jueves, 28 de abril de 2011

Italia, Marruecos y Colombia son los principales suministradores de pescado y marisco a la provincia de Almería

ALMERÍA.- El pasado mes de febrero, las empresas almerienses de pescado y marisco exportaron 190 toneladas de producto, el doble que en el mismo mes del año 2010. En los dos primeros meses del año, el sector exportador de Almería ha realizado 43 operaciones comerciales con el envío de 516 toneladas, lo que representa un 326% más que en enero y febrero del ejercicio anterior, según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior.

El valor de estas ventas en los mercados extranjeros ha superado los 990.000 euros, casi un 12% más que en enero y febrero de 2009, según destaca el delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, Juan Deus.

Por el contrario, las importaciones de pescado y marisco se han reducido casi un 6%, con menos de 870.000 euros. Por su valor, las exportaciones de pescado se sitúan en el puesto 16 del sector exterior almeriense, en el que representan sólo un 0,2% del total de las exportaciones de la provincia, que en el acumulado hasta febrero ascienden a 521 millones de euros.

Italia es el principal cliente del pescado y el marisco de Almería. En los dos primeros meses de este año ha adquirido producto valorado en más de 502.000 euros, casi el 51% del total de las exportaciones. Los importadores italianos compran principalmente pez espada, atún y voraz (besugo de la pinta). El segundo mejor cliente es Portugal, mercado al que se envió el 22%, mientras que el tercero es Cabo Verde, con casi el 19%. Grecia, que es el cuarto destino importó el 8% restante.

Italia es también el principal proveedor de pescado y marisco de Almería. Entre enero y febrero las empresas almerienses compraron en dicho país producto valorado en casi 600.000 euros, prácticamente el 69% del total del pescado y el marisco importado. Marruecos es el segundo país que más pescado y marisco suministra a Almería (el 20), mientras que en Colombia se adquirió casi el 9%.

El Gobierno no ve "ningún riesgo" de suministro energético para España en las revueltas del Norte de África

MADRID.- El secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández, ha asegurado que la evolución de las revueltas políticas en los países del Norte de África no supone "ningún riesgo de suministro" para España, pese a su efecto "innegable" en los precios del crudo, y ha mostrado su confianza en que a medio plazo éstos muestren un comportamiento "más estable", según se vayan resolviendo las "incertidumbres". 

   Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Senado, Hernández ha explicado que se ha revisado el plan sobre situaciones de emergencia en aprovisionamiento de gas y petróleo, con el objeto de "prever todas las contingencias, aunque sean muy improbables".
   En este sentido, se han tenido en cuenta los "escenarios extremos de empeoramiento", en que la crisis afectara al tráfico marítimo en el Canal de Suez o se extendiera a países de los que España depende más a nivel energético, como Argelia.
   La conclusión de esta revisión, según Hernández, es que la diversificación de proveedores "reduce muchísimo" el riesgo de suministro para España, si bien el Gobierno tiene preparado el plan en caso de que esta situación cambie para poder activarlo "en cuanto sea necesario".
   En cualquier caso, ha admitido que España sigue siendo altamente dependiente del exterior, y la "inestabilidad" se traslada a nuestro país "con mayor o menor incidencia". En este sentido, ha admitido que junto a la situación geopolítica, el terremoto en Japón y el incidente en la central nuclear de Fukushima han añadido un factor de "inestabilidad adicional" en los precios del crudo.
   No obstante, ha mostrado su confianza en que estos "elementos coyunturales", se resuelvan "a medio plazo" de forma que los precios recuperen una evolución "más estable" desde los 124 dólares por barril actuales hasta los 80 ó 90 dólares en 2015, en línea con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía (AEIA).
   En cualquier caso, Hernández ha defendido la efectividad del plan de ahorro energético aprobado por el gobierno en marzo, con 20 medidas con las que espera ahorrar 2.300 millones de euros anuales y consumir 28,6 millones de barriles de petróleo menos.
   Precisamente, el ministro de Industria, Miguel Sebastián ha anunciado que la decisión del Gobierno de reducir de 120 a 110 kilómetros por hora la velocidad máxima en autopistas y autovías ha provocado un descenso del 7,9% en el consumo de carburantes en marzo y un ahorro de 94,2 millones de euros durante el mismo mes.
   El ministro dijo que estos resultados "llamativos" son "muy superiores a lo estimado" y, de consolidarse durante el ejercicio, procurarán un ahorro de 1.150 millones de euros. Además, reconoció que, aparte de la reducción de velocidad, a la caída del consumo ha contribuido también el alto precio de los combustibles.

'The Economist' considera "difícil" que España cumpla su objetivo de déficit por las CC.AA.

LONDRES.- El semanario británico 'The Economist' considera "difícil" que la "descentralizada España" pueda cumplir con su objetivo de reducir el déficit público hasta el 6% del PIB este año por culpa de las comunidades autónomas e incide en las consecuencias que podría tener en los "nerviosos mercados de deuda" que otras autonomías se sumen al rechazo catalán a aplicar los ajustes necesarios para reducir el déficit según los objetivos previstos. 

   En un artículo titulado 'Regiones para estar preocupados', The Economist recuerda que en España los 17 gobiernos autonómicos representan el 37% del gasto público del país.
   En este sentido, el semanario añade que el pasado año España se tambaleaba en el mismo borde del que se han caído Portugal, Grecia e Irlanda y que ha sólo ha conseguido dar un paso atrás gracias al recorte del déficit presupuestario, que superaba el 11% en 2009, llevado a cabo por el Gobierno.
   En concreto, el diario hace mención a la situación de Cataluña, una región "con una larga tradición separatista", pero en la que las últimas protestas de los ciudadanos tiene más que ver con la crisis del euro que con el movimiento independentista.
   Así, recalca que el pasado año Cataluña fue una de las regiones "más derrochadoras" y superó su objetivo de déficit en 2,4 puntos porcentuales. Sin embargo, incide que otras regiones lo hicieron incluso peor, como Castilla-La Mancha, que generó un déficit del 6,5%. "En general, el déficit de las comunidades ascendió al 2,83% del PIB, de un déficit nacional de 9,24%", añade.
   Además, subraya que desde Cataluña, el consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, advirtió de que el objetivo de déficit para este año requeriría un recorte del gasto del 20%, algo que ningún país puede hacer, y pidió más tiempo. Así, 'The Economist' remarca que Cataluña ha prometido reducir el gasto en un 10% y  dice que la comunidad representa la "rebelión".
   En su opinión, ahí radica el gran problema, porque si la región se niega a hacer más recortes, podría añadir un 0,25% del PIB al déficit español. ¿Y qué podrían pensar los nerviosos mercados de deuda si otras regiones se suman a una revuelta catalana", se pregunta.
   Al mismo tiempo, muestra su preocupación ante la posibilidad de que después de las elecciones autonómicas del 22 mayo ocurra como en Cataluña y se destape que otras comunidades tienen un mayor déficit del reconocido. "¿Hay algún gasto escondido? Hay pocas evidencias sólidas, pero muchas sospechas: el Gobierno está imponiendo ahora informes trimestrales", remarca.

