¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.

Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.

Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.

Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.

Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.

En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.

Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.

A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".

Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.

En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".

¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".

También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.

Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.

Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".

A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.

Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".

Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.

La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.

Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

Denuncian el 'linchamiento' en un acto popular de una muñeca que representaba a Ana Julia Quezada

SEVILLA.- 'Movimiento contra la Intolerancia' ha enviado a la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla un video que recoge la 'Quema de Judas' de la localidad sevillana de Coripe, realizada el pasado domingo en la plaza principal del pueblo, donde, según explica la asociación denunciante, tuvo lugar el linchamiento de una muñeca, hecha de tela y de paja, que representaba a una mujer negra, con peluca rizada, significando a Ana Julia Quezada, la asesina confesa del niño Gabriel, el pequeño que desapareció en Níjar (Almería) a finales del pasado mes de febrero. 

Según informa 'Movimiento contra la Intolerancia' en un comunicado, la citada muñeca representativa de Ana Julia fue llevada a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros que, antes de colgarla, le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad.
Durante el transcurso de los hechos se escucharos expresiones "vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia", y todo esto se realizaba en un contexto popular con "menores presenciando los hechos", según subraya la asociación.
'Movimiento contra la Intolerancia' ha solicitado a la Fiscalía de delitos de odio de Sevilla "la apertura de diligencias de investigación que clarifiquen responsabilidades ante estos hechos por si los mismos fueran constitutivos de un delito contra las libertades y derechos fundamentales del 510 del Código Penal".
Para la asociación, se trata de unos hechos que, a su vez, son "contrarios a los más elementales principios del derecho reparador" y "obvian el necesario interés del menor, que ha de ser protegido en todo momento", ya que "públicamente" fomentan "el odio y la violencia hacia la muñeca representativa de la confesa criminal del niño Gabriel" y en ellos "podrían desarrollarse estereotipos y prejuicios de naturaleza racista, misógina y xenófoba".
Los videos, de los que se solicita su retirada, se están difundiendo por redes sociales y algún medio de comunicación, según detalla 'Movimiento contra la Intolerancia'.

En Coripe (Sevilla) es tradición celebrar el Domingo de Resurrección la Quema de Judas, un muñeco que representa al personaje más impopular del año. Está considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Un vecino de Coripe comenta: "Primero atan la muñeca cuando la llevan desde la plaza escoltada. En la higuera empiezan a darle golpes". El espectáculo continúa con el tiroteo de escopeteros voluntarios que llevan munición de salva. "Empieza a arder rápidamente y los vecinos ven como la muñeca se va consumiendo lentamente".

La citada imagen ha sido previamente disfrazada. "Pintan la muñeca de marrón y con la misma ropa con la que esta mujer fue detenida", aclara el vecino. 

En su página de Facebook otro vecino relata cómo los vecinos contemplan el sufrimiento del muñeco de Ana Julia Quezada y cómo se decían cosas como: "Que sufra por perra y mala. No la matan en España. La matamos nosotros en Coripe a la negra". Consternado por la crueldad de esta festividad que se repite cada año como una Fiesta de interés Turístico Nacional en Andalucía, decidió ponerse en contacto con la ONG Movimiento contra la Intolerancia quien ha denunciado ante la Fiscalía esta festividad por tratarse de un delito de odio.

Este vecino afirma en su muro: "Esto somos porque en esto nos han convertido, de modo que observemos al monstruo que camina entre nosotros, al sádico, al cobarde a la bestia que aprovecha la más mínima justificación para desplegar su barbarie...".

Pudo grabar las imágenes de la quema y la multitud de curiosos que seguían la escena con insultos. "Tengo la certeza de que este infierno no es más que el efecto de una causa, la lógica consecuencia de un golpe de estado perpetrado por una casta de psicópatas". Y finaliza: "Espero que amaine esta demencia". El vídeo de ocho minutos de duración culmina con las voces de vecinos que gritan a la efigie "al infierno, al infierno"

Movimiento contra la Intolerancia denuncia en un comunicado que este acto popular se celebra delante de menores. "Se profirieron vejaciones racistas y violentas. Por ello solicitamos la investigación y retirada de los vídeos que se difunden" sobre el acto.

La denuncia ha sido enviada junto al vídeo a la Fiscalía de Delitos de Odio de Sevilla. La cinta recoge la Quema de Judas de Coripe, en la plaza principal del pueblo, donde tuvo lugar el linchamiento de una muñeca, hecha de tela y paja.

Movimiento contra la Intolerancia ha solicitado a la Fiscalía de delitos de odio de Sevilla la apertura de diligencias de investigación que clarifiquen responsabilidades ante estos hechos por si fueran constitutivos de un delito contra las libertades y derechos fundamentales del 510 del Código Penal. Además la organización alerta que la fiesta "fomenta el odio y la violencia hacia la muñeca representativa de la confesa criminal del niño Gabriel y donde podrían desarrollarse estereotipos y prejuicios de naturaleza racista, misógina y xenófoba".

 El alcalde señala que el consistorio sufraga los gastos de la tradicional quema. “Se trata de un teatro irónico y sin despropósito que se ha malinterpretado”. Sobre los insultos delante de menores aclara que “son vecinos aislados alterados que no llegan a ser extremistas”.
En cualquier caso, la denuncia, presentada en la Fiscalía de Sevilla, será “asumida por el gobierno local que espera poder dar una explicación de esta festividad”, declarada de Interés.
No es la primera vez que se "lincha" a una persona de manera ficticia, ya que la quema del judas es una tradición de la localidad calificada de interés turístico. De hecho, el año pasado se quemó a Barbara Rey, y en otras ocasiones a Eva Sannum, Iñaqui Undargarín o el asesino de Marta del Castillo.  La persona que se representa en la quema es elegida por el AMPA del colegio de Coripe.
"La citada muñeca representativa de Ana Julia  fue llevada  a la plaza escoltada por unos hombres vestidos de escopeteros que antes de colgarla le atizaron varios golpes para después ser tiroteada con munición de salva, hasta que empezó a arder quemándose en su totalidad", explica el comunicado de la organización Movimiento contra la Intolerancia. Afirman que durante los hechos " se escucharon expresiones vejatorias y humillantes que hacían referencia a su condición de mujer negra, jaleando el linchamiento y la violencia". Consideran agravante que todo este suceso  tuviera lugar en un "contexto popular" y con menores como testigos.

