SEVILLA.- La Junta de Andalucía solicitará en la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente que se celebra este miércoles 8 de julio la paralización
inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto que modifica el
Reglamento General de Costas, al entender que una reforma de esta
trascendencia exige un amplio consenso institucional y un escenario
previo de cooperación efectiva y seguridad jurídica que proyecte ante la
Comisión Europea una posición territorial cohesionada y no un escenario
de confrontación entre comunidades autónomas y Estado.
Según
ha detallado la Junta de Andalucía en una nota, la comunidad considera
incomprensible abordar una modificación del reglamento sin haber
realizado previamente una revisión integral de la Ley de Costas, y
recuerda que cualquier actualización normativa debe ser consensuada con
todas las comunidades autónomas con litoral, dado que estas reformas
inciden directamente en sus competencias, en actividades económicas
estratégicas, en sus modelos de gestión y en realidades territoriales
muy diversas.
En este contexto, el Gobierno andaluz ha
defendido que transformaciones de este alcance deben abordarse mediante
un proceso previo de diálogo, cooperación y concertación entre
administraciones.
Además, la Junta ha subrayado la necesidad de revisar
aspectos del actual modelo de gestión litoral, avanzar en la
simplificación administrativa --especialmente en las autorizaciones
temporales vinculadas a actividades y servicios de temporada--, reforzar
los mecanismos de cooperación inter-administrativa y abrir un debate
sobre la financiación asociada a la gestión del dominio público
marítimo-terrestre y los recursos necesarios para garantizar su adecuada
conservación y protección.
Asimismo, Andalucía solicita la
paralización inmediata de la tramitación del Proyecto de Real Decreto
que modifica el Real Decreto 79/2019, relativo al informe de
compatibilidad y a los criterios de compatibilidad con las estrategias
marinas, hasta que pueda abrirse un proceso efectivo de diálogo y
concertación con las comunidades autónomas afectadas que permita
analizar con rigor sus implicaciones jurídicas, competenciales,
ambientales y socioeconómicas.
En esta línea, la Junta ha
recordado que "la gran mayoría de comunidades autónomas coincidimos en
que cualquier reforma de la normativa estatal de costas debe sustentarse
en los principios de lealtad institucional, cogobernanza, participación
efectiva de los territorios afectados y respeto a las competencias
autonómicas, garantizando en todo momento la protección ambiental, la
seguridad jurídica y el desarrollo sostenible de las actividades
económicas vinculadas a la costa y al mar".
Así, ha indicado
que "ninguna de estas premisas se ha cumplido en la redacción y
tramitación del Proyecto de Real Decreto impulsado por el Gobierno de
España".
Por tanto, Andalucía considera que la participación autonómica
en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente debe ser real y efectiva,
especialmente cuando se abordan reformas que condicionan directamente el
ejercicio de competencias propias, ya que limitar estos debates a
simples exposiciones informativas vacía de contenido la función
cooperativa de la Conferencia y priva a los territorios de capacidad de
influencia en decisiones que afectan a sus procedimientos
administrativos y a su gestión del litoral.
Por otro lado, la
Junta ha manifestado que es "imprescindible" que el Estado incorpore a
la Comisión Europea las alegaciones de las comunidades autónomas en el
procedimiento de infracción abierto por la normativa estatal sobre
concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, dado que estas
administraciones gestionan actualmente los títulos afectados y no han
sido consultadas en dicho proceso.
Por último, el Gobierno
andaluz ha advertido que no puede avanzarse en una modificación
reglamentaria parcial mientras permanezcan inalteradas las disposiciones
legales señaladas por la Comisión, pues ello generaría inseguridad
jurídica y un marco normativo provisional.
La Junta estima, por tanto, que cualquier revisión del Reglamento General de Costas debe ir precedida de una reforma integral de la Ley de Costas que garantice coherencia normativa, respeto competencial y estabilidad en la gestión del litoral.
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