"Seamos todos responsables y no utilicemos como arma política una sustancia prohibida y que está registrada en Europa como posible sustancia disruptora endocrina", han trasladado desde el Ministerio en un comunicado después de que, desde la Junta, se dirigiera un segundo escrito para reclamar soluciones fitosanitarias excepcionales.
Así, han recordado que la empresa titular de la sustancia activa notificó en abril de este año al Ministerio sus reservas sobre el spirotetramat ante su posible afección al sistema hormonal de los seres vivos y los riesgos asociados a "desarrollar ciertos tipos de cáncer, problemas reproductivos y neurológicos".
"El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no entra en polémicas estériles. La responsabilidad del Gobierno es proteger y garantizar una adecuada la sanidad vegetal, la salud de las personas y el medio ambiente", han incidido ante las continuas críticas por la falta de recursos ante una materia que, según han defendido desde el Gobierno andaluz y las filas 'populares', está autorizada en seis países de la UE.
Fue durante esta misma semana cuando la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural solicitó otra vez al Ministerio la autorización excepcional del spirotetramat, cuya anterior petición fue denegada el pasado 22 de octubre "pese a que esta sustancia ha sido autorizada en otros países de la Unión Europea".
Bajo consejo de los expertos consultados por la Junta, también se ha pedido autorizar spinetoram para facilitar el control sobre la plaga.
Desde el MAPA han manifestado, además, que en países como Turquía o La India, donde la sustancia está autorizada, la misma "no está dando los resultados esperados" en la lucha contra el insecto.
Asimismo, han asegurado que en España. durante las campañas en las que esta sustancia activa ha estado autorizada o en periodo de gracia, "la plaga no ha conseguido ser controlada, tal y como públicamente reconoce gran parte del sector".
El Ministerio se basa, en relación a este extremo, en que se han alegado "pérdidas por esta misma plaga en campañas anteriores, cuando el sprirotetramat, e incluso otra sustancia prohibida, el spinetoram, estaban autorizadas".
Respecto a la situación concreta del trips, desde el departamento que dirige Luis Planas creen que "hoy en día hay materias activas suficientes registradas en pimiento y, específicamente, contra esa plaga", aunque "existen dudas razonables sobre la eficacia de la lucha química por sí sola".
Recuerdan, asimismo, que en fechas recientes se ha autorizado el organismo de control biológico Franklinotrips megalops. cuyo desempeño contra la plaga "se considera fundamental".
"Hay alternativas que protegen la salud de las personas y también del agricultor", han aseverado.
Para el Ministerio, el manejo de la plaga debe enfocarse "en unas medidas correctas de gestión de restos de cultivo en combinación con el uso de organismos de control biológico registrados y de las sustancias químicas disponibles", ya que "la lucha química, por sí sola, se ha mostrado insuficiente en el medio plazo, tanto en España como en otros países".
Desde el Ministerio de Agricultura han insistido en seguir y mantener el protocolo aprobado por la Junta de Andalucía en abril de 2026 recogido en una resolución con medidas fitosanitarias voluntarias y obligatorias para manejar el Trips parvispinus en el cultivo del pimiento.
"Desde el punto de vista técnico son las medidas idóneas para manejar la plaga", han considerado pese a que, tras su entrada en vigor, la plaga se ha extendido a prácticamente el cien por cien de los cultivos, toda vez que ha obligado a arrancar unas 700 hectáreas de plantaciones de las 13.500 dedicadas en Almería a este producto.
En esta línea, creen que tanto el sector como las administraciones "deberían reflexionar sobre el grado de cumplimiento de estas medidas", ya que "la no aplicación de estas, aunque sea en una parte reducida de la superficie de cultivo de pimiento, supone la pérdida de la eficacia del conjunto de la estrategia y hace estéril el esfuerzo de la mayoría".
Al respecto, y conforme a los últimos datos facilitados por el Gobierno andaluz en el mes de octubre, la Administración autonómica ha realizado unas 922 inspecciones en el campo y ha impuesto 272 sanciones por prácticas contrarias a los protocolos e incumplimientos. Los expertos abogan ahora por medidas más severas, como un paro biológico en verano y nuevos controles desde primavera.
