Zoido propondrá a Griñán un plan para reducir 500 millones en gasto corriente en la Junta

SEVILLA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, tiene intención de plantear en la reunión que mantendrá el lunes con el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, un plan con medidas de contención del gasto corriente en la Junta por unos 500 millones de euros. Zoido ha valorado el "nuevo espíritu" de diálogo de Griñán y ha confiado en que de manera sincera quiera abandonar la confrontación con el Gobierno de la Nación. 

   En rueda de prensa, Zoido ha manifestado tras una reunión con su equipo del PP-A que acudirá a la reunión con Griñán desde la lealtad institucional y para intentar colaborar a la hora de la adopción de medidas enmarcadas en planes de ajuste que tengan la menor incidencia posible en los bolsillos de los ciudadanos.

   "No es momento de confrontar, sino de colaborar entre todos, partiendo de un diálogo sincero y transparente", según el también alcalde de Sevilla, quien ha confiado en que el "gesto" de Griñán al convocarle a una reunión suponga abrir una nueva etapa de relaciones "sinceras" y no sea solo un brindis al sol o de cara a la galería.

   "Espero que haya sinceridad", ha sentenciado el dirigente popular, quien también ha confiado en que la Junta abandone la "confrontación" con el Gobierno de la Nación y deje de culparlo de una actitud "agresiva y amenazante" hacia Andalucía porque de eso no hay "nada". Ha querido dejar claro que el Ejecutivo de Mariano Rajoy solo quiere que todas las comunidades salgan adelante.

   De hecho, ha indicado que el presidente del Gobierno ha demostrado voluntad de diálogo al citar a Griñán a una reunión el próximo día 30 y ha insistido en que el PP-A espera que haya un interés real de la Junta de abandonar la "confrontación" y que realmente apueste por una nueva etapa de diálogo provechoso.

   En cuanto al plan de medidas de contención del gasto corriente en la Junta por 500 millones, Zoido ha manifestado que es una clara alternativa a la decisión de la Junta de reducir los sueldos de los trabajadores públicos.

   En este sentido, en dicho plan se propone una reducción de los arrendamientos en un 25 por ciento de todos los entes de la administración, de manera que se podría conseguir un ahorro entre 30 y 45 millones, ya que no sólo se ahorraría desde las Consejerías, sino también de la totalidad de los entes instrumentales y consorcios.

   Asimismo, se plantea una reducción de los gastos financieros por intereses de demora (por no pagar en tiempo y forma) y la elaboración de un calendario de pagos de la administración y sus entes instrumentales. Según ha expuesto Zoido, desde 2008 a 2011 se han pagado intereses de demora por valor de 176 millones. Ha apuntado que para 2012, la Junta prevé no atender a tiempo sus obligaciones de pago, por lo que consigna en sus presupuestos intereses de demora por valor de 29 millones, mientras que a mayo de este ejercicio ya ha ejecutado el 75 por ciento de esa cantidad, esto es, 22 millones.

   Para el PP-A, es necesario un calendario efectivo de pagos, apuntando que  Junta tiene que cumplir sus obligaciones y evitar el sobrecoste de estos intereses de demora.

   Igualmente, en el plan se recoge la reducción de los gastos indeterminados con cargo a las partidas 'otros' en un 80 por ciento y la creación de un fondo de contingencia para gastos indeterminados que no exceda de 10 millones. Zoido ha denunciado la utilización abusiva de una partida tan opaca como la denominada 'otros', que no sólo cuenta con un dinero excesivo sino a la que, además, todos los años se le destina más dinero de la que figura en el presupuesto.

   Otras medidas consisten en la reducción de un 20 por ciento de las transferencias en materia de concertación social a agentes sociales y de asignaciones a partidos políticos; en la supresión de la Delegación de la Junta en Madrid (que tiene un coste de 200.000 euros al año) y una reducción de oficinas en el exterior (actualmente hay 23 repartidas por todo el mundo); en la reducción de los gastos de reuniones conferencias y cursos un 70 por ciento (lo que generaría un ahorro de 10 millones en este año), o en la reducción de un 70 por ciento de gastos en información institucional, divulgación y publicidad (lo que supondría ahorrar 4 millones en este ejercicio).

   El plan de medidas de contención de gasto corriente también incluye una   reducción de un 25 por ciento en la partida de gastos jurídicos. Zoido ha criticado la costumbre de la Junta "de abusar" de la interposición de recursos, lo que supone un gasto medio de 20.000 euros diarios.

   Asimismo, se propone una reducción del gasto en estudios y trabajos técnicos de un 40 por ciento y en edición de publicaciones del 70 por ciento. Según el PP-A, para 2012 se presupuestan 27 millones para estudios y trabajos técnicos y, con el ajuste, el ahorro sería de 10 millones, mientras que en el caso de edición de publicaciones se ahorrarían 2,2 millones.

   Zoido también ha considerado fundamental un plan de ahorro energético, con optimización de contratos de mantenimiento y suministros que suponga una reducción del consumo de electricidad, agua, gas, comunicaciones, reparaciones, mantenimiento y conservación.

   Así, ha explicado que un ahorro medio de un 25 por ciento en costes de electricidad, agua, gas, comunicaciones, permitiría un ahorro de más de 45 millones solo entre consejerías y organismos autónomos, mientras que la aplicación de esta medida a la totalidad de entes del sector público duplicaría este ahorro. Ha expuesto que solo las facturas por electricidad entre 2008 y 2011 alcanzan los 309 millones y las de telefonía 145 millones, lo que representa más de 315.000 euros diarios de gasto solo en electricidad y teléfonos.

El TC levanta la suspensión de la resolución que aplicaba la subasta de fármacos

SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha anunciado  que el Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde el pasado mes de abril sobre la resolución del SAS que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo esperaba ahorrar 40 millones de euros.

   Esta cantidad se reduciría después a algo más de 20 millones de euros, cuando la Junta consiguió que al menos nueve de las 13 presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se alzaron con el primer concurso público de licitación se adaptasen al precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley RDL 16/2012.

  Montero ha concretado que el levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de inconstitucional.

   En cualquier caso, la titular de Salud se ha mostrado convencida de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares a las del decreto-ley".

   "Nosotros siempre hemos defendido para el levantamiento de la suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico, que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de déficit público marcado por el Gobierno central.

   "También hablábamos del perjuicio que se provocaba a las empresas farmacéuticas que habían sido adjudicatarias de las moléculas en subasta, ya que el período de tiempo que transcurriera hasta que se pronunciara finalmente el Constitucional supondría una pérdida para estos laboratorios, por el retraso en la venta de estos productos, la previsión de ventas que ya tenían hecha, y con la inversión previa realizada", ha agregado Montero como motivos de su argumentario.

   Además, ha vuelto a incidir en que, a su juicio, la comunidad "es competente en esta materia". Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha señalado que los boticarios andaluces "somos una administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que tiene que dirimir el Constitucional".

   "Sobre lo dicho por el Constitucional poco podemos decir, ya que, como hemos venido manifestado en los últimos meses sobre este asunto, los farmacéuticos andaluces somos meros administrados en este conflicto de competencias", ha insistido Minorasen.

   Con todo,  reconocido que, en la práctica, la subasta de fármacos en Andalucía ya estaba funcionando para esas nueves moléculas, "ya que nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y lo que estábamos haciendo era cumplir esa la orden comunicada que había, entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el orden del Gobierno de la Nación".

Rajoy no tiene derecho a dejar en la miseria a millones de españoles / Roberto Centeno *

Hace tres semanas, con motivo de un viaje a EEUU, me despedía de ustedes hasta septiembre. Pero al volver me he encontrado con que, después de seis meses de tomar decisiones, casi todas en sentido contrario a lo que necesitaba el país, Mariano Rajoy decide superar los límites de lo tolerable y, de una manera tan vil como irresponsable, llevar a sectores enteros de población, a millones de españoles, a una situación de pobreza y exclusión social intolerables. Y todo ello no para salir de la crisis, ya que estas medidas hundirán aún más el crecimiento y el empleo, sino para mantener los privilegios de una casta política incompetente y corrupta que no está dispuesta a sacrificio alguno.

Con una cobardía poco común, elude su compromiso más esencial, el de gobernar, y lanza la mentira más escandalosa de toda su amplia trayectoria de embustes y falsas promesas: “Los españoles no podemos elegir si hacemos o no sacrificios. No tenemos esa libertad”.
 
