MURCIA.- Fernando Jiménez Sánchez (Almería, 1963) es Profesor Titular de Universidad en el área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia desde septiembre de 2003. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor-Miembro del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. Es también evaluador en el Programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, a propuesta del Ministerio de Justicia de España. En estos momentos dirige un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D+I titulado «El control de la integridad de los representantes públicos en España-I: La corrupción política asociada a la actividad urbanística (2009-2011)». Lo entrevista hoy el diario 'La Verdad'.
Marbella. Menorca. Lanzarote. Tres modelos de desarrollo urbanístico diferentes y tres modelos de corrupción diferentes. El primero de ellos, Marbella, máximo exponente de los abusos de poder por parte de los representantes públicos, con un partido, el GIL, que llegó a poner la ciudad entera a su servicio. El segundo, Menorca, ejemplo de crecimiento sostenible y de respeto medioambiental. Y, por último, Lanzarote, que lo tenía todo para convertirse en un paraíso (la declaración de Reserva de la Biosfera, la labor de la Fundación César Manrique...) y donde proliferan los atentados urbanísticos. ¿Qué distingue unos lugares de otros? ¿Por qué la corrupción campa a sus anchas en un sitio y no en otro? Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia y evaluador del programa GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) del Consejo de Europa, lleva años estudiando el fenómeno y tratando de hallar respuestas. Aquí ofrece algunas de ellas.
-¿Hay alguna fórmula para atajar los comportamientos desviados?
-La literatura sobre corrupción se dirige en último término a tratar de ofrecer respuestas prácticas. No hay una solución única, porque las causas de la corrupción son siempre complejas y la lucha debe abarcar un abanico amplio de medidas. Lo esencial es empezar por cortar el clima de impunidad. Cuando uno estudia los sumarios judiciales y escucha las conversaciones grabadas a los dirigentes de estas redes, te das cuenta de la absoluta sensación de impunidad que tienen.
-Habla, pues, de medidas policiales y judiciales...
-Sí, judiciales, procesales... Hay que mejorar mucho la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con medidas como dejar la instrucción de los casos a los fiscales, que creo que sería algo clave. El juez debe quedarse para garantizar el respeto de los derechos fundamentales. Pero las investigaciones deben ir orientadas a un fin, y eso debe hacerlo el fiscal, contando con más medios técnicos y humanos. Lo primero , insisto, es romper la sensación de impunidad, que es lo que ha hecho crecer la ola de la corrupción.
-Es que estos delitos, en un enorme porcentaje, salen gratis.
-Exacto. Eso hay que cortarlo de manera radical. Pero otro problema es que en España tenemos un clima social bastante particular, y en algunos territorios bastante preocupante, que es de tolerancia hacia la corrupción y hasta de emulación picaresca: 'Ya me gustaría estar a mí en ese cargo para hacer lo mismo'.
-Además se está dando la paradoja de que aquellos cargos públicos sospechosos de corrupción no sólo no acaban pagándolo en las urnas, sino que encima obtienen un mayor respaldo popular.
-El propio Jesús Gil tuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas. Las causas de esto son muy diversas. Muchos de estos corruptos establecen relaciones clientelares muy sólidas y el sindicato de beneficiarios de la corrupción suele ser muy amplio. Por ejemplo, Gil convirtió Marbella en el tercer ayuntamiento con más plantilla de personal de toda Andalucía: 3.500 familias vivían de eso. Lo cual, unido a políticas muy populistas, como sacar la prostitución del casco urbano, da buen resultado. Los corruptos que juegan bien a esto son muy populistas y eso les da una gran base social.
-Y si encima se le suma la justificación, por parte de muchos ciudadanos, de esos abusos de poder...
-Esa tolerancia tiene una razón muy a largo plazo, que se explica por nuestra reciente historia política, por nuestro enorme recelo hacia las instituciones públicas... Parece que lo público no sea nuestro.
-Es realmente curioso, porque nadie consentiría que en su casa o en su empresa alguien metiera la mano en la caja. Y, sin embargo, no preocupa en absoluto que se esquilmen las arcas públicas.
-Es que no las consideramos nuestras. Nunca nos hemos identificado con las instituciones públicas.
-Lo cual supone una diferencia brutal con otros países, como los del norte de Europa.
