MADRID.- Abogados Cristianos ha denunciado a los
delegados de Gobierno en Andalucía, Castilla y León y Murcia por las
interrupciones de ceremonias religiosas que han tenido lugar en Cádiz,
Sevilla, Valladolid y Murcia durante el estado de alarma, según ha
informado la asociación.
En concreto, acusa de un posible delito de "interrupción de culto"
recogido en el artículo 523 del Código Penal y considera que los
policías que llevaron a cabo dichas operaciones "actuaron cumpliendo sus
instrucciones".
La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado 22 de marzo en
la catedral de Valladolid. Las siguientes, han sido este pasado fin de
semana en la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio
gaditano de La Laguna; en una iglesia evangélica en Murcia; y en la
azotea de un edificio del barrio sevillano de Triana.
Por ello, Abogados Cristianos ha presentado cuatro denuncias en
los juzgados de guardia de las provincias de Valladolid, Cádiz, Sevilla y
Murcia, según han asegurado desde la asociación.
Abogados Cristianos ha explicado que el Real Decreto por el que se
declara el estado de alarma dice en su artículo 11: "La asistencia a
los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas
las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas
consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las
dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se
garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre
ellos de, al menos, un metro".
Además, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos,
defiende que en el Real Decreto hay un anexo "en el que se detalla de
forma exhaustiva la relación de equipamientos y actividades cuya
apertura al público queda suspendida, entre las que no se encuentran las
iglesias u otros lugares de culto análogos".
Castellanos ha asegurado que estas interrupciones de ceremonias
religiosas que han tenido lugar estos días "son un abuso por parte del
Gobierno, que está utilizando la situación para imponer su agenda
laicista".
"Se trata de una persecución religiosa", ha criticado.
"La reiteración evidencia que no es algo casual. El Gobierno está
aprovechando el estado de alarma para acabar con la libertad religiosa",
ha sentenciado la presidenta de Abogados Cristianos.
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