Fuerzas de seguridad marroquíes, beneficiarias de las subidas en salarios y pensiones

RABAT.- Las Fuerzas Armadas Reales (FAR), la Gendarmería Real, las Fuerzas Auxiliares y la Protección Civil serán los principales beneficiarios del aumento de salarios y pensiones anunciado ayer miércoles por el Gobierno de Marruecos, según recoge el comunicado divulgado por la agencia de noticias marroquí, MAP.

   La decisión la ha tomado personalmente el rey Mohamed VI, como reflejo de su "benevolente interés" en "la mejora de la situación de todas las categorías sociales del pueblo marroquí, en particular de las familias de las FAR".
   En consecuencia, se trata de una especie de recompensa real por la "abnegación y fidelidad" de las fuerzas del orden en su "defensa de la integridad territorial, seguridad y estabilidad" del país.
   Esta medida se enmarca en el acuerdo verbal que el Gobierno, los principales sindicatos y la patronal alcanzaron el martes sobre la mejora de las condiciones de los trabajadores y funcionarios marroquíes, principalmente de las prestaciones sociales que reciben y de la protección legal y sindical de su trabajo.
   En el caso del sector público, los salarios de funcionarios, colectividades locales y trabajadores de establecimientos públicos experimentarán una subida de 600 dinares netos (algo más de 53 euros) a partir del 1 de mayo. Mientras que la pensión mínima pasará de 600 a 1.000 dinares (unos 87 euros).
   El sector privado registrará un aumento progresivo del 15 por ciento del salario mínimo en los sectores industrial, comercial, agrícola, forestal y de servicios, en dos etapas. La primera, a desarrollar a partir de julio de este año, supondrá un aumento del diez por ciento, mientras que la segunda, a partir de julio de 2012, abordará el cinco por ciento restante.

Los mercados ven de lejos el tema de la financiación autonómica

MADRID.- Mientras el Gobierno español se esfuerza por convencer a las autoridades regionales de que cumplir con la reducción del déficit fiscal es un objetivo compartido e incondicional, las Comunidades Autónomas exigen más fondos públicos entre la relativa indiferencia de los mercados. 
 
"Hoy por hoy, los mercados no se están fijando en el tema de la financiación autonómica. Ahora tienen otras preocupaciones más inmediatas como es la deuda griega y de cómo se vaya a resolver finalmente la reconversión del negocio de las cajas de ahorros en España", dijo el director de tesorería de una gran entidad financiera española que pidió el anonimato.
Sin embargo, la financiación regional, que hasta hace bien poco era un aspecto casi anecdótico de la realidad económica del país desde la óptica de los mercados financieros, se ha convertido desde el año pasado en un elemento a considerar por su potencial peligro para el conjunto de las cuentas públicas, aunque por ahora se observa con cierta distancia.
Mientras que los mercados no parecen cuestionar el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del Gobierno central español, sí temen desviaciones en las metas de déficit de las Comunidades Autónomas.
El ejecutivo español se ha comprometido con la Comisión Europea a reducir su elevado déficit público hasta el 3,0 por ciento del PIB en 2013 frente al 9,24 por ciento de 2010.
En el caso de las Comunidades Autónomas, tienen un tope de déficit fijado para este año y el próximo del 1,3 por ciento.
A la vista de que las Comunidades Autónomas manejan la mayor partida del gasto público con el 36 por ciento del gasto total, la idea comúnmente aceptada es que la disciplina fiscal de estas administraciones es vital para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios del país.
Por su parte, el Estado Central gestiona el 21 por ciento del gasto total, la Seguridad Social el 30 por ciento y las Corporaciones Locales el 13 por ciento.
"En un contexto electoral tan cercano y, si además se añade la posibilidad de que algunas CCAA cambien de gobierno, los inversores en bonos quieren saber sobre esto", dijo Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales.
El miércoles, el organismo público que trata sobre esta materia - el Consejo de Política Económica y Financiera (CPFF) - dio luz verde a los planes de reequilibrio financiero de nueve Comunidades Autónomas que implicará un descenso del déficit regional de 4.283 millones de euros en 2012.
"La tarea ahora mismo del CPFF es aportar información relevante y reducir los focos de incertidumbre", agregó Ontiveros.
Algunas de las Comunidades Autónomas, como Cataluña, especialmente significativa por su más voluminosa aportación al PIB nacional, dejó claro que si el Gobierno central no le ingresa este año 1.450 millones de euros a cuenta del fondo de competitividad podría no cumplir con su objetivo de déficit para 2011 del 1,3 por ciento.
Por su parte, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acuciado por sus propios problemas económicos derivados de la crisis, argumenta que con la nueva ley de financiación autonómica en la mano, este fondo no es pagadero hasta que se liquiden las cuentas del presente ejercicio.
Zapatero recordó a los ejecutivos regionales que el ejercicio de gobierno ocasionalmente obliga a tomar decisiones impopulares, como ya experimentó en mayo pasado su propio gabinete cuando se vio obligado a recortar el gasto para acelerar el rigor fiscal.
"La incertidumbre que planea es básicamente sobre el sistema de autonomías que está marcada sobre quiénes deciden el gasto y cómo se reparten los ingresos", expresó Sergi Jiménez, investigador de Fedea y profesor de la Universidad Pompeu Fabra.
Según Ontiveros, una buena fórmula para despejar incógnitas desde la perspectiva de los mercados en materia de financiación autonómica sería la pronta presentación y aprobación de los planes de reequilibrio de las regiones aún pendientes, entre ellas Cataluña.
La aprobación de estos planes permite a las autonomías emitir deuda nueva --no vinculada a vencimientos de deuda existente-- por un 0,65 por ciento del PIB de cada comunidad.
Existe consenso entre analistas en que en caso de despejarse las mayores incógnitas financieras que pesan sobre los mercados, éstos podrían dirigir el principal foco de su atención a la evolución de la financiación autonómica.
Además, también mencionaron la próxima cita electoral en España del 22 de mayo con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.
"En general, todo el mundo prefiere esperar al resultado electoral de mayo antes de tomar decisiones que afectan a sus inversiones", dijo el director de tesorería.
En este sentido, varios analistas señalaron que la hipótesis de cambios de Gobierno en algunas de los ayuntamientos y gobiernos regionales involucrados en los próximos comicios de mayo extreman la cautela inversora ante el temor al descubrimiento de eventuales desajustes contables.

