ALMERÍA.- La Operación Acantha destapó el mayor alijo de cannabis sátiva descubierto nunca en la provincia y,
al mismo tiempo, supuso un toque de atención ante la auténtica
dimensión del mercado clandestino sembrado en el sudeste español. Corría
el año 2017, según recuerda hoy La Voz de Almería.
La Fiscalía Provincial de Almería pone ahora cifras al delito y solicita 113 años de prisión para los 11 acusados del cultivo de 54.000 plantas de marihuana,
la inmensa mayoría aprehendidas en invernaderos de la comarca de Níjar
entre septiembre y octubre de 2017.El escrito de acusación apunta a un
presunto grupo organizado y profesional.
“Decidieron de común acuerdo, y
según una división preestablecida de funciones, dedicarse a la
obtención de grandes cantidades de marihuana en fincas y viviendas
alquiladas”.
A finales de septiembre, la Guardia Civil irrumpió en tres invernaderos y una finca anexa en Las Norias de Níjar. La propiedad fue alquilada previamente y en apenas tres meses había conseguido levantar una producción de marihuana inédita en Almería (la Comandancia de Almería grabó imágenes con un dron para recorrer todo el espacio explotado).
En la primera superficie se hallaron 10.000 plantas, en la segunda 9.500 plantas y 2.700 esquejes y en la tercera 22.000 plantas. Nadie había alcanzado cifras semejantes en la provincia y solo había un par de antecedentes criminales similares en España.
La operación creció poco después. En el mes de octubre, apenas tres semanas después, la Policía Judicial golpeó de nuevo a la red con la localización de un cuarto invernadero con 8.110 plantas en el paraje La Pared de Atochares (Níjar).
Las instalaciones tenían puntos en común. No solo permitían la explotación intensiva y a gran escala de las superficies bajo plástico sino que además contaban con sistemas de seguridad y herramientas pensadas para el cuidado, corte y envasado de los cogollos.
En una tercera fase, la investigación se desplazó hasta las provincias de Alicante (San Juan, Elda, Petrer, Denia y Campello) y Murcia. En la provincia valenciana se produjeron registros en viviendas y fincas rurales con decomisos de menor tamaño.
La Fiscalía considera que los 11 acusados formaban parte de “un grupo criminal” que, además, se “aprovisionaron de otras sustancias estupefacientes como la resina de cannabis y el MDMA para su posterior distribución y venta a terceros”. La operación acabó con los planes.
La acusación del Ministerio Público pide diez años de cárcel para nueve acusados (cada uno) centrados en el eje del presunto grupo criminal. En cambio, reduce a seis años y medio de prisión la solicitud para dos varones sorprendidos el 27 de septiembre de 2017 en las dos primeras fincas invernadas.
El primero de ellos huyó a pie cuando los
guardias civiles llegaron al paraje La Serrata de Níjar y el segundo se
dio a la fuga en un vehículo estacionado en la parte trasera del
invernadero, que incluso llegó a atropellar en su huida a un agente
causándole lesiones leves. Poco después fueron detenidos en el primer
paso de la mayor operación contra la marihuana.
Los acusados usaron presuntamente un sistema de producción agrícola similar al implantado en los invernaderos
de Almería para el sector hortícola. Incluso tenían sus propios
intermediarios para la exportación y personas dedicadas al cuidado y
seguimiento de las producciones.
Existían
operaciones anteriores sobre invernaderos de la marihuana (operaciones
de la Policía Nacional y de Guardia Civil), pero nunca con un volumen de
droga como este.
Aunque el grueso de
las plantas estaba en la comarca de Níjar, los detenidos tenían su
centro de operaciones en la provincia de Alicante. Allí se descubrieron
anotaciones, otras drogas y evidencias de una producción enfocada a la
exportación a Europa.
Los presuntos
traficantes apostaron por instalar sus cultivos en el Campo de Níjar con
el objetivo de ocultar la marihuana en el mar de plástico de
invernadero. Aunque el olor era evidente, las grandes superficies
agrícolas del entorno servían de parapeto. Se sospecha que la
intervención llegó antes de la primera gran cosecha.
Acantha era un personaje de la mitología griega, aunque las versiones
varían sobre su origen y papel. Se dice que pudo ser una ninfa
convertida en planta por el dios Apolo. En cualquier caso, aparece en el
origen del nombre acanto, una planta común en el arco mediterráneo y
usado por sus propiedades medicina.
Las cifras de la Operación Acantha colocan el cultivo de marihuana a la altura de grandes empresas de exportación. Los traficantes levantaron un negocio millonario en unas pocas hectáreas dedicadas al cultivo de cannabis sátiva.
Nunca antes se sacó tanto rendimiento económico a un metro cuadrado de superficie invernada en la provincia de Almería... si no fuera por la irrupción de los agentes de la Guardia Civil. La Policía Judicial cortó algo más que una planta.
Según el pesaje oficial y la valoración económica de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, la droga intervenida roza los diez millones de euros en el mercado clandestino. El grueso corresponde a las plantaciones localizadas en la comarca de Níjar, aunque en una segunda fase los agentes detectaron cultivos de menor tamaño en la provincia de Alicante.
La investigación consiguió cortocircuitar un sistema que arranca en invernaderos y acaba en países del centro y norte de Europa, donde la demanda de marihuana es alta y los precios permiten obtener beneficios multimillonarios con inversiones pequeñas.
De hecho, en los registros se encontraron distintas etapas en el crecimiento y procesado del cannabis.
Unas fincas tenían macetas recién plantadas, otras pequeños esquejes,
otras plantas de dos metros de altura y otras bolsas de cogollos secos
listos para viajar hacia Europa.
Un ejemplo de rentabilidad es el contrato de alquiler localizado en un dúplex de Benidorm. Por los 960 euros mensuales, los acusados presuntamente se hicieron con un lugar donde cultivar. Allí guardaban 204 plantas y tres kilos de picadura de baja calidad, con un valor de 23.000 euros en el mercado clandestino.
La Fiscalía de Almería pide para los acusados multas económicas de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por la comisión de presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
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