Las desgracias nunca vienen solas, deben pensar muchos socialistas que también o solo militan en el sindicato.
Procede pues el juez en su auto a desgranar todo aquello punible que figure en la causa y cuyo resumen final nos conduce a pensar en una muy posible malversación de dinero público en cantidad que supera los 40 millones de euros; unos 6.640 millones de las antiguas pesetas, dato que, dicho así, a los de mi generación nos joroba pelín más, por la de cosas que se hacían con esos miles de millones.
Un auto judicial no es una sentencia, desde luego, pero está firmado por un juez que acusa tras haber dirigido una investigación con todas sus garantías y que, desde luego, coloca más cerca del banquillo a quienes heredaron el poder de Cándido Méndez en la UGT de Andalucía. Y también permite opinar, con más conocimiento de causa, sobre lo sucedido con los millonarios fondos públicos recibidos por el sindicato para formación de trabajadores.
Así, en pocas semanas, la llamada familia socialista – donde se debe incluir a la mayoría de afiliados a UGT– han visto cómo caían, como un castillo de naipes, sus más destacados dirigentes, tanto políticos como sindicalistas. Y lo peor de todo, están siendo condenadas o investigadas sus formas de gobernar, unos la Junta de Andalucía y otros el dinero de los trabajadores a los que dicen representar y defender.
Pastrana apartado del proceso por su estado de salud
Manolo Pastrana, por su delicada salud, queda exonerado de imputaciones y apartado del proceso en estos términos por el juez:
“Acuerdo el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones conforme al artículo 641.1 LECR, en relación a los artículos 383, 746, 747, 749 y 786 de la misma ley, respecto de Manuel Pastrana Casado”.
Quienes mantienen relación con Pastrana y su familia comentan que esta decisión judicial tiene toda la lógica, dada la degenerativa salud en la que se halla Pastrana desde hace años.
No así Francisco Fernández Sevilla, su sucesor, sobre el que recae gran parte de la responsabilidad política, escénica y quién sabe si penal de lo sucedido.
Antes de Nochebuena se sabrá si las partes solicitan apertura de vista oral o el archivo de las actuaciones. Junto a los dirigentes sindicales también están investigados en esta causa empresas y empresarios, supuestos partícipes en el fraude millonario padecido por las arcas publicas vía UGT-Andalucía.
Los Acuerdos de Concertación, la madre de todo
Y si esto ha pasado con los fondos millonarios para formación, qué no habrá sucedido con las mil millonarias partidas que la Junta ha dedicado a la llamada “concertación social”, o lo que es lo mismo, desde el 93 repartir a patronal y sindicatos una morterada cada año de millones, todo con la intención de aminorar las listas del paro andaluz, objetivo que por desgracia nunca se cumplió.
El periodista de Abc Antonio R.Vega, describía con gran precisión lo que han traido los Acuerdos de Concertación Social : «Los acuerdos de concertación fueron la semilla de todos los escándalos de corrupción que sobrevinieron después y que han dado pie a más de una veintena de frentes judiciales que asedian al Gobierno actual de Susana Díaz: ERE trucados, avales a empresas, Invercaria, fraude de formación, facturas falsas de UGT o el plan para reflotar la Bahía de Cádiz».
UGT en Andalucía tiene al frente a Carmen Castilla como Secretaria General, a la que le ha tocado lidiar con una herencia envenenada y letal cuyos efectos para el sindicato están siendo demoledores. Hoy solo les consuela el ‘ya queda menos’.
Castilla, imitando a Susana Díaz a la que se ha sometido finalmente pidiendo amparo ha optado por ponerse de perfil todo este tiempo y con decir que los procesados ya no están en el sindicato, que son historia en la UGT, está intentando pasar este quinario que, sin duda, en nada beneficia las posibles aspiraciones que la Sra Castilla tenga en la vida pública. Hace unos meses llegó a comentarse que en Madrid había interés por contar con ella en un segundo nivel del gobierno de Sánchez, pero todo se paró al llegar nuevas elecciones.
La Sra Castilla, pese a las cualidades que la adornan como sindicalista y como mujer de ideas claras, tiene una losa encima de la que le será muy difícil desprenderse. Y ella lo sabe, pese a los cantos de sirena de las mentes funcionariales que la rodean y que solo buscan mantener sus sueldos y prebendas. Eso sí, sirviendo a los trabajadores como sindicato de clase.
Acoso a la prensa
No era intención inicialmente adentrarme en los vericuetos jurídicos del Caso UGT, de eso ya se ha ocupado y ocupará la mano de la Justicia que, por cierto, parece que durante la instrucción ha confirmado los titulares y reportajes periodísticos que en su momento destaparon el escándalo. También la veracidad aportada por las “fuentes” que se lo contaron a los periodistas de El Mundo de Andalucia Silvia Moreno y Manuel María Becerro.
Ambos compañeros ha estado durante años sufriendo una auténtica persecución por tierra, mar y aire de parte del aparato del sindicato, liderado en estos menesteres tan poco éticos y estéticos, por el periodista responsable de Comunicación del sindicato, departamento donde algunos sostienen que quien verdaderamente manda es el responsable de Institucionales de UGT-A.
Cuando el periodista José Carlos Villanueva cuenta cómo torpedeaba la trama mafiosa del gilismo su trabajo de investigación, información y denuncia en Marbella durante años, todo tremendo, se acerca – en este caso sin agresiones físicas ni atentados de por medio como a él– a la experiencia padecida por Silvia y Manolo con los dirigentes ugetistas y sus terminales anónimas en las redes.
Acoso a la prensa
No era intención inicialmente adentrarme en los vericuetos jurídicos del Caso UGT, de eso ya se ha ocupado y ocupará la mano de la Justicia que, por cierto, parece que durante la instrucción ha confirmado los titulares y reportajes periodísticos que en su momento destaparon el escándalo. También la veracidad aportada por las “fuentes” que se lo contaron a los periodistas de El Mundo de Andalucia Silvia Moreno y Manuel María Becerro.
Ambos compañeros ha estado durante años sufriendo una auténtica persecución por tierra, mar y aire de parte del aparato del sindicato, liderado en estos menesteres tan poco éticos y estéticos, por el periodista responsable de Comunicación del sindicato, departamento donde algunos sostienen que quien verdaderamente manda es el responsable de Institucionales de UGT-A.
Cuando el periodista José Carlos Villanueva cuenta cómo torpedeaba la trama mafiosa del gilismo su trabajo de investigación, información y denuncia en Marbella durante años, todo tremendo, se acerca – en este caso sin agresiones físicas ni atentados de por medio como a él– a la experiencia padecida por Silvia y Manolo con los dirigentes ugetistas y sus terminales anónimas en las redes.
Amenazas, insultos, denuncias, rectificaciones con falsedades que, ahora, se descubren negro sobre blanco eran auténticas patrañas, no para defender como institución a UGT a lo que tenían todo el derecho, sino para atacar, degradar y agredir al mensajero, estos y otros periodistas.
Obsesiva persecución contra Roberto Macías
No tengo el dato confirmado, pero estoy convencido de que el extrabajador de UGT-A Roberto Macías Chavez, fue una de las fuentes barajadas por la redacción de El Mundo, para tirar del hilo de las facturas falsas y los rápeles, lo que derivó en el Caso UGT, una de las muchas exclusivas anticorrupción del periódico.
Macías, el pasado 28 de noviembre, tuvo que comparecer a la vista oral dónde se le iba a juzgar por un presunto delito de “revelación de secreto” por lo que el Fiscal y la UGT, que actúa como acusación perjudicada, piden cuatro años de cárcel para su extrabajador.
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, pide la presunción de inocencia para los encartados en el caso de los 40 millones de dinero público desviado, pero no ha movido un dedo ante el clamor estos días en las redes de asociaciones de «alertadores» anti corrupción para que retirasen la acusación y petición de pena de prisión en Sevilla contra Macías.
Alvarez acabó saliendo al paso con una mentira piadosa al confesar que nadie le había pedido nada respecto de Roberto Macías. Quizá no llegó a sus ojos, pero existe constancia documental de que al menos a su despacho llegó el escrito de un veterano militante ugetista donde se le pedía expresamente la retirada de UGT en su acoso judicial a Macías. Alvarez saca pecho al presumir de que UGT-A ha asumido responsabilidades políticas por las facturas falsas y que en la actual dirección no hay nadie del pasado inmediato que se investiga por la Justicia.
Y efectivamente, la noticia había llegado ya que la misiva de referencia tuvo su respuesta desde la Secretaría de Organización de UGT.
Pero, ¿dónde está el secreto desvelado por Macías?
El equipo con el que le ha tocado lidiar a Carmen Castilla la peor crisis del sindicato, superior incluso a lo del escándalo de la PSV, da la impresión de que están obcecados, más bien obsesionados o enloquecidos con Macías, que lo único que les preocupa es castigar a quien suponen metió en un pendrive facturas, más o menos cuantiosas, más o menos golfas, pero que son – o deberían ser- tan públicas y fiscalizadas como las de la Junta de Andalucía, en tanto que se pagan todas con dinero público.
¿Dónde está el secreto – ‘revelación de secreto’ – que denuncia UGT y el fiscal que ha cometido Macías? Nadie lo explica. Saldremos de dudas en marzo, fecha en la que se ha fijado la definitiva vista oral, aplazada el 28 pasado por desistimiento del letrado de la defensa. Por cierto, insólito el comportamiento del fiscal cuando le espetó a Macías que él no había destapado el caso UGT, cosa cierta dicha tal cual. Pero no explicó quién lo hizo, será que no lo recuerda su Ilustrísima.
Lo más triste de todo es comprobar como un sindicato importante, necesario, respetable, centenario, ha visto cómo se manchaba su historia desde dentro y ninguno de sus dirigentes actuales han demostrado valentía suficiente para salir al paso y dar la cara para pedir perdón, especialmente ante sus delegados en muchas empresas, rompeolas de la desafección reinante entre muchos trabajadores y trabajadoras respecto de los sindicatos.
Obsesiva persecución contra Roberto Macías
No tengo el dato confirmado, pero estoy convencido de que el extrabajador de UGT-A Roberto Macías Chavez, fue una de las fuentes barajadas por la redacción de El Mundo, para tirar del hilo de las facturas falsas y los rápeles, lo que derivó en el Caso UGT, una de las muchas exclusivas anticorrupción del periódico.
Macías, el pasado 28 de noviembre, tuvo que comparecer a la vista oral dónde se le iba a juzgar por un presunto delito de “revelación de secreto” por lo que el Fiscal y la UGT, que actúa como acusación perjudicada, piden cuatro años de cárcel para su extrabajador.
El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, pide la presunción de inocencia para los encartados en el caso de los 40 millones de dinero público desviado, pero no ha movido un dedo ante el clamor estos días en las redes de asociaciones de «alertadores» anti corrupción para que retirasen la acusación y petición de pena de prisión en Sevilla contra Macías.
Alvarez acabó saliendo al paso con una mentira piadosa al confesar que nadie le había pedido nada respecto de Roberto Macías. Quizá no llegó a sus ojos, pero existe constancia documental de que al menos a su despacho llegó el escrito de un veterano militante ugetista donde se le pedía expresamente la retirada de UGT en su acoso judicial a Macías. Alvarez saca pecho al presumir de que UGT-A ha asumido responsabilidades políticas por las facturas falsas y que en la actual dirección no hay nadie del pasado inmediato que se investiga por la Justicia.
Y efectivamente, la noticia había llegado ya que la misiva de referencia tuvo su respuesta desde la Secretaría de Organización de UGT.
Pero, ¿dónde está el secreto desvelado por Macías?
El equipo con el que le ha tocado lidiar a Carmen Castilla la peor crisis del sindicato, superior incluso a lo del escándalo de la PSV, da la impresión de que están obcecados, más bien obsesionados o enloquecidos con Macías, que lo único que les preocupa es castigar a quien suponen metió en un pendrive facturas, más o menos cuantiosas, más o menos golfas, pero que son – o deberían ser- tan públicas y fiscalizadas como las de la Junta de Andalucía, en tanto que se pagan todas con dinero público.
¿Dónde está el secreto – ‘revelación de secreto’ – que denuncia UGT y el fiscal que ha cometido Macías? Nadie lo explica. Saldremos de dudas en marzo, fecha en la que se ha fijado la definitiva vista oral, aplazada el 28 pasado por desistimiento del letrado de la defensa. Por cierto, insólito el comportamiento del fiscal cuando le espetó a Macías que él no había destapado el caso UGT, cosa cierta dicha tal cual. Pero no explicó quién lo hizo, será que no lo recuerda su Ilustrísima.
Lo más triste de todo es comprobar como un sindicato importante, necesario, respetable, centenario, ha visto cómo se manchaba su historia desde dentro y ninguno de sus dirigentes actuales han demostrado valentía suficiente para salir al paso y dar la cara para pedir perdón, especialmente ante sus delegados en muchas empresas, rompeolas de la desafección reinante entre muchos trabajadores y trabajadoras respecto de los sindicatos.
Todo ello con una derecha en el gobierno que no olvida ( ni perdona ) que Javier Arenas no fuese presidente de la Junta en 2012 porque UGT y CCOO hicieron piña con el candidato Griñán, abandonado entonces a su suerte por el viejo aparato de Chaves. “¿Qué legitimidad tiene un sindicato para denunciar la corrupción del capital si nosotros también la practicamos?” se preguntaba un ex dirigente ugetista sevillano, amargado por como todo se les ha vuelto en contra.
Seguramente los funcionarios defensores de la central sindical socialista lo resumirán todo diciendo que un auto no es una sentencia, que queda recorrido judicial todavía y, llegado el caso, un juicio y una sentencia. Todo es verdad pero no debieran olvidar que crece el interés ciudadano por la recuperación del dinero publico robado o mal gastado. Y UGT tiene patrimonio.
De momento los datos y la información contrastada judicial y policialmente, ahora conocida en papel del juez, son una patada en partes nobles para los responsables de un sistemático acoso a periodistas desde UGT-Andalucía. Se habrán ganado su puchero, pero se han manchado demasiado las manos.
El instructor en su Auto precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.
“El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”, pone de manifiesto el juez en el auto notificado a las partes.
Seguramente los funcionarios defensores de la central sindical socialista lo resumirán todo diciendo que un auto no es una sentencia, que queda recorrido judicial todavía y, llegado el caso, un juicio y una sentencia. Todo es verdad pero no debieran olvidar que crece el interés ciudadano por la recuperación del dinero publico robado o mal gastado. Y UGT tiene patrimonio.
De momento los datos y la información contrastada judicial y policialmente, ahora conocida en papel del juez, son una patada en partes nobles para los responsables de un sistemático acoso a periodistas desde UGT-Andalucía. Se habrán ganado su puchero, pero se han manchado demasiado las manos.
El instructor en su Auto precisa que, “para la ejecución de dicha labor defraudatoria, además de la colaboración” de Soralpe y en concreto de su consejero delegado, “prestaron auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes” del sindicato un total de diez personas investigadas y que actuaron como proveedores, quienes “se prestaron a dicha actuación fraudulenta por medio de la falsificación oportuna de la documentación mercantil utilizada para la justificación a presentar en los diferentes expedientes de subvención”.
“El cómputo global de las cantidades defraudadas en los expedientes en los que se ha contado con la información documental necesaria asciende a 40.750.047,74 euros”, pone de manifiesto el juez en el auto notificado a las partes.
(*) Periodista
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