La Junta estudia un proyecto para incrementar el reciclado de plásticos agrícolas en el Poniente

ALMERÍA.-   La delegada provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Sonia Rodríguez, ha mantenido una reunión con representates de la empresa Demplastic Reciclados SL, quienes han trasladado su intención de poner en marcha en El Ejido un proyecto para aumentar el reciclado de residuos plásticos procedentes de la agricultura mediante el uso de nuevas tecnologías y para fomentar el desarrollo local mediante nuevos empleos. 

   Según ha trasladado la Junta en una nota, la firma ya ha adquirido los activos de la planta de Denplax, que durante más de una década se ha dedicado al reciclado de plástico agrícola y de postconsumo procedente del contenedor amarillo gestionado por Ecoembes, y ha puesto en el mercado un producto denominado 'granza' que se usa como materia prima en la fabricación de nuevos productos de plástico.

   La empresa destinará una inversión de casi tres millones de euros a la modernización de las instalaciones, a la mejora de su eficiencia energética y a ampliar la actividad industrial con una nueva línea de negocio. La Junta ha señalado su compromiso con esta iniciativa, que prevé la creación de 29 puestos de trabajo directos, para estudiar posibles líneas de colaboración.  

   Entre las medidas previstas se incluyen la creación de un departamento de investigación sobre el tratamiento de desechos plásticos que aún no se reciclan o el autoconsumo de energía eléctrica procendente de paneles fotovoltaicos.

   Se calcula que la nueva planta procesará el reciclado mecánico de al menos 24.000 toneladas anuales de residuos plásticos. La delegada de Medio Ambiente ha ofrecido la "máxima colaboración institucional" en el desarrollo de este proyecto que "contribuirá a una mejor gestión de los residuos de sector agrícola que beneficia al propio sector y a la calidad medioambiental del municipio de El Ejido y la comarca del Poniente".

El TS prohíbe instalar cableado en las fachadas del conjunto histórico de Almería

ALMERÍA.- El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación de la empresa Cableuropa SAU contra una orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la que se desautorizó la instalación de cableado en las fachadas de los inmuebles que se encuentran en el Conjunto Histórico de Almería y se ordenó retirar todos los tendidos de cableado y armarios de registro ya instalados a fin de recuperar "el carácter y ambiente propio" de este espacio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). 

   La sentencia confirma el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y condena a la empresa al pago de 3.000 euros en costas. El recurrente señalaba que es competencia de los ayuntamientos autorizar directamente las obras que afecten a los conjuntos históricos cuando existe una figura de ordenación --en este caso, un Plan General de Ordenación Urbana-- según establece el artículo 20.3 de la Ley de Patrimonio Histórico Español.

   No obstante, en la sentencia recurrida la empresa de telecomunicaciones alegaba que el Ayuntamiento, que en su planeamiento prohíbe nuevos cableados por las fachadas de edificaciones, no puede impedir con carácter general "la ocupación del vuelo o subsuelo del dominio público municipal para la instalación de la red necesaria para la prestación de un servicio público de telecomunicaciones que tiene concedido" y para el que ambas partes firmaron un convenio de colaboración.

   Ante esto, el Alto Tribunal observa que se produce un "abandono" de los fundamentos iniciales por el recurrente para introducir "de manera novedosa" en su recurso de casación nuevos argumentos, con lo que no hace crítica de los fundamentos que han servido de base para la sentencia impugnada. En esta línea, desestima esta alegación ya que "contradice la exigencias del aducido carácter extraordinario del recurso de casación".

   En este mismo sentido, reitera la "improcedencia" de interponer "cuestiones nuevas" en su recurso, ya que la empresa recuerda que es la concesionaria del servicio público de telecomunicaciones por cable en Almería y que la normativa prevista en el PGOU "es una restricción absoluta" para trabajar en el casco histórico; si bien anteriormente solo planteó su condición de operadora "al efecto de discutir la competencia de la Consejería de Cultura para prohibir la instalación de cableado" y "no para deducir la ilegalidad de las normas del PGOU".

   Pese a ello, la sala de lo Contencioso-administrativo señala que la sentencia no afecta a la red de distribución sino "únicamente al acceso a las viviendas", de forma que éste debe hacerse de forma subterránea en el ámbito del Conjunto Histórico de Almería, sin la posibilidad de efectuarlo de manera aérea como de manera provisional se le permite para el resto del municipio.

   Por otro lado, califica de "irrazonable" el planteamiento de la sociedad anónima, que apunta que la Ley de Patrimonio Histórico no contempla la prohibición de instalar cableados en las fachadas y cubiertas de los conjuntos históricos --a diferencia de los jardines históricos y monumentos--, por lo que la norma que prohíbe este extremo en el PGOU de Almería "incurre en invalidez".

   Tal argumento es desestimado por el Tribunal Supremo, que se remite a la sentencia recurrida para exponer nuevamente que la Ley de Patrimonio establece que la declaración de conjunto histórico conlleva la obligación de un plan de protección en el que se determinan los usos, protección y rehabilitación, entre otras cuestiones en las que también se incluyen los "criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas".

Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones para tramo sur del Corredor Mediterráneo

MURCIA.-   La Asociación Ferrmed prevé una inversión de 10.000 millones de euros para la ejecución del sector sur del Corredor Mediterráneo, esto es, desde Algeciras hasta Alicante, con una rentabilidad de 677 millones que podría llegar a elevarse a 750 en función del tráfico ferroviario, lo que haría amortizar el capital invertido en un plazo de 15 años.

   Así lo ha hecho saber el secretario general de la asociación empresarial Ferrmed, Joan Amorós, tras mantener una reunión con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, a quien han presentado las conclusiones del estudio argumental y provisional sobre el sector sur del gran eje Ferrmed, es decir, el que transcurre desde Alicante a Algeciras.

   Amorós ha recordado que la parte sur del trayecto es una zona "estratégica" que, por no tener unas buenas conexiones ferroviarias, no puede explotar todo su potencial.

   Este estudio ha analizado los trazados de tres líneas nuevas, una primera que va de Monforte (Alicante) a Murcia y continúa hasta Lorca (Murcia) y Almendricos (Almería); una segunda línea que va desde Almendricos a Baza, Guadix y Granada, y una última que ya está en marcha, de alta velocidad y que va desde Alicante hasta Almería pasando por Murcia y que se da por estudiada.

   Asimismo, la asociación Ferrmed ha estudiado la línea de la costa en Andalucía, es decir, tener una alternativa a la línea del interior, por la costa, desde Almería a Motril y Málaga, entre otras localizaciones.

   Al ser preguntado por la posibilidad de que la Comisión Europea introduzca alguno de los tramos propuestos por Ferrmed, Amorós ha señalado que es una "historia que nunca acaba", pero ha manifestado que lo importante es tener en cuenta que se trata de un proyecto "rentable".

   En cualquier caso, ha señalado que la decisión final "depende mucho del Gobierno de España y, por eso, Ferrmed envió hace un mes a el documento a la ministra de Fomento, Ana Pastor, y ha pedido también a Valcárcel que apoye la inclusión del proyecto en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Vivienda que prepara el Ministerio".

   Si este Plan recoge la petición de Ferrmed, Amorós dice que "será mucho más fácil que la Comisión Europea apruebe el proyecto", probablemente, antes del final de año. No obstante, ha señalado que la Comisión "está muy a favor del Corredor Mediterráneo".

   Amorós ha señalado que el informe presentado a Valcárcel es un estudio previo que no examina todos los pormenores, pero que sí analiza los túneles que habría que hacer o los viaductos, por lo que las inversiones reflejadas son, a su juicio, "bastante fidedignas".

