MADRID.- Los gestores públicos que falseen las cuentas,
oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un
perjuicio económico para la Administración, podrán ser condenados a
penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados
entre tres y diez años.
Así consta en la reforma penal que
acompaña al proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Buen Gobierno aprobado esta semana por el Consejo de
Ministros, después de incorporar las sugerencias realizadas por el
Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de
Protección de Datos, según la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría.
En este sentido, ha explicado que
el Gobierno ha "reforzado" la respuesta penal a la "mala gestión de los
recursos públicos", ya que, aparte de las sanciones por infracciones
graves y muy graves que ya recogía la Ley de Transparencia, se "ha dado
un paso más" al incluir penas de prisión. Hasta ahora, el texto que
manejaba el Ejecutivo incluía una pena de inhabilitación de hasta diez
años para los malos gestores que gasten sin tener competencia o crédito.
Pero en el proyecto aprobado se introduce un nuevo delito con dos
tipos en el Código Penal (normal y agravado) mediante los que se
castigará la conducta de la autoridad o funcionario público que, a
sabiendas y para causar un perjuicio económico a la entidad pública de
la que dependa, falsee su contabilidad, documentos o información que
deban reflejar su situación económica o divulgue información falsa por
cualquier medio.
En estos casos se aplicarán penas de
inhabilitación especial para empleo o cargo público y penas de multa de
mayor o menor extensión en función de si se llegara a causar el
perjuicio económico a la entidad pública, supuesto en el que podrá
imponerse además pena de prisión de uno a cuatro años, según ha
informado el Gobierno.
Además, esta norma incluirá una
"pequeña" modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(LOREG) para que sea "causa de inelegibilidad" haber sido penado por la
comisión de una infracción muy grave de las previstas en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que recoge la Ley de Transparencia.
Estarán sujetas a esta norma todas las Administraciones y poderes
públicos -Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del
Poder Judicial-, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo,
el Tribunal de Cuentas, al Consejo Económico y Social y a las
instituciones autonómicas análogas. También lo estarán las sociedades
mercantiles en que la participación pública sea de más de un 50 por
ciento con independencia de cuál sea su régimen.
Otra de las
novedades, según ha explicado Sáenz de Santamaría, es que se establecen
una serie de obligaciones de publicidad activa más amplias que las
contempladas actualmente. "Es un elemento fundamental de control de los
recursos públicos y para evitar publicidades", ha dicho, para añadir que
el objetivo es que se pueda conocer "cómo se convenia, cuánto cuestan
los convenios y qué competencias están conveniando".
Además, ha
informado que se amplía el ámbito de las publicaciones de retribuciones
y de declaraciones de incompatibilidad, al tiempo que se refuerza la
independencia y garantías de control en la Agencia Estatal de
Transparencia, cuyo presidente será nombrado por el Consejo de Ministros
pero previa comparecencia en el Congreso, donde será refrendado por
mayoría absoluta.
Al ser preguntada por el hecho de que la Ley de Transparencia no permita
conocer la agenda de actividades y reuniones del presidente del
Gobierno, Sáenz de Santamaría ha subrayado que esta norma es "mucho más
que la anécdota de saber que hace en cada momento el presidente del
Gobierno".
Aunque ha admitido que en Estados Unidos la agenda
del presidente es pública, ha explicado que Mariano Rajoy tiene
reuniones públicas pero "otras" son privadas, bien porque lo prefiera el
interlocutor, bien porque se puede estar negociando algo y se requiera
"sigilo y discreción".
"Cómo contemos lo que hacemos las 24 horas del
día, daría para mucho pero no cumpliríamos el objetivo de la ley, que es
cambiar de cultura a la administración y saber que pueden controlarse
los actos administrativos del principio al final", ha aseverado.
La portavoz del Gobierno ha destacado que esta norma es "un elemento
clave para luchar contra la corrupción" porque lo fundamental es que, a
partir de ahora, cuando entre en vigor los ciudadanos podrán ver desde
el primer al último trámite todos los contratos administrativos.
"Eso a lo mejor no tiene tanto interés mediático, pero tiene un
interés público absoluto porque va a permitir conocer determinadas
prácticas que a veces se hacen y que dificultan mucho saber cómo se
están gestionando los recursos públicos", ha recalcado.
En
este sentido, ha señalado que lo importante de esta ley es que a partir
de ahora un alto cargo que no gestione debidamente los recursos públicos
y "oculte facturas en el cajón", sepa que "puede ser sancionado y
destituido".
"España merece cargos públicos que gestionen
adecuadamente", ha añadido.
Sáenz de Santamaría ha asegurado que la Ley de Transparencia es una
"nueva filosofía de lo público" y ha confiado en que sea una norma "de
consenso". Según ha añadido, va a suponer "un cambio de cultura
administrativa muy importante".
Finalmente ha informado de que
han atendido a la "inmensa mayoría" de las sugerencias del Consejo de
Estado, CGPJ y Agencia de Protección de Datos, lo que ha permitido que
la norma "gane en rigor y en fortaleza", ya que "es una ley amplía que
tiene que aplicarse a distintas administraciones".
