martes, 24 de enero de 2012

Fomento estudia soluciones con el sector de autopistas para evitar la quiebra de algunas vías

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha iniciado ya los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan las sociedades concesionarias de algunas de estas vías de pago.

   Así lo indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".
   "No tenemos aún una decisión tomada, estamos estudiándolo y hablando con el sector, no es fácil de resolver", declaró el 'número dos' de Fomento.
   "Hemos tenido reuniones tanto con asociaciones, como con sociedades, y lo estamos estudiando", insistió Catalá tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio y presidente de entes y empresas públicas dependientes de este Departamento.
   Fomento aseguró recientemente que cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas "pese a los recortes", en referencia a la reducción de 400 millones de euros que el Gobierno realizó en el presupuesto del Ministerio para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros.
   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.
   Estas autopistas, en su mayoría controladas por las grandes constructoras cotizadas, se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

Fiscalía ve indicios de presunta prevaricación y denuncia una licencia del Ayuntamiento de Roquetas

ALMERÍA.- La Fiscalía Provincial ha remitido denuncia al Juzgado de Instrucción Decano de Roquetas de Mar al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación urbanística en la concesión de la licencia municipal de obras para construir diez viviendas unifamiliares de lujo en una parcela localizada en la conocida como la finca La Fabriquilla, en Roquetas de Mar.

   Las diligencias de investigación, incoadas en julio de 2011 y de las que se dio traslado para su transformación en previas el pasado 13 de enero, indican que el hecho relevante que el Ministerio Público considera que "debe ser investigado" es el acto administrativo por el que se autorizó "de una forma no legal" la obra en una zona donde "no se podía autorizar". En concreto, se trata de una parcela en la Unidad de Ejecución UE-109.
   Fuentes judiciales han precisado hoy que la licencia cuya legalidad cuestiona la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la Fiscalía al estimar un supuesto ilícito penal tipificado en el artículo 320 fue concedida en 2007, al tener delegadas las competencias en esta materia, por la Concejalía de Urbanismo. El caso está pendiente de judicializar, por lo que no hay imputados.
   La corporación local acordó en marzo de 2006 la aprobación de la modificación puntual de la parcela 11 incluida en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la UE-109, que se promovió a instancia de la sociedad Hortiagrícola SL. La citada modificación cambió el uso del suelo de comercial a residencial --urbano consolidado-- y sobre este se levantaron los diez chalets.
   El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló en un fallo dictado el pasado mes de noviembre este acuerdo por no ser ajustado a derecho. El fallo, que estima el recurso que interpuso la Junta de Andalucía, recoge en los fundamentos que "difícilmente puede considerarse suelo urbano consolidado aquel que precisamente está sujeto a operaciones integrales de reforma interior para crear una superficie residencial en el Plan Especial que se modifica".
   La sala de lo contencioso-administrativo decretó la nulidad del acuerdo de pleno ya que se vulneraban en su aplicación los artículos 17 y 36 de la LOUA "al incumplir con el estándar tanto de reserva de plazas para aparcamientos como de cesión de suelo dotacional público" o espacios verdes. Sostiene el Alto Tribunal, además, que altera "el equilibrio entre el equipamiento comercial y la población prevista para el lugar".
   La denuncia elevada al Juzgado Decano de Roquetas de Mar para la apertura de diligencias previas parte de la denuncia previa de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Superior de Andalucía. El documento contiene un relato cronológico de otros acuerdos de la corporación aunque, de apreciarse indicios de presunta prevaricación y delito contra la ordenación, no podrían ser enjuiciados al haber prescrito.
   En concreto, alude a la recalificación de suelo rustico a suelo urbanizable de la finca de La Fabriquilla, que se encuentra dividida en dos unidades de ejecución, si bien se trataría de "unos hechos muy antiguos" que las mismas fuentes enmarcan en una época en la que se potenció y se produjo un "boom" en el desarrollo urbanístico de la mayoría de municipios españoles al amparo de la legislación vigente.
   La formación UPyD en Almería ha avanzado este martes en declaraciones a los periodistas que la Fiscalía Provincial había remitido denuncia al Juzgado Decano de Roquetas de Mar aunque declinaron facilitar más detalles de la investigación ya que, según han explicado, los servicios jurídicos del partido "nos han aconsejado encarecidamente prudencia al respecto al no haber imputados".

Holcim reduce a 141 los trabajadores afectados por el ERE, pero mantiene el cierre de 23 plantas

MADRID.- Holcim España ha reducido desde 151 hasta 140 el número de empleados afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado en España, que representarán así al 40% de la plantilla total, en virtud del acuerdo alcanzado con los represantes de los trabajadores.

   El ajuste diseñado por el grupo para su actividad en España mantiene, no obstante, el cierre de 23 plantas de hormigón, del total de 56 con que cuenta en el país, según informaron fuentes sindicales.
   Holcim indemnizará a los afectados por el ERE con treinta días por año trabajado (frente a los veinte días que inicialmente ofreció la empresa), con un máximo de 22 mensualidades. Además, lo complementará con una paga lineal de 2.000 euros para formación y reciclaje de estos empleados.
   El ajuste de la filial española del grupo suizo queda ahora pendiente del pertinente examen de la autoridad laboral correspondiente.
   El grupo suizo Holcim atribuye su decisión al descenso de la demanda de hormigón en España como consecuencia del parón constructor y a la competencia desleal que presentan "empresas piratas" que operan en el sector.
   No obstante, el ajuste sólo afecta a la actividad de hormigones, con lo que queda fuera el resto de actividades que la compañía realiza en España (áridos, cemento y mortero).

El Gobierno argelino autoriza la creación de diez nuevos partidos políticos

ARGEL.- El Gobierno argelino ha autorizado este martes la creación de los primeros nuevos partidos políticos en más de una década, cuatro meses antes de las elecciones parlamentarias, en el marco de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Abdelaziz Buteflika para evitar la propagación al país de protestas como las vividas en otros países de la zona.

   En un comunicado, el Ministerio del Interior ha informado de que se ha autorizado a diez nuevas formaciones políticas a celebrar su congreso constitutivo, una vez se haya promulgado la nueva ley orgánica relativa a los partidos políticos.
   Según el documento, recogido por la agencia oficial APS, las formaciones autorizadas son el Movimiento de los Ciudadanos Libres (MCL), la Unión para la Democracia y la República (UDR), el Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ), el Frente de la Justicia y el Desarrollo (FJD - El Adalá), Jil Jadid (JJ), Frente Nacional para la Justicia Social (FNJS), Frentre de la Nueva Argelia (FAN), Frente El Moustakbal (FM), Partido de los Jóvenes (PJ) y Partido El Karama (PK).    
   No obstante, el Ministerio del Interior ha advertido de que la autorización definitiva de los nuevos partidos "está subordinada al estudio de la conformidad" de los respectivos congresos constitutivos con la nueva ley en la materia.
   Por otra parte, Interior ha precisado que el examen de las nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos se abordará "con diligencia y tan rápido como sea posible a medida que los dosieres sean concluidos por los miembros fundadores, con los que los servicios del Ministerio están en contacto".
   "Hemos actuado de tal manera que el máximo número de partidos pudiera conseguir el visto bueno", ha asegurado el ministro del Interior, Daho Ould Kablia, según informa la agencia APS. Esta es la primera vez desde que Buteflika llegó al poder en 1999 que se autoriza la creación de nuevos partidos.
   Según la agencia, las nuevas formaciones autorizadas incluyen a varios grupos islamistas moderados. Los críticos con el Gobierno argumentan que muchas de las nuevas formaciones son en realidad próximas al Ejecutivo si bien una de ellas, el islamista Frente de la Justicia y el Desarrollo de Abdalá Djabalá, es un opositor declarado.
   En estos momentos, el Parlamento argelino está controlado por una alianza que integran el Frente de Liberación Nacional, que ha dominado la vida política argelina desde la independencia de Francia, y la Unión Nacional para la Democracia, del primer ministro Ahmed Ouyahia.

Organizaciones agrarias piden a Arias Cañete firmeza contra la renovación del acuerdo UE-Marruecos

MADRID.- Las organizaciones Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) han trasladado al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, su preocupación por la repercusión que puede tener en el sector hortofrutícola español la posible aprobación en el Parlamento Europeo del nuevo acuerdo de libre comercio con Marruecos.