 Es decir, que los españoles no podemos elegir entre que nos arruinen a impuestos y nos recorten salarios y prestaciones o acabar con el despilfarro de 120.000 millones de euros anuales que supone, en conjunto, el modelo de Estado impuesto por la casta política. Que los españoles no tenemos la libertad para elegir entre acabar con las duplicidades entre AAPP (34.000 millones tirados por la fregadera) y cerrar las 3.000 empresas públicas inútiles creadas para ocultar deuda y colocar a 450.000 parientes, amigos y correligionarios a dedo con sueldos un 35% superiores a la media de los funcionarios, o que nos bajen las prestaciones de desempleo, las pensiones, la dependencia o la reinserción social. 

También que los españoles no tenemos la libertad para elegir que se devuelvan al Estado las competencias de Justicia, Educación y Sanidad (lo que supondría un ahorro de 47.000 millones de euros, según cálculos de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, porque desde que Aznar cometió el error histórico de transferirlos a las CCAA el coste por alumno y enfermo ha aumentado más del doble en términos reales) y debemos aceptar sin rechistar recortes brutales en Sanidad y Educación y copago a todo lo que se mueve porque, para nuestro presidente, “eso ni se plantea”. Los niveles de irresponsabilidad y miseria moral de Rajoy resultan inauditos.

Dice no tener la libertad para decidir, pero sí para llevar a la ruina a la nación. Si es cierto que no la tiene porque es un cobarde y los barones no le dejan, debe dimitir. Que no diga que es una imposición de Bruselas, porque Draghi se lo dejó bien claro: “Menos impuestos y más recortes de gasto”. Rajoy, al igual que cuando estaba en la oposición -cuando Valencia, Murcia o Madrid capital estaban a la cabeza del despilfarro sin que moviera un dedo para evitarlo- es incapaz de recortar nada. Su ineptitud, elevada a escala nacional, no sólo está llevando a la miseria y a la exclusión social a millones de personas, está arruinando a varias generaciones de españoles con una deuda y unos tipos de interés inasumibles.  El jueves pasado la Asociación de Empresas de Trabajo temporal dio a conocer una cifra pavorosa: el número de familias españolas que vive por debajo del umbral de la pobreza asciende ya al 26,5%, mucho más que en Grecia. Y la opción de Rajoy es empobrecernos todavía más.

Una conversación en Washington
Hace dos lunes, en el hotel Fairmont en Washington, y gracias a un amigo común, tuve la suerte de poder exponer a un primera espada del FMI el que, en mi opinión, es el principal problema de España: el modelo de Estado. Le dije: “O ustedes nos ayudan acabar con las CCAA o las CCAA acabarán con España, es así de simple”. Naturalmente, esto hay que demostrarlo con cifras y a ello dediqué todo el tiempo del que dispuse. El FMI, al igual que la UE y al igual que Alemania, sabe que el problema de España radica en las regiones. Sabe también que Rajoy miente, y que miente en todo: en la situación del sistema financiero, en la situación macroeconómica y en el déficit público. Pero lo que no conoce bien es la dimensión real del problema. Me quedo corto si afirmo que mi interlocutor se quedó asombrado. Y es lógico, porque cuesta creerlo.

 

¿Cómo puede creer nadie que partiendo en enero de una situación de quiebra del sistema autonómico (que representa los dos tercios del gasto público de la nación) el Gobierno, en lugar de intervenir a las CCAA, les transfiere cerca de 30.000 millones de euros sin condición alguna? Un dinero que ya han despilfarrado, porque ahora necesitan 25.000 millones más. ¿Cómo puede nadie creer que un Gobierno renuncie a intervenir en la asignación correcta de dos tercios de los recursos de la nación?; ¿o que en los cinco primeros meses de 2012 el déficit del Estado se haya incrementado en un 31% y la extrapolación a fin de año nos lleve a un déficit de las AAPP del 11,6% del PIB (porque el supuesto adelanto a CCAA jamás será recuperado (1)?

 
Cuando conté, a modo de ejemplo, que la alcaldesa de Madrid y sus concejales tienen 1.500 asesores con un sueldo medio de 47.000 euros y 183 coches oficiales de uso personal, no me creyó. Así de simple. Tuve que pedirle que tecleara en Google “Asesores ayuntamiento Madrid”. Se quedó boquiabierto. El alcalde de Washington, al igual que el de Nueva York, ni siquiera tiene coche oficial y va en metro cada día a su trabajo. Cuando le expliqué que en España hay más de 30.000 coches oficiales, que desde 1978 se han contratado dos millones de empleados públicos a dedo, entre amigos y correligionarios, que las CCAA tienen más de 200 embajadas en el extranjero o que disponen de casi 50 canales de TV con una pérdida anual de 2.400 millones no se lo podía creer.

 
“Es obvio -me dijo- que ningún gobierno del mundo tiene derecho a empobrecer de ese modo a los ciudadanos si tiene alternativas de reducción de gasto tan claras, pero ni el FMI ni la UE pueden imponer un cambio del modelo de Estado. Son ustedes, los españoles, quienes deben hacerlo”. Le expliqué que eso era imposible porque España no es una democracia formal, algo que requiere un sistema representativo del electorado y la separación de poderes en origen; España no tiene ni lo uno ni lo otro. Los españoles carecemos de cauce legal alguno para cambiar el modelo de Estado. Ni diez millones de firmas servirían para ello. Lo entendía pero no era un tema del FMI me dijo, de todas formas “si esas son las cifras reales el rescate es inevitable, y eso obligaría a cambiar el modelo de Estado o algo equivalente”.

 
España necesita un rescate de 500.000 millones ya.
¿Alguien se ha molestado en sumar los vencimientos de deuda? En julio, los vencimientos del Tesoro eran de 19.000 millones y sólo se ha cubierto una tercera parte; 13.000 en agosto y septiembre; 27.600 octubre y, el resto, 9.000. Total: 62.000 millones. Las CCAA necesitan 28.000 y los bancos, descontando Santander y BBVA, han emitido 80.000 millones de euros con aval del Estado, de los que 38.000 vencen este año. Total: 128.000 millones. Unos 6.000 los sacarán saqueando la caja de las Loterías, y los bancos parte del BCE, pero aún quedan 100.000. 

 
La liquidez que tenía el Tesoro la han transferido de forma casi íntegra a las CCAA y al pago a proveedores; con el déficit 2012 hay unas necesidades de financiación de 150.000 millones de aquí a fin de año (unos 27.000 millones al mes), que con la prima y los intereses desbocados son imposibles de lograr. Y, después, 175.000 millones en 2013 -vencimientos y déficit - y 250.000 en 2014. España necesita ya un rescate de  500.000 millones.

 
Sin embargo, eso no es lo único. España no puede seguir siendo el cortijo de una casta política parasitaria, cuyo pensamiento real sobre el conjunto de los ciudadanos es el expresado por la indigna palmera del PP: “Que se jodan”. Es lo que piensan los 17 presidentes autonómicos y su inmensa corte de parásitos sociales, es lo que piensan los 8.160 alcaldes y 68.578 concejales,  los miles de presidentes de empresas públicas y los miles de diputados, senadores, asesores o sindicalistas de pesebre completamente inútiles. ¿Acaso uno, uno sólo de ellos, o de los casi dos millones de empleados públicos nombrados a dedo, estaría dispuesto de renunciar a su prebendas para evitar la ruina de los españoles?

 
Las nuevas medidas no sólo son una chapuza absoluta, son un expolio sin precedentes a las clases medias y trabajadoras, mientras la casta política se niega a aplicarse a sí misma el menor recorte. Los 65.000 millones en dos años y medio no solo son falsos, son clamorosamente insuficientes. El conjunto, y con las valoraciones oficiales, supone 48.000 millones, no 65.000, o 19.000 millones año, o 6.300 millones en el cuatrimestre que queda. Se necesitarían 50.000 para cumplir el compromiso de déficit 2012. Además, las valoraciones oficiales son falsas, la recaudación estimada por IVA y otros impuestos se ha calculado sobre la base de que el consumo se mantiene. La teoría económica explica que eso no es así mientras la experiencia demuestra que se queda en la mitad. 

