martes, 29 de enero de 2013

La Junta considera que el nuevo horario de La Alcazaba "no va a mermar" los servicios ni la afluencia turística

ALMERÍA.- La delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Isabel Arévalo, ha considerado este martes que la implantación de un nuevo horario en el Conjunto Monumental de La  Alcazaba "no va a mermar" ni los servicios ni la afluencia turística al monumento "más visitado de toda Almería". 

   Así se ha pronunciado la delegada después de que la Consejería de Cultura y Deporte manifestara en una nota su deseo de que el nuevo calendario de apertura de museos y conjuntos culturales dependientes de la Junta "satisfaga las necesidades" de la ciudadanía y público visitante, así como a peticiones del sector turístico; un asunto que se ha debatido este martes con representantes sindicales.
   En general, el nuevo calendario amplía los horarios de los días festivos y "adapta otros a las condiciones climáticas y estacionales". Concretamente, y según recoge la Junta en la web de la Consejería de Cultura, del 1 de junio al 15 de septiembre, de martes a sábado, el horario será de 9,00 a 15,30 horas, excepto domingo y festivos que será de 10,00 a 17,00 horas, mientras que los lunes estará cerrado.
   Pese a esto, Arévalo ha asegurado que tanto en el caso del conjunto monumental como en el Museo Arqueológico de Almería --para el que se aplica el mismo horario-- se van a mantener "excepcionalidades" en el programa con la posibilidad de organizar visitas grupales, de carácter nocturno, visitas teatralizadas y otras actividades, sin que quede descartada esta franja horaria.
   "Eso ya se hace en los conjuntos monumentales donde hay actividades fuera del horario estipulado", ha manifestado la titular territorial de Cultura, quien ha advertido que se trata de poner los recursos "al servicio" de la ciudadanía, sentido en el que ha especificado además que habrá una bolsa con la que cubrir las aperturas de cara a los trabajadores.
   Al hilo de esto, la directora general de Bienes Culturales e Instituciones Museísticas, Elia Maldonado, ha señalado que la medida, adoptada tras no obtener el "respaldo" ni "alternativas" de los sindicatos, "responde a la demanda turística y permite que las familias y los trabajadores puedan disponer de mayores posibilidades de acceso a museos y conjuntos culturales".

   En este sentido, desde la Consejería se ha afirmado que seguirán "abiertos al diálogo" aunque la propuesta "prácticamente se había cerrado" el pasado 18 de diciembre. "La Ley 3/2012 del Gobierno de España no permite la contratación de sustituciones, cobertura de vacantes por jubilación ni el pago de horas extraordinarias en administraciones públicas y, sobre todo, amplía la jornada laboral a 37,5 horas", ha dicho Maldonado, que agrega que "para que esta medida afectase lo menos posible a los horarios de verano hemos optado por racionalizar los recursos humanos adaptando el horario a la demanda de la ciudadanía y a la especificidad climatológica de Andalucía".
   Desde la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte han explicado que en los próximos días se mantendrá una reunión con la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal) a los que se explicarán los nuevos horarios que "no van a repercutir" en la actividad turística, según los estudios previos realizados por la Junta sobre la afluencia de visitantes al monumento.
   El nuevo calendario posibilitará que el público disfrute de los museos y conjuntos culturales los siguientes días no laborables: lunes 7 de enero (Reyes); jueves 28 de febrero (Día de Andalucía); jueves 28 de marzo (Jueves Santo); viernes 29 de marzo (Viernes Santo); jueves 15 de agosto (Asunción); sábado 12 de octubre (Fiesta Nacional de España); viernes 1 de noviembre (Fiesta de todos los Santos); viernes 6 de diciembre (Día de la Constitución); lunes 9 de diciembre (Inmaculada).
   A estos nueve días festivos se le suman en 2013 dos festividades de carácter local, que aplicará cada una de las delegaciones territoriales de Educación, Cultura y Deporte en las diferentes provincias, atendiendo a las particularidades de cada una de ellas. Con ello se pretende atender una demanda histórica del sector turístico, que solicitaba que se tuvieran en cuenta también las respectivas fiestas locales.

El PP preguntará en el Parlamento por la "disparatada" decisión de cerrar La Alcazaba las tardes de verano

ALMERÍA.- El parlamentario andaluz del PP de Almería José Jesús Gázquez ha registrado en el Parlamento de Andalucía una pregunta para que el consejero de Cultura y Deporte, Luciano Alonso, de explicaciones sobre "si la Consejería tiene previsto el cierre de la Alcazaba de Almería, los museos y conjuntos culturales durante las tardes de verano".

   Gázquez afirma que si finalmente el consejero lleva a cabo esta "disparatada" decisión, supondrá un "duro golpe" para el turismo de la provincia, por lo que espera que en la próxima Comisión de Cultura "dé las explicaciones oportunas y confirme que los conjuntos culturales de Almería sí abrirán durante las tardes veraniegas".
   Para el parlamentario del PP "el anuncio de la Consejería no tiene ni pies ni cabeza" por eso advierte al consejero que "si no rectifica y su respuesta es negativa para los intereses de la provincia, vamos a presentar una Proposición No de Ley para que se someta a debate y votación, y así comprobar si el PSOE de Almería seguirá bailando el agua a la Junta o, por una vez, apuesta por defender los intereses de los ciudadanos almerienses", según ha dicho.
   El diputado autonómico 'popular' ha criticado que el Gobierno andaluz, en lugar de "apostar por la cultura y defenderla, que es lo que tienen que hacer las administraciones, se dedique a poner trabas en el camino", y a "castigar" al turismo de la provincia de Almería.
   "Desde el PP no vamos a permitir que desde la Junta sigan castigando a los almerienses y a su patrimonio cultural. Esperamos una respuesta clara y contundente del consejero, a favor de la Alcazaba y de los conjuntos culturales de la provincia, y si no es así actuaremos en consecuencia", concluye Gázquez.

La Junta podrá suspender una planificación urbanística para "garantizar el interés público"

SEVILLA.-   El Consejo de Gobierno ha acordado este martes la modificación del artículo 35 de la Ley Urbanística de Andalucía (LOUA) con una disposición transitoria sobre la suspensión de instrumentos de planificación urbanística en aquellos casos en los que, concurriendo circunstancias excepcionales, sea necesario garantizar el interés público.

