Banco Santander ofrece a unos 26.000 jubilados cobrar su renta vitalicia en un solo pago

MADRID.- Banco Santander ofrecerá al colectivo de 26.000 exempleados que perciben en la actualidad una renta vitalicia la posibilidad de cobrarla de golpe en un solo pago. La propuesta, de carácter voluntario, está recogida en un acuerdo firmado entre el banco y la representación laboral el pasado mes de diciembre.

En concreto, los exempleados que así lo deseen podrán cobrar su renta vitalicia en un solo pago en el mes de julio o fraccionarlo en hasta cinco anualidades para aminorar el impacto fiscal.

Además, en el caso de fallecimiento del beneficiario de la renta vitalicia que hubiera optado por sustituirla por un pago único, las cantidades pendientes de cobro se abonarán a aquellas personas que haya designado expresamente o a sus herederos.

Fuentes sindicales consultadas calculan que hay unos 26.000 jubilados con derecho a percibir estas rentas vitalicias, que se suman a la pensión que ya perciben de la Seguridad Social.

Dicho complemento deriva bien del convenio colectivo, para aquellos que se jubilan estando en el banco, o bien de acuerdos de prejubilación, en cuyo caso los prejubilados cobran lo acordado hasta que llegan a pensionistas y entra entonces en vigor el complemento que se capitaliza en la renta vitalicia.

El acuerdo firmado recoge el compromiso de Santander de llevar a cabo una campaña de información durante el primer semestre de 2020, dirigiéndose y contactando con todos y cada uno de los beneficiarios e informándoles de forma clara y comprensible de todos los aspectos y condiciones que implica la propuesta.

La sustitución de la renta vitalicia por el pago único solo se materializará si llegado el mes de junio así lo ha solicitado el 40% del colectivo que tiene derecho a ella, en cuyo caso se procederá al pago en el mes de julio, como adelanta 'Cinco Días'.

Los sindicatos han considerado que se trata de una propuesta "razonable", al proceder de un derecho recogido en el convenio colectivo, ser voluntaria y conllevar la creación de una comisión de seguimiento y la supervisión de actuarios independientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones.

Banco Santander cuenta con un fondo interno para hacer frente a estos compromisos que mantiene con este colectivo de jubilados. La propuesta beneficiaría al banco en la medida en que deshacerse anticipadamente de las provisiones constituidas para el pago de estas rentas le permitiría sanear su balance.

El 'Santander' cierra 480 oficinas mientras implanta su modelo de sucursal ‘smart red’

MADRID.- Banco Santander iniciará este año un ERE que podrá sacar más de 3.000 empleados del grupo para ajustar más su plantilla tras la integración completa de Banco Popular. Sin embargo, los ajustes ya se llevan realizando tiempo como prueba el hecho de que este año 2018 se han cerrado 480 oficinas del grupo en todo el mundo. Unos cierres que se han producido sobre todo en España, Portugal y en las oficinas de Santander Consumer Finance (SCF), localizadas en países europeos, en el marco de la transformación que está realizando el grupo hacia las oficinas modelo ‘smart red’, anuncia OkDiario.

Este tipo de oficinas comenzaron a implantarse en 2016 en el marco de la nueva filosofía digital o ‘digilosofía’ del banco cántabro. Para octubre del pasado año Santander ya había transformado en algo más de dos años 500 oficinas a su nuevo modelo, donde se suprimen “las barreras arquitectónicas para hacerlas accesibles a todos” y se amplía la tecnología para un servicio “más ágil y personalizado”. Sin embargo, el proceso de transformación no ha llegado a todas las sucursales y muchas no pueden adaptarse al modelo por lo que tienen que cerrar.

La entidad no desglosa cuántos de estos cierres corresponden a oficinas de España, de Portugal o de la financiera, pero sí reconoce que las clausuras están relacionadas con la adaptación de la red a los nuevos gustos. Santander tiene 13.217 oficinas, siendo el banco internacional con mayor red comercial.

Caixabank también lo hace

Toda la banca se encuentra inmersa en el doble proceso de cerrar parte de sus oficinas y transformar otras. Así lo está haciendo Caixabank, por ejemplo, que ha bautizado como el modelo ‘Store’ las nuevas sucursales que abra, que contarán con un diseño y un concepto muy parecido al de las ‘smart red’ de Santander. Los catalanes quieren llegar a las 700 ‘Store’, especialmente en núcleos urbanos, con una atención personalizada por la tarde al igual que en Santander.

Pequeños competidores como Pibank, por su parte, también optan por este modelo de oficina que se impone actualmente en la banca, y con el cual las entidades quieren seguir manteniendo la relación física con sus clientes más digitales, que a la hora de la verdad de tomar una decisión financiera importante (como es la firma de una hipoteca) requieren casi siempre de la asistencia personalizada de un profesional.

Las oficinas de Smart Red dispondrán de una plantilla sobradamente preparada y de mayor valor añadido. Sin embargo, el número que tenían en octubre era de 500 oficinas bajo este nuevo modelo, de las más de 13.000 con las que cuenta el grupo en sus diez países presentes. El cambio está aún en sus inicios.

Un ERE en camino

Por su parte, en la plantilla del Banco Santander y muy especialmente en aquellos empleados que fueron integrados de Banco Popular, cunde la idea de que el proceso de ajuste es inminente y que se iniciará en las próximas semanas después de culminarse el proceso de integración tecnológica.

Desde fuentes de los empleados se calcula que no menos de 3.000 personas serán propuestas para un despido colectivo del banco cuando las circunstancias sean las más propicias.