   En lo que respecta a la inversión prevista, Ferrmed no ha considerado los puestos de trabajo que se crearían ni el impacto en términos de PIB, porque sería más difícil de evaluar.

   La rentabilidad socioeconómica, evaluada en base al cambio de la carretera al ferrocarril y por tanto, el ahorro en energía y en mano de obra. Asimismo, ha tenido en cuenta el ahorro en tiempo y en costo al tener unas líneas y conexiones más cortas y eficientes, así como las consecuencias medioambientales.

   Las líneas, que están pensadas tanto para pasajeros como para pasajeros, arrojan en base a estos cálculos, una rentabilidad de 677 millones de euros al año, frente a una inversión de más de 10.000 euros, lo que considera que es "bastante bueno".

   Amorós ha señalado que Ferrmed también ha sido conservadora a la hora de calcular el tráfico ferroviario, que en España se sitúa actualmente en el cuatro por ciento. En el estudio se prevé el ocho por ciento, es decir, el doble, mientras que la media europea en el tráfico ferroviario de mercancías se sitúa en el 15 por ciento.

   El objetivo de este cálculo "conservador" es que la gente no pensara que esto no es una entelequia. De todas formas, si la cuota alcanzara la media europea, Amorós ha previsto que los 677 millones de retorno se elevarían a los 750 millones de euros.

   En todo caso, Amorós ha señalado que este estudio demuestra que el trazad sur del Corredor Mediterráneo "es rentable" y hay que ponerla en el mapa, así como la conexión del puerto de Cartagena con el centro de España pasando por Albacete de la forma más directamente posible.

   Y es que, según Amorós, el puerto de El Gorguel ofrece unas posibilidades de desarrollo "increíbles", porque será probablemente el puerto de mayor calado del Mediterráneo y admitirá portacontenedores enormes que no podrían acceder a otros puertos, y aunque muchas de las mercancías vayan a Europa, Cartagena "puede convertirse en un puerto significativo para Madrid".

   En este sentido, el estudio recoge la construcción de un tercer entre Murcia y Cartagena, para utilizar la línea de alta velocidad, aunque sea "de una forma precaria" para trasladar las mercancías hasta Alicante, utilizando a lo mejor dos locomotoras.

   Ha admitido que se puede discutir a Ferrmed las fechas y que, donde la asociación dice que la saturación tendrá lugar en 2015, a la hora de la verdad sea en 2017. En todo caso, el objetivo es que "esto se pinte en el mapa y se tenga en cuenta en las previsiones", ha añadido.

   Ferrmed está traduciendo el documento al inglés, y lo presentará en Bruselas en el que prevé contar con la presencia de Valcárcel como presidente del Comité de las Regiones (CDR), y también prevé presentarlo al Comité de Transportes del Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

   Sevilla ha señalado que este plan "recoge 10.000 millones de euros de inversión, lo que es una cantidad respetable pero muy adecuada al mundo ferroviario", mientras que la rentabilidad, calculada con patrones "conservadores", haría recuperar esa inversión "en 15 años".

   Sin embargo, el consejero manifiesta que estos cálculos no han tenido en cuenta "ni los avances que supondrían para el transporte, el sector agroalimentario e industrial", al tiempo que ha puesto en valor que esta infraestructura "daría servicio a 11 millones de residentes".

"Récord histórico" en la campaña hortícola de Almería con una producción de 3,1 millones de toneladas

ALMERÍA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha indicado este jueves que la campaña hortícola 2011-2012 en Almería ha batido un "récord histórico" en su producción ante las cifras con las que cuenta la Junta y que apuntan que se han alcanzado los 3,09 millones de toneladas de frutas y hortalizas, esto es, un 7,5 por ciento más que en la anterior campaña, y un valor comercial de 2.336 millones de euros, un 13,1 por ciento más que en el periodo anterior.

   En rueda de prensa, Planas ha valorado estos "positivos" datos a la vez que ha resaltado la "buena marcha" de las exportaciones, que se han incrementado en un 11,6 por ciento con respecto a la campaña anterior al enviar a otros países 1,78 millones de toneladas de frutas y hortalizas, lo que supone un incremento del valor comercial del 7,6 por ciento hasta los 1.608 millones de euros, según datos del ICEX. En este sentido, ha puntualizado que "se ha exportado más volumen a un precio algo inferior".  

   El titular andaluz de Agricultura ha alabado la "capacidad emprendedora" de los agricultores de Almería que hacen al sector "puntero en Andalucía y en España", de forma que aporta "riqueza y empleo" a la Comunidad Autónoma. Tal esa así que Almería es la primera provincia exportadora de frutas y hortalizas del país, de manera que cuatro de cada diez productos de este tipo proceden de la provincia andaluza.

   No obstante, ha reconocido que pese a que los datos invitan a ser optimistas, "hay agricultores que lo han pasado mal" y eso "no debería ocultar realidades concretas" al desconocer cómo se ha desenvuelto los márgenes comerciales en cada caso. Así, ha instado a trabajar conjuntamente para incrementar los precios en origen y fomentar la concentración de la oferta.

   La producción hortícola de la provincia ha generado un valor en origen de 1.623 millones de euros, un 7,6 por ciento más que la pasada campaña; y ha alcanzado la cifra más alta de superficie cultivada, con 48.676 hectáreas, un 5,3 por ciento más que en 2010-2011. La superficie de invernaderos, por su parte, se mantiene estable en unas 26.778 hectáreas, en las que se recolecta una media de casi 1,5 cosechas al año.

   Para el representante del Gobierno andaluz, aunque estos datos demuestran la "fortaleza" del sector hortofrutícola, que es el "motor económico de la provincia", y su capacidad de recuperación en momentos difíciles, "es necesario seguir avanzando en algunas cuestiones primordiales para garantizar la rentabilidad de los agricultores andaluces".

   Planas ha resaltado que el precio medio de los productos se ha mantenido en el mismo nivel de 2010-2011, es decir, por debajo de la media de las últimas campañas, por lo que ha insistido en la necesidad de seguir apostar por proyectos de concentración de oferta que permitan obtener una mayor rentabilidad a nuestros profesionales.

   "El Gobierno andaluz está trabajando para buscar alternativas y mecanismos que mejoren la situación motivada por la volatilidad de los precios y el desequilibrio entre los actores de la cadena agroalimentaria," ha asegurado Planas, quien ha recordado que ésta es una de las demandas andaluzas para que se tenga en cuenta en el futuro marco regulador de la Política Agrícola Común (PAC).

   Según ha detallado el consejero, el tomate y el calabacín han sido los productos que más han incrementado en valor, con un 22,7 por ciento más que la pasada campaña en el caso del tomate, que alcanza los 560 millones y un 61,8 por ciento en el calabacín, con 184 millones. En cuanto a superficie, se ha experimentado un aumento generalizado, principalmente en producciones como el calabacín --diez por ciento-- y la sandía --15,2 por ciento--, que ocupan ya 5.789 y 5.665 hectáreas respectivamente.  

   Esta tendencia al alza en el volumen de producción se ha experimentado también de manera global en otros cultivos almerienses, destacando sobre todo la berenjena, con 187.675 toneladas --un 22,5 por ciento más--; seguido del calabacín, con 354.156 toneladas --18,4 por ciento--; y la sandía, con 349.985 toneladas --16,9 por ciento--.