   COAG ha pedido al ministro un rechazo "firme y contundente" del Gobierno a la ratificación del acuerdo y su colaboración para influir en el voto de los europarlamentarios del Grupo Popular Europeo, según informó en un comunicado.
   UPA, por su parte, califica de "nefasto" el acuerdo, que, según estima, implicaría una reducción de las producciones y las exportaciones españolas, así como un incremento "espectacular" de las importaciones de Marruecos. Además, advierte de que están en juego más de 450.000 empleos directos.
   Asaja señaló este lunes en una nota que espera que de la reunión con Arias Cañete pueda salir una línea de trabajo por la defensa de los intereses de los productores hortofrutícolas.
   Las cinco organizaciones que se han entrevistado con el ministro advirtieron hace una semana de que el nuevo acuerdo liberaliza prácticamente la exportación marroquí a los mercados europeos, destino de las exportaciones españolas, y erosiona "seriamente" la protección arancelaria para las producciones.
   Por su parte, Arias Cañete criticó ayer lunes en Bruselas por "desequilibrado" el acuerdo agrícola que debe ser aún ratificado por la Eurocámara, al tiempo que afeó al anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que "permitiera una deriva" de las negociaciones que perjudican al sector español.
   El acuerdo, cerrado por Bruselas y Rabat en 2010, está aún pendiente del voto del Parlamento Europeo y el próximo jueves será sometido a la opinión de la comisión europarlamentaria competente, la de Comercio.

Antes de junio se tipificarán como delitos infracciones en la gestión pública

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este martes que el Ejecutivo promoverá en este periodo de sesiones, que concluye el 30 de junio, la reforma del Código Penal para tipificar como delito "las infracciones más graves en la gestión de los recursos públicos".

   Durante su intervención ante la Comisión Constituciónal del Congreso de los Diputados, la primera de un miembro del Gobierno en la X Legislatura, Sáenz de Santamaría ha precisado que, junto a la Ley de Buen Gobierno que el Ejecutivo quiere presentar, habrá otra ley orgánica complementaria para introducir reformas en el Código Penal.
   "La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quien paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta", ha defendido la 'número dos' del Gobierno.
   En concreto, ha explicado que a la hora de tipificar los nuevos delitos se tendrán en cuenta "criterios de intencionalidad, grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, quebranto a la Hacienda Pública o claro perjuicio de los servicios que financia".
   Según ha dicho, se trata de que aquellos gestores que "irresponsablemente causen perjuicios a los ciudadanos en su gestión, gasten más allá de lo razonable, hipotequen el futuro de las generaciones siguientes, lleven a cabo una gestión deficiente" respondan ante los ciudadanos y "si es necesario, ante la justicia".
   Por lo que se refiere a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, Sáenz de Santamaría ha anunciado que será remitida al Congreso de los Diputados "en este periodo de sesiones".
   En ella, entre otras cosas, se pretende "elevar a rango de ley los valores que deben regir las tareas de Gobierno" y que ha fijado en la transparencia en la gestión, la imparcialidad en las decisiones o el deber de "sigilo en las informaciones de que tengan conocimiento por razón de su cargo y que no deban ser divulgadas con arreglo a la ley".
   La portavoz del Gobierno ha explicado que con esta ley y con otra serie de herramientas con las que se pretende "hacer de la transparencia una ley de referencia" en el ordenamiento jurídico", el Gobierno quiere demostrar que va a ser "un Gobierno abierto".
   Por ello, ha defendido que esta ley "marcará un antes y un después en la forma en la que se entiende el Gobierno y en la forma en que lo perciben los ciudadanos", porque incrementará la trasparencia, y reforzará "la responsabilidad de los gobernantes".
   Sáenz de Santamaría ha asegurado que ya se ha comenzado a trabajar sobre el texto y han comenzado las consultas con la sociedad civil. En concreto, ha asegurado que ha habido reuniones "con las distintas asociaciones promotoras de la transparencia y el buen gobierno".
   La vicepresidenta ha adelantado que con esta ley y otras medidas que abundarán en el mismo camino el Gobierno quiere que España forme "parte activa" de la propuesta que los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Brasil, Dilma Rousseff, impulsaron en julio de 2010 en Nueva York, conocida como 'Iniciativa mundial para un Gobierno Abierto'.
   Para ello, ha explicado que España deberá suscribir un compromiso de transparencia, presentar un plan de acción estatal abierto a consulta pública y aceptar la evaluación externa del cumplimiento del proyecto, además de cumplir con "estándares mínimos" en asuntos como transparencia fiscal, publicidad de los ingresos y bienes de los cargos públicos y participación de los ciudadanos.
   Sáenz de Santamaría también ha avanzado otros cambios que el Gobierno quiere impulsar en aras de la transparencia, a través de la Ley en la que ya trabaja. En concreto, ha anunciado que se creará un 'Portal Digital de la Transparencia' al que los ciudadanos podrán dirigir su solicitud de información.
   Según ha dicho, será "una verdadera ventanilla de información de la Administración General", que sólo tendrá como limitaciones de acceso una "lista cerrada" de asuntos relacionados con cuestiones como la seguridad nacional o el derecho fundamental a la protección de datos.
   A través de este portal, ha dicho, los ciudadanos podrán conocer, por ejemplo, "a quién y por qué se conceden las subvenciones públicas, cuánto cuesta organizar una cumbre internacional, cuántos funcionarios trabajan en un Ministerio o en un organismo público o cuánto cobran los altos cargos".
   En este sentido, la vicepresidenta ha recalcado que el Gobierno quiere "armonizar las obligaciones de transparencia en la publicación de actividades y bienes entre parlamentarios, miembros del Gobierno y otros altos cargos", de manera que sean "las máximas" para todos.
   Además, ha avanzado cambios en el Boletín Oficial del Estado y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también pretende garantizar el derecho de los ciudadanos a la transparencia.
   Por lo que se refiere al BOE, ha apuntado que se buscará un boletín "más personalizado", a través de "mecanismos de selección de contenidos y de comunicación de alertas", que respondan a "las necesidades individuales de los interesados".
   Respecto al CIS, ha dicho que se quiere avanzar en "una mayor transparencia de los datos de análisis de la coyuntura social" y ha precisado que, para ello, se ampliarán las bases de datos del centro y se incorporarán "estudios de otros centros o institutos.

Rosa Díez: al Gobierno le interesa más "evitar tensiones" que controlar el déficit

MADRID.- La líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, ha asegurado que parece que al Gobierno "le interesa más evitar tensiones con sus barones territoriales" que controlar el déficit en las comunidades autónomas porque lo "primero" que debería de haber hecho es pedirles "sus presupuestos".

