Cajamar, medalla de oro de la Provincia de Almería

ALMERÍA.- La Diputacion Provincial de Almería ha entregado hoy en el Teatro Municipal de Macael las distinciones del "Día de la Provincia": medalla de oro de la Provincia a la entidad Cajamar, y además a Carmen Martín en el apartado deportivo, al Banco de Alimentos en lo social y al cantante Manolo Escobar en cultura.

Al acto, junto a las corporaciones provincial y de Macael, han asistido alcaldes y concejales de la provincia, autoridades civiles y militares y representantes de distintos sectores empresariales de la sociedad almeriense, así como el presidente de la Diputación de Granada, Sebastian Pérez y el parlamentario andaluz, Javier Arenas.

El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, ha destacado en su intervención la gran valía de los cuatro premiados de este año destacando la gran proyección nacional de los galardonados y ha querido tener un recuerdo para las víctimas de la gota fría que azotó varios municipios del Levante así como a sus ciudadanos "que siguen sufriendo dificultades tras la catástrofe, por lo que desde la Diputación estamos trabajando desde el primer momento".

Gabriel Amat ha sido el encargado de hacer entrega de las cuatro medallas.

Carmen Dolores Martín Berenguer es internacional absoluta de la Selección Española de Balonmano, con la que ha logrado la medalla de bronce de los pasados Juegos Olímpicos celebrados en Londres. Desde su debut en División de Honor con el Club Balonmano Mar Alicante, hasta su participación en los Juegos Olímpicos de Londres, la trayectoria de Carmen Martín es un ejemplo de deportividad, de esfuerzo y de labor en equipo. Una trayectoria que hace que debamos sentirnos orgullosos de ella como valor y referencia para la juventud almeriense.

La jugadora no ha podido asistir al acto debido al calendario de competiciones, por lo que han recogido la medalla sus padres, Francisco Martín y Carmen Berenguel, que ha señalado sentirse muy orgullosa de este reconocimiento a su hija a la vez que ha agradecido la medalla en su nombre. Por su parte, Francisco Martín ha señalado que aunque su hija este ahora lejos jugando en Eslovenia "la llevamos cada día en el corazón".

La asociación Banco de Alimentos se constituyó en Almería en 1999 por un grupo de voluntarios de fuerte conciencia social, dispuestos a trabajar en la provincia intentando paliar las necesidades primarias de muchos de nuestros vecinos y, desde entonces, no ha cejado en su esfuerzo, hasta el presente año en el que las donaciones alcanzarán a 54.000 beneficiarios, a través de 209 asociaciones que recibirán un total de 3 millones de kilos de alimentos.

La medalla ha sido recogida por el presidente del Banco de Alimentos de Almería, Juan Azorin Moya, que ha destacados que, "lo último que se piensa cuando se trabaja con gente necesitada es que aparezcan premios como el príncipe de Asturias o la medalla de la provincia". Azorín ha agradecido a las personas que colaboran con la asociación así como a cooperativas, empresas, colegios y especialmente a los voluntarios "sin los cuales el Banco de Alimentos no podría funcionar".

Natural de Las Norias de Daza (El Ejido), Manolo Escobar emigró con sus hermanos a Barcelona en donde, poco a poco logró abrirse camino en el panorama musical español hasta saltar a la fama en 1962 en Madrid y Barcelona con las canciones del maestro Solano. Desde entonces hasta hoy, el trabajo de Manolo Escobar ha sido incesante, manteniendo su profesionalidad y sus éxitos por encima de modas y de las nuevas formas de mercadotecnia. Su larga trayectoria incluye sus casi ochenta discos producidos en discográficas como Orpheo, Belter, BMG, Horus o Vamm Records, entre otras, y sus 24 discos de Oro.

Durante su intervención, el cantante ha señalado sentirse muy orgulloso "de ser profeta en mi tierra, y es que siento una especial satisfacción cada vez que me reconocen en en Almería las personas que comparten mi cultura, mis raíces y mis costumbres". Manolo Escobar ha agradecido a la Diputación está medalla "que voy a llevar siempre en un lugar muy especial de mi corazón".

La transformación económica y social de nuestra provincia en las últimas décadas tiene en Cajamar a uno de sus principales agentes económicos; un recurso fundamental para el extraordinario desarrollo de la agricultura almeriense y la integración de nuestra economía en los mercados internacionales. Hoy, Cajamar atiende a todos los sectores económicos, tanto de las economías familiares, los profesionales, los autónomos y la pequeña y mediana empresa, dedicando, como siempre una atención especial al sector agroalimentario.

La  entidad, presente en 41 provincias españolas, ocupa el puesto 15 en el ranking nacional, entre los más de doscientos bancos, cajas y cooperativas de crédito que operan en España y se ha convertido en el primer grupo cooperativo español, con dos millones y medio de clientes, 1080 oficinas y más de 5.600 empleados. Pero, además, buena parte del éxito y la confianza de los almerienses a esta entidad tiene su fundamento en la cultura de empresa que ha desarrollado basada en la proximidad al ciudadano, al vecino, a la familia, a las PYMES, eje de la confianza entre los clientes y su entidad, conjugando de manera espléndida la utilización de las tecnologías más avanzadas con la atención directa y personalizada.

El encargado de recibir el galardón ha sido el presidente de la entidad, Antonio Pérez Lao, que ha agradecido este reconocimiento y ha trasladado también su solidaridad con los municipios del levante que sufrieron la gota fría.

Pérez Lao ha señalado que  "como almeriense me siento orgulloso por el desarrollo y progreso de la provincia en los últimos años aunque ahora sean momentos difíciles, por todo esto nos sentimos muy orgullosos de esta medalla que reconoce nuestro compromiso con Almería. Antonio Perez Lao ha aprovechado el acto para despedirse como presidente de la entidad que a partir del lunes estará dirigida por Juan de la Cruz Cárdenas. 

Andalucía tendrá su propia ley de protección frente a los desahucios

HUELVA/SEVILLA.- El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este viernes que la administración autonómica pondrá en marcha una Ley de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía.

   En rueda de prensa en Huelva, Valderas ha recordado que la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   Ante esto, "nos ponemos en marcha inmediatamente en Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo, para realizar los estudios necesarios" para llevar a cabo esta nueva ley que "proteja a los consumidores" y "se garanticen los derechos de los hipotecados ante los grandes poderes financieros", ha indicado.

   "Desde Andalucía vamos a hacer nuestras propias aportaciones necesarias para garantizar los derechos de los consumidores", según ha enfatizado el vicepresidente de la Junta, que ha reiterado "la clara decisión" del Gobierno andaluz para buscar soluciones a esta problemática.

   "Estamos del lado de las personas que están siendo desahuciadas frente a los bancos y tenemos que trabajar para solucionar en la mayor brevedad posible esta situación e impedir el drama que supone para miles de familias", ha agregado Valderas, que considera que la postura europea pone de manifiesto que el hecho de que a las familias les quiten sus viviendas "está fuera de la legalidad o alegalidad de las instituciones bancarias".

   De este modo, se ha mostrado partidario de que se produzca "un parón en seco" en materia de desahucios y por tanto, se lleve a cabo "la paralización inmediata de cualquier desahucio". En este sentido, estima que "la justicia debe parar cualquier tipo de desahucio y la banca aplacar su voracidad insaciable mientras se ajustan los aspectos legales que se han puesto encima de la mesa en el marco de alcanzar un gran acuerdo", ha dicho en referencia al acuerdo logrado este miércoles entre PSOE y PP para pactar cuanto antes una reforma legal contra los desahucios.

   No obstante, a su juicio, ese acuerdo "estaría falto de la suficiente fuerza si no están todas las formaciones políticas que representan la soberanía popular en el conjunto del Estado".

   Por lo tanto, Valderas ha exigido, "por ser la primera fuerza política que puso en marcha el tema de la dación en pago en el Congreso" y que actuó "con ejemplaridad en el conjunto de Andalucía", que Izquierda Unida "participe activamente en esa modificación de ley que hay que hacer" a nivel estatal.