   Por su parte, la producción de pepino, que el pasado año se vio severamente afectada y arrastró a otros productos como consecuencia de la 'crisis de la E. coli', ha descendido ligeramente, un 3,4 por ciento menos hasta los 407.354 toneladas, lo que ha supuesto un 1,6 por ciento menos en su valor, hasta los 180 millones de euros.

ADIF concluye las obras de dos viaductos de la línea de Alta Velocidad con Murcia

ALMERÍA.- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha concluido las obras de los viaductos de Cadímar y de Baños de Alfaix, pertenecientes al tramo Vera-Los Gallardos, de la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tras la conclusión de las obras de estos viaductos de 31 y tres vanos respectivamente, se ha procedido a la realización de las correspondientes pruebas de carga, con resultado satisfactorio. 

   El tramo Vera-Los Gallardos, de 10,2 kilómetros de longitud, discurre por los municipios de Vera, Mojácar, Turre y Los Gallardos, en la provincia de Almería, y se encuentra en un grado de ejecución que ha superado el 93 por ciento, según señala ADIF en una nota.  

   Así, el viaducto de Cadimar, de 943,7 metros, servirá para salvar la rambla de Hornos, mientras que el viaducto de Baños de Alfaix, de 103,7 metros, permitirá transitar la rambla del mismo nombre. También se han construido y finalizado su ejecución ocho pasos superiores, con las respectivas pruebas de carga ya realizadas con éxito; tres pasos inferiores y el falso túnel Los Mojones de 275 metros de longitud, que sumados sus respectivos emboquilles alcanza los 315 metros.

   Una vez concluidas las obras de ingeniería en ambos viaductos se ha procedido a la realización de las correspondientes pruebas de carga. El objeto de estas pruebas es comprobar el comportamiento de las estructuras antes de su puesta en servicio, y la verificación de que los viaductos construidos se comportan de acuerdo con lo previsto en el modelo de cálculo empleado en el proyecto de cada estructura.

   Las pruebas de carga se realizan con la aplicación de sobrecargas mediante camiones cargados sobre los tableros de los viaductos. Para la prueba de carga estática se han empleado un total máximo de 18 camiones de cinco ejes y 38 toneladas de carga unitaria --en total 684 toneladas-- en los tramos hiperestáticos y de  nueve camiones de cinco ejes y 38 toneladas de carga unitaria --en total 342 toneladas--, según las diferentes hipótesis de carga recogidas en el proyecto de prueba de carga.

   La línea de Alta Velocidad Almería-Murcia, perteneciente al Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad, tiene una longitud aproximada de 184,4 kilómetros, sin contar los accesos a Murcia. De esta longitud total, 108 kilómetros discurren por la provincia de Almería y los 76,4 kilómetros restantes por la Comunidad Autónoma de Murcia. Está prevista la ejecución de dos estaciones intermedias en Lorca (Murcia) y Vera-Almanzora, así como la futura estación de Almería, dentro de las obras de integración ferroviaria en la ciudad.

El TC admite a trámite los recursos contra Andalucía y País Vasco sobre Sanidad

MADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos promovidos por el Gobierno contra el decreto de la Junta de Andalucía que recoge la subasta de fármacos y el decreto del Gobierno vasco aprobado para evitar la reforma sanitaria impulsada por el Ministerio de Sanidad.

   Con esta decisión queda suspendida la vigencia y aplicación de los Decretos desde el día 20 de julio de 2012, fecha de interposición del conflicto, según informan las dos providencias de admisión.

   En el caso del decreto andaluz, la Junta tendrá un plazo de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes. Del mismo modo, una vez trasladada la demanda al Gobierno Vasco, por conducto de su Presidente, se dará un plazo de veinte días para las pertinentes alegaciones.

   Por su parte, el Pleno insta, en el plazo de diez días, al abogado del Estado a aporta el preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Estos recursos eran acordados por el Gobierno el pasado 13 de julio en Consejo de Ministros.

   En cuanto al recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto andaluz, esta decisión se tomaba tras considerar que los preceptos que se cuestionan en ese decreto, del 13 de diciembre de 2011, vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.

   Mientras, la interposición de un conflicto positivo de competencia al Gobierno Vasco por su decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS), con el que esta comunidad pretendía evitar la reforma sanitaria impulsada por la ministra del ramo, Ana Mato, el objetivo del Gobierno central es garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible.

   El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público "para todas las personas que residan en el País Vasco", asegurando que estaban "amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera".

   En el caso de Andalucía esta decisión vuelve a suponer la suspensión del la subasta andaluza de fármacos, que este lunes volvía a estar vigente, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la decisión, el pasado jueves, del Pleno del Tribunal Constitucional de levantar la suspensión cautelar de cinco meses que pesaba desde abril sobre la resolución del Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) que validaba en la práctica la subasta pública de medicamentos en Andalucía, una medida de ahorro con la que el departamento del ramo esperaba ahorrar 40 millones de euros.

   Ahora, el pleno admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto-ley 3/2011, de 13 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, y que contiene dicha subasta.

   Esta decisión se pondrá en conocimiento del Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, por conducto de sus presidentes, para que puedan personarse en el proceso; asimismo, se ha acordado publicar la incoación del recurso en el BOE y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

   Respecto al conflicto positivo de competencia contra varios artículos del Decreto vasco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentaba que pretendía regular "cuestiones que corresponden únicamente al Estado" y vulneraba "la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias".

   Ahora, el TC debe comunicar la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el citado Decreto, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el artículo 61.2 LOTC. Del mismo moso, insta a publicar la incoación del conflicto en el BOE y en el Boletín Oficial del País Vasco.

Más de 200 organizaciones rechazarán el sábado la reforma de la Ley de Costas con acciones en playas de toda España

MADRID.- La plataforma 'No a nuestra costa', integrada por más de 200 organizaciones, realizará distintas actividades en playas de toda España para reivindicar la defensa del litoral y manifestar su rechazo a la modificación de la Ley de Costas, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio.

   Así, convocan el 'Día de Acción Global en defensa del litoral y contra la reforma de la Ley de Costas', durante el que realizarán embarques con ciudadanos, limpiezas de playas, performances y paseos en kayak para conocer los valores de la costa.

   Concretamente, las actividades se desarrollarán en playas como la del Palmeral (Almería), el Saler y la Malvarrosa (Valencia), Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz), Cala Blanca, Andratx (Mallorca), Marina de Cope (Murcia), El Médano (Tenerife), la Concha (San Sebastián); Barceloneta (Barcelona), Matalascañas (Huelva), Mataleñas (Santander), entre otras. Las actividades y playas donde se organizarán pueden consultarse en la página de Internet http://www.noanuestracosta.org/mapa

   La plataforma 'No a nuestra costa' se presentó el pasado mes de abril ante la reforma de la Ley de Costas anunciada por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a principios de año. La iniciativa surgió de las ONG Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF. Hasta la fecha, más de 200 organizaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, abogados, sindicatos, empresarios y cofradías de pescadores se han unido para reivindicar la protección del litoral, la vigencia de la actual Ley de Costas y que retroceda lo que pretende la norma.

Beyun: "La relación del Frente Polisario con España es buena, pero se necesita un paso más"

MADRID.- "La relación con el actual Gobierno de España es buena, pero se necesita un paso más para materializar la solución del conflicto", indicó el representante del Frente Polisario en España, Buchraya Beyun, en una entrevista publicada por El Heraldo de Aragon.

"A España le corresponde actuar porque jurídicamente es la potencia colonizadora y administradora del territorio", añadió Beyun.

