Protesta de COAG para evitar un acuerdo con Marruecos que reparta el mercado agrícola

ALMERÍA.- El responsable estatal de Frutas y Hortalizas de la patronal agraria COAG, Andrés Góngora, ha asegurado este martes que los gobiernos español y marroquí tienen previsto celebrar el próximo mes un comité de frutas y hortalizas en el que "acordar una estrategia para que ambos mercados agrícolas no se pisen"; un encuentro que ha rechazado a la vez que ha solicitado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que "actúe con contundencia en la defensa del sector hortofrutícola ante la benevolencia que España está mostrando frente a los incumplimientos de Marruecos al importar producto por debajo del precio establecido sin pagar los correspondientes aranceles".

   La organización, que ha protagonizado un acto de protesta frente a la Subdelegación de Gobierno de Almería, asegura que el Ministerio de Agricultura "se la juega al sector y pretende convocar un Comité Hispano-Marroquí de frutas y hortalizas". Bajo lemas como 'Cañete, contigo la agricultura se va al garete' o 'Cañete, Marruecos te la mete', COAG ha exigido que "desconvoque dicho encuentro".

   Góngora entiende que el Ejecutivo es "beligerante con lo que está haciendo Marruecos". Y es que, según la organización, el protocolo agrícola entre la UE y Marruecos se ha incumplido durante las últimas semanas con el aumento de contingentes. En este sentido, COAG ha finalizado el acto de protesta quemando un documento donde se refleja la alianza agrícola entre la Unión Europea y el país alauita.

   "Es inadmisible, ya que el Ministro no se puede sentar a negociar con un país que es nuestro máximo competidor desleal que para más 'inri' incumple el acuerdo agrícola", ha dicho el portavoz de COAG, quien ha instado a Arias Cañete a que exija a la UE que cumpla el acuerdo. Igualmente, ha pedido a los competentes en materia aduanas que actuén y controlen el estado fitosanitario de los productos marroquíes que llegan a Europa mediante los puertos españoles.

   Así, ha asegurado que los agricultores no consentirán que el Ministerio de Agricultura "se siente a poner fechas a nuestras producciones". "¿Cuándo va a dar el ministro un golpe en la mesa y va a exigir que los controles aduaneros sean más exhaustivos y no permitan que Marruecos importe tomates o cualquier otro producto sin pagar los correspondientes aranceles?", se ha cuestionado el secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López.

   El acto de protesta ha contado con la participación del responsable Estatal de Frutas y Hortalizas de COAG, Andrés Góngora; el secretario de Organización de COAG Almería, Antonio Moreno; el secretario de Organización de COAG Andalucía, Eduardo López; y los responsables de frutas y hortalizas de COAG Málaga, Granada y Murcia así como miembros de los distintos comités de la organización agraria en la provincia.

El alcalde de Almería cree que la Junta padece "diarrea legislativa" en cuanto a la proliferación de leyes urbanísticas

ALMERÍA.- El alcalde de Almería y senador, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), ha señalado este martes que la Junta de Andalucía padece "una diarrea legislativa" en el aspecto urbanístico que "no acaba de asentarse" después de que el Consejo de Gobierno aprobara el Decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral.

   El regidor almeriense ha asegurado en declaraciones a la Cadena SER, que las administraciones locales "no podemos estar cada día o cada mes esperando lo que va a pasar y cúal va a ser la legislación que nos vamos a encontrar urbanísticamente hablando", ya que esto "crea una inseguridad jurídica" y una "distorsión importante" entre técnicos, propietarios y demás agentes urbanísticos.

   Asimismo, el primer edil 'popular' considera que el nuevo decreto, que entre sus medidas incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación de todos los suelos urbanos que no se adaptan a los requisitos de protección de la franja costera fijados en la legislación autonómica de ordenación del territorio, no tiene por qué interferir en el próximo PGOU.

   "El PGOU de Almería se adapta perfectamente al POTA en las condiciones en las que estaba establecido", ha indicado Rodríguez-Comendador, quien por el momento desconoce "de qué manera" puede afectar el decreto-ley al planeamiento, pendiente de pasar por pleno antes de darle traslado al Gobierno andaluz para su aprobación.

La Junta refuerza la protección de los espacios no urbanizados del litoral

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el Decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral.  Entre las medidas, se incluye la suspensión cautelarmente de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, que ha indicado que Andalucía ha sido una comunidad pionera en todos los procesos de ordenación y conservación del territorio, ha indicado que el desarrollo ordenado y sostenible del suelo es un activo económico de primera magnitud y que la creación de riqueza pasa hoy por la calidad y la sostenibilidad.

   Como dato, el consejero ha señalado que de los 62 municipios costeros de Andalucía, solo diez han adaptado sus planes urbanísticos al POTA. El hecho de que un 89 por ciento no lo haya hecho puede obedecer, a su juicio, a que en su día se diseñó "un modelo en un contexto social, económico y ambiental en el que el desarrollo económico fomentaba que no existiera ningún tipo de limitación" al crecimiento urbanístico y "flotaba en el ambiente que todo iba a continuar igual por el resto de los tiempos".

   Como principal novedad, el decreto-ley aprobado este martes, según ha expuesto Planas, dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera. Este espacio, que ocupa un 15 por ciento de la superficie de Andalucía y acoge al 40 por ciento de su población, es un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.

   Para garantizar las previsiones del plan durante su proceso de elaboración, el decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA y que, por tanto, no garantizan su adecuación a las previsiones de crecimiento contenidas en el mismo. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.

   El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40 por ciento de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7 por ciento de mediados del siglo pasado.

   El Plan de Protección previsto garantizará el cumplimiento de las previsiones del POTA, que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30 por ciento de la población y en un 40 por ciento del territorio. En esta línea, establecerá los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento urbano para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en esos primeros 500 metros, así como en todas aquellas zonas necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades de protección (excluyendo las contiguas a las márgenes de los ríos).

   Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio  --de competencia estatal-- ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.

   Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.

   Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.

   Más allá del ámbito litoral, el Decreto-ley introduce diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA. Transcurridos seis años desde su aprobación, actualmente tan sólo el 11 por ciento de los ayuntamientos andaluces han culminado este proceso.

   Con esta finalidad, el Decreto-ley establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión las normas de planeamiento municipal en los plazos fijados por las mismas, o en ocho años desde su entrada en vigor en los casos en que no se haya establecido. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos por encima de los límites regulados en el POTA.

   Por último, el decreto-ley modifica diversas normas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones.

   En el primero de estos aspectos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los 1-6 actuales, para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.

   Respecto a la mejora de la coordinación, el decreto-ley supone acelerar la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta. Esta medida permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará la colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local en relación con las incidencias que pueden plantearse durante el proceso.

Los sindicatos "acompañarán" al alcalde y concejales de la capital en sus actos hasta negociar el convenio colectivo

ALMERÍA.- Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y UEMA han anunciado este martes el calendario indefinido de movilizaciones que van a iniciar como medida de protesta ante la "ruptura" de las negociaciones con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería (PP) sobre el próximo convenio colectivo, de manera que, según han explicado, "se hará un seguimiento sindical de acompañamiento a las autoridades municipales en sus actos públicos, sin que en ningún momento se altere el tráfico ni la libre circulación de personas". 