¿Dónde están desapareciendo las sucursales bancarias?

VALENCIA.- La población sin acceso a una sucursal bancaria en su municipio ha aumentado un 34% desde 2008 debido a la reestructuración del sector bancario español, que continúa reduciendo la red de sucursales repartidas por todo el territorio, especialmente en los municipios más pequeños.

Así lo asegura el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, que indica que en 2017 operaban en España 27.320 oficinas de entidades de depósito, lo que supone un 40% menos que en 2008 y advierte de que los colectivos más afectados por el cierre de oficinas son las personas mayores y con menor cultura financiera.

Castilla y León es la comunidad con mayor porcentaje de poblaciones sin oficina bancaria, un problema que afecta al 16% de sus habitantes, mientras que prácticamente todos los municipios de Murcia y Baleares tienen, al menos, una sucursal.

Por provincias, la red que más se ha recortado ha sido la de Barcelona, que ha perdido más de la mitad de sus sucursales bancarias (-54%), al pasar de 5.819 oficinas en 2008 a las 2.676 de 2017, y también ha sido importante el descenso en Gerona y Tarragona, ambas con un 49% menos de oficinas que en 2008.

También han sufrido descensos las tres provincias de la Comunidad Valenciana, Castellón (-52 %), Valencia (-46%) y Alicante (-45%)-; Zaragoza (-47%) y Ourense (-46 %), mientras que Cuenca (-17%), Ciudad Real (-19%), Teruel (-21%) y Badajoz (-21%) han sido las zonas en las que se ha perdido menor porcentaje de oficinas.

El cierre de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales y, según el análisis, en 2016 se contabilizaron 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España.

Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008 y, en conjunto, representan el 2,7% de la población española, frente al 2% en el año 2008.

Además de Castilla y León, autonomía más afectada por la exclusión financiera, ésta también es muy acentuada en las provincias de Zamora, Segovia y Ávila, donde más de la quinta parte de sus habitantes tiene que trasladarse fuera de su localidad para acceder a una sucursal bancaria. En estas últimas tres provincias, se cerraron, respectivamente, el 29%, el 37% y el 40% de sucursales bancarias entre 2008 y 2017.

El análisis señala que más de la mitad de los municipios de España carecen de oficina bancaria y otro 15,8% dispone de una única entidad de depósito que ofrece servicios a través de sucursales. Se trata de otros 1.281 pueblos en los que residen 1,4 millones de personas, es decir, el 3,1% de la población.

Las cajas de ahorros o bancos de las antiguas cajas siguen siendo las que más población rescatan de la exclusión financiera, ya que ofrecen sus servicios en el 67% de estos municipios, mientras las cooperativas de crédito lo hacen en otro 21 % de las poblaciones. Solo el 12% de los municipios que cuentan con oficinas de una única entidad financiera han sido rescatados de la exclusión financiera por un banco, añade el análisis del IVIE.

En este contexto, en el que ha sido necesario cerrar oficinas para asegurar la viabilidad del sector bancario y en el que previsiblemente se seguirán cerrando en los próximos años, el IVIE señala que es importante que tanto las entidades financieras como las administraciones públicas implementen medidas para evitar la exclusión financiera.

En el primer caso, el avance de la banca por internet es la mejor vía, mientras que en el segundo es necesario asegurar que el acceso a la red llegue a toda España, concluye el análisis.

La banca española es insolvente y resulta irracional mantener el dinero en ella, según un columnista de 'FT'

LONDRES.- A pesar de las recientes recapitalizaciones efectuadas entre los bancos españoles, el sistema bancario español, con la excepción de BBVA y Santander, se encuentra quebrado, por lo que, una vez visto lo ocurrido en Chipre, no resulta racional que los españoles mantengan sus ahorros en los bancos del país, según sostiene Wolfgang Munchau, uno de los columnistas de referencia de 'Financial Times'. 

   "Menos sus dos mayores bancos, BBVA y Santander, el sistema bancario español es insolvente, incluso después de las pequeñas recapitalizaciones recientemente acordadas", afirma Munchau, quien señala que la 'burbuja inmobiliaria' ya no supone el mayor de los problemas, sino la "depresión" económica, que, a su juicio, durará la mayor parte de la década, dadas las políticas actuales.

   Ante este escenario potencial, el autor sostiene que "la consecuencia lógica" de lo dicho por Dijsselbloem, sumado a las políticas de austeridad y la deficiente unión bancaria en la eurozona, "es un futurio autorrescate ('bail in') de los bonistas y depositantes de los bancos españoles".

   "El problema es que incluso los depósitos garantizados entonces no estarán protegidos. Miren lo que ocurre en Chipre, donde los controles de capital afectan indistintamente a los depósitos grandes y pequeños", apunta Munchau.

   "Yo esperaría que también ocurra en España. Teniendo en cuenta la política establecida, resulta lógicamente irracional para cualquier ahorrador español mantener incluso pequeñas cantidades en el sistema bancario español", añade el autor, para quien "no hay manera de que el Estado español pueda garantizar el sistema sin incurrir él mismo en impago".

   De este modo, el columnista considera que, como consecuencia de estas circunstancias, para España llegará un momento en el que resulte "economicamente racional" abandonar la zona euro y especula con que el mejor momento para tal decisión sería cuando el país alcance un equilibrio fiscal antes del pago de intereses de la deuda.

   "Si, como es mi caso, usted cree a Dijsselbloem, entonces resulta racional para todo europeo del Sur llevarse su dinero fuera del país y depositarlo fuera de la zona euro", defiende el autor.