El BOE publica la autorización del trasvase del Tajo al Segura

MADRID.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente del pasado día 3 por el que autoriza transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, a razón de 20 mensuales, a través del acueducto Tajo-Segura.

La resolución, firmada por la ministra Isabel García Tejerina señala que los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas (Guadalajara) y Buendía (Cuenca), se encuentran en nivel 3, de situaciones hidrológicas excepcionales, y que el pasado 1 de abril ambos acumulaban un total de 463 hectómetros cúbicos (hm3).

La situación hidrológica excepcional fija que la autorización de trasvases en este nivel 3 le corresponde al Ministerio que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

Por tanto, en esta situación de nivel 3, el Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado, de forma discrecional y motivada, de un volumen mensual de hasta 20 hm3/mes para abril, mayo y junio.

Sin embargo, el escrito advierte de que si durante los meses de mayo y/o junio se constatara una modificación de la situación del nivel 3, se procedería a la convocatoria de la Comisión Central de Explotación para revisar los acuerdos adoptados en el trasvase.

UGT se rompe por Cataluña: miles de bajas en los últimos días

MADRID.- El malestar en la estructura y las bases de UGT por el “coqueteo” con el independentismo en Cataluña se ha acrecentado en los últimos días. Y ha desatado los primeros movimientos soterrados para forzar un golpe de mano cuanto antes del secretario general, Josep María Álvarez, como única forma de resolver la crisis.

Según fuentes del propio sindicato, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el apoyo de UGT Cataluña a la manifestación para reclamar la liberación de los “presos políticos”, convocada en Barcelona el próximo 15 de abril, ha colmado la paciencia de la organización a todos los niveles, pero sobre todo en las provincias.

“O les para Pepe Álvarez o les paramos nosotros”. Es el clamor que empieza a dominar en algunas federaciones importantes. Citan especialmente a las organizaciones de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.

El sindicato, afín al PSOE y el PSC, ya había coqueteado anteriormente con los soberanistas. Pero es ahora, en calidad de convocante de esta manifestación, cuando han saltado las alarmas.

“No podemos parar más bajas. Nos desangramos”

Las federaciones de UGT que exigen que Josep María Álvarez salga a dar un “golpe de mano”, para frenar la avalancha diaria de miles de bajas de afiliados, manejan ante él un argumento incontestable: “No podemos parar más salidas. Nos estamos desangrando cada día que pasa. Hay que acabar con esto cuanto antes”.

Han alertado a la cúpula del sindicato de que los movimientos en la región a favor de quienes están convirtiendo a Cataluña en un lastre económico, tras ser la principal locomotora de España, están defraudando a numerosos afiliados.

“Este coqueteo amenaza por primera vez en la historia con romper la unidad de UGT”, advierten. “No recuerdo que jamás hayan circulado con tanta intensidad en Seat modelos para darse de baja de UGT como tras la Semana Santa”, añade otro afiliado.

Las bases están cansadas y sienten vergüenza

El deterioro de la imagen de UGT es “galopante” y las bases de la organización, muy incómodas, aseguran que “empiezan a sentir vergüenza” del sindicato tras varias décadas de afiliación.

Están cansados de tener que decir que “el problema es la UGT de Cataluña “ y de distinguir constantemente entre la “UGT de aquí y la de allá” para que no les salpiquen los gestos de cercanía de sus colegas catalanes con la causa independentista.

Miles de militantes en toda España se ven obligados, día sí y día también, a dar explicaciones ante la opinión pública, en las empresas y ante los compañeros de otros sindicatos. “Y esto es ya es insostenible. La gente no aguanta más”, insiste un veterano dirigente de la federación de Madrid.

Pérdida de afiliados desde antes del 1 de octubre

Según las fuentes consultadas por ECD, el fenómeno se ha intensificado en la última semana con “miles de bajas diarias”. Pero las peticiones de afiliados para abandonar UGT, tanto independentistas como partidarios de la unidad de España, se han sucedido desde las semanas previas al referéndum del 1-O.

En el mundo sindical no ha pasado por alto que algunos de estos militantes históricos de UGT estén decidiendo darse de alta en los principales sindicatos independentistas de Cataluña, como por ejemplo la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (CSC) y la Coordinadora Obrera sindical (COS).

Contagiado por el magma interno en el PSOE

Hay dirigentes de UGT que trazan un paralelismo entre esta crisis y las graves discrepancias que han mantenido el PSOE y el PSC sobre la respuesta al desafío independentista en Cataluña. Se tiene en cuenta que muchos de los afiliados al sindicato lo son también del partido que lidera Pedro Sánchez.

La crisis catalana ha logrado también embarrancar la fuerza con la que Sánchez se impuso en las primarias a Susana Díaz. La dirección socialista, como los dirigentes territoriales del partido, han venido rechazando la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña.

La posición del PSOE es coherente con el apoyo prestado al Gobierno para la intervención de la Generalitat con la aplicación del 155. Pero se produce después de años de vaivenes y ambigüedad, y de desencuentros entre PSOE y PSC.

El documento de referencia del PSOE en materia territorial sigue siendo la Declaración de Granada, que pivota sobre la base de una reforma constitucional en sentido federal. Este paso supondría garantizar la soberanía nacional, pero también abordar la distribución del poder político.

En el último Congreso Federal, los socialistas asumieron la plurinacionalidad del Estado. “Sin embargo, una cosa es reformar el Estado autonómico y otra convertirlo en un Estado federal plurinacional”, critican varios dirigentes regionales.

Los barones han criticado el “egoísmo” que “pone en riesgo” la igualdad de España. En cambio, Miquel Iceta ha llegado a proponer la creación de una Hacienda catalana que gestione todos los impuestos.

El 76% de los andaluces, dispuestos a desplazarse por trabajo

MADRID.- La inestabilidad política también le está pasando factura a Cataluña a nivel laboral. Así, de ser la tercera comunidad autónoma preferida por los españoles para trabajar ha pasado a ser la octava, según la Guía del Mercado Laboral 2018 del grupo de selección de personal de Hays. Por el contrario, Madrid lidera el ránking, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, publica hoy El Mundo. 