-Exacto. Los países nórdicos tienen una cultura política totalmente distinta. Está el protestantismo, la cultura de la responsabilidad individual, de la transparencia... Como miembro del GRECO, cuando hemos ido a hacer evaluaciones a estos países vemos que apenas tienen mecanismos contra la corrupción. ¡Pero es que no los han necesitado! Allí los funcionarios tienen un sentido de la ética pública y del interés general muy fuerte. Y los países anglosajones son los que más han desarrollado políticas anticorrupción; han tenido problemas, pero han puesto instrumentos para atajarlos. El que la hace la paga, vamos. Han reaccionado bien.
-Y, en cambio, los mediterráneos...
-...pues hemos tenido muchos problemas de corrupción y no hemos sacado lecciones de ello. Hemos hecho algunas cosas, como la reestructuración de la Fiscalía, que ha dado un giro importante y ha hecho aumentar exponencialmente las diligencias de investigación abiertas, incluso las condenas por corrupción.
-¿Pero no cree que responde más a la voluntad de algunos fiscales que a una política general de la Fiscalía? Porque la persecución de esos delitos varía mucho por zonas...
-Sí. Efectivamente. No hay dos provincias iguales. Aquí tenemos suerte de contar con un grupo de fiscales que se mueve mucho y que está muy bien valorado a nivel nacional.
-Y, sin embargo, está siendo la institución más castigada y con ataques más serios dirigidos a desacreditarla.
-Claro, porque es la que está moviendo el árbol. Por otro lado, esa estrategia para desacreditarla no es nada tonta; es eficaz. Y es así porque la valoración que los españoles tienen de la Justicia ya era muy mala de entrada. De ahí que si dejas caer que los fiscales o los jueces de instrucción no son imparciales, sino que están condicionados por alguien, eso cae en terreno abonado.
-¿No ocurre que la relación de muchos ciudadanos con los partidos políticos es de llevar puesta la camiseta, como si se tratara de un equipo de fútbol, y así se justifica todo lo que hagan: hemos perdido por el árbitro, han detenido a este alcalde porque el fiscal actúa condicionado...?
-La reacción del grupo mayoritario de votantes es propia..., no de 'hooligans', que sería un término excesivo, pero sí de hinchas. Es ahí donde calan esos mensajes, del tipo Cospedal o Trillo. Pero hay un porcentaje de personas con más capacidad de crítica y de distanciamiento.
-Este tipo de reacciones por parte de los partidos políticos, tratando de desacreditar la acción de las fuerzas de seguridad, de los fiscales, de los jueces..., ¿no supone estar minando los cimientos del Estado de Derecho? ¿No se está cuestionando la actuación de unas instituciones que son básicas para nuestro sistema democrático?
-Por supuesto. Absolutamente. Es una estrategia suicida, peligrosísima, para el sostenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Socava sus cimientos. Es peligrosísimo, insisto. Cuando un partido mayoritario dice sentirse maltratado por la Administración de Justicia, en este caso es el PP, pero que antes era el PSOE, con el 'caso Filesa', el que se decía perseguido..., eso es muy peligroso. Son ellos, como legisladores, los que tienen la mayor responsabilidad en que una institución como la Justicia funcione bien. Si están convencidos de que no funciona bien, que no hagan una campaña de ello, ya que supone un descrédito absoluto para nuestras instituciones; y, en segundo lugar, habrá que preguntarles por qué cuando gobernaron no pusieron las medidas para garantizar que fuera imparcial. ¡Es que todos han estado antes en el gobierno! Llevan una estrategia suicida y equivocada.
Responsabilidad política
-Estos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, ¿están sabiendo asumir sus responsabilidades política ante estos casos de corrupción?
-No todos están reaccionando igual; unos actúan un poco más, y otros un poco menos. Hay un problema general, que tiene un formato de dilema, y es que, si vas contra tus militantes, te puedes quedar sin partido en esa localidad: el alcalde expulsado forma su propio partido y acaba sacando mejores resultados. Por eso no se toman decisiones drásticas: no tanto por proteger a sus afiliados, sino por estrategia electoral. Y es que tenemos unos partidos que para existir necesitan tener el poder en las instituciones. Pero hay una última razón, que consiste en que en muchos de estos asuntos de corrupción ha acabado saliendo la financiación...
-...la financiación ilegal del propio partido, ¿verdad? Quería llegar ahí. Nos encontramos con militantes que están pidiendo dinero para su partido, que incluso son premiados con cargos públicos por esa labor recaudatoria, y a los que, claro está, difícilmente se les podrá convencer de que es lícito pedir dinero para el partido, y que no lo es pedirlo para ellos mismos.