   "En la legislatura pasada no se tomaron las decisiones que se debían de tomar pero es que en esta tampoco. El primer Consejo de Ministros que se celebró lo primero que tenía que haber decidido es pedir a las comunidades que desviaran los presupuestos. Parece que le importa mas evitar tensiones con sus barones territoriales que responder a la necesidad de 47 millones de ciudadanos", ha denunciado hoy en una entrevista en TVE.
   En este sentido, Díez se ha preguntado por qué el Gobierno no hace lo mismo que hace la Unión Europa con sus Estados miembros, es decir, "controlar el presupuesto antes de que se apruebe y pedir permanentemente un control y un cumplimiento".
"Parece absurdo y es completamente necesario. La primera decisión debía haber sido pedir a las autonomías los presupuestos", ha señalado.
   Según Díez, el Gobierno actual es igual de responsable que el anterior de no abordar el cumplimiento del déficit de manera efectiva, ya que aunque fue Ejecutivo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el que, a su juicio, no tomó decisiones y no alertó a los ciudadanos de la situación, "a sabiendas de lo que se estaba produciendo", el de Mariano Rajoy tampoco está tomando decisiones "para enfrentarse de verdad con el problema".
   No obstante, ha aclarado que aunque los ciudadanos tienen interés en saber "quién tiene la culpa" y que "está bien hacer el diagnóstico para evitarlo y que no se vuelva a producir", lo importante , a su parecer, es "tomar medidas" para solucionar el problema, algo que, ha apuntado, no está haciendo el PP.
   Asimismo, ha señalado que aunque son las comunidades autónomas "las que más déficit han generado", esto se ha debido a que "no se les ha impedido que lo generaran". 
"Si desde el Gobierno se hubieran controlado los presupuestos antes de que se aprobaran y si no se les hubiera dado más dinero en anticipos que lo que se sabía que iban a recaudar, no hubiéramos llegado a esta situación", ha afirmado.
   Preguntada sobre si hay que rebajar el cumplimiento del objetivo de déficit, Díez ha asegurado que "si se revisan las expectativas de crecimiento, también hay que revisar el déficit y el plazo para cumplirlo", al tiempo que ha advertido de los costes que puede suponer cumplir con dichas exigencias, algo que, tal y como ha recordado, el Gobierno de Rajoy ya ha anunciado que tiene previsto hacer.
   "La pregunta es cuánto nos va a costar cumplir en términos de más destrucción de empleo y de más recesión. El Gobierno ha dicho que se va a cumplir sí o sí, el problema es a qué precio. Gobernar es decidir, y va a haber que decidir", ha aseverado.
   Por otro lado, la portavoz de UPyD en el Congreso ha matizado que para atajar esta situación, además de controlar el techo de gasto en las comunidades autónomas, es preciso "garantizar una cierta redistribución", porque están haciendo recortes "sin ningún tipo de control", lo que lleva, ha alertado, "a que se profundice cada vez más en la desigualdad"
. "Además del techo hay que garantizar una cohesión para que los derechos fundamentales estén garantizados para todos los españoles", ha defendido.
   Por ello, Díez ha abogado por "repensar el modelo territorial del Estado, con un criterio nacional y general, y pensando en el interés de todos los ciudadanos", ya que, aunque "ha servido para mucho durante todos estos años", hoy ha demostrado ser, a su juicio, "inviable desde el punto de vista político e insostenible desde el punto de vista económico".
   "Eso hay que repensarlo. Por eso nosotros venimos sosteniendo que España necesita reformar su modelo territorial. No creo que se trate de que las Comunidades que no tienen dinero para gestionar competencias las devuelvan. Hay que caminar hacia un modelo Federal Cooperativo en el que el Gobierno tenga competencias que hoy no tiene como la Educación y la Sanidad, como competencias exclusivas e indelegables", ha explicado.
   En esta misma línea, ha manifestado que es necesario llevar a cabo un proceso de "fusión de municipios" porque muchos de ellos son pequeños y al no tener capacidad para prestar servicios, obligan a mantener las Diputaciones provinciales, las cuales, según su criterio, "hay que suprimirlas todas".
   Dicho esto, ha subrayado que es "urgente" iniciar un debate sobre esta cuestión, ya que si se abordara podría conseguirse un ahorro que ha cifrado en unos 15.000 millones de euros, "que podrían dedicarse al déficit, además de a prestar mejores servicios a los ciudadanos".

lunes, 23 de enero de 2012

García Lorca, subdelegado del Gobierno, señala la "necesidad" de infraestructuras de una provincia "históricamente ignorada"

ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno central en Almería, Andrés García Lorca, ha señalado este lunes la "necesidad de equipamientos e infraestructuras" que padece la provincia y se ha comprometido a hacer llegar al Ejecutivo las "demandas sociales" de una tierra que "fue irredenta e históricamente ignorada".

   En su intervención durante el acto de presentación tras asumir el cargo, en el que ha estado acompañado por la delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha subrayado la "voluntad de motor de desarrollo" de Almería "pese a la crisis de nos lacera" y ha trasladado que trabajará para generar "alternativas de producción y empleo".
   García Lorca, quien ha demandado "opiniones, consejos e iniciativas" para desarrollar esta tarea, ha asegurado que, en su gestión "dedicada e intensa", buscará la "eficiencia" en el "servicio al bien común", por lo que, ha añadido, "siempre estaré abierto a la crítica y al diálogo".
"No hay nada más peligroso para un gobernante que el aplauso de los incondicionales", ha indicado.
   Al hilo de esto, ha instado, en un discurso en el que ha garantizado que mantendrá la coherencia ideológica con los principios del humanismo cristiano, a "trabajar bien, esforzándonos y con perseverancia" y se ha fijado como objetivo "promover las condiciones necesarias para el ejercicio de un orden social justo, que permita el desarrollo integral e integrado de las personas y de la sociedad a la que servimos".
   Por su parte, Crespo ha expresado su "máxima confianza" en García Lorca, de quien ha destacado unas "cualidades y aptitudes importantísimas", y ha asegurado que "no defraudará" dada su trayectoria profesional marcada por el "análisis, la seriedad, y un amor increíble a su tierra".
   En esta línea, ha asumido como suyos los restos planteados por el nuevo subdelegado en materia de "déficit de infraestructuras, seguridad, inmigración y agricultura" y ha señalado que, ante la "dificultad del momento económico", debe primar la "lealtad".
"Todos debemos ir de la mano", ha apuntillado.
   Posteriormente, Crespo y García Lorca han cursado la primera visita oficial al presidente de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, y al alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador.
   En este primer encuentro con el primer edil, "distendido" según han informado desde el Consistorio, se han abordado temas relativos al inicio de las nuevas responsabilidades públicas y los ajustes en las diferentes agendas de cara a una mayor eficacia en la gestión. 
Crespo ha dedicado unas palabras en el Libro de Honor del Ayuntamiento, valorando la gestión municipal y expresando su satisfacción por la visita.

Teruel llama a la "unidad" del PSOE en torno a un candidato y alerta de que "dividir debilita a Andalucía"

ALMERÍA.- El líder del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha abogado este lunes por lograr la "mayor unidad" en torno a uno de los precandidatos que optan a la Secretaría General de los socialistas y ha advertido de que "dividir" la delegación que va a acudir al Congreso Federal "debilita" la posición de Andalucía en el partido.

   En rueda de prensa, Sánchez Teruel ha señalado que la dirección provincial "sólo" tiene conocimiento de un único, de entre 23 delegados, que haya hecho pública su preferencia ya que hay que recordar que los dos socialistas almerienses que tienen un papel activo en los equipos de Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, la diputada nacional, Consuelo Rumí, y el exalcalde de Olula del Río, Antonio José Lucas, han quedado fuera de la representación.
   "Primero hablaré con todos los secretarios generales en las provincias andaluzas buscando que Andalucía tenga la delegación más numerosa, unida en torno a un candidato", ha afirmado para, a continuación, mostrar su convencimiento de que la citada "unión puede hacer que Andalucía salga reforzada" y que el presidente de la Junta de Andalucía y secretario general del PSOE-A, Jose Antonio Griñán, "haga valer su fuerza".
   En esta línea, Sánchez Teruel ha señalado que buscará el "máximo consenso" en el seno de la delegación del PSOE de Almería, que, tras el congreso provincial, ha quedado conformada por 16 integrantes de la lista presentada por la Ejecutiva y siete miembros de la lista alternativa liderada por Joaquín Jiménez, quien alcanza el respaldo del 30 por ciento de asistente. Así, el exconsejero andaluz Martín Soler estará presente en el cónclave federal.
   Sobre la ausencia de Rumí y Lucas, el líder de los socialistas almerienses la ha achacado precisamente a la concurrencia de esa lista alternativa. "Entendimos, al confeccionarla, que debía incluirse a las personas que están defendiendo el proyecto de cada uno de los candidatos pero, al incluirlos, debimos ordenar la lista para que ambos tuviesen la misma suerte si se presentaba una lista alternativa y conseguía más del 20 por ciento de votos", ha explicado.
   La lista final, que irá encabezada por el secretario provincial del PSOE almeriense, incluirá, además de al propio Jiménez, a la exdiputada nacional del PSOE Ana Cano, el exvicepresidente de la Diputación Provincial y secretario local del PSOE de Adra, Luis Pérez Montoya, el exdelegado de Obras Públicas Luis Caparrós, la concejal del Ayuntamiento de Almería, Déborah Serón, el exconsejero Martín Soler, y la alcadesa de Las Tres Villas, Virtudes Pérez.
   Entre los miembros que concurrirán al cónclave por esta circunscripción pertenecientes a la lista oficial se encuentran el secretario provincial de Organización, Juan Carlos Pérez Navas, la delegada provincial de Iguadad, Adela Segura, el presidente del PSOE de Almería, Antonio Bonilla, la secretaria de la ejecutiva local del PSOE de Almería, Pepa Requena, el exalcalde de Almería Fernando Martínez, la portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Esperanza Pérez Felices y la coordinadora provincial del IAM, Águeda Cayuela, entre otros.
   Sánchez Teruel ha hecho referencia, asimismo, al "intenso debate" que se generó en el congreso provincial gracias a las 373 enmiendas presentadas, entre las que ha destacado aquella en la que se insta al 38º Congreso Federal a adquirir el compromiso de que, ante cualquier negociación de la UE con terceros países, "se haga sin perjudicar al sector agrícola".
"No podemos tolerar la entrada de producto por parte de países que compiten de manera desleal ya que no se les exige lo mismo", ha remarcado.
   De este modo, se ha reafirmado en la postura de los socialistas en contra de la aprobación del acuerdo de asociación UE-Marruecos y ha trasladado que harán "todo lo posible" para impedir que se apruebe dicho acuerdo si bien ha subrayado que es el PP el que "decidirá si se aprueba o no, al tener mayoría en el Parlamento Europeo".
   Ha recordado que el PSOE de Almería está presentado mociones en contra del acuerdo en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación Provincial y ha instado al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a que "deje de confundir a la opinión pública y clarifique de una vez su postura, a poder ser antes de la visita a Marruecos que tiene prevista para el próximo 9 de febrero".

