Las administraciones públicas tienen 10.200 contratos de luz con recargos del 20%

MADRID.- Las administraciones públicas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre.

   Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo TUR.

   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último recurso.

   No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.

   La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432 son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732 pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.

   Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636 consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de consumidores.

   El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el servicio eléctrico.

   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de euros.

   A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada año.

La almeriense Carmen Crespo cuestiona que la austeridad de la Junta sea "suficiente" para una administración "mastodóntica"

SEVILLA.-   La delegada del Gobierno en Andalucía, la almeriense Carmen Crespo, ha asegurado este miércoles que la Junta debe plantearse si las medidas de austeridad que ha puesto en marcha hasta el momento son "suficientes" para que su administración "mastodóntica" pueda afrontar el pago a proveedores y "hacer sostenibles sus servicios públicos".

   Crespo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, durante la que ha puesto en valor la decisión del Gobierno de prorrogar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para 2013 tras haber "ayudado muchísimo" a Andalucía con 6.300 millones de liquidez durante el presente ejercicio.

   La máxima representante del Gobierno en Andalucía ha explicado que la prórroga del FLA tiene objetivo ofrecer "un año más para que las comunidades autónomas tengan las posibilidades económicas que no tienen hasta el momento porque no pueden emitir deuda y que la compre el mercado", por lo que ha apuntado que "si las comunidades se ponen manos a la obra como el Estado a hacer reformas, ver cómo es su administración y hacer sostenible sus servicios públicos tendremos menos tiempo del FLA porque ellas mismas tendrán posibilidades económicas de seguir adelante".

   "De lo contrario el Gobierno tendrá que ayudar como ya está ayudando muchísimo a Andalucía, no sólo con el FLA sino con el plan de apoyo a proveedores y mucha liquidez que le está dando a la comunidad, con 6.300 millones" en este ejercicio, ha subrayado Crespo, que ha indicado que aún no hay fijada la cantidad con que estará dotado el FLA para 2013, pero existe un "diálogo constante sobre todas las posibilidades para adecuar la cantidad y la fórmula".

   También ha destacado el "mejor tono" y el "mayor entendimiento" en las relaciones Junta-Gobierno tras la Conferencia de Presidentes, ya que ha criticado que "hasta entonces la Junta estaba instalada en una confrontación muy perjudicial para los andaluces, echando la culpa de todo al Gobierno de la Nación sin asumir responsabilidades sobre sus muchísimas competencias".

   Preguntada por la posibilidad de una nueva distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, Crespo ha defendido que "la Administración del Estado es muchísimo más austera que las comunidades autónomas, es un Gobierno absolutamente austero en su fórmula presupuestaria y en su día a día económico".

   En su opinión, "las comunidades autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, tienen que plantearse si realmente con esta administración mastodóntica que tienen es suficiente las medidas que ha puesto en marcha o no y si así pueden pagar a proveedores y tienen la posibilidad de hacer sostenibles sus servicios públicos".

   Por último, Crespo ha defendido que el Gobierno "ha cogido el toro por los cuernos" con una "senda muy clara de reformas" y ha apelado a la "unión de todas las administraciones públicas", Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, en torno a la "austeridad, las reformas y el apoyo expreso a las pymes que son las que crean economía y posibilidades de empleo".

El Gobierno rebaja los sueldos de sus expresidentes tan solo un 5,6%

MADRID.- La dotación anual prevista para cada uno de los expresidentes del Gobierno se verá reducida este año en 4.400 euros, aunque la partida presupuestaria se ha incrementado por la incorporación al 'club' de José Luis Rodríguez Zapatero, jefe del Gobierno hasta el pasado mes de diciembre. 

   En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, esta partida presupuestaria del Ministerio de la Presidencia se incrementa hasta los 298.320 euros, ya que ahora hay un cuarto perceptor, José Luis Rodríguez Zapatero, que se une a sus antecesores el 'popular' José María Aznar, el socialista Felipe González --ambos con cargos en Endesa y Gas Natural, respectivamente-- y Adolfo Suárez (UCD). El otro presidente de la democracia es el fallecido Leopoldo Calvo Sotelo.

   Según ha explicado ante el Congreso el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, este incremento se "compensa" con una rebaja de la dotación anual de cada uno de ellos, que se rebaja en un 5,6%. Cada uno de ellos pasará de 79.000 a 74.580 euros anuales.  