Factores como la magnitud de la ciudad, la concentración de empresas, la posibilidad de una mayor oferta laboral, de servicios, de acceso a la vivienda, el clima o la calidad de vida son los principales argumentos esgrimidos por los profesionales para escoger una u otra región para trabajar, además, por supuesto, del proyecto laboral en sí.

Pese a que Cataluña cumple muchos de estos requisitos (de hecho, hasta hace poco era la ciudad preferida por las grandes compañías para establecer sus centro de servicios compartidos), la inestabilidad política de los últimos meses ha jugado en su contra y le ha hecho perder más de 15 puntos y situarse por detrás de regiones como el Principado de Asturias, Cantabria y las Islas Baleares.

Movilidad laboral

En España todavía la movilidad laboral es muy reducida, sobre todo, dentro del país. De hecho, en el último año sólo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, un porcentaje, no obstante, ligeramente superior al de 2016 (27%), según revela el estudio.

Quienes más se desplazaron, con un porcentaje muy superior a la media (50%) fueron los profesionales de más de 67 años, seguidos por los más jóvenes menores de 34 años, con un 36%. Por contra, los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 66 años fueron los que menos cambiaron de región en el último año, tan solo un 21%.

Sin embargo, aunque las cifras de desplazamientos sean bajas, el número de personas dispuestas a cambiar su lugar de residencia por un proyecto laboral interesante es mucho mayor, el 65% de los trabajadores encuestados.

Por otra parte, si se analizan los datos por sexos, un 68% de los hombres asegura estar dispuesto a dejar su ciudad y moverse a otra localidad, frente a un 61% de mujeres.

Mientras, por franjas de edad, de nuevo son los más jóvenes, con menos de 24 años, y los mayores de 67 los más dispuestos a desplazarse con un 75%, 10 puntos por encima de la media. En cambio, el porcentaje baja al 61% en los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años, coincidiendo con la época en la que se tienen más responsabilidades familiares, lo que, sin duda, condiciona un posible traslado.

En cuanto a la procedencia, los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja (86%), seguidos de Castilla y León (80%), Extremadura (77%), Baleares (77%), Galicia (76%), Andalucía (76%), Castilla la Mancha (73%), Cantabria (71%), Aragón (70%) y Murcia (70%).

Y, por el contrario, los que menos interesados están son aquellos que viven en las comunidades más atractivas para trabajar. Así, el País Vasco lidera la cola con 8 puntos por debajo de la media (57%), precedido por Cataluña (58%), el Principado de Asturias (58%), Navarra (61%), la Comunidad Valenciana (65%), Islas Canarias (66%) y la Comunidad de Madrid (66%).

Gabriel Cruz murió "una o dos horas después de comer"

ALMERÍA.- El niño de ocho años Gabriel Cruz falleció de muerte violenta en la barriada de Las Hortichuelas, en Níjar "una o dos horas después de comer", según el informe ampliatorio de la autopsia que ya tiene en su poder el juez de instrucción nº 5 de Almería, Rafael Soriano.

La autopsia recoge que las muestras del contenido estomacal remitido al Instituto Nacional de Toxicología, con sede en Sevilla, revelan un fallecimiento en las primeras horas del presunto secuestro a manos de Ana Julia Quezada, quien lo llevó a la finca familiar de Rodalquilar, situada a unos cinco kilómetros de la casa de la abuela paterna en Las Hortichuelas. El informe preliminar dató el deceso el mismo día de su desaparición, el 27 de febrero, y apuntó como causa de la muerte asfixia.

En su auto de ingreso en prisión, el magistrado Rafael Soriano sostiene que "resulta presuntamente incuestionable la participación" de Quezada en la muerte del menor y asegura que de su comportamiento "se infiere una malvada voluntad dirigida especialmente a asegurar la comisión del crimen".

Indica que, como parte de ese "macabro plan criminal", se intentó dotar de una coartada haciendo labores de pintura en la finca de Rodalquilar, en Níjar, y que actuó supuestamente para tratar de "despistar a los agentes de la autoridad que practicaban la búsqueda" hasta encontrar el "momento" de poder "hacer desaparecer el cuerpo".

El juez instructor destaca que enterró su cuerpo sin vida en un "hoyo que previamente había hecho con una pala" y luego quiso deshacerse del cadáver en un invernadero de acuerdo a las intervenciones telefónicas practicadas y cuyo contenido está en una pieza separada.

"Las pruebas revelan, presuntamente, una falta de sentimientos y humanidad que ella misma ha calificado, que, de ser ciertas, serían de pura crueldad", concluye para remarcar las "abrumadoras pruebas contra ella" no solo "porque ella misma ha reconocido el luctuoso suceso" sino también por las intervenciones acordadas judicialmente y a las pruebas recopiladas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El juez ha ordenado una nueva tanda de testificales en el marco de la causa abierta por la muerte violenta del niño en la barriada de Las Hortichuelas, en Níjar, y ha llamado a comparecer en sede judicial a diez personas, entre los que se encuentran algunos familiares del pequeño.
En un auto cita a dos de estas personas para el próximo día 10, a las 10,00 horas, mientras que los ocho restantes, entre los que hay un agente de Policía Local, deberán declarar en calidad de testigos el día 19, a la misma hora. El juez ha acordado, asimismo, prorrogar el secreto decretado sobre las actuaciones por un mes más al considerar que no han cambiado las circunstancias que dieron lugar a esta resolución.
Patricia Ramírez y Ángel Cruz, padres de Gabriel, ya comparecieron el 22 de marzo durante dos horas ante el magistrado en calidad de testigos y acompañados por los letrados Francisco y Miguel Ángel Torres ya que se han personado como acusación particular en las diligencias que se siguen contra Ana Julia Quezada, excompañera sentimental del progenitor, por la presunta comisión de delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral.
Poco antes de la cita, remitieron un comunicado a los medios de comunicación en que aseguraban que se enfrentaban "sin duda" a "uno de los días más duros". 

El juez instructor les tomó declaración por separado para indagar en aspectos que permitan aclarar cuál era la relación del niño con Quezada y conocer detalles de su comportamiento hacía ellos durante los 13 días en los que se mantuvo su búsqueda desde que se perdiera su rastro el 27 de febrero en Las Hortichuelas.
Durante este periodo, según considera indiciariamente la investigación y se recoge en el auto de ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de la autora confesa de la muerte, "dio una falsa apariencia de preocupación por la desaparición y suerte del niño" y "mantuvo el engaño, aumentándolo hasta el punto de colocar ella misma una camiseta del menor en el monte.
El magistrado Rafael Soriano también tomo declaración en calidad de testigo el 23 de marzo a la abuela paterna de Gabriel, de 84 años. Compareció durante media hora y, según los abogados de la acusación particular, fue un trance "muy doloroso". 

