SEVILLA.- La Junta de Andalucía ha defendido la necesidad de que el Gobierno de
España suspenda la tramitación de las reformas del Reglamento General de
Costas y del Real Decreto 79/2019 sobre compatibilidad con las
estrategias marinas, hasta que exista "un proceso de diálogo leal,
transparente y con participación efectiva de las comunidades autónomas".
Así lo ha expuesto la Administración autonómica en una nota después
de que, en la tarde de este lunes, el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico haya rechazado incluir en el orden del
día de la reunión de la Comisión Sectorial de Medio Ambiente los dos
puntos relativos a la suspensión de la tramitación de ambas normativas, a
petición de la práctica totalidad de las comunidades con litoral.
En el escrito, dirigido a la vicepresidenta tercera del Gobierno y
ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara
Aagensen, ha pedido la paralización "inmediata" de los dos proyectos
normativos y la convocatoria, a la "mayor brevedad posible", de una
reunión específica de la Sectorial, para su análisis conjunto, de tal
manera que "se propicie un proceso basado en la lealtad institucional,
la cogobernanza y que garantice la seguridad jurídica", por lo que ha
insistido en la suspensión de la tramitación hasta que se haga efectivo
el mencionado proceso de diálogo.
La Junta ha recordado que,
en los últimos días, además de Andalucía, las comunidades de Galicia,
Cantabria, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y
Canarias han reiterado públicamente la "preocupación" conjunta por la
reforma del Reglamento General de Costas, denunciando "la ausencia de
consenso y el riesgo de invasión competencial".
Andalucía ha
considerado que, con el planteamiento que ha hecho el Ministerio, "se
pretenden limitar concesiones ya otorgadas, restringir nuevas
autorizaciones y alterar las reglas del juego con la partida iniciada".
Además, ha reivindicado que "no se puede abordar una reforma de tal calado sin escuchar a quienes gestionamos el litoral día a día".
"La
seguridad jurídica, la estabilidad normativa y la cooperación
institucional no son opcionales, sino que representan la base de una
buena gestión pública", ha apostillado.
Así las cosas, la
Junta ha reiterado que la modificación del Real Decreto 876/2014 afecta
directamente a competencias autonómicas ya asumidas o en proceso de
asunción por ocho comunidades litorales.
En este sentido, ha subrayado
que cualquier modificación del Reglamento General de Costas "conlleva
una evidente incidencia sobre el ámbito competencial autonómico y
requiere necesariamente de mecanismos de cooperación y participación,
algo que no se está produciendo en este momento".
En este
contexto, la Junta ha aclarado que "no cuestiona la necesidad de mejorar
la protección del litoral, pero sí el procedimiento seguido", toda vez
que ha manifestado que "proteger mejor exige gestionar mejor, y
gestionar mejor exige diálogo".
"No puede haber recentralización
encubierta ni decisiones unilaterales que generen inseguridad jurídica a
ciudadanos y sectores económicos", ha argumentado.
Del mismo
modo, el Gobierno andaluz ha expuesto que la reforma del Real Decreto
79/2019 sobre compatibilidad con las estrategias marinas "puede
condicionar de manera directa actuaciones autonómicas en puertos, pesca,
acuicultura, infraestructuras, ordenación del territorio y medio
ambiente".
Así, ha indicado que se trata de un mecanismo de control e
informe previo con capacidad para "condicionar el desarrollo de
numerosas actuaciones públicas y privadas".
La Junta ha
reivindicado que el medio marino es "un espacio compartido" y su gestión
"debe hacerse desde la cooperación, no desde la imposición", por lo que
ha exigido "rigor técnico, participación real y respeto al marco
competencial".
"Las comunidades autónomas estamos dispuestas a trabajar, aportar y mejorar la normativa, pero necesitamos un espacio real de diálogo", ha abundado.
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