   El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que en el apartado 2 del artículo 35 de la LOUA se regula la posibilidad de suspender cautelarmente cualquier instrumento de planeamiento urbanístico si con ello se persigue la salvaguarda de la eficacia de las competencias autonómicas.
   Según ha agregado, dicha medida solo se puede aplicar si se ven quebrantadas o ignoradas las competencias autonómicas y la Junta tiene la obligación de garantizarlas. No obstante, según ha añadido, pueden existir otros supuestos, donde forzosamente no se tienen que ver concernidas las competencias autonómicas, pero está por medio el interés público.
   Ha indicado que, en ese sentido, hay ayuntamientos cuyo planeamiento vigente, por circunstancias sobrevenidas, pueden tener algún tipo de impedimento para el desarrollo normal de la actividad económica municipal, es decir, afectado por tanto el interés público y que solicita la paralización y suspensión del planeamiento urbanístico de acuerdo con esas circunstancias sobrevenidas.
   "Es decir, se genera una situación donde hay que preservar el principio de seguridad jurídica", según Vázquez, quien ha señalado que para dar cobertura legal a esas situaciones, se incluye en el artículo 35 de la LOUA un apartado número 3 que hace posible que el Consejo de Gobierno, por razones de interés público, pueda suspender de manera cautelar un instrumento de planeamiento "en tanto que se produzca su innovación o restauración".
   Ha agregado que los requisitos para que esto se produzca es que sea con carácter excepcional; que sea necesario garantizar el interés público; y tiene que ser a petición, convenientemente razonada, de un ayuntamiento o varios afectados, la suspensión se tiene que tomar por decisión del Consejo de Gobierno, con dictamen previo del Consejo Consultivo.
   La suspensión no podrá ser superior a dos años y desde que se produce la misma hay que regular una normas sustantivas que deben regir de manera transitorio, en tanto en cuanto se ponga en marchan los instrumentos de planeamiento urbanístico ya debidamente renovados. Para esas normas, sustantivas hay un plazo de seis meses.

 Más protección de los espacios no urbanizados del litoral

El Consejo de Gobierno ha acordado este martes la formulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, previsto en el Decreto-ley de medidas urgentes aprobado el pasado 27 de noviembre para garantizar la preservación de la franja costera de la comunidad. Esta norma establece un plazo de dos años para la aprobación del documento, cuyo texto inicial deberá someterse a información pública en seis meses.
   El Plan de Protección del Corredor Litoral fijará los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento municipal para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en los primeros 500 metros de la costa, así como en todas aquellas zonas necesarias para asegurar las finalidades de preservación, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
   En consonancia con ello, el documento incluirá como objetivos generales preservar de la urbanización las zonas con valores ambientales, naturales, paisajísticos, culturales, agrícolas y forestales de los espacios litorales; evitar la consolidación de nuevas barreras urbanas entre los espacios interiores y los costeros; favorecer la biodiversidad a través de la continuidad de ambos, y armonizar la regulación del suelo no urbanizable en los municipios del litoral andaluz.
   El acuerdo de formulación aprobado este martes establece que la elaboración del plan corresponderá a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, además de crear una comisión de redacción que se encargará de emitir dos informes sobre el documento: uno antes de su exposición pública y otro después de las modificaciones que se incorporen.
   La comisión de redacción estará presidida por la secretaria general de Ordenación del Territorio de la Junta e integrada por representantes de este departamento, así como de las consejerías de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación, Ciencia y Empleo; Fomento y Vivienda; Salud y Bienestar Social; Turismo y Comercio, y Cultura y Deporte; de la Administración General del Estado, y de los correspondientes municipios.
   Para garantizar el cumplimiento de las previsiones del plan durante su elaboración, el Decreto-ley de medidas urgentes ya estableció --desde su entrada en vigor-- la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de los municipios litorales no adaptados al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
   A partir de la exposición a información pública, esta medida se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento. Independientemente de ello, los municipios que actualmente se encuentran en proceso de revisión y adaptación al POTA podrán continuarlo con normalidad.
   El trámite de información pública se prolongará durante dos meses con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales, así como de la ciudadanía en general. Tras la tramitación y resolución de las correspondientes alegaciones, el plan será aprobado de manera definitiva por el Consejo de Gobierno en un plazo no superior a dos años.
   Miguel Ángel Vázquez ha querido dejar clara la voluntad de la Junta de llevar a cabo un proceso participativo, de diálogo y abierto al resto de administraciones y al conjunto de agentes sociales económicos implicados en la materia. Ha recalcado que se quiere poner el énfasis en la "cooperación, frente al enfrentamiento" y en el crecimiento ordenado, frente a la especulación y la burbuja inmobiliaria.  
   Preguntado sobre las reticencias que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha planteado a este decreto durante la ronda de reuniones sobre el 'pacto por Andalucía', ha indicado que la Junta ya manifestó en su día que el decreto continuaría su trámite ordinario y para nada tiene que afectar al citado pacto, que "marcha a buen ritmo".
   Por su parte, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha manifestado que para que el modelo turístico de Andalucía sea competitivo, tiene que ser sostenible territorialmente y medioambientalmente para que sea sostenible económicamente.
   Se ha mostrado convencido de que los empresarios turísticos con los primeros interesados en que el producto turístico sea de vanguardia y de calidad, porque es la manera de generar riqueza y empleo. Ha expresado que le asombra que haya dirigentes políticos que juegan un papel institucional en defensa de determinados territorios urbanísticos y que, en realidad, están defendiendo a grandes promotores inmobiliarios en lugar de a los empresarios turísticos.

La Junta fija un máximo de diez festivos al año de libre apertura de grandes superficies

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un decreto-ley de modificación del texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía por el que fija un máximo de diez domingos y festivos de libre apertura al año para comercios, cifra fijada como mínima por el Gobierno de la Nación en el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas de liberalización de horarios comerciales, ya recurrido por la Junta ante el Tribunal Constitucional (TC).

   Según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, el objetivo de la Junta con esta modificación legal, que también incluyen mejoras en la regulación del comercio ambulante y de las ferias de oportunidades, es "preservar al máximo los intereses de las pequeñas y medianas empresas (pymes) frente a la nueva regulación del Gobierno de la Nación, que beneficia a las grandes superficies".
   La nueva normativa incorpora la opción de mínimos de regulación de horarios y festivos de libre apertura que el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas de estabilidad presupuestaria, deja a las comunidades frente a la liberalización total impuesta con carácter general. Esta opción, la menos perjudicial para el equilibrio del tejido comercial, se concreta en unos topes mínimos de 90 horas semanales para el desarrollo de la actividad de los comercios y de diez domingos y festivos anuales de apertura autorizada, frente a las 72 horas y ocho festivos establecidos hasta ahora.
   Por otro lado, sigue vigente la libertad horaria que la legislación autonómica ya establecía para los locales de menos de 300 metros cuadrados, las tiendas de conveniencia, los establecimientos de estaciones y aeropuertos y los establecimientos de los municipios andaluces declarados zonas de gran afluencia turística.
   En este sentido, el consejero ha expuesto que el 97 por ciento de los esteblecimientos comerciales al por menor (con una superficie de exposición y venta de menos de 300 metros cuadrados) tienen un régimen de libertad horaria, de manera que podrán abrir cualquier día del año.
   Con esta modificación en la Ley de Comercio Interior de Andalucía, según ha expuesto Rafael Rodríguez, se persigue, ante todo apooyar, preservar e incentivar los pequeños y medianos comercios y apostar por un modelo netamente andaluz, que no es ni "anflosajón, centroeuropeo o chino".
   Ha lamentado que el decreto del Gobierno de la Nación, recurrido por la Junta ante el Tribunal Constitucional, cambiara las reglas del juego en el sector comercial, sin consultar con ninguna comunidad, y no diera respuesta a los problemas del pequeño y mediano comercio (la debilidad de la demanda, las dificultades financieras o los problemas de competencia desleal), sino que lo que pretende es un travase de renta a los grandes centros comerciales.
   La Junta planteó el recurso ante el TC al entender que los artículos 27 y 28 del real decreto del Ejecutivo nacional vulneran y dejan sin contenido competencias autonómicas sobre horarios, rebajas y ordenación del comercio minorista, además de suponer un perjuicio para las pymes comerciales de la comunidad.
   Además el decreto-ley introduce por primera vez en la legislación autonómica la regulación de las denominadas 'Ferias de Oportunidades', un nuevo fenómeno en creciente expansión y ahora favorecido por la crisis económica. Se atiende así una petición del sector comercial, que señala que el vacío legal en este ámbito ha originado prácticas desleales que perjudican a profesionales y consumidores.
   Bajo la denominación genérica de 'Ferias de Oportunidades' quedan englobados aquellos eventos de carácter multisectorial, promovidos tanto por los comerciantes y sus asociaciones como por cualquier entidad pública o privada, que se celebran fuera de los establecimientos habituales y tienen por objeto la realización de ventas en condiciones ventajosas para el consumidor.
   Como principales requisitos para estos eventos, se fijan la obligación de comunicar a la Administración autonómica su celebración con 30 días de antelación e indicación de los principales datos; la duración máxima de tres días, y el límite de una feria al año en un mismo municipio (si es de ámbito local) o en una misma provincia (si tiene carácter provincial). Asimismo, se exige que las dos terceras partes de los comerciantes que participen ejerzan su actividad en el ámbito en el que se celebre.
   De igual manera, el decreto-ley de la Junta modifica también el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante de Andalucía con el fin de establecer en 15 años el periodo de vigencia de las autorizaciones para el ejercicio de esta actividad.
   La ampliación del plazo, que además podrá ser prorrogado por otro idéntico a solicitud del interesado, garantiza mayor seguridad y estabilidad a los profesionales del sector, ya que el actual (entre uno y cuatro años) generaba incertidumbre acerca de la continuidad de las licencias municipales y disparidad de duraciones entre los distintos ayuntamientos, además de no dar tiempo en muchos casos a amortizar las inversiones.

