domingo, 8 de diciembre de 2019

El cambio político provoca una crisis en los partidos andaluces

SEVILLA.- Dicen los propios afectados que un año en política es muchísimo. La experiencia de este último en Andalucía ha demostrado que esa afirmación es cierta porque los cinco partidos andaluces con representación parlamentaria han vivido sendos procesos de crisis que no han terminado y cuyas consecuencias están todavía por conocerse, según publica hoy Abc. 

El objetivo, ese también lo tienen claro, es estar perfectamente preparados para cuando haya elecciones autonómicas dentro de tres años. El problema está en el camino que deben recorrer hasta entonces y si serán capaces de renovar lo suficiente para volver a ilusionar a los andaluces.

El liderazgo del PSOE. Incierto futuro de Susana Díaz

Los responsables del PSOE andaluz confiesan en voz baja que el golpe del 19 de noviembre (fecha en la que se hizo pública la sentencia del caso ERE que ha condenado a 19 exaltos cargos incluyendo a los expresidentes Chaves y Griñán) ha sido muchísimo más grave que el del 2 de diciembre de 2018 cuando perdieron la Junta tras 37 años en el poder.
Y lo peor es que todavía quedan por juzgar cerca de doscientas piezas separadas del caso ERE que, si bien sus consecuencias ya no serán tan grave en términos políticos, sí que provocará constantes noticias y que el asunto siga estando de actualidad. Por si fuera poco, el caso de las facturas falsas de la UGT está a punto de ser juzgado. Otra gota más en el vaso. En este contexto será difícil pasar página.
Esta situación ha colocado a Susana Díaz en una posición de extrema debilidad; la otrora todopoderosa lideresa andaluza que hizo caer a todo un secretario federal del PSOE está en sus horas más bajas. Recluida en San Vicente, con su enemigo interno a punto de formar Gobierno en España y viendo cómo cada día sus apoyos en las diferentes agrupaciones se van diluyendo.
Porque si antes su liderazgo era indiscutible en Andalucía por más que Pedro Sánchez lo dudase y tuviese a sus peones tratando de moverle la silla, ahora hay muchos —que tienen voto en el congreso regional— que se plantean si la hora del relevo es ya inaplazable.
La posición del PSOE andaluz en el Parlamento es la muestra más evidente de su situación. No tienen una estrategia de oposición y los plenos se convierten en continuos ataques a Susana Díaz mientras que el presidente, Juanma Moreno, se va de rositas, vendiendo su gestión y llevando a debate público los asuntos que a él le interesan.
Así, la lideresa de la oposición se dedica a defenderse cuando precisamente su trabajo sería justo el contrario: exigir al Gobierno y ser beligerante con sus políticas.
¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? La que tarden sus opositores en rearmar la candidatura alternativa a Susana Díaz o, para ser más precisa, cuando encuentren a un líder que sea capaz de aglutinar todas las corrientes contrarias a Díaz. La mayoría de los ojos miran a Francisco Reyes, secretario general de Jaén y presidente de la Diputación.
Su perfil y su experiencia política son sus avales pero en su debe está que no lo ven como candidato a la Junta. Ahí entraría María Jesús Montero (ahora desaparecida tras la sentencia de los ERE) o quizás Juan Espadas, el alcalde de Sevilla que ya ha dicho que no volverá a presentarse en el Ayuntamiento. Pero las bicefalias nunca han salido bien en el PSOE. ¿Estaría Reyes dispuesto a ser un líder de transición? Habrá que verlo.

La confusión entre desatención de servicios y despoblación en la 'España vacía'


MADRID.- Todo sobre la 'España vacía' pero sin la demografía. Es la sensación de los expertos de esta rama de las ciencias sociales, hartos de ver explicaciones en los que no se les tiene en cuenta o, denuncian, se tergiversan sus análisis. Antes de confirmar una entrevista con la prensa, algunos piden "aclarar algunos puntos". Entre ellos, que su perspectiva se basa en datos empíricos y que para nada va en la línea en la que se suelen enfocar los temas relacionados con la despoblación. Y hablan de despoblación porque ni siquiera ven claro que se deba hablar de 'España vacía'. Menos aún de 'vaciada', se opina en www.eldiario.es

"Muchas veces se utiliza el tema pero se desplaza la discusión", lamenta Andreu Domingo Valls. Él es profesor de Sociología y presidente de la Asociación de Demografía Histórica. En conversación telefónica con este periódico, recuerda que la popularidad del término 'España vacía' llegó por el libro de Sergio del Molino, sobre el que apunta: "Es un ensayo escrito desde la emoción en el que relaciona el fenómeno con la emigración de los años 60, algo que no se corresponde con la realidad: hay zonas que la padecieron y no se han despoblado y otras que no experimentaron aquel proceso y sí se han despoblado".

"Estamos cansados de que gente que no tiene ni idea de demografía dé pinceladas sobre valores o fecundidad, que se despiste el tema y no se afronte en su complejidad", se queja este profesor. Su hartazgo le ha llevado a editar el el libro Demografía y postverdad (Icaria, 2018), una obra en la que más de diez expertos abordan temas como la fecundidad o las migraciones con una enfoque riguroso que echan en falta en el debate público.
"Cuando se habla de la 'España vacía' se está haciendo referencia a uno sólo de los efectos de un proceso de gran complejidad y gran trascendencia como es la redistribución espacial de la población", desarrolla Julio Vinuesa, catedrático emérito de Geografía en la Universidad Autónoma de Madrid. Esta dinámica, continúa, "responde a factores muy diversos que tienen que ver con el medio natural, con las infraestructuras, la organización político-administrativa del territorio, el modelo económico o las dinámicas sociales".
Por ello, lamenta "las simplificaciones excesivas, el intentar valorar los procesos complejos por uno de sus síntomas, por muy llamativo que sea, sin estudiar sus causas". Un camino que, espeta, "conduce a diagnósticos sesgados y, cuando menos, inútiles". 
"Para mí es más preocupante el tradicional desinterés por los estudios sobre el sistema urbano y la ausencia de políticas territoriales para una estructura más equilibrada de las redes de asentamientos".
De cualquier modo, en España no hay muchos demógrafos. Ni siquiera hay un grado universitario sobre esta materia. Solo se imparten algunas asignaturas de enfoque general en Geografía o Sociología, con alguna excepción. Los estudiantes de estas carreras suelen ser los que luego se especializan en demografía. 
Es el caso de Julio Pérez sociólogo del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC, campo que estudia desde hace más de dos décadas. El pasado año publicó un artículo con el, a priori, llamativo titular ¿España en crisis demográfica? Contra tópicos y alarmas.

El "escándalo demográfico" en el Senado

Para Pérez, los casos más flagrantes han sido los de las comisiones sobre despoblación en el Senado, que las califica de "escándalo demográfico". La primera fue en 2015, a petición del PSOE. "Hubo una treintena expertos compareciendo, pero en el documento final se incluyen un par de ideas fuertes de cada uno, que resumen en pocas líneas. En unas pocas páginas recogen todo lo que dijeron estas personas, pero es que después incluyen un dossier de una persona que no compareció", relata.
Esa persona es Alejandro Macarrón Larrumbe, un consultor empresarial que dirige la Fundación Renacimiento Demográfico. "Está muy ligado a la derecha cristiana y habla de que el problema de la despoblación es el aumento de la fecundidad. Una burrada absoluta porque eso no ha sido así nunca", defiende, pues las causas están en la migración y la movilidad interior.
De hecho, destaca que la fecundidad ha sido tradicionalmente más alta en las ciudades, "pero el problema es que se han ido". "Que se tolere que un partido añada algo así para favorecer a su propia ideología es escandaloso", lamenta este demógrafo, que recuerda que este episodio pasó desapercibido porque fue paralelo a la moción de censura de Pedro Sánchez. Pero hubo más.
En 2017, el PP creó la 'Comisión Especial sobre la evolución demográfica en España', dirigida por Ignacio Cosidó, que había estado al mando de la Policía cuando Jorge Fernández Díaz era ministro de Interior. "De nuevo vuelve a comparecer Larrumbe", subraya Pérez, que recuerda el fervor religioso de Fernández Díaz. "Su trabajo se limita al compendio de recortes de Wikipedia y de ideas que ya eran arcaicas en los años treinta del siglo pasado", asevera.
"El análisis que se ha extendido lo han dibujado personas que no tienen formación en demografía, y desde las universidades o el CSIC es muy difícil contrarrestar algo así. Es importante que para buscar soluciones se apoyen en expertos reales", recopila este demógrafo, lamentando el "catastrofismo" de expresiones como "suicidio demográfico".

Los orígenes del abandono rural

Los demógrafos consultados insisten en diferenciar entre los movimientos migratorios de los años 60, de carácter masivo, y los actuales, que van más bien a cuenta gotas. En cualquier caso, destacan también que la despoblación viene de los procesos de urbanización que se desarrollaron en el siglo XIX y, en especial, el XX. Hasta entonces, la economía agraria hacía que la población viviera más distribuida.
Uno de los problemas es que estos pueblos estuvieron dedicados "sobre todo a la ganadería, pero también a la agricultura de subsistencia", modelo que "se ha quedado obsoleto en términos económicos". 
Así lo explica Joaquín Recaño Valverde, profesor de Geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y autor del estudio La sostenibilidad demográfica de la España vacía, publicado por el Centro de Estudios Demográficos de la UAB. "La forma de tratar este tema muchas veces es puramente oportunista. Este tema lleva así décadas y ha saltado a la palestra porque estamos en una fase de los estertores", critica en conversación con este periódico.
De hecho, el proceso se ha desarrollado tanto que ya alcanza a capitales de provincia, "que ya no pueden abastecerse de su núcleo fundamental, los jóvenes de entornos más rurales, porque ese recurso se ha agotado". 
"Los jóvenes se van de sus pueblos porque las oportunidades que hay son incompatibles con el mundo globalizado", continúa este profesor. Si un joven de un pueblo de Guadalajara -ejemplifica- se va a estudiar a Madrid, es muy complicado que luego pueda volver a desarrollar esa profesión. 
"Además, cuando conoce lo urbano, un mundo vasto de oportunidades que empiezan en Madrid y se extienden al mundo global, ¿van a querer volver al pueblo?".
Uno de los datos que más se suele difundir sobre la despoblación es que los movimientos interprovinciales se han duplicado desde principios de los años 80 a hoy, según la Estadística de variaciones residenciales del INE. 
"El factor que explica eso es la migración de población extranjera, que ronda el 40% y se mueve al poco tiempo, cada uno o dos años. Los movimientos dominantes son los de corta distancia", responde Recaño sobre este asunto: "Las migraciones clásicas rural urbano están de capa caída porque ya no hay mucha gente que salir".

La tensión entre los servicios y su coste

"En España ha habido épocas de mayor intensidad migratoria, de mayor despoblamiento y de mayor concentración. Quizás lo nuevo es el interés mediático", sugiere por su parte Julio Vinuesa, catedrático de la UAM. Para él, los principales problemas son "los crecientes desequilibrios en la distribución de los factores de localización, la excesiva concentración espacial de los elementos que ofrecen mejores oportunidades para dar respuesta adecuada a las expectativas de la población".
En su caso, tiene una perspectiva más positiva de la despoblación. En determinados territorios, indica, "podría suponer un mayor equilibrio entre las expectativas de calidad de vida de sus habitantes y la 'habitabilidad' de esos territorios". En este sentido, Recaño añade que "es posible dar servicios a zonas rurales pero a costes desorbitados, en términos de costes por persona".
Aquí está la cuestión que todos los demógrafos consultados señalan. Despejadas de la ecuación las empresas privadas, que buscan una rentabilidad difícil de hallar en entornos con poca densidad de población, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Hasta dónde debe tener en cuenta la rentabilidad la Administración pública? ¿Debe haber límites de coste por persona para ofrecer servicios?
Por un lado, está el artículo 139 de la Constitución -"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio-. Por el otro, agrega Recaño, que "eso ni siquiera ocurre en las ciudades". 
Cabe preguntarse, continúa, si "el Estado está dispuesto a hacer inversiones muy elevadas para porcentajes muy pequeños de población, porque en áreas urbanas también hay personas desatendidas de ciertos servicios y son muchas más".
Pérez, del CSIC, lo ilustra así: "Si una mujer tiene que ir a parir a 60 kilómetros de su casa, ahí hay un problema. Pero, a la vez, no se pueden extender hospitales con todos los servicios en todos los puntos de la geografía española". 
"El debate es hasta qué punto compensa dedicar recursos o no a mitigar o revertir esos efectos. En principio es planteable, pero hay muchas facetas", reconoce, a la par que indica que "es mucho más eficiente dar servicios o infraestructuras en ciudades porque las economías de escala lo posibilitan".
En este sentido, sugiere una perspectiva más global para criticar "la concepción de que el Estado tiene que actuar igual que una empresa, buscando siempre que todo lo que haga sea rentable". 
No obstante, avisa de que la Administración también tiene que ser eficiente, pues es "absurdo pensar que esto se resuelve poniendo mucho dinero en las zonas rurales". 
Sobre todo, hay que pensar a qué se dedica el presupuesto y para qué porque "mejorar las carreteras sin solucionar las causas puede conseguir el efecto contrario: que se marchen más a mayor velocidad".
Vinuesa, por su parte, recalca "no es realista obviar la necesidad de que existan unos umbrales mínimos de demanda", pues "que responden también a una mínima racionalidad en el empleo de los recursos". 
"Los costes por habitante en ámbitos débilmente poblados multiplican varias veces los que se produce en una gran aglomeración, pudiendo hacerse insostenible económicamente", desarrolla.

Una perspectiva ecológica (y política)

"La despoblación es negativa para quienes la perciben como tal, pero para muchas mujeres y jóvenes ha sido la salvación, porque ha mejorado su calidad de vida", dispara Recaño, que señala que "a efectos ecológicos, abandonar territorios por parte de los humanos tiene una huella ecológica positiva", pues "la concentración tiene una huella ecológica más pequeña que la dispersión".
"Benidorm es mucho mejor modelo turístico que uno de casas unifamiliares, desde el punto de vista ecológico", ejemplifica. Vinuesa, por su parte, sugiere ir más allá de que "sean o no habitables para las circunstancias actuales": "Siempre tendrán un enorme valor por sí mismos como espacios naturales".
Julio Pérez, del CSIC, sí ve problemas en ese sentido. Por ejemplo, el caso de la explotación ganadera de las praderas que, entre otras cosas, sirve como método de abono. "El abandono del pastoreo modifica el riesgo de que prenda esa masa inflamable que puede haber. Organizar un servicio ambiental si no hay una actividad rural intensa o sostenida también puede ser muy costoso", señala al respecto. 
También pone sobre la mesa "el valor cultural e histórico de muchos pueblos, sobre los que se debe decidir si merecen protección".
Eso sí, tanto Vinuesa como Pérez sugieren que detrás del interés político por esta España rural puede haber también intereses electorales. El primero explica que puede haber "una motivación relacionada con las circunscripciones electorales", mientras que el segundo recuerda que "los votos no ponderan igual en estas zonas". 
Sirvan como ejemplo los extremos de las anteriores elecciones: Teruel Existe obtuvo un representante con 19.696 votos, mientras Ciudadanos y Más País tuvieron que cosechar el quíntuple de papeletas por escaño en la Comunidad de Madrid.
Además, Pérez da otro barniz político, recordando que los fascismos de los años 30 construyeron una identidad "a través de símbolos e imágenes que se centran en pasado rural, buscando lo que llamaban la esencia de las nacionales, porque la tradición política anterior lo buscaba en las ciudades". 
"Es igual que lo que ocurre hoy: solo hay que ver cómo la gente de Vox defiende al ganadero taurino y al que caza conejos, aunque sea una parte ínfima de la sociedad, y se ponen a reivindicar la España auténtica", expone.
Para este sociólogo del CSIC, no se trata solo de "un problema demográfico, sino político: tenemos que hablar sobre qué modelo de país y sociedad queremos". Si no, avisa, "podemos acabar repitiendo errores históricos gravísimos".

¿Se puede revertir la despoblación?

"No se puede en los pueblos pequeños, han perdido masa demográfica, y ya no tienen ni jóvenes para emigrar", responde Recaño, el profesor de la UAB, que apunta que "no se puede convertir un pueblo que vive de la ganadería y agricultura al sector servicios o producir ventajas urbanas en ambientes rurales". 
De hecho, considera que el desafío para las zonas que padecen la despoblación es "la resistencia", ya que el fenómeno ya afecta "incluso a municipios que no están en los ámbitos rurales". 
Recaño subraya que lo que caracteriza lo rural "no es el tamaño, sino el aislamiento. La pregunta es: ¿a cuánto estás de un núcleo urbano que te pueda ofrecer servicios?".
"La idea de la 'España vacía' ha tenido mucho éxito", incide, pero "se está confundiendo la queja del mundos rurales por la desatención de los servicios con las posibles medidas para luchar contra la despoblación. Los políticos piensan que con dinero se solventa todo". Además, recuerda, "el mundo rural español es muy heterogéneo y no puede haber soluciones comunes". 
Por ejemplo, Guadalajara, Soria o Teruel son las más afectadas. Pero, en cambio, "los entornos rurales no son pobres en términos de renta, sino que están en el sur, con todas las excepciones urbanas que pueda haber en Andalucía".
España tiene una estructura muy peculiar, desarrolla, basada en un área central y pueblos muy pequeños, "algo que tiene que ver con nuestra historia". 
"En Italia con menos superficie tiene el mismo número pueblos, pero mucha más población, 60 millones de habitantes. O Francia, que tiene más municipios y habitantes con una extensión similar", pone como ejemplo. De todos modos, ve una difícil solución, porque "no puedes anclar a la población al territorio cuando los jóvenes se están yendo". 
Y es que, "cuando entras en la rueda, lleva a un profundo abismo". Por ello, reconoce que"no se pueden poner paños calientes: hay municipios salvables y otros que no, así hay que establecer unas jerarquías". 
"En España hay muchos pueblos y cuando se podía solucionar nadie se preocupó del tema".
Para Vinuesa, el mundo rural debe "competir con las ventajas de la vida urbana", pues "si los individuos prefieren vivir en las ciudades es básicamente por la mejor respuesta que ofrecen en cada momento a sus expectativas, reales o potenciales, de calidad de vida". No considera que sea posible revertir el proceso, pero incide en llegar al fondo del asunto, que pasaría por "reconsiderar la organización territorial". 
"La actual organización es un obstáculo para implementar estrategias eficaces de cooperación interterritorial", avisa.
Por último, Andreu Domingo insiste en esta idea, pues sin atender al modelo centralizado es imposible "entender la despoblación de las Castillas y la metropolización de Madrid". 
"Los políticos nos preguntan qué hacer de un día para otro y no tiene sentido, es algo mucho más profundo". 
Propuestas como que las zonas deshabitadas se vayan a repoblar con población extranjera las tacha de "absurdas". Y zanja: "Si no se cambian las causas, ¿por qué van a querer quedarse ellos o sus hijos allí?".

La era de los extremos climáticos ya está aquí... y nada está preparado

BARCELONA.- La era de los extremos climáticos ya está aquí. En los últimos 20 años, 12.000 fenómenos meteorológicos extremos han dejado su rastro en prácticamente todos los rincones del planeta. Lluvias torrenciales, huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías se han cobrado la vida de 495.000 personas y han dejado a su paso unas pérdidas de 3,54 billones de dólares, según los datos del Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch, se recuerda hoy en El Periódico.

 ¿Pero es la crisis climática responsable de estos fenómenos? La respuesta es más complicada de lo que, a priori, podría parecer. Científicamente no sería correcto atribuir un evento meteorológico concreto, como el caso de una tempestad o una gota fría, al estado de emergencia climática. 
Pero, a falta de estadísticas a largo plazo que confirmen esta relación, los expertos recuerdan que la crisis climática está relacionada con el aumento de la frecuencia y la intensidad de este tipo de sucesos. Esta es la cara más visible de una 'era de los extremos climáticos' que en los últimos años ha dejado innumerables daños tanto humanos como materiales en todo el planeta.
Los últimos episodios de gota fría, también conocidos por las siglas de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que han afectado a la península Ibérica este último año. La lluvia torrencial que provocó la crecida del río Francolí, en Tarragona. Las inundaciones de Sant Llorenç, en Mallorca. Los intensos aguaceros vividos este otoño, los más abundantes de los que se tiene constancia en el último medio siglo. La ola de calor que este verano ha ahogado una Península ya en riesgo de desertificación dejando récords de temperatura históricos. Todos ellos escenifican estos extremos. 
Pero, aun así, ninguno de estos puede atribuirse directamente a la alteración del clima causada por la acción humana. "Los modelos que utilizamos para estudiar el clima muestran que en un escenario de cambio climático estaremos más expuestos a este tipo de fenómenos. No podemos hacer extrapolaciones directas, pero sí confiar en estos patrones", argumenta José Manuel Gutiérrez, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Física de Cantabria.

A falta de confirmación, pruebas

Gutiérrez explica que este tipo de estudios de atribución empezaron hace relativamente poco y aún hacen falta más investigaciones para hablar de manera más contundente. Una cosa son los fenómenos meteorológicos concretos (tormentas, tornados, huracanes, heladas, granizos o nieve, por ejemplo) y una muy diferente el clima (los valores promedio recogidos durante largos periodos de tiempo). 
"Por ahora se han estudiado algunos eventos a nivel individual. Pero necesitamos más tiempo y datos para extraer conclusiones más robustas a nivel global", comenta el experto en meteorología, quien pronostica que los datos más concluyentes hasta la fecha llegarán de la mano del próximo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del 2021.
A falta de confirmación oficial, la relación entre la crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos tendría una explicación física más que evidente. Rubén Sousse, físico dedicado al estudio de la atmósfera en la Universidad de Bremen (Alemania), apunta a que la demostración no es otra que el ciclo del agua. La emisión de gases contaminantes genera el ya conocido efecto invernadero, responsable del calentamiento global. 
Esto, a su vez, provoca que los océanos reaccionen a la subida de las temperaturas con una mayor evaporación de agua. Y este proceso es el que, a grosso modo, estaría alimentando unos fenómenos atmosféricos cada vez más frecuentes y extremos. Y no es que llueva más o menos que antes. Sino que los niveles de precipitaciones que antiguamente caían repartidas a lo largo de un año entero se concentran ahora en unos pocos episodios. 
"Para que nos entendamos, es como si estuviéramos echándole más leña al fuego", comenta Sousse.

Un año catastrófico

"Las olas de calor y las inundaciones que solían producirse una vez cada 100 años son cada vez más frecuentes", recalca el último informe de la Organización Meteorológica Mundial (WMO), presentado por Petteri Taalas, secretario de la institución, durante la COP25. Los efectos de las precipitaciones irregulares ya dejan su huella a escala global. Mientras en un parte del mundo se producen tormentas, huracanes e inundaciones; en otra predominan las sequías. Muestra de ello, los datos de este último año. 
Visto en perspectiva, el 2019 cierra la década con las temperaturas más altas desde que se tiene registro. En estos últimos 365 días, las intensas precipitaciones han azotado con especial fuerza a la parte central de los Estados Unidos de América, la zona septentrional del Canadá, el norte de Rusia y la zona de Asia Suroccidental. 
Hasta la fecha, en el hemisferio norte se han producido 66 ciclones tropicales, una cifra notablemente superior al promedio de 56 que suelen formarse hasta esta época del año.
Paralelamente, las sequías extremas afectaron muchas partes del sureste asiático y el suroeste del Pacífico y las olas de calor se cebaron con Europa. Francia alcanzó un nuevo récord nacional de temperatura máxima de 46,0 °C (1,9 °C por encima del máximo anterior). Australia también vivió la temperatura media más elevada jamás registrada. Esto, a su vez, contribuyó a una temporada de incendios que superó los registros medios en lugares como Siberia y Alaska. 
Las condiciones de sequía en Indonesia y los países vecinos dieron pie a la temporada de incendios más devastadora desde 2015. América del Sur, uno de los territorios que  más perjudicado por los extremos de la crisis climática, ha vivido en el último año tanto graves inundaciones en el norte de la Argentina, el Uruguay y el sur del Brasil como devastadores incendios en el Amazonas, Bolivia y Venezuela.

Consecuencias extremas

La otra cara de la 'era de los extremos climáticos' es la huella que dejan en la vida de las personas. "Los eventos meteorológicos extremos son aquellos que dejan efectos extremos en la sociedad", recuerda Gutiérrez, experto en meteorología y datos. Y es que, aunque muchos relacionen la crisis climática solo con el desolador rastro de los huracanes, el Mediterráneo será una de las zonas más afectadas por la crisis climática. 
"Todo apunta a que en esta zona las temperaturas seguirán subiendo y que, por lo tanto, las sequías se incrementarán. Un 75% de la península Ibérica es susceptible de convertirse en una zona desértica. Esto tendrá efectos innegables en los recursos naturales del territorio, en las actividades que dependen de la naturaleza y en la población", destaca el investigador en referencia a los últimos informes publicados sobre la cuestión.
Inundaciones, tormentas y sequías están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los territorios más vulnerables del planeta. Un total de 35 millones de personas se encuentran en riesgo de hambruna por la crisis climática, de las cuales 17 millones son niños. 
LA WMO calcula que, entre enero y junio del 2019, más de diez millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares como consecuencia de los daños que la crisis climática. 
Si la situación sigue como hasta ahora, los desplazamientos asociados a fenómenos meteorológicos extremos podrían triplicarse hasta alcanzar una cifra de aproximadamente 22 millones de personas a finales de 2019. Y esta es solo la punta del iceberg de una crisis medioambiental extrema que ya afecta a todo el planeta.

Las ciudades no están preparadas para la crisis climática

La crisis climática hará estragos en el Mediterráneo. Los expertos apuntan a que, al menos en Europa, esta será la zona más afectada por inundaciones, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos provocados por la acción del hombre sobre el medio ambiente. Aun así, las grandes ciudades del sur de Europa son las menos preparadas para hacer frente a lo que se avecina. 
El análisis más completo realizado hasta la fecha de los planes de acción climática de 885 ciudades europeas desvela que "las ciudades con altas tasas de desempleo, veranos más cálidos, próximas a la costa y, por lo tanto, con una mayor exposición a los impactos climáticos futuros, tienen significativamente menos planes de acción climática".
El estudio, liderado la Universidad de Twente (Países Bajos) en colaboración con 30 investigadores de diferentes instituciones, concluye que las zonas mejor preparadas para hacer frente a la crisis climática son las metrópolis de más de 500.000 habitantes y las localidades del norte del continente. 
Los datos sugieren que la mayoría de las ciudades europeas, concretamente un 66%, tienen un plan para mitigar los efectos de la crisis climática, ya sea autónomo o en sintonía con las políticas nacionales y/o europeas. 
Solo un 17% de las urbes europeas cuenta con un programa coordinado de adaptación y mitigación con el que hacer frente a los efectos de la emergencia climática. En el otro extremo, el 33% de carece de cualquier forma de programa independiente.

Pérdidas incalculables

Mientras, los eventos meteorológicos extremos van dejando rastro a su paso por el territorio. Por ejemplo, colapsando e inundando ciudades sin un alcantarillado adaptado. El Consorcio de Compensación de Seguro (CCS) estima que las últimas inundaciones vividas en España, que afectaron especialmente las regiones de Alicante y Murcia, provocaron unas pérdidas equivalentes a 445 millones de euros. 
Esta gota fría habría sido el segundo siniestro más caro en la historia reciente de España, después de las inundaciones del País Vasco de 1983. "Y esto solo es la punta del iceberg", asegura Pedro Tomey, director general de la Fundación Aon España. 
"Estas cifras solo reflejan la compensación económica de los elementos asegurados. Si tenemos en cuenta los daños humanos e inmateriales las pérdidas ocasionadas por la crisis climática serían incalculables", añade.
El rastro de los fenómenos meteorológicos extremos va mucho más allá de los daños que causa en el momento. "Estas catástrofes naturales también afectan al urbanismo, la producción agrícola, los recursos del territorio. Hay zonas que quedan totalmente devastadas después de una tormenta y la gente se ve obligada a reconstruir su vida o huir", argumenta Tomey. 
En España, explica, las catástrofes climáticas más amenazantes llegan en forma de inundaciones,  desertización y olas de calor cada vez más intensas y duraderas. "Y luego están los incendios, que también proliferan como una consecuencia indirecta del aumento de las temperaturas, el desgaste del suelo y la acción humana", recalca.

Epicentros del cambio

Los expertos sitúan a las ciudades como epicentros del cambio en la lucha contra la crisis climática. El 'pacto de los alcaldes por el Clima', por ejemplo, ya reúne a más de 9.000 autoridades locales y regionales. España a Italia destacan como los países con más número de alcaldes adheridos a este convenio. 
Los datos indican que el impulso de políticas públicas en un territorio no solo afecta a este, sino que incita a los de su alrededor a actuar en la misma línea. Muestra de ello, la proliferación de iniciativas alrededor de las metrópolis con planes más ambiciosos de transición ecológica.
"Es importante que las administraciones locales se comprometan con medidas en favor de la la sostenibilidad tanto ecológica como social como, por ejemplo, la limitación del tráfico para el control de las emisiones", argumenta Agustí Amorós, de la consultora AIS Group quien, en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad, lanza un programa para que los ayuntamientos puedan medir su grado de cumplimiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
"Ahora mismo necesitamos ir más allá de las iniciativas puntuales y apostar por una acción conjunta para hacer frente a este problema global", recalca.

La Fiscalía pide 113 años en la mayor operación contra la marihuana en Almería

ALMERÍA.- La Operación Acantha destapó el mayor alijo de cannabis sátiva descubierto  nunca en la provincia y, al mismo tiempo, supuso un toque de atención ante la auténtica dimensión del mercado clandestino sembrado en el sudeste español. Corría el año 2017, según recuerda hoy La Voz de Almería.

La Fiscalía Provincial de Almería pone ahora cifras al delito y solicita 113 años de prisión para los 11 acusados del cultivo de 54.000 plantas de marihuana, la inmensa mayoría aprehendidas en invernaderos de la comarca de Níjar entre septiembre y octubre de 2017.El escrito de acusación apunta a un presunto grupo organizado y profesional. 

“Decidieron de común acuerdo, y según una división preestablecida de funciones, dedicarse a la obtención de grandes cantidades de marihuana en fincas y viviendas alquiladas”.

A finales de septiembre, la Guardia Civil irrumpió en tres invernaderos y una finca anexa en Las Norias de Níjar. La propiedad fue alquilada previamente y en apenas tres meses había conseguido levantar una producción de marihuana inédita en Almería (la Comandancia de Almería grabó imágenes con un dron para recorrer todo el espacio explotado). 

En la primera superficie se hallaron 10.000 plantas, en la segunda 9.500 plantas y 2.700 esquejes y en la tercera 22.000 plantas. Nadie había alcanzado cifras semejantes en la provincia y solo había un par de antecedentes criminales similares en España.

La operación creció poco después. En el mes de octubre, apenas tres semanas después, la Policía Judicial golpeó de nuevo a la red con la localización de un cuarto invernadero con 8.110 plantas en el paraje La Pared de Atochares (Níjar).

Las instalaciones tenían puntos en común. No solo permitían la explotación intensiva y a gran escala de las superficies bajo plástico sino que además contaban con sistemas de seguridad y herramientas pensadas para el cuidado, corte y envasado de los cogollos.

En una tercera fase, la investigación se desplazó hasta las provincias de Alicante (San Juan, Elda, Petrer, Denia y Campello) y Murcia. En la provincia valenciana se produjeron registros en viviendas y fincas rurales con decomisos de menor tamaño.

La Fiscalía considera que los 11 acusados formaban parte de “un grupo criminal”  que, además, se “aprovisionaron de otras sustancias estupefacientes como la resina de cannabis y el MDMA para su posterior distribución y venta a terceros”. La operación acabó con los planes.

La acusación del Ministerio Público pide diez años de cárcel para nueve acusados (cada uno) centrados en el eje del presunto grupo criminal. En cambio, reduce a seis años y medio de prisión la solicitud para dos varones sorprendidos el 27 de septiembre de 2017 en las dos primeras fincas invernadas.  

El primero de ellos huyó a pie cuando los guardias civiles llegaron al paraje La Serrata de Níjar y el segundo se dio a la fuga en un vehículo estacionado en la parte trasera del invernadero, que incluso llegó a atropellar en su huida a un agente causándole lesiones leves. Poco después fueron detenidos en el primer paso de la mayor operación contra la marihuana.

Los acusados usaron presuntamente un sistema de producción agrícola similar al implantado en los invernaderos de Almería para el sector hortícola. Incluso tenían sus propios intermediarios para la exportación y personas dedicadas al cuidado y seguimiento de las producciones.

Existían operaciones anteriores sobre invernaderos de la marihuana (operaciones de la Policía Nacional y de Guardia Civil), pero nunca con un volumen de droga como este.

Aunque el grueso de las plantas estaba en la comarca de Níjar, los detenidos tenían su centro de operaciones en la provincia de Alicante. Allí se descubrieron anotaciones, otras drogas y evidencias de una producción enfocada a la exportación a Europa.

Los presuntos traficantes apostaron por instalar sus cultivos en el Campo de Níjar con el objetivo de ocultar la marihuana en el mar de plástico de invernadero. Aunque el olor era evidente, las grandes superficies agrícolas del entorno servían de parapeto. Se sospecha que la intervención llegó antes de la primera gran cosecha.

Acantha era un personaje de la mitología griega, aunque las versiones varían sobre su origen y papel. Se dice que pudo ser una ninfa convertida en planta por el dios Apolo. En cualquier caso, aparece en el origen del nombre acanto, una planta común en el arco mediterráneo y usado por sus propiedades medicina.

Las cifras de la Operación Acantha colocan el cultivo de marihuana a la altura de grandes empresas de exportación. Los traficantes levantaron un negocio millonario en unas pocas hectáreas dedicadas al cultivo de cannabis sátiva.

Nunca antes se sacó tanto rendimiento económico a un metro cuadrado de superficie invernada en la provincia de Almería... si no fuera por la irrupción de los agentes de la Guardia Civil. La Policía Judicial cortó algo más que una planta.

Según el pesaje oficial y la valoración económica de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, la droga intervenida roza los diez millones de euros en el mercado clandestino. El grueso corresponde a las plantaciones localizadas en la comarca de Níjar, aunque en una segunda fase los agentes detectaron cultivos de menor tamaño en la provincia de Alicante.

La investigación consiguió cortocircuitar un sistema que arranca en invernaderos y acaba en países del centro y norte de Europa, donde la demanda de marihuana es alta y los precios permiten obtener beneficios multimillonarios con inversiones pequeñas.

De hecho, en los registros se encontraron distintas etapas en el crecimiento y procesado del cannabis. Unas fincas tenían macetas recién plantadas, otras pequeños esquejes, otras plantas de dos metros de altura y otras bolsas de cogollos secos listos para viajar hacia Europa.

Un ejemplo de rentabilidad es el contrato de alquiler localizado en un dúplex de Benidorm. Por los 960 euros mensuales, los acusados presuntamente se hicieron con un lugar donde cultivar. Allí guardaban 204 plantas y tres kilos de picadura de baja calidad, con un valor de 23.000 euros en el mercado clandestino.

La Fiscalía de Almería pide para los acusados multas económicas de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por la comisión de presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

Dieciocho funcionarios con un doctorado trabajan como auxiliares en la Junta de Andalucía

SEVILLA.- La función pública cambia con el paso del tiempo. Igual que sus empleados. Si en el periodo entre 1989 y 1999 la edad media de acceso como funcionario de carrera en la Junta era de 29 años, en la última década -que va de 2010 a 2019-, los nuevos empleados públicos que aprueban unas oposiciones tienen ya 36 años. 

Aunque hay muchos factores para explicar este fenómeno, la crisis económica que vivó Andalucía -y España- durante años puede tener gran parte de culpa. Mucha gente, explican desde las academias de preparación de opositores, quedó fuera del mercado laboral y se animó, con más años de lo habitual, a intentar entrar en la Junta. De ahí que la media de edad haya subido.
La Junta de Andalucía tiene a 18 personas con un doctorado que trabajan en la categoría C1 y C2 -la más baja- de la administración andaluza. También hay 77 empleados públicos en esos puestos con un máster, cinco licenciados en Arquitectura, 39 ingenieros, 2.188 licenciados universitarios y 153 graduados por la Universidad.
Son personas que, pese a haber estudiado hasta los grados más altos de la escala universitaria, desempleñan tareas como auxialiares administrativos.
«Un porcentaje importante del personal de la Junta -señalan desde la administración andaluza- cuenta con una titulación muy por encima de la requerida para el puesto que ocupa», publica hoy Abc. 

Casi 90 días para cobrar de una empresa privada en España

MADRID.- El periodo medio de pago entre empresas privadas (B2B) se establece en 89 días, doce días más de los 77 que registraban en 2016, y 29 días más de los 60 que establece la Ley de Morosidad. Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y las micropymes las que antes pagan a sus proveedores. Según va escalando el tamaño de empresa, va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las grandes empresas las que más tardan en pagar las facturas pendientes (122 días de media).

Estos datos han sido elaborados con las respuestas de las encuestas realizadas a los socios y autónomos durante el último mes. Los autónomos en noviembre de 2019 han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 61 días de plazo, es decir, un día más tarde de lo que se establece como fecha máxima en la Ley de Morosidad.
Por primera vez incumplen los plazos máximos establecidos por la Ley de Morosidad, aunque son los que antes pagan ya que son los más conscientes de lo que supone un retraso en los cobros de factura con otro autónomos.
Las micropymes pagan sus facturas en 70 días. Las pymes o pequeñas empresas pagan de media en 76 días y a partir ahí es cuando se dispara la espera de las empresas para cobrar de otras empresas. Las medianas empresas tardan de media unos 116 días en pagar y las grandes 130 días, más de cuatro meses, cuando la Ley establece como máximo dos.
Si además comparamos la evolución con el mismo estudio de hace tres años podemos resaltar que la espera se ha incrementado de media en el pago entre empresas en casi dos semanas (12 días) y que sólo las grandes empresas han podido reducir en una semana la espera.
Son 8 días menos de media de espera ya que en 2016 pagaban a 130 días de media, pero eso no alivia la gran carga que supone que tarden actualmente cuatro meses en pagar las facturas a trabajos realizados para ellas por otras empresas, por regla general mucho más pequeñas y con menos poder de aguante ante los impagos.
En los últimos tres años, la que más ha incrementado el tiempo de espera de otras empresas y autónomos para cobrar sus facturas es la mediana empresa que ha sumado 22 díaS.
La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA ha podido constatar también el periodo medio de pago entre empresas y por comunidad autónoma en virtud al estudio realizado a través de encuestas por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA. Esta vez, sin distinguir entre el tamaño de las empresas.
Así, son las empresas de Extremadura las que más tardan, de media, en pagar a otras empresas y suman un retraso medio de 98 días, es decir, tres meses y una semana. Le sigue liderando esta lista de las que más tarde pagan a sus proveedores las empresas afincadas en la comunidad autónoma de Castilla- La Mancha con 97 días de media de espera y Murcia con 96.
Sin embargo las empresas afincadas en Canarias y Asturias son las que más han incrementado los periodos medios de pago en los últimos tres años, pasando de 68 a 89 días en el caso de C-LM y de 67 a 88 en el de Canarias en tres años. Ambas han sumado 21 días al periodo medio de pago, 21 días más tarde que en 2016 y pasando de estar muy cerca de cumplir la ley a pagar en tres meses las facturas a sus proveedores.
Las empresas de Navarra son las que antes pagan de media, aunque tardan 78 días, lo que incumple la Ley de Morosidad y las de Islas Baleares, que lo hacen en 79. Esta última comunidad autónoma paga sus facturas sólo dos días después que en 2016. La única comunidad autónoma cuyas empresas no han incrementado sus periodos medios de pago es Cataluña.
"Tanto en la administración pública, como hemos visto en anteriores informes, como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos de pago con los autónomos y empresas más pequeñas. Y si los autónomos y pequeños empresarios han incrementado unos días sus periodos medios de pago es por lo mal que ellos cobran de las administraciones y de las grandes empresas. La morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación. No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley de manera sistemática y asidua", afirma Lorenzo Amor, presidente de ATA.
"Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo. Para que los autónomos no sufran más deben recibir el pago de su trabajo en tiempo y forma", añade.

El cambio climático provocará más migraciones y desplazamientos en el mundo

MADRID.- Las causas climáticas ya superan a guerras y factores económicos como motivo de salida. No dan derecho a acceder al estatuto del refugiado, aunque las causas climáticas superan a los conflictos y factores económicos como motivo de los desplazamientos internos. Y si seguimos sin hacer nada, dentro de 30 años habrá 200 millones de migrantes climáticos, uno de cada 45 habitantes del mundo.

La degradación medioambiental avanza a tal ritmo que, desde los años 70, el riesgo de convertirse en un desplazado climático se ha duplicado. "Nos estamos arriesgando a que no haya un solo rincón en el planeta a salvo del cambio climático", augura María Jesús Vega, portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en España.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), definen como "migrantes climáticos" a aquellos que, "por razones imperiosas de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a la vida o las condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales, o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanentemente, y que se mueven ya sea dentro de su país o hacia el extranjero".
Aunque lo normal es que estos movimientos sean internos, hay casos transfronterizos en los que es el país receptor el que tiene que asistir a los migrantes. Y es ahí donde "surge el problema", ya que los refugiados tienen la protección de la Convención de Ginebra, pero los desplazados climáticos no cuentan con un paraguas normativo internacional, quizá alguna convención regional en las que sus situaciones "puedan encajar", aclara Vega.
"La línea de separación entre desplazado climático y refugiado es muy fina", añade. Porque el cambio climático es un "multiplicador de amenazas" que muchas veces lo que hace "es provocar o exacerbar conflictos ya existentes" por la carencia de recursos.
De hecho, en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) rechazan de plano el concepto de "migrante climático" porque "alude a un cierto grado de decisión, a un mínimo de voluntariedad y de capacidad de las personas para decidir, ocultando el carácter forzado de estos movimientos", explica Raquel Celis, coordinadora de Incidencia y Participación Social de CEAR-Euskadi.
Además, el cambio climático "se queda muy corto para describir el nivel de degeneración medioambiental que sufre el planeta" y, aunque es cierto que está desplazando a población, hay otras degradaciones no incluidas en este concepto que también fuerzan migraciones: las provocadas por la industria del carbono y otras extractivas.
Un estudio de la organización británica Carbon Disclosure Project desvela que desde 1988 -cuando se creó el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés)-, más de la mitad de las emisiones industriales mundiales se pueden rastrear en solo 25 empresas y entidades estatales.
"El cambio climático es la consecuencia última de un modelo que viene expoliando los bienes que son necesarios hoy y para las futuras generaciones y de un sistema en el que las industrias que están esquilmando los recursos juegan un papel muy importante", censura.
La consecuencia es que 2018 batió el récord de nuevos desplazamientos internos: 30 millones. De ellos, 10,8 millones fueron por conflicto y los 17,2 millones restantes por desastres, en su inmensa mayoría (16,1 millones), relacionados con el clima, especialmente tormentas (9,3 millones); ciclones, huracanes y tifones (7,9 millones) e inundaciones (5,4 millones).
El Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC) indica en su último Informe Mundial 2019 que Europa y Asia Central es la zona con menos movimientos de este tipo del mundo, el 0,2% del total. En 2018 fueron 52.000, de los que 41.000 estuvieron asociados a desastres; entre estos últimos, 3.300 se produjeron en España. Solo los incendios forestales de Valencia causaron 2.600 en agosto.
Intermon Oxfam sitúa a nuestro país, por detrás de la República Checa y de Grecia, como el tercer país europeo con mayor riesgo de sufrir desplazamientos climáticos.
Sin embargo, en Acnur consideran que "no hay ninguna constancia de que en España haya desplazados climáticos" porque, aunque sí se pueden notar sus efectos, las condiciones climatológicas duras y el cambio climático son algo que se ceba con las zonas más desfavorecidas como el cuerno de África, el Sahel, Asia y algunos países de Latinoamérica.
Nadie está a salvo del cambio climático, pero sus estragos son más crueles aún con los 70,8 millones de personas que han tenido que huir de la guerra o de la persecución, 30 millones de ellos refugiados, según Acnur.
"Muchas veces los espacios que proporcionan los gobiernos para levantar un campo de refugiados son zonas estériles, sin acceso al agua, aislados y expuestos a inundaciones, sequías y otros desastres", relata Vega.
Es lo que ha ocurrido con 200.000 de los 900.000 rohinyás que, tras lograr escapar de la violencia de Myanmar, tuvieron que salir de sus asentamientos de Bangladesh, anegados por las inundaciones. Es "el desplazamiento dentro del desplazamiento".
Mujeres y niñas sufren de manera diferenciada los impactos del cambio climático en general y de las migraciones climáticas en concreto. Así lo ha puesto de manifiesto recientemente Ecodes en "Perspectiva de género en las migraciones climáticas".
Y es que suelen ser las principales responsables de tareas que son cada vez más difíciles de realizar por el impacto climático, como es la recogida de agua, de lo que se encargan en ocho de cada diez hogares que carecen de ella. Algo que incide en asuntos como su educación o salud.
Por no hablar de que, tras un desastre, están más expuestas a todo tipo de violencias machistas, un peligro ya de por sí alto en cualquier contexto migratorio, en los que las probabilidades de ser violadas, obligadas a casarse o a prostituirse se disparan.

‘Annus horribilis’ para el PSOE-A / Pepe Fernández *

El juez instructor del llamado Caso UGT, Juan Jesús García Vélez, ha dado por finalizadas las diligencias sobre la causa “por cuanto el resultado de las ya practicadas resulta revelador de la naturaleza delictiva de los hechos investigados, y se considera que existe suficiente material indiciario respecto a la apreciación de los extremos enumerados en el artículo 777.1 LECR en relación con el artículo 779 LECR y a los fines previstos en dichos artículos”.

Las desgracias nunca vienen solas, deben pensar muchos socialistas que también o solo militan en el sindicato.

Procede pues el juez en su auto a desgranar todo aquello punible que figure en la causa y cuyo resumen final nos conduce a pensar en una muy posible malversación de dinero público en cantidad que supera los 40 millones de euros; unos 6.640 millones de las antiguas pesetas, dato que, dicho así, a los de mi generación nos joroba pelín más, por la de cosas que se hacían con esos miles de millones.

Un auto judicial no es una sentencia, desde luego, pero está firmado por un juez que acusa tras haber dirigido una investigación con todas sus garantías y que, desde luego, coloca más cerca del banquillo a quienes heredaron el poder de Cándido Méndez en la UGT de Andalucía. Y también permite opinar, con más conocimiento de causa, sobre lo sucedido con los millonarios fondos públicos recibidos por el sindicato para formación de trabajadores.

Así, en pocas semanas, la llamada familia socialista – donde se debe incluir a la mayoría de afiliados a UGT– han visto cómo caían, como un castillo de naipes, sus más destacados dirigentes, tanto políticos como sindicalistas. Y lo peor de todo, están siendo condenadas o investigadas sus formas de gobernar, unos la Junta de Andalucía y otros el dinero de los trabajadores a los que dicen representar y defender.

Pastrana apartado del proceso por su estado de salud
Manolo Pastrana, por su delicada salud, queda exonerado de imputaciones y apartado del proceso en estos términos por el juez:

“Acuerdo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones conforme al artículo 641.1 LECR, en relación a los artículos 383, 746, 747, 749 y 786 de la misma ley, respecto de Manuel Pastrana Casado”.

Quienes mantienen relación con Pastrana y su familia comentan que esta decisión judicial tiene toda la lógica, dada la degenerativa salud en la que se halla Pastrana desde hace años.

No así Francisco Fernández Sevilla, su sucesor, sobre el que recae gran parte de la responsabilidad política, escénica y quién sabe si penal de lo sucedido.

Antes de Nochebuena se sabrá si las partes solicitan apertura de vista oral o el archivo de las actuaciones. Junto a los dirigentes sindicales también están investigados en esta causa empresas y empresarios, supuestos partícipes en el fraude millonario padecido por las arcas publicas vía UGT-Andalucía.

Los Acuerdos de Concertación, la madre de todo

Y si esto ha pasado con los fondos millonarios para formación, qué no habrá sucedido con las mil millonarias partidas que la Junta ha dedicado a la llamada “concertación social”, o lo que es lo mismo, desde el 93 repartir a patronal y sindicatos una morterada cada año de millones, todo con la intención de aminorar las listas del paro andaluz, objetivo que por desgracia nunca se cumplió.

El periodista de Abc Antonio R.Vega, describía con gran precisión lo que han traido los Acuerdos de Concertación Social : «Los acuerdos de concertación fueron la semilla de todos los escándalos de corrupción que sobrevinieron después y que han dado pie a más de una veintena de frentes judiciales que asedian al Gobierno actual de Susana Díaz: ERE trucados, avales a empresas, Invercaria, fraude de formación, facturas falsas de UGT o el plan para reflotar la Bahía de Cádiz».

UGT en Andalucía tiene al frente a Carmen Castilla como Secretaria General, a la que le ha tocado lidiar con una herencia envenenada y letal cuyos efectos para el sindicato están siendo demoledores. Hoy solo les consuela el ‘ya queda menos’.

Castilla, imitando a Susana Díaz a la que se ha sometido finalmente pidiendo amparo ha optado por ponerse de perfil todo este tiempo y con decir que los procesados ya no están en el sindicato, que son historia en la UGT, está intentando pasar este quinario que, sin duda, en nada beneficia las posibles aspiraciones que la Sra Castilla tenga en la vida pública. Hace unos meses llegó a comentarse que en Madrid había interés por contar con ella en un segundo nivel del gobierno de Sánchez, pero todo se paró al llegar nuevas elecciones. 
La Sra Castilla, pese a las cualidades que la adornan como sindicalista y como mujer de ideas claras, tiene una losa encima de la que le será muy difícil desprenderse. Y ella lo sabe, pese a los cantos de sirena de las mentes funcionariales que la rodean y que solo buscan mantener sus sueldos y prebendas. Eso sí, sirviendo a los trabajadores como sindicato de clase.

Acoso a la prensa

No era intención inicialmente adentrarme en los vericuetos jurídicos del Caso UGT, de eso ya se ha ocupado y ocupará la mano de la Justicia que, por cierto, parece que durante la instrucción ha confirmado los titulares y reportajes periodísticos que en su momento destaparon el escándalo. También la veracidad aportada por las “fuentes” que se lo contaron a los periodistas de El Mundo de Andalucia Silvia Moreno y Manuel María Becerro.

Ambos compañeros ha estado durante años sufriendo una auténtica persecución por tierra, mar y aire de parte del aparato del sindicato, liderado en estos menesteres tan poco éticos y estéticos, por el periodista responsable de Comunicación del sindicato, departamento donde algunos sostienen que quien verdaderamente manda es el responsable de Institucionales de UGT-A.

Cuando el periodista José Carlos Villanueva cuenta cómo torpedeaba la trama mafiosa del gilismo su trabajo de investigación, información y denuncia en Marbella durante años, todo tremendo, se acerca – en este caso sin agresiones físicas ni atentados de por medio como a él– a la experiencia padecida por Silvia y Manolo con los dirigentes ugetistas y sus terminales anónimas en las redes. 
Amenazas, insultos, denuncias, rectificaciones con falsedades que, ahora, se descubren negro sobre blanco eran auténticas patrañas, no para defender como institución a UGT a lo que tenían todo el derecho, sino para atacar, degradar y agredir al mensajero, estos y otros periodistas.

Obsesiva persecución contra Roberto Macías

No tengo el dato confirmado, pero estoy convencido de que el extrabajador de UGT-A Roberto Macías Chavez, fue una de las fuentes barajadas por la redacción de El Mundo, para tirar del hilo de las facturas falsas y los rápeles, lo que derivó en el Caso UGT, una de las muchas exclusivas anticorrupción del periódico.

Macías, el pasado 28 de noviembre, tuvo que comparecer a la vista oral dónde se le iba a juzgar por un presunto delito de “revelación de secreto” por lo que el Fiscal y la UGT, que actúa como acusación perjudicada, piden cuatro años de cárcel para su extrabajador.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, pide la presunción de inocencia para los encartados en el caso de los 40 millones de dinero público desviado, pero no ha movido un dedo ante el clamor estos días en las redes de asociaciones de «alertadores» anti corrupción para que retirasen la acusación y petición de pena de prisión en Sevilla contra Macías.

Alvarez acabó saliendo al paso con una mentira piadosa al confesar que nadie le había pedido nada respecto de Roberto Macías. Quizá no llegó a sus ojos, pero existe constancia documental de que al menos a su despacho llegó el escrito de un veterano militante ugetista donde se le pedía expresamente la retirada de UGT en su acoso judicial a Macías. Alvarez saca pecho al presumir de que UGT-A ha asumido responsabilidades políticas por las facturas falsas y que en la actual dirección no hay nadie del pasado inmediato que se investiga por la Justicia.

Y efectivamente, la noticia había llegado ya que la misiva de referencia tuvo su respuesta desde la Secretaría de Organización de UGT.

Pero, ¿dónde está el secreto desvelado por Macías?

El equipo con el que le ha tocado lidiar a Carmen Castilla la peor crisis del sindicato, superior incluso a lo del escándalo de la PSV, da la impresión de que están obcecados, más bien obsesionados o enloquecidos con Macías, que lo único que les preocupa es castigar a quien suponen metió en un pendrive facturas, más o menos cuantiosas, más o menos golfas, pero que son – o deberían ser- tan públicas y fiscalizadas como las de la Junta de Andalucía, en tanto que se pagan todas con dinero público.