Ella estaba junto a Gabriel y la única sospechosa del crimen cuando se vio por última vez con vida al pequeño y la investigación sostiene que esta última "aprovechó un momento temporal en el que sabía a solas con el niño y que la abuela no lo iba a controlar" para, mediante "engaño" o "promesa de devolverlo pronto a jugar", llevárselo a la finca familiar de Rodalquilar en la que habría ocultado el cadáver.

Los embalses peninsulares están al 64% y los del Tajo tienen las mayores reservas

MADRID.- Los embalses peninsulares se encuentran al 63,8% de su capacidad total, con una reserva global de 35.758 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que empieza a aproximarse a la media de los últimos diez años, que se sitúa en 39.090 hectómetros cúbicos.

Según datos facilitados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), las precipitaciones han sido abundantes en la última semana en la vertiente atlántica, con la máxima en Pontevedra, donde se recogieron 68,7 litros por metro cuadrado. 

Al contrario, las lluvias han sido muy escasas en la cuenca mediterránea.

Estas precipitaciones han contribuido a aumentar en 779 hectómetros cúbicos la reserva de agua, lo que representa el 1,4% de la capacidad total actual de los embalses. 

En este sentido, destaca el porcentaje embalsado en la cuenca del Tajo, que alcanzó el 64,1 % en un día en que la comisión técnica del Tajo-Segura analizó esas existencias de agua para determinar si procede realizar un trasvase. 

Algo que se da por cierto, dado que los pantanos de Entrepeñas y Buendía sobrepasan los 400 hectómetros cúbicos, el umbral mínimo para trasvasar.

En concreto, siempre según los datos oficiales aportados por el Ministerio, Buendía almacena 259 hectómetros cúbicos de agua y Entrepeñas, 207, lo que hace un total 466 hectómetros cúbicos.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.

De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 

Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.

Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.

Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.

Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.

La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 

Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.

El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 

Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).

En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".

Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.

Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.

Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.

El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.

Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.

Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.

Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

Los permisos por matrimonio y muerte de familiares deben disfrutarse a partir del primer día laborable

MADRID.- Nueva doctrina para los permisos retribuidos por matrimonio, nacimiento de hijos y fallecimiento de un familiar. Una sentencia del Tribunal Supremo de este mes de marzo recoge que, cuando el "hecho causante" –el nacimiento, fallecimiento o boda– tenga lugar "en día feriado", estas ausencias pagadas deberán comenzar el primer día laborable que le siga, según recoge www.eldiario.es. 

Es decir, que si en su trabajo libra los fines de semana y se casa un sábado, por ejemplo, el permiso de 15 días (como mínimo) que le corresponde deberá iniciarse el lunes siguiente y no el domingo, como venía interpretando la justicia hasta la fecha.

La decisión del Supremo se refiere a un conflicto en los tribunales sobre el Convenio Colectivo Estatal para el sector del Contact Center, pero "que sin duda es extrapolable al cualquier caso en que se debata sobre la fecha de inicio del disfrute de un permiso 'con derecho a retribución", explica  en su blog Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en Universidad Autónoma de Barcelona. 

Los sindicatos coinciden también en su repercusión para el resto de sectores laborales, más allá del que afecta en concreto a los teleoperadores.

Los permisos retribuidos por estas tres situaciones que aborda la sentencia (matrimonio, muerte de familiar y nacimiento de un hijo) están reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.3, pero pueden ser ampliados por los convenios colectivos. En este caso, el Convenio Estatal de Contact Center recoge en su artículo 28 que "los trabajadores, previo aviso y justificación, podrán ausentarse del trabajo, con derecho a retribución, y desde que ocurra el hecho causante" durante 15 días naturales en caso de matrimonio, tres días por el nacimiento de un hijo, cuatro días "en caso de fallecimiento de cónyuge, padres, padres políticos, hijos y hermanos" y dos días por la muerte de "pariente hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad y hermanos políticos".

El Alto Tribunal da la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT), que acudió a la Justicia para reclamar que estos permisos contemplados en el convenio de Contact Center se empezaran a contabilizar desde el primer día laborable cuando el "hecho causante" cayera en día no laborable para el trabajador. 

El sindicato  reclamaba una interpretación "que no minorase otros derechos importantes como el disfrute de días festivos o el derecho al descanso intersemanal".

Tras una primera sentencia desfavorable de la Audiencia Nacional en julio de 2016, que desestimó la demanda del sindicato, el Supremo atiende ahora a la petición del sindicato, a cuyo recurso de casación se adhirieron Comisiones Obreras y UGT.

Con la interpretación de las empresas del sector, de la Audiencia Nacional y la más extendida hasta el momento, el permiso debía ser disfrutado de manera inmediata al acontecimiento que lo provoca. 

Dos ejemplos: si el padre de una empleada moría un sábado no laborable para esa trabajadora o este pasado 30 de marzo (Viernes Santo), el permiso comenzaba entonces y se veía afectado –recortado o incluso agotado– por los festivos que suceden a estas fechas.

El Tribunal Supremo falla ahora en otro sentido y establece, como demandan los sindicatos, que el día inicial para el disfrute de los permisos "cuando el hecho causante se produzca en día feriado debe ser el primer día laborable que le siga". 

El Alto Tribunal interpreta que la frase del convenio 'y desde que ocurra el hecho causante' no implica que este permiso deba aplicarse de manera inmediata, sino simplemente con posterioridad al "hecho causante".

Los magistrados de la Sala de la Social argumentan sobre el comienzo de los permisos contemplados en el convenio que "el día inicial no puede ser un día feriado" ya que el texto habla de "ausentarse del trabajo", por lo que deberá contarse a partir del primer día laborable. 

Además, los jueces sostienen que "otra solución podría llevar al absurdo de privar del permiso, o de días de permiso, en los supuestos en que el hecho causante acaece al inicio de varios días feriados seguidos, lo que es contrario al espíritu del artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores y a la norma convencional".