lunes, 28 de enero de 2013

La Junta sólo renovará el concierto a los centros que cambien a enseñanza mixta

CUEVAS DEL ALMANZORA.- La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, ha invitado este lunes a los doce centros de la comunidad que imparten educación separada por sexos a que opten por la enseñanza mixta y ha advertido de que, sólo bajo esta premisa, "no tendrán problemas para poder renovar sus conciertos" con la administración.

   En declaraciones a los periodistas, Moreno ha subrayado que, tras las últimas resoluciones del Tribunal Supremo (TS) que respalda la postura de la Junta andaluza, es "una decisión" de los propios centros si quieren conservar la asignación de dinero público.
   "Quien quiera dar enseñanza mixta, va a renovar sus conciertos", ha reiterado al tiempo que ha aclarado que su departamento "no tiene interés en rescindir los conciertos".
 "Lo que queremos es que haya enseñanza mixta porque pensamos, al igual que comparte el Supremo, que lo normal es que niños y niñas se eduquen juntos".
   Moreno ha trasladado, en esta línea, que no se va a "cansar" de hacer el llamamiento en este sentido a los doce centros escolares andaluces que se ven afectadas por la resolución de la Junta. "Queremos que empiecen a impartir enseñanza mixta y así no tendrán problemas para renovar sus conciertos", ha apuntillado.

Gracia ve "razonable" prohibir sobresueldos a cargos públicos

HUELVA.- El presidente del Parlamento andaluz, el socialista Manuel Gracia, se ha pronunciado este lunes sobre la propuesta del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de "prohibir por ley" el pago de sobresueldos por parte de los partidos a sus cargos públicos y le ha pedido al PP que es "momento de demostrar sensibilidad social".

   En declaraciones a los periodistas en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH), en su visita a la provincia onubense, Gracia ha remarcado que está "totalmente" de acuerdo con la propuesta "no solo por la dificultad de crisis y la necesidad de dar ejemplo, sino que hay que estar en la actividad política por el principio de un puesto y un sueldo".
   "Me parece que una persona que ocupa un cargo público debe dedicarse a ese cargo y cobrar el sueldo que corresponda al nivel de actividad o al grado de responsabilidad que se tenga, pero un solo sueldo", ha enfatizado el presidente del Parlamento andaluz.
   El problema de los sobresueldos, según ha remarcado Gracia, "no es que sean blancos o negros, que sería un doble problema, sino que no es lógico que una persona que tiene una actividad pública además reciba un doble sueldo por otro lado".
   Gracia ha recordado que en el Parlamento andaluz ya se introdujo la Ley de Incompatibilidades, por lo que cree que la nueva propuesta, que espera que se aplique en Andalucía ya que no tiene confianza en que se aplique en las cortes generales, es "razonable" y espera que "pronto tenga traducción en forma de ley".
   En cuanto a la posición del PP, ha asegurado que "lo lógico es que haya una receptividad a una iniciativa que conecta con la sensibilidad de la ciudadanía en estos momentos", a lo que ha añadido que a los cargos públicos "se nos cae la boca hablando de transparencia y de confianza de los ciudadanos, y es ahora cuando hay que demostrar sensibilidad social para conectar con la ciudadanía".
   Al respecto, ha asegurado, "hay dos cosas: transparencia y ejemplaridad", a lo que ha añadido que, en este sentido, a su juicio, "la respuesta del PP debe de acompasarse a esta sensibilidad social que la ciudadanía espera de nosotros".
   Gracia ha señalado que está llevando a cabo una serie de visitas por Andalucía con el fin de dar a conocer la labor del Parlamento andaluz porque el actual, según ha insistido, es "un momento complicado y difícil y también de crisis políticas y desafección de los ciudadanos hacia", por lo que ha subrayado "la necesidad de reforzar y mejorar esta pérdida de confianza a través de la transparencia y la participación".

Chamizo admite a trámite la queja de los padres de educación diferenciada

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite la queja que, acompañada de 40.000 firmas, ha sido presentada por una representación del colectivo de padres de alumnos que cursan estudios en los doce centros de educación diferenciada por sexo en Andalucía, que se han reunido con éste para solicitarle su intermediación ante la intención de la Junta de no renovar el concierto basándose en las recientes sentencias del Tribunal Supremo.

   Chamizo ha indicado que la institución que encabeza va a iniciar gestiones al respecto con la Consejería de Educación, a la que preguntará por la "aparente contradicción" existente entre los fallos del Supremo y la nueva ley educativa, de pronta aplicación, "donde sí se contempla la posibilidad de amparar este tipo de enseñanza a jóvenes del mismo sexo".
   "Vamos a esperar a ver el informe de la Consejería y, en función de lo que se diga, estudiaremos las recomendaciones oportunas", ha explicado el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recalcado la existencia de la "libre" elección del modelo de enseñanza, "un hándicap en todo este asunto".
   Chamizo entiende que será "difícil" contar con margen de maniobra suficiente en lo que respecta a la actual etapa de renovación de conciertos, puesto que probablemente la administración autonómica se amparará en las resoluciones judiciales. Sin embargo, ha advertido de que muchos padres tendrían que sacar a sus hijos de estos colegios al no contar con recursos suficientes para el pago, ya que "no son gente de dinero", con lo cual "habría discriminación".
   En esta idea ha abundado la portavoz de la plataforma que aglutina a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los centros en esta situación, Gemma García, que ha manifestado que, de confirmarse la intención de la Junta, más del 90 por ciento de los padres no podrían continuar con sus hijos en el centro "porque no podrían pagarlo", habida cuenta de que en muchos casos "son colegios enclavados en zonas rurales o barrios obreros".
   García ha insistido en la defensa que el colectivo pretende del "derecho constitucional a elegir el modelo educativo" que quieren para sus hijos, por lo que han instado a Chamizo, como representante de una institución pública, a que dé traslado a la Consejería de la situación. "No entenderíamos cómo sólo en esta comunidad autónoma se cuestiona el darnos el concierto, cuando la nueva ley de educación nos ampara con una enmienda específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): nos sentiríamos discriminados, ciudadanos de segunda", ha agregado.
   La portavoz de la plataforma, que ha agradecido el apoyo de Chamizo, ha asegurado que los padres --que este miércoles acompañarán a una representación de los centros diferenciados a presentar la solicitud para renovar el convenio en la Delegación Territorial de Educación-- están "confiados" en una resolución del conflicto acorde a sus intereses.
   Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce (Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba, Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar, Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).