 
La reducción de gasto por el número de concejales, valorada en 3.500 millones, es tres veces la real, pero como hay que esperar a las nuevas elecciones acaba en cero. Si se ponen las cifras reales, los 19.000 al año, se quedan en 12.000 escasos o 4.000 en 2012. Y, aunque van a reducir pensiones y subir la tarifa eléctrica, apenas llegará a la décima parte de lo necesario. Nada a cambio de una deflación brutal y de condenar a la miseria y a la exclusión social a millones de personas. Adicionalmente, el efecto sobre el sistema financiero de la caída de la venta de viviendas y la subida de la morosidad llevará a muchas entidades a la insolvencia. La buena noticia es que ni Rajoy ni el modelo de Estado sobrevivirán al inevitable rescate. La sustitución de estos irresponsables por profesionales es nuestra única posibilidad de salvación.

 

(*) Catedrático de Economía de la UPM

 
(1) La cifra del déficit del Estado correspondiente al mes de mayo es del 3,4% del PIB, que se compara con el 2,6% en el mismo periodo 2011. A partir de aquí, dos estimaciones son posibles: elevar el 3,4% a tasa anual (8,6%) y sumarle el 2% del objetivo de déficit de CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social (10,6%), algo poco realista porque ese objetivo es una quimera. O, segunda, suponer proporcionalidad entre el 2,6% del Estado a mayo y el 8,9% total al final de 2011, y el 3,4% actual y el total a fin de año, lo que nos llevaría a una estimación de déficit de 2012 del 11,6% .

La UAL aprueba la fusión de seis escuelas y facultades que darán lugar a tres nuevos centros

ALMERÍA.- El consejo de gobierno de la Universidad de Almería (UAL) ha aprobado este jueves con 36 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones la propuesta del rector almeriense, Pedro Molina, para restructurar los centros y facultades del campus de La Cañada, de manera que seis de estas sedes se fusionarán entre sí para dar lugar a tres nuevas facultades que las aglutinará a fin de conseguir una mayor "eficiencia". 

   Según informa la institución académica en una nota, las actuales Escuela Superior de Ingeniería y Facultad de Ciencias Experimentales formarán un solo centro denominado Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales, las actuales Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias de la Salud, se integrarán la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia y la Facultad de Humanidades y la Facultad de Psicología, se agregarán en un único centro denominado Facultad de Humanidades y Psicología.

   Según ha explicado el rector en su intervención, la propuesta de reestructuración de centros supone un "importante ahorro" puesto que "no se pueden sostener en la actualidad centros que tengan un reducido número de alumnos o de titulaciones".

 "Esta reestructuración puede presentarse como una acción estratégica que nos adecúe a las directrices de eficiencia y racionalización que, inevitablemente y como ya está sucediendo, nos van a llegar", ha dicho.

   Molina ha señalado así que la restructuración está pensada para hacer a los agentes de la Universidad "más eficientes, más austeros y que nos prepare para presentarnos ante la sociedad y las administraciones como una institución eficiente, racionalizada estructuralmente y ejemplo de esfuerzo para afrontar las nuevas demandas organizativas y de gobernanza".

   La propuesta, que recoge el 90 por ciento de las alegaciones presentadas, no supondrá, según ha manifestado la UAL, una merma en las titulaciones, puesto que "se mantienen todos los Grados y Másteres Oficiales que ya tenían los centros de origen". En cuanto a los departamentos, el consejo de gobierno se reunirá el próximo 24 de julio para determinar su restructuración.

   Una vez que la propuesta del rector ha sido aprobada por el consejo de gobierno, tendrá que recibir el visto bueno del Consejo Social de la UAL el próximo día 30. Posteriormente, este acuerdo se enviará a la Junta de Andalucía, que informará al Consejo Andaluz de Universidades, que tendrá que decidir sobre ello en el primer pleno que convoque después de esta fecha. Cuando finalmente el proceso sea aprobado por el Gobierno andaluz, comenzará la fusión de los centros y facultades de la Universidad de Almería.

Los 20 marineros de Comarit inician una huelga de hambre en el buque 'Berkane' ante su situación de abandono

ALMERÍA.- La veintena de empleados de la naviera marroquí Comarit que viven desde hace unos siete meses en el buque 'Berkane' que la compañía tiene amarrado en el Puerto de Almería y que se encuentra embargado judicialmente han iniciado una huelga de hambre en protestar por la situación de abandono en la que se sienten, dado que desde principios de año la empresa ha dejado de pagarles sus nóminas sin rescindir sus contratos. 

   Según informa el Sindicato Obrero del Campo SOC-SAT en un comunicado, la huelga de hambre se ha iniciado este jueves, momento desde el que los trabajadores permanecerá en el garaje del barco hasta que se les de una solución a su situación y puedan volver a sus hogares en Marruecos sin perder sus derechos laborales por abandonar su puesto de trabajo.

   Los trabajadores, que se manifestaron frente al Consulado de Marruecos en Almería para exigir una solución a su situación, se mantienen en el recinto portuario y hacen vida en el barco pese a que, por los problemas económicos, tienen dificultades para acceder a alimentos o combustible con el que hacer funcionar el sistema del barco.

Más de 400.000 andaluces (15.000 almerienses), según los sindicatos, se manifiestan contra los recortes del Gobierno

SEVILLA.- Más 400.000 personas se han manifestado esta tarde y noche de jueves en las capitales de provincia de Andalucía, además de en Algeciras (Cádiz), convocados por los sindicatos CCOO-A y UGT-A según datos de los propios sindicatos. Bajo el lema 'Quieren acabar con todo' y en contra de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno, que incluyen la subida del IVA, la supresión de una paga extra a los funcionarios y el recorte de las prestaciones por desempleo, los andaluces han reclamado en las calles un viraje en las políticas gubernamentales.

   En el caso de Almería, la manifestación ha partido desde Puerta Purchena hasta Plaza las Velas y habría reunido en torno a 15.000 personas, mientras en Cádiz, con unas 40.000 personas, la protesta ha ido desde la Plaza de Ingeniero de la Cierva hasta la Plaza de la Constitución. En el caso de Algeciras, unas 15.000 personas habrían celebrado una concentración en la Plaza Alta, siempre según los sindicatos.

   En la capital cordobesa, la manifestación ha comenzado en las Plazas de las Tres Culturas para terminar en la Subedelgación del Gobierno y habría contado con aproximadamente 40.000 personas, toda vez que en Granada, con unas 35.000 personas aproximadamente, la manifestación ha recorrido un trayecto desde los Jardines del Triunfo hasta Plaza Isabel la Católica. Por su parte, en Huelva la manifestación habría reunido a 20.000 ó 25.000 personas y ha arrancado de la rotonda de los Bomberos hasta finalizar en la Plaza de las Monjas.

   En Jaén capital, la marcha ha partido desde la Plaza de las Batallas hasta Plaza de Santa María y habría contado con 30.000 ó 35.000 personas, mientras en Málaga, con unas cien mil personas, ha ido desde la Alameda de Colón hasta la Plaza de la Merced.

   En el caso de Sevilla, por último, donde han estado presentes tanto el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, como su homólogo en CCOO-A, Francisco Carbonero, la manifestación ha comenzado en Puerta Jerez y ha finalizado en Plaza Nueva con una afluencia de más de cien mil personas que han inundado la avenida de la Constitución.

   Por su parte, CSIF-A ha participado este jueves en las manifestaciones convocadas a las 20,30 horas en todas las capitales de provincia andaluzas en defensa de la función pública y contra los recortes aprobados tanto por el Gobierno central como por el de la Junta de Andalucía.

   De igual manera, las organizaciones sociales andaluzas firmantes del 'Compromiso Social para el Progreso de Andalucía' han apoyado la huelga de consumo convocada por Facua para este jueves, así como a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO-A y UGT-A.

   De esta forma muestran su rechazo al último paquete de medidas hecho público por el Gobierno de España y se muestran en contra de la modificación de los horarios comerciales, los recortes en el sueldo de los empleados públicos o el adelanto de la liberalización del transporte ferroviario.

La Junta ve con "optimismo" la campaña estival, aunque la subida del IVA puede "alterar" las previsiones

ALMERÍA.- El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, se ha mostrado este jueves "optimista" ante el avance de la campaña turística estival en Andalucía, aunque ha reconocido que las últimas decisiones adoptadas en Consejo de Ministros en relación a la subida del IVA pueden "alterar" las previsiones de la Junta.  