Mohamed VI ordena una investigación por el atentado de Marrakech, con 16 muertos

RABAT.- El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas del atentado ocurrido este jueves contra una cafetería del centro de Marrakech, al tiempo que ha emplazado al Ministerio del Interior a abrir una investigación para determinar las causas y los responsables de "este lamentable incidente".

   A través de un comunicado de la Casa Real recogido por la agencia oficial de noticias MAP, Mohamed VI ha condenado la "explosión criminal" ocurrida en la cafetería 'Argana', en la plaza Jamaa Lafna.
   El monarca, que ha presidido el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio Real de Fez, ha dado instrucciones al Ministerio de Sanidad para que proporcione "todos los cuidados médicos y el apoyo humano necesarios a los heridos", a los que ha deseado una "rápida recuperación". A las "afligidas" familias de las víctimas, les ha transmitido "paciencia y consuelo".
   "El Rey también ha instruido a los ministros del Interior y de Justicia para que las autoridades competentes abran una investigación judicial por esta explosión criminal", menciona el comunicado. A estos ministros también les ha pedido que informen a la opinión pública "de las conclusiones de las investigaciones" con "celeridad y transparencia", en aras de "la preservación de la tranquilidad y seguridad de personas y bienes".
   La fiscalía de Marrakech ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este atentado que, según la MAP, ha provocado 16 muertos y 20 heridos de "diferentes nacionalidades".
Efectivamente, al menos 16 personas han fallecido este jueves en el atentado registrado en esa céntrica plaza de Marrakech, según un último balance divulgado por la televisión marroquí y en el que también se cifra en diez el número de extranjeros muertos, de los cuales seis son franceses.
   La televisión estatal 2M ha citado fuentes oficiales para asegurar que cinco marroquíes, seis franceses y otros cuatro extranjeros cuya nacionalidad no ha revelado figuran entre las víctimas mortales, informa Reuters.
   Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores galo, Bernard Valero, no ha podido "confirmar" que haya seis franceses entre las víctimas mortales. En este sentido, ha indicado en declaraciones a la emisora gala Europe 1 que se encuentran en fase de "verificación" de los datos y que el cónsul en Marrakech se ha puesto en contacto con las autoridades locales.
   Valero también ha adelantado que su Ministerio evalúa la situación con las autoridades de Marruecos "antes de modificar, si fuese el caso, los consejos a los viajeros" que quieran ir al país magrebí.
   La explosión, atribuida por el Gobierno de Marruecos a un atentado, ha tenido lugar en la cafetería 'Argana' de la plaza Jamaa Lafna. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer causas y circunstancias de este suceso.
   El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España no tiene constancia por el momento de que haya españoles entre los muertos y heridos que ha provocado el atentado perpetrado en la localidad turística marroquí de Marrakech, ha informado una portavoz del departamento que dirige Trinidad Jiménez.
   La portavoz ha señalado, "con toda la prudencia debida", que el Ministerio carece de indicios que apunten a la posible presencia de españoles entre las víctimas.
   El Consulado de España en Casablanca, del que depende Marrakech, se ha puesto en contacto con residentes y turistas españoles, que no le han trasladado ninguna información "alarmante" sobre la posible presencia de allegados en la zona del atentado, dirigido contra el café 'Argana' en la plaza central Jamaa Lafna.
   El Ministerio del Interior marroquí ha informado de que el atentado ha dejado al menos 16 muertos y 20 heridos "de diversas nacionalidades".
   Según datos del departamento que dirige Jiménez, 236.000 españoles visitaron Marruecos entre enero y febrero de 2011.

Un ataque con bomba mata a cinco agentes de seguridad argelinos

ARGEL.- Cinco agentes de seguridad locales han fallecido y cuatro más han resultado heridos como consecuencia de la explosión de una bomba en la localidad argelina de Oued Djemaa, en la wilaya de Ain Defla (norte), según han explicado fuentes oficiales consultadas por los medios locales.

   El atentado se produjo en torno a las 10.30 (hora local) y alrededor de las 13.30 los restos mortales de las víctimas y los heridos fueron trasladados al hospital de Jemis Miliana, informa 'El Watan'.
   Durante los últimos diez días, más de 25 miembros de las fuerzas de seguridad, entre militares y gendarmes, han sido asesinados en distintos ataques registrados en las zonas de Tizi Ouzou, Bouira y Boumerdès, según el portal 'Tout sur l'Algerie'. Los atentados han sido reivindicados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).

El PSOE denuncia que el candidato de IULV-CA en Pulpí está inhabilitado en sentencia firme por falsedad

PULPÍ.- El PSOE ha urgido a la Junta Electoral a que anule de la lista con la que IULV-CA concurre a la Alcaldía de Pulpí al candidato José Antonio Ramos al estar inhabilitado por una sentencia en firme que le condena a prisión por falsedad en documento público y ha pedido que de acreditarse que ha silenciado su situación judicial se dé al Ministerio Fiscal "cuenta de inmediato" para que adopte medidas por un posible delito de quebrantamiento de condena.