   Se trata de la tercera rebaja consecutiva que sufre la dotación de cada expresidente del Gobierno, pues en 2010 llegaron a contar con un apoyo económico de 90.000 euros.

   En su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos, el subsecretario de Presidencia fue preguntado por el PSOE por el incremento de la partida de asesores. Para el socialista Ignacio Pérez Amor, 26 asesores más en el gabinete del presidente es un aumento "difícilmente justificable", aunque, bromeó, "a la vista del malgobierno, necesitaría aún más asesores".

   Lo que quiso denunciar es el contraste entre el discurso del PP en la oposición y en el Gobierno en este tema. Según recordó, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguraba en agosto de 2011 que el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero contaba con 600 asesores, y en cambio ahora el Gobierno del PP sube un 50 por ciento la partida ara asesores, lo que, siguiendo con la doctrina Cospedal, supondría atribuir a Mariano Rajoy entre 700 y 900 asesores.

   "¿Eran realmente quinientos entonces o se habían considerado asesores hasta los jardineros de La Moncloa?", ironizó, reseñando que el Ministerio de Presidencia sólo habla ahora de 80 asesores, 26 más que antes.

   Pérez Renovales, que fue director de Gabinete de Rodrigo Rato, achacó el aumento de la partida de asesores a una cuestión administrativa, asegurando que el Gobierno del PSOE cataloga a trabajadores eventuales como funcionarios y ahora el PP los "regulariza" vía Presupuestos situándolos en su ubicación real.

   Tanto el subsecretario como el portavoz del PP, Pedro Gómez de la Serna, subrayaron que en ningún caso ha habido incremento de plantilla en Presidencia. Es más, el subsecretaria ha dicho que el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría ha dado preeminencia a los funcionarios frente a personal de otro origen profesional y ha subrayado que los gastos de personal se han rebajado en cerca de medio millón de euros y que se han reducido las retribuciones un 2% a todo el personal (laborales, funcionarios y eventuales).

UPyD exhorta al Gobierno de Rajoy a tomar medidas contra el "despilfarro", como las televisiones autonómicas

MADRID.-   Unión, Progreso y Democracia (UPyD) quiere que el Gobierno central adopte de una vez medidas para evitar el "despilfarro" y las duplicidades en el conjunto de las administraciones públicas a tenor de la actual coyuntura económica y, entre otras propuestas, el partido de Rosa Díez aboga por eliminar diputaciones provinciales y por fusionar municipios.

   Éste es uno de los asuntos que UPyD ha venido reivindicando en los últimos años y el próximo miércoles lo volverá a reclamar en el Congreso con la interpelación que dirigirá al Gobierno y que dará lugar a la votación de una moción en el Pleno del próximo día 13.

   En su iniciativa, la formación magenta considera que las políticas de recortes que está adoptando el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que recaen principalmente sobre el Estado central, no son "la solución ideal" al problema.

   "El Gobierno se está contentando con recortar de donde resulta más fácil, que muchas veces es en servicios públicos esenciales, ahondando en las desigualdades entre los españoles, cuyos derechos y prestaciones son cada vez más diferentes en función de la región en la que vivan", subraya.

   Así las cosas, UPyD defiende la necesidad de elaborar un plan nacional para "racionalizar" el entramado institucional autonómico y eliminar los miles de organismos --entre los que cita las televisiones autonómicas-- entidades, fundaciones, patronatos y observatorios "que pueblan el paisaje institucional autonómico y su tupida red clientelar".

   Y es que, en opinión de la portavoz nacional de UPyD, la supresión o fusión de determinados organismos reguladores de ámbito nacional, medida aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, tan sólo suponen cuantitativamente una reducción significativa del gasto.

   Por ello, frente a un modelo de Estado "insostenible e ingobernable" y para evitar más "despilfarro" y "corrupción", UPyD propone fusionar municipios, eliminar diputaciones provinciales y adoptar medidas legales que permitan un "verdadero" control presupuestario por parte del Estado respecto de las comunidades autónomas, que son actualmente las responsables de dos terceras partes del déficit total del Estado.

   Según cálculos de la formación magenta, si el Gobierno del PP opta por llevar a efecto estas medidas, se podría llegar a ahorrar hasta 40.000 millones de euros. "Aunque el ahorro fuera menor, es por ahí por donde hay que empezar y no subiendo impuestos y tocando lo imprescindible", ha resumido el portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo.

