SEVILLA.- Si sale adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), admitida a trámite por el Parlamento de Andalucía, con los votos a favor del PSOE, sobre la estabilización del empleo público temporal en la Junta de funcionarios interinos en la Administración General, de Justicia, Educativa y Sanitaria, muchos interinos ganarían la batalla a quienes quieren oposiciones .
¿Qué significa esto? Se trata de una iniciativa promovida por un grupo de diez interinos —para la que han conseguido 50.000 firmas de apoyo—, que trabajan en la Administración andaluza desde hace 30 años, y en la que piden que su colectivo obtenga su plaza como funcionario sin tener que hacer un examen de oposición,
sino mediante un sistema de concurso que se base en la valoración de
méritos, es decir, en su experiencia en años trabajados. Si saliese
adelante, puesto que solo se ha dado el primer paso, aproximadamente 30.000 interinos de la administración autonómica podrían conseguir su plaza.
Esta iniciativa ha desatado prácticamente una guerra de
los funcionarios y opositores contra los interinos, no solo por los
perjuicios que les causaría, sino porque la consideran
"anticonstitucional", pues esa proposición rompe con el principio de
igualdad a la función pública que dicta la Constitución. "Nos partimos los cuernos durante años para ser funcionarios y ahora ellos pretenden serlo sin coger un libro
y habiendo tenido numerosas oportunidades para conseguir su plaza",
crítica Sandra S., funcionaria andaluza, en conversación con El Español.
Solo en la Administración General, donde trabaja
Sandra, esta iniciativa perjudicaría a casi 20.000 funcionarios de
carrera. Básicamente, pondría del revés todo. Los funcionarios quedarían
relegados cuando quisiesen pedir un traslado de puesto
o ascender verticalmente, frente a los méritos "que puede tener un
interino que ha trabajado durante 30 años por una serie de negligencias, que deberían ser únicamente algo extraordinario", denuncia esta sevillana.
Con la palabra "negligencia", Sandra hace mención a
respaldo político. Según explica, esta situación ha sido generada por el
anterior Gobierno socialista en Andalucía, que contaba "con una
cantidad de interinos inasumible". "Fueron lo más mediocre cuando
entraron, era muy fácil acceder a la función pública, y los han estado renovando continuamente. Los interinos no están actualizados jurídicamente, ni preparados en general; saben que es muy difícil competir ahora contra lo mejor de lo mejor en las oposiciones".
Pero si hay un gran perjudicado es el colectivo de opositores, como Carlos P.
Pues de aprobarse esta iniciativa, serían muchas menos las plazas que
la Junta de Andalucía podría ofertar para ser funcionario de carrera.
Este sevillano no hace otra cosa que no sea estudiar. "Empiezo a las
08.00 hasta las 14, descanso, empiezo a las 16.00 hasta que me voy a
dormir", relata a este diario. "Pero, ¿para qué? Si luego se le otorga
el derecho de ser funcionario a un interino sin haber cogido un libro",
crítica.
Esta proposición, además, ha sido un jarro de agua fría
para miles de opositores que se encuentran actualmente en medio de un
proceso selectivo para la Adminsitración sanitaria andaluza. En su caso,
ya han superado la fase de oposición (el examen) y ahora se encuentran
en la fase de méritos, pero aún así se podrían ver igualmente afectados
por una disposición de la ILP. Una jugarreta que podría quitarles la plaza, obtenida de manera legal.
Fraude de ley
"A mitad de nuestro proceso nos hemos visto
sorprendidos por la admisión a trámite de dicha iniciativa legislativa,
donde nos hemos encontrado una disposición que señala que si los
procesos selectivos en los que estamos inmersos no finalizan antes de la aprobación
de la ILP -cosa que sabemos que es posible que ocurra, ya que ha habido
procesos selectivos que han durado hasta 3 años-, las plazas que hemos
ganado de forma legal, a través de un examen y posterior concurso, con
el acuerdo de la administración, sindicatos y todos los que pagamos
nuestras tasas de examen, serán automáticamente para los interinos,
simplemente porque sí, con cero sustento jurídico", explican en la
petición de apoyo popular que han publicado en Change.org.
Estos interinos, según denuncia esta pareja
sevillana, han tenido un gran numero de ocasiones para presentarse a las
oposiciones, pero ni siquiera se molestaban en ello "porque sabían que
les iban a seguir manteniendo". "Ahora dicen que trabajan por la mañana y
tienen menos tiempo para estudiar, menos tiempo tiene un camarero que
se mata por las noches a estudiar para tener un futuro mejor. ¡Igualdad de mérito y capacidad!", sentencian ambos.
Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF),
su secretario de Comunicación, Alfonso Calabuig, considera que esta
medida es "totalmente injusta e inmoral", aunque tiene la "convicción de
que no va a prosperar".
Más allá de que afecte a funcionarios y opositores, este funcionario insiste en que la ILP perjudica al propio servicio público,
porque así nunca contará con los mejores profesionales, sino con los
más antiguos y menos preparados. "Esto es fraude de ley. Son interinos,
que no vengan con que han aprobado un examen, eso solo es una minúscula
parte de todo lo que supone hacer una oposición", critica.
Sus defensores
Por otro lado, los defensores de esta iniciativa,
que ha salido adelante en el Parlamento andaluz con 50 votos del PSOE, y
57 abstenciones de PP, C's y VOX, justifican su tramitación —en el
documento de la ILP que han presentado— por el gran número de interinos
inexistentes como consecuencia de no haber "afrontado con acierto" las
limitaciones presupuestarias a nivel estatal.
También alegan el "abuso en el tiempo de duración
de los nombramientos de funcionarios interinos y personal eventual en el
conjunto de Administraciones Públicas de España", tal y como indican,
exponen en el texto, numerosas sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea.
De este modo, con esta iniciativa se persigue, por
una parte, "elevar los estándares de calidad" y, por otro, evitar una
posible avalancha de demandas, reclamando el carácter indefinido e indemnizaciones por despido.
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