La Universidad de Almería instala un parking fotovoltaico que generará el 25% del consumo eléctrico del campus

ALMERÍA.- La Universidad de Almería (UAL) ha puesto en marcha un nuevo aparcamiento en el levante del campus de La Cañada, entre la biblioteca y el edificio de Ciencias de la Salud, sobre el que se ha instalado un parque fotovoltaico; una "firme apuesta" de la institución por las energías renovables que supondrá un aporte anual al sistema eléctrico de más de 1,176 megawatios por hora, lo que equivale al consumo eléctrico de más de 500 familias y al 25 por ciento del consumo del campus. 

La sustitución de energía convencional por energía solar supone, en el caso de estas instalaciones, un importante ahorro en las emisiones contaminantes a la atmósfera, fundamentalmente de dióxido de carbono, aunque también de óxidos nitrosos y derivados del azufre, en una cuantía superior a 17.500 toneladas en su vida útil.
Según indica la institución académica en una nota, en la actualidad "no existe ningún proyecto similar de tal envergadura en el ámbito universitario español", por lo que la iniciativa supone "un paso adelante" en la política de la Universidad, que ya en su día "apostó por este tipo de energías como demuestra su convenio con el Ciemat para la creación del Centro de Investigación para la Energía Solar (Ciesol)".
Toda la energía que se produzca desde la planta solar será administrativamente contabilizada como energía transferida a la red eléctrica, aunque en la práctica, toda la energía producida será consumida por las instalaciones de la propia Universidad de Almería, con lo que se evitarán así pérdidas por transporte y se hará posible un consumo "más eficiente".
El sistema fotovoltaico generará aproximadamente el 25 por ciento del consumo de la UAL. En términos económicos, la Universidad percibirá en los próximos años una cantidad superior a 500.000 euros en concepto de canon de producción y ha permitido el empleo de más de 1.600 jornadas de trabajo de empresas locales.
El proyecto cuenta con un total de 4.950 módulos fotovoltaicos con una superficie total de 8.109 metros cuadrados instalados en un parking de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Así, existen tres grupos de módulos que serán monitorizados desde la universidad con fines de comparación de comportamientos y rendimientos de las diferentes tecnologías.
La construcción de la planta ha supuesto una inversión total superior a los 2,5 millones de euros. Dicha construcción ha sido posible gracias al impulso del equipo de gobierno de la Universidad, la empresa Compañía Regional de Energía Solar y la colaboración de la Junta de Andalucía en Almería, el Ayuntamiento de Almería y la empresa distribuidora de electricidad Sevillana-Endesa.
Paralelamente al proyecto del parque fotovoltaico, el Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad está evaluando con diversos gestores de carga la instalación de varios puntos de recarga de vehículos eléctricos, fomentando también desde este punto de vista la movilidad eléctrica.
Los puntos de recarga constarían con un terminal inteligente con sistemas avanzados para la identificación del usuario y dispositivos de seguridad para carga rápida y semi-rápida. Este proyecto se encuentra todavía en estudio de viabilidad y está condicionado a la demanda de este tipo de servicios, ya que el parque móvil de vehículos eléctricos es todavía reducido en España.

El Ayuntamiento de Almería acoge la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa 2013

ALMERÍA.- El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería acogió la presentación del Cartel Oficial de la Semana Santa 2013 en la ciudad. El Área de Fiestas Mayores presentó la imagen de la Semana de Cuaresma de Almería ante un abarrotado lugar. 

Presidió el alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador y acompañado por el concejal de Fiestas Mayores, Juan José Alonso, entre otros miembros del equipo de gobierno, así como la presidenta de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, Encarni Molina; el vicario episcopal, Manuel Pozo Oller, el Hermano Mayor de la Hermandad del Perdón, Alfredo Casas; y los representantes de las Hermandades y Cofradías de Almería.

Tras varias intervenciones, el alcalde de Almería, descubrió el cartel de la Semana Santa 2013 elaborado por el fotógrafo Miguel Ángel Pérez, ganador del concurso fotográfico organizado por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería.
La imagen que representará la semana de cuaresma de la ciudad corresponde a los pies de la talla del Cristo del Perdón con el emblemático fondo de la Casa de las Mariposas.
También se han entregado menciones especiales al segundo y tercer clasificado del concurso, Jose Miguel Ortiz Morel, que recibió el premio de manos del concejal de Fiestas Mayores, Juanjo Alonso y Fran Leonardo, fotógrafo que quedó en tercer puesto del citado concurso.
El acto lo cerró el alcalde de la ciudad con una intervención en la que felicitó a los concursantes que participaron en esta iniciativa y a su ganador “por dar forma al cartel oficial de la Semana Santa de Almería en este año con los pies del Cristo del Perdón, descalzos y dolientes, como los de los hermanos de la Cofradía que nos sobrecogen con su atronador silencio de tambores en la noche del Martes Santo”.
 Junto a las felicitaciones, Rodríguez-Comendador ha puesto de manifiesto la importancia de potenciar la Semana Santa ya que es también “potenciar Almería. Con independencia del importante capítulo de las creencias y los sentimientos, la promoción y el apoyo de nuestra Semana Grande es, para el Ayuntamiento, un compromiso institucional que va más allá de la cooperación o la coordinación de espacios y recorridos. Contribuir al crecimiento de la Semana Santa almeriense es contribuir también a que nuestra capital crezca en sus tradiciones y costumbres y continúe sumando atractivos que la sigan haciendo una ciudad que cada día gusta más a más personas. Cuidar lo nuestro para compartirlo con orgullo con quienes nos visitan, no sólo refuerza la proyección urbana de Almería en este inicio del siglo XXI, sino que supone un gesto de madurez social beneficioso para todos”.
Tras esta intervención, se ha cerrado el acto en el que no ha faltado la foto de familia de las autoridades asistentes con el creador de la imagen que representará a la ciudad durante la Semana Santa en este 2013.

El frustrado hotel de cinco (*), con pompas fúnebres y vistas a la bahía de San Miguel en El Ejido / Pepe Fernández

Atentos porque acaba de saltar la noticia sobre la concesión de 3,5 millones de euros a una mercantil con solo 3.000 de capital social para un proyecto de hotel de cinco estrellas, por un montante total entorno a los 35 millones de euros. La subvención, concedida con fondos europeos en la etapa de Rodriguez Zapatero y Elena Salgado como Vicepresidenta económica, y súper aprobada y avalada por la Junta de Manolo Chaves, le fue otorgada a una empresa con variados objetos sociales, entre otros el negocio de Pompas Fúnebres. (Lo dice el Registro Mercantil).
 