   En declaraciones a los periodistas tras la inauguración del Mercado Central en Almería, Rodríguez ha recordado que las previsiones estiman un crecimiento del más menos uno por ciento con respecto a las cifras del año anterior aunque, según ha apuntado, el hecho del que el 60 por ciento del turismo andaluz sea de origen nacional puede influir en los resultados finales a tenor de los ajustes, por lo que ha animado a los andaluces a "visitar todos los rincones" de Andalucía para potenciar el sector.

   El titular andaluz de Turismo ha explicado que las medidas gubernamentales pueden afectar "directamente" a la capacidad económica de los turistas potenciales, pero también a pueden contribuir a mermar las "expectativas" y la "predisposición al gasto" de los visitantes, ya que les ha atribuido un cariz a nivel "psicológico".

   En cualquier caso, Rodríguez han instado a "ver cómo evolucionan los acontecimientos" en los próximos meses a la par que ha incidido en que en el ámbito turístico "hay cada vez un mayor porcentaje de reservas a última hora" que podrían variar los resultados finales.

   "Hay que plantear que Andalucía tiene capacidad para atender a los visitantes y garantizar que nuestros visitantes se vayan satisfechos de nuestros productos turísitcos y nuestras ofertas", ha dicho el responsable andaluz de Turismo, quien también a animado a los andaluces a descubrir los "lugares únicos" que ofrece la región y que "a veces desconocemos incluso estando a pocos kilómetros de nuestro lugar de residencia".

Greenpeace despide a 16 trabajadores en España

MADRID.- La división española de Greenpeace ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que prescinde de 16 colaboradores, decisión tomada por "la actual coyuntura económica".

Estos despidos representan el 12% del total de trabajadores que componen la organización en España. La decisión viene determinada por la disminución en el número de los nuevos socios, al aumento de las bajas, y al descenso de las cuotas de la organización que se financia solo con las aportaciones de sus miembros, explica la organización ecologista. Actualmente Greenpeace España cuenta con 100.000 socios.

Además de las políticas de recorte con la que el grupo inició el año, y la prevista reducción salarial del 3,3 por ciento de toda la plantilla (a excepción de los sueldos de 23.000 euros o inferiores), dicen que se han visto obligados a "revisar toda la estructura de la organización" para poder continuar con las campañas con las que están comprometidos.

En su nota, Greenpeace reconoce el esfuerzo de los trabajadores afectados por el ERE y destaca que "su marcha se debe exclusivamente a la actual coyuntura económica". La medida "permitirá a la organización mantener su labor de defensa del medio ambiente y la paz" y sus campañas de Energía y Cambio Climático, Océanos, Costas, Bosques y Agricultura.

Las 16 personas afectadas por los despidos, recibirán una indemnización de 45 días por año trabajado.

El obispo de Almería critica el "acoso inmoral" de los mercados a la economía española, que parte de la "especulación"

ALMERÍA.- El obispo de Almería, monseñor Adolfo González Montes, ha criticado el "acoso inmoral" que, a su juicio, los mercados mantienen sobre la economía española y que se debe "en gran medida" a la "especulación", lo que redunda finalmente en las situación que viven las personas "más necesitadas y las familias", ya que "bloquea" la creación de empleo, que "tanto afecta, sobre todo a los jóvenes". 

   Así se ha pronunciado el prelado en la cumbre de líderes religiosos de la Unión Europea en la que ha participado invitado por el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, y en la que señaló durante su intervención que "el acoso de los mercados a la economía española no se corresponde con la realidad del país y su capacidad para superar las actuales dificultades", según ha reproducido en un comunicado.

   El también delegado de la Conferencia Episcopal en la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea en Bruselas ha señalado que la raíz de los problemas "no está sólo en las dificultades económicas" sino en el "desorden moral" que las ha generado, sentido en el que ha reprendido la "complicidad de la clase política" y han dado lugar al "endeudamiento acelerado de una sociedad que ha vivido por encima de sus posibilidades reales".

   Con esto, asegura que se ha practicado con frecuencia un "populismo irresponsable e inmoral" en el ámbito de la vida pública a través de sus instituciones que han conducido a la situación "crítica" que vive la sociedad española en lugar de haber tomado medidas encaminadas a la "ordenación duradera de la producción" y a la "creación de trabajo, capaz de integrar los sectores y regiones menos favorecidos y a la muy numerosa población inmigrante".

   González Montes, quien ha señalado las altas cifras de desempleo, especialmente en el ámbito juvenil, y ha cifrado el crecimiento de la economía sumergida en un 21 por ciento del PIB nacional; se ha dirigido a los "responsables de la vida pública" para recordarles que "han de hacer todo lo posible para que las consecuencias más graves de la crisis no caigan sobre los que menos recursos tienen"

   En este sentido, ha incidido en que "los jóvenes tienen derecho a encontrar un trabajo elegido, para el que se han preparado durante años, que les permita fundar una familia y afrontar en edad adecuada la promoción de los hijos". Con respecto a este colectivo, el obispo almeriense ha sugerido también la conveniencia de continuar de los programas para jóvenes patrocinados por los Veintisiete, que "frecuentemente" implican a la Iglesia en su desempeño.

Greenpeace convierte el Ministerio de Medio Ambiente en una "playa privada" para denunciar la Ley de Costas

MADRID.- Una treintena de activistas de Greenpeace han convertido la entrada al Ministerio de Medio Ambiente en una "playa privada" para denunciar el anteproyecto de reforma de la Ley de Costas anunciado el pasado viernes por el Gobierno.

   Según ha informado una portavoz de la ONG, los activistas han llenado de arena la plaza San Juan de la Cruz (puerta principal del Ministerio) y han simulado estar en una "playa privada de lujo", con tumbonas y sombrillas incluidas. También han desplegado pancartas que reclaman el uso público de la playa y un "No a la reforma de la Ley de Costas". Además, han añadido unas interrogaciones al 'Medio Ambiente', dentro del nombre completo del ministerio.

   "En este anteproyecto de Ley se renuncia a la protección ambiental, no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales protegidos, sólo habla de obras, instalaciones, usos y autorizaciones, y cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación, otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año 2100", ha subrayado la responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos.

   Así, la organización ecologista llama a la movilización social a través de la 'Plataforma no a nuestra costa' que conforman más de 200 organizaciones y pide la protección de la actual Ley de Costas. En el marco de esta plataforma, Greenpeace convoca a la ciudadanía para que participe en próximo 28 de julio en el Día de Acción Global en defensa de las playas.

   "Ante los recortes y la situación económica actual, es absurdo malgastar el dinero público en una reforma innecesaria que va a aumentar el coste del mantenimiento del litoral y va a hipotecar nuestro futuro", ha concluido Pilar Marcos.

   El Consejo de Ministros dio el pasado viernes el visto bueno al anteproyecto de reforma de la Ley de Costas, a propuesta del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

   La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los 'chiringuitos' y modifica las normas del deslinde administrativo.

Fallece el letrado Francisco Javier Mejía Ruiz tras sufrir un infarto múltiple durante un juicio en Almería

ALMERÍA.- El abogado Francisco Javier Mejía Ruiz ha fallecido a los 54 años de edad después de sufrir un infarto múltiple durante la vista oral que se celebraba en el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Almería, en donde actuaba como abogado de la defensa durante una causa que acogía la Ciudad de la Justicia.

   Según ha indicado el decano del Colegio de Abogados de Almería, José Pascual Pozo, quien también se encontraba en la misma sala, los hechos ocurrieron en torno a las 12,40 horas de este martes cuando el hombre se levantó y empezó a hablar para ejercer su defensa, si bien a los pocos minutos comenzó a sudar y se desvaneció instantes antes de asegurar que se encontraba mal.

   Así, se alertó a los servicios de emergencias a través del 112, desde donde avisaron al 061 que desplazó una UVI móvil hasta la Carretera de Ronda donde se encuentran las instalaciones judiciales. Por su parte, los asistentes también alertaron a los miembros del Instituto de Medicina Legal (IML) quienes trataron de reanimar al letrado con un desfilibrador automático.