   La denuncia interpuesta este lunes ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Vera alega que el cabeza de lista de la coalición de izquierdas "no puede presentarse en forma alguna" por ningún partido político y señala que a Ramos Mellado le fue impuesta la pena de dos años de prisión e inhabilitación para el sufragio pasivo durante el tiempo que durase la condena, así como cuatro meses de multa por la comisión de un delito de denuncia falsa.
   Según detalla el escrito del PSOE,  el fallo dictado por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería en marzo de 2008 y ratificado en apelación por la Audiencia Provincial esta suspendido en ejecución por el plazo de tres años desde agosto de 2009 pero "solo en lo que se refiere a la medida privativa de libertad".
   Sostiene, así, que, "por contra y de forma obligatoria", el candidato de IULV-CA en Pulpí "venía y viene obligado, como pena accesoria, a su inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo, por lo que, en la actualidad --ahonda-- no puede concurrir de forma alguna a ningún proceso electoral".
   La denuncia contra Ramos Mellado, que el PSOE pide se resuelva de manera "urgente" ya que lo contrario "conllevaría unos gravísimos perjuicios para la función pública y una serie de responsabilidades que, desde luego no estaríamos dispuestos a soportar", pide, asimismo, a la JEZ de Vera que dé "cuenta inmediata" al Ministerio Fiscal si se acredita la comisión de un presunto delito de quebrantamiento de condena.
   En esta línea, traslada que podrían haber incurrido en algún tipo de ilícito penal al haber "silenciado dicha pena accesoria que le fue impuesta, ello también aparejado a otro supuesto delito de falsedad documental en el supuesto de que haya suscrito algún tipo de documento declarando que en la actualidad sus derechos civiles están indemnes", añade.
   Según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería por la que se declaró firme el fallo del juzgado de lo Penal, José Antonio Ramos denunció entre septiembre de 2004 y enero de 2005 en hasta tres ocasiones a un pub situado en la carretera A-350 de Pulpí y a su propietaria utilizando la identidad de otras personas cuya firma imitaba al tiempo que usaba copias compulsadas de sus DNI obtenidas de manera fraudulenta.
   El tribunal consideró acreditado que, además de la falsedad en documento público, el candidato de IULV-CA a la Alcaldía de Pulpí, quien concurrió en los pasados comicios bajo las siglas del PSA, incurrió en falsas denuncias ya que, pese a que contaba que se explotaba sexualmente a mujeres en situación irregular y se vendía cocaína, las investigaciones de la Guardia Civil y los expedientes administrativos incoados terminaron archivándose al no hallarse nada.

Las entidades locales tendrán que cerrar el año 2014 en equilibrio

MADRID.- Las entidades locales tendrán que reducir el déficit al 0,3% en 2012, al 0,2% en 2013 y cerrar el 2014 en equilibrio, tal y como han acordado los representantes de la Federación Española de Minicipios y Provincias (FEMP) y la Administración General del Estado en la Subcomisión de Régimen Económico, Financiero y Fiscal de la Comisión Nacional de Admnistración Local (CNAL). 
 
   La propuesta da continuidad a la estrategia iniciada el año pasado para acompasar los objetivos de estabilidad a la senda de reducción del déficit contemplada en el Acuerdo Marco de la CNAL sobre sostenibilidad de las finanzas públicas.
   Durante el encuentro celebrado en el Ministerio de Economía, los representantes de la FEMP han reiterado el "firme compromiso" de los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares respecto al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, reducción del déficit y sostenibilidad de las finanzas públicas.
   Además, se ha acordado que las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% de sus ingresos no financieros como consecuencia de la liquidación de sus presupuestos de 2010 estén exentas de la obligación de presentar un plan económico-financiero de reequilibrio.
   La exención, aprobada con carácter excepcional para conciliar los objetivos de la normativa de estabilidad con la valoración de la situación económica, es sólo aplicable a las entidades locales cuyo déficit no sea superior al 0,4% del PIB fijado dentro de la senda de consolidación fiscal para 2010.
   Para su aplicación, este porcentaje se debe transformar en el 5,53% de los ingresos no financieros de cada entidad local. De este modo, las entidades locales que presenten un déficit inferior al 5,53% estarán exentas de la obligación de presentar planes económico-financieros de reequilibrio.

Las cajas andaluzas registran pérdidas de 912,6 millones en 2010

SEVILLA.- Las cajas de ahorros andaluzas --Unicaja, Cajasol, CajaSur y CajaGranada-- registraron en conjunto pérdidas de 912,6 millones de euros en 2010, lastradas principalmente por el resultado negativo de CajaSur, que perdió 1.139,8 millones.

   Estas cifras suponen multiplicar por cuatro en relación con el año anterior, toda vez que en 2009 el conjunto de cajas andaluzas registraron unas resultado negativo de 192,6 millones de euros.
   De esta forma, según datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), correspondientes a las cuentas de pérdidas y ganancias (con datos no consolidados), recogidos por Europa Press, a cierre de 2010 todas las cajas andaluzas registraron resultados positivos excepto la caja cordobesa, que registró unas pérdidas de 1.139 millones de euros, frente a las pérdidas de 596 millones obtenidas en 2009, lo que supone el doble de resultado negativo.
   En cuanto al resto de cajas, según el balance público de pérdidas y ganancias, Unicaja sumó en 2010 --Unicaja más Caja de Jaén-- un resultado del ejercicio de 142,4 millones, lo que supone un descenso del 46,5 por ciento; Cajasol --sumando Cajasol y Caja Guadalajara-- sumó el pasado año un resultado de 61,9 millones, un 40,6 por ciento menos que en 2009; CajaGranada registró un resultado del ejercicio de 22,8 millones, un 30 por ciento menos que en 2009.
   Asimismo, analizando el balance de pérdidas y ganancias consolidado de CECA, donde sólo aparecen Unicaja y CajaSur, en el caso de la entidad cordobesa, en 2010 registró un beneficio neto consolidado negativo, con pérdidas de 1.139 millones de euros, frente a las pérdidas de 596,2 millones registradas en 2009.
   En cuanto a Unicaja, el beneficio neto atribuido asciende a 151,2 millones, un 27 por ciento menos que en 2009, cuando se registró, sumando Unicaja y Caja de Jaén, un beneficio neto atribuido de 207,3 millones.

miércoles, 27 de abril de 2011

La crisis amenaza con acabar de un tajo con nuestras administraciones públicas más onerosas e inútiles


MADRID.- Las 41 diputaciones provinciales, 3 diputaciones forales, 4 consejos y 7 cabildos insulares cuestan 22.000 millones de euros al año y, al cierre de 2009, acumulaban una deuda de 5.825 millones. Un saldo difícilmente justificable si se tiene en cuenta que sus funciones están prácticamente absorbidas por las comunidades autónomas (CCAA) y los grandes municipios, a juicio de www.lainformacion.com

En enero, el ex presidente del Gobierno Felipe González apostó por su supresión después de calificarlas de “redundantes”. Antes, en junio de 2010, el ministro de Fomento José Blanco se preguntaba para qué sirven y ayer mismo, el Círculo de Empresarios hurgaba en la herida apostando porque las pocas competencias de estas instituciones sean asumidadas por las CCAA.

¿A qué se reducen estas competencias? Fundamentalmente al ámbito cultural, ya que las tradicionales como la sanidad o la gestión de carreteras han quedado reducidas a la mínima expresión.

