para hacer ventas directas, mientras que las empresas estadounidenses lo pueden hacer de forma directa. 
Asimismo, las compañías españolas también denuncian que no se pueden beneficiar de las reducciones fiscales incluidas en la última reforma fiscal de Trump para 2018 y 2019.
EE UU ya aplica aranceles a determinados productos españoles y europeos desde hace varios años. De hecho fue uno de los puntos que estuvo en la mesa de negociaciones del tratado de libre comercio de EE UU y la UE, conocido como TTIP por sus siglas en inglés, y que finalmente no salió adelante por la falta de acuerdo con el Ejecutivo de Barack Obama. Los productos más afectados era el atún en aceite de oliva, con una arancel del 35%; las conservas de albaricoque, con un recargo entre el 10% y el 30%; piezas de automóvil, con un 13%, y las alcachofas un 11%. 
El sector más afectado, sin embargo, es el cerámico, con 175 millones de exportaciones, mientras que en el de la automoción solo se ve afectado 15 de los 1.500 millones que exporta.
Otra barrera que está contemplada en la legislación estadounidense, aunque por ahora sólo se ha aplicado con una empresa canadiense, se refiere a un artículo de la ley Helms-Burton, que fija el embargo a Cuba. 
Ese artículo concede a los ciudadanos norteamericanos, cuya propiedad fue expropiada por el gobierno de Cuba, la posibilidad de llevar a los Tribunales de Estados Unidos a empresas extranjeras que desarrollan actividades económicas con dichas propiedades.  
Esto puede afectar a hoteleras como Meliá o Iberostar, las dos con mayor presencia en Cuba. La hotelera dirigida por Gabriel Escarrer cuenta en la actualidad con 39 hoteles y 15.584 habitaciones, mientas que la firma dirigida por la familia Fluxá tiene 17 hoteles.

Correos convoca 2.300 plazas de personal fijo en toda España

MADRID.- Correos ha abierto hoy formalmente una convocatoria para proveer 2.295 plazas de personal laboral fijo en toda España, en puestos de reparto urbano y servicios rurales motorizados y no motorizados, agentes de clasificación y atención al cliente. El plazo de inscripción ha quedado abierto desde hoy y hasta el próximo 4 de julio, a través de la página web de Correos.

Las modalidades de contratación serán, con carácter general, a tiempo completo, a excepción de los puestos de agente de clasificación y atención al cliente, que serán a tiempo parcial, preferentemente con jornada de cuatro a cinco horas.
Para el reparto urbano y servicios rurales motorizados, Correos ha convocado 1.170 plazas y para este mismo servicio pero no motorizado, el número de plazas convocadas es de 266.
Las plazas disponibles para agentes de clasificación a tiempo completo alcanzan las 256, y 109 plazas irán a destinadas a este mismo puesto pero a tiempo parcial.
Para la atención al cliente a tiempo completo, Correos ha convocado 294 plazas, en tanto que a tiempo parcial habrá 200 puestos para cubrir.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera la convocatoria anunciada por Correos como "positiva aunque insuficiente" y añade en una nota que llega con un retraso de dos años.
CSIF ha denunciado que la convocatoria de otras 1.869 plazas para esta empresa estatal, aprobada en diciembre de 2017, aún no se ha iniciado seis meses después.

El PP estima que en sus primarias sólo votarán "en torno al 7 u 8%" de los afiliados censados

MADRID.- El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maillo, estima que "en torno al siete u ocho por ciento" de los 860.000 afiliados "en el censo" de la formación votarán en la primera vuelta para elegir al candidato que habrá de suceder a Mariano Rajoy en la presidencia.

"En los últimos congresos autonómicos creo que votó en torno al siete o el ocho por ciento. Creo que la cifra puede andar por ahí", ha señalado en una entrevista en TVE en la que ha afirmado que "no va a haber una gran diferencia entre el congreso autonómico y el congreso nacional en términos de participación".
Aunque Martínez-Maillo ha reconocido que no tiene las cifras concretas porque "se están incorporando algunas provincias" y aún "tiene que analizarlo el comité", sí ha apuntado que "son 860.000 en el censo" del PP. Por eso, si como ha afirmado, la participación "va a ser muy parecida" a la de los congresos autonómicos, serían entre 60.000 y 69.000 los militantes 'populares' que votarían candidatura.
El coordinador 'popular' ha atribuido esta baja estimación a que los afiliados del partido "no están acostumbrados al proceso que se abre en la formación para elegir presidente" y ha reconocido que la cifra de participación "puede resultar llamativa".
En todo caso, considera que "habría que preguntar al resto por qué no quieren participar".
La cifra de afiliados que ha facilitado tampoco está cerrada y aún se encuentra en revisión. Según ha explicado, en el PP estaban trabajando para adaptar el censo a la realidad teniendo en cuenta "la baja, el alta y las modificaciones vía online", un proceso que "se interrumpió" con la moción de censura y el cambio de Gobierno. Este lunes, la hasta ahora secretaria General del Partido, María Dolores de Cospedal, cifró la militancia en algo más de 780.000 personas.
Con todo, Martínez-Maillo ha recordado que el proceso tendrá una primera vuelta el 5 de julio en la que votarán estos afiliados y una segunda donde sólo pueden participar los compromisarios.
"No sé si los compromisarios notables son muchos, son los que tienen la última palabra. Hemos establecido este sistema reforzado en el que los afiliados en la primera votación eligen a un compromisario y un precandidato", ha comentado.
Por otra parte, el diputado 'popular' ha celebrado "la diversidad" de las seis candidaturas a presidir el PP y considera que es "una auténtica lección" que, mientras en otros partidos se necesitan casi 9.000 avales para presentar candidatura, en el PP bastan 100 apoyos para concurrir.
"No creo que sea malo tener más de una candidatura y que podamos llegar a un acuerdo, no existe ningún riesgo de ningún tipo de fractura. A la mayor parte de las candidaturas le separan matices, ni siquiera cuestiones de fondo, y a veces son más personales que otra cosa", ha subrayado Maillo en relación a los programas de los distintos candidatos.
Respecto a la petición del candidato José Manuel García-Margallo de crear debates entre los distintos postulantes para discutir sobre los programas, Maillo ha explicado que esa idea "se descartó por las dificultades de ser una campaña muy corta" y que ya existe "un libro de patrimonio ideológico del partido".
Respecto a la apuesta de la precandidata María Dolores de Cospedal de unificar en una lista conjunta a los dos candidatos que resulten de la primera votación, Maillo ha añadido que "incluso esa unificación de listas se puede hacer ya, hasta el último día de la primera votación", aunque, "dependerá de los candidatos".