   No obstante, tras 40 minutos tratando de reanimar al abogado, los efectivos no pudieron hacer nada por volverle a la vida debido a los fuertes infartos consecutivos que sufrió. El cuerpo fue trasladado poco después hasta el Tanatorio de Almería, en donde fue velado hasta las 17,00 horas de este miércoles, momento en el que se inicio la misa y posterior entierro.

   El Colegio de Abogados de Almería se ha unido al luto de la familia del letrado, casado y con dos hijos de 12 y 23 años de edad, de manera que se prevé convocar una junta de gobierno la próxima semana en la que se propondrá entregar a Mejía Ruiz la medalla al mérito a la abogacía a título póstumo.

El Ministerio de Hacienda convoca a la Junta a una reunión técnica para conocer el estado de sus cuentas

SEVILLA.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado a la Junta de Andalucía a una reunión técnica para recibir información adicional sobre el estado de las cuentas autonómicas y la ejecución de su plan económico financiero, según ha confirmado este miércoles la consejera de Hacienda y Administración Públicas, Carmen Martínez Aguayo, que no ha precisado cuando se producirá este encuentro.

   En rueda de prensa en Sevilla tras reunirse con los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y UGT, Manuel Pastrana, Martínez Aguayo ha lamentado que "desde el minuto uno el Gobierno no ha hecho otra cosa que establecer sospechas sobre Andalucía, pero si el Ministerio quiere información toda la que quiera se le va a dar".

   La titular andaluza de Hacienda, que ha defendido que la Junta "siempre" ha sido "absolutamente transparente, hemos dado la información y lo vamos a seguir haciendo", también ha destacado que, hasta mitad de año, la administración autonómica está "en el objetivo de cumplimiento del déficit" al cierre del ejercicio, previsto en el 1,5 por ciento.

   Según ha señalado Aguayo, la reunión será "como el Ministerio quiera" porque Andalucía es "absolutamente transparente con la información", al tiempo que ha indicado que será el Gobierno el que tendrá que explicar las sospechas sobre Andalucía cuando la comunidad tiene "un endeudamiento por debajo de la media".

   Por su parte, el secretario general de CCOO-A ha advertido de que el Gobierno se "aprovecha" de las previsiones de déficit de Europa para "ajustar y recortar" a las comunidades. De manera que el Gobierno dice al Banco de España que "las comunidades son entidades de riesgo para que los bancos no den financiación a éstas y así pasar por la ventanilla del ministro Montoro".

   Por último, el secretario general de UGT-A ha apuntado que el Gobierno está impidiendo "directamente vías de financiación alternativas" para las comunidades y, por tanto, "tienen que tragar con el sistema impuesto por el Gobierno y estar en manos del Gobierno del PP".

Los docentes de religión de Madrid pueden cobrar trienios

MADRID.-  El Tribunal Supremo ha estimado favorablemente el derecho de los profesores de religión de la Comunidad de Madrid a cobrar trienios en relación a su antigüedad, según consta en la sentencia de la Sala de los Social dada a conocer este miércoles.

   De esta forma, el Supremo declara "el derecho del profesorado de religión en los centros públicos de la Comunidad de Madrid al reconocimiento de su antigüedad a efectos de trienios de conformidad con lo percibido por los funcionarios interinos docentes de su nivel educativo desde el inicio de la prestación de sus servicios en los diferentes centros educativos de dicha Comunidad".

   La sentencia ha sido aprobada con el voto de nueve de los 15 miembros de la sala, mientras que hasta seis han secundado un voto particular en el que aún coincidiendo "con el sentido estimatorio del fallo", discrepan de una parte del argumentario usado.

   De hecho, la sentencia recoge diversas discrepancias de criterio, entre la parte que reclama y la sentencia emitida, además de con el voto particular apoyado por seis de los miembros. Aunque en todos los casos se concluye en estimar finalmente el derecho de los profesores de religión a cobrar los trienios.

   De hecho, la sentencia asegura que los argumentos que utiliza para dar visto bueno al cobro de estos trienios "no son exactamente iguales a los sostenidos por el demandante", además de especificar las "limitaciones indicadas" en referencia a la permanencia de la actual situación regulatoria especifica de la Comunidad de Madrid.

   El Supremo especifica además que esta sentencia "no puede considerarse extensiva a otros territorios en los que el desarrollo del régimen jurídico de los profesores de religión es otro y más acorde con la naturaleza jurídica y el régimen laboral que tienen legalmente reconocido".

   Que además, razonan, "resulta más acorde a lo dispuesto tanto en el artículo 35 de la Constitución como en el artículo 28 en cuanto al ejercicio de la libertad sindical en su vertiente relacionada con el derecho a la negociación colectiva".

   En concreto, la sentencia reconoce que una "norma administrativa de la Comunidad de Madrid les reconoce unas retribuciones equiparables a las de los funcionarios docentes de carácter interino de conformidad con la tradición reguladora que no incluye trienios", pero explica que si la Administración les paga "unos salarios como si fueran funcionarios sin serlo habrá de abonarles las mismas retribuciones a las que tienen derecho los funcionarios interinos mientras esta situación subsista".

   Este es el criterio que aplica el Supremo y no el que sea de aplicación --y ello ha querido la sala dejar mención expresa-- el artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) o lo previsto en la Disposición transitoria tercera de la LOE.

   Sí en cambio tiene lugar alegar al artículo 14 de la Constitución en el que se invoca el derecho de igualdad y la exigencia de que la propia Administración pública "se acomode a las consecuencias que derivan de sus actos propios como derivación del principio de buena fe" que preside el ordenamiento español.

El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía con 2,1 puntos sobre el PP

GRANADA.- El PSOE-A sería la fuerza más votada de celebrarse ahora elecciones en Andalucía con el 39,76 por ciento de los votos frente al 37,62 por ciento que obtendría el PP-A, lo que daría a los socialistas una ventaja de 2,14 puntos, según el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de verano de 2012 presentado este miércoles en Granada por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea).

   Estos datos suponen un vuelco respecto a los comicios autonómicos del pasado 25 de marzo, que registraron el primer triunfo de los 'populares' con un punto de ventaja sobre los socialistas, aunque fue insuficiente para que alcanzasen el Gobierno andaluz merced al pacto entre PSOE-A e IULV-CA, que valoran "mal o muy mal" el 47,6 por ciento de los consultados.

   El sondeo --realizado entre el 11 y el 29 de junio a partir de 1.200 entrevistas en toda Andalucía-- mantiene a IULV-CA como tercera fuerza política en Andalucía, logrando el 12,73 por ciento de los votos, mientras que UPyD se auparía al cuarto lugar con el 4,06 por ciento, relegando al PA al quinto puesto con el 2,26 por ciento.

   Serían unas elecciones con una participación del 62,5 por ciento, en el que la abstención contaría con un 37,5 por ciento, y un 0,93 por ciento de los votos en blanco.

   Según la directora del Cadpea, que ha presentado los datos junto al director del trabajo de campo, Ángel Cazorla, los resultados del estudio demoscópico evidencian que la crisis "está pasando factura" a los 'populares' y ha permitido al PSOE recuperar la confianza de los andaluces, que sin embargo están muy desafectados de la clase política y suspenden a todos los líderes regionales y nacionales.

   De hecho, los grandes partidos siguen perdiendo simpatías, sin embargo, el PSOE mantiene en este caso el liderazgo, con un 26,8 por ciento, seguido del PP, por un 23,4, IU por un 12, UPyD por un 7,7 y el PA por un 2,1.

   Asimismo, el Egopa hace una valoración de la actual gestión del gobierno andaluz, y un 47,6 por ciento de los encuestados ven mal o muy mal la coalición entre PSOE e IU, mientras que un 41,6 la ven bien o muy bien. De las personas que hicieron un juicio negativo sobre el pacto de gobierno, el 80 por ciento de ellas considera que debería haber gobernado el partido más votado, en este caso el PP, y tan sólo un 2,6 por ciento hubiera preferido que gobernaran los socialistas en solitario.

   También revela el estudio el grado de interés de los andaluces en el seguimiento de la campaña electoral en los pasados comicios autonómicos, que despertó para un 47,5 por ciento poco o ningún interés, y para un 46,8 mucho o bastante. La campaña no influyó nada a los andaluces en la decisión de los andaluces en un 60,1 por ciento, poco en un 20,3 por ciento de los casos, bastante en un 15,8 y mucho en un 3,2. La realizada por los dos grandes partidos es la mejor valorada.

