Caso UGT: de un viaje a Sudáfrica a los cursos de formación

SEVILLA.- El proceso judicial de cinco sindicalistas de la UGT, entre ellos el exsecretario general Fernández Sevilla, dentro del conocido como caso de las facturas falsas de UGT Andalucía es el último eslabón de un escándalo que lleva años copando las páginas de Abc, ahora con resoluciones judiciales pero en sus orígenes con investigaciones periodísticas.

En el año 2013, Silvia Tubio destapó un escándalo que fue el inicio de lo que ahora está a punto de ser juzgado y que eleva el presunto fraude a más de 40 millones de euros que estaban destinados a cursos de formación para desempleados.
El entonces secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, pagaba con su tarjeta de crédito Visa Corporate Oro, de la que disfruta como responsable de la UGT, 852,35 euros por una comida en un restaurante especializados en pescados y mariscos a miles de kilómetros de Andalucía, en Durban, Sudáfrica.
En total, gastó 1.252 euros de dinero del sindicato precisamente el mismo día en el que se anunciaba un ERE y un ERTE que afectaba a 159 trabajadores del sindicato por problemas económicos.
Fue sólo el primer paso, ya que también se descubrió que la casa de Manuel Pastrana (quien no ha sido imputado por el juez en esta causa por sus precarias condiciones de salud) se había comprado con fondos que también procedían de la UGT.

En el año 2013 se descubrió que la forma que tenía el sindicato de gestionar las «mordidas» que les pagaban sus proveedores era de manual. Pero literalmente. La federación regional no sólo abrió una cuenta reservada en un banco para controlar las abultadas comisiones que les abonaban las empresas en las que gastaba las subvenciones de la Junta de Andalucía, sino que además lo puso por escrito en un manual.
Con la finalidad de supervisar toda su compleja contabilidad interna, UGT instaló a finales de 2010 el programa informático Spyro, que contenía un Manual de Procedimientos (así es como se denominaba) de 45 páginas que dedica un apartado específico a la gestión de los rápeles o comisiones que desembolsaban sus proveedores de cabecera a través de cheques y transferencias a una cuenta específica del Santander.
Entre 2010 y 2011, en los años más duros de la crisis, la caja de UGT-A llegó a ingresar cerca de 615.000 euros a través de 21 empresas distintas con las que estableció acuerdo. Los proveedores emitían facturas a la carta y maquilladas para justificar las ayudas a la formación y el empleo que presentaba ante la administración.
Del importe de cada compra se descontaba un porcentaje variable (entre el 3 y el 30%) en la factura, al margen de su importe, que iba a engrosar una bolsa de dinero creada a partir de las comisiones con la finalidad de financiar a la federación, a las uniones provinciales y a su extensa red de empresas y fundaciones.

En julio del año 2014, Abc publicó que el importe de este sistema ascendió a más de 40,3 millones de euros en subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz entre los años 2009 y 2011 para financiar cursos destinados principalmente a formar a los desempleados. Este dinero para gastos estructurales del sindicato como alquileres o el pago de la electricidad.
La investigación judicial de los ERE que llevó a cabo la juez Mercedes Alaya desveló otras prácticas escandalosas como la práctica de gestión del dinero.
El 27 de enero de 2012, un empleado del departamento de Contabilidad da cuenta al responsable del departamento de Compras de que «Pepe el carpintero tiene que ingresar por caja el lunes 54.369,07 euros como “devolución anticipos Guillermo Granado Cárdenas”».
El importe coincide hasta en los céntimos con la base imponible de una factura de Construcciones y Reformas Reyna, que pocos meses antes había sido contratada por el sindicato para mantener las aulas destinadas a formar a desempleados, sufragadas con subvenciones de la Junta. Tras estas irregularidades, hubo muchas más que ahora están más cerca de ser juzgadas.