Los jueces del Supremo también explican que, con una "interpretación lógico sistemática y finalista" de la cuestión –no literal como la de la Audiencia–, se entiende que los permisos retribuidos se conceden "para su disfrute en días laborables, pues en días festivos no es preciso pedirlos porque no se trabaja". 

Las valoraciones de los magistrados del Supremo llevan al Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO a concluir que se trata de una doctrina que incide en otros aspectos del permiso, más allá de su inicio, "como es su cómputo y duración, cuando concurre con otros periodos de inactividad laboral, y si el permiso resulta agotado o consumido".

Para CCOO, cuando el permiso se fija en días laborables, si durante el transcurso hay un día festivo o descanso semanal, "se suspende el disfrute del permiso y se reinicia en el siguiente día laborable". 

Con esta interpretación, un profesor –con horario de lunes a viernes– cuyo hijo naciera el viernes por la mañana tendría ese día de permiso y retomaría el siguiente el lunes.

El catedrático Eduardo Rojo explica que "la sentencia solo puede resolver por aquello que le preguntan" y en este caso solo alude al inicio de los permisos. El profesor cree que "con una interpretación amplia de la sentencia del Supremo" se podría llegar a la conclusión de que se excluyeran los festivos del cómputo de los permisos. 

Pero, por el momento, prefiere la prudencia y reconoce que tiene "más dudas" que el gabinete de CCOO: "Creo que debería haber otra sentencia que planteara estas cuestiones en concreto".

Cómo hacer la declaración de la renta por Internet

MADRID.- La campaña de la renta 2017/2018 comienza este miércoles con la apertura del plazo para la presentación de la declaración, tanto por Internet como por teléfono. Asimismo, también se establece la posibilidad, desde hoy, de concertar una cita con la Agencia Tributaria para recibir ayuda telefónica, en el día y hora acordados, el nuevo plan 'Le Llamamos'.

Cómo hacer la declaración de la renta por Internet

Desde este año es posible realizar la declaración de la renta en el móvil a través de la 'app' de la Agencia Tributaria. La aplicación, disponible en Android e IOS, permitirá la presentación de declaraciones a los contribuyentes con un solo 'clic' y sin necesidad de acceder a un ordenador.

La nueva 'app' tiene cuatro apartados que hacen mención a las distintas posibilidades que es posible ejecutar con ella: 'Presentar declaración', 'Datos Fiscales', 'Estado de tramitación' y 'Consulta declaraciones anteriores'. 

Es muy importante que el dispositivo este protegido contra amenazas y virus. La app de la Agencia Tributaria permite gestionar hasta 20 perfiles de usuario. Es indispensable disponer de un certificado o DNI electrónico, cl@ve PIN o número de referencia.  

Desaparecido ya el programa PADRE, su sustituto es 'Renta Web', una aplicación que pretende facilitar y agilizar la confección de la declaración a través de métodos telemáticos.

Para acceder a 'Renta Web', que puede emplearse tanto en móviles como en tabletas, es necesario entrar en la página web de la Agencia Tributaria. Lo que permite 'Renta Web' es disponer de una propuesta de la declaración de la renta, como era el borrador, pero con las características de ser más sencilla y ampliada a todos los perfiles de contribuyentes. 

Una vez el contribuyente esté en la página de la Agencia Tributaria, es necesario entrar en el enlace 'Servicio de tramitación borrador / declaración (Renta Web)' y, a partir de ahí, será necesario seleccionar el tipo de acceso: con certificado electrónico, cl@ve PIN o número de referencia.

'Renta Web' permite generar el borrador o la propia declaración para su presentación a través de Internet o también obtener una 'predeclaración' para su presentación en papel desde el 10 de mayo, cuando sea posible entregarla en las oficinas y delegaciones de la Agencia Tributaria.

También se puede modificar una declaración ya presentada o presentar una declaración complementaria. 'Renta Web' facilita en la descarga de datos y recuerda, a través de una pestaña con la expresión 'pendiente', los apartados que es necesario completar con nuevos datos. Asimismo, también concede la posibilidad de apuntar una solicitud de rectificación.

Cómo hacer la declaración de la renta por teléfono

También es posible modificar y presentar el borrador y la declaración de la renta por teléfono en los siguientes números: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de lunes a viernes de 9 a 21 horas). Los números del Servicio de información tributaria son 901 33 55 33 y 91 554 87 70, este último disponible de lunes a viernes de 9 a 19 horas.

Cita previa para la declaración

Desde este miércoles también se puede solicitar cita previa para recibir ayuda telefónica -no la cita previa de atención asistencial ordinaria-. Es el plan 'Le Llamamos', por el cual se acuerda fecha y hora con la Agencia Tributaria, que será la que se ponga en contacto con el contribuyente.

El trámite para concertar la cita se puede hacer a través de la Agencia Tributaria o llamando a los números de teléfono automáticos 901 12 12 24 y 91 535 73 26 y los de atención personal 901 22 33 44 y 91 553 00 71. Para recibir esta ayuda será necesario haber obtenido antes el número de referencia a través del servicio RENØ.

Mínimos para hacer la declaración de la Renta

Con carácter general, todas las personas físicas están obligadas a presentar la declaración, excepto personas que, como recuerda la Agencia Tributaria, hayan recibido "exclusivamente" rentas procedentes de:

-Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales siempre que procedan de un mismo pagador.

-Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

-Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

¿Cómo solicitar el borrador de la renta de 2017? Fechas y claves de la campaña

MADRID.- Terminada la Semana Santa toca la vuelta de las vacaciones y empieza una de las preocupaciones de todos los españoles: el 4 de abril arranca la campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2017, que se podrá presentar hasta el mes de julio de 2018. 

Este año, además del programa Renta Web, la campaña de la declaración cuenta con una novedad: una 'app' para poder hacer la declaración desde dispositivos móviles con pasos sencillos.

Sin embargo, llegados a este punto, los más previsores ya empiezan a planear con todo lujo de detalle el momento en que poder hacer la declaración de la renta, toda la documentación necesaria para ello y otros asuntos clave, razona www.elconfidencial.com.

La primera duda surge, como es lógico, con la presentación del borrador. ¿Cómo lo solicito? 

En la página web de la Agencia Tributaria, cada año se genera una sección específica para la declaración, a la que se puede acceder desde la misma portada. 