Pero el gran problema es que su coste anual es de 6.871 millones de euros en el caso de las diputaciones provinciales y la friolera de 15.082 millones en las tres diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, según datos de 2009.

Es decir, 21.953 millones para unos entes que apenas prestan servicios a unos ciudadanos que apenas conocen a qué se dedican. De hecho, más de la mitad de sus presupuestos los dedican a sufragar los costes de personal.

Las diputaciones son la cara más llamativa del recortable en el que el Circulo ha convertido las administraciones territoriales españolas: la tijera debe actuar sin piedad para reducir el número de ayuntamientos, deben dejar de financiarse televisiones públicas y universidades ruinosas por la cercanía entre unas y otras y poner fin a la proliferación de empresas públicas –más de 2.400- que dependen de las autonomías.

¿Están justificadas estas medidas? Las cifras son elocuentes y demuestran que la situación actual es insostenible. Estas son las denuncias y propuestas del Círculo para mejorar la salud financiera de las administraciones territoriales.

-Menos ayuntamientos. No sólo sobran diputaciones provinciales: España cuenta con 8.114 municipios, de los que un 60% tiene menos de 1.000 habitantes. El Círculo no pone cifras, pero hace referencia a los poco más de 5.000 de Alemania, la primera economía de Europa.

Si España eliminara los municipios con menos de 500 habitantes quedarían 4.313. Una cifra también en línea con la otra gran locomotora europea, Francia. Los municipios, que ya superan al Estado en número de funcionarios, tenían al cierre de 2009 una deuda acumulada de 28.700 millones de euros.

-Empresas públicas. El Círculo denuncia que se está produciendo "una réplica autonómica del sistema estatal de empresas públicas”. Según los últimos datos de la Intervención General del Estado, las autonomías tienen 2.386 entes públicos.

La cifra ha crecido un 10% desde que empezó la crisis, con Cataluña –la comunidad donde más ha crecido la deuda desde 2006 y que acaba de anunciar el recorte de 1.000 empleados públicos- a la cabeza.

-Las sanciones, a las CCAA. La propuesta defiende la creación de un mecanismo sancionador para las entidades que no cumplen las reglas fiscales. Ahora, las sanciones que aplica Europa recaen sólo sobre la Administración Central.

Además, el Círculo demanda un compromiso de transparencia fiscal para controlar la actividad de las autonomías. En estos momentos, sólo seis informan de manera completa y periódica sobre su ejecución presupuestaria.

-Directivos profesionales. El informe cree que es “muy conveniente” que los gestores públicos sean directivos profesionales. Esta figura ya se reconoce en el Estatuto Básico del Empleado Público, que fue aprobado en 2007. Sin embargo, está figura apenas se ha desarrollado a la espera de una nueva Ley de la Función Pública.

Esta figura casi ni existe en las comunidades autonómicas y locales españoles, dominadas abrumadoramente por los políticos.

González Pons proclama el "enorme fracaso" de todos los políticos "sin excepción"


VALLADOLID.- El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha proclamado esta tarde en Valladolid el "enorme fracaso" de todas las políticas y políticos, "sin excepción", a la luz de un informe de la OCDE sobre estrategias de familia en España conocido durante esta jornada. 

La falta de guarderías suficientes fuera del horario escolar y la elevada tasa de niños que viven en familias abocadas a la pobreza -el doble que la media de la OCDE-, "demuestran que no hemos acertado y que hemos fracasado como políticos, da igual lo que luego digan las publicaciones oficiales", ha reflexionado González Pons.
"La España real cada vez está más alejada de la oficial. Los anuncios de la radio y la televisión nada tiene que ver con lo que se vive en la casa de cada uno, donde los abuelos vuelven a ejercer como padres, ahora de sus nietos, y la tasa de natalidad es muy baja", ha añadido el vicesecretario general de Comunicación del PP.
Por todo ello ha invitado a la clase política a "bajarse de la España oficial" y acudir "a la real", especialmente ahora y ante una inminente campaña electoral donde los ciudadanos "nos van a pedir que nos centremos en sus problemas reales y no en insultos", en la falta de empleo y de cobertura sanitaria, ha puesto como ejemplos.
"Este informe de la OCDE nos pone a los políticos en la oportunidad de afrontar una campaña electoral constructiva y propositiva, sobre las cosas que de verdad importan a los a los ciudadanos", ha considerado durante una rueda de prensa previa a su participación en un acto público de presentación de los candidatos del PP de Valladolid.
En la misma línea de regeneracionismo político, ha incidido en la necesidad de que ningún representante público "gaste más de lo que ingrese" y de que "gane lo menos posible", y expresado su convencimiento, con motivo del Consejo de Política Fiscal reunido hoy, de que el futuro de España "pasa por la resolución del futuro de la financiación municipal".
Ante la próxima campaña electoral, González Pons ha detectado cómo la ciudadanía "está pidiendo a gritos un cambio".

La nueva estructura administrativa del agua mejora la información y participación pública en la gestión del recurso

SEVILLA.- El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado en comisión parlamentaria de la nueva estructura de su departamento, en la que se integra toda la organización, medios y recursos de la actual Agencia Andaluza del Agua. 

De esta manera, se incorpora como una Secretaría General de Aguas capaz de hacer frente a los retos del siglo XXI en Andalucía, mejorando la transparencia, la información y la participación pública en la gestión de este recurso, objetivos incorporados en la nueva Ley de Agua de Andalucía y que responden a la aplicación de los criterios de la Directiva Marco de Agua y del Pacto andaluz por el Agua. 
Esta reestructuración, ha indicado el consejero, es una respuesta a la realidad económica actual, que demanda de la Administración políticas de austeridad, ahorro y eficiencia para hacer frente a esta situación y promover así las condiciones para la recuperación económica. 
Para ello se ha constituido la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, un órgano instrumental de apoyo y agilización a la Administración hidráulica andaluza y que actuará en el ámbito del derecho público. 
Además, con la creación de la Agencia se dota de mayor seguridad jurídica a los cometidos que ejerce la consejería, aumentando el control y supervisión de todas sus actuaciones, así como reforzando la garantía de la empresa privada andaluza al evitar colisionar con sus intereses en su acceso a la actividad pública. Como resultado de la nueva reordenación se suprimen la Dirección General de Planificación y Gestión y ocho puestos directivos correspondientes a las direcciones provinciales de Egmasa. 
El consejero de Medio Ambiente ha señalado que este ajuste ha supuesto un ahorro en el gasto cercano a los 600.000 euros al año. Durante su comparecencia ante la Comisión, Díaz Trillo ha explicado además la situación actual en la gestión del Guadalquivir tras la sentencia del Tribunal Constitucional. Para un período de seis meses, el Gobierno andaluz ha suscrito con el Estado una encomienda de gestión de los recursos y aprovechamientos hidráulicos de las aguas del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio andaluz.
Esta encomienda, que garantiza la continuidad y la seguridad jurídica en la gestión que ha venido realizando la Junta, asegurando la pervivencia de las resoluciones y actos dictados por la Administración andaluza desde que se formalizó la transferencia de la cuenca en 2008, en aplicación del principio administrativo de conservación de actos. Esta garantía también impedirá que la sentencia del Constitucional suponga una paralización de los proyectos desarrollados durante los últimos años. En cuanto a los cánones y tarifas a aplicar, la comunidad andaluza se hace cargo de los ingresos derivados de los mismos.  