El diplomático saharaui dijo tambien que España "debe defender ante Europa y a las Naciones Unidas que este conflicto está pendiente de una solución y que el pueblo saharaui tiene derecho a expresarse libremente en cuanto a su futuro".

"No deben limitarse a hacer declaraciones cuando se les pregunte, con eso no se avanza", insistió.

Igualmente, el Representante del Frente Polisario lamentó que a pesar de que la Unión Europea prohíbe la venta de armas a países que violan los derechos humanos, España ha estado haciéndolo todos estos años.

"Esas armas son usadas por las fuerzas de represión marroquíes para reprimir al pueblo saharaui. Desde el casco o el uniforme que llevan hasta las esposas que utilizan son españolas.  España debe convertirse en la referencia europea en este conflicto, pero, lamentablemente, en los últimos años ha estado a remolque de la posición francesa", precisó.

"El derecho internacional deja claro que España sigue siendo responsable mientras el proceso de descolonización no concluya. No pedimos que se ponga a favor del Frente Polisario o en contra de Marruecos; pedimos que se ponga del lado del respeto del derecho internacional", afirmó Beyun.

Buchraya Beyun subrayó que la paciencia se le agota sobre todo a los sectores más jóvenes y al ejército. "Los dirigentes siempre hemos tratado de imponer más paciencia, más esperanza y arrastrar todo el proceso hacia una solución pacífica".

"Ya han sido bloqueados tres procesos de intersolución: Marruecos no quiere aceptar hacer un referéndum porque el cuerpo electoral no le era afín", dijo.

"La solución definitiva debe ser la democrática, que los saharauis decidan. Si no hay referéndum, el alto el fuego pierde su sentido", afirmó Beyun, quien añadió que "la comunidad internacional intervino militarmente en Kósovo, en Bosnia, pero justifican no hacerlo en nuestro conflicto porque en el Sáhara no corre sangre. Nos están incitando volver a la guerra para lograr la intervención".

Para Beyun "España está llamada a liderar esa lucha por la vía democrática. No tiene por qué ser hoy, entendemos que la situación interna es muy complicada, pero sí en dos o tres años".

Aldeas enteras en Marruecos golpeadas por la crisis en España

TÁNGER.- Aldeas enteras del norte de Marruecos que dependían de las remesas enviadas por sus familiares en España sufren ahora las consecuencias de una crisis que para ellos ha significado el retorno a la precariedad.

Aiashi, un emigrante que se quedó sin trabajo en España, pasó de enviar remesas a tener que pedir a su mujer 130 euros para poder pagarse el viaje de regreso a Rehiyene, su aldea natal cercana a Larache (norte de Marruecos), y donde antes de la crisis el 70% de los ingresos de sus 2.500 habitantes procedían de lo que les mandaban sus familiares desde el otro lado del Mediterráneo.

"Ahora los que están aquí piensan en los que están en España y se les intenta mandar dinero", comenta en un perfecto español Mohamed El Failalih, de 23 años, que vive en Azuqueca de Henares (Guadalajara), y que ha vuelto a Marruecos para pasar el Ramadán.

Según el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME), la tasa de paro entre los marroquíes que se encuentran en España es del 50,7%, más del doble de la tasa general española, mientras que la población marroquí que no recibe ninguna clase de prestación oficial era de 133.000 personas en 2010, sobre un total de 780.000 emigrantes en territorio español.

"En Rehiyene, donde al menos 750 personas han emigrado a España en los últimos años (para trabajar principalmente en la construcción), la población gozaba de unas buenas condiciones de vida, pero hemos regresado a la pobreza", declara Mustafa Belerrouk, alcalde en esta aldea.

Mucha gente -añade Belerrouk- se encuentran en una situación similar en los dos municipios y 17 comunas de la provincia de Larache.

Antes de la crisis, con el dinero que recibían desde España (entre 150 y 300 euros mensuales por familia), los vecinos de Rehiyene construyeron casas, adecentaron la carretera que conduce a la aldea, mejoraron sus televisores y enviaron a sus adolescentes a las ciudades más cercanas para seguir su escolarización.

La CME señala que entre 2007 y 2010 el envío de remesas de España a Marruecos sufrió una caída del 33%. La única salida para muchos emigrantes ha sido la de volver a su tierra natal en la que, además de los eventuales trabajos en el mercado informal, el colchón familiar es básicamente lo que les permite permanecer a unos y a otros a flote.

En Rehiyene, donde algunas de las casas se han quedado a medio construir, los estudiantes que recorren a pie diariamente cinco kilómetros de distancia para ir a la escuela secundaria no pueden ahora continuar la enseñanza en el instituto porque, una vez secas las remesas, sus padres ya no disponen de medios económicos.

Los coches escasean, no hay dinero para gasolina, y el burro y el caballo representan para muchos el único medio de transporte para llegar al hospital de Larache, situado a 25 kilómetros de la aldea.

"¿Ambulancia?. Para cuando llega, la persona ya está muerta", comenta entre risas Fátima, mientras que su hijo apunta irónicamente que lo que sí tienen es un hombre en la aldea que "te saca las muelas y un centro de salud a cuatro kilómetros de distancia que cierra a las tres de la tarde".

Hipotecas, créditos que no pueden afrontar, sueldos sin cobrar, desestructuración del tejido familiar; en esta zona de Marruecos los dramas de sus emigrantes en España no terminan con su vuelta al terruño.

"Uno de los principales problemas es que muchas familias tienen a sus hijos escolarizados en colegios españoles y la vuelta a Marruecos, además de ser dolorosa, puede tener graves consecuencias en el desarrollo familiar", explica telefónicamente desde Sevilla, Said Bentrika, presidente de la Asociación por la Cooperación y Desarrollo con el Norte de Africa (CODENAF).

Bentrika afirma que "es muy difícil para un niño que empieza sus estudios en España ingresar en un colegio de un pueblo marroquí con un sistema y una lengua diferentes. El fracaso probablemente será de un 100%".

"Aquí un niño de 10 años en lugar de estudiar se tiene que buscar la vida. Da pena", dice El Failalih, mientras que Aiashi, que llegó en barco desde Algeciras con los 130 euros que le mandó su mujer, contesta rotundo que ahora España es cosa del pasado, pero volverá si la situación mejora.

La Junta admite "retrasos" en la tramitación de ayudas a agricultores

ALMERÍA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, dentro de su política de colaboración técnica y de interlocución con las organizaciones agrarias, trabaja desde hace varias semanas con representantes de dichas entidades con el fin de "analizar y buscar una solución a las ayudas al sector agrario pendientes de resolución", sobre las que ha admitido que hay "retrasos" en su tramitación. 

   En los encuentros mantenidos hasta ahora con interlocutores de las organizaciones agrarias, sin obviar el contexto de la situación económica y financiera, la Consejería ha explicado que ha dejado clara su disposición a hacer frente a sus responsabilidades y a buscar una solución, con el fin de colaborar con el sector agrario, según ha informado en una nota.

   Dentro de este escenario, ha anunciado que la próxima semana se mantendrá un nuevo encuentro con la junta directiva de COAG, quien este miércoles ha acusado a la Administración andaluza de mantener "bloqueado" un millón de euros en ayudas, para analizar ésta y otras cuestiones de interés para el sector.

   Así, la Consejería advierte pese a darse algunos "retrasos", en otros casos "no se puede hablar de demoras", ya que "hay líneas de financiación que siguen abiertas" y por tanto "no resueltas aún", y que otras ayudas "están pendientes de resolución por problemas o dudas en su tramitación o justificación".