Merkel, dispuesta a apoyar a España si crece la llegada de inmigrantes

BERLÍN.- La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó hoy que se implicará a nivel europeo para que España reciba más "apoyo" si se intensifica la llegada de inmigrantes a las costas españolas.

Merkel realizó estas declaraciones en la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras abordar en una reunión la reforma de la eurozona y la crisis migratoria, los dos puntos clave de la cumbre de líderes de esta semana en Bruselas.
La canciller destacó que otros países de la UE ya han recibido apoyo del bloque en situaciones similares, y señaló el caso de Grecia durante el período más crítico de la crisis de los refugiados, porque el Gobierno heleno "recibió un montón de apoyo".
"Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, eso lo apoyaríamos con seguridad", indicó la canciller, que agregó que "si la situación en España se agrava", ella se "implicaría para que España reciba más apoyo".
"Vemos que la llegada inmigrantes a España se ha incrementado", señaló la jefa del Gobierno alemán en relación al alza del número de embarcaciones con migrantes que en las últimas semanas están llegando a costas españolas.
Dentro de su visión de cómo podría concretarse la respuesta del grupo de países europeos que quieren trabajar conjuntamente en la cuestión migratoria, Merkel apuntó podría establecerse que cada jefe de gobierno hable con ciertos países de origen (principalmente africanos), pero "no individualmente", sino "en nombre del resto de colegas".
"La responsabilidad se puede repartir entre líderes europeos", de tal forma que cada socio miembro hable con "uno o dos" países de origen, aclaró.
La canciller agregó a este respecto que el acuerdo de la UE con Turquía es un ejemplo, pues ayudó a reducir drásticamente el número de refugiados que llegaban a Europa y posibilitó el cierre de la denominada ruta de los Balcanes.
Merkel indicó que la cuestión migratoria es un "punto central" de la cumbre de líderes de este jueves y viernes en Bruselas y abogó por integrar este asunto en las políticas de cooperación y ayuda al desarrollo.

Macartismo universitario / Ramón Cotarelo *

En los años cincuenta del siglo XIX, Karl Marx, exiliado en Londres desde 1849, solicitó la nacionalidad británica, que le fue denegada. Se conserva el informe que el policía que lo atendió elevó a sus superiores dando pie a la negativa porque, decía el probo funcionario, "el hombre no ha sido leal a su Rey y su País". 
No ser leal a un rey y una patria permite sin duda pensar por inferencia que tampoco se será a otro rey y otro país. No estoy muy seguro de si cabe vincular la nacionalidad de un país a la lealtad o falta de lealtad del solicitante a otro rey pero estoy dispuesto a admitir que, si se trata de conseguir la ciudadanía de un lugar, esta petición tiene algunos (pocos) visos de verosimilitud.

En donde no los tiene es en la actividad de la Academia, de la Universidad que, como su nombre indica, está por encima de estas obediencias terrenas. Salvo que se esté hablando de España y la Universidad española en donde a veces se aplican criterios políticos y partidistas para tomar decisiones que debieran obedecer a fines exclusivamente académicos; en donde los profesores actúan como comisarios políticos del régimen y purgan a los adversarios de este, no por razón de sus méritos de estudio, sino de su doctrina política.

Obviamente, no se trata de que esta tradición de inquisidores respete el principio de libertad de cátedra que es propia del Occidente civilizado, cuando las Universidades acogían generosas a estudiosos perseguidos en otros lugares por sus opiniones, como sucedió, por ejemplo con Campanella en la Sorbona y muchos otros. Ya se sabe que el liberalismo jamás germinó en el solar español, ni siquiera en sus universidades.

Pero, cuando menos, estaría bien que disimularan. Hace una fechas, mi departamento de la UNED acordó negarme la condición de "colaborador honorífico", imprescindible para renovar la de profesor emérito. Los promotores trataban de hacerme daño. Su argumento, el único que se expuso por boca de un profesor a tiempo parcial y plumilla de "El País" a tiempo completo (y al que, en el ínterín, han echado de su cargo en el diario), Torreblanca, fue que, en mi condición de funcionario público estoy obligado a mostrar la lealtad y el respeto a las instituciones españolas que a él le parezca bien y no puedo manifestar determinados puntos de vista que se le antojan condenables.

Sin embargo, nadie, al parecer, (yo, lógicamente, no estaba presente) levantó la voz para decirle al Macarthy de turno que, aunque eso fuera cierto, que no lo es, no corresponde a un departamento universitario tomar decisión alguna restrictiva de derechos de su profesorado por razones políticas y no académicas. Para eso están los jueces, a los que el departamento ha suplantado. 
El fondo de la cuestión, claro, es mi posición favorable a un República Catalana independiente que profeso con el mismo derecho con el que otros profesan que Catalunya debe ser una región de España o, incluso menos que eso: el derecho de la libertad de pensamiento y expresión que no se puede reservar a los amigos y negar a los adversarios  so pena de quedar como lo que se es, un franquista.

