El Consejo de Gobierno aprueba el martes un decreto-ley para regular la "vacancia" en RTVA

SEVILLA.- El Consejo de Gobierno aprobará en su reunión del martes un decreto-ley que garantice la situación de "transitoriedad" que se ha creado en la RTVA tras la dimisión de la Pablo Carrasco como director general y regule esa "vacancia" que no está contemplada en estos momentos en la Ley del ente público, de manera que el consejo de administración asumirá las competencias de la dirección general.

   Así lo anunció el pasado miércoles la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, que apuntó que el Gobierno andaluz quiere poner en marcha los mecanismos necesarios para garantizar la estabilidad de la empresa y su correcto funcionamiento.

   La consejera explicó que dicho decreto-ley va a permitir la "delegación de las competencias" de la dirección general en el consejo de administración de la RTVA, que será el que faculte a los distintos órganos directivos  para que el trabajo se pueda desarrollar con absoluta normalidad y en las condiciones que en estos momentos requiere un servicio público de calidad como el que presta la cadena andaluza.

   "El decreto contemplará exclusivamente esa transitoriedad y esa vacancia, que en estos momentos la ley no contempla y, lógicamente, hay que articular cuáles son los mecanismos que se tienen que poner en marcha a partir de este momento", según Díaz, quien insistió en que el Gobierno andaluz quiere garantizar, con absoluta normalidad, el funcionamiento del ente.

   Asimismo, confió en que la situación de transitoriedad sea lo más breve posible, si bien ha recalcó que, mientras los grupos parlamentarios asumen la responsabilidad de encontrar el acuerdo "cuantos antes", hay que garantizar el correcto funcionamiento y el servicio público que presta la RTVA.

   Este decreto se aprobará una vez que el consejo de administración de la RTVA diera el visto bueno el viernes, con los votos a favor de los consejeros a propuesta de PSOE e IULV-CA, mientras que los del PP-A no  participaron en la votación, a la propuesta de nuevo organigrama y de nombramientos realizada por Pablo Carrasco para facilitar la gobernabilidad del ente tras su decisión de dimitir como director general. Así, Joaquín Durán, que hasta ahora ocupaba la dirección de Canal Sur Radio, será director de Canal Sur Televisión y subdirector general de RTVA, mientras que Inés Alba será la nueva directora de la radio.

Los diputados del Parlamento andaluz cobrarán durante 2013 un mínimo de 3.820 euros al mes

SEVILLA.- Los 109 diputados del Parlamento andaluz percibirán durante el presente ejercicio un mínimo de 3.820,29 euros mensuales en concepto de sueldo y ayudas por gastos de alojamiento y manutención, además de disponer de una 'oficina móvil' integrada por ordenador portátil o tableta digital, teléfono móvil y conectividad de datos.

   Así lo establece el régimen económico y de ayudas de los diputados del Parlamento andaluz aprobado para 2013, que establece un sueldo idéntico mensual para todos los parlamentarios de 3.020,29 euros, a los que hay que sumar una ayuda por gastos de alojamiento y manutención con una dotación mínima de 200 euros semanales, que se eleva hasta los 410 si los diputados tienen su residencia habitual a más de 300 kilómetros y hasta los 500 para los miembros de la Mesa y los portavoces de los grupos parlamentarios.

   A estas cantidades fijas se añaden complementos mensuales por razón del cargo que van desde los 1.537,37 euros para el presidente del Parlamento; los 1.234,28 euros para los vicepresidentes de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios; y los 928,08 euros para los secretarios de la Mesa y los portavoces adjuntos de los grupos parlamentarios.

   Cuantías inferiores tienen los complementos mensuales para los secretarios de los grupos parlamentarios, dotados con 648,23 euros; para los presidentes de las comisiones y los portavoces de los grupos parlamentarios en las comisiones, que alcanzan los 491,08 euros; para los vicepresidentes de las comisiones, que se sitúan en los 333,47 euros; y para los secretarios de las comisiones, que alcanzan los 175,85 euros.

   Junto a ello, los diputados también tienen derecho a percibir ayudas para afrontar los gastos de alojamiento y manutención que origine la actividad parlamentaria, que tienen diferente cuantía en función de la distancia entre su residencia habitual y la sede de la Cámara.

   Así, los parlamentarios percibirán 200 euros semanales si su residencia habitual está situada a un máximo de 100 kilómetros; 270 euros semanales si se localiza entre 101 y 200 kilómetros; 340 euros semanales si se ubica entre 201 y 300 kilómetros; y 410 euros si se encuentra a más de 300 kilómetros. Los miembros de la Mesa de la Cámara y los portavoces de los grupos parlamentarios percibirán una ayuda semanal de 500 euros por este concepto.

   Los diputados pueden además solicitar ayudas por transporte, ya que el régimen económico y de ayudas de los parlamentarios para 2013 establece que "el uso del propio automóvil por los diputados para su asistencia a las sesiones parlamentarias se abona, previa justificación, a 0,25 euros por kilómetro". En caso de utilizar para tales desplazamientos un medio colectivo de transporte, avión o tren principalmente, cada diputado tendrá derecho a ser indemnizado únicamente con el importe del billete correspondiente.

   Aunque no se trata de una asignación económica directa, el Parlamento andaluz también abona con cargo a su presupuesto la cuota correspondiente a la Seguridad Social de los diputados que provienen de dicho régimen o procede a dar de alta a aquellos que accedieran a la Cámara sin esta cobertura. De igual modo, asume el pago de las cuotas de clases pasivas y de la mutualidad correspondiente de aquellos diputados que tengan la condición de funcionarios públicos.

   Por último, y aunque los diputados no generan a su favor derecho a la percepción por desempleo cuando cesan en su función, sí tienen derecho a solicitar una asignación económica temporal de una mensualidad de sus retribuciones fijas y periódicas por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres y un máximo de doce, según acuerdo adoptado por la Mesa en abril de 2005.

   Para facilitar las convocatorias a las sesiones de la Cámara, que se efectúan por correo electrónico y mensajes SMS y también para poder contar con conexión permanente a la Cámara que facilite el ejercicio de sus funciones, el Parlamento pone a disposición de los diputados una 'oficina móvil' integrada por ordenador portátil o tableta digital, teléfono móvil y conectividad de datos.

La UPO de Sevilla trabaja en una propuesta para gestionar Canal 2 Andalucía desde las universidades "a un bajo coste"

SEVILLA.- El Laboratorio de Ideas Políticas de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla trabaja en un proyecto, que pretende presentar a la propia Junta de Andalucía, para rescatar la extinta Canal 2 Andalucía con una parrilla que inicialmente constaría de unas cuatro horas y en la que se respetaría una vocación "cultural" y de servicio público.

   Dicha iniciativa, según ha explicado el coordinador del Laboratorio, Rafael Rodríguez Prieto, contemplaría una televisión gestionada por las universidades públicas andaluzas, con la UPO como coordinadora y la posibilidad de "establecer una conexión más concreta y más fuerte entre la universidad y la sociedad", todo ello "a un bajo coste".

   El borrador concibe a Canal 2, "que tenía una programación con bastantes objetivos culturales", como un ente que podría gestionarse con los materiales de los laboratorios de comunicación existentes en todas las sedes universitarias. "Se podría aprovechar todo el caudal de conocimiento de las universidades públicas, que podrían tener esta plataforma para difundir todo lo que se está haciendo, y que la sociedad conectara y pudiésemos nutrirnos de las prácticas de las ciencias sociales", ha indicado Rodríguez Prieto, poniendo como ejemplo el movimiento 'antidesahucios' o documentales elaborados por las propias universidades.