   En este sentido, en Almería se han tramitado ayudas de la importancia de las medidas de carácter excepcional de apoyo al sector hortofrutícola puestas en marcha como consecuencia de la alarma sanitaria generada por la bacteria 'E. coli' por un total de 27,5 millones de euros o las ayudas al sector de frutas y hortalizas, que ascienden a 38,3 millones de euros, entre otras iniciativas de la Junta de Andalucía para apoyar al sector, según ha puntualizado.

COAG afirma que la Junta tiene "bloqueado" el pago de un millón de euros en ayudas a agricultores y ganaderos

ALMERÍA.- La organización agraria COAG ha señalado este miércoles que la Junta de Andalucía tiene "bloqueado" el pago de un millón de euros en ayudas para la incorporación y modernización de explotaciones que, a su vez, impide que agricultores y ganaderos almerienses reciban 21 millones de euros de otras administraciones.

   Según ha explicado la patronal agraria en una nota, los "impagos" de la Junta provocan que el sector agrario se encuentre "sin poder acceder a liquidez financiera". En este sentido, el secretario provincial de COAG en Almería, Andrés Góngora, ha señalado que este asunto será "punta de lanza y caballo de batalla" de la organización.

   Las deudas, que se remontan al año 2008 según se ha referido, corresponden a ayudas para la instalación de jóvenes, modernización de explotaciones, agroambientales, indemnizaciones compensatorias, ayuda nacional a los frutos de cáscara y ayudas a razas autóctonas en régimen extensivo.

   "El hecho de que la Junta no pague está haciendo que se bloqueen los pagos que tiene que hacer la Administración central y Bruselas al sector agrario almeriense, una cifra que en total asciende a cerca de 50 millones de euros", según ha estimado Góngora, quien ha recalcado que Almería es la provincia "que más jóvenes tiene en el sector agrícola" y este tipo de "impagos" está "cerrando la puerta" a su incorporación.

   Las cifras manejadas por COAG señalan en la actualidad, 4.440 explotaciones están en manos de personas mayores de 65 años y 2.039 las poseen menores de 35. Igualmente, el 8,9 por ciento del total de los titulares son menores de 35 años y el 42,9 por ciento está en manos de mayores de 55 años.

   El secretario provincial ha recordado que las ayudas que reciben son cofinanciadas por el agricultor o ganadero, quienes realizan inversiones para las que solicitan financiación bancaria. "Ahora el sector se encuentra sin poder hacer frente a los pagos por la incapacidad de gestionar que está teniendo la Junta de Andalucía", ha criticado.

   Asimismo, el secretario provincial de COAG Almería ha exigido al consejero de Agricultura "que tome en serio el sector agrario" y ha hecho constar el peso del sector de las frutas y hortalizas en la economía real, ya que en el último trimestre las exportaciones de las mismas se han incrementado en un 0,8 por ciento, según ha apuntado.

   COAG asegura que otras comunidades autónomas como Cataluña, Castilla León o Extremadura, entre otras, sí que han recibido sin ninguna objeción la partida correspondiente al Gobierno central, con lo que ha amenazado con iniciar protestas frente a la Delegación Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Almería si el problema no se resuelve.

La Junta rechaza recortes de personal en los aeropuertos andaluces

SEVILLA.- El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha defendido este miércoles la "rentabilidad social y económica" de los aeropuertos andaluces, al mismo tiempo que ha rechazado que "se estén produciendo recortes de personal" en algunas de estas instalaciones, además de apostar por la gestión pública de estas infraestructuras y reclamar que se optimice su uso "al máximo" con el objetivo de "incrementar su viabilidad".

   Según una nota de prensa de la Junta, Rodríguez ha propuesto, en respuesta al plan de reestructuración que ha presentado el Ministerio de Fomento para varios aeropuertos y helipuertos de la red que gestiona AENA, entre otras medidas, el traslado de algunos vuelos civiles y la aplicación de nuevos horarios en los aeródromos de menos de 500.000 pasajeros, lo que, en el caso de Andalucía, afecta a las instalaciones de Algeciras y Córdoba.

   Asimismo, el consejero de Turismo y Comercio ha afirmado que la reducción de horarios prevista por el Gobierno central y, por consiguiente, de las plantillas de trabajadores, supone un "debilitamiento de la vida de los aeropuertos", ya que son unas instalaciones que "no sólo son una infraestructura civil, sino que también suponen una arteria estructural de máxima importancia para la economía de Andalucía", ha apuntado.

   De esta manera, Rodríguez ha insistido en "la importancia" que tiene para la comunidad andaluza "la optimización y viabilidad de la red pública de aeropuertos por lo que supone para el desarrollo territorial, social, económico y turístico de Andalucía".

   En relación al aeropuerto de Córdoba, el consejero ha explicado que "no se trata de apostar por realizar ninguna obra nueva, pero sí de rentabilizar lo que ya se ha hecho, y lo que está claro es que con las medidas que se están poniendo en marcha no se va a contribuir a impulsar la viabilidad de estas infraestructuras sino al desmantelamiento progresivo para una posterior privatización de los recursos".  

   Las medidas a las que se refiere el consejero son que de los 31 trabajadores que tiene actualmente el aeropuerto de Córdoba se ha previsto que sólo continúen alrededor de siete, y de las 91 horas de operatividad se va a pasar a 42, pasando a tener la consideración de aeródromo, lo que hará que no se pueda desarrollar actividad de vuelos comerciales.

   Para finalizar, Rodríguez ha apostado por un plan de negocios y colaboración institucional del Gobierno andaluz y AENA, para que "las decisiones que adopte el ente público se enmarquen en los objetivos de operatividad económica, social y de cohesión territorial del gobierno andaluz".

   La red pública de aeropuertos andaluces supone "abrir puertas al futuro de Andalucía, ya que genera aspectos tan positivos como la creación de empleo, expectativas de crecimiento y por supuesto del turismo, entre otras", ha apostillado Rodríguez.

Chamizo pide que las administraciones "expropien" las VPO que no oferten los bancos

SEVILLA.- El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha presentado este miércoles una serie de medias como respuesta a las necesidades de vivienda con motivo de la crisis para intentar bajar el número de desahucios en Andalucía, entre las que se contempla su petición a la Consejería de Fomento y Vivienda de que las entidades bancarias hagan un inventario de sus viviendas de protección oficial, y "se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler". Y Si este inventario no se hace en unos plazos adecuados, que la Administración proceda a la expropiación de las mismas, porque las VPO "no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española". 

   Así, en rueda de prensa en la sede de la Defensoría, en la que ha lamentado que esta misma mañana se haya realizado un desahucio en el municipio malagueño de Cártama, donde se está dando una intervención "bastante brutal" de la Guardia Civil, un fenómeno al que "lamentablemente nos estamos acostumbrando", ha anunciado que se ha solicitado a Fomento y Vivienda que con todas las entidades bancarias de Andalucía se promueva la opción del Real Decreto 6/2012 del 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en cuyo artículo 3 "se le pide a los bancos ofertas de viviendas de protección oficial (VPO) como alquileres sociales a personas en el umbral de exclusión", aunque, matiz, "también pedimos que se aplique a aquellos que se encuentran en una situación de precariedad económica".

   Chamizo ha recordado que en el caso de las VPO "la legislación ordena que las personas tienen que residir en ellas", y si el titular no es una persona física, sino otro tipo de persona jurídica, "están obligados a destinarlas al alquiler", porque "no pueden estar vacías y cerradas". Por tanto, la Defensoría solicita que "en una plazo vinculante y concreto, los bancos realicen un inventario completo de todas sus viviendas de protección oficial, y se comprometan a ofertarlas en venta o alquiler a través de las webs de las entidades, o incluso mediante las webs de la comunidades autónomas o los ayuntamientos".