No tiene mayor importancia. El impulsor se limitó a sacarse una espina personal por una controversia que habíamos tenido en las redes y de la que, por supuesto, no informó a los otros miembros, aunque varios de ellos, sin duda, la conocían. Otro departamento, Sociología I, actuando con criterios de rendimiento profesional y no macartistas al servicio de la derecha (y de la derecha ciudadana), decidió acogerme.

Queda claro que, si en la Universidad española hay profesionales competentes que se atienen a los principios académicos, también sigue habiendo los inquisidores de siempre, sin mérito ni categoría, que solo tratan de hacer daño. Sin conseguirlo, porque ignoran la gran enseñanza de Sócrates de que vale más sufrir la injusticia que infligirla. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

lunes, 25 de junio de 2018

España recibe ya más inmigrantes irregulares de Marruecos que Italia de Libia


MADRID.- El ministro del Interior italiano, el derechista Matteo Salvini, invitó la semana pasada a España a ser solidaria y acoger “las cuatro próximas barcazas” de inmigrantes irregulares después de haber recibido, el domingo 17, al Aquarius con 629 “sin papeles” a bordo. A Salvini se le olvidó en su rueda de prensa un dato importante: desde principios de este año han llegado desde Marruecos más inmigrantes a España que a Italia desde Libia. El resultado de este cotejo es preocupante porque Libia es en muchos aspectos un Estado fallido con dos gobiernos, dos ejércitos, cuatro grandes milicias o grupos terroristas y un sinfín de pequeñas facciones armadas muchas de ellas tribales, revela hoy El Confidencial.

Marruecos no lo es. A juzgar por la eficacia con la que ha acallado este último año las protestas del Rif, de la región minera de Jerada, de Errachidia y de otra media docena de lugares, su Ministerio de Interior funciona a pleno rendimiento excepto ahora en lo que concierne al control de sus costas.
Desde el 1 de enero hasta el pasado fin de semana desembarcaron en Italia procedentes de Libia 11.288 inmigrantes mientras que a España llegaron, hasta ayer domingo por la tarde, desde Marruecos, por mar y a través de Ceuta y Melilla, 15.441, según fuentes del Ministerio del Interior español.
Si de este número se resta los que entraron por tierra, a través de las ciudades autónomas, España sigue aún por delante de Italia: recibió a través del Mediterráneo 12.712 'sin papeles', 1.490 más que Italia. “El pasado fin de semana (23 y 24 de junio) acogimos a 959 inmigrantes más y es ahí cuando se ha producido el 'sorpasso' español a Italia”, afirma una fuente policial.
Además de Libia, Italia recibe a inmigrantes que zarpan de Túnez y también a unos pocos que lo hacen del este de Argelia. Por eso, en términos absolutos, acogió en lo que va a año a unos pocos más 'sin papeles' (16.316) que España (15.694). Interior rehúsa hacerlo, pero si se añaden los 629 náufragos con los que el domingo 17 atracó el Aquarius, España alcanza los 16.323, una cifra que rebasa ligeramente a la de Italia.
En España el fenómeno migratorio va a peor. Se ha duplicado con relación al mismo periodo de 2017 que ya fue un muy mal año. En Italia ha caído por tercer año consecutivo, un 77,34% menos hasta mediados de junio. La ruta migratoria del Mediterráneo Occidental (Magreb-España) es la única que está en auge mientras las demás menguan.
Las cifras de irregulares llegados a las costas españoles que proporciona Interior probablemente estén algo subestimadas. A diferencia de los subsaharianos, los magrebíes que ponen pie en España intentan escapar de las fuerzas de seguridad porque saben, sobre todo los marroquíes, que probablemente serán expulsados a su país.
Una investigación de la delegación de la agencia EFE en Rabat reveló el 11 de junio que “cerca de 250.000 marroquíes se encontraban en España en situación irregular como consecuencia de la crisis, pero también del repunte de las pateras desde 2016”. 
El Ministerio del Interior español no da a conocer el desglose por nacionalidades de los inmigrantes irregulares, pero la mayoría relativa (23%) de los que llegaron por mar a España en 2017 eran marroquíes y, en segundo lugar, figuraban los argelinos. Estos últimos zarpan en general desde Marruecos. En España hay 773.995 marroquíes empadronados.
El presidente Pedro Sánchez, respondió a las críticas de Salvini en una entrevista que publicó el domingo el diario 'El País'. 
“Hay gobiernos, como el italiano, que están teniendo un discurso antieuropeo y donde está primando el egoísmo nacional”, afirmó. Se abstuvo, sin embargo, de hacer reproches a Marruecos pese a la laxitud con la emigración de sus fuerzas de seguridad.
Es verdad que el país vecino sufre una mayor presión migratoria desde hace un par de años, pero eso solo no explica el brutal incremento de la emigración clandestina a España. Miembros de la sociedad civil marroquí lo achacan al deseo de Rabat de hacer llegar ciertos mensajes a Europa y a España, sobre todo cuando el conflicto del Sáhara Occidental aflora en varias negociaciones con Bruselas, y también a la creciente inoperancia de sus fuerzas de seguridad dedicadas a reprimir en ese Marruecos periférico en constante ebullición. 
“Lo que no sabría decir es si prima el mensaje subliminal o el desajuste interior”, comenta un académico rabatí.
Sánchez confirmó también, tal y como había anticipado su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el Ejecutivo estudiaba “cómo sustituir las concertinas” que tantos cortes han causado a los subsaharianos que intentaban saltar las vallas de Ceuta y Melilla.
Las autoridades de Marruecos guardan silencio sobre el auge de las pateras que salen de sus costas, a veces en playas concurridas y a plena luz del día, y la prensa del país apenas se interesa por el tema. 'La Tribune', una revista con apenas difusión, es uno de los pocos medios que se hizo eco del fenómeno, la semana pasada, en un editorial de su director Fahd Yata.
“Decidir nuevas medidas a propósito de los enclaves de Ceuta y Melilla no puede en ningún caso hacerse sin una concertación previa, profunda y franca con Marruecos”, advierte Fahd sobre la retirada de las concertinas. Estas cuchillas entremezcladas con el alambre están colocadas no solo del lado español de la verja sino también del marroquí. Sería difícil quitarlas de un lado y mantenerlas del otro.
“Todo el mundo es consciente de que las medidas de protección adoptadas por España afectan en primer lugar a Marruecos (…)”, recalca Yata. El director de 'La Tribune' se muestra receloso con Sánchez y sus intenciones unilaterales. ¿Expresa una opinión generalizada en los círculos de poder en Rabat?