La Junta destaca que la deuda pública andaluza se sitúa tres puntos por debajo de la media de las CCAA

SEVILLA.- La deuda pública andaluza se situó en el tercer trimestre de 2011 en el 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto, 3,1 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas españolas (12,6 por ciento), según la información del Banco de España extraída y hecha pública por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

   Según indica la Junta en una nota, la actuación de los gobiernos para hacer frente a la recesión económica "ha supuesto la adopción de medidas de estímulo fiscal, que han generando un deterioro de las finanzas públicas". En concreto, los datos del Banco de España señalan que entre comienzos de 2008 y el tercer trimestre de 2011 --última información disponible--, la ratio de deuda pública respecto al PIB en el conjunto de comunidades autónomas ha pasado del 5,8 por ciento al 12,6 por ciento, el nivel más alto desde que se tiene información (1994).
   La Junta en su nota apunta que "todas las comunidades autónomas han experimentado crecimientos de la deuda, aunque existen diferencias entre ellas". Así, destaca que Andalucía es una de las regiones que registra una ratio deuda inferior a la media, siendo la segunda que ha experimentado el avance más moderado (4,7 puntos), inferior a los 6,8 puntos que de media ha aumentado en el conjunto de regiones.
   Teniendo en cuenta el nivel de deuda y el perfil de acumulación de la misma durante los últimos trimestres, Andalucía se encuentra "en una mejor situación relativa respecto al resto de comunidades autónomas en el proceso de consolidación fiscal acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en respuesta a la estrategia de sostenibilidad presupuestaria fijada por España en el marco de la Unión Europea".  
   Junto a Andalucía, se mantienen por debajo de la media las comunidades de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid.
   En el lado opuesto, las comunidades que presentan un balance más negativo, con una ratio deuda PIB superior a la media, y un incremento relativamente más intenso en el período, han sido Comunidad Valenciana (19,9 por ciento del PIB en el tercer trimestre de 2011), Cataluña (19,7 por ciento), Castilla-La Mancha (18,3 por ciento) y Baleares (16,8 por ciento), con aumentos que oscilan entre los 8,1 y los 12,8 puntos, según ha apuntado la Junta.

Griñán apoya la petición del sector hortofrutícola de no refrendar un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos

SEVILLA.- El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha mostrado este sábado su acuerdo "prácticamente en todo" con el sector hortofrutícola andaluz en su petición de no refrendar un nuevo acuerdo en materia agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, por lo que ha apelado a la "unidad de acción más allá del partidismo político" en la votación que tendrá lugar en el Parlamento Europeo entre los próximos días 13 y 16 de febrero. 

   El jefe del Ejecutivo andaluz ha realizado estas declaraciones en Sevilla después de mantener un encuentro con representantes de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (Fepex), en el que también ha participado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera.
   Así, el presidente de la Junta ha manifestado que el acuerdo con Marruecos ya vigente "no se está cumpliendo", puesto que "no hay control de fronteras" y las exigencias de seguridad alimentarias "no son las mismas" para las frutas y hortalizas marroquíes que para los productos procedentes de otros países de la UE.
   Por tanto, el líder del Gobierno andaluz ha señalado que "Andalucía no va a seguir aceptando" estas condiciones, de modo que se pretende "conseguir que el Parlamento Europeo no refrende este acuerdo" hasta que no se consigan los "objetivos" del sector.  
   Griñán ha destacado que las empresas hortofrutícolas andaluzas "son empresas competitivas que investigan, innovan, aportan e introducen nuevas tecnologías, que no pueden arruinarse por una competencia desleal".
   Por su parte, el director general de Fepex, José María Pozancos, ha incidido en la importancia de que no se siga "maltratando" a un sector que representa en España 450.000 empleos directos, por lo que ha incidido en que el protocolo planteado, que califica como "desequilibrado", sea devuelto a la Comisión para su renegociación. Pozancos ha señalado que este acuerdo tendría un impacto "muy negativo" sobre las principales zonas productoras como Almería, Granada, Huelva o Sevilla.
   Este encuentro celebrado en Sevilla ha contado también con la presencia de miembros de las entidades andaluzas Asociafruit, Asociación Onubenses de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) y Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal).
   El sector viene denunciando el continuo incumplimiento de los precios de entrada preferenciales los productos procedentes de Marruecos -en el caso del tomate, por ejemplo, está fijado en 0,46 euros por kilo- y, en consecuencia, la necesidad de reformar un sistema regulador de los mismos que resulta "ineficaz"; así como la vulneración de las cantidades asignadas para cada producto, plasmada en el crecimiento de las exportaciones hortofrutícolas de Marruecos por encima de lo establecido en el acuerdo en vigor -120 por ciento y 37 por ciento más en octubre y noviembre de 2011, respectivamente-.
   En cuanto a las normas europeas de calidad, las condiciones exigidas a los productos de la Unión Europea son más exigentes en materia de calidad, seguridad alimentaria y residuos fitosanitarios que las aplicables a otros que se producen en Terceros Países. Una circunstancia que, sumada a que los costes de producción en Marruecos son inferiores, coloca a los productores europeos de frutas y hortalizas en una situación de desventaja al ser víctimas de una competencia desleal.

Cañete critica el acuerdo agrícola con Marruecos por "desequilibrado"

BRUSELAS.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha criticado por "desequilibrado" el acuerdo agrícola que Bruselas negoció con Rabat y que debe ser aún ratificado por la Eurocámara, al tiempo que ha criticado al anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "permitir una deriva" de las negociaciones que perjudican al sector español.

   "Es un acuerdo claramente desequilibrado para un país como España, cuyos calendarios son los más afectados, al que afectan gravemente los contingentes concedidos y porque los mecanismos de control de precios de entrada no son todo lo eficaces que desearíamos", ha resumido en declaraciones a la prensa a su llegada al primer Consejo de ministros europeos al que asiste desde que fue designado en el cargo por Mariano Rajoy.
   Arias Cañete se ha escudado en que el reglamento de la Eurocámara no permite dar "instrucciones" a los eurodiputados para no responder si el Gobierno cree que esta institución debe votar en contra de la ratificación del convenio agrícola.
   No obstante, ha defendido que los eurodiputados del Partido Popular han expresado en el pasado su posición de rechazo al acuerdo de manera "nítida y transparente", una posición, que según el ministro, no han mostrado los diputados del grupo socialista.
   El acuerdo, cerrado por Bruselas y Rabat en 2010, está aún pendiente del voto del Parlamento Europeo y el próximo jueves será sometido a la opinión de la comisión europarlamentaria competente, la de Comercio. A este respecto, Arias Cañete ha advertido a los eurodiputados que han apoyado el acuerdo que si votan en contra del mismo esta semana deberán "explicar" la razón de su cambio de opinión.
   "Veremos cuál es el impacto de las elecciones andaluzas en el voto de los parlamentarios socialistas, (ya) que, por lo visto, su coherencia está en función de los procesos electorales (más) que del contenido real de los acuerdos", ha declarado.
   El pacto agrícola negociado por Bruselas permitirá la entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate marroquí con arancel reducido, una ventaja fuertemente criticada por los agricultores españoles, en especial desde Canarias, Andalucía y Murcia. Otras comunidades autónomas como la valenciana se han sumado a las críticas por temor a que perjudique a otras producciones.
   Arias Cañete, que esta semana se reunirá con el sector, ha insistido en que el acuerdo es "claramente desequilibrado" para un país como España y que desde el Gobierno han "cuestionado" el curso de la negociación. El ministro, además, ha lamentado que el anterior Ejecutivo español "no siguió esta negociación y consintió una deriva" que perjudica los intereses españoles.