Arenas augura un "agujero de más de 4.000 millones" en la Junta y acusa a PSOE de "disparar" el gasto corriente

ALMERÍA.- El líder del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha augurado este jueves que su partido se va a encontrar, de alcanzar el gobierno tras la cita electoral de 25 de marzo, un "agujero de más de 4.000 millones de euros" y ha señalado que la gestión económica del ejecutivo que preside José Antonio Griñán se ha basado en realizar "recortes sociales, disparar el gasto corriente y no ejecutar inversiones".

   Arenas ha criticado que, pese a que la previsión de déficit de la comunidad al cierre de 2011 "triplica" con un 3,2 por ciento del PIB andaluz la cifra del 1,4 por ciento ofrecida por Griñán en sede parlamentaria, la Junta ha "dejado de gastarse 1.700 millones de euros" en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales.

   Durante su intervención en un acto público celebrado en el mirador de San Cristóbal de Almería, se ha referido en estos términos a la "herencia" que se va a encontrar el "gobierno del cambio" en la administración autonómica al tiempo que ha advertido de que la "alternativa" del PP a ese modelo pasa por "reformas que incluyen un recorte en el gasto corriente y la ejecución de las inversiones".

   "El PSOE ha hecho todo lo contrario para salir de la crisis", ha indicado el líder de los 'populares', que ha subrayado que, de haberse ejecutado los 1.700 millones de euros que ha "recortado" el Gobierno andaluz en la última legislatura, "estaríamos hablando de un entorno de déficit cercano a los 6.000 millones de euros".

   Al hilo de esto, ha considerado que, "más allá de que se polemice" con el déficit público de las comunidades autónomas, la "explicación" a la situación de las arcas andaluzas se debe a la gestión de Griñán, basada en "recortes sociales, en disparar el gasto corriente y en no ejecutar inversiones".

   Con respecto a este último capítulo, ha detallado que frente a un incremento del gasto corriente que ha cuantificado en "3.800 millones euros más de lo previsto", se han "dejado" de ejecutar "7.800 millones de euros" en inversiones en la región. "Esa es la gestión que seguro recibimos como herencia", ha ahondado para, a continuación, aludir a "cajones llenos de facturas sin pagar" cuyo número y cuantía "desconocemos aún".

   A preguntas de los periodistas, Arenas ha rechazado de nuevo que la cita electoral del 25 de marzo en Andalucía y Asturias esté "marcando, en absoluto" la agenda del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien, según ha remarcado, "sólo está pendiente de resolver los problemas del paro".

   "No hay Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque lo impidió José Luis Rodríguez Zapatero y porque los gobiernos tardan seis meses", ha afirmado. "Este gobierno es de récord porque lo va a hacer en tres y, desde luego, Rajoy no hace su agenda pensando en las elecciones andaluzas liderando un gobierno que toma decisiones todos los miércoles", ha añadido.

   El líder del PP-A ha hecho referencia, asimismo, a la interoperabilidad de la tarjeta sanitaria propuesta el miércoles por la ministra Ana Mato durante la primera reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que ha calificado de "buen paso adelante y loable" en aras de la "igualdad real de todos los españoles".

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

González Pons: "Hay que empezar a recortar el gasto público innecesario"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que si su formación gana las elecciones generales del próximo 20 de noviembre el Gobierno tendrá que "recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario".

   "Sobre todo hay que empezar a recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario. Hay que operar de vegetaciones a la administración española y permitir que vuelva a haber iniciativa privada", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope.

   Pons ha asegurado que su formación si llega al poder "va a tomar las medidas que se tienen que tomar" y ha negado la existencia "programa oculto".

"No se va a tomar ninguna medida que no esté en el programa", ha añadido

   "Ahora lo que está en el programa si se va a hacer, hablaremos con los sindicatos pero si ellos no están de acuerdo en todo caso haremos la reforma que tenemos que hacer, porque la reforma de la negociación colectiva es inevitable", ha asegurado.

   En este sentido, ha criticado que la sociedad asiste a un "debate sobre el recorte del gasto público conformista y pesimista" ya que "todo el mundo da por hecho que la economía no puede crecer".

"Nosotros apostamos por un crecimiento de la economía y con ese crecimiento de la economía, incrementándose la contratación de trabajadores desempleados, reducir el pago por prestación por desempleo total", ha destacado.