'Vocento', editora de 'Ideal', planea implantar muros de pago en todos sus regionales antes de un año

MADRID.- “Los medios que dependan exclusivamente de la publicidad lo van a pasar mal”. La frase la pronunció el consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, para advertir de la necesidad de que la prensa digital comience a cobrar a sus lectores por los contenidos que ofrece para poder sobrevivir en la 'era de internet', recuerda hoy Vozpópuli. 

Vocento lanzó en 2015 On+, un muro de pago que hasta el momento ha aplicado en cuatro periódicos de su propiedad y con el que pretende obtener un importante caudal de ingresos en el futuro. Según han explicado a Vozpópuli fuentes del grupo, su intención es acelerar su implantación en el resto de la prensa regional del grupo, hasta el punto de que esté en funcionamiento en todas las cabeceras durante el primer semestre de 2019.
Los directivos de la compañía trabajan actualmente en una redefinición de On+ para tratar de adaptarlo a las nuevas exigencias del mercado. El resultado de este proyecto lo aplicarán en los próximos meses en todos los rotativos regionales del grupo, que cuentan con una cuota de difusión en las provincias en las que se publican que alcanza el 84,3% en el caso de El Diario Vasco, el 73,5% en el de El Diario Montañés; y el 72,8% en el de El Correo.
El proyecto no se pondrá en marcha en ABC debido a la complejidad que implica cerrar contenidos en la prensa generalista, donde ninguna de las grandes cabeceras ha dado pasos definitivos para cobrar por contenidos. A este respecto, Luis Enríquez fue claro hace unos meses: “Sería como ofrecer Netflix de pago en un mercado en el que otros lo ponen sin coste”.
Ahora bien, los editores de las grandes cabeceras españolas tienen claro que tarde o temprano deberán cobrar por sus noticias, si bien nadie se ha atrevido a dar el primer paso y cerrar los principales contenidos de un generalista.
En cualquier caso, la apuesta de Vocento por introducir los paywall en los periódicos regionales es firme y esperan que se materialice durante el próximo año. Durante este año, ha puesto en marcha On+ es Ideal de Granada; y previamente lo hizo en sus dos rotativos vascos y en el cántabro, con resultados que, según ha precisado la compañía en más de una ocasión, han sido satisfactorios.

Contenidos del muro de pago

Los clientes de este muro de pago tienen la posibilidad de acceder a todo el contenido de los diarios, a una serie de publicaciones sectoriales y a una plataforma denominada 'Club del suscriptor'. Es decir, una idea similar a la que se ha llevado a cabo en diarios de varios países.
El objetivo de Vocento es hacer un lavado de cara al producto en los próximos meses, aunque sus fuentes oficiales inciden en que todavía no está decidido qué servicios incluirá el nuevo muro de pago.
Con el desarrollo de este tipo de paquetes de pago por contenidos, Vocento tratará de sobreponerse a los duros efectos de la crisis del papel. No hay que olvidar que la actividad de este grupo ha estado centrada tradicionalmente en la prensa escrita, un sector que se encuentra en declive desde hace una década como consecuencia de la revolución digital. De ahí la necesidad de buscar alternativas.
“El negocio periodístico, tal y como estaba concebido, ya no se puede sostener. Por eso hay que explorar nuevas vías de ingresos. En un momento en el que los ciudadanos están abriendo la puerta a suscribirse a empresas de contenidos de entretenimiento, como Netflix o Spotify, es necesario que la prensa amplíe sus miras y explore nuevas vías para obtener ingresos”, explicó Luis Enríquez hace unos meses.

La crisis, en datos

Para hacerse una idea de la magnitud de la crisis del negocio, basta con consultar los datos de difusión de los diarios de Vocento. Entre 2017 y 2018 esta variable descendió en El Correo, el 7,3%, en El Diario Vasco, el 7,4%, en El Diario Montañés, el 9,8%, en Ideal, el 8,4%, en La Verdad, el 14%, en Hoy, el 6,6%, en Sur, el 8,1%, en La Rioja, el 9,7%, en El Norte de Castilla, el 9%, en El Comercio, el 9,5%; y en Las Provincias, el 10,3%. Por su parte, ABC perdió el 12,3% de lectores.
En este tiempo, los ingresos por venta de ejemplares cayeron el 6,4%, según las cuentas presentadas este martes por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La bajada fue más pronunciada en ABC (8,2%) que en los rotativos autonómicos (-5,5%).

Joaquín Abad presenta su novela “El Andorrano” / Guillermo Herrera *

Con esta rotunda frase inicia su libro “El Andorrano” el periodista almeriense Joaquín Abad, en el que describe con todo lujo de detalles y conocimiento directo fruto de sus investigaciones, cómo hizo su inmensa fortuna el hombre más rico de Andorra, y como fue su vida y su dramática muerte.

Por azares del destino un joven andaluz, pastor y prófugo, consiguió hacerse muy rico a base de abandonar y matar en las montañas pirenaicas, a millonarios europeos, fundamentalmente judíos, que escapaban de la persecución nazi durante la segunda guerra mundial.

Andorra, zona de tránsito y de estraperlo durante muchos años entre Francia y España, fue el lugar elegido por muchos judíos residentes en París y en otras ciudades europeas para huir de la Francia ocupada por los nazis. Anteriormente y durante la guerra civil española los pastores andorranos habían realizado su aprendizaje como guías, cruzando a familias que huían, primero de la zona republicana y posteriormente a los que escapaban cuando la victoria de Franco era inminente.