Ley de Agua y situación actual 
El consejero de Medio Ambiente también ha querido explicar el desarrollo de la Ley de Aguas y su situación actual. Hasta la fecha, se han elaborado y sometido a información pública los Planes Hidrológicos de las tres demarcaciones intracomunitarias en las que la Junta ejerce las competencias de planificación. Así, durante el mes de mayo se convocarán las correspondientes comisiones del agua en los distintos distritos hidrográficos. 

El Observatorio Público del Agua es el instrumento fundamental para conseguir una información veraz y transparente hacia los ciudadanos y con él se conseguirá una participación pública activa que mejore la gestión del recurso. Este organismo, ha subrayado el titular de Medio Ambiente, pionero en España y con sede en Málaga, será un órgano colegiado consultivo de participación e información sobre el agua, que tendrá la capacidad de exigir información comparable y fiable a cualquier organismo o entidad con el fin de mejorar y armonizar la prestación de este servicio público. 

En cuanto a la gestión de riesgos de inundaciones, en la actualidad se encuentra en elaboración el reglamento de desarrollo de esta materia de la Ley de Aguas y se están abordando los trabajos para la determinación de los mapas de riesgos de inundación de los distritos hidrográficos. En el período 2002-2010, la Agencia Andaluza del Agua ha realizado una inversión de 342 millones de euros en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos andaluces (PCAI). 

La inversión prevista para el período 2002-2012 era de 356 millones, por lo que se ha invertido hasta la fecha un 96% (342 millones). Por otro lado, dentro del Plan de Saneamiento y Depuración previsto en la Ley, ya se han declarado por el Consejo de Gobierno 300 obras de Interés para la Comunidad, que movilizarán una inversión de 1.765 millones en 548 municipios y conllevarán la generación de un empleo asociado cifrado en 28.400 puestos de trabajo.

Finalmente, el consejero ha puesto de manifiesto el compromiso de la Consejería con la gestión del conjunto de sus cuencas y ha insistido en la Gestión de la Administración Hidráulica de Andalucía de la Cuenca del Guadalquivir, en la que desde 2008 se ha invertido cerca de 235 millones de euros y tiene comprometidos más de 622 millones más en obras para el desarrollo del ciclo del agua y de la defensa contra avenidas e inundaciones en toda esta cuenca andaluza.

José Juan Díaz Trillo ha subrayado, por último, las 22.000 resoluciones anuales emitidas de media en tres años por la Administración andaluza, ofreciendo seguridad jurídica y normalizando regadíos, como ha sido el caso de las 50.000 hectáreas de aguas invernales en la provincia de Jaén, las 4.500 del Guadajoz en Córdoba, las casi 15.000 ha de arroz, o la culminación de procesos de regularización de 30.000 hectáreas en Loma de Úbeda (Jaén), Huéscar-Puebla (Granada), o Doñana (Sevilla y Huelva).

Clara Aguilera apuesta por mantener una política europea específica para el sector de frutas y hortalizas

SEVILLA.- La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, ha informado en el Parlamento sobre la 'Declaración de Almería', el primer posicionamiento que han suscrito 26 regiones europeas de frutas y hortalizas en defensa de sus intereses comunes. Así, ha explicado que mantener una "política europea específica para el sector hortofrutícola", basada en el papel que desempeñan las Organizaciones de Productores es una de las "prioridades" que el Gobierno andaluz "ha plasmado en este documento". 

Este texto sienta las bases de las mejoras que requiere la actual Organización Común de Mercado (OCM), que no está incluida en la actual reforma de la Política Agrícola Común (PAC), pero que será revisada por las autoridades comunitarias en 2013 para evaluar su funcionamiento actual. 

En su intervención, Aguilera ha insistido en la necesidad de mejorar la planificación del sector hortofrutícola mediante un incremento del volumen actual de ayudas con el objetivo de aumentar la eficacia de los programas operativos, y lograr así los objetivos previstos en la OCM como la mejora de la oferta, la reducción de costes o una gestión sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Especial importancia, según ha destacado la consejera, tiene la mejora de los mecanismos de gestión de crisis y se ha manifestado a favor de la implantación de un seguro plurianual cofinanciado por la Unión Europea y los productores, que permitiera una gestión eficaz en momentos de exceso de oferta, ya que el actual sistema de retiradas de producto no ha sido operativo. 

Además, Aguilera ha destacado que las organizaciones de productores deben tener mayor capacidad de reacción ante situaciones adversas, a la vez que deberían aumentarse los incentivos dirigidos a fomentar los procesos de integración y fusión que hagan posible eliminar la atomización de la oferta y mejorar el precio que perciben los productores. 

Así, la consejera ha apostado por favorecer a los agricultores que estén asociados a Organizaciones de Productores y por incentivar especialmente la puesta en marcha de organizaciones de este tipo con alcance regional, nacional e internacional. Entre otros aspectos, el documento aboga por la defensa de las producciones europeas más sensibles en el contexto de la progresiva liberalización comercial y reclama la aplicación del principio de reciprocidad en los intercambios comerciales entre la UE y los países terceros. 

La 'Declaración de Almería', firmada el pasado 6 de abril en el marco del II Foro de la Asociación de Regiones Europeas Hortofrutícolas (REFLH), ha sido trasladada a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Además, está prevista la celebración del III Foro de la AREFLH el próximo otoño en Bruselas, con el objetivo de difundir las prioridades del sector hortofrutícola en los lugares donde se toman las decisiones sobre la política comunitaria.  

Sector clave en la economía andaluza 
Con su adhesión a la 'Declaración de Almería', el Gobierno andaluz refuerza su apoyo al sector hortofrutícola, uno de los más importantes de la región desde el punto de vista económico y social. Andalucía, con 420.000 hectáreas dedicadas al cultivo de frutas y hortalizas, representa el 34% de la producción española y el 7% de la comunitaria. 