    Así, Munchau considera que, en un entorno en el que los países acreedores rechazan una genuina unión bancaria, los argumentos en contra de abandonar la eurozona son "sorprendentemente bajos" y advierte de que, si bien a corto plazo la política puede imponerse a la economía, a la larga no se puede sostener una unión monetaria en contra de la lógica económica.

UKIP insta a sus compatriotas residentes en España a sacar el dinero de los bancos

LONDRES.- El líder del ultraderechista Partido de la Independencia de Reino Unido (UKPI), Nigel Farage, ha emplazado a los británicos que viven en España a sacar su dinero de los bancos en previsión a una quita como la que se negocia para Chipre y denuncia que la UE "ha cruzado todos los límites" con medidas como esta requisa de fondos de los ahorradores.

   "Ahora que vemos cómo la UE se prepara para recurrir a cualquier cosa para mantener vivo el euro, su proyecto fracasado, nuestro consejo a los expatriados que viven abajo en el Mediterráneo debe ser 'saca tu dinero de ahí mientras aún puedas'", ha afirmado Farage en un acto político recogido por el diario 'The Daily Telegraph'.

   "Va a haber una gran fuga de dinero y esa fuga no sólo será en Chipre, sino también en otros países de la eurozona. Hay 750.000 británicos que tienen inmuebles o viven en España, muchos de ellos jubilados", ha explicado Farage. "Ni siquiera yo creía que se rebajarían a robar dinero de las cuentas bancarias de la gente", ha añadido.

   Así, ha instado al ministro de Asuntos Exteriores, George Osborne, ha tomar medidas para que una quita como la que se baraja para Chipre afecte a los ahorradores británicos.

   En su intervención, Farage ha vuelto a arremeter contra la inmigración y ha defendido que ningún inmigrante debería poder beneficiarse de los servicios públicos británicos hasta que haya vivido, trabajado, pagado sus impuestos y obedecido las leyes en Reino Unido durante cinco años.

   Además, ha reiterado su negativa a cualquier fórmula de entendimiento o acuerdo con el Partido Conservador mientras esté dirigido por el actual primer ministro, David Cameron.

'Financial Times' sitúa a Emilio Botín en su "tormenta perfecta" al frente del Banco Santander

LONDRES.- El rotativo económico 'Financial Times' (FT) publica en su suplemento del fin de semana un reportaje dedicado al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en el que sitúa al empresario en su "tormenta perfecta", ya que el mercado interno se encuentra "por los suelos" y que el propio Botín supera en trece años la edad normal de jubilación sin haber planteado un plan claro de sucesión.

   "El problema se avecina, se mire como se mire, para Botín y para el mayor banco de España", señala FT, que repasa de forma exhaustiva la vida del banquero, al que se refiere como un "diminuto septuagenario" que los vecinos de Somosaguas (Madrid) pueden ver pasear alrededor de su casa a las 06.00 horas casi todas las mañanas.

   El diario repasa la historia de la familia Botín, del Banco Santander y el éxito del actual presidente, el hombre que convirtió a una pequeña entidad en uno de los mayores bancos del mundo. Sin embargo, asegura que ahora los inversores están perdiendo la fe en la historia del banco y afirma que muchos accionistas han desertado.

   Según FT, los inversores ven tres grandes riesgos y creen que cualquier de los tres podría arruinar la historia de éxito de Botín: la amenaza reguladora, un mayor deterioro de la economía española y la sucesión de Botín como presidente de la entidad.

   Sobre la amenaza reguladora, el rotativo considera que las exigencias de la ayuda europea para la banca podrían resultar costosas para el Santander, a pesar de que la entidad sostiene que su nivel de capital es fuerte. De hecho, asegura que, según los analistas de Barclays, Santander podría tener que llenar un "agujero negro" de 18.000 millones porque el regulador europeo será más exigente que el Banco de España.

   Ante la posibilidad de que la economía española empeore, FT alerta de que el banco caerá si el país entra en suspensión de pagos, ya que la entidad incrementó su exposición a la deuda española en 2012 atraído por los altos rendimientos que se vio obligado a ofrecer el Tesoro español. "Si España fracasa, Santander fracasa", advierte.

   A pesar de todo, el rotativo asegura que la amenaza "más inevitable" para el banco es la sucesión de Botín y se pregunta cómo se adaptará el Santander cuando el presidente ya no pueda hacerse cargo de la entidad. Según FT, esta es una cuestión "urgente" aunque el propio Botín se ha negado a abordarla hasta ahora.

   A su parecer, antes o después habrá que plantear un plan de sucesión y la única opción para mantener el control dinástico es que le suceda su hija Ana Patricia Botín, que tendría que completar su aprendizaje al frente de la filial británica, aunque su capacidad para hacerse cargo del Santander genera dudas.

   Según FT, el dilema de Botín se reduce a que no quiere jubilarse, pero sabe que no poner a su hija al frente del banco pronto podría socavar el control familiar del banco. "Si Emilio muere en el trabajo, Ana no podrá tener el nivel de apoyo interno para ser su sucesora", señala un socio al que se refiere FT.

   Así, tras décadas de un éxito "espectacular", Botín y su empresa muestran signos de desmoronamiento, por lo que deberá esforzarse para hacer frente a estos tres grandes retos, ya que es poderoso, pero no "omnipotente".