   En dicha información, continúa, "pedimos también que se hable de dónde están, en qué condiciones, o de los precios de las mismas". Además, aclara que las personas que quieran adquirirlas "deberán cumplir unos requisitos concretos", y también "pedimos que cuando esas persona puedan hacer frente a esas viviendas, se les facilite el préstamo", pero, matiza, los bancos "tienen la obligación de poner precios adecuados".

   "En el caso de que los bancos no cumplan, previa aprobación de la normativa del artículo 33 de la Constitución, vemos posibilidad a la expropiación, por incumplimiento de la acción social de la propiedad", continúa el Defensor, toda que apunta que "entendemos que se trata de un camino irreversible, y que por ello la Administración tiene que contemplar la expropiación, porque las VPO no pueden ser propiedad de los bancos, puesto que en dichas viviendas hay dinero que ha puesto la sociedad española".

   "No tememos que en Andalucía hay miles de viviendas de protección oficial cerradas, por eso pedimos un inventario rápido a los bancos, y si no se hace, la Administración puede expropiar, porque la vivienda tiene que cumplir su función social". "No se puede dejar este asunto a la buena voluntad sino que haya que legislar con más potencia, por eso hay que ir a la expropiación si no se cumplen los plazos", insiste Chamizo.

   Asimismo, Chamizo ha informado de que se ha remitido una queja de oficio e información a la Federación Andaluz de Municipios y Provincia para "que en pueblos y capitales de provincia de más de 50.000 habitantes se dé una intermediario para facilitar el entendimiento con los bancos por viviendas que puedan entrar en desahucio", una medida, afirma, que "se puede realizar sin grandes costos".

   Igualmente, ha informado de que a diario llegan al Defensor entre dos y cuatro quejas por este motivo, "pero éstas se ponen cuando llega el desahucio judicial, y ya no podemos intervenir". "Por ello, pedimos a la gente que en cuanto tenga la primera notificación, lo diga, para lo cual, a través de una queja, hemos pedido a los Colegios de Abogados la organización de un servicio de asistencia legal que atienda los asuntos que les deriven recursos sociales que conocen estos casos.

Zoido pide a Griñán que aclare si la Junta pedirá el fondo de liquidez

SEVILLA.- El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que aclare si la Administración andaluza pedirá el fondo de liquidez autonómica, al mismo tiempo que ha avisado de que no quiere ni pensar que que "la Junta tenga la tentación de coger el dinero con una mano y con la otra seguir agitando la confrontación".

   Durante su intervención en el debate general sobre el impacto e incidencias para Andalucía del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, Zoido ha reprochado a Griñán que sea la Administración andaluza la que "lidera el boicot contra las soluciones del Gobierno, en vez de apoyarlas", ya que "el Gobierno de Rajoy no ha maltratado a Andalucía" sino que "ha tomado medidas para seguir adelante".

   "Saben que hay vencimientos de la Junta que no han sido atendidos y la situación financiera de Andalucía es muy grave". En este punto, ha avisado que no quiere ni pensar en que "la Junta tenga la tentación de coger el dinero con una mano y con la otra seguir agitando la confrontación".

   Ante esta situación, el presidente del PP-A ha criticado que el propósito de diálogo y cooperación del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, escenificado en la reunión entre ambos el pasado lunes, haya "saltado por los aires" al seguir confrontando con el Gobierno e intentar "pescar en río revuelto".

   Zoido que, aún así ha vuelto a "tender la mano y los puentes necesarios para sacar adelante medidas entre todos", ha señalado que este debate podía haber sido "una oportunidad de oro para que los tres grupos parlamentarios formarán puntos de encuentro al renunciar de intereses partidistas", pero "lamentablemente el espíritud cooperativo y el propósito de lealtad, me ha dado la impresión, de que han saltado por los aires".

   En este sentido, ha señalado que este debate se forjó como "plataforma de confrontación" y, por tanto "no ha habido ni por IU ni por el PSOE un ápice de autocrítica ni una idea para el encuentro, salvo el pacto al final de la intervención de Griñán".

   Asimismo, ha afirmado que "el PSOE se ha heredado a si mismo" y si en 2009 Griñán hubiera tomado medidas para combatir la situación que padecemos, hoy estaríamos hablando de otras circunstancias, en un debate distinto".

 "Lamento que siga en la senda de irresponsable" que es la de "no decir la verdad a los españoles y los andaluces sobre la gravedad de la crisis y ocultar la verdad sobre las cuentas del Estado y Andalucía".

   Al hilo de esto, Zoido ha detallado "la situación de Andalucía que no han querido que se debata en el Parlamento" y ha detallado que "ahora sabemos" que a deuda de 2010 alcanzó los 25.000 millones, que en Andalucía el déficit en 2011 fue más de 4.700 millones, que el presupuesto tenía "previsiones falsas" y que la Junta cerró el ejercicio económico el pasado año un mes antes porque "no alcanzaba a pagar las deudas". Asimismo, ha indicado que la Junta "no paga a sus proveedores, unos impagos que afectan a multitud de colectivos, muchos de ellos prestando servicios públicos".

   De igual manera, Zoido ha apuntado que la Junta heredó una tasa de paro del 13 por ciento en la época de bonanza, pero "por sus políticas ante la crisis se ha llegado al 33 por ciento", y "sabemos que Griñán comenzó una reestructuración del sector público pero no la ha hecho más eficiente ni menos costosa".

   De igual manera, el presidente de los 'populares' andaluces ha advertido de que "Andalucía nunca llegó a estar preparada para afrontar la crisis" y ha criticado que, en momentos difíciles cuando "hay un Gobierno de España que actúa desde la responsabilidad y la verdad", ahora "buscan una tormenta, una confrontación para eludir y no asumir responsabilidades en Andalucía".

   De esta manera, ha acusado a la Junta de "remar en sentido contrario" para no resolver los problemas del día a día, al tiempo que "sí pretende pescar en río revuelto, incluso abriendo vías de agua en la nave que nos tiene que sacar de la crisis".

   En este sentido, ha pedido a la Administración andaluza que "no busque la confrontación, que es estéril" y ha considerado que este debate "no se debía de haber celebrado" y ha criticado que la Junta "nunca pidiera un debate para debatir las medidas del PSOE".

 "Eso se llama ser sectario y utilizar de manera perversa las instituciones", ha subrayado.

   "No fue el PSOE el que recortó las pensiones, bajo el sueldo a los funcionarios, subió el IVA en 2009, quitó la deducción por primera vivenda y ayudas a VPO, eliminó el cheque bebé. No fue el Gobierno del PSOE el que suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio. No fue el gobierno del PSOE el que dijo que España tenía el mejor sistema financiero", ha detallado.

   En este sentido, ha criticado que cuando "el PSOE las impuso usted las defendía porque eran buenas para España, pero ahora que las toma el PP las considera un ataque a Andalucía y montan este debate".

   Al respecto, Zoido ha reconocido que el PP ha tomado medidas que "no estaban en el programa y que no son de su agrado", si bien "entre aplicar el programa electoral o salvar a España, lo primero, lo urgente, es salvar a los ayuntamientos, a las comunidades y a España".

   Por otra parte, el presidente de los 'populares' andaluces ha considerado que lo que trae el PSOE esta tarde de miércoles al Parlamento es "un engaño" porque "se cambia un paga por otra pero se mantienen todos los recortes para los empleados públicos".