-Este ha sido uno de los grandes problemas y de las grandes coartadas de la corrupción. La necesidad de contar con esas líneas irregulares de financiación ha llevado a desactivar mecanismos de control que existían. En gran medida, los escándalos de principios de los 90..., aunque el primero fue el de la adjudicación de los contratos de las basuras en Madrid, aquel caso de Alonso Puerta en 1982 o 1983, y luego el 'caso Flick'..., pues de ahí se pasó a escándalos como el de Juan Guerra, que causaron gran rechazo entre los propios militantes del PSOE porque se dieron cuenta de que se estaba quedando para sí mismo con el dinero. No se pueden hacer distinciones sobre si es más moral recaudar para el partido o para uno mismo. Es totalmente rechazable siempre.
-Pues seguimos sin aprender mucho al respecto, porque en los actuales casos de corrupción siguen estando presentes la financiación ilegal de los partidos y la 'financiación' personal.
-Efectivamente. Los circuitos que se crearon para financiar irregularmente a los partidos han ido haciéndose cada vez más autónomos y se ha ido compatibilizando la 'alimentación' del partido y la propia. Y se han llegado a dar redes totalmente autónomas, que aparentaban recaudar para el partido cuando en realidad lo hacían para esas propias personas.
-¿Está el urbanismo en la base de todos estos grandes escándalos?
-Casi todos giran en torno a la contratación administrativa y, más recientemente, en los años del 'boom' inmobiliario, entre 1995 y 2006, en torno al urbanismo, que es la gran fuente de corrupción.
Plusvalías millonarias
-Debe ser muy difícil sustraerse al hecho de que, por una simple decisión política, se generan unas plusvalías millonarias. Muchos de esos políticos pedirán 'su' parte.
-Las conversaciones de los sumarios de corrupción desvelan cómo el alcalde o los concejales, o redes de funcionarios, o redes mixtas..., plantean a los promotores que se están llevando muchos millones gracias a su decisión, y que algo deben repartir..., para el partido o para ellos.
-¿Por qué aparece tanto Murcia? ¿Por el empeño de los fiscales, porque hay más corrupción que en ningún otro sitio...?
-No sólo Murcia. También Comunidad Valenciana, Baleares, Costa del Sol, Canarias... Tenemos una de las mejores fiscalías y además compartimos muchas cosas con Alicante, la Costa del Sol... Y teníamos mucho territorio virgen y con un gran atractivo turístico. Creció mucho el parque de viviendas turísticas y por eso había más ocasiones para la corrupción.
-¿La corrupción responde a una crisis de valores?
-No exclusivamente. Por supuesto, los valores influyen en el comportamiento. La integridad debe venir puesta de casa, como me decía un alto cargo andaluz. Pero, por si acaso fallan los valores, deben existir instrumentos de control eficaces.
-Los mecanismos de control de los propios partidos...
-Eso es un desastre (se ríe).
-...¿se están aplicando?
-Se presentan medidas, y documentos, y decálogos hechos 'ad hoc', como estrategia electoral o política, pero nunca como aplicación real de un código moral o de conducta. Los códigos son de risa en el caso de los dos grandes partidos, y la aplicación a sus militantes es también de risa. No hay ningún órgano independiente que haga la investigación y decida si corresponde imponer una sanción; finalmente es la propia ejecutiva la que toma las decisiones. Hay un desprecio absoluto... Los partidos podían haber hecho mucho para atajar la corrupción, porque ese fenómeno va más allá del Código Penal. Por ejemplo, con los conflictos de interés y las incompatibilidades.
-El otro día decía el presidente del PP murciano, Ramón Luis valcárcel, que a la hora de exigir responsabilidades a los afiliados sospechosos de corrupción sólo se fiaba de su pálpito personal, de su olfato...
-Es ridículo. Eso es ridículo. Pero en estos casos no existen diferencias entre el PP y el PSOE. Hace un tiempo hice un estudio sobre los mecanismos internos de control de la integridad en el PSOE y en el PP y me costó horrores encontrar sus códigos de conducta. ¡Es que ni los tenían en su web, cuando tendría que ser su catecismo! Eso te da una idea de la voluntad real que tienen de erradicar esos comportamientos.
