SEVILLA.- La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación sobre las prácticas
desarrolladas por diferentes entidades bancarias respecto a las
denominadas participaciones preferentes en la Comunidad autónoma, según
ha anunciado este martes el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo.
El Defensor, que ha realizado este anuncio en una rueda de
prensa tras reunirse en Sevilla con el fiscal superior de Andalucía,
Jesús García Calderón; calcula que en Andalucía son unas 60.000 las
personas afectadas por estas obligaciones subordinadas necesariamente
convertibles y/o canjeables en acciones, en su mayoría personas de
avanzada edad.
Chamizo ha resaltado que la cantidad de afectados hace que
esta investigación sea "complicada", pero espera que, a raíz de la
misma, se identifiquen las posibles responsabilidades civiles e incluso
"penales en algunos casos" que se hayan podido producir.
Asimismo, aunque ya son "muchas sentencias" las que están
fallando a favor de afectados que denuncian de forma individual, el
Defensor ha animado a que se inicien acciones conjuntas a las que puedan
sumarse los afectados, para así obtener "soluciones colectivas".
El Defensor del Pueblo ha lamentado el "relato dramático" de
muchas personas que se han dirigido a la Oficina a transmitir sus quejas
porque se ha jugado "con los ahorro de toda su vida". Chamizo considera
que las entidades han "engañado" tanto a personas mayores como jóvenes,
y que además ahora "intentan ofrecerles como canje otro producto
similar con pérdidas".
Por este motivo, a pesar de no tener competencia directa sobre
los bancos, la cantidad de quejas recibidas por distintos afectados en
la Oficina del Defensor (unas 500 en total) ha llevado a la entidad a
iniciar distintas acciones encaminadas a "tratar de que los afectados
puedan disponer de su dinero".
En este sentido, además de instar a la Defensora a nivel
estatal a que trasladase a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) la necesidad de investigar estos casos, este lunes Chamizo se
reunió con la secretaria general de Consumo de la Junta, Dolores Muñoz
Carrasco, quien a su vez le transmitió que la Administración andaluza
está iniciando acciones en este sentido.
Por último, tras proponer el Defensor un estudio sobre
posibles acciones "en el ámbito civil o penal" para atender los derechos
de las personas afectadas por estos productos financieros, Chamizo ha
apuntado que finalmente la Fiscalía General del Estado ha dado orden de
que se inicien.
En la reunión con el fiscal superior también se ha realizado
un repaso de los contactos que se mantienen con la red de fiscales de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente para preparar una próxima
reunión, se han abordado las actuaciones conjuntas con las fiscalías de
vigilancia penitenciaria, así como la Fiscalía de Menores, concretamente
para preparar intervenciones en las funciones de tutela y protección de
menores en centros de acogida y centros de reforma.
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