   En esta línea, ha incidido en que ese acuerdo "quedaría falto de la democracia suficiente si no está todas las fuerzas políticas", al tiempo que ha recordado que la consejería de Fomento y Vivienda de la Junta, hace un mes, puso en marcha la oficina de intermediación contra los desahucios, la cual ha atendido a más de 300 familias y se han logrado parar "unos cien desahucios".

   En opinión del también consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, "la acción política del Gobierno de la Junta de Andalucía ha ido por delante" en esta materia.

   Finalmente, ha mostrado su esperanza en que el Parlamento de Andalucía muestre "de forma unánime" su respaldo a que "se paren en seco los desahucios" hasta que se acuerde un nuevo marco legal.

Protección de los avalistas

La futura ley autonómica que prepara la Junta de Protección de Consumidores de Productos Hipotecarios en Andalucía pretende proteger a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, así como también a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos.
   Según ha explicado en un comunicado la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, con esta normativa, anunciada por el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, se busca garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.
   Todo ello, mejorando la protección de las personas consumidoras a la hora de suscribir un contrato de este tipo destinado a la adquisición o rehabilitación de inmuebles, una garantía que también se extenderá a las personas que avalen las operaciones de préstamos o créditos y a las 'personas hipotecantes'.
   Muñoz ha asegurado que la iniciativa tiene como prioridad "la protección de los más débiles, en especial familias con hijos o sin ingresos, personas mayores y otros colectivos vulnerables" en sintonía con la demanda de la sociedad en general.
   Asimismo, ha recordado que esta actuación se adapta y además se ve reforzada con el pronunciamiento esta semana el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). En este sentido, el alto tribunal europeo ha dictaminado que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea, ya que permite la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo.
   El borrador del nuevo texto legislativo contempla la transparencia en los contratos y precios, así como las comunicaciones y publicidad comercial destinada a la ciudadanía y la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.
   Para la secretaria general de Consumo, con esta iniciativa legislativa, que complementa a la actual Ley de Consumo autonómica, la Junta "da un paso más" en la defensa de los derechos e intereses económicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias en relación con la suscripción de créditos o préstamos garantizados mediante hipoteca sobre la vivienda.
   Además, tras el estudio de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Justicia Europeo, la Administración de Consumo andaluza va a proceder a analizar la puesta en marcha de actuaciones inspectoras para el control de escrituras hipotecarias, de tal forma que, si se apreciasen incumplimientos a la normativa vigente en materia de consumo, se pondrían en marcha los correspondientes procedimientos sancionadores con la imposición de multas.
    Por otra parte, estas actuaciones posibilitarían también que, tanto las personas consumidoras como la propia Junta de Andalucía, acudiesen al ejercicio de acciones en vía judicial.
   Por último, ha hecho un llamamiento para que "a nivel del Estado se amplíe el grupo de trabajo que se ha creado para debatir sobre los desahucios con el fin de incluir a la sociedad civil".

La Mesa de Infraestructuras inicia una ronda de contactos para la mejora de las comunicaciones aéreas del aeropuerto de Almería

ALMERÍA.- El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, en su condición de presidente de la Mesa de Infraestructuras y junto al presidente de Asempal, José Cano, ha mantenido un primer encuentro con el director del aeropuerto de Almería, Santiago Yus, con el objetivo de abordar la actual situación de las comunicaciones aéreas de la provincia.

   Este contacto se enmarca, según informa la Cámara en una nota, en cumplimiento del acuerdo de la mesa, que en su última reunión de trabajo en el mes de octubre acordó incluir entre sus demandas en infraestructuras, las comunicaciones aéreas a tenor de la actual situación existente en especial en las conexiones con Madrid.

   Se trata fundamentalmente de buscar soluciones que permitan abaratar el coste de los billetes que actualmente "siguen siendo tan elevados en la mayoría de los casos y horarios, que su coste es difícil de asumir".

   En esa línea, afirma que se continuarán con los contactos para lograr conexiones con tarifas más competitivas y más asequibles de modo que viajar a la capital esté al alcance de todos, un objetivo que cuenta con el máximo apoyo social y con el respaldo y consenso de todos los integrantes de la Mesa de Infraestructuras.

   El primer encuentro en este contexto también ha sido aprovechado para poner sobre la mesa las "enormes posibilidades" que ofrece a las empresas almerienses el servicio de carga aérea del Aeropuerto para el transporte de mercancías, una vía que presenta "innumerables ventajas" y que tras varios intentos, "podrá estar operativa dado que se dispone de las instalaciones aeroportuarias necesarias".

Iberia despedirá 4.500 empleados

MADRID.-   International Airlines Group (IAG) ha anunciado hoy un plan de reestructuración "para salvar Iberia" que incluye un recorte de plantilla en 4.500 personas, una reducción de la capacidad en un 15% y la suspensión de rutas y frecuencias no rentables, con el objetivo de mejorar los resultados en al menos 600 millones de euros para 2015 y conseguir que la compañía vuelva a lograr beneficios, según anunció el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   El plan de transformación de Iberia incluye cambios estructurales permanentes en todas las áreas de negocio de la compañía, con el objetivo de que deje de tener pérdidas y recupere la senda de los beneficios.

   Según la compañía el recorte de plantilla en 4.500 personas servirá para salvar alrededor de 15.500 puestos de trabajo. "Esta reducción está en línea con los recortes de capacidad y el aumento de productividad en la aerolínea", asegura la compañía.

   A corto plazo el plan de transformación se centrará en detener las pérdidas y conseguir que la red sea rentable. En este sentido, se suspenderán las rutas y las frecuencias que registren pérdidas, a la vez que se garantiza "una alimentación eficiente de los vuelos de largo radio que sean rentables".

   "Este plan de reestructuración es crítico para Iberia y para el futuro de España. Una Iberia fuerte, rentable, puede crear empleo y estimular el turismo, un sector clave para la recuperación económica en España", advirtió Willie Walsh, consejero delegado de IAG.

   La compañía asegura que este plan de reestructuración tiene como objetivo detener el deterioro de caja de Iberia a mediados de 2013, así como mejorar los resultados de la compañía en al menos 600 millones de euros para 2015, en línea con el objetivo de IAG de alcanzar un retorno sobre el capital del 12% para este año.

   Para ello se reducirá la capacidad en un 15% en 2013 entrándose en las rutas más rentables. Así, se disminuirá la flota en 25 aviones (cinco de largo radio y 20 de corto radio).

   Además, se establecerán nuevas iniciativas comerciales para incrementar los ingresos unitarios, que incluyen un aumento de las ventas por servicios complementarios y opcionales, y el rediseño de la página web.

   Paralelamente se suspenderá la actividad de mantenimiento a terceros que no sea rentable y se mantendrán los servicios de handling que sean rentables fuera del hub de Madrid. Todo este plan se financiará con recursos propios de la compañía.

   IAG asegura que el plan "no sólo detendrá el deterioro financiero de Iberia, sino que también hará que el negocio sea viable y crezca generando beneficios a largo plazo".

   Para ello se transformarán las operaciones de corto y medio radio "para competir de forma eficiente con las compañías de bajo coste que se han establecido con éxito en el mercado doméstico de Iberia". El plan supondrá igualmente mejoras globales de productividad y la introducción de "ajustes salariales permanentes".

   Se ha fijado el 31 de enero como fecha límite para alcanzar un acuerdo con los sindicatos. La compañía asegura que si no se lograse dicho acuerdo, serán necesarios "recortes mayores y una mayor reducción del tamaño y de las operaciones de Iberia, para proteger el tráfico natural de largo radio en Madrid y salvaguardar el futuro de la compañía".

   "Tenemos que tomar decisiones duras para salvar la compañía y volver a ser rentables. Si no ponemos en marcha cambios estructurales profundos, el futuro de la compañía es sombrío. Con este plan ponemos las bases para dar la vuelta a la situación y crecer", explicó el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano.