El dato, así leído, provoca ciertos escalofríos. Pero tratándose del escenario donde se produce la noticia, Almería, y más concretamente El Ejido, la época, cuyo Ayuntamiento en su momento - Pepe Añez- dijo desconocer absolutamente el proyecto de hotel, deben levantarse las alertas sobre lo que se puede ocultar detrás de esta información. Una noticia, todo habrá que decirlo, que coincide en su salida a la luz - se supone que conocida de antemano por el propio PP-con los escándalos de corrupción y, particularmente, cuando el PP de Almería sabe que el PSOE ha convertido a su gran timonel, Gabriel Amat, en objeto de sus denuncias ante la Justicia a cuenta, por ejemplo, del Caso Auditorio.

Seguro que nada más indagar, tras el entramado societario que se oculta en esta millonaria y extraña subvención para un 5 estrellas en El Ejido -¿para los clientes ricos que viajasen a comprar en El Corte Inglés?- seguro que nos podemos encontrar sorpresas políticas y económicas. Y todo apunta a que este es un "tiro político", un disparo en toda regla, contra el ex líder y ex consejero almeriense Martín Soler Marquez. De entrada hay quien ha creído ver conexiones con Dos Hermanas, en Sevilla y, además, un apellido conocido en su momento por el Juez Garzón como instructor del Caso Gürtel.
 
Ya ven... parece que ha comenzado el tiroteo de verdad, pero esta vez, no lo duden, la artillería es real. Por cierto, anoten en sus agendas sentimentales esta fecha: 23 de enero de 2013. Quizás algún día se sabrá por qué.

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Pero lo que más está sorprendiendo en estos días de escándalos económicos en los partidos políticos, es comprobar a un PP andaluz callado, en silencio, en una materia, la corrupción, en la que se han doctorado en los últimos dos años, a cuenta fundamentalmente del saqueo de los EREs, que ahí sigue escandalosamente paralizado y posiblemente beneficiando jurídicamente a los delincuentes.
No es la primera vez en la que el PP andaluz mira para otro lado y silva, disimulando, cuando un asunto de corrupción le afecta directamente. Hace varias semanas el PSOE-A abrió una ofensiva de denuncia pública y judicial contra el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, presidente del PP y de la Diputación de Almería; por haberse gastado ocho millones de euros más de lo presupuestado en el Auditorio municipal de Roquetas, todo ello en contra de informes de los técnicos municipales. 
Parece que el truco podría estar en adjudicar a la oferta de la constructora amiga (más baja de todas), para luego admitirle reformas a la alza de hasta el doble de lo presupuestado en concurso. La gravísima irregularidad fue reconocida y sentenciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA en Granada. Los socialistas, con Mario Jiménez y José Luis Sánchez Teruel al frente, anunciaron que recurrirían a la Justicia y a la vía penal, expedita tras la sentencia del alto tribunal Administrativo andaluz en abril pasado.
De este asunto nada de nada se ha escuchado en la calle San Fernando de Sevilla, sede regional del PP, ni tan siquiera para justificar de alguna manera la gestión de Amat como alcalde de Roquetas, la cara del PP en la provincia desde hace años.
Es algo que parece haber olvidado el PP cuyas promesas de regeneración de la vida pública andaluza, "empuercada por décadas de gobiernos socialistas", aún resuenan en los oídos de decena de miles de andaluces que llegaron a creerles alternativa real, creíble, sólida y honesta a la Junta de Andalucía el 25 de marzo.

Un grupo terrorista ataca un gasoducto en Argelia

ARGEL.- Dos guardias de seguridad han muerto y otros siete han resultado heridos en un ataque perpetrado por un grupo terrorista contra un gasoducto en la región de Bouira, en el norte de Argelia, según han informado fuentes de los servicios de seguridad argelinos al diario 'El Watan'. 

   El ataque contra el gasoducto Hassi R'mel-Dellys tuvo lugar en la noche del domingo a la altura de la localidad de Yebahi, situada a unos 20 kilómetros al oeste de la ciudad de Bouira. Los terroristas han atacado el gasoducto con la ayuda de morteros y con vehículos todoterreno.
   Este atentado llega días después de que el pasado 16 de diciembre un grupo terrorista escindido de Al Qaeda en el Magreb Islámico secuestrara a decenas de occidentales y argelinos en la planta de gas de In Amenas, en Tiguetourine, en el este del país. El secuestro terminó con decenas de muertos occidentales y argelinos.
   Momentos después de comenzar el ataque de este domingo, se ha registrado un intenso intercambio de fuego entre los terroristas y los guardias de seguridad, que se ha prolongado durante una hora y ha terminado con la retirada de los atacantes.
   Los siete heridos han sido trasladados al hospital Mohamed Boudiaf de Bouira. Tras el ataque, el Ejército argelino ha desplegado varias unidades en la zona para detener a los terroristas e investigar lo sucedido.  
   El gasoducto atacado anoche ya había sido objetivo de los grupos terroristas, que anteriormente lo atacaron en los puntos más próximos a Yebahia y Aomar. Esta infraestructura proporciona gas natural a las regiones del centro y del norte del país.
   En diciembre de 2011, un atentado terrorista con bomba acabó con la vida de un guardia de seguridad en este gasoducto en la zona de Aomar, a unos 20 kilómetros de Bouira.

domingo, 27 de enero de 2013

El Defensor solicita la paralización de desahucios de vivienda por deudas de la Seguridad Social

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado mediante una actuación de oficio la paralización de desahucios de viviendas habituales por deudas de la Seguridad Social.