   Respecto a la financiación, y tras recordar que el motivo por que la Junta cerró Canal 2 obedecía a motivos estrictamente económicos, el coordinador del Laboratorio de Ideas Políticas de la UPO asegura que la experiencia contaría con un coste "muy bajo" y un rédito social "muy alto", dado que podrían aprovecharse medios técnicos y humanos de Canal Sur, mientras que en las universidades públicas "siempre ha habido becarios o trabajadores en este ámbito".

   "Es como si las universidades actuaran como una productora, pero sin ánimo de lucro", ha manifestado Rodríguez Prieto, que ha apuntado a la contratación de estas empresas como "uno de los grandes problemas que muchas veces encuentra la televisión pública en España, al gastar cantidades muy altas por labores que podrían haber desempeñado profesionales del ente público".

   Por el momento, se ha constituido un grupo de trabajo con personas interesadas en la idea y se busca una figura jurídica de encomienda para que la iniciativa esté "perfectamente sujeta". Una vez recogidas las pertinentes sugerencias, la idea es llevar el proyecto a los sindicatos de Canal Sur y, posteriormente, a las propias academias y al ente público.

El Pacto por Almería acuerda crear una comisión "interadministrativa" para agilizar proyectos que creen empleo

ALMERÍA.- La primera reunión del 'Pacto por Almería' se ha cerrado este viernes con un acuerdo entre las fuerzas políticas y organizaciones sindicales y empresariales de la provincia que marca una hoja de ruta para abordar actuaciones "consensuadas" en torno a ocho "bloques de trabajo" con el objetivos transversal de la creación de empleo y estipula un calendario de trabajo por el que las partes han quedado emplazadas próximo 8 de abril.

   La mesa, auspiciada por el diario Ideal de Almería, ha acordado, asimismo, la creación de una comisión "interadministrativa" que estará integrada por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía; la Subdelegación del Gobierno y Diputación Provincial, así como por empresarios y trabajadores, con el objetivo de analizar y agilizar proyectos empresariales que contribuyan a generar empleo.

   Así lo han subrayado al término de este primer encuentro el secretario general de los socialistas almerienses, José Luis Sánchez Teruel y secretario general del PP provincial, Javier Aureliano García, quienes han coincidido en señalar la importancia de primar lo que une a los participantes en el encuentro e "ir de la mano" para que el trabajo sea "útil" y no se "deje de crear ningún puesto de trabajo por culpa de la administración".

   García ha remarcado el simbolismo del denominado 'Pacto por Almería' para "recuperar la confianza del ciudadano en el sector público y empresarial" y ha destacado la "suma de todos" para "presionar por la provincia ante todas las administraciones, les guste o no, gobierne un partido y otro".

 "Esto debe desembocar en un Plan estratégico que ponga a Almería en la senda de la prosperidad".

   Al hilo de esto, ha valorado la creación de la comisión "interadministrativa" en aras de generar "confianza en los emprendedores. "Se trata de poner encima mesa proyectos atascados que puedan generar empleo, y analizar en que fallan", ha explicado al tiempo que ha apuntado la importancia de abordar cada uno de los bloques de trabajo desde el "analisis de porqué hemos llegado a esta situación, en cuál nos encontramos y qué futuro queremos".

   Por su parte, Sánchez Teruel ha resaltado "el entendimiento y el compromiso" surgido de este primer encuentro en el que el desempleo ha sido el eje sobre el que ha girado la reunión, ya que "es la preocupación principal de la provincia y de las familias".

 "El empleo y el fomento de la economía productiva deben estar presentes del principio hasta el final en todos los trabajos y acuerdos que se alcancen", ha indicado.

   En esta línea, se ha mostrado "esperanzado" en el desarrollo futuro del Pacto por Almería a la vista de la disposición mostrada por todos los representantes públicos y privados que han acudido a esta primera reunión y ha expresado su convencimiento en que "si aparcamos en algunos temas nuestras diferencias y ponemos lo mejor de nosotros mismos, podremos sacar adelante nuestra provincia y ayudar a rebajar las cifras de paro que tenemos, que es de lo que realmente se trata".

   La coordinadora provincial de IULV-CA, Rosalía Martín, ha incidido en que el pacto debe "dar respuesta al mayor problema económico y social que tenemos el empleo", y ha remarcado la necesidad de hablar "desde lo concreto, lo posible y lo realizable" para que, "a corto o largo plazo, lo acordado derive en soluciones reales y factibles a problemas ciudadanos".

   Tras trasladar que ha sido "positivo" y con "expectativas para que seamos capaces de no defraudemos a la sociedad", ha demandado una "apuesta clara y decidida por la economía productiva" ya que, según ha subrayado, "en Almería no terminamos de tener sectores productivos estructurales ya que el turismo y la agricultura son estacionales".

   En declaraciones a los periodistas, el presidente de la patronal almeriense, José Cano, quien ha acudido junto al presidente de la Cámara de Comercio, Diego Martínez Cano, ha mostrado su "satisfacción" por la aceptación que ha tenido el documento de trabajo consensuado por la junta directiva de Asempal y ha asegurado que "hay ganas de trabajar, de consenso y de esfuerzo".

   Tanto Martínez como Cano han destacado el "clima de buena voluntad y de diálogo" en el que se ha desarrollado este primer encuentro de una iniciativa que persigue "básicamente buscar propuestas que permitan avanzar y garantizar el desarrollo de la provincia en distintos ámbitos de actuación y que forman parte, por un lado, de las preocupaciones de la sociedad almeriense, y por otro, recogen demandas más específicas de los distintos agentes sociales y políticos".

   Los líderes provinciales de UGT y CCOO, José Ginel y Juan Pallarés, han calificado el encuentro de "serio, rigoroso y de gran interés para Almería" al tiempo que han reivindicado que el "eje transversal" de todas las actuaciones que se diseñen sea el de la creación de empleo "en una provincia con un tasa del 36 por ciento". 

"El talante ha sido muy bueno y hay una voluntad específica de llegar acuerdos".

   Los ocho ejes de negociación que han marcado los asistentes al Pacto por Almería y que se abordarán mediante grupos de trabajo son la mejora de la maquinaria administrativa,  bienestar social, desarrollo industrial, apoyo a emprendedores, inversiones públicas, turismo, agricultura y revertir la desafección hacia la política.

La Cámara de Cuentas aboga por "multas coercitivas" a cargos públicos que no rindan cuentas

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, ha trasladado que no puede "ser entendible" en la actualidad que, "en aras de la transparencia exigida a la gestión pública", las entidades "no rindan cuentas" y ha abogado por incorporar a la Ley de Transparencia "multas coercitivas personales" para los funcionarios y cargos públicos que incumplan esta premisa y no supondrían una sanción a la institución.

   En un encuentro informativo en Almería para hacer balance de 25 años de funcionamiento de este órgano fiscalizador, López ha considerado que otra medida que constituiría un "elemento favorecedor" a la rendición de cuentas sería otra modificación normativa que regulase la retención de la participación de los entes locales en los tributos de la comunidad o del acceso "a determinadas subvenciones".