  "Hay que adaptar la administración al tiempo que vivimos sin tocar los gastos sociales pues ir quitando cosas superfluas que hace la administración pero pueden hacerla perfectamente la iniciativa privada", ha apostillado.

   Al ser preguntado por los posibles candidatos a ser ministro de Economía, el dirigente popular ha asegurado que "nadie tiene duda de que la política económica del PP la va a dirigir Mariano Rajoy".

"Rajoy no es un presidente, como los hemos tenido, que delegaran completamente las grandes decisiones de política económica en unos superministros del área económica", ha recalcado.

   "No se que perfil elegirá como ministro de Economía, pero tengo la absoluta seguridad de que sea cual sea la política económica del próximo Gobierno no la va a hacer el ministro de economía. La va a hacer el presidente del Gobierno", ha reiterado.

Ocho líderes autonómicos se llevan un séquito de 56 personas a comer a Bruselas con Barroso

MADRID.- El Parlamento Europeo tuvo que acreditar ayer a un total de 56 personas para que ocho presidentes autonómicos españoles asistieran en Bruselas a un almuerzo con el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso. Medio centenar largo de cargos políticos, jefes de gabinete, secretarias y periodistas para acompañar a los jefes de los ejecutivos regionales de Extremadura, Baleares, Navarra, Aragón, Murcia, Canarias, País Vasco, Extremadura y Andalucía. El desplazamiento del personal clasificado como “staff” o “prensa” para dar el lustre y la repercusión requerida a la comida corría a cargo del erario público nacional, adelanta hoy www.elconfidencial.com

Era un retrato que abonaba la ya reconocida fama de generosidad del Estado de las Autonomías en todo lo que sea representación e imagen. Todos los gobiernos regionales tienen su propia delegación en Bruselas y sólo Castilla-La Mancha, con la llegada de María Dolores de Cospedal a la presidencia, se ha comprometido en firme al cierre de la oficina correspondiente para ahorrar.

Sin distinción de partidos políticos, todos los presidentes autonómicos se hicieron acompañar por entre 5 y 13 personas de su confianza para conversar con Barroso sobre la compatibilidad de varios corredores ferroviarios en España, el mediterráneo y el pirenaico. 

La delegación española del Comité de las Regiones de la Unión Europea está dirigida por el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, que encabezaba como tal la invasión autonómica española de los despachos de Barroso. Para que la Junta estuviera bien representada también concurrió la vicepresidenta de su ejecutivo, Cristina Teniente Sánchez, más otras seis personas de “staff”, dos periodistas y un escolta.

Barcina y Rudi, las más austeras

José Ramón Bauzá, presidente del gobierno balear, se presentó con un equipo completo de cargos y asesores que sumaban otros 8 políticos y funcionarios, más tres periodistas y dos escoltas. El segundo dirigente autonómico con más acompañantes fue el lehendakari, el socialista Patxi López, con seis personas de su confianza más tres informadores y dos escoltas. En el extremo contrario destacaba la ‘austeridad’ de Luisa Fernanda Rudi si se tiene en cuenta que Aragón es la región afectada de lleno por el asunto que se trataba: 2 asesores y otros dos periodistas. La navarra Yolanda Barcina se conformaba con dos personas de su equipo y ningún informador.

En la media de acompañantes estaban el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (PSOE), con tres asesores y dos informadores, y el murciano Ramón Luis Valcarcel (PP), con el mismo número de personas para su apoyo técnico y de propaganda. El regionalista canario Paulino Rivero, que también se apuntó al almuerzo pese a lo lejos que están de las islas afortunadas los corredores ferroviarios peninsulares, se presentó en Bruselas con siete funcionarios e informadores.

Sobre el coste para el erario del desembarco autonómico español en Bruselas, en fuentes comunitarias matizaron que algunos asesores y funcionarios ya están en la capital belga de forma permanente, con lo que el viaje no tuvieron que hacerlo todos. 

La Comisión y el Comité de las Regiones invitaban a los presidentes autonómicos pero no a los miembros de séquito tan numerosos. Algunos aprovecharon el desplazamiento y no se limitaron a “asesorar” y difundir el almuerzo de Barroso, sino que también participaron en los “días abiertos” de las regiones y las ciudades que todos los años celebran las instituciones comunitarias.

