MADRID.- Los empresarios que defrauden a la Seguridad Social deberán devolver
íntegramente las cuotas para evitar responsabilidades penales, según
las modificaciones del Código Penal que introduce el nuevo Plan integral
de lucha contra el empleo irregular y el fraude en el ámbito laboral y
de la Seguridad Social, aprobado este viernes en Consejo de Ministros.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros,
la titular de Empleo, Fátima Báñez, ha resaltado que con este plan se
trata de evitar comportamientos "que atenten contra los derechos de los
trabajadores, así como situaciones de competencia desleal entre las
empresas".
En último término, ha señalado que el efecto más
importante del plan es evitar que la detracción de ingresos a la
Seguridad Social por el fraude "ponga en riesgo la sostenibilidad del
sistema", a lo que ha sumado que los ciudadanos que cumplen "ven con muy
malos ojos" las estas conductas irregulares.
En este sentido,
los objetivos fundamentales del plan serán el afloramiento de la
economía sumergida, evitar fraudes en el acceso a prestaciones públicas,
principalmente por desempleo, tratar de que todas las empresas den de
alta a sus trabajadores, evitar la obtención indebida de bonificaciones y
reducciones de cotizaciones empresariales o el disfrute en fraude de
ley de prestaciones en aquellos casos en los que se constituyan empresas
ficticias.
Báñez ha hecho hincapié en los cambios normativos que afectan al Código
Penal, que requerirán un anteproyecto de Ley Orgánica de modificación, y
ha destacado también la tipificación como delito del empleo simultáneo
de una pluralidad de trabajadores en situación irregular, para perseguir
los talleres clandestinos.
Asimismo, se pretende la
ampliación del periodo de prescripción de cinco a diez años en los
delitos más graves, como la creación de empresas 'fantasma' que simulan
relaciones laborales para obtener prestaciones públicas.
Por
otro lado, a través de un anteproyecto de Ley Ordinaria, se modificarán
también la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el
Estatuto de los Trabajadores.
En cuanto a éstas últimas normas,
se ampliará el periodo de investigación en supuestos de fraude
complejos de 9 a 18 meses y se extenderá a tres años el plazo para
exigir responsabilidad solidaria por incumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social en los supuestos de subcontratación. Asimismo,
se amplían las sanciones por impago de las cuotas de la Seguridad Social
hasta los 187.515 euros.
Además, el plan establece una serie
de medias complementarias para proteger a los trabajadores de más edad
frente al despido y promover la ampliación de la vida laboral.
Entre ellas se incluye que las empresas con beneficios de más de 100
trabajadores, y no de más de 500 trabajadores como hasta ahora, tengan
que hacer aportaciones al sistema cuando incluyan a trabajadores de más
de 50 años en despidos colectivos, o la prohibición de que los convenios
colectivos establezcan topes de edad de jubilación.
Otras de las medidas incluidas en el plan son un refuerzo de la
Inspección de Trabajo con 53 inspectores y 60 subinspectores, y una
mayor coordinación con la Inspección de la Seguridad Social y la Agencia
Tributaria, entre otras instancias.
En este punto, Báñez
resaltó también la importancia de la participación en el marco del
fraude de los colectivos del notariado y de los registradores de la
propiedad.
De esta forma, el Gobierno pretende realizar nuevas
campañas de inspección donde está están identificadas posibles bolsas de
fraude, así como realizar un seguimiento del empleo aflorado por la
inspección para evitar que vuelva a sumergirse.
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