MURCIA.- El Gobierno murciano ha anunciado hoy que está estudiando jurídicamente "con
mayor profundidad" el requerimiento del Ministerio de Educación y
Formación Profesional que insta a retirar el denominado 'pin parental', y
ha afirmado que tomará "medidas" para "reconducir" esta medida si se
agota el trámite previsto en la ley y, llegado el recurso de
inconstitucionalidad, se determina que no es legal, pero ha asegurado
que no se retractará por la aplicación de "un 155".
"Nosotros
tenemos el informe jurídico y de la inspección que dicen que la medida
es legal", ha defendido Celdrán. No obstante, ha señalado que el
Ejecutivo murciano va a hacer un informe "con mayor profundidad" y
tomará medidas para "reconducir" el 'pin parental' si así se determina
tras agotar todo el trámite que otorga "la ley de derecho".
En
concreto, ha recordado que este trámite permite que una parte "pueda
requerir a la otra; que la otra pueda contestar; y, si no hay acuerdo,
ir a una bilateral; y, si en la bilateral no hay acuerdo, ir a un
recurso de inconstitucionalidad; y, si en el recurso de
inconstitucionalidad se entiende, en ese caso se tomarán las medidas
para reconducirlo", ha reconocido.
"En
cualquier caso, creemos que tenemos todos los informes para que esto se
pueda aplicar con total normalidad" ha ratificado Celdrán en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por la
aplicación de esta medida.
También
se ha referido al hecho de que el Defensor del Pueblo haya pedido
información a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno murciano
sobre las instrucciones para el 'pin parental'.
En
este sentido, Celdrán ha considerado que "detrás de esta polémica no
está más que el intento de algunos colectivos, partidos políticos e,
incluso, del Gobierno de España de crear una cortina de humo que tape lo
que de verdad es grave y que está pasando en España contra la Región
de Murcia".
Ha defendido que
la autorización parental "garantiza la libertad de los padres a conocer
quienes pueden transmitir cualquier experiencia o información a sus
hijos en ámbitos concretos, fuera de la neutralidad que se le exige a un
docente". No obstante, ha insistido en que eso no significa que se
vayan a prohibir las charlas.
De
hecho, se ha mostrado convencido de que los padres darán la
autorización "en la inmensa mayoría de los casos", pero entiende que los
progenitores tienen algo que opinar "si hay un riesgo de falta de
neutralidad de un externo al docente".
En
cuanto a las movilizaciones convocadas para protestar contra la
aplicación de este 'pin parental', Celdrán ha reconocido que "todos
tenemos el derecho a manifestarnos dentro de la ley, a estar a favor o
en contra".
Sin embargo, a su juicio, "detrás de esta polémica se
esconde realmente una cortina de humo para que no se hable de la infrafinanciación que padece la Región y de
la modificación del sistema de financiación autonómica; o de que el
Gobierno central nos tiene con dos trasvases cero con un criterio
político y no técnico", según Celdrán, quien insta a "salir de esta
confrontación estéril" y quitar esas "cortinas de humo que nos tienen
entretenidos con temas que son menos importantes".
Ha
insistido en que el hecho de que exista una autorización expresa de los
padres para charlas impartidas por personal ajeno al docente "no quiere
decir que se esté prohibiendo nada" sino que los padres o el tutor
legal puede no dar su autorización "en los casos mínimos en los que
entiendan que puede haber una falta de neutralidad".
Al
ser preguntado por el hecho de que comunidades como Madrid y Andalucía,
gobernadas también por el PP, se nieguen a aplicar esta medida, Celdrán
ha destacado que "también ha habido otras iniciativas que se han
realizado en otras comunidades donde alguien ha sido el primero".
Al
ser preguntado por el hecho de que no hubiera ninguna queja sobre la
impartición de estas charlas hasta ahora, Celdrán ha recordado que esta
autorización expresa de los padres para actividades complementarias
impartidas por personal no docente "se está aplicando desde el mes de
septiembre, cuando se implantó la instrucción" y, en todos estos meses,
"no ha habido ningún problema".
"En
estos cinco meses que lleva aplicándose no ha habido manifestaciones,
no ha habido quejas, no ha habido intervenciones con requerimiento del
Estado", ha destacado Celdrán, quien ha insistido en que "el problema es
el interés que tiene una parte, especialmente política, y también de la
sociedad, de desestabilizar a una Comunidad que está gobernada por un
partido diferente al del Estado".
A su juicio, "alguien pretende tumbar
los Presupuestos" de la Comunidad para 2020.
Al
ser preguntado por si el Gobierno regional "duda", por ejemplo, de los
profesionales a los que está formando para impartir charlas de contenido
afectivo-sexual, Celdrán ha asegurado que en el Ejecutivo autonómico no
"dudan" de "absolutamente nadie" sino que se limitan a dar a los padres
"la libertad de dar su autorización" a que sus hijos asistan.
"Es
algo que ocurre también, por ejemplo, cuando nuestros hijos se van de
excursión a un teatro o centro de educación ambiental: nos llegan a los
padres con una autorización y la damos", ha señalado el consejero.
Celdrán
también ha negado tajantemente que esta medida pueda estar coartando el
derecho de los menores a recibir determinados contenidos, porque el
docente "tiene la obligación de dar los contenidos obligatorios que
vienen en el currículum, incluidos los de educación sexual o los de
evitar la drogodependencia" porque "tiene autonomía para dar esa
formación en el aula con neutralidad, porque es lo que le exige el ser
docente".
Ha puesto como
ejemplo la posibilidad de que la charla sea impartida por "un cazador o
un torero" que vaya al aula a contarle "los beneficios que tenga la caza
o lo importante que es el toreo como elemento cultural".
Ha defendido
que el Gobierno regional "simplemente está informando a los padres y
darles la posibilidad de poder elegir la asistencia a actividades
impartidas por personas ajenas al aula que no tienen exigencia de
neutralidad".