Viaja a Marruecos

Arias Cañete viajará el próximo 9 de febrero a Marruecos con el objetivo de facilitar las negociaciones de la Unión Europea con Rabat para un nuevo acuerdo pesquero que sustituya al que el Parlamento Europeo tumbó el pasado diciembre.
   Así lo ha anunciado este lunes en declaraciones a los periodistas a su llegada al primer Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca en el que participa desde que fue nombrado en el caro por Mariano Rajoy.
   Arias Cañete ha explicado que la comisaria de Pesca, Maria Damanaki, ha presentado una propuesta sobre la posición que quiere defender con Rabat a la hora de negociar el nuevo régimen pesquero, que requiere aún el visto bueno de los Veintisiete.
   "España quiere introducir algunas modificaciones en el mandato para facilitar la negociación con Marruecos. Yo mismo iré a Marruecos el próximo día 9 para hablar con mi colega marroquí (Aziz Akhannouch) sobre cuestiones pendientes, el acuerdo pesquero y otras cuestiones agrarias, buscando la mayor cooperación entre dos países que están siempre llamados a entenderse", ha resumido el ministro español.
   Arias Cañete, sin embargo, no ha querido revelar cuáles son las "modificaciones" que el Gobierno ve necesario en el mandato de Bruselas para darle su apoyo.
   La propuesta de mandato que Damanaki ha planteado a los Estados miembros habla de pedir a Marruecos "garantías de que cumple con las obligaciones del Derecho internacional que resultan de su administración 'de facto' del Sáhara occidental", han informado a Europa Press fuentes diplomáticas.
   La mención explícita a la excolonia española supone un problema para España y Francia, que han pedido cambios en el texto con el apoyo de la delegación portuguesa, han explicado las fuentes, porque una referencia explícita "va más allá de lo que el Parlamento Europeo" pidió en su resolución, en la que no mencionó al Sáhara occidental.
   Países, como Reino Unido, Países Bajos, Suecia y otros tradicionalmente con reservas en los acuerdos pesqueros con Marruecos han subrayado su interés de que la referencia clara al Sáhara occidental se mantenga.
   La cuestión del Sáhara occidental, cuya población denuncia la sobreexplotación de sus recursos y reclama que sean excluidos de cualquier acuerdo con Marruecos, es el punto más polémico en las relaciones pesqueras de la Unión Europea con el país magrebí.
   Pero no ha sido el único escollo, ya que los eurodiputados esgrimieron también dudas respecto a la rentabilidad económica del convenio pesquero y reclamaron garantías de pesca sostenible.
   Con el compromiso de atender la petición de la Eurocámara, Damanaki ha trabajado en una propuesta que se asienta sobre tres ejes: medioambiental, económico y legal.
   Es una propuesta modificada porque inicialmente la comisaria intentó, sin éxito, contar con el apoyo del resto del Ejecutivo comunitario para pedir a los 27 negociar un acuerdo que dejara fuera las aguas saharauis.

El PP renovará sus estructuras en el Congreso Nacional

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha explicado este lunes que una de los objetivos del Congreso Nacional que este partido celebrará en febrero es la renovación de sus estructuras para dar "entrada a personas que tienen que ir abordando nuevas tareas".

   Este es uno de los resultados que tendrá el congreso de Sevilla, según ha expuesto Cospedal ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, reunido en Madrid por última vez antes de esa cita de febrero.
   La propia secretaria general lo ha explicado también en rueda de prensa. La renovación, ha dicho, es un "proceso lógico" en todos los partidos políticos, aunque tampoco hoy ha aclarado si le afectará a ella o no; María Dolores de Cospedal no se pronuncia sobre este asunto alegando que su futuro en el PP lo decidirá el presidente del partido, Mariano Rajoy.
   En el Comité Ejecutivo Nacional de este lunes se han aprobado las líneas generales de trabajo en el Congreso de Sevilla, en el que Mariano Rajoy será el único candidato a la presidencia 'popular', candidatura que él mismo ha anunciado hoy a la dirección de su partido.
   María Dolores de Cospedal ha explicado que su formación tiene que aprovechar el Congreso para preparar al partido para seguir siendo "instrumento de conexión" entre los ciudadanos y el Gobierno, a los que devolverán así la confianza que le han dado en las elecciones, ha dicho.
   Además, el PP debe emplearse en explicar el trabajo del Ejecutivo, las medidas que va tomando para afrontar "la peor herencia que se ha encontrado nunca un gobierno".

Rajoy espera acertar
El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró hoy, por su parte, ante sus compañeros del Comité Ejecutivo Nacional que espera acertar con las personas en el próximo Congreso del partido que tendrá lugar en Sevilla los días 17, 18 y 19 de febrero, según informaron fuentes populares.
   El jefe del Ejecutivo realizó esta afirmación durante su intervención ante el primer Comité Ejecutivo que celebra el PP después de que Mariano Rajoy tomara posesión como presidente del Gobierno el pasado 21 de diciembre.
   Mariano Rajoy realizó un repaso a lo acontecido en los cuatro últimos años, desde que se celebró el Congreso del PP en Valencia, después de la derrota de 2008. Recordó que en aquel momento se había celebrado el cónclave popular en unas circunstancias difíciles, bien distintas de las actuales.
   Pero expuso que los resultados de los partidos son como las cuentas de resultados de las empresas y señaló que estos han sido buenos para el partido durante todo este periodo.
  Quiso agradecer también el trabajo y el esfuerzo realizado a todos los miembros de la dirección del partido, que les ha llevado donde han llegado, pero no hizo ninguna mención especial que pudiera dar pistas de cara al nuevo XVI Congreso que tendrá lugar dentro de cuatro semanas.
   En lo que Mariano Rajoy sí hizo una mención especial nominativa fue en referencia a Andalucía, para destacar el esfuerzo realizado por el candidato a presidir la Junta de Andalucía, Javier Arenas, y su equipo.
   El presidente del Gobierno también pidió a sus compañeros que explicaran bien las medidas que se ha visto obligado a adoptar el Ejecutivo debido al exceso de déficit que ha encontrado en las cuentas públicas. Argumentó, en este sentido, que el control del déficit está dando ya resultados en los mercados financieros donde ha bajado la prima de riesgo que se paga por colocar la deuda soberana.
   También quiso dejar claro que cualquier previsión que se haga ahora tiene que tener en cuenta que los escenarios han cambiado y puso como ejemplo que el Gobierno del PSOE llegó a predecir un crecimiento del 2,3 por ciento para el presente ejercicio.
   Ante sus compañeros relató, además, el calendario de reformas previsto, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria que irá al próximo Consejo de Ministros, y en dos o tres semanas, la reforma del sistema financiero y la laboral. Además, en el primer trimestre se prevé tener los Presupuestos y en el primer semestre, la reforma del sector público y la ley de emprendedores.
   De hecho, con este calendario respondió a Esperanza Aguirre cuando esta le demandó reformas estructurales para evitar que las decisiones estatales descuadren las cuentas de las CCAA. La presidenta madrileña fue, junto con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, la única en intervenir en la reunión del Comité Ejecutivo.
   Aguirre expuso sus quejas porque decisiones estatales en materia de Sanidad, Educación y Justicia han cargado los gastos de los presupuestos autonómicos y recordó que, aunque ella lleva varios años recortando gastos, estos se han incrementado por decisiones del Gobierno anterior.
  La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, también hizo balance de estos últimos cuatro años e hizo un repaso de las victorias electorales que han ido cosechando hasta llegar a la de las generales.
   Algunos de los presentes interpretaron que las palabras de Cospedal estaban más en clave de estabilidad profunda ya que ahora no hay tensión como la que había hace cuatro años. 
La secretaria general realizó un informe técnico y al finalizar pidió que se sometiera a votación el reglamento del Congreso del partido, que dará comienzo el viernes 17 a las cuatro de la tarde en Sevilla y será clausurado en torno a la una del mediodía del día 19.

El PIB español caerá un 1,5% en 2012, según el Banco de España

MADRID.- La economía española registrará una "caída sustancial" del 1,5% en 2012 y una "modesta" recuperación en 2013, con un crecimiento del 0,2%, tras avanzar un 0,7% en 2011, según el último 'Boletín del Banco de España'.