   La compañía está perdiendo 1,7 millones de euros cada día, según el consejero delegado, por lo que tiene que "modernizarse y adaptarse al nuevo entorno competitivo en el que sus costes son significativamente más altos que los de sus principales competidores en España y América Latina".

   A este respecto Willie Walsh, consejero delegado de IAG asegura que el objetivo es que Iberia "sea fuerte y tenga éxito".

 "Durante demasiado tiempo, la estrechez de miras y los intereses de unos pocos han dañado el futuro de muchos. No vamos a dudar a la hora de tomar las medidas necesarias para proteger los intereses de nuestros accionistas, clientes y empleados", concluyó.

Calar Alto prevé desarrollar un telescopio gigante en los próximos seis años y mantener la colaboración alemana

GÉRGAL.- El Observatorio de Calar Alto prevé desarrollar y ejecutar durante los próximos seis años el proyecto HEXA, que permitirá dotar al Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA) de una nuevo telescopio de 6.5 metros de diámetro, con el que se ofrecerá la posibilidad de realizar grandes cartografiados espectroscópicos del cielo para abordar problemas clave en el campo de la evolución de las galaxias, la estructura estelar o la naturaleza de la energía oscura. 

   Así lo ha explicado hoy el director del centro, David Barrado, quien ha señalado que, mediante esta nueva infraestructura se pretende también incentivar la renovación de acuerdos con el Instituto Max Planck de Astronomía, con el que se mantienen los compromisos de operación hasta 2018; ya que en caso de no desarrollar proyectos de interés, podrían retirar su apoyo en 2019.

   Barrado ha resaltado así la importancia de ejecutar el proyecto HEXA, cuya primera fase ya ha sido financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad mientras que la segunda, basada en el diseño preliminar de las actuaciones a ejecutar antes de finales de 2014, se encuentra pendiente de una resolución de la Junta de Andalucía para financiar la actuación, valorada en unos 1,5 millones de euros, si bien la mayor parte se sufragaría mediante fondos europeos.

   Con HEXA se prevé la instalación de telescopio gigante que permitirá, entre otros aspectos, captar la "huella dactilar" de las estrellas para su estudio. Con él se pretende salvar la necesidad de disponer de datos espectroscópicos de grandes áreas del cielo, ya que el espectro de luz de un objeto celeste aporta información crucial sobre su composición, temperatura, densidad o velocidades y, a día de hoy, no existen instrumentos capaces de realizar cartografiados espectroscópicos masivos y de alta resolución.

   La ejecución y puesta en marcha, a través de una tercer fase a desarrollar hasta 2018, dotaría a Andalucía de un instrumento "único" a disposición de la comunidad científico-técnica para el desarrollo de proyectos, ya que obtener espectros de estas características es "una prioridad de la astrofísica internacional".

 "Queremos ser los primeros en llegar en esa carrera", ha indicado Barroso, quien apuesta por mantener el "liderazgo" en este sentido.

   Las actuación, que supone una inversión de unos 65 millones de euros financiables en un 80 por ciento por fondos europeos, posibilitaría mantener a largo plazo la colaboración del Instituto Max Planck con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), lo que "es garantía de éxito" a la hora de desarrollar proyectos en común como los que ya se realizan mediante 'Cármenes' o 'Califa'.

   En este sentido, el director del CAHA ha destacado la "investigación puntera" que propicia el observatorio ubicado en Almería, que es uno de los "motores de desarrollo tecnológico" del país desde el que, a su vez, se aportan elementos para una economía "más estable", por lo que ha reivindicado que se mantengan las inversiones en ciencia y tecnología por parte de las Administraciones.

Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno dispondrán de muchos menos coches oficiales

MADRID.- La reducción del número de coches oficiales del parque móvil del Estado supondrá en España un ahorro para las arcas públicas de 10,5 millones de euros en los dos próximos años, según ha asegurado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha precisado que la reducción total será del 53 por ciento, pero que la que se aplique a los que utilizan los altos cargos --presidente, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales-- alcanzará el 66 por ciento.

   La vicepresidenta explicó que el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado hoy al Consejo de Ministros un Real Decreto por el que se "transforma el parque móvil ministerial en parque móvil del Estado". Una reforma del sistema en la que "se cambian los usos del coche oficial bajo los principios de austeridad y eficiencia" y para ello "se reduce el número de altos cargos que tienen vehículo asignado".

   A partir de ahora, según explicó, los directores generales no tendrán coche oficial, sino que dispondrán de coches de incidencias que estarán a disposición de todos los trabajadores de la dirección general para desarrollar sus tareas.

   En el caso de los subsecretarios, éstos tendrán coche oficial, pero no será exclusivo para ellos, sino que también estará a disposición del personal de la subsecretaría. Estas dos medidas significarán una reducción del 66 por ciento en el número de vehículos oficiales de altos cargos, que pasarán de ser los 307 actuales, a 103 a lo largo de este año y el próximo, ya que la reducción será progresiva. El ahorro en este capítulo será del 66,45 por ciento.

   También se reducirán los coches destinados a las autoridades de órganos constitucionales y al servicio de la Administración de Justicia y de manera también "muy llamativa" los coches de la administraciones periféricas del Estado, como las Delegaciones del Gobierno y las Subdelegaciones. La reducción, en su conjunto, supone un 53 por ciento a lo largo de este año y 2013.

   Según los datos facilitados por Moncloa, la flota total del Parque Móvil que había en diciembre de 2011 --cuando el PP llegó al Gobierno-- en servicios centrales era de 921 vehículos, de los cuales 819 eran coches, 66 motos y 36 vehículos de otras categorías (furgoneta, motocicleta, monovolumen, etcétera).

   La previsión es que al cierre de 2014 el total de vehículos se situará en 652, lo que supone una reducción de casi el 30 por ciento, en relación con los existentes, incluyendo los coches de altos cargos y los de incidencias.

   El número de trabajadores también se reducirá. En total, entre Parque Móvil y servicios periféricos se reducirán 222 conductores hasta 2014. De los 1.303 que había en diciembre de 2011 se pasará a 1.081 conductores, lo que supone un 17 por 100 menos.

   Sin embargo, según precisó la vicepresidenta, no se llevará a cabo ningún expediente de regulación de empleo entre los conductores. Lo que se pondrá en práctica, dijo, serán: "bajas de servicio", de tal manera que no se doblen turnos; se realizarán las jubilaciones que correspondan por la edad y no habrá tasa de reposición.

   En este sentido, explicó que lo primero que ha hecho la subsecretaria de Hacienda ha sido analizar la situación laboral de los trabajadores del parque móvil, muchos de los cuales tienen "gran antigüedad". Según los cálculos realizados, entre la supresión de dobles turnos y las jubilaciones, la reducción será del 15 por ciento y en el caso de la Administración periférica, con gente más cercana a la edad de jubilación, la reducción será del 24 por ciento.

   Según Sáenz de Santamaría, la antigüedad media del parque es de ocho años y de once para los vehículos blindados y la flota estará amortizada en 2013 porque no se repondrá. En la administración periférica el número de vehículos es de 569, pero la flota es más moderna porque se renovó en un 79 por ciento entre 2006 y 2008. Entre esas fechas se compraron 440 vehículos nuevos.

   El plan consiste en amortizar los vehículos que estén en peores condiciones, reubicar los más modernos y los sobrantes llevarlos a subasta. En este punto, señaló que ya se han realizado algunas subastas de coches oficiales.

   Sáenz de Santamaría detalló que el ahorro de 10,5 millones provendrá de: personal, 7,5 millones; combustible y mantenimiento, 1 millón --del que 500.000 euros son de combustible, 265.000 en reparación, 213.000 en seguros-- y el paso a coches de incidencias de los coches oficiales, dos millones.

   Admitió que esta cifra de 10,5 millones de euros no es "elevada", pero la consideró "muy significativa" porque supone una "nueva concepción en la utilización de los vehículos oficiales" ya que, dijo, se pasa del coche oficial por cargo al coche oficial a disposición de los departamentos.