   Según indica el Defensor en su escrito, desde el año pasado se han atendido varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia Administración. De hecho, agrega que esta institución "viene recibiendo numerosas quejas de personas que denuncian encontrarse en una situación de riesgo que podría llevarles a perder su vivienda como consecuencia de deudas pendientes con la Seguridad Social".
   Por ello, el Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias "que resultan especialmente lesivas".
   Dado que han sido varias las quejas recibidas por este motivo durante el paso año 2012 y que resulta lógico prever que las mismas seguirán llegando mientras se mantenga la actual situación, esta institución ha considerado oportuno la realización de una actuación de oficio con el fin de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, "se interpreten de forma que hagan posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fe".
   El Defensor aboga por que la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social "pueda dictar alguna norma o instrucción interna que permita paralizar los procedimientos de apremio sobre bienes inmuebles que constituyan la vivienda familiar, única y habitual, de deudores de buena fe que se encuentren en circunstancias parecidas a las que recoge el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios".
   Chamizo ha aludido al Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, donde se describen determinados supuestos de personas en situación "de especial vulnerabilidad" que se verían beneficiados de una paralización del proceso judicial o extrajudicial dirigido al desahucio y lanzamiento de su vivienda.
   En opinión de esta institución "no resulta aceptable, ni razonable que por las autoridades públicas se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera que lleven a efecto el lanzamiento de sus viviendas de las personas que no pueden cumplir sus obligaciones hipotecarías, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración proceda a embargar y subastar las viviendas de quienes no pueden afrontar el pago de sus deudas a la Seguridad Social".
   El Defensor cree que resulta necesario "adoptar un acuerdo que permita la paralización de las subastas de las viviendas familiares por deudas a la Seguridad social, hasta tanto se apruebe una norma que posibilite una aplicación mas ponderada y acorde a la realidad de los procedimientos de recaudación ejecutiva que implican el embargo de bienes de los deudores".
   "El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada es reconocido en la Constitución como uno de los principios rectores de la política social y económica, cuyo reconocimiento, respeto y protección debe informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos", ha recordado.
   Chamizo relata en su documento que en las quejas recibidas, las personas afectadas relatan las dificultades padecidas en el desarrollo de sus respectivos negocios como consecuencia de la grave crisis económica, "explicando como disminuían constantemente los ingresos mientras no dejaban de incrementarse los gastos a los que debían hacer frente, produciéndose así un continuo deterioro de su solvencia, hasta llegar a una situación límite que les habría llevado a tomar la decisión de dejar de atender sus obligaciones con la Seguridad Social y priorizar otros gastos ineludibles relacionados con la subsistencia y el bienestar de la unidad familiar".
   "Las deudas derivadas del impago de cuotas del Régimen Especial de Autónomos no serían excesivas en los casos que hemos tenido conocimiento --entre 4.000 y 11.000 euros--, pero ello no ha impedido que la gestión recaudatoria de la Administración pública siguiera su curso inexorablemente hasta situar a estas personas ante el drama de tener que afrontar el embargo y la inminente subasta de su vivienda", ha agregado.
   Ha explicado que en algunos supuestos analizados la situación ha podido encauzarse acudiendo a un aplazamiento de la deuda, pero en otros casos esta solución no ha sido posible, ya fuera porque las personas afectadas no habrían formulado a tiempo su solicitud de aplazamiento, o porque, habiendo obtenido el aplazamiento, se habrían visto incapaces por su situación económica familiar de hacer frente a los pagos comprometidos en los plazos fijados.
   En estos casos, las personas que acuden al Defensor "relatan su infructuoso peregrinar por distintos organismos públicos, intentando por todos los medios encontrar una solución que impidiera la subasta de sus viviendas y encontrando como única respuesta la constatación de que el procedimiento recaudatorio se había ajustado a las normas de aplicación y la confirmación de que no había posibilidades de impedir la consumación del procedimiento ejecutorio".
   Reconoce que cuando estas personas acuden al Defensor del Pueblo Andaluz, los expedientes administrativos de apremio "se encuentran en un estado muy avanzado, habiéndose producido ya la anotación de embargo de la vivienda e incluso el anuncio de subasta de la misma".
   Ha explicado que en algunas quejas se ha dirigido a la correspondiente Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (Cádiz y Sevilla, respectivamente) planteando la posibilidad de ejecutar otros bienes con carácter prioritario a la vivienda familiar.
   Asimismo, ha solicitado expresamente que se paralicen posibles actuaciones que pudieran dar lugar a la pérdida definitiva de la vivienda familiar, teniendo en cuenta a la hora de adoptar cualquier decisión, las características de la persona o familia afectada, las circunstancias económicas que habrían dado lugar a su situación deudora con la Seguridad Social y los ingresos realmente disponibles para afrontar el pago de la deuda pendiente.
   En su argumentación se ha remitido al orden de preferencia legalmente fijado para el embargo de bienes en la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual los bienes inmuebles ocupan el séptimo lugar, situándose por detrás de otros bienes como los muebles que pudieran ser objeto de embargo sin que ello suponga la pérdida de la vivienda familiar.

El PSOE-A insta al Gobierno a dar marcha atrás con su "desmontaje" de ayuntamientos

SEVILLA.- El vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, ha pedido al Gobierno central que de marcha atrás con su planteamiento de "desmontar" los ayuntamientos desde una postura "claramente antidemocrática", como ha calificado la reforma de la Administración Local que promueve el PP, pidiendo en su lugar que siente las bases para "un gran diálogo" que cuente con los representantes municipales, partidos políticos y también con las comunidades autónomas.

   En un video colgado en su blog personal bajo el título 'El PP pretende la "voladura" de los ayuntamientos', Jiménez ha recriminado al PP que pretenda "cambiar la arquitectura democrática del Estado" de forma impositiva y sin "diálogo".
   "El planteamiento que está haciendo el PP es, bajo nuestro punto de vista, claramente antidemocrático y tiene elementos de inconstitucionalidad gravísimos", ha aseverado el 'número dos' del PSOE andaluz, para quien esta reforma significa "dejar a los ayuntamientos sin competencias y sin representación política".
   Asimismo, ha indicado que la propuesta de los 'populares' pasa por alejar la toma de decisiones del ámbito municipal para llevarla a otros escenarios en los que "la realidad de los pueblos no se va a entender ni va a estar presente".
   Del mismo modo, ha afirmado que el "desmontaje" de los ayuntamientos que el PP tiene en cartera "no va a resolver ninguna cuestión vinculada a la situación económica de España", ya que defiende que ni los ayuntamientos ni las retribuciones de los responsables municipales son "culpables" de la situación económica del país o del déficit publico.
   En cuanto a las necesidades municipales, Jiménez ha subrayado que es esencial elaborar una ley de competencias "clara" para los ayuntamientos, que tenga en cuenta la población y tamaño de los municipios, así como una ley de financiación para "garantizar que los servicios públicos se prestan con calidad".    
   En este sentido, ha manifestado que son las comunidades autónomas las que tienen que establecer "cómo se ordena y organiza el ámbito municipal de su territorio", señalando que la realidad de la comunidad andaluza, por ejemplo, "no tiene nada que ver" con la de otras regiones como Castilla León, con "muchísima menos población y muchos más municipios". En este punto, ha destacado que en Andalucía "tenemos un modelo que nos parece el adecuado".
   Por todo ello, el socialista ha concluido instando al PP a "parar este ataque a la administración más cercana y querida por los ciudadanos" y pidiéndole en su lugar que inicie "un proceso diálogo mucho más abierto, intenso y racional, que preserve estas instituciones y el elemento democrático que tienen".

El sindicato del Tajo-Segura anuncia problemas a partir de abril si no hay entradas "significativas" de agua en cabecera del Tajo

MURCIA.- El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José Manuel Claver, ha adelantado "problemas" si no hay entradas "significativas" de agua de aquí al próximo mes de abril, tras un "mal" primer trimestre del año hidrológico --octubre, noviembre y diciembre--, puesto que no ha llovido en la cabecera del Tajo y los embalses han estado "a la baja".

