QUITO.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
de Ecuador, ante el anuncio de recortes en la sanidad pública anunciada
en España, prepara un "Plan B" para apoyar a sus compatriotas que
puedan verse afectados con esa medida.
Así lo anunció anoche el presidente del directorio del IESS, Ramiro González,
al revelar que dicho plan supone la prestación de servicios sanitarios
de forma extraterritorial a ecuatorianos que se encuentren afiliados
voluntariamente a la institución.
"Estamos muy preocupados por la información" de recortes y por ello
"tenemos un Plan B" que se aplicará este mismo año en España, pero
también en Estados Unidos, explicó González.
Comunicó, en rueda de prensa, que el próximo 20 de mayo estará en
Nueva York para atender la situación de miles de sus compatriotas en
situación irregular en EEUU, que no pueden acceder a los servicios
sanitarios.
González dijo que del total de ecuatorianos residentes en EEUU, el 80
por ciento se encuentra en situación irregular y que sólo el 20 por
ciento tiene sus papeles en regla.
Lo contrario sucede en España, donde sólo un 20 por ciento de los
ecuatorianos que han emigrado hacia esa nación se encuentran en
situación irregular, estimó la autoridad.
Por ello, indicó, en EEUU se prevé alcanzar un convenio para crear el
"primer seguro que dé servicio de salud extraterritorialmente a los
afiliados voluntarios" del IESS que se encuentren en esa nación
norteamericana.
Esa misma estrategia se replicará "inmediatamente" en España, añadió
González, al recordar que Ecuador ya tiene un convenio suscrito con la
seguridad social española para la "portabilidad de pensiones", que
permite a una persona de cualquiera de estos países jubilarse
independientemente del lugar donde trabaje.
También la Embajada de Ecuador en España expresó su "profunda
preocupación" por los recortes anunciados por el Gobierno español en
materia de sanidad pública, que afectarán a "los inmigrantes más
vulnerables" y, entre ellos, a los ecuatorianos, la mayor colectividad
latinoamericana en el país ibérico.
En un comunicado, la sede diplomática recordó la decisión del
Ministerio español de Sanidad de que, a partir de ahora, para que un
inmigrante obtenga la tarjeta sanitaria no bastará con estar
empadronado, sino que se exigirá también su residencia fiscal.
"Ello implica que las personas que se encuentren en situación
irregular sólo podrán acceder a las urgencias, la maternidad y los
cuidados de los niños, que es la asistencia básica asegurada a cualquier
persona en este país", señaló la legación diplomática.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040
personas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que
el número de extranjeros en situación legal, es decir con permiso de
residencia en vigor, asciende a 5.251.094, según los datos del
Ministerio español de Empleo.
Así, la cifra de ciudadanos "sin papeles" que podrían verse afectados
por estos cambios asciende a 459.946, a falta de depurar posibles
duplicidades en las estadísticas, señala el comunicado de la Embajada
ecuatoriana.
La nota explica que la mayoría de los extranjeros en situación
irregular (306.477) son residentes de países pertenecientes a la Unión
Europea, por lo que no tienen obligación de inscribirse en el registro.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no comunitarios en
situación irregular que cumplen actualmente las condiciones para tener
tarjeta sanitaria.
Hasta ahora la ley establecía que los extranjeros que se encuentren
en España inscritos en el padrón del municipio en el que residan "tienen
derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones de los
españoles".
Los inmigrantes no empadronados, y por tanto en situación irregular,
tienen derecho a las urgencias, la maternidad y la atención infantil.
Con el recorte en los servicios sanitarios para los inmigrantes
irregulares, el Gobierno español explicó que aspira a ahorrar unos 500
millones de euros, indica el texto de la Embajada.
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