   El banco emisor ha adelantado la presentación de sus proyecciones por el reciente cambio de Gobierno y la modificación del calendario de presentación de los Presupuestos de 2012, aunque alerta de que las cifras están sometidas a un grado de incertidumbre "muy elevado" por las condiciones excepcionales del ejercicio, los supuestos fiscales adoptados y la compleja situación de la zona euro y los mercados financieros.
   El Banco de España parte de que el PIB entró en negativo por primera vez en siete trimestres en el cuarto trimestre de 2011 (-0,3%), trayectoria que "podría continuar en el presente año". Esto significaría que la economía española volvería a entrar en recesión técnica en el primer trimestre de 2012 (dos trimestres seguidos de crecimiento negativo).
   Destaca que a lo largo de 2011, la "modesta" recuperación que había emprendido la economía española un año antes se fue debilitando, a medida que la crisis de deuda soberana en la zona euro se fue extendiendo a un número mayor de países y se recrudecían las tensiones en los mercados financieros.
   Ello motivó que la economía española cayera en el tercer trimestre un 0,3% en tasa intertrimestral, pero en términos interanuales, el PIB siguió aumentando un 0,3% en el trimestre y un 0,7% en el conjunto del año 2011, tras sendos retrocesos en los dos años precedentes.
   En este contexto, indica la autoridad monetaria, el empleo no dio signos de recuperación en 2011, apreciándose incluso una intensificación en la senda de destrucción de empleo tras el verano. En concreto, estima en una caída del 1,7% de la creación de empleo el pasado año que, de confirmarse, implicaría un nivel de empleo inferior en algo más de un 10% al existente al comienzo de la crisis. La tasa de paro habría repuntado hasta alcanzar el 21,5% en el tercer trimestre, cifra que probablemente habrá sido superado en los últimos meses del ejercicio.
   Con este perfil, las proyecciones macroeconómicas contemplan una "caída sustancial" del PIB en 2012 (-1,5%) y una "modesta" recuperación en 2013 (0,2%), con tasas positivas desde el primer trimestre del próximo año, de forma que la economía se vaya aproximando a su ritmo de crecimiento potencial.
   En 2012, las caídas de la actividad serán "relativamente intensas" hasta el final de verano, atenuándose en el tramo final del ejercicio. En 2013, el incremento del PIB se deberá sobre todo a los menores requerimientos del ajuste presupuestario y una mejora de todos los componentes del crecimiento.
   El escenario global que plantea el Banco de España es el resultado de una "significativa contracción" de la demanda nacional, parcialmente contrarrestada por una "elevada contribución" del saldo neto exterior. El retroceso de la demanda nacional resultará de la confluencia de un "fuerte descenso" de sus componentes público y privado, en un contexto en el que el gasto de las familias se verá restringido por el impacto de la consolidación fiscal y el menor empleo.
   De hecho, el supervisor prevé un retroceso del consumo de los hogares a lo largo de todo el periodo de proyección, a pesar de que la tasa de ahorro se mantendrá en una trayectoria descendente. La inversión residencial, por su parte, seguirá registrando caídas en 2012 y 2013, si bien serán más modestas que en años anteriores tras haber superado la fase más dura del ajuste.
   Al analizar solo el año 2012, el Banco de España espera una contracción de la demanda nacional del 4% por un comportamiento "más desfavorable" de casi todas las partidas, aunque sobre todo el consumo público y la inversión pública. El consumo privado, por su parte, caerá algo más del 1% a pesar de que la tasa de ahorro volvería a mostrar un nuevo descenso por el retroceso del empleo y la subida del IRPF.
   La inversión en vivienda sería el único componente cuya tasa de variación en 2012 podría no ser inferior a la de 2011, aunque seguirá siendo negativa, con un descenso por encima del 4%. En cambio, la debilidad de la demanda, el deterioro de las perspectivas y las "duras condiciones de financiación" incidirán en la puesta en marcha de nuevos proyectos por parte de las empresas, de forma que la inversión caerá cerca del 3%.
   En el exterior, las exportaciones crecerán un 3,5%, mientras que las importaciones disminuirán con gran intensidad (-5%), lo que hará que la demanda exterior neta aporte 2,5 puntos al crecimiento, medio punto por encima de la cifra de 2011.
   En 2013, el consumo privado dejará de caer, el ajuste de la inversión residencial habrá terminado, el gasto empresarial tenderá a estabilizarse, la renta de las familias presentaría su primera variación positiva desde 2009, la tasa de ahorro se recuperaría "ligeramente" y las exportaciones se expandirían con mayor vigor.
   Por otro lado, el Banco de España asegura que el descenso del PIB en 2012 tendrá un "impacto apreciable" en el empleo que, sin incorporar medidas adicionales en el mercado de trabajo, caerá un 3%. Esta pauta se atenuaría en 2013, puesto que en la segunda mitad del año se volvería a crear empleo en términos netos, aunque seguirá cayendo en términos medios anuales (-0,7%).
   Pese al descenso de la población activa que se proyecta, estas cifras de empleo darían lugar a un incremento de la tasa de paro de casi dos puntos en 2012, hasta el 23,4%, nivel a partir del cual descendería solo de modo "muy marginal" en 2013, sin medidas adicionales. "Actuaciones más decididas en el ámbito de las reformas estructurales permitirían una reducción más rápida del desempleo", afirma.
   Por otro lado, las tensiones inflacionistas, bajo el supuesto de que el precio del petróleo se comporte en el futuro tal y como se desprende de sus cotizaciones actuales, seguirán disminuyendo en el primer semestre de 2012. Esta situación, unida a la disminución de los costes laborales unitarios en los dos próximos años, dará lugar a incrementos de precios "moderados" del 1,5% en 2012 y del 1,2% en 2013.
   A pesar de todo, el Banco de España cree que el ajuste adicional de la economía en 2012 y 2013 permitirá la corrección de algunos desequilibrios que habría "estrangulado" las perspectivas de crecimiento en el medio plazo, como el desapalancamiento de empresas y familias y la necesidad de financiación de la nación. 

Más déficit y más paro

El Banco de España estima que el déficit público cerró 2011 en el 8,1%, lo que obligará al Gobierno a adoptar un "esfuerzo fiscal adicional" al ya anunciado para asegurar el logro de recortar al 4,4% el déficit en 2012, según indica en su último 'Boletín Económico'.
   La autoridad monetaria, que destaca que la economía española se enfrenta a un proceso de consolidación fiscal "sin precedentes" y que ello supondrá uno de los "principales condicionantes" de la evolución macroeconómica de los próximos meses, prevé que el esfuerzo fiscal restante que tiene que acometer el Ejecutivo se hará por el lado del gasto público.
   En concreto, estima que, tras la no disponibilidad de gasto de 8.900 millones de euros y la subida fiscal por unos 6.000 millones, la composición del ajuste en 2012 quedaría distribuida en alrededor de un 20% por el lado de los ingresos y de un 80% por el lado del gasto, en este último caso repartido de forma prácticamente simétrica entre el gasto corriente y de capital.
   Como resultado de estos supuestos, el Banco de España proyecta una reducción del déficit público de 3,6 puntos, con una caída del peso del gasto público sobre el PIB de 2,8 puntos y un incremento de los ingresos de 0,8 puntos. Todas las partidas de gasto, añade, contribuirían a esta reducción, con la excepción de las prestaciones sociales y la carga de intereses, que aumentarían en 2 y 4 décimas del PIB, respectivamente.
   Por su parte, para 2013 se proyecta una disminución del déficit público de 1,4 puntos del PIB, ajuste que se concentraría "casi exclusivamente" por el lado del gasto público.
   Finalmente, advierte de que en la medida en que las cifras de cierre de las cuentas de las administraciones públicas correspondientes a 2011 y la composición y magnitud del ajuste fiscal en 2012 y 2013 se separen de las que se asumen en este informe, las proyecciones macroeconómicas incluidas en el mismo se verán afectadas también, por lo que afirma que deben tomarse "con especial cautela".
La tasa de paro escalará hasta el 23,4% este año y se reducirá de modo "muy marginal" en 2013 si España no acomete una reforma "ambiciosa" del mercado laboral, especialmente en lo concerniente a los mecanismos de contratación y negociación colectiva, así como al establecimiento de pautas para moderar "en mayor medida" los aumentos salariales en 2012 y 2013.
   Así lo advierte el Banco de España en su último boletín económico, en el que señala que con medidas "decididas" en estos ámbitos "se contribuiría a mitigar el coste, en términos de empleo, del descenso previsto de la actividad", se impulsaría la competitividad y la productividad de la economía española y se mejoraría la percepción sobre la sostenibilidad del endeudamiento externo de España.
   El panorama laboral que dibuja el Banco de España en ausencia de reformas es sombrío. Con un PIB cayendo al 1,5% este año, el empleo registrará una contracción cercana al 3% y la tasa de paro subirá casi dos puntos, hasta el 23,4%, según sus cálculos.
   En 2013, las proyecciones de esta institución apuntan a un retroceso del empleo en media anual del 0,7%, aunque en términos intertrimestrales prevé que empiece a crearse empleo neto en la segunda mitad del próximo año.
   De acuerdo con sus previsiones, la productividad aparente del trabajo aumentará un 1,6% en 2012, frente al 2,4% de 2011, mientras que en 2013 su ritmo de avance se ralentizará hasta situarse en el entorno del 1%.
   La institución que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima que el empleo en el sector público disminuya con "cierta intensidad" en 2012 y 2013 como consecuencia de la congelación de la oferta de empleo, la reducción del sector público empresarial y la simplificación y racionalización de la estructura administrativa del Estado, comunidades y ayuntamientos.
   El Banco de España señala además que el ajuste afectará "con notable intensidad" al sector privado, aunque calcula que empezará a crearse empleo neto en la economía de mercado a comienzos de 2013.
   "Si se pusieran en marcha medidas efectivas para adecuar la remuneración de los puestos de trabajo a su produtividad y, en general, para permitir que las condiciones laborales en un sentido amplio pudieran adaptarse a las necesidades específicas de las empresas, el resultado sería una anticipación e intensificación de la generación neta de empleo en el sector privado de la economía", argumenta el Banco.