   Aunque se muestra "expectante" con toda la nieve "que al parecer puede caer estos días", así confía "en una recuperación de los embalses de Entrepeñas y Buendía" y que haya entradas "significativas" de agua "que permitan aliviar un poco esa situación".
   De lo contrario, ha anunciado, "tendríamos problemas" en el tercer y cuarto trimestre del año hidrológico, que es a partir del mes de abril, pues "estaríamos en circunstancias hidrológicas excepcionales y en situación de acudir al Consejo de Ministros", al que no se recurría desde noviembre de 2009.
   Pero, "acudir al Consejo de Ministros no significa solicitar un trasvase de emergencia ya que es una situación prevista en la Regla de Explotación, cuando las existencias en Entrepeñas y Buendía estén por dejado de una línea".
   En ese caso, ha explicado, "estamos en circunstancias hidrológicas excepcionales y los acuerdos tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros a propuesta de la Comisión Central de Explotación" y "eso es lo que puede ocurrir a partir de abril si no hay entradas importantes de agua en esos embalses".
   Pues al reducirse el volumen de agua "pasaríamos a estar en nivel 3, solamente se permitiría enviar 23 hectómetros cúbicos al mes en origen y para todos los usos", a los que habría que quitar el 10 por ciento de pérdida del acueducto, más lo que consumiría la Mancomunidad de los Canales del Taibilla para abastecimientos, el resto sería lo que quedaría para regadío, "bastante poco cada mes".  
   Pero "ojalá no lleguemos a eso y entre agua suficiente estos días", ha exclamado el presidente del Sindicato Central de Regantes, quien se ha mostrado, a su vez, preocupado por el Plan Hidrológico del Tajo, del que desconocen su texto inicial y del que espera "no suponga ninguna afección que conlleve la extinción del trasvase Tajo-Segura, tal y como se pretende desde otros sitios".
   Consciente de que se está colaborando desde el Gobierno regional, con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá a la cabeza, así como desde Valencia, Claver ha acentuado que ese texto inicial "marcará mucho el resultado final".
   Pues aunque "nosotros aleguemos por un lado, Castilla La-Mancha lo hará por el otro", por lo que el texto inicial "será muy parecido al que pueda resultar de forma definitiva", por eso, ha explicado, "su importancia", de hecho, considera que "ya se tendría que haber sabido"
En este sentido, Claver ha recordado que el plan de cuenca está "muy ligado" al del Segura, cuyo plan se ha visto "retrasado", a la espera "de ver qué pasa con el del Tajo".

   El Sindicato Central de Regantes siente que desde la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno ha disminuido considerablemente la confrontación pública de Castilla-La Mancha en los medios de comunicación.
   Su presidente ha destacado que las críticas existentes al trasvase Tajo-Segura "son mínimas" y vienen desde otros grupos, "ya no pertenecen a la Comunidad Autónoma", lo que "se agradece", ha asegurado Claver.
   Lógicamente, Castilla-La Macha "seguirá defendiendo sus posturas" pero "no se hace con la virulencia y la confrontación pública de antaño" pero eso, ha apostillado el presidente del Scrats, "no quiere decir que la batalla se haya olvidado". Es evidente, ha añadido, que "ellos siguen en sus trece" pero ahora "se discute en otros términos y foros".
   Sobre la reciente sentencia del Tribunal Constitucional rechazando el recurso del Gobierno regional contra la derogación del trasvase del Ebro, que desestima también los recursos presentados en el mismo sentido por los Gobiernos valencianos y castellano-leonés, Claver ha manifestado que "era algo previsible".
   Es algo que "no me ha sorprendido", ha confesado, "dada la situación en que estábamos y la jurisprudencia anterior en relación al trasvase del Ebro del propio Tribunal Constitucional", por lo que, a su juicio, "era algo de prever".

Quince paisajes para descubrir y amar Andalucía : Cabo de Gata



Quince paisajes para descubrir y amar Andalucía

SEVILLA.- La provincia de Almería puede presumir de contar con el primer parque marítimo terrestre de Andalucía, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en el que destacan sus impresionantes acantilados, pequeñas y recónditas calas, doradas playas de fina arena y fondos marinos de increíble belleza, ideales para la práctica del submarinismo. 

En el entorno del parque no hay que dejar de visitar varios enclaves, como la localidad de Níjar, para contemplar su iglesia mudéjar, antigua mezquita, y pasear por sus estrechas y blancas callejuelas de trazado árabe.
También merecen un recorrido el poblado minero de Rodalquilar y las instalaciones industriales de Agua Amarga, así como las playas de los Genoveses y el Mónsul, en San José. En la zona más oriental del Parque, los municipios de Cuevas del Almanzora, Garrucha, Mojácar, Vera y Carboneras son también visita obligada.
El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que comprende espacios y paisajes únicos, con las montañas de origen volcánico de la península; una franja costera repleta de dunas, playas y salinas; y una milla de mar protegida cuyos fondos son de una gran riqueza.
En este parque natural existen más de 100 especies peculiares, lo que la convierte en un paraíso para los ecólogos y botánicos. Entre ellas destacan las abocetas o gaviotas de Autouin, entre otros muchos ejemplares. Otro magnífico ejemplo de la gran riqueza natural con la que cuenta el Cabo de Gata son sus fondos marinos, que convierten este parque en uno de los lugares más atractivos para aquellos deportistas practicantes del submarinismo.
Entre los valores de esta zona más apreciados por los submarinistas se encuentran la buena visibilidad y la suave temperatura del agua de enero a diciembre, así como el buen estado del mar y el millar de especies animales y vegetales de los fondos marinos.

El Príncipe debe ponerse al frente de la regeneración del sistema / Francisco Poveda *

 El vértigo de los acontecimientos por la situación lacerante de España obliga, sin pausa, a pensar para la acción mientras el tiempo comienza a jugar, especialmente, contra la Monarquía por muchos sondeos amañados para difundir, intentando ganar ese tiempo, y la forzada autocomplacencia del aquí no pasa nada porque el CNI - controlado ahora por La Moncloa- hace llegar a La Zarzuela informes más, o menos, relativistas sobre los estados de opinión pública. Así comenzaron a desmorronarse tantos y tantos reinos y repúblicas plutocráticas a lo largo de la Historia.

Pero sí pasa bastante más de lo que parece porque son las clases medias y profesionales de todo el país las que empiezan a reflexionar, indignadas, sobre una situación, ya intolerable, ante la falta de horizonte para ellas y oportunidades auténticas para sus hijos, muchos convertidos hoy en emigrantes forzosos por mor de una fiebre de corrupción, que impide en España el normal funcionamiento de la democracia social y un mercado libre de oligopolios, incluso para currículos universitarios nunca acumulados por nuestros jóvenes veinteañeros. Es en ese segmento social donde el Heredero debe trabajar para buscar su credibilidad como paso previo a su continuidad.

Además, quien ha sido el mejor embajador de España ya no es visto entre las potencias como garantía de nada. Sirva de ejemplo el último viaje de don Juan Carlos a EE UU y el trato vejatorio que le propinaron los grandes medios de comunicación de Washington y Nueva York. Es un claro aviso de nuestros principales inversores de que toca pasar página y de que nuestros últimos amigos, tal vez por interesados, son los dirigentes árabes porque hasta las monarquías europeas se distancian discretamente -parentescos aparte- ante la aparición de supuestas princesas alemanas en la órbita borbónica y la inestabilidad interior de Zarzuela alimentada, además, por el señor Urdagarín pese a su origen noble belga.

Comienzan, tal vez por eso, a alzarse ya voces entre lo mejor de la sociedad civil española reclamando la abdicación normal del rey don Juan Carlos y la proclamación sin más dilaciones de Felipe VI como nuevo Jefe del Estado para que se ponga, como un necesario líder, al frente de la inaplazable y absoluta regeneración a fondo del sistema si no se quiere que la Monarquía perezca a manos de su propia incuria y el podrido Estado, en que ha devenido el consecuente de la Constitución de 1978, nos conduzca paradójicamente a una III República en manos de los mismos responsables de esta estructura viciada por la corrupción generalizada a partir de la dictadura de los partidos políticos vigentes, con muy contadas excepciones.