   Entre los medios informativos que los encuestados tuvieron en cuenta a la hora de votar destacan los telediarios, por un 46,7 por ciento, seguidos de la prensa, por un 38,6, y el programa electoral, por un 36,3. Sólo el 28,5 por ciento dice haberse informado por la intervención en debates en TV, un 18,2 por los carteles y un 10,6 con la asistencia a mítines.

   Un 69,3 por ciento de los preguntados no vio el debate electoral entre José Antonio Griñán y Diego Valderas, y lo vio en parte un 10 por ciento y entero un 10,9. De los que sí lo vieron, dan a Griñán como ganador, en un 28,3 por ciento. El debate, no obstante, no influyó nada al 73,3 por ciento de los encuestados y a un 14,7 por ciento reforzó su decisión en cuanto a quién iban a votar. La ausencia de Arenas en ese debate es considerado mal o muy mal por el 74,9 por ciento de los preguntados, aunque no influyó nada en el comportamiento electoral al 81,4 por ciento de ellos.

   Los sondeos electorales fueron conocidos por el 50,8 por ciento de los encuestados, y un 49 por ciento no supo nada de ellos. No obstante, para los que sí tuvieron conocimiento no influyeron nada en su comportamiento electoral para la gran mayoría, un 84,4 por ciento.

   En lo que respecta al comportamiento electoral, el 38,7 por ciento de los sondeados reveló que en las elecciones autonómicas del pasado 25-M votó al partido al que había votado alguna vez, aunque no era lo habitual, el 39,7 por ciento votó a la formación a la que solía  hacerlo, y el 19,5 por ciento se decantó por votar por primera vez a un partido al que no había dado antes su confianza o por votar en blanco.

   Los motivos para cambiar el voto, en un 24,4 por ciento de los casos fueron para contribuir a que hubiera un cambio político, un 9,8 temía que ganara la derecha, y un 2,4 quería evitar que el PSOE tuviera mayoría absoluta. El 39 por ciento arguye otra razón y el 24,4 por ciento restante no sabe o no contesta. Tanto los que no votaron como los que votaron en blanco señalan que no se sentían representados por ningún partido político.

   Un 34,4 por ciento de los encuestados está muy o bastante satisfecho con el resultado de las elecciones autonómicas, y un 61,7 por ciento poco o nada satisfecho. De estos últimos, el 50,7 por ciento hubiera preferido que ganara el PP-A con mayoría absoluta, y solo el 10,2 que el que obtuviera la mayoría absoluta hubiera sido el PSOE-A. Un 34,5 por ciento está de acuerdo con que las autonómicas no coincidieran con las generales, mientras que un 31,2 por ciento está en desacuerdo.

   Los temas que tuvieron más influencia en la decisión de voto fueron los andaluces, para un 38,6 por ciento, los nacionales, para un 36,8 por ciento, y los internacionales, para un 4,7 por ciento. La crisis influyó para un 33,4 por ciento mucho, seguida de los recortes, mucho para un 27 por ciento, o la reforma laboral, mucho para un 24,5 por ciento.

   El grado de conocimiento del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, asciende en este Egopa seis puntos con respecto a la encuesta anterior, hasta un 91,2 por ciento, pero continúa suspendiendo, incluso por debajo de hace seis meses, con una nota media de 4,26. No obstante, Javier Arenas es el más conocido, por un 95,4 por ciento, y Diego Valderas por un 67,7 por ciento, mientras que la ya exlíder del PA, Pilar González, es conocida por un 27,3 por ciento. Estos tres últimos obtienen un suspenso igualmente, Arenas con un 3,70, Valderas con un 3,82 y González con un 3,61.

   De los consejeros, el más conocido es Diego Valderas, por un 55,4 por ciento de los encuestados, seguido por la titular de Educación, Mar Moreno, por un 32,6 por ciento, y la de Salud, María Jesús Montero, por un 22,5 por ciento. Todos los consejeros andaluces también suspenden, aunque el más valorado es Luis Planas, que obtiene un 4,45, seguido de Montero, con un 4,42 y Luciano Alonso, con un 4,33.

   En lo que respecta a los líderes nacionales, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es conocido por un 99,5 por ciento de los preguntados, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, por un 98,4 por ciento, Rosa Díez por un 82,6, y Cayo Lara por un 70,2. La mejor valorada es la líder de UPyD, con un 4,81 de nota, seguida de Rubalcaba, con un 4,5, Rajoy, con un 4,33 y Lara, con un 3,78.

Encuentran restos de hasta 30 tóxicos en alimentos como la lechuga, los tomates o los pepinos

MADRID.- Un análisis realizado por 'Pesticide Action Network Europe' (PAN Europe) sobre datos de la European Food Safety Authority (EFSA), ha hallado restos de hasta 30 sustancias químicas en alimentos como la lechuga, los tomates o los pepinos, y que pueden provocar efectos "muy negativos" en la salud debido a que alteran el sistema hormonal de las personas.

Por ello, la Fundación Vivo Sano va a colaborar en España con la campaña informativa que PAN Europe ha puesto en marcha a nivel europeo, para concienciar a los ciudadanos y explicar cómo reducir la exposición a estas sustancias. Parte de esta campaña es la publicación de una guía para el consumidor.

"Aunque las sustancias que se han encontrado están bajo los límites legales, el consumidor debe saber que estos valores no tienen en cuenta sus efectos acumulativos ni el resultado de la combinación de todas ellas. Cada elemento es estudiado de manera individual y puntual y esto no se corresponde con la realidad", ha asegurado el director de la Fundación Vivo Sano, Alfredo Suárez.

Y es que, existe una amplia evidencia científica que vincula los disruptores endocrinos con distintas enfermedades crónicas como, por ejemplo, problemas de fertilidad, cánceres de tipo hormonal, daños cerebrales, obesidad o diabetes.

"Lo más preocupante es que estamos hablando de enfermedades cada vez más frecuentes en Europa y aunque se han logrado ciertos avances para eliminar los disruptores endocrinos de cosméticos, biberones y juguetes, la presencia de estos contaminantes en los alimentos se está pasando por alto y eso es francamente alarmante", ha explicado la responsable de la campaña en España, Nadia Bennich.

Por su parte, el director de la Fundación Vivo, Alfredo Suárez, ha destacado la importancia que tiene informar a los consumidores sobre estos riesgos y ha recordado que hay "muchas cosas" que puede hacer cada uno para evitar la exposición a este tipo de tóxicos.

Por ejemplo, ha proseguido, dado que la lechuga es uno de los alimentos donde se han localizado más restos de disruptores endocrinos, lo mejor es sustituirla en las ensaladas por otros vegetales de hoja verde, como las espinacas.

Asimismo, los expertos también han insistido en la conveniencia de optar por productos orgánicos siempre que sea posible, fundamentalmente en la alimentación infantil o de mujeres embarazadas, y lavar bien la fruta y las verduras antes de consumirlas. Sobre todo, han avisado, en el caso de los cítricos --naranjas, limones, mandarinas-- es muy importante pelarlos y no consumir la corteza.

La Fundación Vivo Sano ha publicado en Internet una guía para el consumidor donde se detalla qué alimentos contienen más disruptores endocrinos y cuáles de estas sustancias pueden encontrarse en cada alimento. A la cabeza de la lista de alimentos contaminados están, por este orden, la lechuga, los tomates, los pepinos, las manzanas, el puerro, los melocotones, las fresas, las peras, las uvas y los pimientos.

"Es importante saber que no hay un 'nivel seguro' de exposición. Es decir, por pocas trazas que encontremos de estas sustancias químicas, ya es demasiado para nuestro sistema hormonal. Si además tenemos en cuenta que en cada uno de estos alimentos encontramos una combinación de distintas sustancias, el riesgo se multiplica", ha explicado Bennich.

La normativa europea actual sobre pesticidas no contiene ningún criterio específico que defina oficialmente qué sustancias son consideradas disruptores endocrinos, y los legisladores están tardando en incorporar los nuevos puntos de vista científicos, sobre todo en lo referente a los efectos que una dosis baja de disruptores endocrinos pueden tener sobre la salud humana.