   En una nota, el sindicato UGT ha expuesto que hay previstas movilizaciones "variables" como el seguimiento a ediles mientras que, por otra parte, todos los viernes se realizarán concentraciones a las 9,00 horas en la Plaza de la Constitución a las puertas del Ayuntamiento --en coincidencia con la junta de gobierno-- "en la que todos los empleados públicos puedan mostrar su descontento y rechazo a los recortes selectivos municipales".

   Los sindicatos acusan el "cambio de actitud" del equipo de gobierno, que "está imponiendo y no negociando" el convenio. "Desde esta posición de fuerza, el equipo de gobierno se está asegurando la quiebra de la paz social en el Ayuntamiento", aseguran desde UGT.

   Desde la federación han criticado que después de que los representantes se levantaran de la mesa de negociación el pasado día 22 y tras la concentración en señal de protesta que tuvo lugar al día siguiente, el equipo de gobierno "no ha mostrado voluntad negociadora con la parte social", solicitándole que "recupere ese talento dialogante del que tanto presume" y que "deje la imposición y dé paso a la negociación".

   Asimismo, los representantes de UGT en el consistorio de la capital, han asegurado que "el personal está haciendo un mayor esfuerzo laboral con menos salario, ya que desde 2010 la plantilla y los sueldos están congelados", criticando que "sí hayan aumentado los asesores y las asistencias técnicas".

Acuerdo entre PP y UPyD para desalojar a los acusados por corrupción de cargos públicos

MADRID.- El PP y UPyD han pactado este martes una enmienda transaccional en el Congreso comprometiéndose a acometer las reformas legales necesarias que permitan desalojar a los acusados por corrupción tanto de los cargos públicos que ostenten como de las listas electorales.

   Se trata de una reivindicación que la portavoz de UPyD, Rosa Díez, planteó al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, el pasado 31 de octubre, en un debate en el que ambos intercambiaron impresiones sobre la conveniencia de tomar medidas contra los imputados por corrupción.

   Díez defendió entonces sacar de las listas electorales y de los cargos públicos a los imputados, pero el ministro replicó que esa figura sólo busca dar garantías a la persona citada a declarar y sobre la que aún no pesa ningún indicio de criminalidad. No obstante, Ruiz Gallardón sí se comprometió a estudiar la posibilidad de excluir a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.

   La formación magenta recogió el guante y en su moción pedía actuar contra los "acusados formalmente", de tal manera que se acometan las reformas legales necesarias para incluir la acusación formal por un delito de corrupción como causa de inelegibilidad e incompatibilidad.

   El PP prefirió proponer a UPyD un texto alternativo remitiendo este asunto a la comisión técnica la que el Gobierno ha encargado de preparar la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal.

   Al final, los dos partidos han alcanzado un texto de consenso instando al Gobierno "a estudiar y analizar las reformas legales necesarias que posibiliten que los acusados por un delito relacionado con la corrupción no puedan integrar candidaturas electorales ni, en su caso, seguir ostentando cargos público". El acuerdo se votará este jueves en el Pleno del Congreso.

   Es el segundo pacto que suscriben Justicia y UPyD desde aquel debate entre Ruiz Gallardón y Rosa Díez. Ya acordaron que los partidos políticos y los sindicatos tuvieran responsabilidad penal, una idea que el PP asumió en la Comisión de Justicia del Congreso aceptando una enmienda presentada por UPyD a la la reforma del Código Penal en materia de fraude fiscal y a la Seguridad Social.

Fomento aumenta las ayudas a las autopistas en riesgo de quiebra

MADRID.- El Ministerio de Fomento aumentará las líneas de ayudas que tiene articuladas para las autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra, gracias una enmienda que el grupo del PP en el Senado ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, según anunció la titular del Departamento, Ana Pastor.

   Se trata de la denominada cuenta de compensación por la que el Gobierno intenta paliar la reducción de ingresos que estas vías registran por la caída de tráficos derivada de la crisis y, en algunos casos, también de la existencia de vías alternativas gratuitas.

   En virtud de dicha enmienda, a partir de 2013, Fomento eleva el importe máximo que estas autopistas pueden recibir para compensar la caída de ingresos.

   Según lo establecido, las cuentas de compensación permiten que cada una de las vías en riesgo de quiebra comunique a Fomento, cada año y hasta 2018, la diferencia que contabilizan entre sus ingresos reales y el 80% de los inicialmente estimados para el ejercicio en cuestión.

   Hasta ahora, la cantidad a recibir por la vía no podía superar el 49% del importe que resulta de sumar los ingresos reales de peajes y la cantidad a anotar en su cuenta de compensación. Ahora, la reforma que introduce la enmienda eleva este porcentaje límite hasta el 80%.

   Para cubrir la diferencia entre ambos porcentajes, las vías podrán solicitar fondos de la línea de préstamos participativos, la otra medida que Fomento tiene en marcha para ayudar a este sector.

   Esta otra línea de ayudas se destina fundamentalmente a amortiguar el otro gran problema de las autopistas, los sobrecostes que sus concesionarias afrontaron en la expropiación de los terrenos sobre los que las construyeron las vías. Fomento cuenta con una dotación de 200 millones de euros para otorgar estos préstamos en los Presupuestos del próximo ejercicio.

   Durante su intervención en el Foro 'Cinco Días', la ministra de Fomento manifestó su confianza en que esta nueva ampliación de las ayudas sirva para paliar la situación que atraviesan las autopistas, "hasta que los tráficos se recuperen y se vuelva a la normalidad".

   De la decena de autopistas de peaje que actulamente sufren desequilibrios económicos y financieros, cinco de ellas se han declarado ya en concurso de acreedores.

   El conjunto de vías con problemas han supuesto una inversión de 5.601 millones de euros a las sociedades concesionarias que se adjudicaron su construcción y posterior gestión, en su mayoría participadas por constructoras y entidades financieras, y actualmente soportan una deuda de más de 3.000 millones de euros.

El SUP promueve una plataforma policial anticorrupción

MADRID.- El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en la Policía Nacional, promueve la creación de una plataforma policial para denunciar la corrupción y velar por el cumplimiento de la ley. 

En declaraciones a Gaceta.es, el portavoz del sindicato, José María Benito, ha explicado que la plataforma nace con la intención de que los casos de corrupción no queden impunes. "Todo se tapa cuando el imputado en un caso de corrupción es un político o un poderoso", asegura. El portavoz del SUP recuerda que dos comisarios fueron cesados tras investigar las presuntas irregularidades relacionadas con un ático en Marbella del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Otro de los recientes casos de corrupción que ha motivado la creación de una plataforma es el caso Palau en Barcelona. La intención del sindicato policial es denunciar estos casos así como las frecuentes prescripciones de delito y los casos sobreseídos.

 Según el SUP, se actuará "contra políticos, mandos policiales, jueces, fiscales y cualquier otra persona que no sea escrupulosa en la aplicación de la legalidad y persecución de los delitos que se puedan imputar". 

Asimismo, el presidente del sindicato, José Manuel Sánchez Fornet, ha explicado que la creación de la plataforma "se hace desde el convencimiento de que la corrupción es una grave lacra". Por todo ello, el SUP cree que hay una sensación generalizada en la policía de ser un juguete en manos de los políticos. 

Esta mañana el sindicato ha difundido una nota en la que explica que "están jugando con la Policía como si fueran empleados de su cortijo".