   Asimismo, ha criticado que la Junta utilice el malestar de los ciudadanos para "tapar el recorte" que está realizando cuando "hay margen para recortar en otros aspectos".

   Por último, ha reprochado que "cada vez que hay una situación complicada la Junta traiga otro plan de empleo".

 "Los anteriores no han dado resultados satisfactorios".

Inspectores de la Agencia Tributaria investigan la sede del grupo hotelero Citymar, en Roquetas

ALMERÍA.-   Inspectores de la Agencia Tributaria, apoyados por agentes de la Guardia Civil, han practicado un registro en la sede del grupo hotelero Citymar perteneciente al empresario catalán Miguel Rifá en el marco de la investigación que instruye el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería ante posibles delitos relacionados con el fraude y que se mantiene abierta. 

   Fuentes judiciales y de la investigación han confirmado que el caso se encuentra bajo secreto de sumario y que, entre las actuaciones practicadas hasta el momento, se incluye un registro efectuado este lunes en la sede social del grupo empresarial, si bien se estima que existen más sociedades mercantiles investigadas.

   En este sentido, dichas fuentes apuntan a que la investigación implicaría a varias personas, entre ellas otros empresarios que comparten sociedades con Rifá, si bien hasta el momento no hay detenidos ni imputados por la causa.

   Los inspectores y los agentes permanecieron en la sede del grupo hotelero, ubicada en Roquetas de Mar hasta últimas horas de la tarde, donde efectuaron un profundo registro en compañía del presidente de la sociedad.

Denuncian ante Fiscalía al alcalde de Fines por presunta prevaricación al construir una plaza

ALMERÍA.- Los miembros del grupo municipal del PSOE de Fines han registrado una denuncia ante la Fiscalía Provincial en la que solicitan que se abran diligencias contra el alcalde del municipio, Rodrigo Sánchez (PP), ante un presunto delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias por la construcción de una plaza en un espacio calificado para una zona verde y otra de equipamientos que, según denuncian, es utilizada por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza. 

   Según consta en la denuncia, el solar en el que se construye la obra, aprobada en pleno con los votos a favor de ocho miembros del PP y dos en contra del PSOE, corresponde según las Normas Subsidiarias del municipio a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.

   En su escrito, los denunciantes aseguran que la técnico municipal "refirió verbalmente que no existe ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo" mientras que, por su parte, un documento interno de la institución provincial --encargada de la financiación de la actuación-- reconoce que las obras contempladas "no se ajustan a las determinaciones del planeamiento vigente".

   Así, explican que tras paralizar las obras a requerimiento de la Diputación, posteriormente éstas se reanudaron "sin que se autorizara". Con esto, la denuncia ahonda en que la obra desarrollada "pasa a aprovechamiento privado para el uso de un restaurante contiguo" que pertenece a la hermana del regidor.

   En este sentido, señalan que la pared medianera del restaurante con la zona verde fue objeto de obras para crear cinco ventanas y una puerta mientras que en la que linda con la zona de equipamiento municipal se abrieron agujeros para salidas de aire y dos puertas, "todo ello no pudiendo haberse ejecutado y habiéndose permitido por el Ayuntamiento de Fines", sostienen.

   Ante esto, denuncian también que se realiza un uso de una "obra inacabada, vallada por el constructor y en la que se han colocado mesas, sillas y una alfombra verde de césped artificial". A todo esto, añaden que los tres locales contiguos a la zona verde tienen como administrador único al hermano del alcalde, si bien él mismo "también es socio", según indican, antes de referirse al "uso privativo" que se realiza de la plaza por parte de los negocios que ahí se ubican.

La Junta limita retribuciones de directivos y reduce vehículos oficiales

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un conjunto de medidas de ahorro de gastos y aumento de ingresos para dar cumplimiento al Plan de Reequilibrio Financiero, entre ellas, el establecimiento de topes para las retribuciones del personal directivo de las entidades del sector público y la reducción de la flota de vehículos asignados a los altos cargos de la administración, que pasarán de unos 200 actuales a entre 30 y 40, con un ahorro anual previsto de unos tres millones de euros. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha explicado que estas medidas se enmarcan en el compromiso de la Junta de cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento establecido para las comunidades. Las medidas aprobadas en este martes, según ha apuntado, no suponen alteración alguna en las cifras actuales del plan de ajuste, sino que representan el compromiso del Ejecutivo de seguir avanzando en el cumplimiento del mismo.  

   Las medidas se enmarcan en tres áreas: mejora de los ingresos; racionalización del gasto e intensificación de las labores de información de la Junta.  

   En el ámbito de la optimización de ingresos, la Consejería de Hacienda y Administración Pública desarrollará un plan de lucha contra el fraude fiscal e introducirá medidas para asegurar el máximo aprovechamiento de los fondos europeos, además de mejorar los mecanismos de remisión de información para facilitar el seguimiento de las medidas de ajuste.

   En este sentido, el acuerdo del Consejo de Gobierno dispone que la Agencia Tributaria de Andalucía elaborará, en el plazo de dos meses, un plan de lucha contra el fraude fiscal. Sus acciones, que posibilitarán una recaudación adicional de entre 15 y 20 millones, se centrarán especialmente en los impuestos de Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones, el control de la recaudación y el reintegro de subvenciones e ingresos derivados de procedimientos sancionadores.

   De igual modo, la Junta pondrá en marcha medidas para acelerar al máximo la recepción de fondos europeos. Con este fin se agilizará la ejecución de gastos cofinanciados y se mejorará la verificación y certificación de subvenciones y ayudas, con una previsión de asegurar la recepción 500 millones de euros este año.

   En cuanto a la reducción del gasto, en lo que se refiere al personal directivo de las entidades del sector público andaluz, las retribuciones íntegras de las personas con funciones ejecutivas de alto nivel o alta dirección (contando todos los conceptos dinerarios y en especie, salvo la antigüedad) no podrán superar, en cómputo anual, las siguientes equivalencias de la administración autonómica: personas titulares de viceconsejerías y asimiladas para aquellos altos cargos y directivos de entidades con más de 100 millones de euros de presupuesto o plantillas superiores a los 500 trabajadores; direcciones generales y asimiladas en el caso de entidades con más de 50 millones de euros o 50 trabajadores; subdirecciones o coordinaciones generales en relación a las de más de cinco millones de presupuesto o plantillas superiores a los 10 empleados, y jefaturas de servicio para las de dimensiones inferiores.

   El resto del personal directivo no sujeto a convenio colectivo en ningún caso podrá percibir una retribución íntegra anual superior a las que corresponden a las personas con funciones de máximo nivel en su entidad.

   Las dos medidas adoptadas en este ámbito supondrán un ahorro anual de 2,7 millones de euros, según ha expuesto Martínez Aguayo.

   Asimismo, en este mismo capítulo de reducción de gastos, la asignación de vehículos oficiales al servicio de altos cargos de la administración autonómica se limitará a las personas titulares de la Presidencia, las consejerías, las viceconsejerías, las delegaciones del Gobierno de la Junta y asimilados.

   El número de estos vehículos se reducirá a entre 30 y 40, frente los alrededor de 200 actuales, con un ahorro anual previsto de tres millones de euros. La consejera ha concretado que será un ahorro "indirecto" porque si los actuales vehículos salieran a la venta apenas tendrían valor en el mercado.

   No obstante, según la consejera, los centros directivos tanto centrales como periféricos seguirán disponiendo de la flota para atender incidencias y asegurar la cobertura de las necesidades del personal de la Junta.