No obstante, la Comisión Europea tiene previsto resolver esta situación para diciembre de 2013. Hasta entonces, la Fundación Vivo Sano y PAN Europe continuarán desarrollando campañas activas de divulgación para prevenir a los ciudadanos sobre los riesgos de este tipo de tóxicos en los alimentos.

La Diputación aprueba dos sondeos más para "luchar contra el déficit hídrico provincial"

ALMERÍA.- La Diputación Provincial de Almería ha aprobado en junta de gobierno dos actuaciones con las que quiere "contribuir a reducir el déficit hídrico que sufren más de 40 municipios de la provincia de Almería", de forma que ha adjudicado un sondeo en el municipio de Benizalón por importe de 76.800 euros y ha destinado una partida para financiar otro tras modificar la subvención que solicitó Suflí para diferentes actuaciones.

   En el caso de Benizalón, se trata de una adjudicación que será cofinanciada con fondos Feder a la empresa Perforaciones Sierra de los Filablres SL por un importe de 76.800 euros. En el de Suflí, se trata de una obra que se va a financiar con la subvención que concedió Diputación a todos los Ayuntamientos de municipios menores de 1.000 habitantes para la ejecución de inversiones, según informa la institución en una nota

   Por otro lado, la junta de gobierno ha dado 'luz verde' a un total de ocho certificaciones de obras por valor de 269.768,04 euros. La junta de gobierno también ha aprobado la primera distribución económica a ayuntamientos de la provincia para el pago del Servicio de Ayuda a Domicilio del Plan Concertado Correspondiente al año 2012. Se ha distribuido un montante que asciende a 229.491 euros entre un total de 15 ayuntamientos.

La Junta restituye la paga de julio para sus empleados públicos

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía presentará la próxima semana un nuevo decreto ley que dejará "sin efecto" varios artículos de su plan de ajuste, entre ellos el relativo a la eliminación de la paga adicional de julio para todos sus empleados públicos tras la decisión del Ejecutivo nacional de suspender la paga de Navidad.

   Así lo ha avanzado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que ha detallado que el Consejo de Gobierno ya ha debatido este martes sobre el contenido de ese nuevo decreto ley, "que dejará sin efecto durante 2012 la aplicación de los artículos 7, 8, 9, 10, 11 y 24 del decreto ley 1/2012 de medidas fiscales y administrativas".

   Según Vázquez, esta modificación --que se incluirá en un decreto que se aprobará en el Consejo de Gobierno del próximo martes-- "supone en la práctica que la paga adicional de julio la recibirán todos los colectivos" de empleados públicos, de forma que "se deja sin efecto la eliminación del complemento específico que se hizo" en el decreto ley aún vigente.

   Ha explicado que, de momento, todo el resto del decreto sigue vigente, aunque no se cierra la puerta a otra posible modificación. "Lo que ya está decidido al día de hoy es que los funcionarios tendrán la paga íntegra de julio porque no queremos que sufran un doble castigo por parte del Gobierno de la Nación, que es el que decide estas agresiones a los empleados públicos", ha indicado Vázquez.

   A su juicio, ya va siendo hora de que dejemos de "maltratar y agredir" a los empleados públicos, que son el corazón del sistema democrático de este país. Ha insistido en la "voluntad" de la Junta de defensa "a ultranza" de los trabajadores públicos y de los servicios públicos y en que no se va a permitir una "doble penalización" a esos empleados públicos.

   Ha manifestado que la cifra global que supone el mantenimiento de esa paga adicional no está cuantificada aún y serán los servicios de la Consejería de Hacienda y Administración Pública los que cuantificarán el impacto económico de esa medida.

   Vázquez ha explicado que el no pagar la paga de Navidad, algo que tiene alguna "trampa" que se conocerá "en los próximos días", supone un "no gasto y una nueva disponibilidad de recursos para la Junta que cubrirá otros asuntos que antes había recortado, como la paga adicional de julio".  

   Según ha recordado el portavoz del Gobierno andaluz, la medida del Ejecutivo nacional sobre las 37,5 horas semanales obligó a la Junta a adoptar medidas en relación con los empleados públicos en su plan de ajuste para evitar el despido de 24.000 personas.

   "El Gobierno andaluz decidió repartir entre todos los empleados públicos el esfuerzo y el sacrificio para salvar puestos de trabajo", ha indicado Vázquez, quien ha querido dejar claro que se trata de medidas tomadas desde una voluntad política de aminorar el coste sobre determinados grupos de trabajadores que se podían ver en el paro.

   Ha recalcado que eso, evidentemente, sigue vigente porque era una decisión política para salvar puestos de trabajo, apuntado que, sin duda, lo que sí se solapaban eran las decisiones sobre la eliminación, por un lado, de la paga de navidad, adoptada por el Gobierno central, y, por otro, de la paga adicional de julio.    

   Ha informado además de que todo el Consejo de Gobierno quiere que se abra un proceso de estudio pormerizado de los decretos ley aprobados por el Gobierno de la Nación con nuevos recortes y ajustes para que se vea de qué manera se puede conseguir que impacte menos en el conjunto de la ciudadanía y se evite "un doble sufrimiento" a los empleados públicos. De momento, según ha insistido, se ha tomado la decisión sobre la paga adicional de julio.

   De otro lado, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, no ha planteado en el Consejo de Gobierno que se lleve a cabo una consulta popular en Andalucía sobre los recortes, tras ser preguntado sobre ello.

La Junta no ha recibido "aviso" del Gobierno sobre la posible "intervención" de Andalucía

SEVILLA.- El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha asegurado este martes que la Junta no ha recibido "ningún aviso" del Ministerio de Hacienda en relación con posible "intervención" de la comunidad autónoma. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Vázquez, que ha sido preguntado sobre si alguien del Gobierno central ha advertido a algún miembro del Ejecutivo andaluz sobre una posible intervención de la comunidad, ha respondido que "de momento no hay ninguna noticia sobre ningún tipo de intervención y ningún aviso por parte del Ministerio de Hacienda".

   Miguel Ángel Vázquez ha vuelto a expresar el rechazo del Gobierno andaluz al reparto "desequilibrado" del objetivo de déficit entre administraciones.

   Ha mostrado su preocupación por que si bien, antes de la moratoria de un año otorgada por el Eurogrupo, el déficit máximo permitido para la administración del Estado era del 3,5, mientras que para las comunidades era del 1,5 por ciento, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado jueves, el "punto de margen se lo ha atribuido íntegramente" el Ejecutivo de la Nación.

   Así, ha agregado que el objetivo para este año será tres veces superior para las comunidades autónomas, de 1,5, frente al 4,5 para la administración general del Estado. Ha agregado que lo más grave es que para el año 2013, el déficit de la administración del Estado será del 3,8, mientras que a las regiones se les impone el 0,7, es decir, "cinco veces más esfuerzo" que a la administración estatal.

   Para Miguel Ángel Vázquez, esto se llama claramente "deslealtad institucional" porque el Gobierno ha sido "liberado de sus obligaciones y se las ha endosado a las comunidades" y luego se culpará a éstas de la desviación del déficit cuando la diferencia de objetivo es "salvaje y brutal".  

   En su opinión, todo esto tiene una "clara intencionalidad política, que es agredir a las comunidades por la vía de la asfixia financiera".

   Ha insistido en que la reunión del CPFF del pasado jueves se convirtió en un "trágala y en un abuso" para las comunidades y volvió a poner de manifiesto que toda la política del Gobierno de Mariano Rajoy está "dinamitando consensos constitucionales y acuerdos de la transición democrática que afectan al modelo de convivencia de este país".

   "Ha dinamitado el modelo social y económico y ahora va a por el modelo de Estado con su agresión al Título VIII y con el intento de disminuir el peso político de comunidades autónomas y ayuntamientos", ha señalado Vázquez, para quien es una necesidad imperiosa que el Gobierno de la Nación "abone el clima de diálogo".    

   Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que para el Gobierno andaluz es imprescindible que se convoque de manera urgente la Conferencia de Presidentes de la Comunidad y ha indicado que el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, manifestará por carta al presidente del CPFF el "malestar" de la Junta a raíz de los acuerdos adoptados en la reunión del pasado jueves.  

   Ha apuntado además que Griñán tiene intención de plantear una oferta de diálogo y cita a los partidos políticos andaluces para poder abordar los temas que repercuten e inciden en la comunidad autónoma.