El Príncipe de Asturias no puede seguir callado por más tiempo y apareciendo en actos públicos como si fuese un monigote teledirigido para leer lo que, sin sustancia, otros le escriben y así conjurar su espontaneidad e impedir que se conozcan sus propios criterios sobre todo lo que está pasando, ayudando de esa manera a demostrar la utilidad de la Corona en tiempos tan díficiles como éstos. Un republicanismo radical, que se va extendiendo como una mancha de aceite por izquierdas y derechas, no quiere ese papel para don Felipe y espera, agitando por doquier, mientras se deteriora la salud del monarca y paralelamente pierde agilidad mental estando, como está todavía, al frente de la Nación.

Porque si la Corona se alinea, además, con gobernantes ineficaces e ineficientes, algunos de obediencia ideológica exterior inconfesable, ella misma se pone en el riesgo de ser arrastrada por la condena sumaria de los españoles y por la necesidad de pasar página con la reforma o abolición de la presente Constitución. Muy pocos son los que todavía dan un duro al apostar por don Felipe y la continuidad tras la desaparición, cuando llegue, de su padre. Pero si demuestra, de verdad, suficiente sensibilidad con esa mayoría creciente de españoles en riesgo de exclusión y se los gana en su interior sin memeces de la prensa del corazón, habrá dado un primer gran paso para ser un buen rey.

Es por eso que recoger el testigo dinástico en base a la legitimidad asumida sería el primer gesto simbólico para consolidar la Institución antes de pasar a someterla al preceptivo referendo directo  de la ciudadanía en busca de una estabilidad político-constitucional que garantice todo el sentido de la Monarquía en España, básicamente la unidad nacional, con una gran carga de legitimidad que la situe al pairo del debate y el cuestionamiento sistemático desde sectores de la derecha e izquierda dispuestos a un republicanismo a ultranza.

La existencia de una persona a su lado, como la princesa doña Letizia, periodista de profesión y de una extracción social media, es un factor positivo porque, en el estado de madurez que se le supone al Príncipe a sus 45 años, es fundamental que destile desde su magistratura todo aquello que ella recoge de boca de sus excompañeros en contacto diario con la calle a diversos niveles y generaciones de españoles, especialmente esa sensibilidad apuntada respecto de situaciones y personas, en la que demostró ser maestra la recientemente desaparecida reina madre de Inglaterra tras vivir más de cien años.

En el último mes solamente ha quedado de sobra acreditado que el tiempo de Juan Carlos I ha pasado ya. Desde el discurso navideño hasta la oportunista y mal resuelta entrevista televisiva en postproducción con un jubilado Jesús Hermida, sumado todo a la equivocada o falta de reacción en palacio ante el devenir de los acontecimientos, demuestra que esa abdicación por parte de un monarca, con apariciones públicas cada vez más penosas y lastrantes para el país, debe estar en la agenda de Zarzuela en espera del momento estratégico más conveniente, una vez resueltas las cuestiones previas que aseguren su oportunidad.

Los métodos y planes reelaborados por el staff de palacio tras la renovación del equipo de la Casa del Rey de nada sirven para los tiempos que corren, aparte de indisciplinas de don Juan Carlos añadidas a planteamientos superados y fuera de lugar, porque es la figura del propio monarca, tal como se pudo comprobar en la última Cumbre Iberoamericana, en Cádiz, asistido de ortopedia, la que traslada una imagen pública de fórmula agotada y ya provisional en espera de su salida natural. Prolongar esta situación de liderazgo, con tanto plomo en las alas, sólo conduce a que el país vea como aumenta la desmoralización y se fomentan indeseables caldos de cultivo. Una política de imagen sin contenido siempre se vuelve en contra por quedar en mero continente devaluado a tetra brik cuando se raya lo grotesco desde lo patético.

A semejanza de 1898, España ha perdido pulso, alegría, ilusión y esperanza. Sólo un cambio en la dirección del viento, y de viento mismo, alejaría los riesgos crecientes que hoy se aventan para la Monarquía por hartazgo colectivo del pueblo español. El periódo juancarlista hace muchos meses que tocó a su fín y lo evidencia que la juventud no siente apego por la institución porque no palpa su función benéfica en medio de un mar de incredulidad y falta de valores. Se percibe un claro vacío que solo el actual Príncipe puede aspirar a llenar con la Constitución en la mano, reformada o sin reformar. Pero con la Monarquía actual sometida a un verdadero plebiscito por el nuevo monarca, con un verdadero compromiso público por su parte, a celebrar cuando la situación pueda conjurar visceralidades y objetivar su planteamiento demoscópico.

Y es ahí donde Felipe VI se juega el cetro y la corona si no es capaz de retomar la conexión ahora perdida por su padre, como antes la perdió su bisabuelo Alfonso XIII al devenir la Restauración en el resultado de un país socialmente muy injusto, y lidera la salida de la crisis moral de su país para ganarse el respeto y el reconocimiento para seguir en el Trono. Nadie se lo puede regalar y tendrá que pelearlo convenciendo primero a quienes, de ninguna manera,  serán sus súbditos, a partir de un periódo de gracia donde demuestre lo que es necesario desmostrar.

Y para eso ha de tener como interlocutor informal en cada provincia española, al menos, un líder natural de su generación, que le trasmita con frecuencia por donde  transita la sociedad local y cuáles son sus principales aspiraciones. Esos líderes sociales son los que le ayudarán a ser, de verdad, un jefe del Estado y un moderador obligado enmedio de un país de fuertes tensiones territoriales por muy diverso, estructurado geológicamente en valles y montañas, aunque lo dominen dos grandes mesetas, que imprimen carácter para equilibrar las pródigas periferias.

Don Felipe, en palabras de su padre, es el príncipe de Asturias más y mejor formado en toda nuestra historia. Pero son legión quienes no lo creen capaz de convertirse en un rey del siglo XXI y vencer las fuertes tendencias republicanas afloradas en el seno de la sociedad española en los últimos cinco años. Aunque también son muchos los que están dispuestos a darle una oportunidad de demostrar que la milenaria monarquía hispánica sabe adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y dar respuesta a las necesidades socio-políticas de los españoles sin trucos, atajos ni componendas.

En caso contrario, la alternativa será más de lo mismo con González, Aznar o Zapatero haciendo ahora honores a la bandera tricolor para que todo siga igual o peor. Una república utópica es lo más difícil de alcanzar por los españoles, al menos en este momento, porque las fuerzas en presencia siguen necesitando, para sobrevivir, un Estado corrupto controlado por las oligarquías generadas desde el comienzo de la mal llamada Transición y que resulta necesario desactivar para alcanzar una democracia real. Ese es el órdago al nuevo rey que le lanza el presente momento histórico, también algo histérico y, por tanto, peligroso para todo aquello que no se percibe necesario para el bienestar de los sufridos y sufrientes españoles.

(*) Editor de 'Monarquía coronada'

http://monarquiacoronada.blogspot.com.es/2013/01/el-principe-debe-ponerse-al-frente-de.html