La frialdad y falta de escrúpulos de estos personajes que constituyeron el poder económico, financiero y político de ese pequeño paraíso fiscal se describe con minuciosidad y datos concluyentes en esta apasionante novela.

El sistema utilizado por muchos pastores andorranos, que se convirtieron posteriormente en los propietarios de bancos, concesionarios de vehículos, hoteles, centros comerciales y pistas de esquí, era muy sencillo. Se ofrecían como guías para realizar la peligrosa travesía y cuando veían que un fugitivo disponía de dinero, joyas u otros bienes valiosos, los arrojaban al vacío, les desnudaban, quitaban los zapatos y ataban sus manos con alambres que llevaban para tal fin. 

Los hombres, mujeres y niños fallecían congelados y eran enterrados por las copiosas nevadas que cubren esa zona del Pirineo. Al cabo de los años algunos de estos cadáveres salieron a la luz y dieron lugar a investigaciones policiales y periodísticas, que nunca contaron con el apoyo ni la colaboración de las autoridades andorranas.

La frialdad y falta de escrúpulos de estos personajes que constituyeron el poder económico, financiero y político de ese pequeño paraíso fiscal se describe con minuciosidad y datos concluyentes en esta apasionante novela, que se lee del tirón.

Antonio Lao, que así se llama el protagonista de la novela, que como toda novela es ficción basada en hechos reales, de no disponer ni una sola peseta, se convirtió en el dueño de los principales concesionarios de vehículos alemanes, así como de hoteles y centros comerciales.

Los herederos de una familia de joyeros parisinos en la década de los ochenta, conscientes de que los crímenes de sus abuelos habían prescrito, encargaron las gestiones para dar con los cadáveres de sus antepasados a un joven periodista almeriense, que fruto de la casualidad, había publicado información sobre la aparición de unas momias en el pirineo andorrano. Al estar congelados los fallecidos se pudieron realizar las pruebas de ADN con facilidad y se pudo comprobar la identidad de los mismos.

Otro de los personajes protagonistas de la novela es el banquero Jordi Mora, también pastor que comenzó como prestamista y amasó una inmensa fortuna creando bancos y empresas también en la ciudad de Mendoza, en Argentina, donde se suicidó una vez que los descendientes de los judíos asesinados le descubrieron y secuestraron.

Por la novela desfilan muchos de los personajes del pasado reciente español y catalán. Las relaciones entre los hacendados de toda España y Andorra vienen de lejos. Muchos de ellos han ocultado sus bienes, beneficios empresariales o comisiones ilegales de sus adjudicaciones en los bancos andorranos que han sido y siguen siendo en gran medida totalmente opacos al fisco español y europeo. 

Los fines de semana a esquiar y descansar en Andorra, pasando un rato a depositar bolsas con efectivo por las oficinas bancarias, ha sido una práctica habitual de cientos de empresarios y millonarios españoles, consentida por las autoridades franquistas y posteriormente por los distintos gobiernos de la democracia.

El joyero Bartomeu, que compraba las joyas robadas a los desafortunados huidos que no llegaban a su destino, reunía anualmente en una pequeña fiesta a los pastores con los que había hecho negocios en una suite del hotel Roc Blanc de su propiedad, en la Plaza Coprinceps, en Escaldes-Engordany. 

Jordi Mora, Oscar Anglada, Antóni Campoi, Jaume Reig, José Ribas, Jaime Trigo, Aleix Ramentol, Antonio Puigdevoll, Ribes y Antonio Lao eran los diez guías que habían pasado de pastores de rebaños a prósperos hombres de negocios gracias a las fortunas que acumularon en el periodo que abarca desde 1936 a 1945.

Para comprender el presente siempre es imprescindible conocer el pasado y para explicarse la opacidad y secretismo que ha rodeado todo lo relativo al principado de Andorra, como paraíso fiscal y lugar donde hacer compras sin pagar impuestos, es necesario conocer el pasado de este pequeño territorio del Pirineo. A ello ayuda esta excelente novela de Joaquín Abad.



(*) Periodista

viernes, 22 de junio de 2018

Carlos Egea Krauel imputado por administración desleal en Caja Murcia por parte del Juzgado de Instrucción nº 7


MADRID.- La Audiencia Provincial de Murcia ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, reabrir la causa por un delito de administración desleal contra el ex presidente ejecutivo de Caja Murcia y Banco Mare Nostrum (BMN), Carlos Egea Krauel, ahora consejero ejecutivo de Bankia, que está imputado en el procedimiento, según adelanta hoy Vozpópuli.

"Se dirige la presente causa contra Carlos Egea Krauel en su condición de investigado por presunto delito de administración desleal", especifica el auto de 18 de junio, al que ha tenido acceso Vozpópuli, que apunta que el procedimiento podría ser dirigido contra otros posibles "partícipes" en el delito.
Este delito, que el juez considera que presuntamente fue cometido en la gestión de la entidad Caja Murcia, posteriormente BMN, "debe ser imputado inicialmente al investigado Carlos Egea Krauel", reitera el auto.
La Audiencia de Murcia ha reabierto así una causa archivada tras una denuncia de Jesús Plaza Piñeyro, un exempleado despedido de Caja Murcia contra Egea. Le acusa de distintas irregularidades durante su etapa en Caja Murcia y BMN. El juez no vio inicialmente indicios de delito y la archivó, pero el tribunal superior ha considerado que debe investigarse, aunque sin citar de momento a Egea y sí al denunciante.
Consultado por este medio, Egea se mostró ayer "convencido de que su actuación y la de Caja Murcia fue totalmente correcta y reclamó que la causa se instruya a la mayor velocidad posible para que así se demuestre”.
El instructor, que ha citado a declarar como testigo al denunciante de los hechos, también pretende interrogar al responsable legal del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el organismo público que inyectó 1.645 millones de euros al banco resultante de la fusión de Caja Murcia, Caixa Penedès, Caja Granada y Sa Nostra.