¿Dónde está el secreto – ‘revelación de secreto’ – que denuncia UGT y el fiscal que ha cometido Macías? Nadie lo explica. Saldremos de dudas en marzo, fecha en la que se ha fijado la definitiva vista oral, aplazada el 28 pasado por desistimiento del letrado de la defensa. Por cierto, insólito el comportamiento del fiscal cuando le espetó a Macías que él no había destapado el caso UGT, cosa cierta dicha tal cual. Pero no explicó quién lo hizo, será que no lo recuerda su Ilustrísima.

Lo más triste de todo es comprobar como un sindicato importante, necesario, respetable, centenario, ha visto cómo se manchaba su historia desde dentro y ninguno de sus dirigentes actuales han demostrado valentía suficiente para salir al paso y dar la cara para pedir perdón, especialmente ante sus delegados en muchas empresas, rompeolas de la desafección reinante entre muchos trabajadores y trabajadoras respecto de los sindicatos. 
Todo ello con una derecha en el gobierno que no olvida ( ni perdona ) que Javier Arenas no fuese presidente de la Junta en 2012 porque UGT y CCOO hicieron piña con el candidato Griñán, abandonado entonces a su suerte por el viejo aparato de Chaves. “¿Qué legitimidad tiene un sindicato para denunciar la corrupción del capital si nosotros también la practicamos?” se preguntaba un ex dirigente ugetista sevillano, amargado por como todo se les ha vuelto en contra.

Seguramente los funcionarios defensores de la central sindical socialista lo resumirán todo diciendo que un auto no es una sentencia, que queda recorrido judicial todavía y, llegado el caso, un juicio y una sentencia. Todo es verdad pero no debieran olvidar que crece el interés ciudadano por la recuperación del dinero publico robado o mal gastado. Y UGT tiene patrimonio.

De momento los datos y la información contrastada judicial y policialmente, ahora conocida en papel del juez, son una patada en partes nobles para los responsables de un sistemático acoso a periodistas desde UGT-Andalucía. Se habrán ganado su puchero, pero se han manchado demasiado las manos.

El instructor en su Auto precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.

“El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”, pone de manifiesto el juez en el auto notificado a las partes.
(*) Periodista

La Ley de Violencia de Género y el reseteo de nuestra Democracia / Juan Mariano Pérez Abad *

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue votada el día 7 de octubre de 2004, durante la VIII Legislatura de nuestra Democracia Constitucional, presidida por el Gobierno socialista de Zapatero, y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Tanto el Presidente, como el ministro de Justicia que la impulsó, como 224 de los 350 diputados electos (el 64 %) eran varones, frente a un 36 % de mujeres.

Era evidente que no estaban votando de una forma consciente y razonada, ya que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, reconociéndose a sí mismos como seres malvados por naturaleza y agresivos contra la mujer. Así lo dejó bien claro el humillante episodio de aquel ministro de Justicia, López Aguilar, que ni siquiera cuando tuvo que ser sacado de su propia trampa por la puerta de atrás, acusado absurdamente de maltrato por su ex, fue capaz de bajarse del burro.

Desde su implantación, una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de las graves injusticias que se han producido por su causa, sus familiares y los activistas sensibilizados por este problema, eran silenciados por todos los grandes medios de comunicación y acusados de “machistas” cuando la denunciaban desde las redes sociales. 
 
Nuestros “Grandes Medios”, representantes de nuestra “Prensa Libre y Democrática”, que sobreviven gracias a las subvenciones y la publicidad corporativa de un “Estado Feminista” que les retiraría el pan ante la menor disidencia. Pero hoy, por fin, las críticas a esta Ley y sus posteriores desarrollos y reformas están encontrando voces capaces de hacerse escuchar ante la opinión pública.

Las protestas, en su mayoría, lejos de ser extremistas o radicales, siempre habían presentado argumentos razonados. El primero fue sobre su legitimidad, pues justificaba la vulneración de varios Derechos Fundamentales (Igualdad ante la Ley y Presunción de Inocencia) mediante Principios Jurídicos tan polémicos e inconsistentes como el de la Discriminación Positiva o la Memoria Histórica. 
 
En segundo lugar, sobre su necesidad, pues España siempre tuvo y sigue teniendo una de las incidencias más bajas del mundo de violencia contra la mujer, muy por debajo de países como Bélgica, Italia o Inglaterra. Después, transcurrido el tiempo, sobre sus resultados durante los más de 15 años que lleva en vigor, encontramos que las tasas de violencia y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres no han descendido lo más mínimo.

Junto al fracaso de esta Ley, las voces críticas también llamaban la atención sobre el enorme esfuerzo económico que hemos estado invirtiendo en su desarrollo, sobre el escaso o nulo control sobre ese gasto, así como sobre su continuo crecimiento a pesar de la crisis económica. Resulta extraordinariamente significativo que solo fuera posible llegar a un acuerdo entre partidos para la formación del último gobierno de Rajoy (el que terminó en Moción de Censura) tras obtener el compromiso de todos los partidos representativos para firmar el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” (que traducido al Castellano no eran sino 1.000 millones de euros más a repartir) 
 
Por eso, esta Ley ha sido señalada por muchos como la legalización de una gigantesca fuente de “financiación paralela” de los partidos políticos, tan grande que algunos la califican como “la mayor estafa jamás cometida por una clase política a su Pueblo”.

Si además la miramos desde el lado contrario, vemos que esta Ley se ha convertido en la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país (los auténticos “presos políticos” españoles) el motivo por el que cientos de miles de niños son privados del contacto con sus padres en los procesos de divorcio y su incuestionable relación con el alarmante incremento de suicidios de hombres en proceso de divorcio. Valga el ejemplo reciente el caso del fiscal de menores de Alicante en Valladolid.  
 
https://okdiario.com/sociedad/encuentran-rio-pisuerga-cadaver-del-fiscal-menores-alicante-valladolid-4881603

Probablemente, la causa de la impresionante irrupción de Vox en la vida política de nuestro país se deba a la inclusión, como línea prioritaria en su programa, de la defensa de ese enorme número de personas que han sido víctimas de esta Ley, en mayor medida que a la denuncia que llevó a prisión a los líderes el separatismo catalanista. A su vez, tanto para los afectados como para todos aquellos que no querían ser anatemizados como “machistas”, es ese partido ha sido la punta de lanza que ha conseguido romper el bloqueo informativo al que les sometían los grandes medios de comunicación.

Y ahora, hasta tal punto se ha roto ese cerco de silencio que miembros tan destacados de “la Vieja Guardia” del PSOE, como Alfonso Guerra (19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst https://youtu.be/rcZO3Oq7WWw ) o Joaquín Leguina (entrevista con Susana Griso en La 4) no han tenido reparos a manifestarse públicamente revelando graves irregularidades en la votación en el Congreso y la resolución del Recurso de Constitucionalidad de esta Ley. 
 
Una vez analizadas, se trata de declaraciones de extraordinaria gravedad que, no solo critican esa Ley, sino que ponen en tela de juicio a nuestro sistema político como “Estado Democrático de Derecho”, pues revelan la inexistencia de la Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la ausencia de escrúpulos de todos los partidos que han venido ocupando puestos de Poder para burlar las leyes, incluso la Constitución, con engaños pueriles.

Desconocemos la causa que les impulsa a romper esa “Disciplina de Partido” con la que defiende Leguina su actitud de antaño. Ellos representaban una Era, la del “Pelotazo” y el “Ladrillo”, en la que esa “Financiación Paralela” de los partidos era ilegal y ha terminado generando miles de causas judiciales por corrupción. 
 
Quizás lo que se les haya despertado sea el valor para hacernos la confesión del arrepentido, quizás el despecho por haber sido excluidos de este nuevo y sabroso festín, pero en ambos casos, ahora es cuando no parecen dejar ninguna duda sobre su sinceridad. Lamentablemente, eso también demuestra la imperiosa necesidad de un “Reseteo” de los cimientos de nuestra Democracia.
 
 
 
(*) Médico cirujano