   Además, respondió a quienes dicen que el ahorro no es significativo, sino que se trata del "chocolate del loro": "empiezas a sumar loros y te encuentras con una pajarería".

   La vicepresidenta expuso que la segunda fase de este plan se estudiará en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Ahí se analizarán los coches de servicio de las instituciones y sobre todo de las empresas públicas y los coches de empresa, con el fin de aplicar una medida de racionalización y eficiencia.

   La vicepresidenta expuso que algunas CCAA han llevado a cabo también ajustes en sus vehículos oficiales --citó, entre ellas, a Galicia y Castilla La Mancha-- y añadió que se llevará la experiencia del Gobierno en este asunto a la Conferencia de Presidentes. En este sentido, recalcó que la concepción del coche oficial ha cambiado mucho y tiene que cambiar aún más. Debe, dijo, estar más ligado a la actividad profesional, a la demanda, antes que ser "un servicio que tienes ahí y no usas".

La Junta remitirá una carta a las administraciones locales para animarles a que retiren los símbolos franquistas

ALMERÍA.- La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Memoria Democrática dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, ha anunciado que remitirá una carta a todas las Administraciones Públicas andaluzas y a instituciones privadas en las que se recordará el articulado de la Ley de Memoria Histórica relativo a la retirada de símbolos y monumentos conmemorativos de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

   Así lo han indicado hoy fuentes del Gobierno andaluz después de que el Obispado de Almería afirmara que está dispuesto a estudiar la retirada de los símbolos franquistas de la fachada de la Catedral de la capital almeriense --en concreto, un yugo y una flecha y el nombre del histórico líder falangista José Antonio Primo de Rivera--, si así se lo solicita la Junta de Andalucía.

   En este sentido, desde la Administración autonómica han señalado que ya existe una ley en vigor que insta la retirada de estos símbolos. Concretamente, apuntan el artículo 15 de la Ley 52/2007 en el que se señala que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas.

   Si bien la ley expone que son las administraciones públicas las encargadas de esta labor, la Junta ha incidido en que éstas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no adopten soluciones para la retirada de estos símbolos, aspecto que se recoge en el apartado cuarto del citado artículo.

   El vicario general de Almería, Tomás Cano, ya explicó que el Obispado aún no ha recibido ninguna notificación en la que se le instara a la retirada de estos símbolos, pero que si llega "estarán dispuestos a estudiarla" porque "ante todo hay que ser educado". Pese a todo, quiso aclarar que la Iglesia almeriense "ya da ejemplo de valores de convivencia y tolerancia a sus fieles".

   El responsable de la Oficina de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía en Almería, Rafael Salazar, consideró que el Obispado almeriense tiene que "dar ejemplo a sus fieles" y "favorecer los valores de la convivencia entre todos los ciudadanos", lo que conlleva la retirada de dichos símbolos.

La Junta ve alejarse "el fantasma" de la sequía de Andalucía

CÓRDOBA.- El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, ha llegado este jueves a la conclusión de que la repercusión que están teniendo las últimas lluvias en el agua embalsada en la comunidad autónoma está logrando alejar al "fantasma" de la sequía.

   En declaraciones a los periodistas, Planas, quien ha visitado en Aguilar de la Frontera (Córdoba) las obras el Parque Agroalimentario del Sur (Pasur), ha considerado una "buena noticia" para los embalses y pantanos andaluces la lluvia de las últimas semanas, ya que, según los datos que maneja la Junta, respecto a los embalses correspondientes a las "tres cuencas internas" que gestiona la Administración autonómica, "estamos en una cifra superior al 60 por ciento de la capacidad" de dichos embalses, "llegando, en el caso de Guadalete y Barbate a superar el 65 por ciento", lo que supone "una buena cifra, que permitirá, sin duda, un abastecimiento como queremos, en buenas condiciones".

   Ello, según ha subrayado el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, "aleja el fantasma tan temido de la sequía en nuestra tierra", ya que además, según los datos de los que dispone la Junta de Andalucía sobre los embalses de la cuenca del Guadalquivir, "aunque no esté administrada" por la Junta, "se situarían en torno al 60 por ciento, lo cual es también una buena noticia, sin duda para los agricultores, en primer lugar, pero también lo es para los ciudadanos y para los industriales".

Los trabajadores de Tino Stone harán huelga indefinida ante la falta de acuerdo en el Sercla por los impagos

ALMERÍA.-  Unos 120 trabajadores de las empresas de Tino Stone secundarán una huelga indefinida a partir del próximo 14 de noviembre después de que los representantes sindicales no hayan alcanzado un acuerdo en el marco del Sercla celebrado este jueves con la empresa, que se encuentra en situación concursal, por los impagos de las últimas nóminas a sus empleados. 

   Fuentes sindicales han indicado que a la reunión ha finalizado sin avenencia ya que, pese a que han acudido a la misma miembros de la sociedad, no se ha presentado el administrador concursal que "es el que tiene la última palabra" dado que la situación de la mercantil la deja "sin potestad para pronunciarse".

   Los empleados de Tino Stone Group, Tino Empresas e Industrial y Tino Tiendas reclaman, de media, las tres últimas nóminas que las empresas adeuda. Esta situación se une a que una buena parte de los empleados están inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE) rotatorio y suspensivo.

   La compañía entró en el mes de marzo en concurso voluntario de acreedores al declararse en estado de insolvencia, extremo que achacó a la disminución de la actividad del sector de la construcción, de los márgenes comerciales, la morosidad de sus clientes y a la crisis financiera y bancaria, si bien también dio cuenta como causa la "paralización" del Parque Industrial de Macael y el Polígono de la Piedra de Loja (Granada).

   La sociedad se encuentraba en una situación de disminución de sus ganancias, lo que conllevó tener que desprenderse de ciertas inversiones efectuadas en el extranjero así como al cierre de tiendas en Bilbao y en Mallorca durante los últimos años, según expone en los autos dictados por el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Almería.

La jueza requiere a la anciana deshauciada en Níjar a pagar 261,5 euros por encerrarse en una sucursal

ALMERÍA.-   La jueza ha requerido a la anciana de 77 años deshauciada de su casa en Níjar, en Almería, hace un año por avalar a uno de sus hijos para que abone "en el plazo de un día" una multa de 60 euros a la que fue condenada por encerrarse en el cajero automático de una de las sucursales de la entidad financiera que procedió a quitarle su vivienda.

   Ángeles Belmonte, quien ya fue condenada por una falta de coacciones en abril al pago de 20 euros de multa por encadenarse a otra oficina de esta misma entidad en la capital almeriense, deberá indemnizarla, asimismo, con 201,52 euros que corresponden al coste que tuvo retirar el cristal de la fachada para que pudiese ser desalojada por la Guardia Civil.

   La anciana, madre de Miguel Ángel Belmonte, más conocido como el "camionero sin camión", se encerró "bloqueando la puerta con una cadena" el 8 de enero de 2010 en el espacio habilitado como cajero automático en una sucursal bancaria de la barriada de Campohermoso, donde se ubica su casa, en la que reside como 'okupa' desde que fue deshauciada en noviembre de 2011.

   Según consta en la sentencia del Juzgado de Instrucción nº 5, cuando el personal de la oficina se dispuso a abrirla a primera hora de la mañana "no pudo hacerlo", por lo que finalmente fue desalojada por la Guardia Civil. Para esta actuación, la entidad llamó a una empresa de servicios, que le facturó 201,52 euros por retirar y volver a montar el cristal de la fachada del local.

   La jueza, que resalta que Ángeles Belmonte "se negó a abandonar el recinto y a abrir la puerta hasta que el director de la sucursal hablase con ella a fin de solventar sus problemas económicos, consideró su actuación una falta de coacciones y la condenó al pago de una pena de multa de diez días con una cuota de seis euros tal y como solicitaron tanto el fiscal como la acusación particular ejercida por la entidad financiera.

   El ejecución de la citada sentencia, el Juzgado ha requerido a la anciana para que "haga efectiva" en el plazo de un día tanto la cuantía de la pena de multa como el importe de la indemnización aunque contra el auto cabe recurso de reforma o subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Almería.

   Ángeles Belmonte ya fue denunciada por el director de la oficina de la misma entidad ubicada en el número 67 del Paseo de Almería después de que  se encadenase a la barandilla de acceso "negando a abandonar el lugar pese a los requerimientos de los empleados" hasta que fue desalojada por la Policía Nacional a las 14,15 horas.

   El juez también consideró en este caso, a la vista del "relato detallado" de los hechos que realizó en sala en representante legal de la entidad financiera, que la conducta de la anciana de 77 años era "enteramente subsumible" en el tipo penal de la falta de coacciones aunque rechazó dictar una medida de alejamiento solicitada por la acusación "ante la escasa entidad de los hechos denunciados, que no suponen en modo alguno peligro para la vida o la integridad física de los empleados de la sucursal", según ahonda.

   Ángeles Belmonte reside desde noviembre de 2011 como 'okupa' en su propio domicilio después de que la entidad financiera ante la que efectuó su protesta ejecutase la orden de desahucio tras embargar su vivienda en la barriada de Campohermoso, que sirvió de aval a uno de sus hijos.

   El 'camionero sin camión', quien ha desarrollado numerosas acciones de protesta a lo largo de los últimos meses como la que le llevo a quedarse en pañales ante la sede de los juzgados en la capital, asegura que su familia ha sido víctima de una "estafa" por parte de una empresa de reunificación de deudas que, según explica, no abonó el dinero necesario para pagar la hipoteca de la casa que sirvió para avalar la deuda.

   Navarro mantiene una campaña que persigue hablar personalmente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aras de conseguir cambiar "un pequeño matiz" en un artículo de la Ley 19/1985 Cambiaria y del Cheque, "que provocaría el fin de los problemas para mucha gente", según sostiene.

La justicia europea ve ilegal la norma española de desahucios

LUXEMBURGO.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, ha dictaminado que la ley española de desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.

   El dictamen de la abogada general responde a una cuestión presentada por el juzgado mercantil de Barcelona, que debe dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra CatalunyaCaixa, que forzó su expulsión de la vivienda que ocupaba en enero de 2011 por impago de la hipoteca.

   El ciudadano en cuestión solicita que se declare nula una de las cláusulas del préstamo hipotecario y que, en consecuencia, el procedimiento judicial de ejecución hipotecaria sea considerado también nulo.

   La ley española no permite paralizar el desahucio invocando una cláusula abusiva, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se ha ejecutado la expulsión.

   En sus conclusiones presentadas ayer jueves, la abogada general recuerda en primer lugar que, al no existir en e derecho de la UE una armonización de las medidas de ejecución forzosa, corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades procesales.

   No obstante, el dictamen precisa que la regulación procesal nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos garantizados al consumidor por la directiva europea contra las cláusulas contractuales abusivas.

   En este sentido, la abogada general estima que "la regulación procesal española es incompatible con la directiva, pues menoscaba la eficacia de la protección que ésta persigue".

   "No constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda, la pérdida de la propiedad que la acompaña y el desalojo, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios", resalta Kokott.

   Al contrario, la norma europea exige "que el consumidor disponga de un recurso legal eficaz para demostrar el carácter abusivo de las cláusulas de su contrato de préstamo, merced al cual, si se da el caso, pueda detenerse la ejecución forzosa".

   La abogada general insiste en que el juez debe tener la posibilidad de suspender la ejecución forzosa hasta que se haya comprobado el carácter abusivo de una cláusula contractual, de modo que se impida que el procedimiento ejecutivo cree en perjuicio del consumidor una situación que posteriormente sea de muy difícil o imposible reparación.

   El dictamen de la abogada general no tiene carácter vinculante, pero el Tribunal sigue sus recomendaciones en el 80% de los casos. Los jueces empiezan ahora a deliberar y la sentencia se dictará en un momento posterior.

La oficina de la Junta en Almería contra los desahucios atiende a medio centenar de familias en su primer mes

ALMERÍA.- La oficina contra los desahucios que la Consejería de Fomento y Vivienda tiene en Almería ha atendido a 44 familias en su primer mes de funcionamiento. Esta cifra, según ha remarcado la delegada del Gobierno de la Junta, Sonia Ferrer, refleja "claramente" la situación por la que están pasando las víctimas de la crisis" y la "necesidad" de que las administraciones activen "herramientas útiles" en defensa del derecho a la vivienda.

   Ferrer y la delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Encarna Caparrós, han visitado este miércoles la oficina provincial, un servicio gratuito al frente del cual se encuentra personal funcionario especialmente formado para ofrecer atención y asesoramiento en materia de prevención, mediación y protección de las familias afectadas por este problema.

   Caparrós ha recordado que en Almería se han producido más de 11.000 desahucios y que la Junta de Andalucía, "sensible a este drama", ha apostado "desde el primer momento" por parar esta situación, "poniendo a disposición de la ciudadanía lo mejor que tenemos, que son los medios humanos" .

   Las oficinas de asesoramiento las atiende un equipo especialmente cualificado de licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el apoyo directivo de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.

   En la fase de prevención, el personal que atiende la oficina realiza tareas de in-formación y asesoramiento previo a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída.

   El equipo de profesionales presta un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.

   La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.

El Plan de Eficiencia de la UAL limita el gasto en telefonía móvil a 60 euros al mes y restringe datos y líneas

ALMERÍA.- El Plan de Eficiencia de la Universidad de Almería incluye una serie de restricciones en el ámbito de la telefonía móvil, así como en datos y líneas, para conseguir ahorrar, de forma que, a partir de un estudio de Servicio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC) de la UAL, se aprobó establecer distintos grupos de usuarios, con límites en el consumo de telefonía móvil que van desde los 15 hasta un máximo de 60 euros al mes.

   El plan, aprobado por el consejo de gobierno de la UAL el pasado verano, entró en vigor el pasado 18 de octubre. En él se recoge que, a excepción de los gastos asociados a contratos de investigación, no se aumentarán las líneas móviles --ni teléfonos, ni módems 3G-- hasta el 17 de octubre de 2013. Asimismo, el roaming de datos --acceso a internet vía 3G en el extranjero-- se limita exclusivamente a los cargos no pertenecientes a centros ni a departamentos.

   Igualmente, según un documento, a través de un exhaustivo análisis estadístico de consumos para establecer varias líneas de acción conducentes a la disminución del gasto y que, a la vez, trataran de minimizar el impacto sobre los usuarios, se decidió que todas las tarifas planas de datos existentes en la actualidad se reconvertirían a la más económica de las ofrecidas por el operador de telefonía móvil, en este caso, Movistar.

   Asimismo, las negociaciones con el operador permitirán un ahorro estimado de unos 20.000 euros, según los cálculos de la UAL, desde donde se afirma que "esa reducción se vería compensada y ampliamente superada si no se actúa contra el incremento del consumo". El plan de actuaciones para la reducción del consumo telefónico prevé eliminar el mantenimiento algunos elementos que dejan de ser necesarios o que pueden ser sustituidos por equipos en stock. Así, se suprimen también todas las líneas RDSI que en la actualidad "prácticamente no se usan", para, en su conjunto, ahorrar unos 6.000 euros más.

   Además de las comunicaciones, la UAL instala también una nueva red de agua potable para el consumo en los edificios, manteniéndose la red antigua para la jardinería, utilizándose el agua de los pozos existentes en la Universidad. Esta actuación supone un ahorro estimado de 300.000 euros. En cuanto al uso de los ascensores, se limitará exclusivamente a personas con discapacidad. Se ha estimado inicialmente un ahorro de 12.000 euros.

   En cuanto al material de oficina, se procederá a la supresión de la denominación del cargo y del nombre de la persona que lo ocupa en las cartas y sobres para que, con ello, su utilización sea atemporal y con independencia de la persona que ocupa el cargo. Con carácter general, solo podrá solicitarse la confección de estas tarjetas de visita para titulares de cargos institucionales. Por su parte, los sobres utilizados en las comunicaciones internas serán reutilizables en hasta 20 usos.

   Con esto, se prevé un ahorro en papel mediante el impulso de las comunicaciones electrónicas y la impresión a doble cara con "uso preferencial". La información y publicidad de los distintos actos se hará de manera obligatoria por medios electrónicos. Entre otros aspectos, los gastos de los servicios de vigilancia se mantendrán, con carácter general, congelados; los servicios de catering institucionales sólo podrán ser autorizados por el rector, y se promoverán acciones para el incremento del uso postal ordinario y la reducción de los servicios de mensajería.

El Patronato Provincial espera "multiplicar" las conexiones turísticas de cara a la próxima primavera

ALMERÍA.- El vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García (PP), ha señalado este miércoles que la institución espera las conexiones aéreas de carácter turístico se "multipliquen" de cara a la primavera del próximo año después de que durante el periodo anterior se incrementaran en un 15%, según los datos que ha ofrecido. 

   En rueda de prensa, García ha valorado la participación del Patronato Provincial de Turismo en la World Travel Market (WTM) en la que se ha dado a conocer la nueva imagen corporativa de la entidad y en la que se han cerrado "importantes acuerdos" para la promoción del destino Almería, con el compromiso de nuevos vuelos para conectar la provincia con Gran Bretaña.

   Así, espera que "pronto" se puedan dar a conocer nuevas conexiones con países centroeuropeos y nórdicos, si bien aún se mantienen abiertas las negociaciones con los touroperadores interesados. No obstante, ha asegurado que Almería tiene "una posición muy buena" con respecto al resto de destinos de otros países, por lo que ha señalado que la institución provincial seguirá trabajando para "no perder la estela".

   "Hemos tenido contactos muy buenos y nos venimos con los deberes hechos", ha asegurado García, quien ha resaltado también la colaboración de Turespaña y la Junta de Andalucía, aunque ha vuelto a lamentar que ésta última haya suprimido la transferencia de 400.000 euros que contemplaba para la promoción del destino. "Ahora se hace a pulmón, con dinero de las arcas provinciales", según ha explicado.

   El portavoz del equipo de gobierno ha incidido también en que próximamente la Diputación presentará una nueva campaña para promocionar el turismo de interior, activo y de naturaleza con el objetivo de "romper la estacionalidad".

La Diputación acerca las publicaciones de la provincia a la Feria del Libro de Almería

ALMERÍA.- La diputada de Cultura de la Diputación de Almería, María Vázquez, ha asistido este miércoles a la inauguración de la primera edición de la Feria del Libro, del Disco y del Cómic, que se celebra desde hoy hasta el este domingo en la Plaza de la Constitución de la capital almeriense con un programa compuesto de más de 60 actividades. 

   Vázquez ha acompañado al concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Ramón Fernández Pacheco, el concejal y consejero delegado de Almería Urban, Manuel Guzmán, y Carolina Lafita, concejal de Alcaldía, en este primer recorrido por la Feria que cuenta con la participación de la Diputación de Almería, según informa el organismo provincial.

   Durante estos días se puede visitar el stand del Instituto de Estudios Almerienses, que muestra una selección de publicaciones de interés provincial y que ha preparado actividades, firmas de libros y la presentación de la reedición de la obra 'Gastronomía', perteneciente a la colección Guías de Almería, que se encontraba agotada debido a la enorme demanda que tuvo en su primera edición.  

   Los interesados en conocer temáticas y autores vinculados con Almería, podrán consultar o adquirir las novedades editoriales editadas por este centro de estudios locales que abarcan temáticas diversas, como arte, historia, creación literaria o la etnografía, así como sus obras más demandadas, los títulos integrados en la colección Guías de Almería.

   'Territorio Cultura y Arte', el 'Atlas Geográfico de la Provincia de Almería' o las dedicadas a algunos de los municipios que integran la colección 'Pueblos de Almería'.

   El stand del IEA también da cobertura a los Ayuntamientos de la provincia que disponen de producción editorial como Olula del Río, Berja, Vélez Rubio o La Mojonera, que están presentes en la Feria a través del espacio de Diputación.

   Además, la Diputación de Almería ha querido colaborar con la celebración de la Feria del Libro con el desarrollo de actividades culturales con el objetivo de dinamizar y completar la programación durante los días que dura el evento.

El TSJA cita a declarar como imputado a Sánchez Gordillo

SEVILLA.- El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha citado a declarar como imputado este jueves al parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, todo ello a raíz de su actuación como piquete informativo en Estepa durante la huelga general del 29 de marzo.

   En este sentido, fuentes del caso han informado hoy que la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal andaluz, con sede en Granada, ha citado a declarar a Sánchez Gordillo este jueves como imputado por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores.

   Tras asumir la causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Estepa, el TSJA decidió abrir diligencias previas contra el parlamentario andaluz, dada su condición de aforado, y contra tres militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), en concreto Antonio P., José P.T. y Félix D..

   En un auto, el Alto Tribunal andaluz puso de manifiesto que los hechos denunciados pueden estimarse "constitutivos de cinco delitos contra los derechos de los trabajadores", para cuyo conocimiento "es competente esta sala".

   Y es que el pasado día 29 de marzo, Sánchez Gordillo irrumpió en varios locales comerciales del municipio sevillano de Estepa para ejercer labores de piquete informativo, aunque de ello se pasó presuntamente a las "amenazas y coacciones" con causar daños a los trabajadores que decidieron no secundar la huelga.

   Por otro lado, hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Écija dictó un auto en el que se inhibió a favor del TSJA para que investigue si el parlamentario andaluz cometió algún delito a raíz del asalto a un supermercado de Écija ocurrido el día 7 de agosto.

Imbroda ve necesario que Marruecos "haga más" por mantener "a raya" la frontera con Melilla

MADRID.-   El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha trasladado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, la necesidad de que Marruecos "haga más" por mantener "a raya" la frontera con la ciudad autónoma, ya que advierte "una sensación de dejación" por parte de las autoridades marroquíes ante los ataques a la frontera de "algunos alborotadores".

   Rajoy ha recibido este miércoles a Imbroda en el Palacio de la Moncloa por primera vez desde que llegó a la Presidencia del Gobierno el pasado año y después de haber despachado ya con todos los presidentes de las comunidades autónomas. Mañana tendrá un encuentro también con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

   Durante la reunión, de aproximadamente una hora de duración, Rajoy e Imbroda han repasado la situación económica de toda España y en particular la de la ciudad autónoma, con sus "especificidades" debido a su situación geográfica. "También hemos hablado de inmigración y de la situación social de la ciudad autónoma, salgo muy satisfecho de la reunión", ha declarado Imbroda tras el encuentro.

   Según ha asegurado, Rajoy es "plenamente conocedor" de la situación de Melilla. "Es una nación tan plural como la nuestra, también está Melilla. Aunque sin dudar un ápice de que todos queremos, amamos y nos sentimos españoles", ha garantizado.

   En este sentido, ha repasado la situación de la comunidad autónoma en su frontera con Marruecos y ha lamentado las agresiones que están sufriendo miembros de las fuerzas de seguridad españolas por "cuatro o cinco alborotadores". "En algunos momentos entiendo que Marruecos debe hacer más porque esos alborotadores están atentando contra la soberanía europea", ha apuntado no sin antes calificar de "país amigo" al reino alauí.

   Imbroda ha insistido en que Marruecos "debe hacer más" y, aunque no ha trasladado la posición que Rajoy ha mostrado al respecto, sí que ha explicado que al Ministerio del Interior le "consta" esta posición y las autoridades ya se han "movido" al respecto.

   Además, ha querido trasladar su apoyo a la Guardia Civil y la Policía Nacional por su trabajo en la frontera española con Marruecos y felicitarles por su "profesionalidad" y haber "mantenido el tipo" durante los altercados producidos en la valla fronteriza.