El Frob, perjudicado

El juez también ofrece al Frob la posibilidad de ejercer acciones legales contra Egea, como perjudicado. Reclama a este organismo que le informe acerca de las gestiones realizadas tras ser informado de la denuncia.
"Requiérase para que informe [...] de la realidad de los hechos denunciados, identidad de las personas que hubieran tomado decisiones para aquellas actuaciones y sobre cualquiera otras circunstancias que permitan valorar si las actuaciones denunciadas han supuesto un importante beneficio para algunas personas en perjuicio de la entidad Caja Murcia, ahora BMN", especifica en este sentido el auto del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia. 
El Frob investigó toda la gestión de la entidad liderada por Egea -como la del resto de grupos que recibieron ayudas públicas- hace ya años sin encontrar irregularidades del expresidente.
Asimismo, el instructor se dirige al Servicio de Inspección del Banco de España para que les informe si ha llevado a cabo alguna investigación en base a los hechos denunciados: "Debiendo remitir informe de lo resuelto en su caso", indica la resolución del juez José Fernández Ayuso.
La causa contra el consejero ejecutivo de Bankia, una de las personas más conocidas en la Región de Murcia por su largo periplo en la presidencia ejecutiva de Caja Murcia, fue inicialmente archivada por el juez de primera instancia murciano.

Audiencia de Murcia

Pero la Audiencia Provincial de Murcia, con el magistrado Francisco Navarro Campillo como ponente, reabrió la causa, tras interponer el abogado José Luis Mazón un recurso, con un auto en el que especificaba: "Los hechos denunciados por la apelante ciertamente pudieran constituir indiciariamente un presunto delito de administración desleal, por lo que no comparte la Sala la inicial decisión instructora de archivo provisional de la causa".
El recurso del abogado Mazón, que ha asesorado al denunciante, empleado de Caja Murcia durante 32 años, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica los hechos presuntamente atribuidos al expresidente de Caja Murcia: "La concesión de prebendas, premios y préstamos personales y anticipos de nómina a empleados (fondos de reptiles) por su adhesión inquebrantable a los designios del 'caudillo' de la entidad, Carlos Egea, y preboste regional que conoce altos jueces, fiscales, delegados y directores generales".
Y los empleados presuntamente beneficiados, según el recurso del letrado Mazón, consiguieron mejorar sus indemnizaciones "camuflándolas" como operaciones "legítimas que paga el erario público que desembolsó 915 millones en el rescate".

Ventas perjudiciales

Además, el denunciante acusa a Egea de despatrimonializar Caja Murcia al vender sus oficinas más representativas en condiciones "escandalosas": "Se vendían a precios perjudiciales para la entidad, se conceden préstamos a los nuevos adquirentes, y pagando acto seguido a los prestatarios unos alquileres muy por encima del tipo de interés de los préstamos". Estos son los conocidos como 'sale and lease back' (venta y posterior alquiler) al que casi todos los bancos recurrieron al comienzo de la crisis.
El denunciante ve la operación así: "La Caja pierde patrimonio y los afortunados compradores ganan no sólo la propiedad, sino que reciben por los conceptos de alquiler un rendimiento equivalente al 8%. Absolutamente impensable para cualquier inversor y absolutamente ruinoso para la Caja".
La denuncia también apunta otras presuntas irregularidades, como por ejemplo la indemnización de 150.000 euros de la que se benefició el ex subdirector general y secretario general de Caja Murcia Federico Ros Pérez tras ser despedido; los préstamos personales y anticipos de nómina que se conceden al ex director de Recursos Humanos Jerónimo García Abellán, que acaban primero en el Departamento de Impagados y después a a la situación de "Fallido Definitivo", con un saldo pendiente de 52.303,93 euros, en fecha 30 de marzo de 2012.
Otras presuntas irregularidades cometidas por Carlos Egea son, según la denuncia, condonaciones "a dedo por favores realizados a ex jefes de zona que también salían por la puerta grande". Como es el caso, siempre según la denuncia, del directivo Joaquín Martínez Asensio, cuyo préstamo de 27.514 euros se resuelve con un movimiento de “condonación contencioso”.

Presidente de Caja Granada

El despido pactado del ex director de la Oficina Principal de Murcia y jefe del Departamento de Clientes Institucionales, Juan Miguel Sánchez Caballero, también está bajo sospecha, ya que el denunciante asegura que también recibió un trato de favor por recibir "una jugosa cantidad", que cifra en más de 250.000 euros, y ser beneficiario de la condonación de dos préstamos de 54.847 euros y 41.523 euros.
Manuel Alonso Martínez, del Departamento de Marketing también solicitó un anticipo de nómina de 20.000 euros, que también pasó a ser considerado por Caja Murcia como "fallido definitivo".
Por su parte, el ex director general de Caja Granada Manuel López Robles recibió con el concepto de "abonos varios", completa el denunciante, más de 469.000 euros para compensar su despido, que la denuncia especifica que fue "voluntario".
La denuncia también alude a otras presuntas irregularidades cometidas desde Caja Murcia: "esta Caja era práctica habitual la condonación de deudas completas o parciales, [...] las cancelaciones de operaciones 'por que sí', y de las que tengo ejemplos que se remontan al año 1988: desde presidentes de Comunidades Autónomas hasta Cofradías de Semana Santa, pasando por Federaciones de Fútbol, o particulares amigos del amo del cortijo".