domingo, 22 de enero de 2012

Un juez obliga al Ayuntamiento de Almería a readmitir o indemnizar al sepulturero municipal


ALMERÍA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha obligado al Ayuntamiento de Almería a readmitir en los mismos términos o despedir con indemnización al sepulturero municipal después de declarar "improcedente" su despido en febrero de 2010 al entender que tras prestar servicio durante diez años debería ostentar la condición de trabajador indefinido "que no fijo", ya que "desde el comienzo de su relación servicial ha venido realizando las tareas y funciones de sepulturero en el mismo centro de trabajo" pese a haber estado sujeto distintos empleadores. 

   Según recoge la sentencia y el posterior auto aclaratorio, el salario diario del enterrador y la indemnización a abonar por despido asciende a 61,78 euros diarios y 2.780,1 euros, respectivamente. Este pronunciamiento responde al recurso de suplicación interpuesto por el interesado, si bien las partes condenadas, entre las que también se encuentran la UTE Ceal Aral Sociedad General de Construcciones S.A. y Construcciones Murias S.A., pueden interponer recurso de casación a la sentencia.
   El texto explica en sus fundamentos jurídicos que el sepulturero inició una relación laboral indefinida con la UTE a la que el Ayuntamiento concedió el servicio en mayo de 1999, de forma que ésta finalizó en enero de 2009 como consecuencia de la baja voluntaria del trabajador "en connivencia con la citada UTE y el Ayuntamiento de Almería, con objeto de figurar como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y ser contratado por el citado organismo", ya que un mes después sería contratado directamente por el Consistorio.
   En este sentido, el Ayuntamiento se vio obligado a resolver un día después a la baja voluntaria del trabajador la concesión de la UTE por otro pronunciamiento judicial dado casi dos meses antes, con lo que el servicio mortuorio municipal fue asumido por el Consistorio, que "absorbió a los trabajadores que venían prestando sus servicios por cuenta de la UTE subrogándose el Ayuntamiento en la figura de empleador".
   Si bien en un primer momento se alegó que debido al cese de la actividad en el cementerio se dio una "acumulación de tareas" por las que el Ayuntamiento tuvo que hacer contratos temporales; la Sala de lo Social considera probado que el Ayuntamiento "asumió la gestión del servicio mortuorio municipal y la plantilla de la UTE" en la que está el enterrador, al que se hicieron dos contratos temporales de seis meses con prórroga hasta que se adjudicó el servicio a ASV Funeser, que ostenta el mismo en la actualidad.
   Este contrato temporal se ofertó a través del SAE ante la "inexistencia de personal" en la bolsa de trabajo. El anuncio detallaba que se buscaba a un sepulturero con al menos cinco años de experiencia en el servicio de cementerios. Sin embargo, el juez estima que se trata de una "ficticia oferta pública" de empleo al haber asumido previamente la plantilla de la UTE, y por ende al demandante, durante el tiempo en el que el Ayuntamiento gestionó directamente el servicio.
   En su primer contrato --a partir de febrero de 2009-- el sepulturero fue requerido hasta agosto del mismo año debido a una "especial acumulación de tareas", un extremo que el juez tacha de "fraude de ley" puesto que "no atendía" a este aspecto, sino a una subrogación del Ayuntamiento "en todos los derechos y obligaciones de la UTE como empleadora". En este sentido, ahonda más adelante que "no están acreditadas circunstancias fácticas que implicaran un aumento desmedido de inhumaciones" en el momento de la contratación.
   "En virtud de lo expuesto, ha quedado probado que ha existido sucesión de empresas, concretamente sucesión de plantilla, pues el Ayuntamiento de Almería se hizo cargo no sólo de la gestión del servicio mortuorio municipal, sino que también asumió a los trabajadores", señala el tribunal que también plantea si la administración local puede acudir a un contrato temporal por circunstancias de producción o debió concertar contratos de duración indefinida porque el servicio mortuorio en sí es permanente.

La Femp estudia el futuro de las diputaciones y la fusión de municipios

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) está realizando un estudio sobre el futuro de las Diputaciones provinciales, que excluye su desaparición, y sobre la posible fusión de ayuntamientos para rediomensionar el mapa local español.

Así lo ha manifestado el presidente de ese organismo y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, quien ha recordado que el estudio responde al mandato de la Asamblea general de la Femp celebrada en septiembre en la que se acordó llevar a cabo un análisis de la estructura municipal.
Partidario de "no improvisar ni usar de forma partidista" un asunto tan importante como la estructura del Estado, Zoido considera una "auténtica barbaridad" la propuesta de algunos sectores del PSOE de suprimir las diputaciones provinciales.
Zoido cree que estas administraciones "tienen mucha razón de ser" para la prestación y garantía de los servicios públicos en los municipios pequeños, pero deben "redimensionarse" sin que quede mermada esa función.
Dentro de ese estudio que la Asamblea encomendó al nuevo equipo que preside Zoido se incluye también un análisis para ver qué municipios pueden ser susceptibles de ser absorbidos por otros.
"Trabajamos en esa línea y, sin ningún tipo de alarma, tendremos tanto que redimensionar las Diputaciones, que son fundamentales, como llevar a cabo adaptaciones en los municipios", resume el regidor de Sevilla.
Y para ello, la Femp quiere seguir criterios técnicos y prescindir de los políticos o partidismos, nada aconsejables, considera Zoido, en un asunto como este, que requiere el máximo consenso y una garantía de "objetividad".
Aunque cree que en esta materia habrá acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, advierte de la inconveniencia de propuestas partidistas como, según él, la que encabezaron los socialistas cuando en las elecciones del pasado 22 de mayo perdieron la mayoría de las diputaciones.
Tras esa derrota, el PSOE pidió la eliminación de esas entidades provinciales, subraya Zoido, antes de insistir en la necesidad de adoptar medidas que "miren al futuro" sin que ello conlleve la eliminación de esos organismos.