Gobierno y PSOE pactarán una reforma legal contra los desahucios

MADRID.-   La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, han acordado este miércoles pactar "cuanto antes" una reforma legal contra los desahucios, según han informado ambas partes. El objetivo es "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", con atención preferente a las familias con niños o mayores a su cargo.

   En un almuerzo de trabajo en el Palacio de la Moncloa, que se ha prolongado algo más de dos horas, ambas han decidido adoptar medidas contra este problema social con la "mayor celeridad posible", ya sea a través de un decreto ley acordado o con un proyecto de ley que se tramite por el procedimiento de urgencia. El objetivo es que entre en vigor en el menor plazo de tiempo posible.

   Fuentes socialistas han precisado que Gobierno y PSOE han conseguido un acuerdo "en el fondo y en la forma" para frenar los desahucios, mientras que desde el Ejecutivo se habla de un acuerdo para adoptar medidas con "el máximo consenso".

   El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya expresó este martes su deseo de pactar las medidas con el resto de partidos, en especial con el PSOE, una petición que le ha hecho personalmente el coordinador federal de IU, Cayo Lara, con el que se ha entrevistado hoy en el Palacio de la Moncloa.

   En concreto, Sáenz de Santamaría y Valenciano han acordado articular medidas "preventivas y paliativas" con especial atención a las familias con niños o mayores a su cargo. Se pretende así "resolver las situaciones de especial vulnerabilidad", han informado ambas partes.

   Por su parte, el PSOE ha destacado que se estudiarán también "medidas para las familias que ya han sido desalojadas de sus hogares y se encuentren en situación más vulnerable".

   Para las familias ya desalojadas, Valenciano ha apuntado este miércoles que pueden hacerse reformas para que los bancos que "están recibiendo ayudas públicas" ofrezcan en alquiler "con un precio social" aquellas viviendas que poseen en su parque inmobiliario y que han sido objeto de ejecuciones inmobiliarias.

   La vicepresidenta y la vicesecretaria general del PSOE han acordado que "todas las propuestas sean sometidas a la evaluación de seis expertos", tres propuestos por el Ejecutivo y tres por el Partido Socialista.

   El próximo lunes mantendrán su primera reunión esa comisión de expertos, si bien Santamaría y Valenciano harán un seguimiento de los trabajos. El propósito es que las medidas se alcancen con el máximo consenso, tengan la mayor efectividad y resuelvan pronto el drama de los desahucios, según el Gobierno.

   Sáenz de Santamaría se ha volcado de lleno con los desahucios con una intensa agenda de reuniones para conseguir el máximo consenso. Este martes se entrevistó con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y también convocó una reunión de la comisión interministerial creada por el Gobierno para tratar este tema, en la que hay representantes de Economía, Justicia y Hacienda.

   También el PSOE se ha implicado a fondo en este asunto. Así, ha registrado recientemente en la Cámara una proposición de ley que ha consultado con colectivos afectados y bautizado como de 'segunda oportunidad'. En los últimos días ha instado reiteradamente al Gobierno a tomarla como base para la reforma porque cree que en ella está "la solución", en palabras de la propia Valenciano.

Las familias españolas, "al límite" de su capacidad para atender a sus miembros en paro

BARCELONA.-   Las familias españolas, que en los primeros años de crisis habían ejercido un papel "amortiguador" en la atención y apoyo a sus miembros en paro, actualmente se encuentran "al límite" de sus posibilidades, según el estudio 'Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España' de la Obra Social La Caixa.

   Esta es una de las principales conclusiones del trabajo presentado este martes en Madrid, que pone en evidencia el sistema de protección social español y las iniciativas llevadas a cabo por los gobiernos para paliar los efectos de la crisis económica en la sociedad española, sobre todo si se compara con las herramientas empleadas por los vecinos europeos.

   "Dentro del hogar existen estrategias de reparto entre los miembros de la familia, pero esta situación es cada vez más limitada por la larga duración de la crisis", ha indicado Begoña Pérez Eransus, coordinadora del estudio junto a Miguel Laparra, que han alertado de que cada vez hay más hogares con todos sus miembros desempleados (7,6%, el doble que la media europea).

   La pensión del abuelo puede convertirse en un "recurso esencial" para la supervivencia de las familias con desempleo total y el número de este tipo de casos se ha triplicado desde 2006 hasta 2010, alcanzando la cifra de 300.000 (el 7,9%, unos seis puntos por encima de Dinamarca, Francia y Reino Unido).

   Pero la situación "más dramática", según los autores, es la de las familias monoparentales, encabezadas por mujeres con hijos que han perdido su empleo. El 37 por ciento de estos hogares se encuentra por debajo del umbral de la pobreza y presenta, por tanto, "un gran riesgo social".

   Los jóvenes es otro de los colectivos más vulnerables, cuyo riesgo de padecer pobreza severa es cada vez más alto. El estudio indica que, a diferencia de lo que se pueda pensar, la emancipación tardía de este colectivo de entre 18 y 34 años --el 52,8% vivía con sus padres antes de la crisis-- se ha reducido un 3,4 por ciento ante la incapacidad de sus familias de poder mantenerlos bajo el mismo techo.

   Además, el trabajo recuerda que uno de cada cuatro jóvenes de entre 20 y 30 años ni estudia ni trabaja ('ninis'), una cifra que ha aumentado en nueve puntos si se compara con los datos anteriores al inicio de la crisis. Esto se debe, según han explicado los autores, a la elevada oferta de empleo no cualificado en sectores como la construcción o los servicios, que llevó a miles jóvenes a abandonar sus estudios por trabajos temporales.

   Mientras que los sistemas de protección social de los países objeto también de este estudio (Dinamarca, Francia y Reino Unido) han funcionado como "estabilizadores automáticos" de la crisis, en España, por el contrario, estos recursos se han mostrado "insuficientes" e "ineficaces" para afrontar las nuevas necesidades de las familias y reducir la pobreza.

   "Sólo el 51 por ciento de la población española que se encuentra bajo el umbral de la pobreza evita salir de esta situación gracias a las transferencias sociales", ha explicado Pérez Eransus, que ha advertido de que en Dinamarca este porcentaje se eleva al 66 por ciento y en Francia al 70 por ciento.

   Según los autores del trabajo, España tampoco queda en buen lugar en lo que se refiere al papel de las políticas en la superación de las situaciones de pobreza, ya que la proporción de las personas que superan esta situación al cabo de dos años mediante transferencias sociales es "notablemente más reducido en España respecto al resto de países del estudio, con sólo 16 de cada cien casos.

   Por otro lado, debido al aumento de la "pobreza severa", España se sitúa en el tercer lugar en cuanto al nivel de desigualdad de la UE-27, si se compara la diferencia de ingresos del 10 por ciento más rico y del 10 por ciento más pobre, ya que ha aumentado un 16,7 por ciento desde 2007. Si bien los autores han indicado que antes de la crisis el nivel de desigualdad español era de los más altos de la UE, éste afecta especialmente a jóvenes, parados, parejas con hijos y a quienes tienen menos formación.

La Asociación de la Prensa rechaza el reglamento de la emisora municipal Candil Radio, de Huércal de Almería

ALMERÍA.- El Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas - Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) rechazan y lamentan el contenido del reglamento interno de la emisora de radio municipal de frecuencia modulada "Candil Radio", de Huércal de Almería, aprobado definitivamente en la vía administrativa y publicado en el núm. 215 del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), hoy, 7 de noviembre de 2012, páginas 19 a 22. El acuerdo municipal se tomó en el pleno ordinario del ayuntamiento de la localidad, celebrado el 26 de julio pasado. 

"Consideramos que el texto en general del reglamento no garantiza la independencia informativa, cultiva claramente el intrusismo y desprecia olímpicamente la profesión de Periodista, a la que no se alude en ninguno de sus artículos, ni siquiera para dirigir o ser redactor de la citada emisora. Es una normativa que incentiva posibles prácticas autoritarias por parte de quienes gobiernen el ayuntamiento y que no se atiene a principios democráticos, poniendo el medio casi a disposición de los rectores municipales de turno. Y, desprecia absolutamente los derechos de autor".