El Portal de Renta 2017 muestra todos los datos de interés para presentarla, desde la fecha de comienzo de campaña a los datos fiscales de cada usuario, pasando por las declaraciones que ya han sido presentadas: a través del servicio de tramitación del borrador/declaración (Renta Web), al que se podrá acceder por varias vías, se podrá confeccionar, modificar y presentar la declaración. ¿Qué necesito para entrar en el servicio?

• Clave pin: para hacerlo de este modo es imprescindible estar registrado previamente en el sistema Cl@ve.
• Certificado o DNI electrónico.
• Número de referencia: en primer lugar, hay que acceder al servicio RENØ para obtener el número, que en 2018, en lugar de enviarse a través de un mensaje de texto al teléfono móvil, se podrá consultar directamente en la pantalla o en la 'app'.

• ¿Cómo tramitar la declaración de la renta 2017?

  Una vez introducida una contraseña e identificado el contribuyente, el sistema hace un estudio de validación, despliega los servicios disponibles e informa de las posibles diferencias entre los datos de la última declaración y los actuales. Si es la primera vez que ingresa en el servicio, en la primera pantalla se mostrarán los datos de identificación del declarante y del resto de los que conforman la unidad familiar: en este punto es donde hay que corregir y actualizar todos los datos, ya que el estado civil del declarante o los hijos menores de edad o incapacitados no se podrán modificar de forma posterior.
  
  Además, si se quieren comparar las modalidades de tributación, individual o conjunta, el sistema exigirá el número de referencia del cónyuge o un código PIN para autorizar el acceso al mismo. Una vez que se finalice con los datos de identificación, si la aplicación detecta que se debe trasladar a la declaración algún otro dato fiscal, será el propio servicio el que se lo solicite.
  
  En caso contrario, y de no recibir ninguna indicación posterior, el declarante podrá acceder directamente al resumen de resultados desde el que se pueden comprobar las distintas opciones de declaración, y completarla en caso de ser necesario. El calendario de la campaña marca el inicio de la misma el 4 de abril, y hasta el 2 de julio se extenderá el periodo en el que se podrán presentar las declaraciones del ejercicio del último año.

La cúpula de 'Defex' obtuvo más de 20 millones en mordidas por la venta de armas

MADRID.- Los principales investigados en el caso de supuesta corrupción internacional con la venta de armas desde la empresa pública Defex, el expresidente José Ignacio Encinas Charro y el directivo y coronel de Infantería de Marina retirado, Ángel María Larumbe, han conseguido más de 10 millones de euros cada uno en comisiones irregulares entre 2002 y 2012, según fuentes del caso que se instruye en el juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional y recoge la Cadena SER.

Mordidas por la venta de armamento y distinto equipo de seguridad en más de 70 contratos bajo sospecha suscritos con países como Angola, Arabia Saudí, Brasil, Camerún o Egipto entre otros, que acababan en cuentas opacas a nombre de empresas en paraísos fiscales.

Encinas Charro y Larumbe, a través de uno de sus supuestos testaferros, Vicente Ferro, han afirmado al juzgado que las comisiones eran lícitas y las autorizaba la propia Defex. Para ello, han presentado un escrito en un folio sin membrete y con el porcentaje del beneficio escrito a bolígrafo: un 0,5% de cada contrato de la empresa pública.

Pero ha sido Defex la que ha desmontado la coartada de los supuestos cabecillas de la trama, al contestar en un documento al juzgado que "bajo ningún concepto" autorizaron jamás las comisiones.

El caso de supuesta corrupción en la ya disuelta empresa pública Defex, dependiente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), estalló en 2014 cuando el entonces titular del juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y el fiscal Anticorrupción Conrado Saiz, desvelaron el fraude cometido en un contrato de equipamiento policial a Angola en 2008 por un total de 152,9 millones de euros.

La pública Defex, en colaboración con Comercial Cueto, aprobó la venta por ese importe, pero al país africano solo le llegaron armas por valor de poco más de 50 millones. Los más de 100 restantes se repartieron, supuestamente, entre funcionarios angoleños y los jefes de la trama en España. 

Para ello utilizaron una compleja ingeniería societaria opaca en paraísos fiscales que fue diseñada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.

Las fuentes de la investigación, que ha sido dirigida por la UCO de la Guardia Civil en colaboración con la Policía Nacional, sostienen que esta empresa pública funcionaba “en el ámbito de la comisión” y “sobredimensionaba el coste de los equipamientos a exportar entre un 200 y un 300 por ciento” para repartirse mordidas millonarias en colaboración con funcionarios corruptos de los países a los que vendía armas.

La pieza separada que investiga el contrato con Angola está prácticamente cerrada y preparada para el juicio oral. Casi todos sus responsables han sido identificados excepto el "kin" (sic) o "rey" de la trama (king): el mayor comisionista que solo por este contrato cobró una mordida de 3 millones de euros.

Al menos García Paesa y Juan Carlos Cueto, así como José Ignacio Encinas Charro, conocen la identidad del particular "míster X" de la organización criminal, según fuentes de la investigación, pero hasta el momento se han negado a desvelarla. 

Encinas Charro se limitó a asegurar cuando fue preguntado al respecto por el juez que eso eran "palabras mayores".

¿Cómo afectarán a los ciudadanos españoles las nuevas medidas de EE UU para obtener un visado?

MADRID.- El Gobierno de Estados Unidos quiere endurecer aún más, por motivos de seguridad, los controles de entrada para todas aquellas personas que tengan previsto desplazarse próximamente al país.

En este caso, a través de la recopilación unos datos personales adicionales a los ya previstos que proporcionarán los propios individuos vía formulario, entre ellos, las cuentas en redes sociales y de correo electrónico y los números de teléfono que hayan utilizado en los últimos cinco años, según desveló el Departamento de Estado la semana pasada.

La controvertida medida, que se encuentra en trámite de consulta pública (que acaba el 29 de mayo), todavía está pendiente de aprobación y no afectará a todas las personas por igual, incluidos los ciudadanos españoles, a juicio de 20Minutos.

¿A quién afectará la medida?

A todos los solicitantes de visado, de inmigrante (permanente) y de no inmigrante (temporal). En total, calcula el Gobierno estadounidense, a 14,7 millones de personas al año, de los que solo 14 millones son solicitantes de visados de no inmigrante; quedarían excluidos los visados diplomáticos. Hay que recordar que no todos los visados que se piden se conceden.