   Otra medida de ahorro es la que se aplicará a través de la revisión de todos los contratos de arrendamiento de inmuebles suscritos tanto por consejerías como por entidades instrumentales y consorcios de la Administración autonómica. El objetivo es rebajar en un 25 por ciento la cuantía total destinada a estas operaciones.

   En cuanto a la intensificación de las labores de información de la Junta, cuando lo requiera la normativa de estabilidad, las consejerías y sus entidades estarán obligadas a elaborar planes económico-financieros en los que se especificarán las medidas de racionalización de gasto y optimización de ingresos.

   Estas medidas deberán ser coherentes con las previstas en el Plan Económico Financiero de la Junta y sus normas de desarrollo.

   Asimismo, se recoge la mejora de los mecanismos de remisión de información económica y financiera, tanto de las distintas entidades del sector público a la Consejería de Hacienda y Administración Pública como desde la Junta de Andalucía a la Administración General del Estado. En este último punto, se establece la centralización del envío de datos y se designa a la Intervención General como órgano competente para ello.

La Junta no tiene intención de recurrir al fondo de liquidez autonómico

SEVILLA.- La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha manifestado este martes que la Junta, "en estos momentos", no tiene intención de recurrir al fondo de liquidez autonómico creado por el Gobierno de la Nación. 

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera ha indicado que la Junta tiene operaciones en marcha en el mercado de la deuda, que si culminan razonablemente no se tendrá por qué acudir a dicho fondo. No obstante, ha indicado que sería muy presuntuoso por su parte, tal y como está el mercado financiero, hacer afirmaciones más rotundas.

   Para la consejera andaluza, sería muy razonable que el Gobierno de la Nación, en un momento en que hay una dificultad objetiva por parte de todas las administraciones para acudir al mercado de la deuda, planteara un mecanismo normalizado de auxilio a las comunidades autónomas para obtener liquidez, como tienen establecido países como Alemania.

   En cambio, ha indicado que encima de la mesa se ha puesto un mecanismo (el fondo de liquidez) que, tal y como se diseña, parece que lo que busca es "señalar a las comunidades como si fueran las culpables de no poder acudir al mercado de la deuda" e "invadir" sus competencias.

   Ha insistido en que la Junta no está de acuerdo con ello y que el Estado debería plantear un mecanismo "normalizado" en un momento en que hay dificultades objetivas para todas las comunidades.      

   Asimismo, Martínez Aguayo ha explicado que existe una autorización para que Andalucía pueda emitir unos 2.200 millones de euros y que parte se está colocando. Ha aludido a las dificultades que actualmente hay en el mercado de la deuda para que cualquier administración puede obtener liquidez en el mercado.

   Aguayo ha lamentado que, sin embargo, haya habido declaraciones continuas de responsables del Gobierno de la Nación poniendo en cuestión la solvencia de Andalucía, que tiene niveles de endeudamiento muy por debajo de la media de comunidades autónomas.

   "Nosotros no necesitamos ayuda, sino simplemente que se dé una imagen fiel de nuestra comunidad autónoma y no se siempre dudas sobre su solvencia", ha indicado la consejera, quien ha demandado también al Gobierno que aquellas autorizaciones que tiene preceptivamente que solicitar sean respondidas con la prontitud que requiere este asunto.

   Ha querido dejar claro que Andalucía es capaz todavía de ir a los mercados y obtener propuestas de endeudamiento y ha insistido en la necesidad de que las declaraciones del miembros del Gobierno o decisiones de éste no entorpezcan el camino de las comunidades en este aspecto.

El Gobierno habilitará una línea ICO de 266 millones de euros para empresas turísticas

PALMA.- El Gobierno habilitará una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 266 millones de euros, que irá destinada empresas turísticas, según ha anunciado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el Consolat de Mar, tras la firma de un convenio entre la Agencia de Turismo de Baleares (ATB) y el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

   En rueda de prensa tras reunirse con el presidente del Govern balear, José Ramón Bauzá, ha detallado que ésta se llevará este viernes al consejo de Ministros para su aprobación. La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho.

   La línea ICO "facilitará crédito blando a las empresas del sector hotelero, tanto alojamientos, empresas de restauración, o agencias de viajes", ha dicho. Según han afirmado desde el Gobierno, para acceder a la misma, las zonas de reconversión tendrán trato preferente.

   Soria ha firmado este martes el convenio de colaboración la ATB y (Turespaña), el cual permitirá el intercambio de información para la coordinación entre ambas instituciones y el fomento de la marca España, como paraguas para las autonomías.

   Por otra parte, el ministro ha reconocido que "cuando se pueda bajar el IVA, lo bajaremos ya que no está en nuestro ideario político" y ha admitido que se ha tenido que tomar esa decisión por "responsabilidad".

   "Al Gobierno no le gusta subir las tasas aéreas y las hemos subido, al Gobierno no le gusta subir el IVA y lo hemos subido" pero debe hacerse "por responsabilidad".

   Así, ha reincidido en que "toda la política económica está centrada en el cumplimiento del déficit público" porque --ha completado-- "mientras no se cumpla ese objetivo va a ser muy difícil que se restablezca la confianza en la economía".

   Durante su estancia en la capital balear, Soria ha participado en una reunión de trabajo en el Consolat de Mar, a la que han asistido el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, el consejero de Turismo y Deportes, Carlos Delgado, y, los presidentes de los consejos insulares, Maria Salom (Mallorca), Tadeo Florit (Menorca), Vicent Serra (Ibiza), y Jaume Ferrer (Formentera).

Unas nueve empresas optan a construir el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería

ALMERÍA.- Un total de nueve empresas se han presentado para llevar a cabo la construcción del Centro de Interpretación Patrimonial de Almería, según ha constatado la mesa de contratación, que ha procedido este lunes a la apertura del sobre B, de referencias técnicas. Tras comprobar que cada una de las propuestas cumplía con los requisitos, el siguiente paso será el estudio por parte de los servicios técnicos municipales que deberán emitir un informe. 

   Según informa el Consistorio en una nota, en las próximas semanas se realizará la apertura del sobre C, de ofertas económicas, y en breve se podrá conocer qué empresa es la adjudicataria para llevar a cabo este proyecto. Este Centro de Interpretación Patrimonial, que estará ubicado en la antigua 'Casa del Policía', en la Plaza Vieja, será ejecutado a través del Plan Urban, cofinanciado en un 70 por ciento por fondos Feder de la Unión Europea y en un 30 por ciento por el Ayuntamiento de Almería.

   El importe de licitación asciende a 609.961,19 euros y su plazo de ejecución ha quedado establecido en 12 meses. El Centro de Interpretación Patrimonial, destinado principalmente a la difusión del patrimonio de la ciudad, tendrá una superficie construida de 627,20 metros cuadrados y las obras comprenden la rehabilitación de la fachada y soportales del edificio existente, la construcción de un centro de nueva planta y la conexión con la recientemente inaugurada Casa Consistorial.

   El centro albergará una recepción-administración, sala de proyecciones y conferencias, salas de difusión, zonas de administración, aseos, almacenes, cuartos de residuos y otras instalaciones. El consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, ha explicado que "este nuevo equipamiento contribuirá a poner en valor nuestro patrimonio y a dinamizar el sector del turismo cultural, en un enclave singular de la ciudad, como es la Plaza Vieja y además será un edificio que se convertirá en un referente, con un modelo constructivo que combina la rehabilitación y la obra nueva, con criterios de modernidad, integración en el entorno, aportación a la ciudad y diseño bioclimático que contribuirá al ahorro energético en su construcción, uso y mantenimiento".