Según los datos provisionales de 2010, el valor de las producciones hortofrutícolas alcanza los 5.528 millones de euros, a la vez que estas producciones generan un elevado volumen de trabajo. Sólo los invernaderos de Almería y Granada, con una superficie próxima a las 43.000 hectáreas, emplean a unos 12.000 trabajadores fijos y a más de 76.000 personas entre titulares de explotaciones y eventuales. 
Durante su intervención, la consejera de Agricultura ha informado sobre los detalles de la Orden para invernaderos de excelencia, que ha definido como "una clara oportunidad para visualizar el cambio de modelo que necesita la horticultura de invernadero, a través de un aumento en la productividad mediante la innovación tecnológica". 
En este sentido, Aguilera ha matizado que además de la nueva línea de apoyo a la cogeneración, las ayudas habituales para modernizar invernaderos siguen a disposición de los agricultores reguladas mediante su norma correspondiente. Acorde con la relevancia de este sector, el Gobierno andaluz materializa su apoyo a las producciones hortofrutícolas mediante otras acciones. 
Entre ellas, destaca la creación en septiembre de 2010 de un grupo permanente de trabajo, o la participación en dos grupos territoriales creados recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Además, se realizan varios estudios sobre márgenes comerciales, caracterización productiva, estudios de mercado y análisis de costes de producción sobre cultivos como cebollas, cítricos, fresa y hortícolas protegidos y al aire libre.

El ministro de Trabajo anuncia mano dura contra el empleo irregular

MADRID.- El Gobierno aprobará el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que dará dos o tres meses de plazo para regularizar la situación de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, dijo el miércoles el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 

"Después de un periodo de dos o tres meses desde que entre en vigor la norma (...) se endurecerán las sanciones a las empresas como consecuencia de la contratación irregular de trabajadores", dijo Gómez, tras la presentación del nuevo director de la oficina de la OIT en España .
El ministro dijo que el Gobierno dará facilidades a los contratadores en cuanto al aplazamiento de las cotizaciones que se adeuden y a los recargos.
"No hay amnistía, hay facilidades para que aquel trabajo irregular que no se ha declarado (...) pueda hacerse a partir de la aprobación del Real Decreto Ley, sabiendo que hay un plazo", dijo.
El plan del Gobierno también planteará sancionar a aquellos trabajadores irregulares que se descubra que, a la vez, se estén beneficiando de una prestación por desempleo.
Las propuestas del gobierno están actualmente siendo evaluadas por los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, quienes a más tardar el jueves deberían dar su opinión para la redacción final.
En el apartado de las exigencias para los empleadores también se incluiría la obligatoriedad de contratar durante al menos seis meses.
Además, las empresas que subcontraten servicios a empresas que tengan empleados irregulares también serían sancionados.
Con una tasa de paro en torno al 20 por ciento, el desempleo es uno de los males endémicos de la economía nacional, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada "economía sumergida".

Uno de cada diez andaluces prestaría dinero a un amigo en apuros

MADRID.- El 10 por ciento de los andaluces prestaría su dinero a un amigo en apuros, según un estudio realizado para el portal de Internet para el ahorro en gastos cotidianos Iluba, que también señala que la media de los españoles que dejarían dinero a un amigo que lo necesitase es del 3 por ciento, lo que sitúa a los andaluces como los más solidarios de España en este sentido.

   Sin embargo, ante la pregunta de "Imagina que tienes 300 euros en el bolsillo. ¿Qué haces con ellos?" los andaluces demuestra que su pensamiento "es más a corto plazo", según el estudio, ya que mientras que en el conjunto de España un 70 por ciento dice que lo metería en una cartilla de ahorro para estar prevenido para el futuro, el 59 por ciento de los andaluces irían a su banco o caja de ahorros.
   Por otro lado, cuando se pregunta a los andaluces qué se comprarían si tuvieran 300 euros con los que no contaban, los andaluces se muestras igual de prácticos que el resto de los españoles y reconocen que en un 53 por ciento se comprarían algo que necesitaran mucho y guardarían el resto.
   La mayor diferencia con el resto del país es que un 18 por ciento iría al supermercado a hacer una buena compra aunque luego tuviera que congelarla, el doble que en el resto de España (9 por ciento).
   Como parece que no todo es ahorrar, los resultados de la encuesta también apuntan a algunas gastos a los que no se renuncian. Un 32 por ciento de los andaluces no renunciarían a las vacaciones frente al 40 por ciento del conjunto del territorio.
   Sin embargo, esta tendencia se invierte y un 17 por ciento de los andaluces no renunciaría a salir a cenar fuera un fin de semana (sobre el 8 por ciento de los españoles) y un 24 por ciento a salir los fines de semana (un 16 por ciento en el resto del país)
   Internet se ha convertido en un método cada día más "importante" como herramienta para encontrar buenos precios y descuentos. Así lo confirma el dato de que un 72 por ciento de los andaluces han respondido que buscan ofertas a través de la Red, una cifra ligeramente inferior a la del 82 por ciento obtenido en el global de España.
   El estudio de Iluba destaca la diferencia entre las ofertas que se encuentran y las que realmente gustaría localizar en la red. Las respuestas indicaban que un 31 por ciento encuentra buenos precios en viajes y ocio, un 25 por ciento en electrónica y un 17 por ciento en ropa. Sin embargo, preguntados por lo que realmente les ayudaría a ahorrar, los encuestados se refieren a la compra diaria, las facturas mensuales de servicios y suministros y la gasolina.

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.
   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.
   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.
   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.
   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.
   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.
   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.
   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".
   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.
   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

Fiscalía pide una multa de 120 euros a una vecina de Uleila que grabó y colgó en internet un pleno

ALMERÍA.- El Ministerio Público ha solicitado este martes una pena de multa de 120 euros para una vecina de Uleila del Campo por grabar una sesión plenaria del Ayuntamiento y colgarla en una página web al considerar que desobedeció una orden "expresa" del alcalde en funciones, Ángel Hernández (PSOE), quien, al percatarse de la grabación, le transmitió que no autorizaba esta acción en el "ejercicio de su potestad".