   Ambas propuestas, que según ha indicado va a proponer de manera "formal" al Parlamento de Andalucía aprovechando la "buena oportunidad" que ofrece el debate abierto sobre la Ley de Transparencia, responden a que la rendición de cuentas por parte de las entidades locales "ha dejado bastante que desear" y a la voluntad de la Cámara de Cuentas de "volcar el esfuerzo" en este ámbito al que "quizá se le ha prestado menos atención".

   Así, ha subrayado que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes en Andalucía concentran el 60 por ciento del gasto público local.

   López ha precisado que esta línea de trabajo pretende "anticiparse a los riesgos" en todo "lo posible teniendo en cuenta que es un control externo posterior a la gestión" y ha avanzado que están "estudiando" una modificación en el sistema telemático que "sirva de alerta para diseñar actuaciones futuras".

   Al hilo de esto, ha aludido a la necesidad de que para "ganar la oportunidad informativa que se nos pide en nuestros informes", se adelante a junio el plazo con el que cuentan las entidades para rendir cuentas y que, en la actualidad, se alarga hasta septiembre.

   López ha trasladado, asimismo, que el objetivo del órgano fiscalizador con medio siglo de actividad para el horizonte 2013-2017 pasa también por incrementar los trabajos vinculados a las auditorias operativas que, a su juicio, "dan un valor añadido a las recomendaciones de la Cámara para incidir en la mejora de la gestión".

   Para 2013, según ha remarcado, la Cámara se ha fijado como meta la evaluación de las políticas públicas y el desarrollo de los programas "no solo desde el punto de vista de que se cumpla la ley sino también desde el punto de vista de cuál ha sido el impacto para los usuarios de ese programa".

   En cuanto a otras otras medidas y propuestas que pretenden incluir en ese paquete con motivo de la Ley de Transparencia, López ha indicado que se propondrá que la Cámara de Cuentas, a través de una herramienta informática, haga un informe anual de seguimiento de recomendaciones de los informes que haga el año anterior.

   Otra medida que propondrán y que deberá valorar el Parlamento andaluz es si la futura Ley de Transparencia incorpora un mecanismo "automático" que "permita verificar que los agentes fiscalizados están incorporando esas recomendaciones en sus prácticas y modelos de gestión" y que, de este modo, los "están adaptando de acuerdo a esos informes previos".

La Junta invertirá 18 millones en las obras de emergencia para restituir los trasvases en la comarca del Almanzora

CUEVAS DEL ALMANZORA.- La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente acometerá las obras de emergencia para reponer las conducciones que fueron gravemente dañadas por las intensas precipitaciones del pasado mes de septiembre en la comarca almeriense del Almanzora; una actuación en la que se invertirán unos 18 millones de euros y que crearán 278 puestos de trabajo durante el año que duren las actuaciones. 

   Así lo ha explicado este viernes el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, quien ha visitado la presa de Cuevas del Almanzora para detallar las actuaciones ante las autoridades municipales, ya que a través de este pantano se cubre el abastecimiento de agua potable de 150.000 habitantes y el riego de 24.000 hectáreas de terrenos agrícolas.  

   Planas ha indicado que "las conducciones dañadas impiden utilizar el agua de los trasvases Negratín-Almanzora y Tajo-Segura y ponen en riesgo el suministro de agua para el próximo año hidrológico 2013-2014". Así, ha resaltado que "el agua almacenada en este embalse permite abastecer, de forma provisional y precaria, tanto al consumo urbano como a los regadíos; de ahí la importancia de acometer la reparación de estas conducciones dañadas lo antes posible para asegurar el suministro al reincorporar los recursos hídricos externos procedentes de los trasvases".

   A estas actuaciones se suma el arreglo, también con carácter de urgencia, del camino de acceso a la presa, dañado por las lluvias al desprenderse un talud, y, de esta forma, garantizar el funcionamiento de la principal fuente de suministro de agua para la comarca.

   Dichos trabajos consistirán en la sustitución de las tres conducciones afectadas por una de mayor tamaño --1.600 milímetros-- que permitirá llevar el agua necesaria para abastecimiento, riego y los sobrantes del trasvase para su uso posterior.

   En total, se instalarán 18,6 kilómetros de tuberías entre la Rambla de El Saltador hasta el pie de la presa de Cuevas del Almanzora. Esta conducción tendrá la capacidad necesaria para transportar la cantidad de agua que requieren tanto la Estación de Tratamiento de Agua potable (ETAP) del Bajo Almanzora como las comunidades de regantes agrupadas en la sociedad Aguas del Almanzora.

   De hecho, ha destacado el consejero, "estas comunidades de regantes cuentan con importantes producciones de frutales, cítricos y hortalizas al aire libre, como es el caso de la lechuga en el Bajo Almanzora y en Pulpí, líder europeo en producción de esta hortaliza".

   Asimismo, el consejero ha subrayado "la importancia del agua para la agricultura, aún más en Almería, donde contamos con un sector muy dinámico vinculado a la agricultura intensiva de regadío, que aporta prácticamente el diez por ciento del PIB de la provincia".

   A ello se suman las obras de emergencia que ya ha acometido la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente desde el otoño para reparar las infraestructuras hidráulicas y los caminos rurales dañados por el temporal en el centro y el norte de la provincia de Almería.

   En concreto, se han destinado 1,26 millones de euros para la limpieza y reposición de cauces en las cuencas de los ríos Almanzora, Antas y Aguas y el arreglo del desagüe de fondo de la presa del Almanzora. En cuanto a los caminos rurales, la Consejería ha intervenido en 135, con una inversión de tres millones de euros, que han beneficiado a 6.112 explotaciones agrarias en 29 municipios.

   En este sentido, el consejero ha destacado que "el agua es la principal prioridad presupuestaria del Gobierno andaluz para este año, con más de 380 millones de euros consignados". En el caso de Almería, ha señalado, "las infraestructuras del agua son una prioridad en la provincia en la que menos llueve de Andalucía, donde saben extraer el máximo rendimiento de cada gota".

El Ayuntamiento de Almería firma el convenio colectivo con los tres sindicatos mayoritarios

ALMERÍA.- El Ayuntamiento de Almería y los sindicatos mayoritarios CSIF, UEMA y CCOO han suscrito este viernes el convenio colectivo de la institución para el periodo trienal 2013-2015, que, según ha destacado el alcalde de Almería, "consolida la mayoría de los derechos adquiridos al tiempo que garantiza el empleo". El convenio cuenta con la oposición de UGT y la Unión de Policía Local y Bomberos de Almería (UPLBA) que lo consideran "regresivo".

   Rogelio Rodríguez-Comendador ha resaltado en el acto de firma "el esfuerzo" realizado para alcanzar un acuerdo, "que es el mejor posible en el marco de una coyuntura económica complicada" y ha subrayado que contempla "mejoras en la estructura de las retribuciones, a través del procedimiento de valoración de los puestos de trabajo de este Ayuntamiento".

   "En tiempos complicados como los que estamos viviendo todos debemos arrimar el hombro y gracias a acuerdos como éste y a una gestión municipal seria y rigurosa el Ayuntamiento de Almería dispone de una solvencia económica que nos permite atravesar la crisis en unas condiciones razonables. Solo hay que mirar alrededor y ver cómo se encuentran otras administraciones por el nulo control del gasto público", ha señalado.

   En esta línea, ha asegurado que "en los momentos difíciles" hay que saber "estar a la altura de las circunstancias" y ha apelado al "consenso" como "la mejor herramienta para avanzar". 

"A todos nos gustaría que la situación económica hubiera permitido alcanzar más derechos para los trabajadores municipales, pero la situación es el que es y todos tenemos la responsabilidad de remar conjuntamente para que el barco avance", ha apuntillado.

   Paralelamente a la firma del convenio colectivo, se han concentrado en la Plaza Vieja como señal de protesta a la rúbrica dicho acuerdo integrantes de UGT, que considera que está "marcado por los recortes que ha adoptado unilateralmente el equipo de gobierno municipal, incomprensibles --ha añadido-- ya que se trata de un Ayuntamiento saneado que ha saldado las cuentas de 2012 con un superávit 11 millones de euros".

   En este sentido, la secretaria de la Sección Sindical de FSP-UGT en el Ayuntamiento de Almería, Rosa Cobos Cobos ha asegurado que en el seno de la negociación del convenio, han presentado "muchas propuestas viables para que el peso de los recortes no volviera a recaer de nuevo sobre las espaldas de los trabajadores". 

"El equipo de gobierno no ha entrado a valorar ninguna y actitud ha sido la de imponer y no negociar", ha apuntillado.

   Por su parte, UPLBA ha incidido en que el convenio "recorta" los derechos sociales, económicos y sindicales de los trabajadores del Ayuntamiento, que, según lamenta, "no ha tenido en cuenta ninguna" de las propuestas presentadas para Policía Local y Bomberos. "Ni las han leído", ha asegurado.

   El presidente del colectivo, José Antonio Funes, ha afirmado que se sienten "nuevamente engañados" y ha criticado que a la "rebaja del sueldo y la pérdida de derechos sociales" se sume la "supresión de algunos derechos sindicales".

 "En lo único que no ha perdido este Ayuntamiento es en asesores y en liberaciones sindicales institucionales", ha concluido.

La deuda andaluza se sitúa en 20.544 millones

SEVILLA.- La deuda de Andalucía se situó en el cuarto trimestre de 2012 en 20.544 millones de euros, el 14,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional, lo que supone 3,1 puntos menos que la media de la ratio deuda/PIB del conjunto de las comunidades autónomas, el 17,6 por ciento del PIB.

   Según los datos del Banco de España, hechos públicos este viernes, la deuda andaluza pasó de los 18.495 millones en el tercer trimestre a los mencionados 20.544 del cuarto, lo que supone un incremento del 11 por ciento; mientras que si se compara con el cuarto trimestre de 2011, el incremento es del 43,5 por ciento.

 

   Asimismo, la deuda de las empresas públicas en Andalucía asciende en el cuarto trimestre de 2012 a 719 millones de euros, un 0,2 por ciento más que en el trimestre precedente y un 0,7 por ciento superior a los 714 millones de euros de deuda registrados en el cuarto trimestre de 2011.

   De esta forma, la ratio deuda/PIB se mantiene por séptimo trimestre consecutivo en el 0,5 por ciento, frente al uno por ciento de la media de las empresas públicas de todas las comunidades autónomas.

   Con respecto a los ayuntamientos, según los datos del Banco de España, la deuda del Ayuntamiento de Málaga alcanzó los 748 millones de euros, un 0,1 por ciento menos que en el anterior trimestre y un 0,9 por ciento menos si se compara con el cuarto trimestre de 2011.

   En lo que se refiere al Ayuntamiento de Sevilla, la deuda entre septiembre y diciembre fue de 484 millones de euros, un 9,5 por ciento más que en el tercer trimestre de 2012 y un siete por ciento más que el cuarto trimestre de 2011.

La Junta de Andalucía anima a las familias a exigir que se paralicen los desahucios

SEVILLA.-   La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha exigido al Gobierno central que "se paralicen todos los desahucios de forma inmediata" y que se restituyan los derechos "vulnerados" por estos desalojos "con carácter retroactivo", algo que cree que las familias pueden y deben también exigirlo, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) haya dictaminado este jueves que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   En declaraciones a los periodistas, la consejera ha resaltado la importancia de esta sentencia y ha recordado que en España "se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007".

   Por ello, considera que la sentencia del tribunal europeo dice que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria "no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho humano que tienen las personas".

   Por ello, tras apuntar la existencia de una "responsabilidad política de todos los gobiernos que se levaron las manos y miraron para otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios", Cortés considera que el Gobierno "está obligado a aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo, a cambiar la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, a trasponer la directiva comunitaria para proteger a consumidores de productos financieros, hipotecas o preferentes que han desprotegido a los consumidores".

   Asimismo, Cortés considera que "tanto la Junta como las propias familias estamos obligados a exigir al Gobierno la paralización inmediata de todos los desahucios", algo que, junto al alquiler social "debe ser el punto de partida para el Gobierno central, que está obligado a restituir el derecho humano de la familia a una vivienda, porque aquí se ha ejercido una violencia sobre las familias que han perdido sus viviendas desde 2007 hasta hoy".

   Cortés, que ha recordado que ha habido varios partidos políticos, entre ellos IU, que han venido planteando iniciativas en el Congreso "pero los partidos mayoritarios han votado en contra de hacer efectivo el derecho humano a la vivienda y de proteger a los trabajadores y las familias, pese a esa violencia que se ha venido ejerciendo desde 2004 pero de forma masiva desde 2007, cuando se intensificó la estafa económica que ha provocado los desahucios".

   Para la consejera, "se ha producido una vulneración de un derecho que ha provocado algo tan gordo como que se despoje a las familias de sus viviendas y además el tribunal dice que la ley es ilegal, por lo que esta restitución de derechos tiene que tener carácter retroactivo".

   "Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias", ha aseverado la consejera, quien considera que esas familias "podrán hacer valer esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo y están obligadas a exigir al Gobierno que paralice de forma inmediata todos los desahucios, como hemos hecho en Andalucía con el parque público de viviendas".

   Considera que el Gobierno "está obligado jurídica y políticamente a arbitrar la dacion en pago con carácter retroactivo", en insiste en que "cualquier ciudadano desahuciado en los últimos años puede reclamar la restitución de sus derechos con esta sentencia del tribunal europeo, en cuando a todos los desahucios que se hayan producido a partir del 1 de enero de 1995, porque la directiva comunitaria era de obligado cumplimiento y debía estar traspuesta a la normativa estatal el 31 de diciembre de 1994".

   Hay sentencias clarísimas del tribunal sobre las directivas comunitarias que obligan a los estados miembros a trasponer las directivas". Cortes anima a las familias a que "acudan a las oficinas en defensa de la vivienda, donde vamos a seguir defendiendo derechos y ahora con un arma que potencia mucho más esas oficinas, que es esa sentencia del Tribunal de Luxemburgo".

   Asimismo, Cortés ha recordado que la Junta, en el marco de sus competencias, está elaborando una ley de protección a los consumidores de productos financieros, donde "se exprimirán las competencias del Gobierno andaluz".

   "Para IU es innegociable la defensa de las familias que están en proceso de desahucio y es innegociable la defensa de ciudadanos frente a leyes que implican abusos y eliminar derechos humanos", ha aseverado.

Un juez embarga la concesión del Centro Deportivo de Albox por impagos a la empresa constructora

ALMERÍA.- Un juez ha ordenado el embargo de la concesión administrativa de las instalaciones municipales del Centro Deportivo de Agua y Salud de Albox, así como de cualquier crédito que la empresa 'Servicios Sociodeportivos del Sur' tenga frente al Ayuntamiento albojense por impago de casi 425.000 euros a la empresa constructora Sonobras SL.

