SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo,
ha admitido a trámite la queja que, acompañada de 40.000 firmas, ha
sido presentada por una representación del colectivo de padres de
alumnos que cursan estudios en los doce centros de educación
diferenciada por sexo en Andalucía, que se han reunido con éste para
solicitarle su intermediación ante la intención de la Junta de no
renovar el concierto basándose en las recientes sentencias del Tribunal
Supremo.
Chamizo ha indicado que la institución que encabeza
va a iniciar gestiones al respecto con la Consejería de Educación, a la
que preguntará por la "aparente contradicción" existente entre los
fallos del Supremo y la nueva ley educativa, de pronta aplicación,
"donde sí se contempla la posibilidad de amparar este tipo de enseñanza a
jóvenes del mismo sexo".
"Vamos a esperar a ver el informe de la Consejería y, en función
de lo que se diga, estudiaremos las recomendaciones oportunas", ha
explicado el Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recalcado la existencia
de la "libre" elección del modelo de enseñanza, "un hándicap en todo
este asunto".
Chamizo entiende que será "difícil" contar con margen de maniobra
suficiente en lo que respecta a la actual etapa de renovación de
conciertos, puesto que probablemente la administración autonómica se
amparará en las resoluciones judiciales. Sin embargo, ha advertido de
que muchos padres tendrían que sacar a sus hijos de estos colegios al no
contar con recursos suficientes para el pago, ya que "no son gente de
dinero", con lo cual "habría discriminación".
En esta idea ha abundado la portavoz de la plataforma que aglutina
a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los centros
en esta situación, Gemma García, que ha manifestado que,
de confirmarse la intención de la Junta, más del 90 por ciento de los
padres no podrían continuar con sus hijos en el centro "porque no
podrían pagarlo", habida cuenta de que en muchos casos "son colegios
enclavados en zonas rurales o barrios obreros".
García ha insistido en la defensa que el colectivo pretende del
"derecho constitucional a elegir el modelo educativo" que quieren para
sus hijos, por lo que han instado a Chamizo, como representante de una
institución pública, a que dé traslado a la Consejería de la situación.
"No entenderíamos cómo sólo en esta comunidad autónoma se cuestiona el
darnos el concierto, cuando la nueva ley de educación nos ampara con una
enmienda específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE): nos
sentiríamos discriminados, ciudadanos de segunda", ha agregado.
La portavoz de la plataforma, que ha agradecido el apoyo de
Chamizo, ha asegurado que los padres --que este miércoles acompañarán a
una representación de los centros diferenciados a presentar la solicitud
para renovar el convenio en la Delegación Territorial de Educación--
están "confiados" en una resolución del conflicto acorde a sus
intereses.
Los centros afectados son los colegios Campomar de Aguadulce
(Almería), Torrealba de Almodóvar del Río (Córdoba), Zalima de Córdoba,
Yucatal de Posada (Córdoba), El Soto de Chauchina (Granada), Nuestra
Señora de Lourdes de Carmona (Sevilla), Ángela Guerrero, Albaydar,
Ribamar y Altair de Sevilla capital, Elcható de Brenes (Sevilla) y el
Molino Azul de Lora del Río (Sevilla).
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