Delegación del Gobierno recuerda a la Junta que la reforma del Reglamento de Costas "no afecta solo" a Andalucía y se adapta a la UE

 SEVILLA.- El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido que la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas "afecta al conjunto del litoral español" y "no responde a una situación específica de Andalucía", misma vez que ha expresado que pretende "adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea".

Ello, tras las declaraciones realizadas este miércoles por la consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, quien lamentaba que el Gobierno de España haya decidido "mantener sin cambios" este proceso pese a las reclamaciones expresadas por Andalucía.

En una comunicación oficial a medios, Fernández ha mostrado su "sorpresa" por estas afirmaciones y ha remarcado que esta modificación del Reglamento General de Costas "afecta al conjunto del litoral español y no responde a una situación específica de Andalucía".

Además, ha incidido en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está "analizando todas las contribuciones recibidas" y "continuará con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma" al respecto del Proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas.

Asimismo, ha indicado que su objetivo es "adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea en materia de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para el desarrollo de actividades económicas".

"Se trata, por tanto, de una modificación de carácter estatal que establece un marco jurídico común para todo el litoral español", ha añadido.

Además, ha calificado de "llamativa" la advertencia de la consejera, que indicaba que "avanzar en una modificación reglamentaria sin atender estas cuestiones generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial".

Al respecto, ha señalado que la reforma "persigue precisamente lo contrario: reforzar la seguridad jurídica, garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva, en línea con los requerimientos trasladados por la Comisión Europea".

"La modificación del Reglamento General de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes. Del mismo modo, no altera el reparto de competencias entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas", ha incidido el responsable.

Por todo ello, ha achacado las declaraciones de la consejera a la "ya habitual y continua estrategia de confrontar con el Gobierno de España", misma vez que ha esgrimido que "la modificación no produce una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni altera de forma inmediata las condiciones en las que desarrollan su actividad".

Una vez entre en vigor, según Fernández, las concesiones podrán seguir otorgándose, pero deberán tramitarse conforme al marco jurídico previsto en la normativa estatal, adaptada a las exigencias del Derecho de la Unión Europea.

Cabe mencionar que Andalucía ha reiterado su petición de paralización inmediata de las reformas del Reglamento de Costas y del Real Decreto 79/2019, reclamando la consejera en funciones nuevamente la convocatoria urgente de un proceso de diálogo real que permita abordar una reforma integral de la Ley de Costas "con garantías de coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral".