MADRID.- La filtración de las grabaciones del comisario Villarejo a Corinna Zu
Sayn-Wittgenstein, en las que la alemana acusaba al rey Juan Carlos del
cobro de comisiones y de usarla como testaferro, han aumentado la
inquietud en torno al Gobierno y a la Monarquía. El Ejecutivo de Pedro
Sánchez asume que no podrá evitar nuevas “bombas” relacionadas con el
“arsenal Villarejo”, revela hoy www.elconfidencialdigital.com.
Así lo reconoce altos cargos gubernamentales, que se preparan para el peor escenario posible. “Lo de Corinna solo es el principio.
En los próximos meses se conocerán más cosas, tanto por parte de
Villarejo, como por parte de la Audiencia Nacional, que ha acumulado un
material explosivo”, dicen esas fuentes.
Una filtración en el momento clave
Las
fuentes consultadas no tienen ningún género de duda que el ex
comisario, ahora en prisión, se oculta detrás de la difusión de las
grabaciones que él mismo hizo a Corinna Zu Sayn-Wittgenstein hace tres
años. Villarejo “ha elegido un momento clave para sacarlas a la luz en una coyuntura más que delicada”, afirman.
Desde el Gobierno recuerdan que el juez de refuerzo del número 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, al frente de la instrucción de la llamada “operación Tándem”,
que mantiene en prisión a Villarejo, tiene que ser renovado en el cargo
este mes para poder seguir en dicho juzgado. Una circunstancia que
conocía Villarejo.
El
ex comisario “ha lanzado su nueva amenaza” con el objetivo de que la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial no renueve al
magistrado. O que, en caso de que De Egea sea ratificado, este decida
sacarle de prisión a la espera del fin de la instrucción. Una maniobra
que, sin embargo, “no va a tener efecto” pero que “es el inicio de algo
aún más preocupante”.
“Nadie puede comerse 40 ‘terabytes’”
Los
cargos gubernamentales con los que ha hablado ECD dan por hecho que el
CGPJ mantendrá a Diego de Egea en el juzgado número 6 de la Audiencia
Nacional y, por tanto, al frente de la “operación Tándem”. Y añaden que el juez está decidido a “ir hasta el final”, lo que “puede desencadenar toda una guerra”.
En
Moncloa saben que, dentro del Cuerpo Nacional de Policía, Asuntos
Internos, está analizando, desde hace meses, los 40 ‘terabytes’ de
grabaciones, informes y documentación que
Villarejo ha ido guardando durante años y que fueron incautados en la
operación policial que el propio De Egea autorizó el año pasado. Se
trata de una información muy delicada y que “tarde o temprano verá la
luz”.
En ese sentido, en el Gobierno dan por hecho que el informe
que Asuntos Internos entregará al juez sobre ese material “va a ser
demoledor”. Y De Egea utilizará todas esas grabaciones para acusar a
Villarejo. Una decisión totalmente comprensible, ya que “nadie puede
comerse 40 ‘terabytes 'y no usarlos contra el acusado”, pero que puede representa “un problema muy gordo”.
Amenaza contra la Monarquía y el Estado
Las fuentes consultadas recuerdan que Villarejo “ha dedicado toda su vida a realizar grabaciones como las de Corinna”.
Por
tanto, “todas las instituciones”, empezando por la Monarquía pero
también por los gobiernos anteriores, “están amenazados”. No solo por
las nuevas filtraciones que pueda hacer el propio ex comisario, sino
porque, “más pronto que tarde”, la Audiencia Nacional hará pública gran
parte de esa documentación para proceder contra Villarejo.
Los
especialistas de Asuntos Internos de la Policía Nacional tienen hasta
el 30 de septiembre para analizar las grabaciones (sonido e imágenes) a
personalidades relevantes de la vida pública incautadas a Villarejo. Y
será entonces cuando, con el informe policial en la mano, el juez De
Egea decide si continúa con la investigación e, incluso, si se abren nuevas causas en otros juzgados competentes.
El
material, por tanto, podría distribuirse a otras dependencias
judiciales, lo que amplía, aún más, las posibilidades de su difusión. Un
escenario que inquieto al Gobierno.
Tal como se adelantó en estas páginas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya sabe que los 40 ‘terabytes 'analizados relacionan a Villarejo con cientos de políticos,
desde la Transición hasta prácticamente hoy, lo que puede provocar toda
una grave tormenta institucional en España que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez no desea.
En ese sentido, las fuentes consultadas
reconocen que “incluso” hay información que sería positiva para sus
intereses (los del Gobierno), como por ejemplo “la demostración de que había una policía política que
se inventó la cuenta en Suiza de Trias y un informe contra Pablo
Iglesias”.
Pero “lo cierto es que nadie quiere que ahora se revuelva el
pasado de los anteriores gobiernos o de la Monarquía”.
“La Audiencia Nacional decide”
Las fuentes gubernamentales consultadas por ECD aseguran que existe interlocución directa entre Moncloa y Casa Real para
abordar éste y otros asuntos. No obstante, y pese a la gravedad de la
amenaza, “hay conciencia de que no se debe intervenir”.
El Gobierno, tal y como contamos ayer, no tiene intención de abrir una investigación contra la monarquía y Juan Carlos I. Pero tampoco puede evitar que la Justicia actúe en un proceso judicial, contra el comisario Villarejo que ya está abierto.
Por tanto, señalan desde Moncloa, “es la Audiencia Nacional la que decide” hasta dónde quiere llegar en este asunto.
En
el Ejecutivo dan por hecho que “usará los documentos” para poder acusar
al veterano policía. “La clave va a estar en qué se difunde y qué no”.
