SEVILLA.- La consejera andaluza de Salud y Bienestar
Social, María Jesús Montero, ha anunciado que el Pleno del
Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar de
cinco meses que pesaba desde el pasado mes de abril sobre la resolución
del SAS que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos
en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo
esperaba ahorrar 40 millones de euros.
Esta cantidad se reduciría después a algo más de 20 millones de
euros, cuando la Junta consiguió que al menos nueve de las 13
presentaciones farmacéuticas de varios laboratorios que optaron y se
alzaron con el primer concurso público de licitación se adaptasen al
precio más bajo del mercado y no el precio menor, ajustándose así a la
modificación que el Gobierno central había hecho de su Real Decreto Ley
RDL 16/2012.
Montero ha concretado que el
levantamiento de esta suspensión cautelar ha sido contra la resolución
de Gerencia del SAS que daba luz verde a la primera convocatoria de
concurso público de moléculas, no así contra el conjunto del decreto-ley
de 13 de diciembre de 2011, que precisamente el Consejo de Ministros
acordó el pasado viernes 13 de julio interponer también recurso de
inconstitucional.
En cualquier caso, la titular de Salud se ha mostrado convencida
de que el dictamen del Constitucional sobre el decreto-ley en su
conjunto tendrá un final parecido. "Si el Gobierno solicita la
suspensión cautelar del decreto-ley, cosa que no estaría muy justificada
en este momento tras el levantamiento ahora de la suspensión de la
resolución, entiendo que la razones que el TC ha argumentado para
proceder a levantar la suspensión en el primer caso, serán muy similares
a las del decreto-ley".
"Nosotros siempre hemos defendido para el levantamiento de la
suspensión, que no entra en el fondo de la cuestión, que se producía una
lesión de la previsión de ahorro económico en el gasto farmacéutico,
que además habíamos llevado incorporado en el Plan de Reequilibrio de la
Junta", con el que, además, trataban de ajustarse al objetivo de
déficit público marcado por el Gobierno central.
"También hablábamos del perjuicio que se provocaba a las empresas
farmacéuticas que habían sido adjudicatarias de las moléculas en
subasta, ya que el período de tiempo que transcurriera hasta que se
pronunciara finalmente el Constitucional supondría una pérdida para
estos laboratorios, por el retraso en la venta de estos productos, la
previsión de ventas que ya tenían hecha, y con la inversión previa
realizada", ha agregado Montero como motivos de su argumentario.
Además, ha vuelto a incidir en que, a su juicio, la comunidad "es
competente en esta materia". Por su parte, el presidente del Consejo
Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, ha señalado que los boticarios andaluces "somos una
administrados" en esta cuestión, que no deja de ser "un conflicto de
competencias entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central y que
tiene que dirimir el Constitucional".
"Sobre lo dicho por el Constitucional poco podemos decir, ya que,
como hemos venido manifestado en los últimos meses sobre este asunto,
los farmacéuticos andaluces somos meros administrados en este conflicto
de competencias", ha insistido Minorasen.
Con todo, reconocido que, en la práctica, la subasta de fármacos
en Andalucía ya estaba funcionando para esas nueves moléculas, "ya que
nosotros teníamos una orden comunicada por parte del gerente del SAS y
lo que estábamos haciendo era cumplir esa la orden comunicada que había,
entre otras razones, porque no nos quedaba más remedio que acatar la
orden de nuestro órgano gestor, que luego fue recurrida por el orden del
Gobierno de la Nación".
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