Según el reglamento "el director de la radio será nombrado por el consejo de emisiones" (integrado por el alcalde y 7 concejales, según su pertenencia a un grupo político o a su no adscripción) con la ratificación del pleno municipal, "debiendo recaer en empleado municipal". Es decir, en cualquier trabajador, funcionario o laboral, del ayuntamiento de Huércal, sin distinción de nivel o categoría y sin necesidad de titulación, y mucho menos con la condición de ser periodista.

Referente al personal de la emisora remunerado puede ser cualquiera para desempeñar "funciones de locución, control del sonido, redacción y administración". Sin embargo, se reglamenta que existan "colaboradores voluntarios sin remuneración ni dependencia laboral del ayuntamiento". También contempla el nombramiento de "colaboradores honoríficos", a propuesta del director y "con la aprobación del alcalde", pero resaltando que su trabajo "será siempre gratuito y sin que los designados adquieran ningún tipo de derecho ni obligación para con el ayuntamiento, mediante la firma del correspondiente documento”.  Ninguna referencia a que el personal habrá de ser seleccionado mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, cual debe ser, teniendo en cuanta que se trata de una Administración Pública.

"Todo programa realizado quedará en propiedad del ayuntamiento de Huércal de Almería, no pudiendo su autor reclamar dicho programa ni los derechos de autoría", destaca el artículo 23 del reglamento en lo referente a tramitación y realización de programas. La alcaldía será competente, según el artículo 9, para "dirigir, impulsar e inspeccionar el servicio", "desarrollar la gestión económica" y "cuantas otras le sean conferidas" por ley, pudiendo delegar sus atribuciones en la concejalía de Cultura.

En otros articulos reglamenta que la emisora se inspirará en "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones", "la separación entre informaciones y opiniones", "el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico", "el respeto al honor, la fama y la privacidad de las personas", "la protección de la juventud y la infancia" y "el respeto a los valores de igualdad".  

Pero en su artículo 20 añade: "los diferentes grupos políticos municipales podrán remitir notas de prensa a la emisora con el objetivo de su posterior difusión en los programas informativos, cuya lectura será íntegra, sin que puedan ser extractadas por el director o locutor que la emita". Asimismo, contempla el derecho de rectificación y, por último, añade que "la emisora dispondrá de un libro de honor".

"Ante esta situación, que entendemos atenta principios que deben primar en un medio público, la AP-APAL y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería hacen nuevamente un llamamiento a los rectores de las administraciones en general que disponen de medios de comunicación que los pongan verdaderamente al servicio de la ciudadanía, regentados por profesionales del periodismo, con una reglamentación que preserve todos los derechos y libertades, que garanticen la transparencia en la gestión periodística y económica, que dignifiquen la profesión periodística y que observen escrupulosamente la legislación vigente en todas las vertientes que afectan a un medio público. En este aspecto, hacemos un llamamiento para que se respete y asuma el Manifiesto de la FAPE en defensa del Periodismo que, hasta ahora, en Almería han apoyado los plenos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Almería".

El Ayuntamiento de Roquetas aprueba con la mayoría absoluta del PP la salida de la FAMP

ROQUETAS DE MAR.-   El Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha aprobado este miércoles con la mayoría absoluta del PP en sesión plenaria la salida del seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

   El alcalde y presidente de la Diputación, Gabriel Amat, del PP, ha indicado que la decisión es una respuesta a lo que ha calificado de "tomadura de pelo" por parte del PSOE que, según ha subrayado, "priva" al partido más votado en Andalucía de la presidencia de la institución.

   "Los socialistas la están ostentando de manera indebida", ha trasladado Amat, para quien el PSOE "está manipulando" al no haber convocado una nueva elección "año y medio después de unas elecciones andaluzas que el PP ganó con mayoría amplía".

   El regidor y presidente provincial del PP, quien ha reclamado para la FAMP el mismo proceso que se ha seguido en la federación española, ha considerado que sería "bueno y muy importante" que los dos partidos mayoritarios "se pusiesen a negociar".

   Al hilo de esto, y después de que el Ayuntamiento de Almería adoptase en pleno la misma decisión con los votos en contra de los partidos de la oposición, ha avanzado que los 62 municipios gobernados por el PP en la provincia de Almería se llevará a los plenos de las corporaciones esta resolución.

   Amat, quien es también presidente de la Diputación Provincial y del PP, ya avanzó el martes que la institución supramunicipal "seguirá la línea" y abandonará la FAMP.

La almeriense Carmen Crespo cuestiona que la austeridad de la Junta sea "suficiente" para una administración "mastodóntica"

SEVILLA.-   La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que la Junta debe plantearse si las medidas de austeridad que ha puesto en marcha hasta el momento son "suficientes" para que su administración "mastodóntica" pueda afrontar el pago a proveedores y "hacer sostenibles sus servicios públicos".

   Crespo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, durante la que ha puesto en valor la decisión del Gobierno de prorrogar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013 tras haber "ayudado muchísimo" a Andalucía con 6.300 millones de liquidez durante el presente ejercicio.

   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha explicado que la prórroga del FLA tiene objetivo ofrecer "un año más para que las comunidades autónomas tengan las posibilidades económicas que no tienen hasta el momento porque no pueden emitir deuda y que la compre el mercado", por lo que ha apuntado que "si las comunidades se ponen manos a la obra como el Estado a hacer reformas, ver cómo es su administración y hacer sostenible sus servicios públicos tendremos menos tiempo del FLA porque ellas mismas tendrán posibilidades económicas de seguir adelante".

   "De lo contrario el Gobierno tendrá que ayudar como ya está ayudando muchísimo a Andalucía, no sólo con el FLA sino con el plan de apoyo a proveedores y mucha liquidez que le está dando a la comunidad, con 6.300 millones" en este ejercicio, ha subrayado Crespo, que ha indicado que aún no hay fijada la cantidad con que estará dotado el FLA para 2013, pero existe un "diálogo constante sobre todas las posibilidades para adecuar la cantidad y la fórmula".

   También ha destacado el "mejor tono" y el "mayor entendimiento" en las relaciones Junta-Gobierno tras la Conferencia de Presidentes, ya que ha criticado que "hasta entonces la Junta estaba instalada en una confrontación muy perjudicial para los andaluces, echando la culpa de todo al Gobierno de la Nación sin asumir responsabilidades sobre sus muchísimas competencias".

   Preguntada por la posibilidad de una nueva distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, Crespo ha defendido que "la Administración del Estado es muchísimo más austera que las comunidades autónomas, es un Gobierno absolutamente austero en su fórmula presupuestaria y en su día a día económico".

   En su opinión, "las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, tienen que plantearse si realmente con esta administración mastodóntica que tienen es suficiente las medidas que ha puesto en marcha o no y si así pueden pagar a proveedores y tienen la posibilidad de hacer sostenibles sus servicios públicos".

   Por último, Crespo ha defendido que el Gobierno "ha cogido el toro por los cuernos" con una "senda muy clara de reformas" y ha apelado a la "unión de todas las administraciones públicas", Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, en torno a la "austeridad, las reformas y el apoyo expreso a las pymes que son las que crean economía y posibilidades de empleo".

El Gobierno español aprobará una reducción "muy signficativa" de coches oficiales

MADRID.-  La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo va a impulsar una reorganización del parque móvil del Estado que incluirá una reducción "muy significativa" de los coches oficiales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará la propuesta al Consejo de Ministros de mañana jueves.

    "A quien va a afectar especialmente es a los altos cargos", ha declarado Sáenz de Santamaría en el acto de constitución formal de la comisión de estudio que se encargará de hacer antes del 30 de junio una propuesta de reforma integral de las administraciones públicas, al que ha asistido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

     La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el objetivo del Gobierno es hacer una administración pública "más eficiente", "más eficaz", "más viable", que evite duplicidades y se coordine mejor. Se trata, ha añadido, de hacer una administración pública que sepa "dar respuesta a los ciudadanos en tiempos de crisis".