España pedirá mañana a la Unión Europea más controles en importaciones de tomate marroquí

BRUSELAS.- España pedirá mañana a la Comisión Europea que aumente los controles aduaneros para evitar que las importaciones de tomate procedentes de Marruecos queden exentas del pago de aranceles, según indicaron hoy fuentes diplomáticas.

El asunto se tratará, a petición de la delegación española, en el apartado de puntos "varios" de un Consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El ministro español del ramo, Miguel Arias Cañete, trasladará a Bruselas y a los países de la UE la gran "preocupación" de España por la caída de los precios, que hace que el sector esté "atravesando actualmente una situación muy difícil motivada por el bajo nivel de las cotizaciones que se registran en el mercado comunitario".

Los precios percibidos por los productores "son muy bajos, poniendo en peligro el resultado económico de las explotaciones", según el texto que presentará España en el Consejo.

Si a eso se suman los gastos de transporte, seguro, flete y comisiones, "el precio que puede pagarse al productor, tanto comunitario como marroquí, será tan bajo que difícilmente podrán mantener la actividad", consta en el documento.

Por ello, España considera necesario "que se haga un análisis por parte de la Comisión de las razones que están motivando la situación de este mercado y las repercusiones que ese nivel de cotizaciones tiene en los precios percibidos por los productores, tanto comunitarios como marroquíes".

Asimismo, reclama que se lleve a cabo "un seguimiento de los derechos que se están liquidando en las aduanas cuando los precios se sitúan por debajo del precio de entrada acordado con Marruecos".

El texto que presentará Madrid indica que la campaña "comenzó con precios buenos" por la escasez de oferta motivada por el retraso de las producciones en Marruecos y España.

Sin embargo, desde finales de octubre el valor a tanto alzado del tomate importado de Marruecos ha experimentado "un descenso continuado hasta alcanzar un mínimo de 36 euros por 100 kilos el pasado 6 de noviembre, frente al precio de entrada acordado con Marruecos de 46,1 euros por cada cien kilos".

Durante todo el mes de noviembre el precio ha estado por debajo del acordado con Marruecos, "en niveles que darían lugar a una percepción de derechos arancelarios que variarían entre 0,9 y 29,8 euros por cada 100 kilos", añade el documento.

Aparte de ese tema, en el Consejo del miércoles los ministros debatirán las propuestas incluidas en la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para los pagos directos, las ayudas de desarrollo rural y la Organización de Mercado Única.

En un almuerzo de trabajo, analizarán las repercusiones que puede tener para la reforma de la PAC el hecho de que todavía no exista un acuerdo sobre el próximo marco presupuestario 2014-2020.

Por otra parte, el Consejo de ministros de Pesca tratará el jueves una petición dirigida por la delegación holandesa a la Comisión Europea para que precise de qué manera va a garantizar un mejor aprovechamiento del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Mauritania.

La aplicación provisional del acuerdo fue acordada la semana pasada en una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE (Coreper), formado por embajadores de los 27 países comunitarios.

España, Portugal, Lituania, Letonia y Grecia votaron en contra, ya que eran partidarios de la reapertura del acuerdo para que introdujera condiciones técnicas más favorables para la flota, según indicaron fuentes diplomáticas.

El jueves se llegará además a un acuerdo sobre las posibilidades de pesca de las especies de aguas profundas para 2013 y 2014.

La Comisión propone reducciones cercanas al 20 % (para cada uno de esos años) en algunas capturas de especies que interesan a España, en particular el granadero de roca, el besugo, la brótola y los alfonsinos.

A España le gustaría mantener el status quo para todas ellas, según las fuentes.

Por ello, junto con Francia, Portugal y Polonia, España abogará por que las reducciones "sean menores", añadieron.

Marruecos espera que el sector agroindustrial reporte 13.000 millones

CASABLANCA.- El gobierno marroquí estima obtener 13.500 millones de euros en concepto de inversiones procedentes del sector de la agroindustria hasta el próximo año 2020 como resultado de aplicar las medidas del Plan Marruecos Verde, de modo que también se generen las condiciones adecuadas para la creación de 1,5 millones de puestos de trabajo, informó la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) en un comunicado.

   Con estas medidas, Marruecos busca además generar un PIB agrícola suplementario de entre 6.300 y 9.000 millones de euros, desarrollar una nueva oleada de inversiones nacionales, incrementar el valor de las exportaciones de 1.100 a 4.000 mil millones de euros para los subsectores en los que Marruecos es especialmente competitivo como los cítricos, olivares, frutos o legumbres.

   En concreto, la AMDI ha señalado que la industria agroalimentaria es el uno de los motores del crecimiento de la economía marroquí, pues representa el 29% del PIB industrial, un 15% de la exportación de productos elaborados, abarca un 26% de las empresas industriales y genera un 20% del empleo.

   Para alcanzar dichos objetivos, el gobierno marroquí ha apostado por un plan de desarrollo de los subsectores con fuerte potencial para la exportación, planes de desarrollo y restauración de sectores de productos alimenticios nacionales, un plan de apoyo en favor de los sectores intermediarios, un programa de formación adaptado al sector y una red de polos agrícolas.

   Para fomentar el desarrollo de esta sector, Marruecos ha puesto en marcha un programa de desarrollo de Plataformas Industriales Agroalimentarias, los Polos Agrícolas, y la transformación de productos del mar, los Fish Hub. El director de la Agencia Marroquí de Desarrollo de Inversiones (AMDI) en España, Mohamed Aziz El Atiaoui, ha señalado que el sector agroindustrial "es uno de los principales fundamentos" de la economía marroquí.

Endesa e Iberdrola ponen a la venta sus participaciones en el gasoducto Medgaz

MADRID.- Endesa e Iberdrola han puesto a la venta sus participaciones del 12% y del 20%, respectivamente, en el segundo gasoducto entre Argelia y España, Medgaz, con capacidad para transportar cerca de una cuarta parte de todo el gas demandado por el mercado español, indicaron hoy fuentes del sector energético.

   El proceso, en el que Endesa ha dado al Santander el mandato de venta, se encuentra aún en una fase inicial y coincide con el interés de Gas Natural Fenosa por comprarle al grupo argelino Sonatrach un 10% del gasoducto.

   El valor de las participaciones de Endesa e Iberdrola en Medgaz ronda los 90 y 150 millones de euros, respectivamente, y la operación les permitirá mejorar su posición financiera, en un momento marcado por la reducción de inversiones y el interés de las compañías por mantener los 'rating'.

   Medgaz está participada por Sonatrach en un 36%, así como por Cepsa en un 20%, Iberdrola en un 20%, Endesa en un 12% y GDF Suez en un 12%. Las participaciones tienen asociado un contrato proporcional de suministro de gas.

   De esta forma, si la capacidad de Medgaz es de 8 bcm (8.000 millones de metros cúbicos), Sonatrach tiene garantizado el suministro de 2.880 millones de metros cúbicos de gas, frente a los 1.600 millones de Cepsa e Iberdrola, y los 960 millones de GDF Suez y Endesa.

   En el sector energético existen diferencias acerca del perfil de los posibles compradores. Mientras unas fuentes dan credibilidad al interés de fondos de infraestructuras por Medgaz, otras indican que el perfil de comprador corresponde a priori a un socio industrial interesado directamente en el suministro de gas a España.

   Fuentes oficiales de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa se negaron a hacer comentarios acerca de las informaciones sobre la decisión de las dos primeras de poner en venta sus participaciones en Medgaz.