Bankia no ve razones para apartar a Egea

La imputación de Carlos Egea no afectará a su cargo como consejero ejecutivo de Bankia. El banquero murciano entró en el órgano de gobierno de la entidad nacionalizada a comienzos de año, como representante de la fusionada BMN.
Desde Bankia explican que, entonces, Egea pasó el test de idoneidad que afrontan todos los consejeros de la banca, sin ninguna pega. Incluso, añaden, se examinó la denuncia que ha dado fruto a la imputación.
"Esta denuncia ya se conocía cuando se analizó la idoneidad de Carlos Egea como consejero y superó todos los procedimientos. No obstante, la Comisión de Nombramientos volvería a examinarlo en caso de que procediera”, señalan desde Bankia.
Egea es uno de los cuatro consejeros ejecutivos de Bankia, junto al presidente, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero delegado, José Sevilla; y el director general de Personas, Medios y Tecnología, Antonio Ortega.

Trayectoria

El banquero murciano, de 71 años, comenzó su trayectoria en Caja Murcia en 1976. Siete años después fue nombrado director general y, en 2008, presidente. 
En 2010 lideró la fusión de Caja Murcia con otras tres entidades: Caja Granada, Sa Nostra y Caixa Penedès, con la inyección de las primeras ayudas públicas. Penedès fue la caja que más problemas aportó al grupo resultante, BMN. 
Durante los años siguientes, y tras una nueva inyección pública en 2012, Egea dirigió BMN para mantenerla en solitario e incluso sacarla a bolsa. Fue imposible, y el Frob decidió que lo mejor para el Estado era unir la entidad a Bankia, hasta ahora.
En todos estos años, y a pesar de la revisión exahustiva del Frob con informes forensic, Egea no se ha visto envuelto en ningún caso de presuntas irregularidades. Al contrario, destapó la causa de las prejubilaciones irregulares en Penedès, por la que hubo condena en la Audiencia Nacional.

jueves, 21 de junio de 2018

El TSJ de Valencia fija en 150.000 euros la indemnización a un trabajador de banca 'por daños morales'


VALENCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la entidad Banco de Santander SA a la mayor indemnización a un trabajador en España por daños morales, establecida en 150.000 euros el fallo de la sentencia ante los recursos de ambas partes contra la fijación anterior en sentencia de 50.000 euros por el juzgado de lo social nº 7 de los de Alicante a Javier Fernández de Diego representado por el letrado del Colegio de Abogados de Murcia, Antonio Checa de Andrés (en la imagen).

La Sala confirma la sentencia de instancia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica ahora en 150.000 euros frente a los 50.000 fijados en primera instancia.
Entre los fundamentos de derecho, la Sala integrada por tres magistradas (Isabel Moreno de Viana Cárdenas, María Mercedes Boronat Tormo y María del Carmen López Carbonell) estima que "la sentencia de instancia considera acreditada, desde hace varios años, una conducta de acoso y hostigamiento al actor por parte de la entidad Banco de Santander, durante varios años, que culmina en un traslado forzoso desde la localidad de Alcoy (Alicante), hasta Tarragona, que considera vulnera sus Derechos Fundamentales, habiéndose diagnosticado al actor de un trastorno adaptativo consecuente a la situación laboral".
El letrado señor Checa en su recurso, solicitaba que la indemnización se cuantificase, no en atención a los parámetros de las sanciones de grado medio establecidos en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), sino en los establecidos para las sanciones mas graves de 100.000 a 187.515 euros, valorando las consecuencias que para el actor ha tenido la conducta empresarial.
Por contra, la citada entidad bancaria niega la situación de acoso y hostigamiento que se afirma producida hacia el actor, y que ha afectado a su salud.
Sin embargo, para la Sala "el actor se encuentra diagnosticado de trastorno adaptativo secundario a problemas laborales, que se encuentran documentados por psiquiatra. A la vista de tales datos la sentencia de instancia ha considerado acreditada una situación de acoso y hostigamiento con resultado lesivo para la salud del trabajador, que ésta Sala comparte, en base al concepto legal de acoso consistente, tal y como señala la sentencia de instancia, y que no cabe reiterar, en una conducta que, de modo individualizado, implica un trato desigual y ocasiona un daño igualmente individualizado".
Por lo que se refiere a la situación de acoso, por sucesivos traslados, asi como absoluto ninguneo de sus peticiones de traslados y apoyos, "la Sala se muestra acorde con los razonamientos de la instancia que, en base a la documental y testifical pone de relieve la anormalidad de las sucesivas comisiones de servicios, alguna de ellas hasta nueva orden o por tiempo de seis meses, asi como su atribución mayoritaria al actor, incluso cuando el actor se encontraba ya de baja por trastorno depresivo, a la cual siguieron, tras su mejoría, once comisiones mas por diferentes días hasta la atribución definitiva de plaza el 23.09.2015, a la que siguieron nuevas comisiones".
Y añade: "Dado que existe una directa relación causa-efecto entre la conducta empresarial y las dolencias psiquiátricas del actor que están plenamente acreditadas, debemos estimar que las mismas son consecuencia directa de la conducta de hostigamiento y acoso a la que ha sido sometido". 
Estima la Sala que "claramente puede atribuirse a la empresa una responsabilidad patrimonial mayor que la declarada en la instancia, en atención a los criterios señalados por el trabajador. Y ello porque negar los perjuicios al trabajador resulta ciertamente perturbador (...) 
Es evidente que el trabajador ha visto dañada su dignidad profesional y las conductas descritas en los hechos probados de la sentencia de instancia han actuado como causa desencadenante de un proceso psiquiátrico cuya lesividad no debe desconocerse, amen de tratarse de conductas activas u omisivas claramente despreciativas y que evidencian la existencia de toda empatía ante la situación ajena, por lo que la afectación a la dignidad del trabajador puede afirmarse sin resquicio alguno.
Por ello, claramente debe aceptarse que la calificación de la conducta empresarial debe ser considerada como una falta muy grave de las previstas en el art 40 c) de la LISOS, que establece un abanico de entre 100.006 a 187.515 euros, fijándola en su grado medio, que prudentemente se cuantifica en 150.000 euros".
Por tanto procede, "reiterando la argumentación de la instancia, que se completa con los argumentos antedichos, desestimar el recurso de suplicación interpuesto por la entidad Banco de Santander SA y estimar el del Sr. Fernandez de Diego, cuantificando la indemnización a percibir por éste de la citada entidad bancaria en 150.000 euros".
En su fallo la Sala del TSJCV dice que "desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Banco de Santander, y estimamos el interpuesto por el trabajador don Javier Fernandez de Diego contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Alicante, de fecha 8 de mayo del 2017, en virtud de demanda presentada a instancia de don Javier Fernandez de Diego; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la indemnización a satisfacer al demandante por la entidad bancaria en concepto de daños morales, que se cuantifica en 150.000 euros".