   Durante el trámite de informes del juicio de faltas celebrado en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, la fiscal ha calificado los hechos denunciados por Hernández como una falta de desobediencia leve y ha interesado para una condena de multa de 20 días con cuota de seis euros al día para Carmen P., quien en sala ha reconocido que grabó el pleno y lo subió a internet aunque ha negado que el regidor en funciones se dirigiese a ella para prohibírselo.
   La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Uleila del Campo, ha pedido, sin embargo, la pena máxima que recoge el artículo 634 del Código Penal con respecto a faltas al orden público --60 días de multa-- y ha añadido a sus conclusiones una presunta falta leve de vejación injusta, por el que ha solicitado otros 20 días de multa al estimar que las viñetas y comentarios que acompañaban al video colgado en internet "se mofan y ridiculizan" al primer teniente de alcalde y primer edil en funciones durante esa sesión plenaria.
   La letrada del Consistorio ha expuesto ante la juez que la demandada incurrió "en una conducta incívica que vulneró el principio de autoridad" al continuar grabando con la cámara encendida sobre una silla después de que Hernández "diese la orden prohibitiva como ha quedado acreditado en la prueba testifical y documental con el acta emitida por el secretario municipal" y ha criticado que Carmen P. "se ampare en que no fue directa ya que alguien con un mínimo de intelecto percibe que no puede grabar", por lo que, ha ahondado, "se aprecia ánimo tendencioso de incumplir".
   Por su parte el abogado de la defensa, quien ha elevado varias protestas a la sala por no admitir como prueba "de parte" la reproducción del pleno colgada en la web en la que figura como administradora la demandada, ha apelado para pedir la absolución y rechazar la falta de vejación al artículo 20.1 de la Constitución española y al "derecho de los vecinos a saber" y ha negado que existiese una "orden expresa para no grabar" por parte de Hernández.
   En esta línea, y tras reivindicar que prime la libertad de información, ha aludido al carácter público de las sesiones plenarias que recoge la ley de la administración local y ha remarcado que en el ánimo de su patrocinada estaba el "darle publicidad a un debate ante el que había expectación porque se abordaba la construcción de una depuradora muy reclamada debido a los continuos vertidos muy contaminantes que hay en el pueblo".
   Así lo ha explicado de hecho ante la juez Carmen Pascual, quien ha reiterado a preguntas de la fiscal y la letrada de la acusación que el alcalde en funciones no le dijo "en ningún momento que no podía grabar" sino que, según ha detallado, "hubo una conversación entre el secretario y él que entablaron después de que un edil preguntase si estaba permitido grabar un pleno". Aún así, la que fuese número 2 de la lista del PP en las últimas elecciones municipales, ha asegurado que dejó la cámara "a un lado, la baje ante la polémica y se siguió grabando el audio".
   Ha pedido, asimismo, "disculpas si he ofendido" por las alusiones a Hernández como "desmemoriado" que acompañaban al video subido a su web y ha negado que cuelgue "de forma sistemática" videos de las sesiones plenarias. El denunciante, sin embargo, quien ha contado con el apoyo en sala de la alcaldesa y coordinadora provincial del IAM, Agueda Cayuela, ha ratificado que dio una "orden inmediata a Carmen Pascual" para que cesase "como consta en acta" y ha trasladado que se sintió "ridiculizado" con las imágenes y "los comentarios que tratan de humillarme".
   La Fiscalía ha pedido la absolución para una segunda denunciada, la presidenta de la plataforma vecinal 'Cerro de la Virgen de Uleila del Campo', Juana Antolín, que reivindica la nueva depuradora ante el problema "grave" de aguas residuales al considerar que su participación se limitó a su presencia en la sesión plenaria junto a otras dos personas.

El Seprona localiza un vertedero ilegal de residuos agrícolas e incoa acta de infracción a una empresa

ALMERÍA.- La Guardia Civil ha incoado acta por infracción grave contra una mercantil dedicada a la recogida de residuos agrícolas que, según apunta la investigación, se dedicaba a enterrar en un paraje rural de la Comarca de Níjar los restos retirados en empresas hortofrutícolas en lugar de, como marca la legislación, depositarlos en una planta autorizada para su correcta eliminación.

   Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha hallado sepultados en este vertedero ilegal, ubicado en la zona conocida como Cilabrar, una importante cantidad de residuos vegetales, plásticos, cartones, embalajes y envases de productos fitosanitarios, según ha informado la Comandancia.
   La investigación se inició a principios de abril después de que los efectivos del Seprona detectasen la presencia de maquinaria pesada que realizaba trabajos de nivelación de terreno  en el citado paraje para la construcción de un invernadero y comprobasen la presencia de los restos.
   Los agentes instaron al responsable de los vertidos a que limpiase la zona y gestionase de manera correcta los residuos que se estaban enterrando al tiempo que comenzaron las pesquisas para identificar la prodecencia de las basuras que, según los datos recabados, recogía una empresa dedicada a la retirada de contenedores en empresas hortícolas, a las que cobra los portes hasta una planta autorizada.
   Tras obtener, analizar y confirmar toda esta información, el Seprona realizó una nueva inspección en la zona para comprobar la limpieza del vertedero y observó como continuaban con las labores de nivelación del terreno y sepultado de los residuos, por lo que se abrió acta por infracción grave a la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en concordancia con la Ley 10/1998 de Residuos y Ordenanzas Municipales.

Royal Air Maroc amplia su red de rutas internas para incentivar los desplazamientos por Marruecos

TÁNGER.- La aerolínea de bandera de Marruecos, Royal Air Maroc, ha ampliado su red de rutas internas con el objetivo de incentivar los desplazamientos dentro del país y promocionar así los destinos menos conocidos del reino alauita, según informó la compañía en un comunicado.

   En total, RAM conecta ahora desde su hub --centro de interconexión de vuelos-- de Casablanca con 12 regiones ofreciendo un total de 230 vuelos semanales: cuatro vuelos diarios a Agadir y Marrakech, un doble vuelo diario a  Oujda, un vuelo diario a El Aiún, Dajla y Ouarzazate, Fez y Tánger, cuatro vuelos semanales a Nador y dos vuelos semanales a Alhucemas, Errachidia y Essaouira.  
   Desde España, RAM ofrece seis rutas: Madrid-Casablanca, Madrid-Marrakech, Barcelona-Casablanca, Barcelona-Tánger, Valencia-Casablanca y Málaga-Casablanca, que suman un total de 40 vuelos semanales.
   Además, los pasajeros que viajan con RAM pueden disfrutar de catering gratuito, una franquicia de equipajes de dos maletas de 20 kilos, transporte gratuito del equipo de golf, tarifas competitivas, una Clase Business con todas las comodidades y del programa Safar Flyer en colaboración con IB Plus.