   Dentro de su plan de desinversión, Iberdrola se ha propuesto deshacerse de activos no estratégicos por valor de 2.000 millones de euros antes de fin de año, de los que ya tiene comprometidos 1.300 millones, de modo que aún debe desprenderse de bienes por 700 millones.

   Por su parte, Gas Natural Fenosa anunció recientemente que mantiene su interés por la adquisición a Sonatrach de una participación del 10% en Sonatrach. La compañía presidida por Salvador Gabarró presentará a comienzos del próximo año un nuevo plan estratégico.

   'El Confidencial', que adelanta la decisión de Endesa e Iberdrola de vender sus participaciones en Medgaz, indica que las dos eléctricas compiten en el proceso por los mismos potenciales inversores. La primera, a través del Santander, mantiene contactos con fondos de infraestructuras, mientras que la segunda cuenta con la intermediación de BNP Paribas.

El Gobierno marroquí deberá autorizar las compras de vivienda en España

RABAT.- La Oficina de Cambios marroquí, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha informado a los ciudadanos marroquíes de que sólo pueden comprar viviendas en España con una autorización previa del Gobierno, al tiempo que ha subrayado que estos permisos sólo se conceden "en circunstancias excepcionales". 

   El Gobierno marroquí ha enviado esta advertencia en un comunicado publicado después de que el Ejecutivo español anunciara la semana pasada que está estudiando la posibilidad de conceder el permiso de vivienda a los extranjeros que compren viviendas por valor igual o superior a los 160.000 euros.

   Ante "la tentación" de adquirir una vivienda "en aquellos países donde los precios son más bajos que los vigentes en Marruecos", la Oficina de Cambios marroquí ha advertido de que "la adquisición de bienes inmuebles en el extranjero" por parte de "personas que residen habitualmente en Marruecos" está "sujeta" a "la aprobación previa" de esta institución.

   En este sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda marroquí ha subrayado que estas autorizaciones "se conceden generalmente sólo en circunstancias excepcionales" y que una compra sin ese permiso "constituye un delito punible".

   La Oficina de Cambios ha explicado, además, que la posesión de una residencia en otro país excluye al ciudadano marroquí de la condición de residente el extranjero (MRE) y, por tanto, de los beneficios en cambio de divisas que tienen los marroquíes que se encuentran en esa situación.

Crespo dice que el Gobierno estará "muy pendiente" en que se cumplan los contingentes del acuerdo UE-Marruecos

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha indicado este lunes que el Gobierno central va a estar "muy pendiente" de que el acuerdo de asociación agrícola entre la Unión Europea y Marrecos acordado y ratificado en Bruselas "se cumpla" y evitar que sea "mucho más lesivo" de lo que ya resulta para los productores españoles. 

   En declaraciones a los periodistas en Almería tras participar en un acto contra la violencia de género, Crespo ha recordado que en estos días tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se encuentran en la sede de la UE debatiendo los términos de la futura PAC y trabajando a favor de los productos agrícolas.

   Asimismo, ha asegurado que los acuerdos tanto con Marruecos como con terceros países se mantienen en permanente estudio en relación a su aplicación y su cumplimiento, de forma que el Ejectuvo se mostrará "muy contundente" a la hora de vigilar las cantidades a exportar.

   En este sentido, recientemente la Junta de Andalucía se dirigió al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Magrama) para que instara a la Comisión Europea (CE) a "vigilar el cumplimiento efectivo" del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos después de que se haya detectado un incremento del 25 por ciento en la entrada en mercados europeos de tomate marroquí y a un precio inferior al mínimo que estipula el citado acuerdo.

El PP acusa a la Junta de ser "el gran moroso de la UAL" con una deuda de "30 millones"

ALMERÍA.- El PP de Almería ha lamentado este lunes que la Junta andaluza "sea el gran moroso" de la Universidad de Almería (UAL) al acumular una deuda que ha cifrado en "30 millones de euros" y ha criticado el descenso de la partida prevista para 2013 en los presupuestos generales de la comunidad en unos "5,5 millones".

   En rueda de prensa, la parlamentaria andaluza Aránzazu Martín ha indicado que "gracias a la Junta" la UAL contará con "menos docentes, investigación y menos dinero para becas" y ha señalado que el "bipartito" tiene a las universidades "sumidas en las más absoluta ruina económica hasta el punto de que prácticamente ya no pueden hacer frente ni a los pagos de proveedores".

   Acompañada por el diputado José Jesús Gázquez, ha destacado que la partida que la Junta destinará el año 2013 a la Universidad de Almería es de 51,5 millones de euros, "5,5 millones de euros menos que lo destinado para este año, es decir, se produce una reducción del 7,55 por ciento", ha remarcado.

   "Ello provoca que bajen las partidas destinadas a hacer frente a las nóminas del profesorado, a la investigación; al funcionamiento básico de las universidades y con la cantidad económica prevista difícilmente se podrá hacer frente al pago de las becas Erasmus que aún se encuentran impagadas y mantener las nuevas para el curso que viene".

   Martín ha detallado que desciende la partida destinada a Financiación Operativa Estructural en casi 2,5 millones de euros, "lo que va a suponer que para este curso se hayan dejado de contratar un total de 103 profesores asociados".

   En esta línea, ha apuntado que "difícilmente" se podrá hacer frente a la apertura de la nueva sede de gobierno de la Universidad y el Paraninfo, "que lleva acabado hace ya dos años y que por falta de financiación no se pueden abrir estas instalaciones".

 "Pero no solo no se podrán abrir nuevos edificios, sino que en lo existentes hay goteras y la solución que están dando es poner cubos para recoger el agua", ha apuntillado.

   La parlamentaria ha asegurado que "lo único que no baja" es el dinero destinado a la Agencia Pública Empresarial, "que podrá contratar a otra persona", ni tampoco se "adelgazan" las partidas "de altos cargos más allá de las reducciones aplicadas con carácter general a todos los funcionarios".

   En cuanto a las becas, ha precisado que, aún contemplando prácticamente la misma cantidad que el año pasado en los presupuestos para el apoyo a proyectos estudiantiles y movilidad" con 17,1 millones de euros, esfuerzo económico "habrá que hacerlo nuevamente a costa de las espaldas de la Universidad, que tendrá que seguir adelantando el dinero, teniendo en cuenta que aún no se han pagado las del año pasado".

   Martín ha avanzado que el PP ha presentado enmiendas a los presupuestos que supondrían aumentar en tres millones de euros la partida para la UAL. "son los gestores universitarios, y no la Junta de Andalucía, quienes, con un gran esfuerzo de rigor presupuestario y exhaustivo control financiero, están cumpliendo con sus obligaciones, sacando las castañas del fuego a la Junta", ha concluido.

Valderas pide a Montoro una "reunión urgente" ante el "desastre económico" de algunos municipios andaluces

SEVILLA.- El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha pedido al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, una "reunión urgente" para intentar buscar soluciones en el marco del entendimiento y la responsabilidad institucional de ambos gobiernos, ante el "desastre económico" que padecen algunos ayuntamientos andaluces.

   En la citada misiva, el vicepresidente traslada a Montoro la "gravísima situación económica" en la que se encuentran algunas entidades locales andaluzas, poniendo como ejemplo a las localidades gaditanas de Barbate (PSOE) y Jerez de la Frontera (PP) y en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca.