http://www.murciaconfidencial.com/2017/05/el-letrado-murciano-antonio-checa-le.html 

sábado, 16 de junio de 2018

Marruecos, origen de inmigrantes y hachís / Joaquín Abad *

Llevamos muchos años sufriendo de la dejación de Marruecos en la vigilancia de sus fronteras, sobre todo cuando su rey se molesta o cuando intuye que España atraviesa un periodo de debilidad. Ayer fueron cientos las embarcaciones de plástico, de juguete, que trasladaron a casi mil doscientos inmigrantes a nuestras costas. 

Salvamento Marítimo y hasta un helicóptero de la Armada estuvieron rescatando a los que queriendo escapar de una miserable vida en el sur de África, se ponen en manos de las mafias marroquíes que les prometen entrada en Europa a través de las costas españolas.

El rey de Marruecos, Mohamed VI y antes Hassán II, siempre ha aprovechado las “debilidades” del Estado Español para agredirnos. Cuando el dictador Franco agonizaba organizó la Marcha Verde para quedarse, por las bravas, el antiguo Sáhara Español, donde se explotaba la mayor producción mundial de fosfatos, aparte del rico caladero pesquero de las costas atlánticas, antes visitadas sin problemas por las flotas españolas. 

Se ve que la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez, con 85 diputados, es un signo de debilidad que Mohamed VI quiere aprovechar. Así que dá órdenes a la gendarmería de que hagan la vista gorda a las mafias que trafican con los inmigrantes para que nos inunden y que nos enteremos de que la operación emprendida por el ministerio del Interior contra las mafias de la droga en La Línea le está perjudicando.

Porque no hay que ser ingenuos. La droga que llega a las costas andaluzas viene de Marruecos. Se cultiva en los montes de Ketama, propiedad del rey de Marruecos. Y las mafias que fabrican la droga tienen que pagar su parte a los funcionarios y, claro, Mohamed se cabrea cuando los miles de millones de beneficio de la droga deja de llegar porque en el gobierno de Madrid alguien se toma en serio la obligación de luchar contra el narcotráfico en el sur de España. Un sur que si no se frena llegará a tener más poder social y político, incluso, que el propio Estado.

Las hemerotecas no engañan. Sólo hay que comprobar que cada vez que hay grandes operaciones contra el hachís procedente de Marruecos su rey nos manda una advertencia. Nos manda cientos de inmigrantes, o miles, para que alguien sepa que se está enfadando y deje que su droga llegue a nuestras costas y siga la ruta al centro de Europa. Es un flujo de miles y miles de millones de euros que el rey de Marruecos no puede permitir que se detenga.



(*) Columnista

viernes, 15 de junio de 2018

Pepe Guirao: por fin un ministro almeriense / Joaquín Abad *

Desde Nicolás Salmerón, que fue presidente de la República en el breve periodo de un mes en 1873, creo que no habíamos tenido el honor de que un almeriense fuera miembro del Consejo de Ministros de España con la excepción de José Barrionuevo. 

Por lo menos en el periodo que yo he conocido como profesional, a partir de la muerte de Franco, en los gabinetes de la democracia han habido muchos gallegos, muchos sevillanos, castellanos, pero almerienses, Pepe Guirao es el segundo. 

Este, ahora excelentísimo, natural de Pulpí, ya despuntó como experto en gestionar la cultura, tanto en la Diputación Provincial de Almería, como a su paso por los distintos encargos gubernamentales, en la Junta y como director del museo Reina Sofía, donde al parecer puso orden, aparte de alguna que otra exposición polémica inaugurada bajo su mandato.

Ahora es el nuevo ministro de Cultura y la verdad es que no sé como podría ayudar a que, por ejemplo, en España se volvieran a leer libros, en papel o en formato digital, pero que los jóvenes lean algo más que lo que ven en Facebook, Twitter o WhatsApp. Parece que la implantación de las nuevas tecnologías está creando generaciones de jóvenes muy expertos en la consola, en utilizar el móvil para casi todo. Incluso ya hay clínicas donde niños, jóvenes y mayores deben desintoxicarse de la adicción al juego en el móvil, en la consola...

Pepe Guirao, que respira cultura por los poros, también podría hacernos el favor de estudiar como los medios informativos, los de papel o digitales, vuelvan a ser referentes del control al poder. Porque sin una prensa independiente, y debe ser independiente económicamente, la democracia no está completa. 

Lo sufrimos en las pasadas legislaturas populares, donde doña Soraya, la vicepresidenta, salvó a algunos periódicos de la ruina, de la quiebra, sólo para que apoyaran a su partido. Cesó a directores como condición de que las ayudas oficiales, y las de Telefónica, volvieran a cierto rotativo. Creo, de verdad que lo creo, que eso no le gusta al nuevo ministro.

En los dos años que restan para que este gobierno dé el testigo al que llegue tras las elecciones, como muy tarde en el verano del 2020, no se cómo nos puede ayudar Pepe Guirao desde su despacho de la calle Alcalá 34. Aunque conciendo al personaje, algo hará.



(*) Columnista