La Fiscalía del TSJ andaluz abre una investigación sobre las participaciones preferentes

SEVILLA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación sobre las prácticas desarrolladas por diferentes entidades bancarias respecto a las denominadas participaciones preferentes en la Comunidad autónoma, según ha anunciado este martes el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo. 

   El Defensor, que ha realizado este anuncio en una rueda de prensa tras reunirse en Sevilla con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón; calcula que en Andalucía son unas 60.000 las personas afectadas por estas obligaciones subordinadas necesariamente convertibles y/o canjeables en acciones, en su mayoría personas de avanzada edad.

   Chamizo ha resaltado que la cantidad de afectados hace que esta investigación sea "complicada", pero espera que, a raíz de la misma, se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e incluso "penales en algunos casos" que se hayan podido producir.

   Asimismo, aunque ya son "muchas sentencias" las que están fallando a favor de afectados que denuncian de forma individual, el Defensor ha animado a que se inicien acciones conjuntas a las que puedan sumarse los afectados, para así obtener "soluciones colectivas".

   El Defensor del Pueblo ha lamentado el "relato dramático" de muchas personas que se han dirigido a la Oficina a transmitir sus quejas porque se ha jugado "con los ahorro de toda su vida". Chamizo considera que las entidades han "engañado" tanto a personas mayores como jóvenes, y que además ahora "intentan ofrecerles como canje otro producto similar con pérdidas".

   Por este motivo, a pesar de no tener competencia directa sobre los bancos, la cantidad de quejas recibidas por distintos afectados en la Oficina del Defensor (unas 500 en total) ha llevado a la entidad a iniciar distintas acciones encaminadas a "tratar de que los afectados puedan disponer de su dinero".

   En este sentido, además de instar a la Defensora a nivel estatal a que trasladase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la necesidad de investigar estos casos, este lunes Chamizo se reunió con la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz Carrasco, quien a su vez le transmitió que la Administración andaluza está iniciando acciones en este sentido.

   Por último, tras proponer el Defensor un estudio sobre posibles acciones "en el ámbito civil o penal" para atender los derechos de las personas afectadas por estos productos financieros, Chamizo ha apuntado que finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado orden de que se inicien.  

   En la reunión con el fiscal superior también se ha realizado un repaso de los contactos que se mantienen con la red de fiscales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para preparar una próxima reunión, se han abordado las actuaciones conjuntas con las fiscalías de vigilancia penitenciaria, así como la Fiscalía de Menores, concretamente para preparar intervenciones en las funciones de tutela y protección de menores en centros de acogida y centros de reforma.

El 90% de los españoles cuestiona la credibilidad de la banca española

MADRID.- Nueve de cada diez españoles percibe "dudas o nula credibilidad" procedente las entidades financieras españolas, lo que sitúa al sector como el segundo peor valorado por los ciudadanos, según un estudio elaborado por la empresas de investigación de mercados Random. 

   El informe, denominado 'Credibilidad de la banca española' extraído a partir del estudio 'Compañías creíbles 2011', apunta además que esta imagen deteriorada de la banca española seguirá minándose al calor del rescate y las indemnizaciones de algunos de los directivos.

   En concreto, los consumidores españoles valoran la credibilidad de la banca con una nota media que no llega al aprobado --un promedio de 3,6 en una escala de valoración de 1 a 7 puntos. Así pues, el sector financiero ocupa el segundo peor lugar del ránking entre los cinco sectores analizados, tan solo por delante de las compañías de telefonía.

   El estudio atribuye esta caída de la credibilidad a que los ciudadanos dudan del "saber hacer" de estas compañías y del "grado de confianza que transmiten" a través de su comunicación y publicidad, red de oficinas y relaciones con los clientes.

Rubalcaba pide comparecencias de políticos y banqueros tras el rescate bancario

MADRID.-   El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido que políticos y banqueros comparezcan para explicar qué ha pasado para que España haya tenido que reclamar un rescate de su sistema financiero. "Y que cada palo aguante su vela. Yo estoy dispuesto a asumir el mío. Ojalá todo el mundo haga lo mismo", ha escrito en su cuenta de Twitter.

   Rubalcaba ha he hecho estos comentarios en esta red social al término de la primera reunión de la comisión de seguimiento de la situación económica que ha creado el PSOE. "Quiero que comparezcan los políticos, los gestores, los banqueros y que expliquen a la ciudadanía lo que pasó", ha explicado antes de abogar por que "cada palo aguante su vela".

   La Ejecutiva Federal del PSOE ha constituido esta tarde la comisión de seguimiento de la situación económica, que ha celebrado en Ferraz una primera reunión en la que se ha insistido en la necesidad de impulsar políticas de crecimiento. Además, se ha abordado posibles medidas para ayudar a los afectados por las participaciones preferentes de los bancos.

   Bajo la presidencia de Alfredo Pérez Rubalcaba, la comisión ha estudiado la situación de España tras el rescate de la banca española, poniendo el foco en las tensiones de los mercados de deuda.

   Esta primera reunión también ha servido para analizar las propuestas que el PSOE defiende que deberían adoptarse tanto en la cumbre del G-20 como en el próximo Consejo Europeo. Según ha informado el PSOE, la comisión ha insistido en "la necesidad de desarrollar una política para el crecimiento y el empleo, como se recoge en la enmienda de adición al proyecto de ley sobre el Tratado de Estabilidad, que este jueves se verá en el Congreso".

   En la reunión se ha acordado que este órgano efectúe un seguimiento diario de la coyuntura económica, dada la gravedad de la situación, y que mantenga una reunión semanal. En el encuentro de hoy también se han abordado posibles medidas para los afectados por las participaciones preferentes emitidas por los bancos.