Suficiente el alza del IBI 

Zoido  asegura que la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) acordada por el Gobierno es más que suficiente y que los ayuntamientos no deben apretar más el bolsillo de los ciudadanos, sino recortar los gastos superfluos para superar la crisis.
Cuatro meses después de haber sido proclamado por unanimidad presidente de la Femp, Zoido repasa los grandes retos del municipalismo para los próximos cuatro años, en un escenario de crisis que ha provocado la asfixia de las arcas municipales.
Pocos días antes de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local -el órgano que reúne al Gobierno y a las entidades municipales-, Zoido deja claro el compromiso de los ayuntamientos con los objetivos de déficit.
De todos modos, confía en que Montoro, al igual que ha acordado con las autonomías, materialice su promesa de ampliar de cinco a diez años el plazo que los ayuntamientos tienen para devolver a Hacienda las liquidaciones negativas de las entregas a cuenta correspondientes a 2008 y 2009 y que ascienden a casi 6.000 millones de euros.
Esta medida y la ampliación de las líneas de crédito ICO, que también demandará la Femp, dará "oxígeno" a muchos ayuntamientos, porque si no, "habrá muchos que sean inviables desde el punto de visto económico y financiero en los próximos meses", advierte Zoido.
Consciente de que debe resolverse el problema de la deuda local -36.700 millones a 30 de septiembre, según el Banco de España-, Zoido imputa los problemas financieros de los municipios a, entre otros motivos, un déficit de financiación de las competencias "impropias" que han ido asumiendo por "la vía de los hechos".
En cualquier caso, el también alcalde de Sevilla no es partidario de subir más impuestos -con el alza del IBI es suficiente, estima- ni de "apretar más el bolsillo de los ciudadanos".
Por el contrario, considera que al cinturón de los ayuntamientos aún le queda algún agujero más y pueden reducir el gasto corriente, los desembolsos superfluos y organismos públicos, como ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla.
Zoido quiere mantener en la Femp el espíritu de consenso con el que inició su mandato y, con el acuerdo de todos los partidos representados en este órgano, lograr en esta legislatura el pacto local o la "segunda descentralización" del Estado.
En 30 años de democracia, los ayuntamientos han ido asumiendo competencias sin que llevaran aparejada la financiación correspondiente, lo que ha dado lugar a un "desequilibrio económico" cuyas consecuencias están pagando ahora los ayuntamientos.
Y por ello, el "gran reto" municipal para esta legislatura es que se clarifiquen las competencias y que se pacte un nuevo sistema de financiación local, algo que Zoido espera conseguir dada la "generosidad" que ha demostrado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Reitera Zoido su compromiso de no poner la Femp a los pies de ningún Gobierno. "La Femp no debe ser combativa, sino reivindicativa. Debe servir de palanca y ser útil a todos y cada uno de los municipios, desde la capital al menor de ellos. Tenemos que ser útiles y resolver los problemas endémicos del municipalismo", enfatiza.
Algo que es "perfectamente compatible" con una "lealtad institucional", añade Zoido antes de reiterar su compromiso por evitar cualquier tipo de controversia política en el seno de la Femp.
Ha observado el presidente de los alcaldes un cambio de sensibilidad en el nuevo Gobierno respecto al anterior Ejecutivo socialista y resalta de Rajoy su promesa de "una competencia, una administración".
La "frustración" de los ayuntamientos con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, asegura el presidente de la Femp, ha dado paso a un "optimismo" municipal porque, según él, "se está viendo una luz al fondo del túnel".
Zoido se reunirá con Rajoy después de que lo haga con Montoro y va a iniciar una ronda de contactos con todos los ministros para abordar los asuntos que competen a la Femp.
No descarta, incluso, mantener encuentros con los presidentes autonómicos para demandar la aplicación de las "picas" (Participación en los ingresos de las comunidades autónomas) y para buscar fórmulas que permitan a las administraciones prestar los servicios públicos desde la solidaridad.

La Caixa recomienda a la banca encarecer créditos y subir comisiones

BARCELONA.- El Servicio de Estudios de La Caixa recomienda a las entidades financieras aumentar los diferenciales cobrados en los nuevos créditos y elevar las comisiones para ganar rentabilidad en el complicado entorno operativo, que apunta a una contracción del margen de intereses del 10% en 2012.

   La entidad sostiene en su informe mensual que la reducción de la demanda de crédito es un proceso que no ha concluído y que reducirá el volumen de negocio y, por tanto, el margen de intereses del conjunto del sistema durante cierto tiempo.
   "Es preciso recurrir a otras vías para aumentar la rentabilidad, una podría ser aumentar los diferenciales en los nuevos créditos para adaptarlos al nuevo coste del pasivo", advierte, si bien reconoce que el impacto de esta medida se verá atenuado por la débil demanda de crédito actual y sólo sería significativo a largo plazo.
   Asimismo, apunta que otra opción para mejorar la rentabilidad es aumentar las comisiones para acercar los precios a los costes, aunque también admite que esta medida es difícil de implementar en el actual entorno de elevada competencia y sensibilidad al precio por parte de los consumidores.
   Según especifica el informe elaborado por Matthias Bulach e Inmaculada Martínez Carrascal, del departamento de análisis económico de La Caixa, las entidades presentan un elevado volumen de créditos morosos y adjudicados que representan el 11% del crédito a los sectores privados residentes.
   Estos activos generan un doble impacto negativo en la cuenta de resultados, ya que además de tener que provisionarlos, afectan ngativamente al margen de intereses, porque necesitan seguir siendo financiados, pero no generan ingresos financieros.
   La Caixa prevé que el coste del pasivo siga siendo inusualmente alto por los altos vencimientos de las entidades en 2012, de 120.000 millones de euros, y por el difícil acceso a los mercados mayoristas, lo que provoca que persista la competencia por la captación del pasivo a precios muy elevados.
   A esta competencia entre entidades se ha sumado en los últimos meses la del sector público, ya que las altas remuneraciones de las emisiones del Tesoro han provocado cierto traspaso de depósitos del sector bancario hacia productos de deuda pública, y obliga a las entidades a ofrecer altas remuneraciones para poder competir por estos productos.
   Por otro lado, apunta que "parece inevitable" seguir actuando sobre la estructura de costes, ya sea mediante la reducción de éstos o de la capacidad, lo que se realizará a través de una mayor contracción del sector.
   La situación entre entidades es muy diferente, tanto en cuanto a los ajustes realizados y activos problemáticos como en cuanto a las tensiones de liquidez que les induzcan a incurrir en sobrecostes en la captación de pasivo o a ser más conservadoras en la concesión de crédito, destaca La Caixa.
   En cualquier caso, afirma que "es de prever que a escala individual las entidades tengan que actuar en alguna o varias de estas palancas".

IU aprueba impulsar una "gran acción de movilización" en los próximos meses

MADRID.- La Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, máximo órgano ejecutivo de la coalición, ha aprobado la propuesta del responsable federal de Acción Política, José Luis Centella, de organizar una "movilización sostenida contra la política de recortes, por el empleo y en defensa de la democracia", dentro de la cual convocará una "gran acción" para finales de febrero o principios de marzo, coincidiendo con el debate de los Presupuestos Generales del Estado.

   La votación sobre esta propuesta se ha saldado con 30 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Centella ha explicado su propuesta ante la Presidencia Ejecutiva Federal tras la presentación del informe político del coordinador federal, Cayo Lara.
   "Planteamos una movilización sostenida contra la política de recortes, por el empleo y en defensa de la democracia", ha expuesto Centella. Según el responsable de Acción Política de IU, esta movilización "debe contemplar la celebración de asambleas abiertas, acciones sectoriales y encuentros de las áreas de Izquierda Unida, todo ello encaminado a plantear una alternativa al modelo de salida de la crisis que está desarrollando el PP y que tendrá su plasmación en los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán en el mes de marzo".
   La propuesta incluye instrucciones para su planificación y desarrollo; en concreto propone que durante este mes las federaciones regionales de IU presenten un "plan de trabajo para la difusión de las propuestas políticas que IU defiende frente al modelo del PP".
   Según precisa, dicho plan de trabajo "debe contar con la realización de acciones de protesta, actos públicos, encierros, manifestaciones, etc.", para dar prueba en cada territorio del Estado de la confrontación de IU con "una política que sigue produciendo más paro, más desahucios y menos derechos sociales". Además, apunta que el plan debe contar también con la dirección federal y cargos institucionales, para "una mayor difusión pública".
   Entretanto, a nivel federal se organizará el trabajo de las distintas áreas de Izquierda Unida, a la vez que se seguirán desarrollando las relaciones con los distintos colectivos, organizaciones y personas que han venido colaborando con la coalición. "De esta manera realizaremos una acumulación de fuerzas en el objetivo de implicar al máximo de colectivos y personas en una gran acción de movilización publica en las fechas en las que se discutan los PGE en el Parlamento", ha explicado Centella.
   La convocatoria tendrá lugar "en torno a final del mes de febrero o primera quincena de marzo, en función de la fecha de las elecciones andaluzas", entretanto, Centella ha instado a que "desde este momento toda la organización esté en movilización contra los recortes y en defensa del empleo".
   Todo esto se enmarca en la estrategia de "convergencia social" que puso en marcha la coalición de izquierdas antes de las elecciones generales del 20 de noviembre, cuyo primer objetivo era la elaboración de un programa electoral participativo, pero que pretende llegar a convertirse en "un lugar de encuentro y de acción social y política" más allá de los comicios.