   También hace referencia al municipio gaditano de La Línea de la Concepción (PSOE), destacando que en la actualidad hay nueve nóminas pendientes de pago, "lo que está teniendo un impacto social gravísimo en los trabajadores de las administraciones locales y por extensión en sus familias y la actividad de las propias ciudades".

   Valderas reclama al ministro la oportunidad de sentarse para tomar "completo conocimiento" de la magnitud del "desastre financiero" que padecen estos municipios y buscar conjuntamente vías de solución "adaptadas y eficaces".

   En este sentido, Valderas le plantea como puntos a abordar la caída de ingresos tributarios, el agotamiento del recurso al crédito financiero privado, así como a las posibilidades de anticipo de las participaciones en los ingresos del Estado (PIE) y de los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) como principales recursos de sus respectivas haciendas públicas.

   Finalmente, el vicepresidente le traslada que la crisis económica general se está revelando con mayor crudeza en amplias capas de población de ciudades grandes y medianas, como los ejemplos que se han reseñado, y en este sentido subraya que la política debe desarrollar todo su potencial en la búsqueda de soluciones.

La Junta aprueba este martes el Plan de protección del corredor litoral de Andalucía

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar mañana martes en su habitual reunión semanal un decreto-ley que incluye un conjunto de medidas urgentes en materia urbanística y de protección del litoral, entre las que figura el Plan de protección del corredor litoral de Andalucía.

   Según han informado hoy fuentes de la Oficina del Portavoz, este nuevo Plan de protección del corredor litoral andaluz se erige "en un nuevo instrumento de planificación territorial que nace para preservar la franjas más próximas a la costa".

   En este sentido, el trabajo de elaboración de esta nueva herramienta de protección ha correspondido a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que en esta legislatura ostenta las competencias en materia de ordenación del territorio.

Paradores presenta un plan de reestructuración, que afectará al 14% de la plantilla

MADRID.- La dirección de Paradores ha presentado este lunes a los sindicatos un plan de reestructuración, que supone la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, medida que afecta tanto a los establecimientos como a los servicios centrales de la cadena hotelera.

En un comunicado, la compañía que preside Ángeles Alarcó ha explicado que el objetivo de esta reestructuración es "garantizar la continuidad de Paradores de Turismo, adecuándose a la realidad del sector y a la de la actual demanda" y asegurar "la supervivencia de la compañía".

El plan contempla el control de costes operativos para situar a la cadena en una posición competitiva y reducir así las pérdidas que acumula desde 2007.

"La situación financiera de la compañía es insostenible", subrayó la compañía, que advierte de que "de no tomar medidas en el año 2013 las pérdidas alcanzarán los 139 millones de euros".

Para 2012, la cadena prevé cerrar el ejercicio 2012 con unas pérdidas de 30 millones de euros. "A la caída de la demanda, que ha pasado de un índice de ocupación del 70% en 2007 al 52% en 2012 se unen las pérdidas acumuladas de 77 millones hasta 2011", apuntó.

Hasta octubre de este año, Paradores, que acumula un déficit de 110 millones de euros, logró ahorrar en torno a 20 millones de euros, con la aplicación de su plan de ajuste que contemplaba, entre otras medidas, la reducción de costes operativos, de consumos y de gastos comerciales, así como la optimización de los procesos internos.

"Estas medidas, aunque efectivas y acertadas, han resultado insuficientes para alcanzar los niveles de reducción de costes necesarios", apuntó la cadena.

Paradores subrayó que por ello se hace "inevitable" acometer una reestructuración de centros y de plantilla, ya que actualmente está "muy sobredimensionada y muy alejada de los estándares del sector".

La dirección de Paradores indicó que la compañía va a realizar "todo el esfuerzo posible" para aplicar "un plan social que minimice los efectos de la medida".

La compañía ha trasladado a los representantes de los trabajadores la apertura inmediata de un periodo de consultas con el objetivo de explicar en detalle las razones que le obligar a tomar "tan difícil situación" y de tratar de "alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes".

UGT y CC.OO. convocaron a los 4.600 trabajadores de la cadena pública a una huelga en el conjunto de la red, 94 establecimientos, para todos los puentes del año a partir del pasado 12 de octubre, paros que afectaban a los días 2 y 3 de noviembre, que fueron desconvocados, y a los próximos 7 y 8 de diciembre y 31 y 1 de enero.

La Junta da viabilidad a dos parque eólicos de 51 megavatios plateados en Oria y Chirivel

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, ha dado viabilidad a la autorización ambiental unificada (AAU) al anteproyecto de los parques eólicos 'Herrán Alamicos' I y II, con una potencia nominal de 51 megavatios planteado en los términos municipales de Oria y Chirivel, en Almería. 

   Según se expone en dichas resoluciones,  la compañía WPD Renovables Meridional II aportó varios estudios acústicos en el caso del parque de Chirivel que contenían una serie de deficiencias ya corregidas, encaminadas a cambiar el modo de operar los aerogeneradores en el periodo nocturno para hacerlos más silenciosos.

   En concreto, se trata de una instalación en Oria sobre terrenos de titularidad privada en el paraje Las Cumbres con nueve aerogeneradores de 27 megavatios en su conjunto y una instalación en Chirivel, de 24 megavatios distribuidos en terrenos privados de los parajes Alamicos y Aspilla.

   Asimismo, la sociedad aportó los informes los informes sobre la actividad arqueológica de prospección, a fin de determinar si ésta actuación podría afectar a posibles yacimientos arqueológicos o elementos que pudiesen estar protegidos a tenor de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

   La autorización de ambas instalaciones expone que antes de la aprobación del proyecto de ejecución definitiva se deberá redactar un proyecto de restauración ambiental y paisajística y establecer un programa de control de los riesgos sobre la avifauna para determinar la incidencia de los parques eólicos sobre las especies de la zona.

IU aprueba sus delegados para las asambleas andaluza y federal lideradas por González y Fernández Guardia

ALMERÍA.- Un total de 24 delegados de IULV-CA en Almería acudirán en representación de la provincia a la Asamblea andaluza de la federación que se celebra el próximo 1 de diciembre, de los cuales 23 de ellos componen la lista "mayoritaria", encabezada por el secretario de organización provincial, Rodrigo González, mientras que Gaspar Cañizares, de la CUT-BAI, acude por parte de la lista "minoritaria". 

   Así lo ha indicado Rodrigo González, quien ha destacado la "alta participación" y el "debate fructífero" de la asamblea provincial de IU celebrada este domingo en Almería. El secretario de organización ha señalado que la lista encabezada por él mismo ha obtenido el 88 por ciento de los respaldos del centenar de representantes reunidos este domingo, mientras que un doce por ciento ha apoyado a la lista de Cañizares.

   En esta asamblea se han decidido, además de los delegados que acudirán al cónclave andaluz, los que lo harán a la Asamblea Federal que se celebra entre los días 14 y 16 de diciembre. Para esta cita, acudirán desde la provincia de Almería seis delegados, con la coordinadora local de IU en El Ejido, Ángeles Fernández Guardia, a la cabeza, todos de la "lista mayoritaria".

   Del mismo modo, en la asamblea se han presentado más de un centenar de enmiendas a los documentos Político, Económico y Estatutario, algunas mayoritarias y otras minoritarias. Una vez incluidas, la asamblea ha votado favorablemente estos documentos con un "amplio respaldo".