Bancos y cajas cierran en Andalucía 363 oficinas hasta marzo

SEVILLA.- El número de oficinas de bancos y cajas de ahorros --entidades de depósito-- descendió en Andalucía un 5,6 por ciento, hasta registrar a marzo de 2012 las 6.089 oficinas, por debajo de las 7.000 sucursales y algo por encima de las 6.000, según datos del Banco de España, donde se apunta que bancos y cajas cerraron en la Comunidad en el primer trimestre 363 sucursales en relación con el mismo período de 2011.

   A pesar de dicha bajada, Andalucía es la segunda comunidad con mayor número de sucursales de cajas y bancos, tras Cataluña, con 6.630 oficinas, y por delante de Madrid (5.129) y Valencia (4.343).

   A nivel nacional, bancos y cajas cerraron 2.274 oficinas en el primer trimestre de 2012 y redujeron su red hasta 39.616 sucursales, lo que supone un descenso del 5,4 por ciento.

   Además, en Andalucía había 42 establecimientos financieros de crédito, un 10,6 por ciento inferior al primer trimestre del pasado año.

   De esta forma, en Andalucía a marzo de 2012 se registraron 6.131 oficinas de entidades financieras, tanto de depósito como establecimientos financieros de crédito, lo que supone un descenso del 5,6 por ciento en relación con el mismo período del año pasado. Además existen dos sucursales del Banco de España.

   Por provincias, del total de sucursales de bancos y cajas, 1.314 se ubican en Sevilla, 1.175 en Málaga, 718 en Granada, 683 en Cádiz, 614 en Córdoba, 604 en Almería, 580 en Jaén y 401 en Huelva.

Advierten que Bankia "va a contaminar" al resto del sistema bancario español

LEÓN.- El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha afirmado hoy en León que no se conoce una "gestión peor" por parte del Gobierno que la nacionalización de Bankia, y ha advertido de que "se ha hecho tan mal" que el proceso iniciado "va a contaminar" al resto del sistema financiero español.

López ha criticado en su intervención durante la apertura del XII Congreso del PSOE de León que el Ejecutivo nacionalizase el cuarto banco del país un lunes por la mañana, y que cada día se haya ido conociendo una nueva cifra para salvar a la entidad.

El secretario de Organización de los socialistas ha denunciado que nadie del Gobierno haya explicado cómo se ha llegado a la situación actual, y ha incidido en que el PSOE va a pedir "transparencia" para saber quiénes son los responsables de esa "mala gestión" y garantías para que los recursos aportados por el Estado "no tengan un coste para los ciudadanos".

López ha añadido que hablar de banca pública no significa socializar las pérdidas de los bancos, un día después de que el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, presentara el plan de recapitalización de la entidad y solicitara al Estado 19.000 millones de euros.

El Gobierno fijará las reglas para que la banca segregue activos inmobiliarios

BRUSELAS.- El Gobierno y el Banco de España fijarán las reglas para que la banca segregue sus activos inmobiliarios dudosos y los desconsolide de su balance, pero no aportará "en principio" ayudas públicas con el fin de facilitar el proceso, según ha explicado hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos. La operación podría afectar hasta 170.000 millones de activos problemáticos.

   De Guindos se ha reunido este miércoles a petición propia con el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, responsable del control de ayudas públicas. Ambos "han mantenido una conversación general sobre el sistema financiero", según el portavoz de Almunia.

   El ministro de Economía no ha dado tampoco detalles sobre la reunión y se ha limitado a señalar que "el comisario Almunia sabe que el Gobierno español va a cumplir con toda la normativa de ayudas de Estado".

   De Guindos ha explicado que las provisiones por valor de 54.000 millones de euros que el Gobierno ha exigido a la banca para sanear sus activos inmobiliarios -ejecutando reducciones de precio del 80% para el suelo, el 65% para promociones en curso y el 35% para viviendas acabadas- ya los sitúan "en valores de mercado".

   "A partir de ahí, lo que se facilita enormemente es el proceso de desconsolidación de estos activos inmobiliarios a través de su venta.  Y eso es lo que de alguna forma se va a favorecer en los próximos días", desde ahora y hasta finales de año, que es el plazo máximo que se ha dado a la banca, ha señalado.

   Esta segregación, ha resaltado De Guindos, tiene dos implicaciones positivas para las entidades: en primer lugar, "reduce los balances de los bancos y su exposición al inmobiliario" y además les permite "dedicarse a ser bancos y no a ser inmobiliarias".

   "Es un planteamiento que además se va a hacer con absoluta transparencia, se va a hacer con claridad desde el punto de vista de unas valoraciones que son las adecuadas y que consideramos que son atractivas para potenciales terceros que quieran comprar esos activos", ha sostenido.

   En este proceso, el Gobierno y el Banco de España se limitarán a establecer "cuáles son las reglas para que efectivamente eso se produzca", pero no aportarán ayudas públicas. "En principio, si la valoración es la correcta, que el planteamiento es que la valoración es la correcta, son operaciones de mercado", ha sostenido.

   Así, la creación de sociedades intermediarias para gestionar estos activos dudosos no será iniciativa del Ejecutivo sino que "dependerá de los planteamientos que hagan las entidades".

   La segregación, ha resaltado De Guindos, "podría llegar a afectar a 170.000 millones de euros", que son los considerados dudosos a finales de 2011 según se recoge en el decreto ley que obligaba a las entidades a aumentar sus provisiones.

