SEVILLA.- Andalucía mantiene que el modelo actual de gestión del litoral es
"ineficiente, excesivamente centralizado y generador de conflicto
jurídico". Así lo ha trasladado la Junta, a través de la directora
general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Consejería
de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Carmen Jiménez Parrado, a los
representantes de las comunidades autónomas de Canarias, País Vasco,
Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares y Cataluña, en
el marco de la reunión interautonómica celebrada en Barcelona el pasado
martes.
Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota,
en el encuentro se ha confirmado el "amplio consenso existente" entre
autonomías para reformar el actual modelo de gestión del litoral y ha
servido para avanzar en la coordinación de una posición común ante la
"inminente" aprobación del nuevo Reglamento General de Costas.
En esta línea, la Administración autonómica ha insistido en la
necesidad de continuar reclamando al Estado "transparencia, lealtad
institucional y seguridad jurídica" en la modificación del marco
normativo del litoral.
Al respecto, se ha incidido en que Andalucía ha
pedido al Miteco "en varias ocasiones" la convocatoria de la Comisión
Mixta Paritaria Gobierno-Junta para abordar esta cuestión.
En
este sentido, la Junta ha sostenido que nos encontramos en una situación
de "bloqueo institucional" derivado de la "falta de diálogo" con el
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con
actuaciones unilaterales por parte del Estado y "sin que exista una
coordinación territorial".
En este sentido, cabe alertar de la "alta
inseguridad jurídica" que conlleva este escenario, con "numerosos
litigios y retrasos estructurales", así como de la "duplicidad
administrativa entre el Estado y las comunidades autónomas".
En este contexto, en la reunión se han identificado riesgos asociados a
la aprobación del nuevo Reglamento, entre ellos una posible
recentralización de competencias mediante el incremento de informes
estatales vinculantes, la paralización de proyectos estratégicos "por la
lentitud administrativa", la "pérdida de coherencia territorial en la
gestión del litoral" y el impacto sobre sectores productivos como la
pesca o la hostelería implantada en las zonas costeras.
Así
las cosas, el Gobierno andaluz ha valorado que las comunidades hayan
reafirmado la intención de definir una hoja de ruta compartida frente a
la futura reforma de la Ley de Costas, basada en la necesidad de mayor
autonomía efectiva en la gestión del litoral, la clarificación del
reparto competencial, la demanda de una normativa más flexible y
adaptada a las realidades territoriales y la defensa de una gestión
sostenible con capacidad de decisión propia.
Para el Ejecutivo
autonómico, "proteger mejor exige gestionar mejor", teniendo en cuenta
que la normativa vigente "no responde a los desafíos actuales, como la
erosión costera, que ya afectan a numerosos tramos del litoral andaluz".
En suma, la reunión se han acordado líneas de acción a corto, medio y
largo plazo, que incluyen la coordinación interautonómica, la solicitud
de una Conferencia Sectorial de Costas, el envío de comunicaciones
conjuntas al Ministerio y a instituciones europeas, la evaluación de
acciones jurídicas frente al Reglamento, el refuerzo de la presión
institucional y mediática, la implicación de ayuntamientos y sectores
económicos, y el impulso de una reforma integral de la Ley de Costas que
permita "un modelo más flexible, coherente y respetuoso con las
competencias autonómicas".
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