   Esta medida preventiva deriva de dos procedimientos cambiarios presentados por Sonobras SL ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Huércal-Overa, que, en sendos autos, el último dictado ayer jueves, acuerda el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor.

   La primera resolución, que daba plazo de diez días a 'Servicios Sociodeportivos del Sur' para satisfacer el pago de tres pagarés por importe de 145.000 euros más 43.500 de intereses antes de proceder al embargo, se ejecutó el 20 de enero sobre los derechos de la concesión administrativa del Centro de Deportivo de Agua y Salud, antiguo Polideportivo Municipal de Albox, que tiene suscritos  con el Ayuntamiento de Albox.

   También se procedió al embargo de las devoluciones pendientes que a favor de la deudora provenientes de la Agencia Tributaria en conceptos de IVA o impuesto de sociedades para, de este modo, satisfacer las cantidades reclamadas.

   El segundo auto, dictado ayer jueves, atiende asimismo la demanda de Sonobras SL, bajo la dirección jurídica de Francisco Alonso, del despacho Alonso y Garrido Abogados, con respecto a seis pagarés por valor de 228.000 euros, más 8.556 en concepto de gastos de devolución y 63.338 en concepto de intereses y costas, y ordena un nuevo embargo preventivo. Alonso ha indicado que se ha oficiado copia de los autos al Ayuntamiento de Albox para que "tenga constancia" de la ejecución de este nuevo embargo.

   En un comunicado, el gerente de Sonobras SL, Pedro Soto, ha indicado que el Centro Deportivo de Agua y Salud de Albox contaba con un presupuesto de alrededor de 4,5 millones de euros de los que "sólo se han ejecutado aproximadamente 1,8, algo menos de la mitad del proyecto".

   Inicialmente, el citado proyecto contemplaba la construcción de cinco pistas de pádel, dos pistas de tenis, una pista de squash, una sala de fitness, un SPA y dos salas para actividades dirigidas, además de un campo de 'Fútbol 7' con césped artificial, una piscina exterior y la dotación de una piscina cubierta así como un área comercial.

   "De todo ello, sólo se ha ejecutado el gimnasio, el área comercial y la piscina cubierta, aunque al día de hoy no ha obtenido el certificado final de obra", según ha señalado Soto, quien ha remarcado que el Ayuntamiento "no tiene nada que ver en este conflicto, ya que ha cumplido a rajatabla con su compromiso" al tiempo que ha lamentado que "todos los ciudadanos de Albox y de la comarca estemos privados del disfrute de estas instalaciones municipales".

Piden la acumulación de todas las causas penales del caso 'Costurero' contra el exalcalde de Zurgena

ALMERÍA.- El Juzgado de lo Penal nº 3 de Almería ha acordado remitir al juzgado instructor la causa por la que el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón, se enfrenta a 21 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por la construcción de 202 viviendas, para que resuelva si procede acumularla junto con el resto de proceso penales en los que esta imputado por presuntos delitos de prevaricación.

   Fuentes judiciales han indicado que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Huércal-Overa deberá dar trámite a un recurso de apelación interpuesto por, entre otros, el letrado que ejerce la defensa de Trabalón, para que se resuelva si procede, tal y como se interesa, la acumulación con las demás causas en torno al conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística.

   Esta decisión llega después de que la juez de lo Penal que debía enjuiciar el caso esta semana estimase una cuestión previa planteada por las defensas. En el procedimiento también están acusados por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio el exconcejal de Urbanismo, Manuel Tijeras y cinco exediles de la corporación local, para los que el Ministerio Público pide la misma condena que para Trabalón.

   Asimismo están imputados los dos administradores de la mercantil Inmuebles Promurdi SL y el arquitecto que elaboró el proyecto para la construcción de una de 202 viviendas en suelo no urbanizable en la pedanía de 'La Alfoquía' y contraviniendo presuntamente la norma urbanística en cuanto a la altura de las edificaciones.

   Precisamente en el marco del caso 'Costurero', el exalcalde zurgenero se enfrenta a penas que suman 180 años de prisión y 1.050 años de inhabilitación para cargo público. En este caso también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios y promotores inmobiliarios. No obstante, de ser condenado por los 120 delitos que se le imputan, cumpliría como máximo nueve años de cárcel.

   El juez instructor de la causa ordenó en enero en un auto, recurrido en apelación, la apertura de juicio oral por presuntos delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación urbanística, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio y resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros.

   El exregidor zurgenero, a la espera de que el Juzgado de lo Penal nº 2 dicte sentencia en un juicio celebrado hace dos semanas por presunta prevaricación, fue absuelto del mismo delito junto al resto de acusados tras el primer juicio ante el Juzgado de Penal nº 4, que consideró que no había quedado acreditado el "carácter no urbanizable" de las parcelas en las que se concedió la licencia de obras en litigio ni que los exconcejales de la corporación municipal otorgasen licencias "a sabiendas" de que eran supuestamente injustas.

El juez suspende los dos desahucios de Roquetas de Mar, según la plataforma de afectados

ROQUETAS DE MAR.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha indicado que los dos desahucios previstos para ayer jueves en un mismo edificio ubicado en la calle Ordesa número 27 de Roquetas de Mar finalmente no se ha producido ya que la autoridad judicial ha suspendido las ejecuciones y no ha llegado a presentarse en el lugar para ejecutar los lanzamientos. 

   Fuentes de la PAH han manifestado su "satisfacción" por que finalmente no se hayan producido los desalojos de dos familias que han sido apoyadas por medio centenar de personas, que se han concentrado a las puertas del edificio durante toda la mañana.

   Los miembros de la plataforma han acudido a frenar dos desahucios en un edificio de viviendas de alquiler con opción a compra situado en un edificio de 36 pisos, 18 de ellos con ocupas como residentes previstos a las 11,15 horas y a las 13,20 horas. Entre los afectados por el desahucio de estas viviendas, ubicadas en un edificio de protección oficial, se encuentran familias con niños pequeños, personas mayores e incluso un enfermo con movilidad reducida.

   En este sentido, han apuntado que si bien desconocen los motivos por los que finalmente se ha suspendido el desalojo, creen que la causa puede residir en un recurso "exprés" presentado con la mediación de la Junta de Andalucía basado en la imposibilidad de poder realojar a las personas que iban a ser desahuiciadas.

   Con esto, desde la plataforma han acogido también con "esperanza" el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que señala que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.

   "Se ha trabajado durante mucho tiempo para esto y es una satisfacción ver que se reconoce que se ha vulnerado indiscriminadamente el derecho de las personas", ha puntualizado desde la plataforma en Almería.

El alcalde de Carboneras culpa al gobierno local del PSOE de la gestión en El Algarrobico

ALMERÍA.- El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha asegurado en su declaración ante la jueza que las decisiones con respecto al paraje de El Algarrobico por las que se le imputa una presunta prevaricación se adoptaron bajo mandato del exregidor del PSOE Cristóbal Fernández en 2009 y ha remarcado que, durante el pleno en el que se aprobó la normativa urbanística que lo mantiene como urbanizable, se encontraba en la oposición y votó en contra.