   En su opinión, en estos momentos "donde está el problema es en el suelo" porque "en estos momentos no existen transacciones en España". Pese a la rebaja de precio del 80%, "antes de que empiece a haber transacciones de suelo significativas en España se tiene que acabar con el stock de viviendas que existe actualmente en nuestro país".

   Por lo que se refiere a la vivienda terminada, el ministro de Economía ha defendido que el descuento del 35% de media "es relativamente bastante adecuado y bastante próximo a lo que es las demandas del mercado". "Los bancos están vendiendo muchas viviendas terminadas y está habiendo un proceso de reducción de la vivienda terminada en los balances de los bancos", ha agregado.

   Además, De Guindos ha vuelto a pronosticar que "se van a ir produciendo operaciones de fusiones y de adquisiciones adicionales en el ámbito de las cajas de ahorro como ya hemos visto alguna en las últimas semanas".

   "También puede haber actuaciones adicionales desde el punto de vista de las provisiones por cada uno de los bancos", ha vaticinado el ministro. Y ha puesto de ejemplo a una entidad, a la que no ha identificado, que ya ha cumplido durante el primer trimestre con las exigencias de provisiones del real decreto y que a su juicio aun así seguirá aumentándolas durante el resto del año.

En España sobran más de 41.000 empleados en banca, el 16% del total

MADRID.- La red bancaria en España debe reducirse en un 35% en los próximos tres años, hasta quedarse en unas 25.000 oficinas, según un estudio del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que cifra el excedente de plantilla en el sector en 41.460 empleados, el 16% del total.

   El informe sostiene que es necesario adecuar el tamaño de la red de sucursales a la realidad del país y, de acuerdo a este esfuerzo, prevé el cierre de diez oficinas bancarias al día hasta 2014, un drástico recorte que tendrá efectos en el empleo en el sector.

   El 30% de las oficinas en España genera el 70% del negocio, lo que pone de manifiesto la existencia de un importante excedente de sucursales, sostiene el IEB, tras destacar que el país es el que más oficinas por habitantes tiene.

   Si se tiene en cuenta el tamaño de la red bancaria en 2007, cuando alcanzó un máximo de 46.000 oficinas, la reducción necesaria para racionalizarla será del 40%. "No tiene ningún sentido que España sea el primer país del mundo con más oficinas por habitante cuando ni siquiera estamos entre las diez potencias mundiales", argumenta.

   El estudio recalca que la necesidad de adelgazamiento de la red comercial del sector financiero puede ser incluso superior al 35% en función de los efectos de la crisis económica y del mapa definitivo que surja de la reestructuración bancaria en marcha.

   Según el IEB, la reforma financiera en España dará lugar a que solo haya una decena de grandes entidades.

La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones

BARCELONA.- El Servicio de Estudios de La Caixa recomienda a las entidades financieras aumentar los diferenciales cobrados en los nuevos créditos y elevar las comisiones para ganar rentabilidad en el complicado entorno operativo, que apunta a una contracción del margen de intereses del 10% en 2012.

   La entidad sostiene en su informe mensual que la reducción de la demanda de crédito es un proceso que no ha concluído y que reducirá el volumen de negocio y, por tanto, el margen de intereses del conjunto del sistema durante cierto tiempo.

   "Es preciso recurrir a otras vías para aumentar la rentabilidad, una podría ser aumentar los diferenciales en los nuevos créditos para adaptarlos al nuevo coste del pasivo", advierte, si bien reconoce que el impacto de esta medida se verá atenuado por la débil demanda de crédito actual y sólo sería significativo a largo plazo.

   Asimismo, apunta que otra opción para mejorar la rentabilidad es aumentar las comisiones para acercar los precios a los costes, aunque también admite que esta medida es difícil de implementar en el actual entorno de elevada competencia y sensibilidad al precio por parte de los consumidores.

   Según especifica el informe elaborado por Matthias Bulach e Inmaculada Martínez Carrascal, del departamento de análisis económico de La Caixa, las entidades presentan un elevado volumen de créditos morosos y adjudicados que representan el 11% del crédito a los sectores privados residentes.

   Estos activos generan un doble impacto negativo en la cuenta de resultados, ya que además de tener que provisionarlos, afectan ngativamente al margen de intereses, porque necesitan seguir siendo financiados, pero no generan ingresos financieros.

   La Caixa prevé que el coste del pasivo siga siendo inusualmente alto por los altos vencimientos de las entidades en 2012, de 120.000 millones de euros, y por el difícil acceso a los mercados mayoristas, lo que provoca que persista la competencia por la captación del pasivo a precios muy elevados.

   A esta competencia entre entidades se ha sumado en los últimos meses la del sector público, ya que las altas remuneraciones de las emisiones del Tesoro han provocado cierto traspaso de depósitos del sector bancario hacia productos de deuda pública, y obliga a las entidades a ofrecer altas remuneraciones para poder competir por estos productos.

   Por otro lado, apunta que "parece inevitable" seguir actuando sobre la estructura de costes, ya sea mediante la reducción de éstos o de la capacidad, lo que se realizará a través de una mayor contracción del sector.

   La situación entre entidades es muy diferente, tanto en cuanto a los ajustes realizados y activos problemáticos como en cuanto a las tensiones de liquidez que les induzcan a incurrir en sobrecostes en la captación de pasivo o a ser más conservadoras en la concesión de crédito, destaca La Caixa.

   En cualquier caso, afirma que "es de prever que a escala individual las entidades tengan que actuar en alguna o varias de estas palancas".