Sánchez Gordillo y Cañamero pagarán 60 euros tras no recurrir la condena por ocupar 'Asociafruit'

SEVILLA.- El parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo y el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, han decidido no recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que los condena a pagar una multa de 60 euros por ocupar en 2008 la sede de la asociación 'Asociafruit' hasta que fueron desalojados por la Policía.

   En este sentido, fuentes del caso han informado hoy que ni Sánchez Gordillo ni Cañamero ni tampoco los otros 67 militantes del SAT que fueron condenados por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial van a recurrir la sentencia, por lo que deberán abonar una multa de 60 euros.

   El Juzgado de Instrucción nº 8 de Sevilla los condenó al considerar probado que, "reivindicando un problema laboral", accedieron a las instalaciones de 'Asociafruit' "sin ejerce violencia e intimidación para ello", permaneciendo en dicho lugar durante varias horas "contra la voluntad" del gerente y los trabajadores de la sociedad. A consecuencia de la "aglomeración" de personas durante el encierro, se produjeron desperfectos en las instalaciones valorados en 483 euros.

   Contra esta resolución, recurrió el propio Diego Cañamero, que solicitó la nulidad del juicio al no haberse concedido el derecho a la última palabra y, subsidiariamente, su absolución, recurso que fue rechazado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que confirmó la condena.

   Así, la Sección Séptima argumenta que "la mera omisión del trámite, que sin duda es un defecto procesal evidente --tanto que no se entiende que por ninguna de las partes presentes en el juicio se hiciera notar--, por sí sola no justifica esa vulneración de derecho que pueda provocar una nulidad", añadiendo además que el recurrente no acudió a la vista, "lo que bastaría para rechazar" el motivo del recurso.

   No obstante, asegura en la sentencia, que el presente procedimiento "se caracterizó por la decisión de la gran mayoría de los denunciados presentes --excepto tres-- a acogerse a su derecho a no declarar".

   Cañamero también recurrió por error en la valoración de la prueba, "pues ni el denunciante ni ninguno de los testigos identifican ni señalan a cual o cuales de los imputados podrían reputar autores de la falta, pues en ningún momento se identifica a quienes entran y a quienes quedan fuera del establecimiento, sin individualizar conductas", a lo que se añade, según Cañamero, que "la acción se cometió en el ejercicio del derecho a la libertad sindical".

   Ante ello, la Audiencia asegura que "todos los condenados ocupaban el inmueble, pues fueron identificados conforme fueron saliendo del inmueble por los agentes desplazados a la zona, y en cuanto a que la acción se cometa en el ejercicio de la libertad sindical señala que "no competía a la magistrada sino valorar si se daban o no se daban los presupuestos de la infracción".

Las comunidades de vecinos soportan impagos por 1.600 millones de euros

MADRID.- Las comunidades de vecinos soportan en España una morosidad de unos 1.600 millones de euros por impagos de los propietarios, importe un 60% superior al de 2010, según datos del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, que atribuye este incremento al efecto de la crisis en las economías de las familias.

   "El aumento de los impagos se ha notado más a partir de los últimos tres últimos años, por el efecto de la crisis en los propietarios", indicaron fuentes de esta institución.

   No obstante, los administradores de fincas atribuyen a las entidades financieras que se han quedado con pisos en procesos de desahucios parte de la morosidad que acumulan las comunidades de vecinos. Según indican, cuando un banco se adjudica una vivienda "pasa después meses sin abonar los recibos correspondientes a la vivienda".

   Otro foco de impago en las comunidades de vecinos, también derivado de la actual coyuntura económica, son las quiebras de inmobiliarias que son propietarias de pisos vacíos de una comunidad de vecinos porque no han logrado venderlos.

   Los administradores de fincas no ha cuantificado aún el porcentaje que la morosidad derivada de inmobiliarias y bancos representa en la mora total que actualmente soportan las comunidades de propietarios.

   A todo ello se suman las nuevas tasas judiciales que, según este colectivo profesional, van a complicar los procesos de reclamaciones de deudas por parte de las comunidades de propietarios. "La ley de tasas constituye un escollo más en el proceso de recaudación de cuotas comunitarias", asegura al respecto el miembro de la junta de Gobierno de Consejo de Colegios de Administradores de fincas Ángel Hernández Román.

   Por todo ello, esta institución colegiada promueve una nueva reforma de la Ley de Propiedad Horizontal con el fin de paliar las "dificultades" que las juntas de propietarios afrontan por la crisis y, al mismo tiempo, "salvaguardar los derechos de los consumidores".

   El principal objetivo de esta modificación es ampliar desde dos años hasta cinco años el periodo máximo de tiempo al que se limita la prioridad de cobro que la comunidad tiene ante un vecino moroso respecto al resto de sus acreedores.

   Con esta iniciativa, se busca evitar pleitos y recursos entre comunidades de propietarios y sus propietarios, y los correspondientes gastos que ellos conllevan.

   "Si una comunidad de vecinos quiere seguir manteniendo la prioridad de cobro ante un vecino moroso tiene que estar presentando demandas cada dos años, y ello genera unos gastos", según apuntó dicho miembro del Consejo de administradores de fincas.

   En paralelo, con esta medida los administradores de fincas buscan evitar esos gastos y otorgar un margen de tiempo "para que se recuperen a familias que lo están pasando mal".

 "Duele demandar a familias que lo pasan mal, pero con el actual límite de dos años hay que hacerlo para garantizar que, en su día, la comunidad de propietarios pueda cobrar", detalló.

Un experto del PSOE en la negociación sobre desahucios cree que unas 50.000 familias españolas han perdido su casa en cinco años

MADRID.- El experto del PSOE en la negociación con el Gobierno sobre los desahucios, Julio Rodríguez, quien también fue presidente de la Caja de Granada, considera que los lanzamientos de primera vivienda en los últimos cinco años rondan los 50.000. Explica que en las conversaciones con el Ejecutivo hubo algunos acercamientos pero cree que otros temas, como la reforma de la Ley Hipotecaria planteada por el PSOE, serán " difíciles de conseguir".

   En su opinión, el real decreto ley aprobado por el Gobierno la semana pasada "mejora algo las condiciones de los deudores hipotecarios morosos" y se trata de "un paso en la buena línea". Pero considera que este "avance" resulta "insuficiente" ya que el "espectro de hogares que se pueden ver favorecidos es reducido".

   Además, constata que otro de los problemas que se pusieron de manifiesto es que se dispone de una información estadística "escasa y deficiente", tanto "sobre la realidad de las ejecuciones hipotecarias, como sobre el número de hogares que podrían verse favorecidos por el umbral establecido en el Real Decreto Ley que ha salido".

   De hecho, considera que es una "estimación arriesgada" la cifra que ha dado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien ha dicho que unas 600.000 personas podrían verse beneficiadas en el futuro por el Decreto Ley aprobado por el Gobierno.

   Cree que se trata de una "estimación" de la que se conoce la metodología seguida. Argumenta que no queda claro si se han utilizado datos de la encuesta de población activa que hace el INE cruzados con la Encuesta Financiera de las Familias que publica el Banco de España. Esta puede ser una "guía para aproximarse", aunque nunca, puntualizó, para hacer una "estimación precisa", junto a la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE. "No se puede decir si es buena o mala la estimación de 600.000", apunta, pero, añade: "en todo caso parece una estimación arriesgada".