¿En qué formularios se pedirán los datos?

Para los visados de inmigrante, en el formulario DS-260 (online); para los visados de no inmigrante, en el formulario DS-160 (online) y en el DS-156 (papel, para casos limitados). Estos formularios ya existen: se modificarán para incluir las nuevas preguntas.

¿Qué es un visado de inmigrante?

El que pide un ciudadano extranjero para poder residir de forma permanente en EE UU. Según la Embajada estadounidense en España, "debe estar patrocinado por un ciudadano estadounidense o un residente legal permanente de los Estados Unidos que sea familiar inmediato, o futuro empleador, y tener una petición aprobada antes de solicitar el visado". El "patrocinador" es el que inicia los trámites. 

Este tipo de visados los pueden pedir familiares de ciudadanos estadounidenses; personas que vayan a casarse con ciudadanos de EE UU y se quieran quedar allí; personas que vayan a trabajar; residentes de EE UU que llevan tiempo fuera; agraciados en la denominada "lotería de la diversidad" para lograr una green card; etc.

¿Qué es un visado de no inmigrante?

El que pide un ciudadano de reside de forma permanente fuera de EE UU y quiere desplazarse allí de forma temporal. Los motivos son diversos: turismo, negocios, estudios, empleo temporal, un tratamiento médico, etc.

¿Cuántos visados se conceden al año para España?

En el año fiscal 2017, según datos del Gobierno de EE UU, se emitieron 766 visados de inmigrante asignados a España; de ellos, 465 se emitieron desde las representaciones diplomáticas. En cuanto a los visados de no inmigrante, se emitieron 36.221 (32.783 a nacionales españoles), la mayor parte para los llamados "exchange visitor" (au pairs, profesores).

¿Y para los turistas?

Los españoles no necesitan pedir un visado para hacer turismo a EE UU. Es más, no necesitan pedirlo para estancias de menos de 90 días, ya que España está incluida junto a otros 37 países en el Programa Visa Waiver, que les exime de este trámite. Lo que sí necesitan es un pasaporte con datos biométricos (no sirve uno provisional) y una ESTA: autorización de viaje que tiene una vigencia de dos años. 

Desde enero de 2016, explica Exteriores, hay una excepción a estas autorizaciones para "los españoles que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen (desde 1 marzo 2011) o tengan la doble nacionalidad española y de alguno de estos países".

¿Cuántos españoles viajan a EE UU cada año?

En 2016 lo hicieron unos 800.000, según cifras oficiales.

¿Qué datos adicionales se quieren pedir ahora?

Los formularios mencionados antes requerirán a los solicitantes el detalle de los perfiles que hayan utilizado en redes sociales en los últimos cinco años. Habrá un listado para ir seleccionando en el que estarán, entre otras, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Flickr, Linkedin, Reddit, MySpace y Weibo. 

También se pedirá la relación de números telefónicos, direcciones de correo electrónico y viajes internacionales en ese mismo tiempo, así como direcciones físicas anteriores (desde los 16 años), aclaraciones sobre problemas previos con inmigración o sobre si se tienen familiares con vínculos terroristas.

¿Es esto nuevo?

No del todo. En junio del año pasado, el Gobierno de Donald Trump ya aprobó una norma que permitía a los funcionarios pedir estos datos a los solicitantes de visados que requirieran de un "escrutinio adicional". Y cifró estos solicitantes en unos 65.000. Asimismo, los ciudadanos de los países del programa Visa Waiver pueden facilitarlos de forma opcional desde octubre de 2016.

Contexto adicional

Según el Gobierno de EE UU, en 2015 vivían en el país unos dos millones de trabajadores no inmigrantes, estudiantes, visitantes de intercambio, diplomáticos y otros. En 2014, había 12,1 millones de inmigrantes no autorizados, la mitad mexicanos.

El alquiler se dispara un 7,6% en sólo un año

MADRID.- Alquilar una vivienda nunca fue tan caro como lo es hoy. Como tampoco ha sido nunca tan lucrativo poner un piso en alquiler. Los precios siguen al alza y la rentabilidad para los inversores, también. Un 7,6% es lo que ha subido la media nacional, pero se ha rebasado el 16% en Sevilla, Tenerife o Valencia, según un informe periodístico de El Mundo. 

Los precios de la vivienda nueva y usada escalaron un 4,3% en el último trimestre de 2017, una subida demasiado marcada, según advirtieron ayer desde la Sociedad de Tasación, alcanzando un precio medio de 1.532 euros el metro cuadrado y que se ha acelerado considerablemente en apenas unos meses -en el último trimestre de 2016 subió un 0,3%- desde que el sector inmobiliario inició su recuperación en nuestro país.

La rentabilidad bruta de los alquileres también se está disparando. Ha alcanzado el 8,2% en el primer trimestre de 2018, devolviendo el ladrillo a una de las primeras posiciones, en cuanto a atractivo, como destino del ahorro de los españoles.

Madrid, con una rentabilidad del 7,46%, o Barcelona, con un 8,72%, son dos de los destinos en los que puede resultar más interesante poner una vivienda en alquiler, pero no son las ciudades en las que más está creciendo. Sevilla, Valencia y Santa Cruz de Tenerife encabezan, con mucha distancia, el ranking de este primer trimestre del año, con alzas del 17,7%, 16,7% y del 16,2%, respectivamente.

El informe Tendencias del Sector Inmobiliario de la Sociedad de Tasación establece un semáforo del riesgo que el inversor asume al poner en alquiler una vivienda según la comunidad autónoma. En el caso de Madrid, Valencia o Sevilla, el riesgo es casi inexistente, según este informe. La otra cara del riesgo la encontramos, sin embargo, en Cantabria, Huelva, Ávila o Teruel.

Para intentar contener el precio de los alquileres y evitar a toda costa que se produzca una burbuja en el sector, el Gobierno incluyó el mes pasado en el Plan Nacional de Vivienda un programa de ayudas destinado a estimular los alquileres, con ayudas directas a los menores de 35 años que podrían acceder hasta un 50% del precio, siempre que no supere los 600 euros [algo que prácticamente descarta las grandes ciudades], y los ingresos del solicitante no rebasen cuatro veces el IPREM (el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, que no sean superiores a 30.000 euros anuales.