La CNMV española aconseja a los bancos que hagan pública la morosidad y la solvencia

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española recomienda a las entidades financieras que detallen su tasa de morosidad y su solvencia en la información financiera pública, y que identifiquen a las personas u órganos que asumen la responsabilidad de la información remitida al supervisor de los mercados.

   Así figura en la batería de recomendaciones que ha sacado a consulta la CNMV hasta el próximo 9 de enero de 2012 con el objetivo de reforzar la transparencia de los estados financieros y de la evolución de los negocios de las entidades.

   El organismo supervisor de los mercados destaca que la información trimestral que remiten las entidades a la CNMV es muy heterogénea y dificulta la comparación de las informaciones publicadas, si bien precisa que cumple los requisitos legales, por lo que la aplicación de estas recomendaciones es voluntaria.

   Además de la tasa de impago y del nivel de solvencia, la CNMV recomienda que entre las magnitudes financieras de las entidades cotizadas figure la cifra de negocio, el margen de intereses, el resultado bruto (Ebitda) o neto (Ebit), el resultado del ejercicio, la inversión y la financiación, entre otros.

   La CNMV propone que las entidades remitan información referida a los estados consolidables, a no ser que solo formulen estados individuales, y que los datos cuantitativos se acompañen de un periodo de información comparativa del periodo anterior.

   En el caso de que se refiera al estado de situación financiera, recomienda que se incluyan las cifras de cierre del año anterior, mientras que para el resto de estados ve conveniente incluir las cifras del mismo periodo del ejercicio anterior.

El Banco de España obligará a la banca a dar más información sobre sus activos 'tóxicos'

MADRID.- El Banco de España obligará a la banca a remitir al mercado y al propio organismo más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas como de los activos recibidos en pago de deudas en España, según el proyecto de norma.

   La institución que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha elevado a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo lunes día 14.

   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.

   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.

   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.

   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.

   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.

   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.

   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.

   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.

   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.

   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.

   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

Fitch alerta de que algunas CCAA tendrán problemas de financiación en 2012

MADRID.- La agencia de calificación Fitch ha expresado su preocupación acerca de las dificultades que podrían vivir algunas comunidades autónomas para obtener financiación el próximo año, sobre todo aquellas "poco acostumbradas" a la exposición de los mercados financieros internacionales, según ha explicado en su boletín de finanzas públicas de noviembre.

   La entidad destaca que ciertas comunidades autónomas tardarán "más de lo habitual" en presentar sus presupuestos 2012 debido a la incertidumbre de las entregas a cuenta procedentes del Estado para el próximo año.

   No obstante, Fitch insiste en que continuará analizando las medidas de ajuste sobre el gasto que algunas regiones han anunciado, así como su impacto económico, a la vez que muestra su "preocupación" ante los riesgos de refinanciación de muchas de ellas.

   Así, la agencia de calificación insiste en que los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre el primer trimestre de 2011 muestran que los gastos de algunas comunidades no se han ajustado "lo suficiente", e insiste en que puede que no cumplan con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB, fijado para 2011.

   Por último, Fitch subraya la necesidad de cumplir de forma "estricta" los planes económico-financieros, junto con la contención en el incremento del endeudamiento y el ahorro bruto positivo, para conseguir que las perspectivas vuelvan a ser estables.

Los expertos auguran un incremento de los impagos financieros en España en los próximos seis meses

MADRID.- Los directivos de las instituciones financieras y bancarias más importantes de España creen que la mayoría de los ciudadanos faltaran a los pagos en sus obligaciones financieras en los próximos meses. Esta es una de las principales conclusiones obtenidas en un estudio llevado a cabo por la Asociación Europea de Marketing Financiero (EFMA) y FICO, proveedor líder de tecnología en gestión de decisiones y analítica avanzada, los pasados meses de agosto y septiembre entre profesionales relacionados con riesgos financieros en las instituciones más importantes de Europa. 

Los resultados en nuestro país muestran un creciente pesimismo, que denota que los síntomas de crisis no han desaparecido aún. Los expertos encuestados en España no creen que los delitos financieros vayan a reducirse en ningún producto (descubiertos, impagos de Pymes, impago de las letras del coche, impagos en tarjetas de crédito o retraso de más de tres meses en el pago de la hipoteca). Sólo un 25% cree que el fraude en tarjetas de crédito se estabilizará, pero ningún otro producto supera el 13% de confianza en la reducción de delitos. 

En el caso concreto de las pequeñas empresas, un 87% de los encuestados cree que se incrementarán los delitos o impagos. Además, un 88% espera que se deteriore la situación en los retrasos de pagos de hipotecas, mientras que un 38% cree que la situación empeorará de forma significativa. Por el contrario, los expertos consultados en Alemania, Austria y Suiza consideran que todos los delitos financieros se reducirán en su región durante los próximos seis meses. En Reino Unido sólo se espera que se reduzcan los descubiertos.

También se espera que tanto la oferta como la demanda de créditos se aminoren en los próximos meses, tanto en el segmento de crédito al consumidor como en el de pyme. Peor situación se vivirá en la región norte de Europa según los expertos de Alemania, Austria y Suiza, ya que sus previsiones indican que la brecha entre oferta y demanda de créditos crecerá, lo que provocará restricciones en la expansión de los negocios. En Reino Unido, por su parte, y debido a las peticiones de los supervisores nacionales para facilitar la concesión de créditos, los expertos consideran que los créditos a las pymes se encuentran en su máximo esplendor.