   Hernández, quien ha respondido a las preguntas de la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera en ausencia de la acusación particular ejercida por Ecologistas en Acción, ha señalado, con respecto a la imputación de desobediencia, que ninguna de las sentencias judiciales en firme por la vía de lo contencioso-administrativo que declarar el paraje como no urbanizable y de especial proyección ordenan al Ayuntamiento que tramité su cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

   "Yo me atengo y me atendré siempre a lo que digan los jueces pero si me lo solicita un grupo ecologista, yo respeto su petición, pero es de obligado cumplimiento", ha afirmado el regidor, quien ha expresado estar "tranquilo y bien" tras prestar declaración en sede judicial.

   En esta línea, ha reiterado que el delito de prevaricación que se le imputa "no se me puede atribuir a mi".

 "Habría que pedirle explicaciones al anterior alcalde, Cristóbal Fernández, porque la adaptación de las Normas Subsidiarias (NNSS) a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía se hizo en un pleno en 2008, bajo su mandato", ha trasladado para, a continuación, remarcar que él "como concejal en la oposición, voté en contra".

   El citado acuerdo de pleno, del que deriva la normativa municipal en vigor en la que el sector ST-1 donde se asienta el hotel de Azata del Sol aparece como urbanizable, provocó que cuatro meses después de su aprobación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resolviese prohibir a Fernández que acometiese actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le advirtiese de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobediencia ya que, como medida cautelar, había ordenado que se restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable.

   Por su parte, el letrado del regidor carbonero, Simón Venzal, ha indicado que la jueza ha requerido al Ayuntamiento diversa documentación urbanística referente al sector ST-1 que obra ya en los múltiples procedimientos contencioso-administrativo en los que se dirime la legalidad o no del establecimiento hotelero de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

   Una vez se practique esta diligencia de prueba y a la vista de la declaración prestada por su patrocinado, Venzal ha trasladado que espera que la jueza instructor de la causa proceda a acordar el sobreseimiento de las actuaciones.

   El fiscal de Medio Ambiente de Almería, José María López Cervilla, formuló en julio de 2012 denuncia contra Hernández a raíz de la querella presentada por Ecologistas en Acción, que considera que el regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico.

   En concreto, denunció que no ha modificado la calificación de urbanizable que el paraje tiene en la normativa urbanística municipal ni ha procedido a revisar de oficio el Plan Parcial que posibilitó la concesión de la licencia de obras para el establecimiento de 411 habitaciones y una veintena de plantas.

   Tras la denuncia interpuesta por el colectivo conservacionista, el Ministerio Público abrió unas diligencias de investigación que derivaron a su vez en la judicialización de las actuaciones.

   La demanda de Ecologistas en Acción indicaba que con anterioridad a que el Tribunal Supremo (TS) dictaminase que el hotel violaba la Ley de Costas y el TSJA restableciese la zona como espacio protegido no urbanizable, el Alto Tribunal andaluz emplazó en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras para que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que aparece como urbanizable.

   En esta línea, señalaba que, por una parte, el Ayuntamiento se "negaba" a "adaptar" el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros "como le ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012" y que el regidor "también desobedecía" el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".

   "A pesar de las numerosas resoluciones en contra, el Ayuntamiento de Carboneras continúa dando validez a este cambio sin expediente alguno e interpreta con absoluta mala fe que las resoluciones judiciales le ordenan seguir manteniendo la clasificación de área urbanizable, a sabiendas de que lógicamente las resoluciones judiciales ordenan lo contrario", según explicaba el colectivo conservacionista.

El Ayuntamiento de Macael presenta un ERE extintivo sobre 18 empleados para tratar de ahorra 500.000 euros

MACAEL.- El Ayuntamiento de Macael ha presentado ante la Junta de Andalucía una propuesta para llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo sobre 18 trabajadores municipales; una medida con la que el Consistorio pretende ahorrar unos 500.000 euros de la partida de personal al no poder hacer frente a las cargas financieras adquiridas por el anterior equipo de gobierno socialista con proveedores y entidades financieras. 

   Así lo ha explicado el propio alcalde de Macael, Raúl Martínez (PP), quien ha lamentado esta decisión que el equipo de gobierno ha adoptado por "responsabilidad" al no poder rebajar más las partidas de gasto corriente tras un año y medio de ajustes en el que, según ha explicado, se han bajado en un 30 por ciento los consumos eléctricos.

   El expediente, que se encuentra en periodo de consultas con el comité de empresa, afecta a un total de 18 trabajadores de todas las áreas municipales, lo que obligará a una reestructuración del Ayuntamiento. En este sentido, y conforme con la legislación, se ha propuesto una indemnización de 20 días por año trabajado para cada empleado.  

   "No nos sobra ningún trabajador y esperamos durante las negociaciones poder recuperar a alguno de ellos", ha indicado el regidor, quien ha incidido en que la decisión es "económica" ya que "tenemos que trabajar más para conseguir lo mismo".

 "Somos serios y tenemos que cumplir con nuestros compromisos", ha explicado el primer edil macaelense, quien ha apuntado la "agonía" que supondría para los empleados seguir adelante sin saber si cobrarán sus nóminas a final de mes.  

   "Son matemáticas, el objetivo es ahorrar 500.000 euros", ha apostillado el regidor, quien ha dicho además que en un primer momento se propuso un expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) que finalmente fue rechazado por las autoridades laborales.

   Martínez ha explicado que las cargas económicas contraídas por el anterior equipo de gobierno (PSOE) "no se pueden asumir" sin aliviar los costes del Ayuntamiento, que además "cada vez ingresa menos" mediante la recaudación de impuestos debido a la situación de crisis. "Nuestro principal objetivo es ofrecer un buen servicio a los ciudadanos con los medios que tenemos", ha dicho el alcalde.

Crisis en la RTVA, la 'opción Durán' / Pepe Fernández

La dimisión o renuncia de Pablo Carrasco a agotar el año y medio que le queda como Director General de la RTVA, nombrado por el Parlamento, ha pillado por sorpresa a casi todos, también al bipartito. En cambio la menos sorprendida por el inesperado contratiempo en la RTVA ha sido la Consejera de Presidencia, Susana Díaz quien, según algunas fuentes conocedoras de algunos intríngulis del proceso, habría conocido la irrevocable decisión de Carrasco tres o cuatro semanas atrás.

 

En efecto, tan convencido estaba Carrasco de su marcha que cuentan que le llegó a decir por teléfono a la Consejera que haría pública de inmediato, tras aquella comunicación verbal con ella, su decisión de dimitir a través de su cuenta en Twiter. A lo que Díaz pidió tiempo  y calma para estudiar la nueva situación que se iba a plantear, particularmente porque a la hora de votar en el Parlamento a su sustituto el candidato debería ser consensuado, legalmente, solo entre el PSOE y el PP. IU, socia del PSOE en el Gobierno, se queda sin voz y sin voto en esta decisión de tanta trascendencia política.

 

Parece que Carrasco, razonablemente, aceptó el compás de espera y ahí se empezaron a estudiar distintas salidas a la crisis a punto de abrirse. Susana Díaz, según parece, durante semanas se comió en solitario “el marrón”, dando cuenta al Presidente una vez tuvo clara las posibles salidas al laberinto.

 

Descartado nombrar a Joaquín Duran como Subdirector General, asumiendo funciones de firma y decisorias en ausencia o dimisión del Director General, se optó por proponerle formalmente para la Dirección General, propuesta avalada por el propio Pablo Carrasco como garantía de continuidad. Los momentos que se avecinan en el ente público, con una necesaria adecuación del gasto a las necesidades de una TV autonómica en tiempos de crisis, no aconsejaban demasiadas provisionalidades.

 

Claro que la “Opción Durán” va a tener, además de las ventajas de contar con alguien que conoce a fondo la casa y solvente como profesional, un pequeño gran problema para que llegue a buen puerto: el necesario voto del PP en el Parlamento para lograr una mayoría “papal” para poder nombrar un nuevo Director General en la RTVA. Pero la número dos del Gobierno no es mujer que improvise fácilmente sus hojas de ruta. Sabe que el PP tiene cuentas pendientes con la RTVA, con Canal Sur TV particularmente y que, conociéndoles, querrán cobrárselas en este tramo de dura negociación que se avecina. A lo mejor hasta piden cabezas de periodistas, práctica muy utilizada últimamente por el arenismo en otros medios, incluso privados. Un trayecto, todo sea dicho de paso, en la que se quemará en la hoguera de las vanidades a unos cuantos nombres de gentes del sector de la comunicación, la política o la empresa.

-El PP desbloqueo RTVE: cambió la Ley.

Una negociación, concluyo, a la que es difícil augurar éxito y acuerdo final dada la tensión política ambiental entre el bipartito y el líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, en funciones de delegado/defensor político del Gobierno de Rajoy. Y también porque Javier Arenas sigue mandando y, con la que le está cayendo encima con Gürtel/Bárcenas, no le parecerá mal que los focos miren para otros.

 

Midiendo los tiempos según conveniencia política del Gobierno de Griñán no parece que el bipartito esté dispuesto a mantener en la RTVA una larga interinidad a imagen y semejanza de la que se padeció en la RTVE cuando aterrizó el PP en La Moncloa. ¿Qué hacer? Pues exactamente lo mismo que hizo el PP para “evitar el bloqueo de RTVE”, cambiar el artículo de la Ley que exige una mayoría imposible de conseguir en la actualidad. Con la mayoría absoluta basta. Y , de paso, los socios de IU tendrán su sitio en tan importante instrumento de comunicación (Propaganda para el PP).

 

De ahí que esté en manos de Zoido negociar ahora con tacto, pragmatismo, habilidad y sensatez, también con luz y taquígrafos, evitando el final del cuento que ha diseñado Susana Díaz y que les dejaría, una vez más, sin tocar  siquiera la carta de ajuste. Porque al nuevo Director General que salga del 50% no le imagino yendo a tomar cafe al domicilio particular del presidente del PP-A.

Endesa "seguirá negociando" con el Ayuntamiento de Albox y dice que no habrá mas cortes de suministro

ALMERÍA.- Endesa ha trasladado este martes que va a "continuar negociando" con el Ayuntamiento de Albox para hallar una "solución" al impago de 130.000 euros que ha derivado en el corte del suministro eléctrico en dependencias municipales y ha indicado que "no se van" a producir nuevas interrupciones del servicio.

   Fuentes de la compañía eléctrica han precisado que, con anterioridad a la toma de esta decisión y a lo largo de "meses", se han producido "muchos intentos de acuerdo" con el Consistorio y "varios intentos de reunión", que culminaron el lunes con una "conversación telefónica" que no culminó en consenso sobre la renegociación de la deuda.

   Al hilo de esto, han subrayado que "nunca se corta el suministro" a las dependencias que prestan servicios básicos, ni a la Policía Local o al alumbrado público.

   Con respecto al decreto de Alcaldía firmado este martes por el regidor, Rogelio Mena (PSOE), por el que ordena la detención y puesta a disposición judicial de aquellas personas que intenten interrumpir el servicio eléctrico en dependencias municipales, ha considerado que no tendría "base ya que los operarios actúan dentro de la legalidad".

   Mena justificó la decisión en que en la mañana de este martes Endesa había llevado a cabo, según aseguraba, el corte del suministro en el pabellón municipal de deportes, en las dependencias de los servicios sociales comunitarios de la Diputación de Almería y en una escuela rural.

   La compañía eléctrica inició los cortes el lunes en la biblioteca municipal y el edificio de servicios sociales ante el impago de las facturas por parte del Consistorio albojense, que adeuda unos 130.000 euros, según las cifras aportadas por el alcalde, quien afirmó haber tenido que "elegir" y que la "prioridad" del Ayuntamiento era que "los trabajadores cobren, antes que tener luz o no en el Consistorio".

El PP de Albox exige una 'solución inmediata'

El PP de Albox ha lamentado la actual situación que vive el municipio como consecuencia de los cortes de luz que se han producido en algunas dependencias municipales originados por el impago de la deuda que el Consistorio albojense mantiene con la empresa suministradora y ha pedido una "solución inmediata" para acabar con el problema.

   El portavoz del PP en Albox, Juan Pedro Pérez, considera que "más que de un problema económico, se trata de un problema de voluntad para solucionarlo", y es que el edil 'popular' mantiene que "la soberbia es mala consejera cuando no hay argumentos, y Rogelio Mena --el alcalde socialista del municipio-- necesita un baño de humildad y ponerse a trabajar".

   En una nota, el PP ha manifestado que "los únicos perjudicados" con esta situación "son los albojenses", quienes "aparte de no poder recibir los servicios municipales en unas condiciones adecuadas, tienen que soportar ser el hazmerreír de toda la provincia de Almería". Pérez ha afirmado en este sentido que "el PSOE ha convertido el Ayuntamiento de Albox en un circo con una función diaria".

   Desde el grupo del PP en el Consistorio se ha pedido al alcalde "cordura y coherencia" para solucionar "de forma inmediata" este problema y exigen que explique "cómo se ha llegado a esta lamentable situación y cómo lo va a solucionar".

   "A estas alturas y con la luz cortada en las dependencias municipales, no sirve la excusa de culpar a otras administraciones y a la crisis", ha asegurado el portavoz del PP, quien ha afirmado que "la grave situación de las cuentas municipales es fruto única y exclusivamente de las políticas de despilfarro y derroche del PSOE, que han dejado la caja tan vacía que ahora no tienen ni para pagar la luz".

   Por último, los 'populares' mantienen que Mena y su equipo de gobierno "no tienen credibilidad alguna", y muestra de ello "es que muchos proveedores han dejado de servir al Ayuntamiento y las negociaciones para llegar a acuerdos con éstos son siempre infructuosas".

La Junta dice que ha cumplido "escrupulosamente" su convenio con el Mercado Central de Almería para subvencionar la obra

ALMERÍA.-   La delegada territorial de Turismo, Comercio, Fomento y Vivienda en Almería, Encarna Caparrós, ha asegurado este martes que la Junta de Andalucía "ha cumplido escrupulosamente los plazos y convenios" establecidos con el Ayuntamiento de Almería (PP) en relación a la financiación de las obras del Mercado Central, en las que el Gobierno andaluz, según afirma, ha abonado el 40 por ciento de lo certificado por el Consistorio en "la finalización de obra" dentro de los plazos establecidos por ambas administraciones. 

   Caparrós ha detallado el calendario de pagos y certificaciones mantenidos con el Consistorio capitalino desde que éste se acogiera a una convocatoria de la Junta para la restauración del edificio y que ha llevado finalmente a la Junta a abonar 4,4 millones de euros del total de la actuación, esto es, unos 1,1 millones de euros previstos inicialmente con arreglo a la valoración inicial de obra.