   De otro lado, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado, tras ser preguntado sobre el hecho de que la Junta aún no haya publicado la orden sobre las directrices de los Presupuestos andaluces para 2013, que ello obedece a que a día de hoy no se ha recibido ninguna información sobre el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que habitualmente se hacía en mayo y, al parecer, no se hará hasta finales de julio.

   Ha indicado que, en ese sentido, las posibilidades de desarrollar el Presupuesto andaluz están ahora "mermadas por la falta de información del cuadro macroeconómico" por parte del Gobierno de la Nación.

   A este respecto, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha indicado que aunque hay una cierta "precariedad de información", ello no quita que todos los departamentos de la Junta estén reflexionando ya sobre los presupuestos andaluces para 2013.

   De otro lado, ha indicado que está previsto que en este mes se apruebe en Consejo de Gobierno el Plan de Choque por el Empleo, dotado con 200 millones de euros.

La Fiscalía del TSJ andaluz abre una investigación sobre las participaciones preferentes

SEVILLA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación sobre las prácticas desarrolladas por diferentes entidades bancarias respecto a las denominadas participaciones preferentes en la Comunidad autónoma, según ha anunciado este martes el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. 

   El Defensor, que ha realizado este anuncio en una rueda de prensa tras reunirse en Sevilla con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; calcula que en Andalucía son unas 60.000 las personas afectadas por estas obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones, en su mayoría personas de avanzada edad.

   Chamizo ha resaltado que la cantidad de afectados hace que esta investigación sea "complicada", pero espera que, a raíz de la misma, se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e incluso "penales en algunos casos" que se hayan podido producir.

   Asimismo, aunque ya son "muchas sentencias" las que están fallando a favor de afectados que denuncian de forma individual, el Defensor ha animado a que se inicien acciones conjuntas a las que puedan sumarse los afectados, para así obtener "soluciones colectivas".

   El Defensor del Pueblo ha lamentado el "relato dramático" de muchas personas que se han dirigido a la Oficina a transmitir sus quejas porque se ha jugado "con los ahorro de toda su vida". Chamizo considera que las entidades han "engañado" tanto a personas mayores como jóvenes, y que además ahora "intentan ofrecerles como canje otro producto similar con pérdidas".

   Por este motivo, a pesar de no tener competencia directa sobre los bancos, la cantidad de quejas recibidas por distintos afectados en la Oficina del Defensor (unas 500 en total) ha llevado a la entidad a iniciar distintas acciones encaminadas a "tratar de que los afectados puedan disponer de su dinero".

   En este sentido, además de instar a la Defensora a nivel estatal a que trasladase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la necesidad de investigar estos casos, este lunes Chamizo se reunió con la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz Carrasco, quien a su vez le transmitió que la Administración andaluza está iniciando acciones en este sentido.

   Por último, tras proponer el Defensor un estudio sobre posibles acciones "en el ámbito civil o penal" para atender los derechos de las personas afectadas por estos productos financieros, Chamizo ha apuntado que finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado orden de que se inicien.  

   En la reunión con el fiscal superior también se ha realizado un repaso de los contactos que se mantienen con la red de fiscales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para preparar una próxima reunión, se han abordado las actuaciones conjuntas con las fiscalías de vigilancia penitenciaria, así como la Fiscalía de Menores, concretamente para preparar intervenciones en las funciones de tutela y protección de menores en centros de acogida y centros de reforma.

El juez desestima la incorporación cautelar de Alemán a su puesto en el Consistorio ejidense

EL EJIDO.- El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 2 de Almería ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el exinterventor del Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, imputado en la presunta trama de corrupción investigada en el marco de la operación 'Poniente', mediante las que solicitaba la incorporación a su puesto como jefe del Área de Turismo, Comercio y Sanidad; un cargo que se vio obligado a abandonar tras el expediente administrativo abierto por el equipo de gobierno. 

   Según indica el Ayuntamiento en una nota, se trata de la segunda vez que a través de un auto se deniega esta medida cautelar que ya solicitó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Almería, en el marco del recurso interpuesto contra la resolución que le impuso la sanción en su día, por entender que vulneraba sus derechos fundamentales. Este pleito aún se encuentra pendiente de resolución.

   Alemán, a quien se le impuso la sanción de separación del servicio, también recurrió la suspensión cautelar de funciones que se acordó durante la tramitación del expediente disciplinario, suspensión que fue declarada ajustada a derecho por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Almería, y respecto de la cual también se declaró no haber lugar a la medida cautelar solicitada por parte del TSJA.

   La resolución dictada por el Ayuntamiento de El Ejido a Alemán autor de una falta administrativa disciplinaria continuada y muy grave, consistente en el notorio incumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo y funciones que, por entonces, como interventor accidental, tenía encomendadas.

Carmen Crespo acusa a Jiménez (PSOE-A) de incitar a "revueltas callejeras"

ALMERÍA.- La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha acusado al vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, de haber "incitado claramente a las revueltas callejeras" a los ciudadanos tras manifestar que las medidas adoptadas la pasada semana en el Consejo de Ministros suponen un "golpismo" a la Constitución Española. Tras dejar claro que desde el Gobierno "no vamos a admitir" este tipo de expresiones, Crespo ha pedido "responsabilidad" a los agentes públicos a la hora de hacer sus declaraciones y de afrontar las medidas del Ejecutivo. 

   En declaraciones a los periodistas tras visitar unas nuevas instalaciones en la prisión de El Acebuche, Crespo ha defendido la "responsabilidad" con la que actúa el Ejecutivo central y que "no se ha ejercido en los ocho años anteriores de gobierno socialista", al que ha achacado la situación económica actual del país, de forma que ha reprochado a Jiménez sus declaraciones de "incitación" que "nunca ha hecho el PP", por otro lado.  

   La delegada en Andalucía del Gobierno ha reconocido que aunque las medidas adoptadas por el Gobierno son "dolorosas", son ajustes que "hay que tomar" y en los que "todos tenemos que colaborar".

 "Lo que no debemos de hacer es incitar a salir a la calle y a cuestiones de revueltas callejeras que dicen muy poco de las instituciones y de personas que son responsables públicos", ha dicho tras insistir en que el contexto actual no nació "hace seis meses".

   Asimismo, ha incidido en que es necesario "arrimar el hombro" y que Andalucía "ponga sus medidas --de ajuste-- encima de la mesa" para comprobar "qué diferencia hay" entre las que aplica el PP y las que realiza el gobierno de coalición andaluz PSOE-IULV-CA ya que, según Crespo, "son medidas muy similares".

   En este sentido, ha recordado el aval de 18.000 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros para las comunidades autónomas que "no pueden salir adelante" y entre las que ha situado a Andalucía, de forma que ha mostrado su convencimiento en que será una de las que lo utilice "porque lo necesita y porque realmente tiene que salir adelante en esta situación económica tan dificultosa".

   Crespo ha añadido además que Andalucía "es de las --comunidades autónomas-- más grandes de España y de las que más tiene que aportar a su situación, porque su situación es bastante problemática", sentido en el que ha señalado que la Administración andaluza debe "adelgazar" para ser "viable y sostenible" en su servicio público y así "dejar realmente lo necesario", una conducta que ha ejemplificado a la hora de señalar las 113 agencias públicas con que cuenta la Junta de Andalucía.

   La representante del Gobierno estatal en Andalucía ha pedido "serenidad" y "colaboración" tanto a los ciudadanos como a los dirigentes ante el estado del país y las comunidades autónomas, una situación que ha calificado como "no positiva". Por eso, ha recordado que el Gobierno andaluz tiene que presentar su plan de ajuste y cumplirlo para tratar de alcanzar el objetivo planteado en el Congreso de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   "Se le está pidiendo a los ciudadanos que se aprieten el cinturón con medidas que a ellos les afecta directamente y tenemos que hacer lo propio el Gobierno y las comunidades autónomas, que son las que más han generado déficit a nivel nacional, así como los ayuntamientos y la administración local", ha remarcado Crespo, quien ha declinado precisar si Andalucía está entre las regiones españolas que tendrá que constatar su capacidad para cumplir con el objetivo de déficit de este año y evitar así que el Ministerio de Hacienda eleve las advertencias planteadas al Consejo de Ministros de esta semana.