En los grandes núcleos de población, como Madrid o Barcelona, y en las zonas especialmente turísticas está teniendo un impacto creciente la irrupción de los llamados pisos turísticos que se gestionan en su mayoría a través de plataformas como Airbnb.

El fenómeno de la gentrificación, que es como se conoce, está desplazando a los habitantes de estas ciudades hacia la periferia, elevando los precios del alquiler, y dejando los centros y las zonas próximas a los puntos de interés casi exclusivamente para los turistas.

Esta realidad es en sí misma una excelente oportunidad para los inversores, que adquieren inmuebles todavía a precios inferiores al estallido de la crisis y optan por rentabilizarlos y explotarlos a través del alquiler turístico. Sin embargo, la capacidad de los españoles para reunir el dinero que exige una inversión inmobiliaria ha quedado muy mermada con la crisis económica y son, en gran medida, oportunidades al alcance sólo para grandes patrimonios.

Los españoles necesitan unos 7,5 años de sueldo íntegro para la adquisición de una vivienda media, según la Sociedad de Tasación. En concreto, su índice de esfuerzo inmobiliario, que mide el número de años de sueldo íntegro que un ciudadano necesita destinar para comprar una vivienda de tipo medio, se ha situado en el primer trimestre del año dos décimas por encima de lo registrado en 2017.

Pero el esfuerzo no es igual depende en la CCAA en la que vivas.En Baleares son necesarios casi 15 años y en Madrid (8) y Cataluña (8,5) el esfuerzo es alto, pero menor. País Vasco (7,4 años), Canarias y Galicia (7,2), Cantabria y Andalucía (6,9), Navarra (6,3), Castilla y León (5,8), C.Valenciana (5,6), Castilla-La Mancha (5,4), Asturias y Extremadura (5,3), Aragón (5,2), Murcia (4,9) y La Rioja (4,8 años) completan el ranking.

Los acuíferos aportarían siete veces el agua de los embalses

MADRID.- Los cálculos apuntan que la capacidad de los acuíferos en España supera los 400.000 hectómetros cúbicos (unas siete veces el agua total que se puede recoger en los embalses). Y es una cantidad de agua que hoy en día se encuentra desaprovechada, bien por una falta de gestión, bien por una mala gestión, lo que da lugar a la sobreexplotación de las masas subterráneas, plantea hoy elEconomista.

Actualmente, la estimación de las reservas totales de los acuíferos de las distintas demarcaciones es de 48.000 hectómetros cúbicos, según Juan José Durán, director del Departamento de Investigación en Recursos Geológicos del Instituto Geológico y Minero de España (Igme), por lo que se podría multiplicar casi por 10 la capacidad de abastecimiento actual. 

Según los expertos, dadas estas cifras, una gestión regulada de los acuíferos, que incluyera la recarga artificial, se sumaría a las herramientas para planificación hídrica del país que permitiría hacer frente a los episodios climáticos extremos y al estrés hídrico. 

Y más teniendo en cuenta que entre el 25% y 30% de los recursos utilizados para abastecimiento urbano proceden de fuentes subterráneas, el 20% de los recursos para el riego -lo que supone el 28% de la superficie regada- y el 22% del agua para uso industrial.

"No existe un ciclo verdadero de gestión integral del agua. Se ha desasociado la fase subterránea del ciclo integral del agua urbana. No existe una solución única, pero vemos que, cuando tienen lugar las grandes discusiones políticas, se centran en trasvases, desaladoras, etc., pero existen distintas herramientas", se queja Fernando López Vera, presidente de la Fundación Fomento y Gestión del Agua.

La explotación del acuífero está, desde el punto de vista jurídico y a nivel nacional, "pendiente de desarrollo legislativo", apunta José Antonio de la Orden, investigador del Igme. 

A nivel europeo, la Directiva Marco del Agua considera la recarga artificial como una presión sobre las masas de agua subterráneas, es decir, por lo tanto, se considera un vertido. El Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico no hacen una definición de la recarga artificial de acuíferos, por lo que se extiende la consideración europea de vertido. 

"Hay que flexibilizar la normativa. Según la actual, la lluvia no cumpliría los requisitos, sería considerada vertido", explica Jesús Carrera, profesor de Investigación del Instituto Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.

No es el único aspecto que preocupa al sector de la regulación sobre acuíferos. La titularidad del acuífero y de la recarga es otro de los aspectos que están pendientes de desarrollo normativo, así como la normativa de su aprovechamiento, lo que crea inseguridad jurídica para los operadores.

Además, el perímetro de salvaguardia del volumen de agua recargada, así como la flexibilización de la utilización conjunta, son aspectos que las empresas demandan que se regule para poder poner en práctica más proyectos de recarga.

"Empresarialmente no vamos a apoyar más, es la administración la que tiene que cambiar la ley y cambiarla radicalmente", indica Pedro Rodríguez Medina, director de Desarrollo Corporativo de FCC Aqualia. Hoy en día, tal y como está la legislación, apostar por la recarga artificial de acuíferos, "es más costoso, porque sería incluir nuevas fases en el tratamiento para ser capaces de recargar los acuíferos", continúa. 

De la misma opinión es Marina Arnaldos, responsable del Área de Recursos Hídricos, Producción y Regeneración de Cetaqua, quien apunta que "plantear que el operador va a hacer algo que no es rentable, no es posible. No va a tratar un agua para recargar un acuífero que no va a utilizar. Otra cosa sería que no tuviera que tratarla".

Por su parte, la administración parece no tener en su agenda a corto plazo este tema. Luis Martínez Cortina, consejero del Ministerio de Agricultura, asegura que "se puede hablar de ello en los planes hidrológicos del tercer ciclo; los segundos estaban muy centrados en la depuración. Pero no es algo ni inmediato ni sencillo". 

Y recuerda que las cuestiones medioambientales tienen prioridad en este asunto. "La Directiva Marco del Agua recoge la recarga artificial como una presión sobre nuestras masas de agua. Y el fin último de la directiva es preservar el estado de las masas. Lo que hay que demostrar es la inocuidad de lo que viertes".

Según Victor Arqued, secretario general de Planificación y Uso Sostenible del Agua, las líneas de actuación se centran en la actualización del inventario de recursos hídricos, ajustes en la caracterización de las masas de agua subterránea, el ajuste de los programas de seguimiento sobre las mismas, de las exenciones y la actualización y ajuste de los programas de medida.