   No obstante, el Ayuntamiento de Almería, en desacuerdo con la valoración final efectuada por la Junta, ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Junta de Andalucía por "incumplir" el abono del último pago, al menos, en su totalidad.

   En este sentido, Caparrós ha detallado que los pagos de la Junta se fraccionaron en cuatro anualidades, de forma que la última abonada en diciembre de 2012 ascendió a 870.000 euros. Y es que, según ha desgranado la delegada, la actuación fue adjudicada por el Ayuntamiento por una cantidad menor a la prevista inicialmente, esto es, por unos 11,2 millones de euros frente a los 13,8 iniciales, según los datos de la titular provincial de Comercio.

   Además de esto, en el momento del "cierre de obra", la Junta realizó un seguimiento de la subvención concedida y se efectuó un ajuste por el que disminuyó la cuantía de la cuarta anualidad a tener del convenio de colaboración. "La inversión justificada es de 10,4 millones al final, no porque hayan ejecutado mal, sino porque los plazos y términos, desde nuestro punto de vista según la actuación de partida, ha sido esta", ha dicho Caparrós.

Se justifica la Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha trasladado por su parte este martes que la tramitación de las ayudas por las inundaciones registradas en Almería en septiembre se está realizando "con la mayor celeridad posible" al tiempo que ha remarcado que "todos los damnificados que cumplan los requisitos van a poder cobrarlas".

   García Lorca ha indicado en un comunicado que el número de expedientes que se están tramitando en Almería asciende a más de 1.300, de los cuales más de 900 corresponden a unidades familiares, más de un centenar a establecimientos comerciales, 22 a corporaciones locales y nueve a comunidades de vecinos.

   El Grupo Parlamentario del PSOE solicitó el lunes la comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, junto a los ministros de Hacienda y Administraciones Públicas; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Empleo y Seguridad Social; Interior y Economía y Competitividad para informar sobre las actuaciones del Gobierno en relación a las ayudas comprometidas con los municipios de la comarca del Levante almeriense que sufrieron importantes daños a consecuencia del temporal.

   García Lorca ha señalado que hace una semana se celebró en Madrid la reunión constitutiva de la Comisión Interministerial de seguimiento de las medidas de apoyo a los damnificados, en la que participaron siete ministerios y 13 delegaciones del gobierno. Estas ayudas, cuyo plazo de solicitud terminó el 3 de enero, se destinan a cubrir daños personales y materiales en viviendas, comunidades de propietarios o establecimientos comerciales.

   Asimismo, se contemplan ayudas a las corporaciones locales por los gastos de emergencia causados para hacer frente a las situaciones catastróficas, para lo que se han rebajado los requisitos en cuanto a que no es necesario acreditar escasez de recursos presupuestarios, ni existe una limitación en la cuantía de las ayudas.

Ecologistas cree que el protocolo del Cortijo del Fraile "podría vulnerar la legislación urbanística"

ALMERÍA.- La Asociación de Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar ha presentado un recurso dirigido al alcalde del Ayuntamiento de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), en relación a "ciertos aspectos legales" que consideran "podrían vulnerar la propuesta de protocolo de intenciones" encaminado a obtener la propiedad del Cortijo del Fraile mediante una permuta de terrenos con la empresa propietaria, sentido en el que también se ha informado a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucíaa y a los servicios de disciplina urbanística. 

   La asociación ha indicado en una nota que, aunque valora toda acción "que busque solucionar el conflicto histórico sobre la conservación y promoción del bien inmueble protegido", no comparte aquellas acciones  que puedan "enmascarar una operación especulativa o oscuro de otra índole", sentido en el que han subrayado que el protocolo de intenciones municipal tiene "bastante claroscuros".

   En este sentido, la dudas de la organización conservacionista se centran en la ubicación del aprovechamiento urbanístico que se permutaría sobre la propiedad del Cortijo del Fraile, la cesión del inmueble a otras administraciones públicas y la modificación del planeamiento para declarar los terrenos como sistema general cultural, lo que "podría ser contrario a la legalidad vigente".

   En el protocolo de intenciones permitiría iniciar una innovación del planteamiento para catálogar los terrenos del inmueble protegido como sistema general culturales. "Esta calificación de suelo va ligado a un suelo urbanizable o urbano hecho que sería contrario al PORN de 2008 porque catalogo los terrenos como no  suelo urbanizable de especial protección", afirman desde Amigos del Parque.

   Según los ecologistas, el suelo donde se pretende realizar el sistema general cultural está determinado por el PORN del Parque Natural como un área seminatural con usos tradicionales. "No es compatible clasificar una zona B2 como suelo urbanizable, ya que en esta categoría se incluyen aquellas zonas de cultivos agrícolas en la que la acción del hombre ha dado lugar a la estepa cerealista y puntualmente a pequeñas huertas", apuntan.

   En esta línea, ahondan en que estas zonas se incluyen áreas agrícolas abandonadas que se encuentran en proceso de regeneración natural. En dichas zonas, los criterios de ordenación se orientan hacia el mantenimiento de los usos actuales, destacando la actividad agraria para la conservación de la avifauna esteparia presente en la zonas.

   A juicio de los ecologistas, el Ayuntamiento de Níjar "debería buscar otras soluciones, porque la innovación del planeamiento urbanístico a la que hace alusión en el protocolo sería contraria a la legislación sectorial vigente".

   Con esto, aseguran que se pueden adoptar otras medidas como un proyecto de actuación de interés social lo que "podría propiciar la rehabilitación integral del Cortijo del Fraile respetando la legalidad vigente en materia de conservación del medio ambiente, sin necesidad de hacer una innovación del PGOU".

   "Este convenio de colaboración lejos de tener buenas intenciones, tiene bastantes claroscuros para seguir eludiendo las obligaciones locales establecidas en la legislación sectorial en materia de conservación y promoción del patrimonio histórico-artístico", dicen desde Amigos del Parque.

   Ante esto, la asociación ha dicho que pondrá en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente estos hechos para que inicien los oportunos tramites "para obligar al Ayuntamiento de Níjar a que cumpla con el auto de 17 de diciembre por el que se decretarion medidas cautelares" en materia de conservación y promoción del Patrimonio Histórico del Cortijo del Fraile.

Arias Cañete, sobre el Algarrobico: 'Espero contratar a una empresa de explosivos'

MADRID.- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, "no ve" su foto con casco y piqueta iniciando la demolición del hotel del Algarrobico (en Cabo de Gata, Almería), sino que espera "contratar una gran empresa que tenga explosivos" cuando terminen los procedimientos judiciales y un tribunal diga que se puede derribar. 

 Arias Cañete ha dicho que, mientras llega ese momento, ha llegado a un acuerdo con el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, para "derribarlo a medias", pese a que al Ministerio no le tocaba pagarlo.

"Los que han cometido el desafuero del Algarrobico han sido los socialistas local y autonómicos, pero este Gobierno considera que es emblemático y le he dicho: pago el 50 por ciento", ha precisado, al tiempo que ha reiterado que no tiene "el menor problema en derribar el Algarrobico", pero eso será en el momento en que procesalmente los tribunales lo autoricen.

En todo caso, ha insistido en que el derribo es competencia de la Junta de Andalucía, ya que el hotel se construyó en la zona de servidumbre de protección, con autorización del gobierno regional y de un ayuntamiento, ambos socialistas. Finalmente, ha acusado a la Junta de Andalucía de cambiar el planeamiento y la protección del medio ambiente, pero el Ministerio va a pagar la mitad.