Las autonomías han engordado a costa de la Administración General del Estado que,
además -y por lo mismo-, ha perdido fuerza a la hora de dirigir las
cuentas públicas en su conjunto, por ese poder reforzado que tienen los
gobiernos regionales.
Sin
contar el abono de los vencimientos de la deuda, las autonomías se
gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, y 69.419 millones las
entidades locales -ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos
insulares-.
Las administraciones territoriales han agrandado un 23% su porción en la tarta del gasto público español, que
es la que le han arrebatado al Gobierno central. En realidad, las
entidades locales tienen prácticamente la misma porción que a mediados
de los 90, pero el gasto público que está en manos de las autonomías es
casi un 60% mayor.
Y ese poder presupuestario que han acumulado las
autonomías ha ido en detrimento del Gobierno central. En 1995, Moncloa
tenía en su mano el 65% de todo el dinero que consumía el sector
público; ahora alcanza a duras penas el 50% y, además, ha tenido que
financiar la deuda autonómica cuando esta ha puesto en jaque a las
administraciones regionales.
El Estado es quien responde en último
término de las cuentas autonómicas, pero lo tiene complicado para
meterlas en cintura. «Eso es consecuencia directa de cómo está montado
el sistema constitucional del Estado de las Autonomías», del margen de
maniobra que les otorga y del poder que han acabado asumiendo, explica Rafael Pampillón,
catedrático de Economía de la Universidad CEU San Pablo.
A raíz de la
crisis, el Gobierno llamó al orden a las administraciones territoriales.
Como demuestran las cifras de saneamiento y gasto, la disciplina sí
surtió efecto en los ayuntamientos, pero quedó desdibujada en el paisaje
autonómico. En el último decenio, han sido notorios los casos de gobiernos regionales que han incumplido
-algunos de forma gruesa y sistemática- los objetivos económicos fijados por el mismo Estado que les socorre.
El galope de la deuda
En
los diez últimos años -de 2009 a 2018-, los gobiernos regionales han
tenido que pedir prestados 388.440 millones de euros para poder hacer
frente a todo lo que han gastado. De todo ese dinero que han recibido al
debe, algo menos de la mitad -178.324 millones- lo han dedicado a pagar
los vencimientos de la deuda atrasada.
El resto, más de 210.000
millones, han sido para enjugar los números rojos en los que se
instalaron hace año las administraciones autonómicas, por gastar
sistemáticamente más de lo que ingresan.
Cuando
azotó la crisis, ésta puso en evidencia a las autonomías que más habían
incurrido en los excesos -con Cataluña en el pelotón de cabeza-.
Incapaces de financiarse por sí mismas, el Estado les evitó la quiebra acudiendo en su rescate.
Así llegaron los mecanismos extraordinarios de financiación -FLA,
Plan de Pago a Proveedores, Facilidad Financiera...-, que también
acabaron ayudando a los ayuntamientos.
Esos mecanismos consiguieron lo
más urgente -esquivar la debacle y poner a salvo a las autonomías que se
tambaleaban-, pero algunos expertos critican que no sirvieron para
reconducir estructuralmente los excesos de las administraciones
regionales. «Aquel primer ‘‘rescate’’ se repitió luego varias veces y, desde entonces, parece que hay de nuevo vía libre»,
indica Pampillón.
A su juicio, tras el auxilio financiero inicial que
se dio a las administraciones territoriales, el Estado debería haber
sido más estricto y haber dejado que fueran esas administraciones las
que asumieran sus responsabilidades.
«Cada palo debe aguantar su vela, y
las autonomías que quieran gastar más allá de lo convenido por el
conjunto del Estado deberían saber que no lo harán sin asumir un coste
político», afirma.
Pampillón plantea que las administraciones
incumplidoras tengan que solucionar su exceso de gasto con un aumento de
los impuestos. Así, «los ciudadanos sabrían realmente lo que les cuesta
la gestión política de su respectivo gobierno territorial».
Gastar da
votos; subir los impuestos, no. El problema, afirma Pampillón, es que
hasta ahora el exceso de gasto de las autonomías no se nota lo
suficiente en los impuestos, porque las autonomías optan por cubrirlo
con endeudamiento.
Exceso de estructuras
En
lo peor de la crisis, cuando habían saltado todas las alarmas, se puso
sobre la mesa la necesidad de adelgazar los entramados públicos para
reducir el gasto.