   Según explicó, durante los últimos cinco años (2008-2012) se han producido unos 430.000 procedimientos de ejecución hipotecaria, de los que entre un 20 y un 25 por ciento han podido afectar a la primera vivienda según "las cifras que se están manejando". Por lo tanto, según precisó, se estaría hablando de una cifra "próxima a 100.000 ejecuciones hipotecarias" que afectan a la primera vivienda, "que bajaría a 50.000 en el caso de los lanzamientos hipotecarios" durante ese periodo.

   Julio Rodríguez explicó que la negociación que se llevó a cabo entre el Gobierno y el PSOE fue "muy rápida" porque el fin era "sacar medidas urgentes". Ese no era el marco para una reforma "en profundidad" de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley Hipotecaria, ya que son asuntos que requieren más tiempo que "un plazo de cuatro días".

   Pero se mostró esperanzado en que el Gobierno aborde una reforma en profundidad a la vista del texto incluido en la exposición de motivos del Real Decreto Ley 27/2012 para frenar los desahucios, en el que se dice que se "procurará reformar con profundidad el procedimiento de la Ley de Enjuiciamiento Civil". Esto, recalca, le hace albergar "moderadas expectativas de que algo va a mejorar" en este "complicado tema de la ejecución hipotecaria a la vista del crecimiento del problema".

   El procedimiento que conduce al desahucio del deudor hipotecario, advirtió, "resulta injusto". En su opinión, "parece más normal que el banco acreedor vaya primero a por la garantía del deudor y que, sólo en el caso de que no haya podido cubrir la deuda con la garantía del deudor, acuda a la garantía del fiador", precisó. Además, explica que también en este caso podrían plantearse "situaciones muy duras" sobre todo, señala, si la deuda es muy elevada y la vivienda del deudor tiene poco valor.

   Por ello, insiste en que "hay que corregir esta situación" ya que "lo normal es que se vaya a por el deudor y no que se vaya a por aquello que el banco encuentre más mollar para recuperar su dinero".

   También explica que el PSOE plantea en el Proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre pasado que los intereses de demora no superen el 2%. Asegura que "no se ha llegado a contrastar" si el Ejecutivo está dispuesto a aceptar que se alcance ese porcentaje, y recuerda que en el Código de Buenas Prácticas aprobado en marzo pasado por el Ejecutivo de Rajoy, "ya está recogido el 2,5 por ciento" para dichos intereses de demora.

   Este experto defiende las propuestas que incluyó el PSOE en el Proyecto de Ley antes citado para abordar el problema de los desahucios, por entender que afronta el problema "con mucha más profundidad".

   Recuerda que en ese texto se plantea modificar el procedimiento de ejecución para que "tras el mismo, el deudor no quede en una situación de pérdida de vivienda y de alto endeudamiento con la entidad financiera". Estas modificaciones, dijo, deberían afectar al "tiempo, plazo de la subasta, la tasación, la proporción de la tasación, que sería el valor que tuviera la casa en el momento de la subasta, o los tipos de interés de demora".

   En su opinión, el procedimiento actual es "injusto" y la prueba, dijo, es que el deudor se queda, tras la ejecución, "muy endeudado, a pesar de haber perdido la vivienda".

   También señala que en el Proyecto de Ley que propone el PSOE pretende reforzar los umbrales del Código de Buenas Prácticas. Un Código, dijo, que los bancos han rechazado aplicar en torno al 75 por ciento de las ocasiones en que se ha solicitado. Además, apuntó que otra de las propuestas es establecer una Ley de Segunda Oportunidad --como se la llama en Francia-- para articular un procedimiento concursal de suspensión de pagos para las familias al estilo de lo que existe en Europa occidental, salvo en Reino Unido y EEUU, donde las daciones en pago son más frecuentes.

   En cuanto a la propuesta del Gobierno de conceder la residencia a los extranjeros que compren viviendas de más de 160.000 euros, Julio Rodríguez, considera que esta medida "puede mejorar algo la compra de vivienda por parte de extranjeros", porque, argumentó, "hay mucha vivienda tóxica" en las zonas de playa y esa fórmula puede "ayudar a reforzar la demanda".

   Sin embargo, cree que la citada propuesta tiene "un coste elevado" y "genera un agravio comparativo" con otros inmigrantes que están trabajando en España. En su opinión, "revela hasta qué punto el Gobierno está pendiente del tema del mercado inmobiliario, no se sabe si es para salvar a los bancos o porque este Gobierno lleva en el ADN el gusto por el ladrillo en grado máximo que ha caracterizado la política económica española en los últimos tiempos".

Correa llama a los ecuatorianos en España a "rebelarse" ante los desahucios

QUITO.- El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a "rebelarse" ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una "masacre" y un "abuso criminal" sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.

   "Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida", lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.

   El mandatario ecuatoriano criticó las "cláusulas abusivas" que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes "firmaban contratos sin leer", lo cual "atenta contra la normativa europea", según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, "es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos".

   La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.

   Correa catalogó la crisis económica en España como "el peor de los mundos" y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que "si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también".

   El presidente de Ecuador llamó a "rebelarse" a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía "quien manda en la sociedad" y no "el capital financiero".

La FEMP ofrecerá su ayuda a los ayuntamientos por los desahucios

MADRID.- El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, ha asegurado que, tras la "primera batería de medidas" adoptadas por el Gobierno "con carácter de urgencia" para frenar los desahucios y proteger a los deudores hipotecarios, es preciso seguir avanzando y "abordar las reformas legislativas" en materia hipotecaria "que sean necesarias para mitigar los desahucios".

   "En la parte hipotecaria, en la que el Gobierno ya ha dicho que tienen que tener su propia hoja de ruta, compartimos ese criterio, de que la cuestión de los desahucios requiere una reforma de la legislación hipotecaria", ha manifestado el también alcalde de Santander, para confirmar que la FEMP tratará "casi con total seguridad" el "drama" de los desahucios en su próxima Junta de Gobierno, que tendrá lugar el martes 27.

   Según ha explicado De la Serna, el objetivo es poner a disposición de los Ayuntamientos todos sus medios técnicos, organizativos y humanos "para tratar de buscar iniciativas viables" que frenen la "problemática social" de los desahucios y, aunque ha matizado que no hay ninguna propuesta ni resolución concreta en el orden del día de la próxima Junta, sí es su intención poder llegar a algún de tipo de acuerdo para "ofrecer la Federación a los Ayuntamientos" y sumarse así al esfuerzo que ya realizan otras instituciones.

   "Como Federación somos conscientes de que los procedimientos de desahucios están originando una sensibilización general que pone de manifiesto la necesidad de buscar soluciones urgentes e inmediatas a este drama", ha asegurado el también alcalde de Santander, para añadir que la idea es que la FEMP "sea una puerta a la que llamen los Ayuntamientos y se informen de cuál es la situación actual".

   En este sentido, ha explicado que su intención es ofrecer "asesoramiento técnico para explicar cuál es el alcance de la legislación actual, y cuáles serían las posibles implicaciones de otro tipo de medidas que se pudieran tomar".

   En esta línea, cabe la posibilidad de que la Junta de Gobierno de la FEMP acuerde la elaboración de "un documento razonable" que pueda ser trasladado a todos los Ayuntamientos "para explicar cuál es el problema, la situación desde el punto de vista legal y las medidas que se han adoptado".

   Aunque, tal y como ha apuntado, las medidas para frenar los desahucios no son una competencia municipal, De la Serna sí ha reconocido que existe por parte de los Ayuntamientos "una competencia de carácter moral y ético" ya que son estas las administraciones más cercanas a los ciudadanos. "Es verdad que somos la primera puerta de entrada a estas cuestiones", ha añadido.

   "Dentro de la voluntad política, de aportar soluciones, nosotros queremos proponer que se adopten medidas básicas, junto a lo que es la normativa, para aquellos casos más vulnerables; fórmulas viables para poder paralizar ese tipo de ejecuciones", ha señalado para añadir que ese "es el sentir común de los Ayuntamientos que se han puesto en contacto con la Federación".    

   No obstante, De la Serna ha aclarado que aunque es su intención adoptar un "marco general" en relación a esta "problemática" y reafirmar su "voluntad" de ponerse "a disposición de los Ayuntamientos para este tipo de asesoramiento", son conscientes de que deben respetar "la autonomía municipal" de cada uno y no "dictar" las medidas a seguir.

   "La Federación no tiene que ser el órgano que dicte lo que tiene que hacer cada Ayuntamiento, tiene que ofrecer su colaboración y si acaso marcar unas líneas de orientación. Luego, la línea que siga cada Ayuntamiento dependerá de la propia autonomía municipal que tienen. Eso es un principio básico que siempre hemos respetado", ha aseverado. Es por este motivo por el que el presidente de la FEMP no ha querido entrar a valorar las medidas ya propuestas por algunos alcaldes.

   Asimismo, ha señalado que, tras recoger "el sentir de los municipios que se han ido poniendo en contacto con la Federación", todos coinciden en que "las entidades financieras debieran agotar todas las posibilidades para evitar esa situación extrema de desahucio".

   Por otra parte, preguntado sobre si el Gobierno se ha puesto de nuevo en contacto con la FEMP en relación a su intención de limitar los sueldos de los alcaldes y los concejales, De la Serna ha señalado que de momento "no hay ninguna propuesta encima de la mesa" pero que la Federación está dispuesta a "llegar a un punto de encuentro" respecto a esta cuestión.

   "Si que es cierto que el Ministerio mantiene viva la idea de hacer una reflexión acerca de la necesidad de homogeneizar la retribución salarial de los alcaldes. Nosotros hemos dicho siempre que estamos abiertos para poder llegar a un punto de encuentro que podamos consensuar. Queremos participar de esa posible modificación", ha matizado.

Farmaindustria confía en el Gobierno para encontrar una solución a la deuda de las CCAA

MADRID.-   La nueva presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz, se ha mostrado "esperanzada" de que el Gobierno "encuentre una solución" al retraso en el pago de las comunidades autónomas, que ya acumulan una deuda de más de 2.300 millones de euros con las compañías farmacéuticas por la compra de medicamentos de uso hospitalario.

   "Nos lo han prometido y creemos que la van a encontrar", según ha asegurado tras apuntar que, tras las conversaciones mantenidas con los ministerios de Hacienda y Sanidad, Servicios e Igualdad, la solución para acometer dicha deuda podría estar en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

   Sanz ha valorado "muy positivamente" cómo se resolvió "con eficacia" la deuda que las comunidades mantenían con la industria de años anteriores gracias al plan de pago a proveedores impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

   "Se resolvió un problema que empezaba a ser insostenible para nuestras compañías", según ha reconocido, ya que se debían más de 6.300 millones de euros con más de 500 días de atraso en muchos casos.

   Sin embargo, desde 2012 las comunidades han vuelto a demorar los pagos y la deuda vuelve a crecer, de ahí que exijan una respuesta del Ejecutivo que impida llegar a las cifras alcanzadas en 2011.

   "Todavía no tenemos certeza de que el pago sea posible, pero sí de que tienen una voluntad firme de hacerlo", ha aseverado la presidenta de Farmaindustria, quien considera que "sería una pena que, pese al esfuerzo que se hizo, volvamos a estar en una situación tan difícil para todos".

   Además, Sanz recuerda que este sector es "una fuente importante de empleo para el país", con empleo "de calidad" y una apuesta decidida por la I+D. De hecho, el 20 por ciento de la investigación privada que se realiza en España procede de este sector, que es el quinto en número de exportaciones.

   "Somos una industria que debemos aportar el punto de crecimiento que nuestra economía también requiere", ha defendido, al tiempo que advierte de que para ello necesitan una regulación "que salvaguarde sus intereses" y, "sobre todo, que asegure el acceso de los pacientes a la innovación al mismo nivel que el de otros ciudadanos europeos".

   La presidenta de Farmaindustria se ha mostrado comprensiva con la necesidad del Gobierno de tomar medidas "extraordinarias" ante circunstancias que "también lo son". Sin embargo, también recuerda que han sufrido cuatro Reales Decretos en dos años que han "cambiado de modo radical" su sector. "Todos hemos perdido mucha competitividad", ha advertido Sanz.

   Asimismo, Sanz también ha recordado la responsabilidad mostrada por las farmacéuticas, que siguen suministrando medicamentos pese a que las comunidades tardan en pagar.

   "Las compañías son libres de tomar cualquier medida en caso de que consideren que la situación de impago les sea insostenible", según ha reconocido, si bien asevera que desde Farmaindustria se recomienda mantener los suministros.

Una jueza de El Ejido suspende ejecuciones hipotecarias acogiéndose a lo dicho por la Unión Europea

EL EJIDO.- Una magistrada de Primera Instancia de El Ejido ha acordado suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se siguen en su juzgado y ha dictado un auto en el que fundamenta su decisión en la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona.

   La resolución recoge que "ante las dudas en relación a la compatibilidad" del procedimiento de ejecución hipotecaria con la directiva europea que rige sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, procede la suspensión del trámite hasta que recaiga resolución por parte de la Justicia de la UE.

   La titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de El Ejido, Ana Fariñas, resalta que en el fundamento tercero del auto existen "dudas más que evidentes" sobre dicha compatibilidad según se desprende de las conclusiones emitidas por la Abogada General en el proceso que se sigue ante el TJUE.

   Rechaza, sin embargo, pedir al tribunal europeo que se pronuncie con carácter prejudicial sobre tal cuestión de acuerdo al artículo 267 de Tratado de Funcionamiento de la UE "pese a estar facultada para ello" para, según añade, evitar las dilaciones que provocaría en el proceso ya iniciado el planteamiento de una nueva cuestión "con el mismo objeto".

   El auto dictado por el órgano judicial que preside Fariñas deriva de la vía legal abierta por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona a raíz del caso de un vecino de Martorell.

   El titular paró su desalojo para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible indefensión de los consumidores frente a la aplicación de "cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios. La Abogado General de TJUE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de 8 de noviembre que pagar intereses de demora del 18,75 por ciento era un ejemplo de esta irregularidad.

   Esta vía aparece citada, asimismo, en escrito que El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores para pedir la paralización de la ejecución hipotecaria.

   La paralización se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

   El juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia de Almería están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.

   Ha advertido, no obstante, de que la situación no ha sido abordada en Junta de Jueces y que, por tanto, la actuación "queda dentro de su potestad jurisdiccional de acuerdo a cada caso".

 "Sé que algunos jueces están revisando y, en algunos casos, paralizando", ha añadido.