               

Los clientes prefieren ahorrar

Teniendo en cuenta la situación económica en la Península Ibérica, no sorprende que el 100% de los expertos consultados crea que los ciudadanos serán en los próximos seis meses más propensos al ahorro que al crédito. El 50% de los encuestados considera que sus clientes no confían en las instituciones bancarias y sólo el 25% espera que los clientes tengan como prioridad pagar los créditos concedidos con tarjeta antes que otras obligaciones financieras.

A nivel mundial, el 71% de los encuestados cree que los clientes son más fieles al banco en el que tienen depositada su cuenta corriente y el 76% considera que los clientes basan dicha lealtad en el servicio, lo que implica que las ventas cruzadas pueden ser una buena opción para las instituciones que buscan expandir su negocio, siempre y cuando los niveles de servicio cumplan con las expectativas de los clientes.

De la misma manera que sus colegas europeos, los directores de riesgos españoles y portugueses consideran que sus políticas de crédito son las correctas, ya que se basan en la capacidad de endeudamiento del consumidor. El 100% de los preguntados, además, afirma haber adaptado las políticas de crédito en los últimos tres años y ser más disciplinado cada vez en la consideración de las reglas de concesión. Sin embargo, el 25% asegura que su institución no es capaz de modificar las políticas de crédito de forma eficiente.

El 63% de los encuestados cree que se pueden resolver de forma correcta las hipotecas “basura” aunque un 13% considera que este tipo de hipotecas no se está gestionando bien.

Acerca del estudio “Una perspectiva sobre los riesgos de crédito en Europa”

El estudio, llevado a cabo por FICO y EFMA, se realizó entre agosto y septiembre de 2011 a 72 profesionales de 61 entidades bancarias y financieras de 26 países de Europa (el 11% de las respuestas proviene de España y Portugal); tiene como objetivo medir trimestralmente las perspectivas de los responsables de gestión de riesgo en las entidades financieras y de seguros más importantes de Europa en los seis próximos meses. Se puede acceder al estudio completo en: www.fico.com/en/FIResourcesLibrary/European_CreditRisk_Feb2011_2751RP.PDF.

La exposición problemática al ladrillo de la banca española asciende a 176.000 millones

MADRID.- La exposición problemática de los bancos y cajas de ahorros vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez indica que en un momento de fuerte ajuste del sector inmobiliario, la exposición problemática que mantiene el sector bancario no se limita a los activos dudosos.

   A su parecer, también han de tomarse en cuenta los activos adjudicados y recibidos en pago de deudas, así como aquellos otros préstamos en situación normal, pero bajo vigilancia.

   Los activos así clasificados, junto con los considerados dudosos, están sujetos a la constitución de provisiones de acuerdo con la normativa contable del Banco de España.

   Asimismo, el Banco de España también ha requerido a las entidades de crédito españolas la publicación de esta información detallada, que las entidades habrán de reflejar en sus cuentas anuales, así como en la información financiera intermedia que hagan pública.

   La cobertura con provisiones, tanto las específicas asociadas a estos activos como las genéricas de los negocios en España, alcanza el 33% dde la exposición problemática en junio de 2011.

   El Banco de España subraya que el grado de cobertura de la exposición al riesgo promotor de este volumen significa que las pérdidas hipotéticas en el escenario de referencia de las pruebas de resistencia europeas llevadas a cabo por la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) quedarían más que cubiertas.

   Por otro lado, recuerda que el volumen de saneamiento global del balance realizado por las entidades españolas desde que se inició la reestructuración del sistema financiero hasta junio de 2011 asciende a 105.000 millones de euros, lo que supone el 10% del Producto Interior Bruto (PIB).

Los Veintisiete reducen a 20 días el plazo para recuperar ahorros garantizados en caso de quiebra bancaria

BRUSELAS.- Los países de la UE han acordado ayer viernes reducir a 20 días el plazo máximo en el que el fondo de garantía de un Estado miembro estará obligado a pagar a los ahorradores el depósito mínimo asegurado en caso de quiebra de una entidad financiera, que asciende en toda la UE a 100.000 euros.

   Los Veintisiete han descafeinado así la propuesta original de Bruselas, que pretendía fijar un plazo máximo de 7 días. La UE queda lejos de la garantía que ofrece EEUU, donde los ahorradores pueden acceder a su dinero en 48 horas. En la actualidad, la legislación comunitaria fija un máximo de 25 días.

   El objetivo de esta medida, que será ratificada el próximo lunes por los ministros de Economía de la UE, es mejorar la protección de los ahorradores y preservar su confianza en el sistema financiero, evitando así retiradas masivas de depósitos bancarios.

   Los Veintisiete ya aprobaron un primer refuerzo de los sistemas de garantías de depósitos en 2008, durante el peor momento de la crisis financiera, cuando se elevó el mínimo garantizado de 20.000 a 100.000 euros. Con este aumento, el 95% de los depósitos en toda la UE quedaron cubiertos.

   Los fondos de garantía de depósitos seguirán siendo financiados por los bancos, pero las contribuciones se calcularán según el nivel de riesgo de cada entidad. La nueva norma fija además la proporción mínima que debe prefinanciarse 'ex ante'.

   Los ministros de Economía de la UE ratificarán además el lunes fijar por ley plazos para completar la creación de un espacio único de pagos en euros (SEPA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es reducir los costes para los usuarios. En concreto, los Veintisiete han pactado febrero de 2013 para las transferencias y febrero de 2014 para las domiciliaciones.