Pero, pasado aquel momento crítico, el asunto ha quedado en un segundo
plano y hace años que las autonomías volvieron a aumentar su gasto. Sin
contar vencimientos de deuda (amortizaciones), los gobiernos regionales
gastaron el año pasado 180.768 millones de euros, 16.000 millones más
que en 2013.
Es un nuevo aumento del gasto estructural, en el que
destaca el apartado de personal -las autonomías han engordado
sustancialmente sus plantillas en los últimos años-.
«Parte de esos
gastos son muy necesarios, porque tienen que ver con la educación y la
sanidad públicas -que son competencias que gestionan las comunidades
autónomas-, pero también hay cantidad de empresas públicas y organismos
de lo más diverso que han ido creando los gobiernos autonómicos y que en
muchos casos son totalmente prescindibles», indica este catedrático de
Economía.
Son entes que han tejido una extensa «administración paralela»
controlada por los gobiernos autonómicos, un entramado más difícil de
fiscalizar, más manejable y generosamente nutrida en personal y
presupuestos.
«Hay muchas entidades que en absoluto están justificadas, hay
duplicidades entre administraciones y hay un exceso de entramados
mientras se sigue produciendo déficit
y continúa creciendo una deuda que es fundamental contener», indica
Rafael Pampillón, quien advierte del riesgo que supone el endeudamiento
público que acumula España.
En primer lugar, porque el multimillonario
coste que tiene en concepto de intereses y, en segundo, por el impacto
que tendría si se desencadenara un nuevo escenario como el que se
produjo tras estallar la crisis de 2008. En estos momentos el
endeudamiento es mucho mayor que entonces, lo que complicaría el margen
de maniobra para responder ante un cuadro económico de esas
características.
Gasto al alza
En las
últimas décadas se completó el traspaso de competencias a las
autonomías. Eso no solo ha reordenado la distribución del gasto entre
administraciones, sino que también ha encarecido la cifra de conjunto,
lo que cuesta el sector público en su totalidad.
A
mediados de los años 90, a España le bastaban unos 200.000 millones de
euros para cubrir todo su gasto público no financiero -que abarca todos
los costes, excepto los pagos de vencimientos de deuda-.
Ahora necesita
medio billón de euros. El incremento ha sido enorme en comparación con
cómo ha aumentado la población, y ha sido también mucho mayor que la
inflación. Los resultados son elocuentes: desde 1995, el gasto público español se ha disparado un 145%,
mientras que la población del país ha aumentado un 18% y la inflación lo ha hecho en torno a un 65%.
Pese al
despegue económico de los últimos años y a los crecientes ingresos que
le ha reportado a las administraciones públicas, las autonomías han
quedado ancladas en un endeudamiento recurrente. El año pasado tuvieron
que pedir prestados 39.000 millones de euros para poder cuadrar sus
gastos, entre los que se incluyó el abono de casi 33.000 millones por
amortizaciones obligatorias de deuda.
En sanidad y educación
El
grueso del gasto público de las autonomías se concentra en la sanidad y
la educación públicas, los dos grandes servicios públicos que están en
manos de los gobiernos regionales. Según la última liquidación oficial
disponible, la del ejercicio 2016, las autonomías se gastaron en la
sanidad pública 61.632 millones de euros, y algo más de 37.000 millones
en educación. Entre esos dos grandes servicios concentran en torno al
60% de todo el gasto no financiero de las Administraciones regionales.
Los sueldos
El
año pasado, los gobiernos autonómicos se gastaron en sueldos un total
de 77.395 millones de euros. Incluye tanto las nóminas de los empleados
que tienen contratados como las cotizaciones a la Seguridad Social. Ese
coste de personal representa el 43% de todo el gasto no financiero de
las comunidades autónomas; es decir, el 43% de todo lo que gastaron
durante el último año, sin contar las amortizaciones de deuda -que se
pagan con cargo a nuevo endeudamiento-.
En el conjunto del Estado, los costes de personal suponen en torno al 25% de todo el gasto público no financiero.
El hecho de que en las autonomías el peso sea mucho mayor responde, en
buena parte, a que los dos servicios públicos con más mano de obra -la
sanidad y la educación públicas- dependen de las administraciones
regionales.
Durante los últimos, tras el pasajero ajuste que impuso la
crisis, las autonomías han vuelto a engordar sus plantillas. En el
último quinquenio, los gobiernos regionales han sumado otros 230.000
efectivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario