Siete empresas en las facturas amañadas de UGT-A: De los 700 maletines falsos a los alquileres ficticios

SEVILLA.- El juez de Sevilla que ha colocado a la ex cúpula de UGT Andalucía a un paso del banquillo por un desvío de 40,7 millones de euros en subvenciones concedidas por el anterior gobierno andaluz del PSOE también ha procesado a diez responsables de siete empresas que confeccionaron, presuntamente, facturas falsas siguiendo las indicaciones del sindicato.

Las siete empresas involucradas por el juez en el presunto fraude cometido por los responsables de UGT-A son proveedores de "confianza" del sindicato de los que viene informando El Mundo desde el año 2013, cuando este diario destapó la presunta trama diseñada por el sindicato para financiarse de forma irregular con el dinero de las subvenciones para los parados y otros fines que le concedía la Junta de Andalucía.

Estas empresas prestaron "colaboración directa" a UGT y emitieron facturas con conceptos que sirvieran para justificar ayudas. Entre las sociedades figura Publicar D&M, la firma que confeccionó los recibos para camuflar los 700 maletines falsificados en Asia que el sindicato regaló a los asistentes a un congreso regional.

Otro "mecanismo defraudatorio" que destaca el juez son los alquileres presuntamente ficticios canalizados a través de la sociedad Soralpe, propiedad del sindicato, y el Ifes, el instituto de UGT que se encargaba de dar los cursos de formación.

Entre las empresas que participaron en el supuesto fraude, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, destaca Chavsa, Lienzo Gráfico, Siosa, Viajes Macarena, Karonte Nuevos Desarrollos, Carpetas Badía y Publicar D&M, según el auto conocido este miércoles.

Con las siete, UGT-A llegó a acumular un 'bote' de 674.993,62 euros hasta diciembre de 2013, según revela la documentación incautada en las sedes del sindicato y en sus empresas proveedoras. El 'bote' es uno de los tres mecanismos "defraudatorios" que utilizó el sindicato para desviar ayudas. Iba engordando con cada factura falsa colocada a la Junta a la hora de justificar subvenciones. 

El dinero que se iba acumulando en el 'bote' con los proveedores, UGT-A lo utilizaba para adquirir bienes que nada tenían que ver con los proyectos subvencionados.

El juez ha procesado a 15 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil: los diez responsables de estas sociedades y cinco ex dirigentes del sindicato y su empresa Soralpe, entre ellos el ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y el ex tesorero Federico Fresneda.

Los maletines

El juez ha procesado a las hermanas Mónica C.E. y Diana C.E. de la empresa Publicar D&M. Esta sociedad es la que confeccionó cinco facturas presuntamente falsas para camuflar el gasto de 100.238,73 euros que hizo el sindicato en 700 maletines idénticos a los de una conocida marca, aunque sin el logotipo de la firma, y 1.000 bolígrafos de Francis Montesinos que UGT-A repartió entre los delegados que asistieron a su IX Congreso, un escándalo del que informó este diario el 3 de diciembre de 2013. 

En este congreso, celebrado en septiembre de 2009 en Sevilla, Manuel Pastrana salió reelegido como secretario general andaluz de UGT. Pastrana ha sido apartado de la causa judicial y la causa ha sido archivada sobre él por la enfermedad que padece.

Publicar D&M elaboró cinco facturas con conceptos que le sirvieran al sindicato para justificar subvenciones ante la Junta. De hecho, el gasto en los maletines presuntamente falsificados en fábricas de Asia y en los bolígrafos de marca fue cargado por UGT-A a cuatro ayudas diferentes que contaban con fondos de la Unión Europea. Una iba destinada a cursos de formación y otra a defensa legal gratuita de las mujeres discriminadas en su puesto de trabajo por razón de sexo.

La factura presuntamente falsa de mayor importe confeccionada por Publicar D&M es la número 2911040 por 51.236,69 euros correspondientes a la publicidad del programa Forman XXI. Expediente 98/2008/J244, el concepto que se usó para camuflar los bolsos y los bolígrafos. El programa Forman XXI incluye cursos de formación para desempleados.

Curiosamente, este expediente ha quedado fuera de la investigación judicial, que se ha centrado exclusivamente en el periodo que abarca de 2009 a 2013. Esta subvención es del año anterior.

Entre la documentación incautada por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por orden judicial se incluyen correos electrónicos que incriminan a Publicar D&M. Diana C.E., responsable de contabilidad de esta proveedora, envió el siguiente correo a Lola Sánchez, entonces responsable del departamento de compras de UGT-A y procesada ahora por el juez: "¿Queréis una factura por su importe real, o por otro?".

En el auto conocido este miércoles, el juez menciona el expediente de ayudas 98/2009/J/217, en virtud del cual la Junta otorgó 8 millones de euros a UGT para que hiciera 183 cursos. Tan plagado está de irregularidades que el importe "no subvencionable" se eleva a 7,5 millones.

A esta ayuda, UGT cargó de manera irregular facturas de su proveedora Siosa, la empresa madrileña especializada la instalación de redes informáticas en la que hubo cinco detenidos, si bien finalmente sólo ha sido procesado por el juez José Luis C.A. Sobre la factura número 1/2010/1458 de Siosa, el instructor dice que "no permite valorar el servicio que se presta y su elegibilidad". Por lo tanto, no es subvencionable.

Precisamente esta ayuda de 8 millones de euros se cargaron de forma irregular nóminas de José María Moriche, el marido de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz y ex presidenta de la Junta, durante su etapa como auxiliar administrativo en Ifes, el ente de UGT encargado de dar los cursos.

Igualmente, el auto judicial menciona numerosas facturas irregulares de Chavsa, la firma sevillana dedicada a la venta de mobiliario de oficina que amuebló múltiples aulas formativas del sindicato donde se impartían los cursos de formación subvencionados. Su responsable Simón María C.D.L.F. es otro de los procesados.

La lista de proveedores de UGT-A procesados por el juez se completa con José P.D.A., de la Imprenta Pineda; Diego Francisco D.M.L.C., de Lienzo Gráfico; Moisés de los Ángeles M.M., de Viajes Macarena; Moisés Ángel G.G., de Karonte Nuevos Desarrollos; y Deseada F.A. y María Antonieta D.G., ambas de Carpetas Badía.

Otro mecanismo empleado por UGT para desviar ayudas era el alquiler supuestamente ficticio de locales y aulas para el que utilizaba a la empresa Soralpe, de la que el sindicato era el único socio, y al Ifes.

Para ello, el sindicato utilizó sedes que le habían cedido el Gobierno y hasta la ONCE a coste cero. Sin embargo, UGT-A le endosaba facturas a la Junta por el alquiler de estos locales. El caso más llamativo es el de un inmueble ubicado en el municipio gaditano de Algeciras, en la calle Baluarte, por el que Soralpe emitió una factura por importe de 129.196,88 euros. En realidad, era un edificio que le había cedido la ONCE a UGT-A, destaca el auto judicial.