Sin acuerdo entre ellos por el corredor

Después de la reunión con Barroso, los invitados se mostraron optimistas sobre la actitud de la Comisión para hacer compatibles ambos corredores. Rudi ejerció de abanderada de la posición favorable al eje pirenaico (España sólo tiene dos comunicaciones con el resto de Europa y están separadas por 500 kilómetros) mientras que el valenciano Alberto Fabra defendió casi lo contrario, que la UE se debe volcar en la puerta de entrada de Europa con el norte de África.

Izquierda Unida denuncia el despilfarro de dinero público desde el Ayuntamiento de El Ejido

EL EJIDO.- Serafín Pedrosa, candidato a la alcaldía de Izquierda Unida en El Ejido, denuncia la mala praxis en relación a la eficiencia en la prestación de los servicios públicos municipales en este municipio.

“Ante la situación actual de ruina económica de las arcas municipales no se puede seguir dilapidando dinero con empresas concesionarias de servicios municipales mientras hay personal en el Ayuntamiento que no tiene tareas asignadas, y van “mendigando” trabajo por sus áreas correspondientes”.

Como ejemplo, en el Ayuntamiento “tenemos a cinco abogados en plantilla y sin embargo el Ayuntamiento se permite el lujo de contratar al bufete de abogados más caro de España con un coste fijo de 250.000 euros al año, más gastos de dietas, desplazamientos y con un límite de intermediaciones que claramente supera este equipo de gobierno que se encuentra en litigio con todo el mundo”.

Por otro lado, también se podría ahorrar bastantes miles de euros recuperando los servicios externalizados que prestan actualmente varias empresas y que con una adecuada reestructuración de la plantilla de trabajadores municipales se podrían llevar a cabo directamente, como pueden ser los servicios de Recaudación y del Catastro, o los que prestan otras empresas mixtas como Ejido Desarrollos Urbanos SL o recuperando los servicios que encarga a terceros a un coste “recargado” como realiza la empresa municipal DUE (Desarrollos Urbanísticos de El Ejido).

Desde Izquierda Unida de El Ejido “nos comprometemos a trabajar por recuperar las prestaciones de servicios externalizados que sean posibles, y reestructurar la actual y sobredimensionada plantilla de funcionarios del Consistorio, para darle cometido y trabajo a los que debido a la política de contratación que se ha realizado y se sigue realizando en este Ayuntamiento donde se “ofertan” plazas en función de a quién hay que colocar en vez de, que puestos son necesarios cubrir por necesidades de trabajo, no disponen de cometido ninguno pudiendo realizar la labor que se realiza por empresas privadas a un coste para las arcas municipales que a día de hoy no nos podemos permitir”, sentencia El candidato, Serafín Pedrosa.

Ayuntamientos y CCAA ahorrarían 155 millones si alquilaran sus coches en lugar de comprarlos

MADRID.- Los ayuntamientos y las comunidades autónomas ahorrarían unos 155 millones de euros si alquilasen los vehículos que componen sus flotas en lugar de recurrir a la compra directa, lo que supondría una reducción de costes del 20% en esta partida.

   Así se desprende de un informe de Arval, compañía de renting del grupo BNP Paribas, que explica que la apuesta de las Administraciones Públicas por el alquiler de vehículos a largo plazo contribuiría a recortar el gasto público, en el actual contexto de austeridad.

   El informe detalla que sustituir la compra de automóviles por el renting en el parque móvil ahorraría 70 millones de euros a las comunidades autónomas y 65 millones a los ayuntamientos. Por su parte, la Administración Central del Estado recortaría sus gastos en 90 millones.

   Las Administraciones Públicas concentran actualmente el 5% de la flota de renting que opera en España, lo que supone un volumen de unos 30.000 vehículos. El parque móvil público total ronda los 100.000 automóviles, por lo que sólo uno de cada tres corresponde a la modalidad del alquiler a largo plazo.

   Por lo que respecta a la distribución del parque de renting entre estas Administraciones, el Gobierno central concentra el 40% de los vehículos, mientras que las comunidades autónomas tienen el 31% y los ayuntamientos, el 29% restante.

   El estudio de Arval revela que el coste medio de un contrato de renting supone para las Administraciones Públicas unos 18.000 euros, mientras que la adquisición directa entraña el desembolso de 22.500 euros de media, lo que se traduce en un ahorro de unos 4.500 euros por vehículo.